La politización del pacto fiscal

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Tradicionalmente los estados del norte del país siempre se han sentido desconectados del resto de la República. El centralismo político y las decisiones tomadas desde la CDMX siempre se han visto con recelo en el norte del país, pues incluso en el modelo anterior (cuando se contaba con el Distrito Federal), había quienes afirmaban que directamente el dinero de la actividad industrial norteña se destinaba a subsidiar tanto a las dependencias de gobierno como al propio costo de vida de los capitalinos.

El propio PAN, o al menos lo fue así en Nuevo León, es un partido político que en sus orígenes se conformaba de empresarios y todas aquellas figuras que sentían que el gobierno federal les tenía en abandono y que, por ende, lo que fuera que se dictase desde la capital del país no era visto con buenos ojos.

No es casualidad que en vísperas de la elección más grande de nuestra historia y con un cambio drástico en el liderazgo y la forma de hacer política en nuestro país, los partidos de oposición busquen aprovechar la ventaja numérica momentánea que tienen para intentar contrarrestar el peso del presidente a nivel nacional. Los gobernadores están surgiendo como verdaderos representantes de la oposición, algo que desde el interior de los partidos no se ha conseguido, aunque seguramente lo es también con miras a 2024.

Enrique Alfaro y Javier Corral (MC y PAN, respectivamente) son las voces que más resonancia han tenido en esta discusión y tampoco es casualidad. Ambos líderes representan una apuesta ideológica contraria a Morena y son dos perfiles fuertes al interior de su partido, particularmente el primero, pues gracias a Alfaro MC tiene una cuota de votos importante en Guadalajara y en Jalisco que les vale para garantizar un peso importante en lo nacional.

A pesar de que El Bronco también ha querido formar parte de esta discusión (aceptando el desafío del presidente y amagando con hacer una consulta popular sobre el tema), el hecho de que él es un gobernador saliente lo hace ver como una amenaza menor para el presidente; incluso también recordando que en la elección de 2018 en la que ambos se enfrentaron, AMLO obtuvo diez veces más apoyos que él. Volver a despertar el sentimiento de rechazo hacia el sur del país a través de un tema como el Pacto Fiscal, más que ser un motivo de orgullo para nosotros en el norte, debería ser un tema preocupante.

Es verdad que es impactante saber que por cada peso que “se va a México” nos regresan 28 centavos y que no es posible que otras entidades que viven del turismo (una de las principales actividades económicas del país) tradicionalmente hayan recibido muchos más recursos que en entidades donde la productividad es mayor, pero más que pensar en que si nos dan más o menos o nos quitan más o menos, es importante pensar en la politización de la problemática.

Ya salieron los gobernadores de Veracruz, Puebla, Baja California y la jefa de gobierno de la CDMX, todos morenistas, a respaldar al presidente. Queda claro que el conflicto es netamente político y que el presidente deberá prestar atención para no permitir que ni los panistas ni los emecistas se adueñen de esta bandera, pues vaya que a Morena le podría traer muchos dolores de cabeza en el futuro.

Siete días

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Algo curioso de la política estadounidense, es que las campañas a la presidencia duran demasiado. El presidente que busca reelección está básicamente 3 años y medio en campaña, y cualquier otro candidato debe recorrer en promedio un año y medio, desde que anuncia sus intenciones de competir, hasta el día de la elección general.

Y ya sólo faltan 7 días. De hoy en una semana estaremos siendo bombardeados (aún más) de información referente a lo que suceda en las urnas del vecino del norte. Los antecedentes no se los tengo que contar, porque ustedes ya los saben. Donald Trump y Michael Pence defienden sus cargos contra Joseph Biden y Kamala Harris. Hay quienes creen que Trump y Pence ganarán de nuevo sin mayores problemas, aunque los números indiquen lo contrario. Repasemos:

El modelo estadístico FiveThirtyEight (que es en el que yo personalmente más confío) le da un 87% de probabilidad de victoria a Joe Biden. Le da ventaja en estados clave con Pennsylvania, Florida y Carolina del Norte, así como empate técnico en Iowa y Georgia. También le da ventaja a los demócratas para mantener la Casa de Representantes y recuperar el control del Senado. Realmente todos los medios confiables (en serio, todos) le dan ventaja a Biden. Algunos más que otros pero el exvicepresidente aventaja en todos.

