Violencia

¿Quién les dijo que nos podían matar?

by María Elizondo
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Paola, Alessa, Itzel, Laura, Krizana, Tania, Alma, Dulce, y por lo menos una mujer transexual cada tres días es asesinada. Algunas murieron por impacto de bala, otras por asfixia, tortura y/ o violación, golpes, entre otras maneras atroces de terminar con la vida de una persona.

Sus muertes han sido documentadas o investigadas por diferentes periodistas, activistas, y organizaciones civiles, pero hasta el momento no han sido investigadas y sancionadas por alguna autoridad.

Juan Pablo Proal en su libro “Vivir en el cuerpo equivocado” cuenta la historia de Laura una mujer transexual dedicada al sexoservicio, la cual una noche estaba en espera de un cliente y en ese momento la rodearon dos coches. Desde el interior de los automóviles, unos jóvenes le dispararon dardos, otros se bajaron con tubos y la golpearon, la dejaron tan destrozada que, en sus propias palabras: “su cuerpo siente cuando un hombre le hará daño”.

Historias como estas las encontramos día a día: mujeres transexuales golpeadas, torturadas, denigradas, exhibidas y sobre todo asesinadas.

El Informe de Crímenes de Odio por Homofobia en México (un concepto en construcción) 1995-2008 elaborado por Rodrigo Parrni y Alejandro Brito, señala por lo menos 80 homicidios cometidos en contra de personas transexuales en todo el país.

De Igual forma, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe “Violencia en Contra de la Comunidad LGBTI”, manifestó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de México, expresó su preocupación respecto a las cifras y la naturaleza cada vez más violenta de los delitos por prejuicio contra las personas LGBTI.

 




La organización de la sociedad civil Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana A.C., ha pronunciado en diversas ocasiones que en México se tiene registro por lo menos de 1,218 asesinatos cometidos en contra de la comunidad LGBTI. En el mismo sentido, el documento “Crímenes de Mujeres Trans en México: Invisibilidad = Impunidad” realizado por el Centro de Apoyo de las Identidades Trans expresa que la cifra haciende a 164 asesinatos de mujeres transexuales entre los años de 2007 y 2012, teniendo tendencia de ir a la alta.

En las últimas semanas se han visualizado los asesinatos de mujeres transexuales en el país, tan sólo un pequeño sector de la sociedad se ha llenado de indignación y conmoción, otro un poco más grande solo ha mostrado su constante indiferencia.

En lo personal yo sólo he podido externar mi impotencia, por vivir en un país en donde se mata la diferencia. En un país donde se están matando mujeres, y la sociedad no exige justicia.

 




Hace algunos meses comencé a despertar una gran inquietud sobre los crímenes cometidos por razones de género. Me cuestionaba ¿Si asesinan a una mujer transexual será feminicidio? Desate criticas y debates, la mayoría se oponía a mi cuestionamiento, y sobre todo me refutaban la cifras de mujeres transexuales que son asesinadas. Porque para algunas personas “las cifras no son suficientes” para considerar que existe un problema real. ¿Qué será más real que la muerte? Me preguntaba yo.

Algunos días leí a Estefanía Vela Barba en El Universal, su columna titulado “¿Qué será suficiente?” en la cual terminó con una frase que a mi parecer fue excelente: “Tenemos que demostrar que esto nos importa. Que nada justifica un feminicidio” refiriéndose al asesinato de Paola.

Ahora me cuestiono ¿Por qué razón vivo en ese país donde matar es justificado? ¿A caso es correcto marchar para denegar y limitar derechos? ¿Cuándo será el día que nos indignaremos por la violencia y la muerte de todo ser humano? Tenemos que dejar de justificar lo injustificable.

Al final todo se traduce en conductas sociales “normales”. Las tasa tan elevada de violencia de género, no es más que la reproducción de una sociedad intolerante y machista.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Inseguridad en el país: COPARMEX arrepentida de su decisión pasada

by Redacción
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El 2016 podría presentarse como el año con mayor inseguridad para México. Podemos señalar esto como el vivo reflejo de la corrupción que existe dentro del país, en los últimos meses se han agraviado todo lo que esté relacionado con economía y seguridad en el país. El pueblo pide al gobierno Federal hacerse responsable y poner medidas de respuesta de inmediatas, pero no solo el pueblo, también organismos públicos han declarado en contra del sistema.

El pasado 13 de octubre la COPARMEX (Confederación Patronal de la República Mexicana) exigió que la seguridad nacional dejara de ser función de la Secretaría de Gobernación. En 2012 la COPARMEX dio voto de confianza a la propuesta del Ejecutivo para que se disolviera la Secretaría de Seguridad Nacional, y sus funciones se delegarían a la Secretaría de Gobernación.

