Quintana Roo Feminicida

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Nuevamente una víctima  más de feminicidio en Cancún. El 7 de noviembre reportada como desparecida y la noche del 8 fue encontrada sin vida la joven Alexis (Bianca Alejandrina) quien había salido porque había vendido un cigarro electrónico. Nuevamente la omisión e incapacidad de las instituciones de procuración de justicia en Quintana Roo cobraron una víctima más. Ante una situación de violencia machista sistemática y generalizada surge la pregunta obligada: ¿Por qué existen tantos casos de violencia de género y Feminicidios en Quintana Roo?

Si bien, responder esta pregunta resulta sumamente complejo, existen datos e indicios que nos permiten determinar las características del fenómeno. En primer término, es importante analizar la impunidad en el sistema de justicia local, siendo que Quintana Roo es uno de las entidades federativas con mayores violaciones a derechos humanos en procedimientos judiciales penales (juicios penales), teniendo retrocesos importantes entre 2018-2019 en derechos humanos, de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020 que realiza el World Justice Project. El principal objetivo del sistema de justicia acusatorio era reducir la omisión en las obligaciones de las investigaciones criminales, sin embargo, en esta entidad está lejos de cumplirse, cómo bien puede verse con el dato anterior. 

En segundo término, Quintana Roo tiene un enorme rezago judicial, lo que significa que la mayoría de los investigaciones penales no llegan ante un juez, y peor aún, se quedan simplemente en una Carpeta de Investigación sin actos de investigación, sin pronunciamientos de la autoridad, por lo tanto, no se resuelven, violentando el derecho a la verdad y  acceso a la justicia, teniendo un 96.9% de impunidad judicial, según datos de la organización México Evalúa. 

Quintana Roo es de los estados menos pacíficos del país, estando dentro de las 4 entidades con el mayor índice de violencia, conforme a datos del Índice de Paz México 2019, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, ya que no existen estrategias ni esfuerzos para atender y reconstruir un tejido social sumamente lesionado por la desigualdad, pobreza y discriminación generalizada.

En 2018, en Quintana Roo, las personas sólo denunciaron el 12% de los delitos cometidos, y de este porcentaje, sólo en el 63.9% de los casos se inició una Carpeta de Investigación, lo que refleja la gran desconfianza de la ciudadanía en las autoridades y la enorme ineficacia de las autoridades para atender los pocos delitos que se denuncian. Quintana Roo es el 5to estado con mayor índice de Feminicidios en mujeres menores de 30 años, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2019 realizada por el INEGI. 

Un dato muy fuerte, conforme a la encuesta anterior, la mayoría de los Víctimas de violencia de género sufrieron violencia por parte de sus parejas (21.8%) y el 20.0% por personas desconocidas. Siguiendo la misma encuesta, de las víctimas de Feminicidio, el 57.2% fue asesinada con arma de fuego y el 18.3% mediante otras formas (ahorcada, estrangulada, sofocada, ahogada, quemada, golpeada con algún objeto o herida de arma punzocortante), reflejando una clara evidencia sobre la enorme violencia y crueldad que viven las mujeres a diferencia los hombres, los cuales en su mayoría mueren por arma de fuego; este dato resulta importante porque configura un panorama estatal de violencia de género de tal nivel de gravedad , equiparable a estados fallidos.  

Sumando todos los datos anteriores, en Quintana Roo no existen políticas públicas de prevención del delito ni campañas para atender la masculinidad tóxica, y las políticas actuales carecen de perspectiva de género. En ningún momento se le ha apostado a combatir los orígenes de la violencia machista o mínimo generar los datos para ubicarla, medirla y evaluarla constantemente.

Todos estos datos ilustran la magnitud y gravedad de la violencia Feminicida en Quintana Roo. Repitiendo la pregunta inicial: ¿Por qué se siguen cometiendo? De manera sencilla: Porque NO SE SANCIONAN NI SE INVESTIGAN NI SE PREVIENEN. Un sistema de justicia que no funciona cómo debería, y que no funciona en absoluto para las mujeres. Cambiar esto será una tarea enorme, pero las autoridades no pueden seguir perdiendo el tiempo. Cada día que pasa es una víctima más, una mujer, hija, hermana, amiga, madre, tía, sobrina. Esto no se acaba con una reforma o iniciativa que aumente penas o crea tipos penales, ni creando protocolos, ni poniendo cámaras de video; se soluciona cumpliendo la constitución, la ley, y los tratos Internacionales en la materia, junto con voluntad política y personal capacitado para atender una realidad que duele día a día.

Al momento de escribir estas líneas, durante las marchas de las colectivas feministas, la policía estatal reprimió la libertad de expresión de todas aquellas que salieron buscando justicia por Alexis, esto significa que estamos no sólo ante un Estado feminicida sino represor. Y es imperativo recordar las palabras de Alexis del 12 de diciembre de 2018 que describen perfectamente la situación de las mujeres en Quintana Roo: “tengo de salir de mi casa y no volver a ver a mi mamá”. 