Otro modelo que reviso todos los días es el de The Economist. Este le da a Joe Biden un 96% de probabilidad de ganar el Colegio Electoral, y un 99.5% de probabilidad de ganar el voto popular. 

Cabe recordar que en Estados Unidos no te sirve de nada ganar el voto popular si no se gana el Colegio Electoral. 

Este sistema reparte “electores” entre todos los estados de la Unión, según el número de representantes que se tengan ante el Congreso. Por ejemplo, si Alabama tiene 7 representantes y 2 senadores, le corresponden 9 votos electorales. Y así con todos los demás. La cantidad de representantes se determina a través del censo que el gobierno realiza cada década, para asegurar que los estados tengan representaciones que se ajusten a la cantidad de gente que vive en esos estados. 

Volviendo al tema, ya sé lo que estás pensando. “Pero es que Hillary Clinton igual aventajaba a Donald Trump y mira como terminó todo”. Y sí, tienes razón. Y de hecho aún con esta desventaja Trump tiene reales posibilidades de ganar, pero te voy a contar por qué esta vez es diferente.

Primero, el promedio de ventaja que Hillary tenía sobre Trump en las encuestas era de 3 o 4 puntos, es decir, dentro del margen de error que las casas encuestadoras advierten. Al día de hoy, Joe Biden tiene 9 puntos de ventaja sobre Trump, en ocasiones sacando hasta doble dígito. Esto ya esta fuera del margen de cualquier error estadístico.

Segundo, en 2016 Hillary era quien recibía las críticas de la situación en la que se encontraba Estados Unidos, porque era la candidata del partido en el poder. Este año, el responsable es Donald Trump, y su aprobación no goza de números que lo puedan hacer sentir tranquilo respecto a su reelección.

Tercero, desde el año pasado los expertos del tema comentaban que mientras la economía estuviera bien, Trump ganaría sin problema. Con la llegada de la pandemia, la economía estadounidense colapsó. Si bien el virus no es culpa de Trump, quedó a deber con su respuesta y su última carta fuerte se desvaneció.

Cuarto, la situación social en Estados Unidos es delicada. La injusticia racial y otros grandes problemas impulsan a aquellos que normalmente no votan, a participar. De hecho, la cantidad de gente que está votando con anticipación es 10 veces mayor a la de 2016.

En pocas palabras, es muy, muy probable que 2021 comience con un nuevo inquilino en la Casa Blanca. Pero tampoco es imposible que Trump gane. Por ejemplo, por más mal que se vea en los números, sólo le bastaría ganar Florida, Pennsylvania y Wisconsin (además de todos los estados en los que mantiene ventaja) para así voltear la tendencia y quedarse con la presidencia. Difícil, sí, imposible, para nada.

Es muy interesante observar cómo se maneja la política estadounidense. No hace falta mencionar las implicaciones que los resultados del 3 de noviembre tendrán para nuestro país. Te invito a mantenerte al tanto, y si tienes alguna pregunta, no dudes en mandarme mensaje. 

El “inicio del rompimiento del Pacto Federal”

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Hace un par de días los Gobernadores que integran la denominada “Alianza Federalista” declararon que algunas acciones y omisiones del Presidente de la República podían significar el “inicio del rompimiento del Pacto Federal”. Estas declaraciones tuvieron varias interpretaciones. Una ellas consideró que estas palabras significaban que algunos estados podrían “abandonar” la Federación. El objetivo de esta colaboración es el tratar de delimitar el alcance las declaraciones de los Gobernadores aliancistas.

No considero que el significado político buscado por los Gobernadores sea el iniciar un proceso político separatista en México. 

En efecto, si bien se aprecian dos bloques de estados, uno en el norte y noreste de México (Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) y otro en el occidente-Bajío (Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Colima y Michoacán), sería iluso pensar que las poblaciones y las estructuras sociales, políticas y económicas de dichas entidades, por sí mismas o aglutinadas en dichos bloques, forman una homogeneidad suficientemente articulada para pensar que en ellas se está viviendo un impulso separatista de la Federación. En otras palabras, por más graves que sean los problemas que tengamos en el país y en dichos estados, ni cercanamente se asemejan a procesos políticos como los que vivió en su momento Quebec en Canadá o actualmente tiene Cataluña en España. 