Pero en la confederación que tuvo lugar el pasado jueves el presidente de la COPARMEX, apuntó lo siguiente: “Hoy, con la misma convicción que hemos mantenido en respaldo a la mayoría de las reformas estructurales que impulsó el presidente y aprobó el Congreso, debemos reconocer que, en materia de seguridad, nos equivocamos”

En los primeros ocho meses del año hubo 23 mil 138 homicidios, mil 219 más que los cometidos el año pasado. Después de estas declaraciones el Secretario de la Secretaria de Gobernación, Osorio Chong negó que la situación de inseguridad de la nación se haya agravado. Sin embargo, los números no mienten, la inseguridad en el país ha aumentado considerablemente.

 




La COPARMEX no ha sido el único organismo que pide al gobierno la solución de estos problemas, el Consejo Coordinador Empresarial sostiene que la disminución de delincuencia, violencia e impunidad deben de volver a ser una prioridad en la agenda del Gobierno Federal.

La COPARMEX admite haber cometido un error al aceptar la disolución de la Secretaría de Seguridad Nacional, ya que efectivamente la Secretaria de Gobernación cuenta actualmente con muchas funciones, y agregarle el peso de la seguridad nacional es una catástrofe total.

 




Podrá ser la mala administración del Secretario de Gobernación, o podrá ser el exceso de funciones de la Secretaría. Muchas veces resulta contradictoria la delegación de responsabilidades a un solo organismo, lo que sí es seguro es que se necesita una pronta solución a la inseguridad que se está enfrentando actualmente en el país.

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Más libertad, por favor

by María Elizondo
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Después de una incansable lucha por reconocer y transformar el sistema penal conforme a estándares internacionales de derechos humanos, en junio de 2008 se aprobó la Reforma Constitucional en materia penal. Específicamente fortaleciendo el sistema en seguridad y justicia. Dicha reforma consistió principalmente en pasar de un sistema inquisitivo (considerado obsoleto) a uno acusatorio.

El Poder Legislativo determinó que la entrada del nuevo sistema tendría un plazo de ocho años. Plazo que hace dos meses expiró, dando entrada formal al nuevo sistema acusatorio.

Además de entrar en vigor de la reforma en todo el país, también se aprobó en el mismo mes la Ley Nacional de Ejecuciones Penales (LNEP), la cual tiene como objetivo restaurar la administración y operación de los Centros Penitenciarios, y sobre todo procurar la reinserción de las personas privadas de la libertad, la cual consiste principalmente en la capacitación de áreas: sociales, deportivas, educativas, de salud y trabajo, atendiendo en todo momento al respeto de los derechos fundamentales del interno(a).

LNEP contempla dos beneficios que se le pueden conceder a las personas privadas de la libertad; los cuales son la libertad condicionada y la libertad anticipada (1).

Para poder acceder a cualquiera de alguno de los beneficios penitenciarios las y los internos deben de cumplir con una serie de requisitos, entre los que se encuentran: que no exista un riesgo objetivo y razonable para la víctima u ofendido, tener buena conducta, cumplir con el plan de actividades, haber cubierto la reparación del daño, y no estar sujeto a otro proceso penal.




En el caso de la libertad condicionada, haber cumplido con la mitad de la pena y para la libertad anticipada haber cumplido con el setenta por ciento de la pena impuesta en caso de delitos dolosos y la mitad de la pena tratándose de delitos culposos.

Para ambos beneficios se tiene como limites los delitos de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. Es decir, las personas que fueron sentenciadas por un delito de alto impacto, no puede acceder a ningún beneficio penitenciario.

En los últimos días se desató una serie de noticias en periódicos importantes de la región con titulares cómo: “Liberarán a mil 987 reos”, “Alcalde discrimina a reos”, “Acuerdan ver casos de reos que serían liberados”; En primer lugar, referirse como “reos” a una persona que esta privada de la libertad, es discriminatorio y despectivo, los términos correctos son: persona privado de la libertad o interno(a); y en segundo, las y los jueces no liberan por liberar.

El objetivo de los beneficios penitenciario es lograr disminuir la sobrepoblación y el hacinamiento que existen actualmente en las prisiones mexicanas, el cual fue provocado por el uso desmedido de la prisión por parte los operadores del sistema. La sobrepoblación y el hacinamiento se traduce a problemas cómo: el autogobierno, malas condiciones de vivienda e higiene dentro de los Centros, desigualdad, abuso de poder, y violaciones a derechos humanos, esto por solo mencionar algunos.

Cuando una persona privada de la libertad ha demostrado que está plenamente interesada en su reinserción social, y ha trabajado arduamente en su plan de actividades durante el tiempo solicitado, claro que se le debe conceder un beneficio penitenciario.

Atendiendo a la concepción del sistema de justicia penal y su finalidad.

