Este jueves, senadores de oposición y del Grupo Plural, solicitaron a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero que interponga una controversia constitucional ante la Corte contra el decreto del presidente López Obrador publicado este lunes, que cataloga todas las obras de infraestructura del gobierno federal como asuntos de interés público y de seguridad nacional.
Durante el debate, los panistas tomaron la tribuna y en voz de su coordinador, Julen Rementería, y solicitaron a la presidenta de la Mesa Directiva presentar una controversia constitucional.
“Sabe que lo que se está pidiendo primero, no es ilegal, y segundo, debería ser atendido, porque la vía para poder presentar una acción como la que pretende la controversia solamente recae en su persona, en usted, y está respaldada, no por el PAN, no por los que estamos hablando en este momento, son 52 legisladores de esta cámara, que están pidiendo ponerse frente a la Corte la posibilidad de que resuelvan sobre un acuerdo ilegal del Presidente de la República”, resaltó.
Por su parte, Germán Martínez, coordinador del Grupo Plural, señaló que este acuerdo pretende robustecer aún más el militarismo el cual, consideró, ya se implantó en el país.
“El militarismo asesinó a Francisco I. Madero y el militarismo en México no va a asesinar los derechos humanos y no va a asesinar nuestra democracia y no va a asesinar el derecho de acceso a la información”, manifestó.
Además, confío en que Sánchez Cordero firme la controversia, “en el Grupo Plural estamos confiados en la rectitud y la verticalidad de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero en materia de derechos humanos ni un paso atrás”.
El legislador Noé Castañón, a nombre de Movimiento Ciudadano, entregó la solicitud firmada por los coordinadores de diferentes grupos parlamentarios, el cual indica que “este acuerdo se aparta gravemente y violenta nuestra Constitución Política nacional; es un atentado directo al principio de la división de poderes”.
Mientras, Juan Manuel Fócil, legislador del PRD, aseveró que su partido coincide con los otros Grupos Parlamentarios ya que “es nuestra obligación mantener el orden constitucional, por ello acompañamos con la firma (…) Este acuerdo viola nuestro marco jurídico, le permite al gobierno federal pasar por encima de la ley y también violar los derechos humanos de ciudadanos y comunidades que por alguna razón tengan algún vínculo con estas obras, ya que no tendrán derecho a defender su patrimonio, su medio ambiente”.
En respuesta, la ministra en retiro, Olga Sánchez, informó que someterá a consulta jurídica, la solicitud realizada por el PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural para interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte porque tiene “serias dudas” sobre el interés y la legitimación del Senado para promover dicha controversia.
(Fuente: Luis Cárdenas MX)