Por otro lado, si dichas entidades “abandonasen” la Federación esto implicaría una modificación al artículo 43 de la Constitución, en donde se establecen las partes integrantes de la Federación. Para esa modificación no hay un procedimiento expreso en el propio texto constitucional. Lo que tenemos es la facultad del Congreso de la Unión para “admitir nuevos Estados a la Unión Federal” (art. 73, fracción I) y para “formar nuevos Estados dentro de los límites de los existentes” (art. 73, fracción III), pero para esto último es necesaria la participación del Congreso de la Unión, del Ejecutivo Federal, de las Legislaturas estatales de que se trate su territorio y del resto de las Legislaturas estatales. De hecho, este es uno de los mecanismos para modificar la Constitución, siendo el otro el establecido en el artículo 135 constitucional (Carbonell 1999: 253). Aun pensando que interpretativamente podría utilizarse este método para el sentido de abandonar la Federación que se ha dado a las declaraciones de los aliancistas, se requeriría la participación de otros Poderes federales y estatales. Sin embargo, no estimo que esta pueda ser la interpretación de dichas normas constitucionales, porque históricamente “el Estado federal, como el unitario, es obra de una Asamblea constituyente, que reduce la soberanía nacional a la independencia del Estado y no reconoce a los estados federados capacidad para cambiar la forma de gobierno (monarquía, república) o para abandonar el Estado en el que se han integrado”. (Artola 2005: 96).

Es por estas razones que el significado de las declaraciones de los Gobernadores aliancistas no puede ser el de “abandonar” la Federación. 

No obstante, sí creo que, si bien de forma un poco obscura, el contenido de sus declaraciones tiene un peso político importante para la discusión y eventual modificación del arreglo constitucional federal en México, el Pacto Federal. Si esto es a lo que realmente quisieron referirse, bienvenida la propuesta.

Si por Pacto Federal entendemos ese convenio fundante entre las partes integrantes de la Federación por el cual, como afirma Arteaga (2017), se (i) distribuyen entre dos fuentes de autoridad las facultades y atribuciones, (ii) se distribuyen los medios o principios para que ambas fuentes de autoridad sean autosuficientes, (iii) se hace funcional u operante la división de poderes y la distribución de las funciones en los ámbitos federal y local, (iv) se establecen las bases para que no exista ambigüedad sobre a qué autoridad le compete una facultad y (v) se establecen los principios para evitar la duplicidad de acciones; entonces, sin duda, el significado de la declaración de los Gobernadores debe llevar a la redefinición del federalismo mexicano.

Efectivamente, tal vez el grito de los aliancistas sea el grito de todas las entidades, aunque algunas no deseen que se les identifique como federalistas. Esto es así, si entendemos que “el federalismo se presenta como un mecanismo de pacificación institucional, que contribuye a encontrar soluciones acordadas (no impuestas desde el gobierno central) entre las partes que integran diversas unidades territoriales federadas”. (Tortolero 2018: 212). 

Aun con sus evidentes orígenes partidistas opositores al Gobierno de López Obrador, considero que la declaración de los Gobernadores aliancistas constituye una contundente afirmación política de que el arreglo constitucional federal (el Pacto Federal) y las decisiones que con base en él se timan diariamente en México, están fallando en lograr la pacificación institucional y en construir en común las soluciones que requieren nuestros graves problemas nacionales. Creo que ese es el sentido que quisieron dar los Gobernadores a sus declaraciones. Y por el bien del país, esperemos que ese sea el el sentido que todas y todos le demos a estas palabras.

Bibliografía

Arteaga Nava, Elisur. (2017). Derecho constitucional. Parte general: Teoría y política. México: Oxford University Press.

Artola, Miguel. (2005). Constitucionalismo en la historia. Barcelona: Crítica.

Carbonell, Miguel. (2008). Constitución, reforma constitucional y fuentes del derecho en México. México: Porrúa.

Tortolero Cervantes, Francisco. (2018). “IV. El federalismo mexicano actual”. En Barceló Rojas et al., Manual de derecho constitucional. Estructura y organización del Estado mexicano. México: Fondo de Cultura Económica.

Sin mujeres no hay Constitución

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¿Qué hubiera sucedido en México si el Constituyente de Querétaro (1917) hubiera estado conformado de forma paritaria por mujeres y hombres? Para empezar, no se nos hubiera negado el reconocimiento de nuestra plena ciudadanía, bloqueando nuestro derecho a votar y ser votadas, derecho que se reconoció hasta 1953.