El sistema de justicia penal, no es para castigar y quitarle todos los derechos a una persona que se le fue impuesta una sanción por cometer un delito. Es para reinsertar y vincular a una persona en la sociedad, no alejarlo(a) de ella.

Si pensamos lo contrario, entonces no estamos conscientes que nosotros(as) también somos parte del problema. Por lo tanto, si una persona demostró durante un tiempo considerable que ha trabajado para lograr su reinserción, ¿por qué no concederle su libertad anticipada? Si la finalidad del sistema penal no es castigar por castigar, es reinsertar a la persona a la sociedad.

Al hablar sobre las cárceles es importante comprender y observar la situación que se vive. Una realidad que lamentablemente existe en un mundo donde no debería.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) monitoreando el desarrollo del sistema penitenciario en el Estado de Nuevo León ha determinado dentro de sus resultados, cómo a través del tiempo nuestro sistema ha ido decayendo cada vez a nivel estratosféricos.

En el año 2006 se contaba con una calificación de 7.27 (considerándose “buena”) para nuestras cárceles, para el año 2010 se obtuvo un resultado de 7.02 y a tan solo dos años después se bajo hasta 5.81, terminando para el 2014 con una calificación de 5.2. (considerándose muy mala) (2)

Del último diagnóstico realizado al Centro Preventivo y de Reinserción Social Topo Chico, la CNDH le otorgó una calificación de 5.72, exponiendo en dicho informe, el problema sobrepoblación, hacinamiento, la mala separación entre mujeres y hombres, así como la separación en área de ingreso, C.O.C., talleres, áreas escolares, servicios médicos, entre otros.

De igual forma, se obtuvo calificaciones de 5.59 en prevención de delito y atención de actos violentos dentro del penal, 5.57 en prevención y atención de la tortura y 4.23 en la remisión de quejas de violaciones a los derechos humanos de los internos ante la instancia competente. Sobre los aspectos para garantizar una vida “digna” dentro del Penal, se encuentra con una calificación de 2.27 en condiciones de materiales e higiene de las instanciales para alojar internos, es decir dentro de los dormitorios. (3)

Además no hay que olvidar los hechos de violencia ocurridos en el penal de Topo Chico, el 11 de febrero y 1 de junio de 2016. En donde en el primero 49 internos perdiendo la vida, y en el segundo, 3 personas y 19 resultaron heridos. Eventos que solo reflejan la situación preocupante de un sistema penitenciario plagado por la corrupción y violencia.

La responsabilidad y manejo de los penales le corresponden directamente al gobierno del Estado, el cual es el encargado de garantizar las condiciones necesarias para que una persona pueda vivir dignamente dentro de prisión. Por ello, es indispensable conocer y comprender la grave situación de los centros penitenciarios, sobre todo en Nuevo León.

Los acontecimientos ocurridos y las condiciones faltales que existen dentro del penal Topo Chico, son solo el resultado de una mala administración por parte de las autoridades. Además de la fuerte presencia de la delincuencia organizada, la cual en ningún momento ha sido fiscalizada.

Es indispensable recordar que el Estado tiene la obligación de garantizar todos y sin excepción alguna los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, entre los que se encuentran derecho a una vida digna, libertad e integridad personal, y su seguridad dentro de los penales.

¿De qué sirve que las cárceles estén repletas de personas si su finalidad no se logra? Debemos de dejar de tener la mentalidad que la única manera en que una persona puede cumplir con su sanción es la pena privativa de la libertad, ese pensamiento solo ha ocasionado la creación de una sistema pesado y poco efectivo.

Debemos optar por la justicia restaurativa, y/u otras sanciones (4) las cuales sí reparen a la víctima u ofendido, así como procuran la reinserción verdadera de la persona privada de la libertad.

(1) Los beneficios penitenciarios consisten en: se le concede a una persona privada de la libertad para que pueda salir antes de cumplir su sentencia, dichos beneficios contemplan una serie de requisitos y limitantes, así como reglas para su revocación en caso de incumplir con alguna de los impuesta por las y los jueces de ejecución.

(2) Comisión Nacional de Derechos Humanos, Diagnostico por Entidad Federativa, 2014. Disponible en: http://appweb.cndh.org.mx/dnsp/Ceresos/p_diagEntidad_Resumen.asp?Id_Estado=21

(3) Comisión Nacional de Derechos Humanos, Diagnostico por Entidad Federativa, 2014. Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2014.pdf; http://appweb.cndh.org.mx/dnsp/Ceresos/p_diagEntidad_Resumen.asp?Id_Estado=21

(4) Pueden ser: multa, trabajo a beneficio de la comunidad, inhabilitación, suspensión y privación de derecho, caución de no ofender, amonestación, publicación especial de sentencia, confinamiento, suspensión, disolución o intervención de sociedades, prohibición de realizar determinados actos, pérdida a favor del Estado.

