El presupuesto que no es presupuesto

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La semana pasada, fue aprobado por la Cámara de Diputados, con 305 votos a favor y 151 votos en contra, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021. Desgraciadamente, pese a que hubo una infinidad de reservas por parte de los opositores a la bancada de Morena y sus aliados, estas no fueron atendidas. Dando como resultado, una vez más, otro fracaso en cuanto al establecimiento del diálogo y la pluralidad de ideas dentro de la Cámara. Fue así, como se decidió que el gasto a ejercer este 2021 por parte de la Federación sería de 6 billones 295 mil 736 millones de pesos. Dentro de los aspectos más trascendentes a contemplar que surgieron de esta decisión, se encuentra una reducción presupuestal evidente a los estados y municipios y un aumento característico a los programas de carácter asistencialista que hemos venido viendo a lo largo de esta nueva gestión de la administración pública federal. 

Cómo bien se había proyectado con antelación, el recorte presupuestal a estados y municipios ronda los 182 mil millones de pesos. Cabe destacar, que esta cifra es menor al gasto federalizado que se tuvo por aprobado en términos de participaciones en el presupuesto correspondiente al año en curso. A pesar de que hubieron múltiples oportunidades de dialogar por parte de la alianza federalista hacia el gobierno federal, estas fueron rechazadas en innumerables ocasiones. Resultando así, exactamente lo previsto: una Cámara que lejos de actuar con autonomía actuó por una mayoría no representativa, este es un peligro evidente del cual muchos críticos estaban conscientes desde que la Cámara de Diputados quedó conformada prácticamente sin contrapesos. La única respuesta que se tuvo por parte de gobierno federal, fue que esta era una de las tantas estrategias de austeridad y que garantizarían una mejor distribución de recursos. Sin embargo, esta afirmación no descarta las repercusiones que se darán a manos de este recorte. Creer que la austeridad soluciona la corrupción y redistribuir los recursos de forma dudosa, a través de la centralización de los mismos, hace a muchos cuestionar su procedencia y por ende su transparencia. 

La 4T no es ajena y mucho menos inmune a la corrupción. Ya se ha tenido conocimiento de grandes escándalos en materia de corrupción, provocando incluso el desistimiento de algunos representantes de Secretarías que solían integrar el movimiento morenista. Con estas acciones tan repentinas, poco a poco se defrauda mas al pueblo mexicano y lejos de ser la 4T la representación que muchos deseaban, se está convirtiendo exactamente en lo mismo que pretendía combatir. Creyendo que la reducción en cuanto al presupuesto estatal y municipal es ahorro, esta gestión está dejando entrever que a su percepción el uso de las contribuciones para la atención del ciudadano a través de las instancias que tiene a mayor proximidad, representa un gasto cuando en realidad se trata exactamente de lo contrario: una inversión. Por otra parte, el que estos recursos se remitan a las instituciones de nueva creación y a sus programas de carácter asistencialista no garantiza necesariamente que la calidad de vida de los mexicanos haya mejorado. Si bien es cierto, desde que empezaron a funcionar estos mecanismos no ha habido como tal una rendición de cuentas respecto a los apoyos entregados y sobre todo en cuanto al impacto que han tenido los mismos en la población mexicana. 

Alejar el presupuesto de quienes lo solventan en su carácter de contribuyentes, peso por peso, día a día, es una nueva modalidad de transgredir los derechos de los mismos. Si bien no existe una figura progresista que asemeje la función del salario mínimo vigente aplicable a esta materia, sería óptimo que existiera. Ya que esta podría ubicar y hacer exigible un mínimo en cuanto a la distribución de los rubros que cubre el presupuesto de egresos de la federación. Una figura como tal debiera considerarse a efecto de la distribución que se hace año con año, fijando así metas de progreso y no de retroceso. De esta forma, se tendría un candado que evitaría que estas situaciones se produjeran en un futuro a la llegada de una nueva gestión. Es importante reflexionar que centralizar los recursos jamás será sinónimo de transparencia ni mucho menos un intento de querer ayudar al grueso poblacional, en medio de una pandemia, si no se tiene ni la confianza ni las instituciones suficientes para demostrar a la población, su uso. 

El mexicano imparable

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A lo largo de los meses crudos de la pandemia, 12.5 millones de mexicanos dejaron de ser parte de la población económicamente activa en lo que fue, verdaderamente, un mar de incertidumbre económica. Justo hace una semana, el INEGI comunicó a través de la ENOE (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) que al concluir el mes de agosto, 7.1 millones de mexicanos habían recuperado sus empleos. Desgraciadamente, la reactivación del mercado laboral no fue exactamente la idónea. Ya que, en su mayoría, los mexicanos que recuperaron sus empleos lo hicieron en trabajos relativamente informales. Algunos incluso, se vieron en la forzosa necesidad de trabajar por menos del ingreso que estaban acostumbrados a percibir con anterioridad. No hay manera de negar lo evidente, uno de los retos de estas nuevas adecuaciones será el cómo proteger a los trabajadores y a las pequeñas empresas. 