La semana electoral en Estados Unidos

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El mundo miraba atento cómo se desenvolvían los conteos en Estados Unidos desde el martes hasta el sábado. Si bien a mediados del miércoles ya podíamos empezar a visualizar a un claro ganador, la incertidumbre permanecía en quienes seguían de cerca el proceso.

A las 11 de la mañana del sábado, se terminó de gestar lo ya inevitable: Joseph R. Biden era declarado ganador de la elección, convirtiéndose en presidente electo. A pesar de que el Presidente Trump no ha concedido la elección, argumentando un inexistente fraude, una gran cantidad de líderes del mundo ya han llamado a extenderle sus felicitaciones al presidente electo y a la vicepresidente electa Kamala Harris. Entre esos líderes se encuentran Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Pedro Sánchez, por mencionar algunos.

Algunos de mis pensamientos respecto a esta semana histórica son los siguientes.

Joe Biden no llega a salvar a Estados Unidos o al mundo. Estamos viendo a un país profundamente dividido y lastimado. Trump, aún perdiendo, acumuló más de 70 millones de votos, siendo ejemplo claro de la polarización que su administración dejó.

Biden ganó de la mano de un discurso de unidad. Fue el candidato que prometió restaurar el espíritu de Estados Unidos, y de regresarle su decencia. Bajo este juramento a sus ciudadanos, deberá actuar para conciliar, para reunificar. Las divisiones no podrían ser mucho más profundas.

Los movimientos sociales y la pandemia moldearon la política de Estados Unidos. Los ciudadanos votaron por el Partido Demócrata buscando que se haga justicia y que se ponga en marcha algún plan concreto para controlar el aumento de casos en el país, que ya es de más de cien mil positivos diarios. 

La salida de Trump le hace bien al mundo. Justo esta semana Estados Unidos salía del Acuerdo de París, mismo al que Biden y Harris prometieron regresar al inicio de su administración. La cooperación de esta superpotencia es esencial para poder avanzar considerablemente en temas de protección ambiental. Es importante para todo el mundo contar con Estados Unidos en este tipo de esfuerzos.

También es un paso rumbo a gobiernos más diversos. Biden ha prometido construir el gabinete más diverso de la historia, para que se asemeje a la realidad social del país que gobernará. Además, Kamala Harris será la primera mujer, la primera persona de color y la primera descendiente de la India en ser vicepresidente de Estados Unidos.

Por fin, dejaremos de escuchar que el Presidente de nuestro principal aliado nos insulte constantemente en público. Si bien Andrés Manuel López Obrador no ha felicitado al ganador, esperamos que se pueda establecer una relación de cordialidad, cooperación y respeto.

Definitivamente no existe fraude, y te explicaré por qué.

En primera, los demócratas han invitado a sus simpatizantes a votar por correo durante meses, para minimizar el riesgo de contagio y poder agilizar su proceso de participación ciudadana. Por el otro lado, los republicanos siempre prefirieron votar el día de la elección, sin hacer uso de la opción por correo.

El conteo de los votos se hace de diferentes formas según cada estado. Por ejemplo, en Florida se contaron primero los votos por correo, razón por la cual Biden tuvo ventajas de cientos de miles de votos en ciertos puntos. Después se contaron los votos presenciales, con los que Donald Trump volteó la tendencia y se llevó los 29 votos electorales del estado.

En Pennsylvania, que fue el centro de atención de la elección, se contaron primero los votos presenciales y posteriormente los votos por correo, porque así lo decidió el Congreso de ese estado, de mayoría republicana. Por eso es que Joe Biden lentamente revirtió una desventaja de trescientos mil votos para ganar. Básicamente, al Partido Republicano le salió contraproducente la medida. 

Después, podemos recordar que en el recuento solicitado en Wisconsin en 2016, sólo hubo una variación de aproximadamente 130 votos más para Trump. Cosa que claramente no es suficiente para revertir desventajas como las que ya tiene. Si no hay pruebas sólidas e irrefutables de fraude, las cortes no podrán hacer nada por él. (Spoiler: no hay ninguna prueba concreta aún.)

Y por último: los demócratas no están teniendo un gran desempeño en las urnas. A pesar de ganar la presidencia, no lograron recuperar el Senado, que en el mejor de los casos acabará 50-50, y además perdieron muchos asientos en la Casa de Representantes. El gobierno a partir de 2021 estará aún más dividido que ahora.

Joe sabe que es un presidente de transición. Llegaría a la siguiente contienda con 81 años, por lo que se espera que sólo cumpla un término, en principio. Sin embargo, puede ser suficiente para establecer las bases de un proceso largo de unificación, de progreso y de estabilidad que, consecuentemente, impactará en México y en el mundo. 