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¿DÓNDE QUEDÓ EL “MEXICAN MOMENT”?

by César Ulloa
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Al inicio de la gestión del actual presidente de México, era “inminente” la llegada de una época mexicana repleta de gloria económica, mejores condiciones sociales y un paquete de reformas estructurales que transformarían al país.

Hoy, a cuatro años, el ‘mexican moment’ se ha pulverizado.

Y, como siempre, los ciudadanos- que de ciudadanos solo tienen el nombre- han decidido cargarle la totalidad de la culpa a Enrique Peña Nieto y su gabinete. Y seguramente tienen parte de razón, las reformas han entregado pocos o nulos resultados, la economía ha sufrido un fuerte golpe y la violencia no para.

Pero ¿quiénes son los otros culpables de la desaparición del mexican moment? Los más de 120 millones de mexicanos que habitamos un país necesitado de nuevos y mejores líderes sociales. No nos hemos detenido a pensar que le estamos entregando al país a los peores ciudadanos; esos que ven a sus papás darle mordida al tránsito, que se metan a la fila del banco, los que te ven comprando cerveza en depósitos clandestinos, pasarte un semáforo en rojo o quejarte todos los días de “tener que trabajar”, como si todos tuvieran ese privilegio.

Sin embargo, hoy más que nunca estoy convencido de la calidad de líderes jóvenes con los que contamos y las redes sociales nos han permitido conectarlos poco a poco para trabajar en conjunto. Hoy la mujer se refleja en “lady matemáticas” y no en las actrices de telenovelas, los jóvenes apuestan por emprender e innovar y no les da miedo enfrentarse a retos. ¿Qué más podemos perder?

El mexican moment no se ha ido solo porque un grupo de analistas haya dictado que la volatilidad económica, la caída del petróleo, el bajo desempeño de la reforma fiscal o el poco impulso del gobierno a la innovación sepulten las esperanzas de un país tan grande como sus ciudadanos lo crean.




Ya no nos quejamos del empleo o de la mano de obra más barata de la OCDE, ahora emprendemos y generamos nuestros propios empleos. Las mujeres autodenominadas “chingonas” que pretendían ser la mejor versión de cenicienta y que las mantuvieran sin ningún esfuerzo han quedado atrás y en su lugar estamos rodeados de una generación de mujeres talentosas que se preparan para dirigir el rumbo de México.

Hoy más que nunca, veo la posibilidad de cambiar la conversación y encumbrar un verdadero “momento mexicano”, los Mario Molina y Alejandro Gónzalez Iñarritu nos han dejado claro que el límite no es más que una barrera mental que nosotros nos ponemos.

Estamos siendo testigos de un grupo de rebeldes y aventureros descarados que no le temen al riesgo y que disfrutan la adrenalina del todo por el nada. Que venga el momento mexicano, porque como buenos mexicanos lo queremos ahora y lo queremos a nuestra manera.

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Víctima de la justicia y el machismo

by Sofia Lozano
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Citlali es una niña huichola que vive en el poblado de Miguel Alemán en Hermosillo, Sonora. Tiene 14 años, 14 semanas de embarazo y un cuerpo que no es más su cuerpo. Ella no sólo experimentó una violación a su integridad física, moral y psicológica, tuvo además una violación a sus derechos.

En un país donde el 61% de los ciudadanos que son víctimas de algún delito no lo denuncian, debido a que no confían en las autoridades y consideran que denunciar no sirve de nada [1], Citlali denunció. Acudió a la comisaría de su pueblo donde confirmaron el hecho, se clasificó como una violación agravada.

Ella esperaba que con esto pudiera obtener un poco de paz, ante un hecho que no tiene remedio ni consuelo alguno, la justicia y el respeto de sus derechos de parte de la autoridad era lo único que le quedaba.

Al poco tiempo Citlali se dio cuenta que está embarazada y asistió al Hospital Infantil de Sonora para realizarse una interrupción legal de su embarazo [2] , una vez más perdió el poder de decidir sobre su cuerpo, pues le negaron este derecho. Esto debido a que el juez que atendió su caso decidió reclasificar el delito como estupro, entonces Citlali no fue más víctima sino parte consciente del delito de abuso sexual que denunció.

Los abogados de Citlali han confirmado que han habido muchas irregularidades en el caso y errores por parte del Ministerio Público. Estas fallas e irregularidades son inaceptables, la supervivencia y el futuro de Citlali están en juego.




Un embarazo a temprana edad representa un riesgo para la salud y puede llevar a la deserción escolar [3], perdiendose de la herramienta que le daría las oportunidades para desarrollarse íntegramente.