También pienso que nuestra Constitución no hablaría exclusivamente en masculino desde entonces, sino que se hubiera garantizado que en este importante documento que rige la vida democrática de nuestro país, la palabra “mujeres” estuviera bien inscrita y, junto con ella, la garantía de todos sus derechos. 

Si las mujeres hubieran sido parte esencial para el proceso de escribir nuestra Constitución desde aquél entonces, quizá nuestras causas hubieran estado mejor cimentadas, con un fuerte énfasis en resolver, prevenir y atender las distintas violencias de las que aún somos objeto. 

Por ello, hoy celebro que con el “Sí” alcanzado este domingo en Chile para una nueva Constitución, venga a la par un gran triunfo: la conformación de un órgano constituyente integrado en paridad de género. Es decir, un órgano en donde las voces y las vivencias de las mujeres cuenten, en donde se materializarán en una visión incluyente de un nuevo país que busca alejarse de su pasado dictador y represor. 

Con esto, Chile ha hecho historia de maneras numerosas y nos deja un claro ejemplo de cómo debe reconstruirse un país: con la participación real, justa y equitativa de todas las personas, de todas las visiones, de todas las necesidades.

AMLO destruye la Ciencia

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La biotecnología se refiere a toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. (Wikipedia). La biotecnología tiene aplicaciones en importantes áreas industriales, como la atención de la salud, la agricultura, con el desarrollo de cultivos y alimentos mejorados, usos no alimentarios de los cultivos, por ejemplo plásticos biodegradables, aceites vegetales  y biocombustibles, y cuidado medioambiental a través de la biorremediación, como el reciclaje, el tratamiento de residuos y la limpieza de sitios contaminados por actividades industriales. 

Además, se aplica en la genética para modificar ciertos organismos. La biotecnología es esencial para el desarrollo de una ciencia moderna y vanguardista. En semanas recientes, la directora del Conacyt decidió eliminar la biotecnología del reglamento del Sistema Nacional de Investigadores. Dejó así en suspenso quienes están estudiando esta ciencia que según Conacyt no tiene existencia y no merece apoyo oficial ninguna. 

Obviamente, las protestas no se hicieron esperar y al día siguiente, la directora tuvo que publicar una corrección estipulando que si bien desaparecía la denominación “biotecnología”  se encontraba ahora clasificada en otras tres categorías con otra nomenclatura, agregando confusión adicional al caos provocado por la desaparición de un término que solamente en la UNAM dispone del Instituto de Biotecnología, el cual tiene 60 grupos de investigación, y alrededor de mil 300 personas que laboran en él; ha sido muy activo en medio de la pandemia por Covid-19, con trabajos sobre el proceso de diagnóstico basado en la técnica RT-PCR. 

La biotecnología, es uno de los campos más importantes de la ciencia en el país: “Hoy debe haber aproximadamente 9 mil profesionales activos que trabajan biotecnología en México, es la tercera parte de los investigadores a nivel nacional. En el país se ofrecen 614 programas de estudio a nivel licenciatura en áreas relativas a la biotecnología, y hay 320 posgrados a nivel nacional con más de 7 mil inscritos, en los que la línea de trabajo es la biotecnología, la llamen o no así; hay 500 empresas biotecnológicas que tienen sede en México, de las cuales 33% son de salud; 19%, industria en general; 14, alimentos, y 13%, medio ambiente”.

La Dra. María Elena Álvarez-Buylla, nieta de refugiados republicanos españoles de la guerra civil, se caracteriza por querer desarrollar una ciencia para apoyar las clases desprotegidas (en las cuales no hay científicos) y poder empujar técnicas (no tecnologías) para apoyar la agricultura primitiva del sureste, siguiendo ene esto las líneas generales de un presidente analfabeto (en términos científicos) que pretende regresar el país a los tiempos de Benito Juárez.  

Es este regreso a un oscurantismo nefasto que estará en juego en las elecciones del 2021. Más vale estar bien informado, antes de creer en todas las patrañas de corrupción en los fideicomisos que acaban de suprimir de un voto vengativo los legisladores levanta dedos que pretenden apoyar un régimen que está destruyendo las oportunidades de México para seguir presente en el siglo XXI. 