Reflexiones sobre el transporte público en la ZMM

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El transporte público en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) se caracteriza por ser un sistema con importantes deficiencias que hacen que este sea una opción de movilidad no recomendable o, en todo caso, nada cómoda. Si revisamos los resultados de la encuesta Así Vamos 2019, organizada por Cómo Vamos Nuevo León, encontramos que el transporte público en la ZMM es tardado, inseguro y costoso [1].  

Por ejemplo: el tiempo promedio que la gente hace al realizar un viaje redondo en camión urbano es de 115 minutos (1 hora 55 minutos; casi dos horas), el 60% de las y los usuarios no se siente seguro al viajar y el 67% de las personas considera que la tarifa no es adecuada [1]. 

A pesar de todas las deficiencias, una gran cantidad de usuarios lo utilizan diariamente; alrededor de 1.5 millones de personas. Con el inicio de la pandemia, aproximadamente 260,000 estudiantes dejaron de utilizarlo, debido a las medidas de confinamiento, sin embargo, una importante cantidad de personas lo ha seguido utilizando debido a que representa su principal medio de transporte para salir y ganarse la vida [2]. 

Esto es importante ya que, en medio de una pandemia, el transporte público puede convertirse en una desventaja, si es que no se toman las medidas de prevención adecuadas. Asimismo, esto toma relevancia en el contexto de las recientes declaraciones del Secretario de Salud del Estado, Manuel de la O, quien, el pasado 04 de noviembre, minimizó el riesgo de contagio en las unidades de transporte público [3].

Durante esta pandemia, he tenido el privilegio de trabajar y tomar mis clases de maestría desde casa, sin embargo, en dos ocasiones recientes tuve la oportunidad de utilizar el transporte público. A partir de estas dos experiencias me pude percatar que muchas personas no toman las medidas de prevención adecuadas; usan el cubre bocas en la barbilla, no guardan sana distancia, hay amontonamiento y la gente platica mientras viaja.

Al reflexionar sobre esto, no creo que sea correcto minimizar el riesgo de contagio en las unidades de transporte público en la ZMM. Dado que muchas personas tienen que salir de sus casas para trabajar y generar ingresos, se deben de buscar alternativas que den certeza de que el transporte público no está siendo un foco de contagio considerable. 

Existe evidencia internacional que indica que el transporte público puede ser seguro y evitar la propagación del COVID-19. Puede ser fácil culparlo, sin embargo, se sabe que, por ejemplo, en Manhattan, en donde existe la mayor densidad de líneas de metro, se cuenta con la menor incidencia de casos de COVID-19. Todo depende de las medidas que se implementen y la forma en la que se lleven a cabo [4]. 

Entre las medidas necesarias para evitar la propagación del virus en el transporte público se encuentran la adecuada ventilación y la constante sanitización, no obstante, las dos más importantes son las del uso adecuado del cubre bocas y la sana distancia, las cuales, a juzgar por mis observaciones, no están siendo garantizadas [4].

En ese sentido, se deben buscar los medios de garantizar que la gente use adecuadamente el cubre bocas, así como se deben reducir los índices de capacidad de los camiones urbanos y el metro. Por ejemplo, en Colombia se redujo la capacidad a un 35%, mientras que en Reino Unido lo hicieron a un 10% [4]. 

Es evidente que implementar acciones como la reducción de las capacidades, lo cual implica aumentar las frecuencias del servicio y el número de unidades, entre otras cosas, no son medidas sencillas, sin embargo, ¿qué se debe hacer cuando miles de personas se reúnen diariamente durante 115 minutos, por necesidad, sin sana distancia y con mal uso del cubre bocas, en medio de una pandemia, con un virus letal y altamente contagioso? Aquí hay una cuestión ética que se debe considerar. 

Instagram/Twitter @toniuniversal 

[1] Cómo Vamos Nuevo León (2019). Así Vamos 2019. Encuesta de Percepción Ciudadana. Recuperado de http://datos.comovamosnl.org/api/v1/uploads/5e67e03cc2e5c86e6ea402f6 

[2] Publimetro (2019). Nuevo León presenta uno de los porcentajes más altos en traslados de sus ciudadanos, según el INEGI. Recuperado de https://www.publimetro.com.mx/mx/destacado-tv/2019/02/11/nuevo-leon-presenta-uno-de-los-porcentajes-mas-altos-en-traslados-de-sus-ciudadanos-segun-el-inegi.html 

[3] Altavoz México (2020). De la O minimiza contagios en camiones. Recuperado de https://altavz.com/2020/11/04/de-la-o-minimiza-contagios-en-camiones/ 

[4] Ardila-Gomez, A. (2020). In the fight against COVID-19, public transport should be the hero, not the villain. World Bank Blogs. Recuperado de https://blogs.worldbank.org/transport/fight-against-covid-19-public-transport-should-be-hero-not-villain

La (In)Justicia Mexicana

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A inicios de los años 60s, el activista y premio Nobel de la Paz, Martin Luther King, dijo que “la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes”, esto me parece íntimamente ligado con uno de los grandes pendientes en nuestro país: el acceso a la justicia y la impunidad. En ese sentido y ante la relevancia del fenómeno, la organización México Evalúa publicó los hallazgos 2019 del seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México. 