El caso de Citlali no es aislado, refleja muchos de los problemas que aquejan a las mujeres mexicanas: la violencia de género, los embarazos prematuros y la mortalidad materna. Además, pone de manifiesto la discriminación que sufren las mujeres y el supuesto acceso a la justicia en casos de violencia. Niñas como Citlali, mujeres indígenas y en situación de pobreza presentan mayores dificultades para ejercer sus derechos [4].

Las mujeres víctimas de violencia no tienen un acceso fácil, oportuno y efectivo a recursos judiciales que las ayuden a sancionar y reparar los actos de los que fueron víctimas. Aunque formalmente, la Constitución y leyes promueven una vida libre de violencia, la igualdad está reconocida – meramente en el papel –pero no asegurada en la realidad.

En nuestro país la violencia contra las mujeres parece ser entendida como un asunto privado y no prioritario en la agenda política.

Nuestro gobierno carece de una visión de género que impulse efectivamente políticas integrales que ayuden para prevenir, sancionar y reparar la violencia de género; la reclasificación del delito y la descalificación de Citlali como víctima de violación lo confirman.

Citlali no decidió ser víctima de violencia, ni víctima de la justicia, pero sí decidió alzar su voz y denunciar ante el sistema de justicia y de salud que le falló. Citlali tampoco decidió ser mujer en un país, donde el machismo y la violencia de género son el pan de cada día y la justicia el lujo de unos cuantos, pero ésta es su realidad. Citlali vive en un país donde su sexo es opresión, su origen étnico discriminación y su edad vulnerabilidad.

[1] Página 49: http://www.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/Informe
_pais_calidad_ciudadania_IFE_FINAL.pdf

[2] En todo México se permite el aborto, incluso después de las primeras 12 semanas de gestación,
cuando el embarazo es producto de una violación.

[3] De acuerdo a la OCDE 9 de cada 10 niñas que son madres dejan de asistir a la escuela en México.

[4] Página 38: http://www.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/Informe_
pais_calidad_ciudadania_IFE_FINAL.pdf

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Dimes y Diretes: “¿Qué sucede en el Topo Chico?”

by Dimes y Diretes
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El lunes en la noche se dio un nuevo caso de violencia en el Penal de Topo Chico, el tercer en menos de un año y el tercero en la administración del gober, Jaime Rodríguez Calderón, “el Bronco”.

El mal manejo de los medios de la situación se hizo notar en instantes, pues comenzaron a reportar muertos y heridos. También las críticas no esperaron y varios diputados sobre todo del partido tricolor cuestionan la competencia del gobierno dentro de los penales del estado… ¿Es en verdad un problema nuevo?

Desde antes de que iniciara el gobierno de Jaime, el problema de los penales era más que sabido por todas las autoridades. Los penales en Nuevo León eran ya desde el gobierno de Medina una bomba de tiempo, cuestión que poco le preocupo al “Golden Boy” durante su mandato. Las cosas vinieron a estallar con Jaime y por más que se ha hecho desde el lamentable incidente donde 49 personas perdieron la vida, los intentos de motín persisten.




¿De quién es la culpa? Le puedo comentar estimado lector que la culpa ya no es del gobierno del “Golden Boy” Medina, la responsabilidad ya recae 100% en “el Bronco” y su gobierno. Es hora que se hagan ya modificaciones contundentes en el Penal de Topo Chico, sino incidentes cómo el de la noche del lunes continuaran sucediendo y no dudemos que en el futuro haya una tragedia como la del pasado mes de febrero donde 49 personas perdieron la vida.

Entre las soluciones que deben de implementarse es reducir la cantidad de presos en el penal, esto se puede lograr haciendo transferencia de reos a otros penales del país.

También se deben de separar los reos de alta peligrosidad de otros que cometieron delitos menores o que siguen en proceso penal y no han sido sentenciados.

Otro de los temas que se habla mucho es la cantidad de custodios, es hora que el gobierno de “el Bronco” se deje de cosas y comience a incrementar la cantidad de custodios en el penal, pues actualmente se ven rebasados por la cantidad de reos.

Finalmente a ponerse a jalar en el nuevo penal en Mina, que no quede todo en simples palabras.

Buen miércoles.

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Ella perseguía su libertad, él reclamaba su poder

by Sofia Lozano
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Al interior de un hogar, el lugar que cualquiera supondría le brindase amor y seguridad, yace el cuerpo de una mujer. Su cuerpo ya no es el mismo, es un cuerpo desgarrado por el odio y destrozado por la violencia, es un cuerpo muerto. Sus planes y sus sueños ya no están, todo le fue arrebatado en ese espacio familiar que también era suyo.