Una agenda ambientalista a la deriva

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En 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzó la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Como su nombre lo sugiere, esta es una agenda que se planteó cumplir para el año 2030. No obstante, las tendencias globales indican que esta agenda no podrá cumplirse como se esperaba. De por si las tendencias antes de la COVID-19 no eran alentadoras, con la actual pandemia, estas se han vuelto más pesimistas. 

Si bien es muy probable que los objetivos no se cumplan (erradicación de la pobreza, hambre cero, etc.), esta agenda ha servido de algo muy importante, que es haber creado (o en todo caso reforzado) una consciencia global sobre los principales problemas que enfrenta la humanidad en este siglo XXI.

Uno de estos problemas, tal vez el principal, es el cambio climático. A pesar de que este es un problema que se viene denunciando a nivel internacional desde inicios de la década de los 70, no ha sido hasta en los últimos años cuando más se han sentido sus efectos: sequías, inundaciones, incendios, migración forzosa, etc. 

Aún y con todas las señales de alarma que suenan a nuestro alrededor sobre la inminente catástrofe del cambio climático, actualmente en México tenemos a un presidente que no cree en una de las principales soluciones que se han desarrollado ante este problema, que son las energías limpias o renovables. El pasado sábado 24 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que “las energías limpias son un sofisma (algo falso)” y que “lo que se necesita es comprar más carbón”, uno de los principales combustibles fósiles que emiten gases de efecto invernadero [1]. 

No obstante, basta con navegar un poco en internet para comprobar que este tipo de solución no solamente no es un sofisma, sino que es una solución que está extensamente aceptada. Esto, incluso, se puede comprobar visitando el sitio oficial del Gobierno de México. En la página de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [2] vienen desglosados cada uno de los beneficios de las energías limpias.

Estos beneficios podrían dividirse en dos: ambientales y económicos. En cuanto a los ambientales, las energías limpias no emiten gases de efecto invernadero (GEI), contribuyen a disminuir las enfermedades relacionadas con la contaminación, no necesitan de grandes cantidades de agua para su funcionamiento y reducen la necesidad de industrias extractivas (como las que se encargan de obtener carbón, mineral que el presidente quiere comprar más).  

En cuanto a los beneficios económicos, se encuentran la reducción de las tarifas en los servicios de luz, agua y gas, generación de empleos directos e indirectos, así como la reducción del costo de los servicios municipales de energía eléctrica. 

Si el presidente tan solo fuera consciente de todo esto y actuara consecuentemente, la 4a transformación que tanto proclama se vería más como algo realista y factible, y no como una simple abstracción sin sustancia. Es por eso por lo que nosotros, las y los ciudadanos, debemos ser más exigentes en este tema y no permitir declaraciones como la del presidente. Debemos aspirar a tener gobernantes que sean totalmente conscientes de la problemática y que estén dispuestos a trabajar en implementar las soluciones que se requieran para mitigar los efectos adversos del cambio climático. 

En Nuevo León estamos próximos a las elecciones de gubernatura y es preciso que desde ya vayamos analizando los perfiles que hasta ahora se han posicionado, de tal forma que identifiquemos quienes sí están comprometidos/as con la mitigación del cambio climático (y con la implementación de soluciones como las energías limpias) y quienes no. Un estado industrial y con un alto impacto ambiental como este no puede permitirse tener a un gobernante que contradiga la agenda ambientalista. 

Twitter @toniuniversal 

[1] Cedillo, J.A. (2020). “Las energías limpias son un sofisma”: López Obrador. Proceso. Recuperado de https://www.proceso.com.mx/nacional/2020/10/24/las-energias-limpias-son-un-sofisma-lopez-obrador-251507.html 

[2] Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2020). Beneficios de usar energías renovables. Recuperado de https://www.gob.mx/semarnat/articulos/beneficios-de-usar-energias-renovables-172766  

La apuesta hacía el futuro: ¿Militares o Civiles?

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La detención en Estados Unidos del Gral. Salvador Cienfuegos, ex Secretario de la Defensa Nacional en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, reveló algo que los mexicanos conocíamos a voces pero que nos habían escondido por años: La corrupción había alcanzado al ejército mexicano. Desde el caso del Gral. Gutiérrez Rebollo encarcelado en 1997 por su complicidad con Amado Carrillo “el Señor de los Cielos” no habíamos vuelto a escuchar que un alto funcionario de las fuerzas armadas en México estuviera directamente involucrado con el crimen organizado. 