Dicho estudio resulta fundamental para saber cuales son los retrocesos o avances en la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio y adversarial o llamados comúnmente como “Juicios Orales”. Ello tiene como origen una reforma constitucional en el año 2008 que tenía el objetivo de transformar profundamente los principios, procesos, operadores y prácticas del sistema penal mexicano, para establecer uno que disminuya los altos estándares de impunidad y violaciones a derechos humanos tanto de víctimas como de acusados y procesados. 

Del mencionado estudio, resalta que en 2019 afirma que existe un rezago a nivel nacional en la consolidación de este sistema de justicia penal, ya que de los datos recabados en cada entidad federativa, ninguna pudo alcanzar los estándares mínimo para el cumplimiento de dicha reforma y el objetivo o intención de este modelo judicial. Me parece fundamental que el principal indicador que este estudio utiliza son los índices de impunidad, ya que esta ausencia de actos de investigación y una incapacidad del Estado en resolver los máximos conflictos en una sociedad, que generan diversas violaciones a derechos humanos. Cabe mencionar que la media nacional del índice de impunidad en 2019 fue de un 92.4%, uno de los mayores de continente en términos comparativos, reflejando la gravedad del problema así como el fracaso rotundo de este nuevo sistema penal. 

Un dato preocupante fue la reducción del presupuesto en el sistema de procuración de justicia en 2019 asignado a las entidades federativas que de $172,036,947,408.02 pesos, el cual tuvo una disminución del 15% respecto al año pasado, lo cual generó que las instituciones no puedan contar con los recursos suficientes para alcanzar las metas, si bien, el estudio hace énfasis en que un presupuesto no garantiza el éxito, también se plasma que estos recursos deben ir orientados a obtener mejores resultados a través de un ejercicio racional. Este problema también se repite en los presupuestos de los poderes judiciales y las comisiones estatales de atención a víctimas. 

Un retroceso grave fue el sentido garantista sobre la prisión preventiva, ya que  debe ser vista como una medida extraordinaria que no debe violar la presunción de inocencia, sin embargo, en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 2019 se publicó la reforma al artículo 19 constitucional con la cual se anexaron 10 delitos graves más para la prisión preventiva, ello como una supuesta respuesta, sin embargo, aumentar el catálogo de delitos graves no está ligado al mejoramiento del sistema de justicia y sólo concibe la prisión ante la falta de una política de paz, justicia y prevención del delito. Esto genera que existan enormes cargas de trabajo, como bien plasma el estudio, por cada defensor, el promedio nacional fueron 163 asuntos, y en asesor jurídico son 95 asuntos por cada uno, lo que tiene como consecuencia tasas elevadas de carpetas de investigación saturaras con el 44.5% en promedio que no tienen respuesta. 

También hay que señalar las llamadas “señales de esperanza” mencionadas en dicho informe, ya que al momento de la detención de una persona, sólo el 27.9% fueron calificadas como ilegales, que en comparación con el año anterior, presupone una tendencia de avance en este rubro. De la misma manera, los estados han hecho mayor de uso de la justicia alternativa, como la mediación para arreglar un asunto entre las partes y no tener que llegar a un juicio. Otro dato esperanzador esta la duración promedio de un proceso penal, ya que en promedio nacional es de 291 días para una persona imputada, lo cual a diferencia del anterior sistema resulta un avance significativo. 

Sin duda estos datos invitan a tomar medidas urgentes, ya que los niveles de impunidad son más que cifras y son vidas de millones de personas en nuestro país a la espera del derecho a la verdad, a la certeza jurídica, a que se respeten sus derechos humanos, y términos generales, a una justicia efectiva y no sólo simulaciones. Más allá de reformas, necesitamos cambiar las malas prácticas de los operadores del sistema de justicia penal para que sus actos atiendan cabalmente a la ley y el reconocimiento de los derechos que se ven involucrados en este tipo de asuntos. Urgen estrategias locales y coordinación entre los estados para compartir prácticas exitosas con el ánimo de compartir con otras entidades federativas, conformando redes exitosas para mejorar y consolidar nuestro sistema de justicia penal. También los poderes legislativos deben frenar esta corriente política de engrosar los códigos penales y catálogos de delitos graves de manera innecesaria, esto sólo nos deja ver la ausencia de una política criminal real que atienda a los orígenes y prevención del delito, así como políticas públicas para reducir la impunidad y garantizar el acceso a la justicia. No podemos dejar que el tiempo siga corriendo, dejando pasar miles de crímenes en la total impunidad, porque la injusticia en México parece la regla. 