Al interior de ese hogar también está un hombre, al que ella amaba y con quien compartió la vida. Él es un adicto de sus creencias y un enfermo de sus valores, él no pudo comprenderla en vida y no quiso verla disfrutar de su libertad, entonces él se disfrazó de ladrón y le robó la vida.

En su entender, en ese hogar no había espacio para los dos. Una infidelidad a los valores tradicionales, a las prácticas culturales, a las costumbres sociales, a la pareja merece un castigo. Para él cualquier tipo de infidelidad es inaceptable e imperdonable, pues atenta contra el honor familiar.

Pero el deshonor no lo hizo ella, al romper con los valores esperados o el estilo de vida impuesto; sino él al sentirse dueño de un cuerpo ajeno. Un cuerpo de una mujer emancipada que decidía por sí misma, ante tal “amenaza” él tuvo que poner un alto, silenciar su voz y preservar el honor familiar. Esté fue un crimen de honor.

Mientras ella perseguía su libertad, él reclamaba su poder y rescataba su “dignidad” y en este desencuentro el atropello de su libertad fue el precio a pagar. Otro feminicidio, una mujer más víctima de la violencia de género, una vez más lo personal es político.

Este relato puede contextualizarse en Punjab, Pakistán o a cientos de kilómetros de ahí en Monterrey, México. Él se puede llamar Muhammad Waseem y ella puede ser Qandeel Baloch, una paskitaní de 26 años y estrella de las redes sociales que murió el viernes 15 de julio ahorcada por su hermano Muhammad tras una discusión por el trabajo de modelo y las fotografías que su hermana compartía.

Pero él también se puede llamar Ernesto Robledo y ella puede ser Devani Montelongo, una mexicana de 22 años que murió acuchillada el miércoles 22 de julio tras sostener una discusión con su pareja, según informan algunos medios locales, por una supuesta infidelidad.

De Pakistán a México hay miles de kilómetros de distancia, pero para la violencia de género no existen fronteras. Según cifras oficiales de la Naciones Unidas (2015) dos de cada tres víctimas de violencia y homicidios familiares son mujeres [1].

De acuerdo la última edición del Estudio mundial Sobre el homicidio (2013) de la Oficina de la UN contra la Droga y el Delito [2], se estima que en la mitad de los casos de mujeres asesinadas en el 2012 el autor de la agresión fue un familiar o compañero sentimental.

En México las tasas de defunciones femeninas por presunción de Homicidio (DFPH) [3] por arma de fuego ocurridas en el hogar alcanzaron su máximo en 2010 y en 2014 alcanzan la misma magnitud que 16 años atrás. Lo cual indica la urgencia por erradicar la violencia doméstica y romper con prácticas machistas.

El caso de Qandeel y Devani son una historia más de la violencia y la desigualdad de género que aqueja a las mujeres. Estas historias – y muchas otras atrocidades que viven las mujeres y que no son contadas- son un llamado de atención para la sociedad, son también evidencia de la vigencia y universalidad del discurso feminista que parte de la opresión de las mujeres en un sistema patriarcal.

La absurda necesidad de Muhammad y Ernesto por dominar y controlar a la mujer los llevó a buscar el poder en un acto de deshonor, el asesinato de un ser humano. Devani y Qandeel, son dos ejemplos de miles de mujeres víctimas, son un recordatorio de la presente desigualdad de género. Sus cuerpos son un cuerpo más muerto a manos del vivo patriarcado.

[1] Departamento de Asuntos Economicos y Sociales de las Naciones Unidas (2015). The world’s Women 2015, Trends and Statistics. Recuperado de: www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures#notes

[2] Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2014). Global Study on Homicide 2013, p. 14. http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures#notes

[3] “La violencia feminicida en México: aproximaciones y tendencias 1985-2014” , p. 11. Recuperado de: http://www2.unwomen.org/~/media/field%20office%20mexico/documentos/
publicaciones/2016/02/violencia%
20feminicida%20en%20m%C3%A9xico%20aproximaciones%
20y%20tendencias%201985_2014.pdf?v=1&d=20160418T214527

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DE LA CASA BLANCA AL PERDÓN

by César Ulloa
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En las últimas elecciones fuimos testigos de una jornada histórica para el sistema electoral y político mexicano. Una sociedad enardecida votó en contra de la corrupción, el despilfarro, la violencia y el narco-gobierno. Los ganadores formaron coaliciones para derrumbar al partido que por muchos años había gobernado en Estados como Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo y Durango.

La derrota fue tan dura que el presidente nacional del PRI no tuvo mas que renunciar y hacerse a un lado para permitirle a su partido buscar, de manera desesperada, componer el barco rumbo a una virtual derrota en el 2018.

En Nuevo León, por ejemplo, la sociedad le dio una paliza a los dos partidos que habían alternado el poder y que son denominadas las dos grandes fuerzas políticas de México. Jaime Rodríguez Calderón logró lo que jamás se pensó: un ’independiente’ sin estructura partidista llegaba a gobernar el Estado.