Este caso es de enorme relevancia para nuestro país por varias razones. Enlisto las que a mi juicio son las más trascendentes:

  1. La necesidad de cuestionarnos el proyecto de militarización del país. Desde que inició este Gobierno se ha impulsado desde Palacio Nacional un proyecto de militarización a lo largo y ancho el país. Lo anterior bajo la inexacta premisa de que los uniformados son: 1. Más disciplinados que cualquier civil y 2. Incorruptibles. Es claro que el Presidente confía más en los militares sobre los civiles, prueba de ello son las nuevas tareas que le ha encomendado al ejército (además de la lucha contra la delincuencia, como había sido desde hace más de una década) como: administrar aduanas y puertos, construir el nuevo aeropuerto y 2,700 sucursales del Banco de Bienestar, entregar medicamentos, frenar el flujo migratorio, participación en programas sociales como “Sembrando vida” y “Jóvenes construyendo el futuro” y una larga lista más. Importándole poco al Presidente si los militares están preparados para realizar eficientemente estas encomiendas. 
  1. La urgencia de replantear las relaciones civiles – militares. El ejército es la Institución con prácticas históricamente más oscuras. Después de la Revolución Mexicana, con la intención de evitar la posibilidad de que existiera un golpe de Estado se hizo un trato que por décadas parecía razonable: El ejército se mantenía lejos de la política, y el gobierno no se metía en la vida interna de las fuerzas armadas, en resumen: impunidad a cambio de lealtad. Como bien señala Alejandro Hope en su columna de El Universal: “el costo ha sido tener muy débil control sobre el estamento militar”. Eso indudablemente debe terminar y es inaplazable la necesidad de una reforma a nuestro marco jurídico que replantee la dinámica de las relaciones entre civiles y militares. Aunque siendo realista y un poco pesimista, se ve difícil, pues ningún Presidente ha querido enfrentarse a ellos, y el actual, mucho menos.

Este caso rompe de alguna manera con el paradigma de la lucha histórica contra el narcotráfico, y es inminente la ineludible obligación del Estado Mexicano de dejar de utilizar a nuestras fuerzas armadas como instrumento de combate contra la delincuencia organizada y la celeridad de apostarle a la profesionalización de las policías civiles. Al día de hoy, si se pierde la confianza en nuestras fuerzas armadas, no hay sustituto para el Ejército, este Gobierno desapareció a la que -con todo y sus críticas-, estaba en proceso de maduración para serlo: La Policía Federal.

El debate enriquece la mente, se vale discrepar.

Hacia la recta final: Trump

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Hoy se debería haber celebrado el segundo de tres debates presidenciales de cara a las elecciones de Estados Unidos, pero tras el anuncio de que el presidente contrajo COVID-19 y que se negara tanto a hacerlo de manera virtual como a presentar pruebas que avalaran su estado de salud, como sabemos, esta pelea únicamente tendrá dos episodios antes de su batalla final en las urnas.

Estos últimos días han sido muy llamativos en términos de la comunicación del presidente. Es verdad que Trump siempre ha manejado un estilo provocador, altanero e impulsivo, pero los tweets, los videos y las declaraciones sobre su tratamiento rayan sido incluso en lo exagerado para lo que nos tiene acostumbrados

Desde presentarse al más puro estilo Avenger llegando en helicóptero y haciendo un saludo militar o bien ofreciendo tratamientos gratuitos y sin costo a todo el país, el equipo de comunicación de Trump está haciendo algo que semánticamente suena imposible: quieren que el presidente vuelva a ser un outsider. 

Hay una máxima en política que, aunque no le guste, también aplica para Trump: todo partido o político en el gobierno sufre desgaste una vez toca poder. La tarea titánica de los asesores es esconder los 1634 días que hoy lleva el presidente en el cargo y revivir el espíritu de 2016.

Hay varios indicios de lo anterior, pero uno que quizá pasa desapercibido es el regreso del eslogan Make America Great Again en lugar del olvidado Keep America Great que se había planteado tiempo atrás. El primero recuerda al triunfo de 2016 y el segundo hubiera sido un excelente eslogan si la gestión hubiera sido medianamente positiva o si no estuviera experimentando algún tipo de escándalo. Y justo aquí está la clave.