Candidaturas sin violencia #3de3

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Triste que vivamos en un país donde se tenga que reglamentar que ningún acosador sexual, agresor de mujeres o deudor de pensión alimenticia sea postulado a una candidatura para ocupar un cargo público. Algo que debería ser lógico, de darse por sentado, necesita estar plasmado en papel para garantizar que se deje de “premiar” a quienes ejercen violencia de género, o bien, se deje de pensar que, para un puesto político, valen más otros aspectos del perfil del candidato que su pasado violentador de mujeres.

El día de ayer, el Instituto Nacional Electoral aprobó sus “Lineamientos para que los Partidos Políticos Nacionales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género”, que, precisamente, incluyeron el “3 de 3” para buscar que ninguna candidatura sea asignada a quienes han sido condenados o sancionados por violencia familiar y/o doméstica, delitos sexuales, o bien, sean deudores alimentarios.

Su aprobación supone pasar del discurso a la acción congruente para evitar perpetuar el machismo en las instituciones de nuestro país, obstaculizando la llegada de más acosadores y violentadores a puestos de poder, en donde abusen de más víctimas o desde donde tomen decisiones en detrimento de las mujeres y sin perspectiva de género. 

Esta aprobación, sin duda, representa un gran logro para las mujeres que desde sus distintas trincheras se unieron para impulsar la iniciativa. Es un primer paso y uno muy necesario. Cabe destacar, sin embargo, que esto no implicará la garantía de que quienes acosan y violenten no lleguen al poder, pues recordemos que vivimos en un país en donde la impunidad reina, en donde las mujeres que se atreven a alzar la voz son revictimizadas por la sociedad, por los medios y por el mismo funcionariado público que carece de una atención con perspectiva de género, y donde muchas otras deciden mejor no acudir a denunciar.

Al menos, quienes han sido sancionados o cuentan con alguna condena al respecto, no podrán insertarse más en las estructuras de poder y en los puestos de toma de decisiones. Toca seguir construyendo sobre ello y celebrar este pequeño pero importante paso para acercarnos a alcanzar una vida libre de violencia de género en todos los ámbitos. 

La politización del pacto fiscal

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Tradicionalmente los estados del norte del país siempre se han sentido desconectados del resto de la República. El centralismo político y las decisiones tomadas desde la CDMX siempre se han visto con recelo en el norte del país, pues incluso en el modelo anterior (cuando se contaba con el Distrito Federal), había quienes afirmaban que directamente el dinero de la actividad industrial norteña se destinaba a subsidiar tanto a las dependencias de gobierno como al propio costo de vida de los capitalinos.

El propio PAN, o al menos lo fue así en Nuevo León, es un partido político que en sus orígenes se conformaba de empresarios y todas aquellas figuras que sentían que el gobierno federal les tenía en abandono y que, por ende, lo que fuera que se dictase desde la capital del país no era visto con buenos ojos.

No es casualidad que en vísperas de la elección más grande de nuestra historia y con un cambio drástico en el liderazgo y la forma de hacer política en nuestro país, los partidos de oposición busquen aprovechar la ventaja numérica momentánea que tienen para intentar contrarrestar el peso del presidente a nivel nacional. Los gobernadores están surgiendo como verdaderos representantes de la oposición, algo que desde el interior de los partidos no se ha conseguido, aunque seguramente lo es también con miras a 2024.

Enrique Alfaro y Javier Corral (MC y PAN, respectivamente) son las voces que más resonancia han tenido en esta discusión y tampoco es casualidad. Ambos líderes representan una apuesta ideológica contraria a Morena y son dos perfiles fuertes al interior de su partido, particularmente el primero, pues gracias a Alfaro MC tiene una cuota de votos importante en Guadalajara y en Jalisco que les vale para garantizar un peso importante en lo nacional.

A pesar de que El Bronco también ha querido formar parte de esta discusión (aceptando el desafío del presidente y amagando con hacer una consulta popular sobre el tema), el hecho de que él es un gobernador saliente lo hace ver como una amenaza menor para el presidente; incluso también recordando que en la elección de 2018 en la que ambos se enfrentaron, AMLO obtuvo diez veces más apoyos que él. Volver a despertar el sentimiento de rechazo hacia el sur del país a través de un tema como el Pacto Fiscal, más que ser un motivo de orgullo para nosotros en el norte, debería ser un tema preocupante.

Es verdad que es impactante saber que por cada peso que “se va a México” nos regresan 28 centavos y que no es posible que otras entidades que viven del turismo (una de las principales actividades económicas del país) tradicionalmente hayan recibido muchos más recursos que en entidades donde la productividad es mayor, pero más que pensar en que si nos dan más o menos o nos quitan más o menos, es importante pensar en la politización de la problemática.