Todo esto sucedió como reacción a una de las peores gestiones presidenciales en la historia de México. Repleta de sinsabores que directa o indirectamente causaron las decisiones de Enrique Peña Nieto y sus asesores. Comenzó con un error tras otro, hasta que se convirtió en la burla favorita de los mexicanos en las redes sociales.

Que no sabía inglés, que no había leído libros, que se equivocaba al saludar militares y que era una broma a lado de los presidentes de Estados Unidos y Canadá. Pasó de la risa a la frustración profunda.

Jamás dio una respuesta contundente a los 43 normalistas desaparecidos y presuntamente asesinados por el narcotráfico, sus reformas no han terminado de ser lo que se presumía en una portada de revista como “Saving México” y estamos muy lejos de ser la potencia económica que Luis Videgaray Caso (Secretario de Hacienda) mencionaba al inicio de la gestión en el 2012.

Hoy tenemos a un presidente con los niveles más bajos de popularidad y credibilidad entre la población mexicana, quien ha estado inmerso entre la corrupción y la ostentación de riqueza sin tener la claridad perfecta de dónde se originó.

La Casa Blanca logró lo que quizá ninguna asociación pro participación ciudadana o política había logrado; causó que los mexicanos salieran a las calles a votar en contra del partido que lo postuló y que hoy sufre una profunda crisis de identidad.

Nuestro presidente ha optado por pedir ‘perdón’ como si eso devolviera esperanza a los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, como si las disculpas fueran el plato lleno de alimentos con los que hoy millones de mexicanos en extrema pobreza pudieran comer y como si con esto la seguridad volviera a las calles. Acciones como ésta verán muchas de en dos años, no crean que es porque el presidente y su partido están arrepentidos, NO, es porque están realmente asustados por perder la presidencia en el 2018.

Sigamos despiertos mexicanos y recordemos que un “perdón” no soluciona en nada el país en llamas en el que hoy vivimos.

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CNTE: Enemigo Público

by Roberto Güemes Navarro
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El miércoles pasado hubo otra marcha de maestros en el centro de Monterrey. Cerca de las 18:00 las calles aledañas a la macroplaza fueron cerradas y cientos de policías fueron desplegados para mantener el orden público. Naturalmente el caos vial se acrecentó en cuestión de minutos y el enojo de los automovilistas hizo lo propio.

Al escuchar sobre estas movilizaciones apurado salí de la oficina (ubicada en el centro) para asistir a mis clases de maestría y por unos cuantos minutos estuve cerca de quedar atrapado entre las calles del centro y en consecuencia faltar a clases.

Afortunadamente lo logré. Pero qué ironía que por culpa de los bloqueos y manifestaciones de los “maestros” no iba a poder llegar a la universidad, ¿no?

Es tiempo de usar la fuerza pública sin inhibiciones ni remordimientos. Cuando el diálogo no es suficiente, cuando no se entienden razones, cuando el inconforme adopta una actitud violenta y salvaje para expresar o defender sus ideas, el siguiente paso para poder garantizar el bien general de la población es la fuerza pública. Estas personas deben ser tratadas como los criminales que son.

No podemos seguir permitiendo que gente como ésta violente nuestro entorno. Para los pseudo activistas que su argumento contra lo anterior será que “el gobierno opresor violenta nuestro derecho de manifestarnos, el ejército reprime al pueblo con violencia” y un largo etcétera de posiciones sofistas, deben saber que los enfrentamientos entre Gobierno y CNTE no se han dado por el simple hecho de ser maestros, como muchos ilusos argumentan.

Las pugnas se dan porque estos “educadores” han violentado, incendiado, bloqueado, golpeado. Su derecho de manifestarse acaba cuando transgreden el derecho de la educación, del circular sin bloqueos, del disfrutar un país sin violencia.

La fuerza pública actúa y actuará cuando los “manifestantes” dan razones para hacerlo. Cuando se trata de plantones con violencia y la afectación de miles de personas ajenas al problema, por supuesto que el ejército y la policía tendrán que actuar con violencia. El hecho de ser ciudadano no te exime del cumplimiento de la ley.

¿Dónde está el derecho de los niños de asistir a la escuela? ¿Dónde quedan los padres de familia que quieren educación de calidad para sus hijos? ¿Por qué tenemos que soportar bloqueos y violencia que afectan nuestra vida diaria? ¿Qué pasa con los miles de personas que no pueden llegar al aeropuerto, al hospital o a su oficina por culpa de los manifestantes?