Otro ejemplo es buscar revivir la actitud de self-made businessman que había medianamente abandonado al tomar una actitud más de gestión a lo largo de la campaña. Basta con recordar que hace algunos meses uno de los primeros videos de la campaña hablaban sobre datos de gobierno y avances en la administración; video donde nuestro presidente hizo, por decirlo así, un “cameo”.

Presentarse como un hombre fuerte ha sido la línea luego de la evidente imagen de dificultad respiratoria de hace unas semanas y ha dado para todo tipo de ideas, incluso la de que el día de su regreso a la Casa Blanca, ante las cámaras, Trump abriera su camisa y debajo llevara una camiseta con el emblema de Superman. Afortunadamente fue desechada.

Trump y su equipo quieren evitar a toda costa que se le asocie con la palabra “continuidad”, pero el detalle es que no hay un rumbo claro. Están dejando que Trump hable fuerte, que sea imprudente, que provoque y que moleste y parece ser que la cosa no pinta para que el presidente siga cuatro años más. ¿Será que al interior del partido están dejándolo que Trump se hunda en su propio fango? 

#ElNidoDelGavilán: “Cuando el río suena es que agua lleva…”

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El estado de Chihuahua se ha vuelto una nueva arena de la disputa por el agua. El origen: El convenio de reparto del vital líquido que tiene México con Estados Unidos y que no se ha pagado en tiempo y forma.

Diversas protestas se han suscitado e intensificado derivado del aumento del desfogue en las presas de Chihuahua para cumplir con el acuerdo el cual vence el 25 de octubre próximo.

Diversos grupos de agricultores han afirmado que el pago de agua les afectará en sus ciclos de cultivos y sostienen la existencia de una sequía atípica.

El 8 de septiembre se llegó un punto máximo de tensión, campesinos se enfrentaron a la Guardia Nacional haciéndola retirarse. El saldo del choque fue una mujer fallecida. En todos estos choques a lo largo de meses han quemado casetas y camionetas de la CONAGUA, CFE.

El conflicto se ve de distintos frentes, de un lado, CONAGUA y el Gobierno Federal abogan por el pago, casi a cualquier precio, asegurando que Chihuahua tendrá el agua que le corresponde. Mientras que del otro lado, grupos agroindustriales, pequeños campesinos y panistas y priistas vivales de cara al periodo electoral.

En un tratado que data de 1944, México debe dar anualmente 431 millones de milímetros cúbicos a Estados Unidos; mientras que los norteamericanos entregan al país mil 850 millones de metros cúbicos. Hasta ahí, todo bien, el problema es que México tiene un impago que data desde años y se debe cubrir. De ahí la imperiosa necesidad del Presidente de pagar a como dé lugar a fin de evitar un conflicto diplomático.

Sin embargo, la realidad del agua en Chihuahua es de una constante sobreexplotación por parte de diversos actores. Las industrias alfalfera, nogalera y de otros cultivos que demandan cada día más agua. Se suman los intereses de Coca-Cola y Heineken que tienen plantas en el Río Conchos, la obtención ilegal de agua en rancherías de forma organizada o artesanal y la rampante corrupción de Conagua al no regular el uso del agua en esta región del país.

Esto es un conflicto social avivado por la desinformación y la manipulación, principalmente del lado de los agroindustriales quienes tienen voz y voto y no los campesinos que salen en las protestas, que si bien también son afectados, muchos de ellos son realmente empleados o movilizados por grupos políticos.

El oportunismo político aliado a los acaparadores del agua ha mostrado a diputados del PRI y el PAN en plena campaña, a la alcaldesa de Chihuahua (precandidata a la gubernatura) y al propio Corral colgándose del tema hablando de “la defensa del agua de Chihuahua”, un chovinismo regionalista que nada tiene que ver con garantizar el agua a pueblo rural y menos aún a los empobrecidos habitantes de Ciudad Juárez, Chihuahua o Cuauhtémoc. Esto se alimenta de la actitud confrontacional del Presidente que nulifica el diálogo y deja sin margen de acción a una directora de Conagua que tampoco ha logrado pronunciarse.

Ya dijo Andrés Manuel que el gobierno de Chihuahua “tiene que resolver el problema que provocaron”. Y para solidificar su posición tiene en presencia constante a la Guardia Nacional en las presas de Chihuahua, lo que indica que las compuertas de las presas serán abiertas, con o sin el acuerdo de los agricultores de los distintos módulos de riego en Chihuahua.