Ya salieron los gobernadores de Veracruz, Puebla, Baja California y la jefa de gobierno de la CDMX, todos morenistas, a respaldar al presidente. Queda claro que el conflicto es netamente político y que el presidente deberá prestar atención para no permitir que ni los panistas ni los emecistas se adueñen de esta bandera, pues vaya que a Morena le podría traer muchos dolores de cabeza en el futuro.

Siete días

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Algo curioso de la política estadounidense, es que las campañas a la presidencia duran demasiado. El presidente que busca reelección está básicamente 3 años y medio en campaña, y cualquier otro candidato debe recorrer en promedio un año y medio, desde que anuncia sus intenciones de competir, hasta el día de la elección general.

Y ya sólo faltan 7 días. De hoy en una semana estaremos siendo bombardeados (aún más) de información referente a lo que suceda en las urnas del vecino del norte. Los antecedentes no se los tengo que contar, porque ustedes ya los saben. Donald Trump y Michael Pence defienden sus cargos contra Joseph Biden y Kamala Harris. Hay quienes creen que Trump y Pence ganarán de nuevo sin mayores problemas, aunque los números indiquen lo contrario. Repasemos:

El modelo estadístico FiveThirtyEight (que es en el que yo personalmente más confío) le da un 87% de probabilidad de victoria a Joe Biden. Le da ventaja en estados clave con Pennsylvania, Florida y Carolina del Norte, así como empate técnico en Iowa y Georgia. También le da ventaja a los demócratas para mantener la Casa de Representantes y recuperar el control del Senado. Realmente todos los medios confiables (en serio, todos) le dan ventaja a Biden. Algunos más que otros pero el exvicepresidente aventaja en todos.

Otro modelo que reviso todos los días es el de The Economist. Este le da a Joe Biden un 96% de probabilidad de ganar el Colegio Electoral, y un 99.5% de probabilidad de ganar el voto popular. 

Cabe recordar que en Estados Unidos no te sirve de nada ganar el voto popular si no se gana el Colegio Electoral. 

Este sistema reparte “electores” entre todos los estados de la Unión, según el número de representantes que se tengan ante el Congreso. Por ejemplo, si Alabama tiene 7 representantes y 2 senadores, le corresponden 9 votos electorales. Y así con todos los demás. La cantidad de representantes se determina a través del censo que el gobierno realiza cada década, para asegurar que los estados tengan representaciones que se ajusten a la cantidad de gente que vive en esos estados. 

Volviendo al tema, ya sé lo que estás pensando. “Pero es que Hillary Clinton igual aventajaba a Donald Trump y mira como terminó todo”. Y sí, tienes razón. Y de hecho aún con esta desventaja Trump tiene reales posibilidades de ganar, pero te voy a contar por qué esta vez es diferente.

Primero, el promedio de ventaja que Hillary tenía sobre Trump en las encuestas era de 3 o 4 puntos, es decir, dentro del margen de error que las casas encuestadoras advierten. Al día de hoy, Joe Biden tiene 9 puntos de ventaja sobre Trump, en ocasiones sacando hasta doble dígito. Esto ya esta fuera del margen de cualquier error estadístico.

Segundo, en 2016 Hillary era quien recibía las críticas de la situación en la que se encontraba Estados Unidos, porque era la candidata del partido en el poder. Este año, el responsable es Donald Trump, y su aprobación no goza de números que lo puedan hacer sentir tranquilo respecto a su reelección.

Tercero, desde el año pasado los expertos del tema comentaban que mientras la economía estuviera bien, Trump ganaría sin problema. Con la llegada de la pandemia, la economía estadounidense colapsó. Si bien el virus no es culpa de Trump, quedó a deber con su respuesta y su última carta fuerte se desvaneció.

Cuarto, la situación social en Estados Unidos es delicada. La injusticia racial y otros grandes problemas impulsan a aquellos que normalmente no votan, a participar. De hecho, la cantidad de gente que está votando con anticipación es 10 veces mayor a la de 2016.

En pocas palabras, es muy, muy probable que 2021 comience con un nuevo inquilino en la Casa Blanca. Pero tampoco es imposible que Trump gane. Por ejemplo, por más mal que se vea en los números, sólo le bastaría ganar Florida, Pennsylvania y Wisconsin (además de todos los estados en los que mantiene ventaja) para así voltear la tendencia y quedarse con la presidencia. Difícil, sí, imposible, para nada.

Es muy interesante observar cómo se maneja la política estadounidense. No hace falta mencionar las implicaciones que los resultados del 3 de noviembre tendrán para nuestro país. Te invito a mantenerte al tanto, y si tienes alguna pregunta, no dudes en mandarme mensaje. 