El pasado conflicto en Oaxaca dejó pérdidas de $150 millones de pesos (mdp) para el sector hotelero y $28 mdp para el restaurantero, de acuerdo al Gobierno de Oaxaca. Conforme a la Asociación Guatemalteca de Exportadores, los bloqueos carreteros que impiden la llegada de productos de países centroamericanos a Oaxaca y otros estados del sur han generado pérdidas de $10 millones de dólares (mdd).

La Cámara de Comercio Servicios y Turismo de la CDMX reportó la afectación a 2,833 comercios y pérdidas de $35 mdp diarios. En Michoacán el Consejo Económico y Social de ese estado cuantifica en $680 mdp la merma durante el primer semestre de este año. ¿Por qué nuestra economía tiene que soportar esto?

Además, en los últimos tres años de inconformidades de la CNTE los estragos han sido numerosos bloqueos al aeropuerto de la CDMX, en detrimento de las miles de personas que viajan por placer o negocios; un plantón de cinco meses en el zócalo capitalino, afectando el turismo y el comercio de esa zona; incendio a las oficinas del PRI en Chilpancingo y una del INE en Oaxaca, amenazando vidas y pérdidas de infraestructura.

El diálogo terminó. Se debe tratar a quien atente contra la nación con todo el peso de la ley y la fuerza del Estado mexicano.

Si es necesario recurrir a la violencia para asegurar la seguridad y derecho de los millones de ciudadanos afectados por estos haraganes así tendrá que ser. CNTE, su teatro se ha terminado, nuestra policía y ejército debe acabar con quien siga alentando estas actitudes retrógradas. Gobierno Federal, es tiempo de utilizar sin pudor alguno la competencia de la fuerza pública.

El avance y transformación de México está en el aula de clases para las futuras generaciones, no en los pretextos para no impartir la educación.

http://expansion.mx/empresas/2016/07/07/bloqueos-en-oaxaca-provocan-perdidas-millonarias-a-exportadores-centroamericanos

http://expansion.mx/economia/2016/07/05/las-protestas-de-la-cnte-han-dejado-perdidas-de-680-mdp-en-morelia

http://expansion.mx/nacional/2016/07/06/maestros-contrarios-a-la-reforma-educativa-protestaran-en-la-cdmx

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

LA POLICÍA EN MÉXICO YA NO EXISTE

by César Ulloa
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¿Quién le cree a los policías? En esta época causan temor a la población en lugar de brindar tranquilidad, son tachados de corruptos y algunos les llaman “los títeres sangrientos” del gobierno federal.

Ya es una cuestión cultural el relacionarlos con moches, el creer que los robos a casa habitación son estratégicamente planeados por ellos y que forman parte no-oficial de las bandas delictivas.

¿Habrá alguien que considerando esto, elija ser policía? Aunque se han realizado esfuerzos para mejorar la calidad de vida profesional de nuestros cuerpos policiacos, la realidad es que reciben un sueldo poco competitivo comparado con un trabajo que en teoría demanda arriesgar la vida cada día.

La sociedad los repudia sin importar quiénes son, si han actuado de buena fe o no en su profesión; la etiqueta de policía esta denigrada en esta época y esto va directamente ligado con la seguridad endeble que existe en México.

En un año caracterizado por la violencia y el descontento social, a los policías les ha tocado combatir buenos y malos. Aparecen portando armas, utilizando escudos y sometiendo a cientos de personas que atentan contra la civilidad y la moral social. En ninguna de ellas se ha mencionado un “gracias policías por proteger nuestra seguridad” o “héroes que salvaguardan la tranquilidad del país” y tampoco digo que todos lo sean. Pero soy de la idea que, como en toda profesión, existen elementos buenos y malos.

No tengo duda que existen policías que efectivamente arriesgan su vida día con día, que protegen a los desfavorecidos, que buscan resguardar la seguridad de niños y mujeres, que aman y ejercen su profesión con pasión. Pero, ¿les respondemos a su esfuerzo? La respuesta es no. Y el problema radica en que nosotros como sociedad tampoco les ayudamos a hacer su trabajo. Nos es más fácil ceder a los moches e incluso tomar la batuta para ofrecerlos, nos parece divertido romper la ley aunque sea “un poquito” y adoptamos malas prácticas bajo el lema “todos lo hacen”.

Los policías combaten lo mal que educamos a nuestros hijos, el vómito social ofreciendo los peores ciudadanos que delinquen, combaten la ignorancia y el repudio de un país que no tiene calidad moral para exigir casi nada.

El problema de la inseguridad, de la corrupción, de los malos gobiernos, de la contaminación y de los miles de problemas que causan una de las peores crisis que hemos vivido en nuestro país es causado por todos nosotros. Policías, gobernantes, delincuentes y maestros: todos somos respuesta a una sociedad que se está destruyendo sola.

¿Quién le cree a los policías? Yo decido comenzar a creerles.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”