Corral, en tanto, ninguneado por el presidente y acusado de tibio, por no tener una posición firme en el conflicto (aunque inclinado a los agroindustriales), reclama represalias en temas de seguridad y poco a poco se queda arrinconado.

En un estado que sistemáticamente ha sido incapaz de lidiar con la violencia y los feminicidios en Juárez, gobernadores prófugos, el tráfico de personas, el narco, la tala ilegal, la minería ilegal, se suma un conflicto por el agua que poco valora al líquido sino al rédito de la politiquería electoral.

De nada sirve que el Presidente quiera resolver el tema con la Guardia Nacional o las habladas, pues esto alimenta a la oposición de cara a 2021. Tiene que demostrar las habilidades políticas que no se tienen ni en el estado ni en lo local.

El problema se tiene que resolver institucionalmente, desde CONAGUA, que para eso está, negociando, explicando, llegando a acuerdos con los grupos agricultores y sentando una regulación transparente para todas las partes involucradas aún y con las carencias tecnológicas existentes.

Lo dicho, dicho está.

Pisos, no techos

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Nuestra democracia se encuentra en construcción y ¿por qué no decirlo? en deconstrucción. Cada proceso electoral es una nueva oportunidad para repensar la representación y el poder y, en el caso mexicano, esto ha ido a la par de integrar cada vez de manera más efectiva, el principio de igualdad y no discriminación. 

Hablo de deconstruir y de re-pensar, pues las resistencias más frecuentes se encuentran en argumentos como la autodeterminación de los partidos políticos y la protección de su vida interna. Pero ¿por qué ésta no podría ser compatible con la igualdad de oportunidades para todas las personas? ¿por qué no avanzar hacia nuevas y mejores formas de hacer democracia? ¿por qué no re-imaginar la representación política para que sea más parecida a su ciudadanía? ¿por qué no acoger las reglas y lineamientos que son más protectoras para los derechos político electorales de las mujeres, las juventudes, las personas con discapacidad y las personas indígenas, entre otros grupos? ¿por qué resistirse a la mejora de la calidad de nuestra democracia, en la que quepamos y aportemos todas las personas?

Ocurre que la historia relegó a diversos grupos, cada uno de ellos ha enfrentado distintas formas de resistencia para acceder al poder y así poder modificar su realidad a través de reformas legislativas eficientes que se apeguen a sus vivencias y realidades. 

En ese contexto, se han impulsado acciones afirmativas para hacer posible una democracia incluyente. Las acciones afirmativas son una manera de buscar soluciones prácticas e innovadoras para derribar obstáculos y resistencias que ocurren, en el caso electoral, para garantizar un piso parejo y de igualdad de oportunidades en la postulación de candidaturas y la integración de órganos. Se ha probado con el tiempo que las acciones afirmativas son necesarias, pues las resistencias y los obstáculos con que cuentan los institutos políticos no necesariamente se eliminan por voluntad propia. 

Tal es el caso de las cuotas de género y de la reciente paridad de género ya inscrita en nuestra propia Constitución, pues a cada medida implementada para garantizar los derechos político electorales de las mujeres, llegaba una nueva forma de resistencia. 

Ahora nos encontramos ante nuevos avances: los organismos públicos locales electorales, como es el caso de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, se encuentran impulsando también acciones afirmativas para otros grupos que históricamente han estado en desventaja como las juventudes, las personas con discapacidad y las personas indígenas. 

Como en el caso de las acciones afirmativas para la participación de las mujeres, estas medidas enfrentarán, sin duda, resistencia por parte de los institutos políticos y de la sociedad en general. Ante ello, recientemente, la Sala Regional Xapala declaró que “las acciones afirmativas son pisos mínimos para garantizar la protección e inclusión de personas circunscritas a grupos que se han visto históricamente relegados en el ejercicio de sus derechos”. 

Y es que, si ya nos encontramos re-imaginando una democracia más incluyente, habrá que migrar a pensar estas acciones como esenciales y no limitativas, como pisos mínimos y no techos. Las acciones afirmativas serán necesarias mientras no solucionemos las causas que generan estas desigualdades y resistencias. Es el tiempo de los grupos que han sido históricamente relegados de los espacios de toma de decisiones. Es el tiempo de volver a construir y a idear las mejores formas de hacer democracia sin discriminación, sin estereotipos y sin violencia.