El “inicio del rompimiento del Pacto Federal”

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Hace un par de días los Gobernadores que integran la denominada “Alianza Federalista” declararon que algunas acciones y omisiones del Presidente de la República podían significar el “inicio del rompimiento del Pacto Federal”. Estas declaraciones tuvieron varias interpretaciones. Una ellas consideró que estas palabras significaban que algunos estados podrían “abandonar” la Federación. El objetivo de esta colaboración es el tratar de delimitar el alcance las declaraciones de los Gobernadores aliancistas.

No considero que el significado político buscado por los Gobernadores sea el iniciar un proceso político separatista en México. 

En efecto, si bien se aprecian dos bloques de estados, uno en el norte y noreste de México (Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) y otro en el occidente-Bajío (Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Colima y Michoacán), sería iluso pensar que las poblaciones y las estructuras sociales, políticas y económicas de dichas entidades, por sí mismas o aglutinadas en dichos bloques, forman una homogeneidad suficientemente articulada para pensar que en ellas se está viviendo un impulso separatista de la Federación. En otras palabras, por más graves que sean los problemas que tengamos en el país y en dichos estados, ni cercanamente se asemejan a procesos políticos como los que vivió en su momento Quebec en Canadá o actualmente tiene Cataluña en España. 

Por otro lado, si dichas entidades “abandonasen” la Federación esto implicaría una modificación al artículo 43 de la Constitución, en donde se establecen las partes integrantes de la Federación. Para esa modificación no hay un procedimiento expreso en el propio texto constitucional. Lo que tenemos es la facultad del Congreso de la Unión para “admitir nuevos Estados a la Unión Federal” (art. 73, fracción I) y para “formar nuevos Estados dentro de los límites de los existentes” (art. 73, fracción III), pero para esto último es necesaria la participación del Congreso de la Unión, del Ejecutivo Federal, de las Legislaturas estatales de que se trate su territorio y del resto de las Legislaturas estatales. De hecho, este es uno de los mecanismos para modificar la Constitución, siendo el otro el establecido en el artículo 135 constitucional (Carbonell 1999: 253). Aun pensando que interpretativamente podría utilizarse este método para el sentido de abandonar la Federación que se ha dado a las declaraciones de los aliancistas, se requeriría la participación de otros Poderes federales y estatales. Sin embargo, no estimo que esta pueda ser la interpretación de dichas normas constitucionales, porque históricamente “el Estado federal, como el unitario, es obra de una Asamblea constituyente, que reduce la soberanía nacional a la independencia del Estado y no reconoce a los estados federados capacidad para cambiar la forma de gobierno (monarquía, república) o para abandonar el Estado en el que se han integrado”. (Artola 2005: 96).

Es por estas razones que el significado de las declaraciones de los Gobernadores aliancistas no puede ser el de “abandonar” la Federación. 

No obstante, sí creo que, si bien de forma un poco obscura, el contenido de sus declaraciones tiene un peso político importante para la discusión y eventual modificación del arreglo constitucional federal en México, el Pacto Federal. Si esto es a lo que realmente quisieron referirse, bienvenida la propuesta.

Si por Pacto Federal entendemos ese convenio fundante entre las partes integrantes de la Federación por el cual, como afirma Arteaga (2017), se (i) distribuyen entre dos fuentes de autoridad las facultades y atribuciones, (ii) se distribuyen los medios o principios para que ambas fuentes de autoridad sean autosuficientes, (iii) se hace funcional u operante la división de poderes y la distribución de las funciones en los ámbitos federal y local, (iv) se establecen las bases para que no exista ambigüedad sobre a qué autoridad le compete una facultad y (v) se establecen los principios para evitar la duplicidad de acciones; entonces, sin duda, el significado de la declaración de los Gobernadores debe llevar a la redefinición del federalismo mexicano.

Efectivamente, tal vez el grito de los aliancistas sea el grito de todas las entidades, aunque algunas no deseen que se les identifique como federalistas. Esto es así, si entendemos que “el federalismo se presenta como un mecanismo de pacificación institucional, que contribuye a encontrar soluciones acordadas (no impuestas desde el gobierno central) entre las partes que integran diversas unidades territoriales federadas”. (Tortolero 2018: 212). 

Aun con sus evidentes orígenes partidistas opositores al Gobierno de López Obrador, considero que la declaración de los Gobernadores aliancistas constituye una contundente afirmación política de que el arreglo constitucional federal (el Pacto Federal) y las decisiones que con base en él se timan diariamente en México, están fallando en lograr la pacificación institucional y en construir en común las soluciones que requieren nuestros graves problemas nacionales. Creo que ese es el sentido que quisieron dar los Gobernadores a sus declaraciones. Y por el bien del país, esperemos que ese sea el el sentido que todas y todos le demos a estas palabras.

Bibliografía

Arteaga Nava, Elisur. (2017). Derecho constitucional. Parte general: Teoría y política. México: Oxford University Press.

Artola, Miguel. (2005). Constitucionalismo en la historia. Barcelona: Crítica.

Carbonell, Miguel. (2008). Constitución, reforma constitucional y fuentes del derecho en México. México: Porrúa.

Tortolero Cervantes, Francisco. (2018). “IV. El federalismo mexicano actual”. En Barceló Rojas et al., Manual de derecho constitucional. Estructura y organización del Estado mexicano. México: Fondo de Cultura Económica.

Sin mujeres no hay Constitución

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¿Qué hubiera sucedido en México si el Constituyente de Querétaro (1917) hubiera estado conformado de forma paritaria por mujeres y hombres? Para empezar, no se nos hubiera negado el reconocimiento de nuestra plena ciudadanía, bloqueando nuestro derecho a votar y ser votadas, derecho que se reconoció hasta 1953.

También pienso que nuestra Constitución no hablaría exclusivamente en masculino desde entonces, sino que se hubiera garantizado que en este importante documento que rige la vida democrática de nuestro país, la palabra “mujeres” estuviera bien inscrita y, junto con ella, la garantía de todos sus derechos. 

Si las mujeres hubieran sido parte esencial para el proceso de escribir nuestra Constitución desde aquél entonces, quizá nuestras causas hubieran estado mejor cimentadas, con un fuerte énfasis en resolver, prevenir y atender las distintas violencias de las que aún somos objeto. 

Por ello, hoy celebro que con el “Sí” alcanzado este domingo en Chile para una nueva Constitución, venga a la par un gran triunfo: la conformación de un órgano constituyente integrado en paridad de género. Es decir, un órgano en donde las voces y las vivencias de las mujeres cuenten, en donde se materializarán en una visión incluyente de un nuevo país que busca alejarse de su pasado dictador y represor. 

Con esto, Chile ha hecho historia de maneras numerosas y nos deja un claro ejemplo de cómo debe reconstruirse un país: con la participación real, justa y equitativa de todas las personas, de todas las visiones, de todas las necesidades.

AMLO destruye la Ciencia

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La biotecnología se refiere a toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. (Wikipedia). La biotecnología tiene aplicaciones en importantes áreas industriales, como la atención de la salud, la agricultura, con el desarrollo de cultivos y alimentos mejorados, usos no alimentarios de los cultivos, por ejemplo plásticos biodegradables, aceites vegetales  y biocombustibles, y cuidado medioambiental a través de la biorremediación, como el reciclaje, el tratamiento de residuos y la limpieza de sitios contaminados por actividades industriales. 

Además, se aplica en la genética para modificar ciertos organismos. La biotecnología es esencial para el desarrollo de una ciencia moderna y vanguardista. En semanas recientes, la directora del Conacyt decidió eliminar la biotecnología del reglamento del Sistema Nacional de Investigadores. Dejó así en suspenso quienes están estudiando esta ciencia que según Conacyt no tiene existencia y no merece apoyo oficial ninguna. 

Obviamente, las protestas no se hicieron esperar y al día siguiente, la directora tuvo que publicar una corrección estipulando que si bien desaparecía la denominación “biotecnología”  se encontraba ahora clasificada en otras tres categorías con otra nomenclatura, agregando confusión adicional al caos provocado por la desaparición de un término que solamente en la UNAM dispone del Instituto de Biotecnología, el cual tiene 60 grupos de investigación, y alrededor de mil 300 personas que laboran en él; ha sido muy activo en medio de la pandemia por Covid-19, con trabajos sobre el proceso de diagnóstico basado en la técnica RT-PCR. 

La biotecnología, es uno de los campos más importantes de la ciencia en el país: “Hoy debe haber aproximadamente 9 mil profesionales activos que trabajan biotecnología en México, es la tercera parte de los investigadores a nivel nacional. En el país se ofrecen 614 programas de estudio a nivel licenciatura en áreas relativas a la biotecnología, y hay 320 posgrados a nivel nacional con más de 7 mil inscritos, en los que la línea de trabajo es la biotecnología, la llamen o no así; hay 500 empresas biotecnológicas que tienen sede en México, de las cuales 33% son de salud; 19%, industria en general; 14, alimentos, y 13%, medio ambiente”.

La Dra. María Elena Álvarez-Buylla, nieta de refugiados republicanos españoles de la guerra civil, se caracteriza por querer desarrollar una ciencia para apoyar las clases desprotegidas (en las cuales no hay científicos) y poder empujar técnicas (no tecnologías) para apoyar la agricultura primitiva del sureste, siguiendo ene esto las líneas generales de un presidente analfabeto (en términos científicos) que pretende regresar el país a los tiempos de Benito Juárez.  

Es este regreso a un oscurantismo nefasto que estará en juego en las elecciones del 2021. Más vale estar bien informado, antes de creer en todas las patrañas de corrupción en los fideicomisos que acaban de suprimir de un voto vengativo los legisladores levanta dedos que pretenden apoyar un régimen que está destruyendo las oportunidades de México para seguir presente en el siglo XXI.