Llegamos a un punto no visto en muchos años, las estadísticas precisan que 1 de cada 4 mexicanos se reincorporaron a sus respectivas labores en el marco del sector informal. Con esto en consideración, se llegó a otras dos cifras clave, mismas que determinan qué probablemente lo que reste de la pandemia el 22.6% de la población económicamente activa gane como máximo el equivalente a un salario mínimo por jornada. Mientras que el 35.7% ganará entre 1 y 2 salarios mínimos como máximo. Cerrando las cifras un poco, prácticamente estamos hablando de que casi la cuarta parte del país perteneciente al rubro económicamente activo va a vivir con menos de 123.22 pesos al día. Esto es francamente alarmante contemplando que probablemente tengan una familia. A fin de entender a mayor profundidad la situación, es importante replantearnos la siguiente pregunta: ¿para qué nos alcanza con 123.22 pesos?  

En el margen del año del “Gran Confinamiento” cómo bien lo anticiparon muchos expertos, se reportó que los negocios más perjudicados en términos de empleados desocupados fueron las MIPYMES, en específico: los micro-negocios y las pequeñas empresas. Cabe destacar que el rubro de prestación de servicios fue también el mas devastado por la contingencia. Hasta el momento, tenemos el conocimiento de que el desplome del PIB de nuestra nación fue de un 18.7%, otro número que permanecerá como la caída más aguda en la historia. Puede que para muchos, las cifras anteriormente señaladas resulten poco alentadoras. A pesar de ello, él común denominador sugiere exactamente lo contrario. 

La maravilla del mexicano, reside en que a pesar de cuán difícil pueda resultar la situación, o qué tan poco prometedora pudiera parecer, se olvida de esto, ya que basta con decir que el mexicano promedio labora 2148 horas, siendo la media mundial de apenas 1734 horas al año. Más allá de los indicadores que nos representan como nación, los mexicanos están resolviendo sus inquietudes y necesidades en sus hogares. Si bien es cierto, la pandemia vino a causar una inestabilidad significativa, pero esto no detuvo a muchos de comenzar a emprender con artículos de primera necesidad para hacerle frente a la situación. Ante la contingencia, muchos optaron por hacer de algunos de sus pasatiempos nuevas fuentes de ingresos. Incluso encontrando así, alternativas para poder laborar desde sus hogares. La pandemia ha traído consigo, la oportunidad para muchos de reinventarse. 

Incluso ante una situación tan compleja como la que nos encontramos enfrentando en la actualidad, las ventas online han apoyado a que más emprendedores hicieran crecer sus negocios. Para muchos, esto es algo prometedor y un gran punto de partida. Además, es importante señalar que esta inserción en el panorama digital permite entrever un posible crecimiento de estas plataformas hasta del 40% en los próximos meses. Algunos críticos aseguran que esta modalidad de transacciones será clave para potencializar la recuperación económica de nuestra nación y que en algunos meses, podría incluso dejarnos en una posición económica mucho más estable. Los mexicanos hemos dejado en claro una cosa: en tiempos de crisis, estamos también ante tiempos de oportunidades. 

Definitivamente los últimos meses no han sido sencillos, pero a pesar de todo, este es el punto histórico al que probablemente teníamos que llegar para diseñar una nueva época y solidificar un México distinto. Tal vez era necesario unificar a la nación hogar por hogar para poder entender y asimilar mejor la situación. Poco a poco, la nación entera se ha acoplado a los retos emergentes demostrando una fortaleza inmensurable, sumamente característica. En un mar donde algunos van en un bote modesto y algunos otros en embarcaciones un tanto más grandes, este es el momento clave para apoyarnos unos a otros y salir adelante. 

La guerra del agua

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En el año de 1944, se celebró un Tratado de Aguas entre los Estados Unidos y México. En este, se pretendía puntualizar el aprovechamiento relativo a los cuerpos de agua que comparten ambas naciones. Como era de esperarse, al paso de los años, el hecho de no adecuar un tratado una vez mas ha traído consigo notables consecuencias y por ende, puntos controvertidos. A medida que se incrementan las diferencias y las afectaciones a los productores no cesan, en Chihuahua se está viviendo lo que en otras décadas pudiera haber sonado surrealista. Hoy en día una realidad: una guerra por el agua. 

El acuerdo previamente mencionado, detallaba que México debería entregar año tras año un total de 432 millones de metros cúbicos de agua y mientras tanto, Estados Unidos lo correspondiente a 1,850 millones. Sin embargo, en fechas recientes se declaró que México había acumulado una deuda por 426 millones de metros cúbicos. Cabe destacar, que como término final después de 5 años de prórroga, para el cumplimiento de esta obligación se fijó el próximo 24 de octubre.  Acercándose la fecha y en una situación bastante complicada, pese a que se ha sugerido en innumerables ocasiones renegociar el tratado ya que este carece de actualización alguna, esta idea ha sido rechazada por la actual Administración Pública Federal. 

Por su parte, los productores afectados por esta decisión se han visto en la forzosa necesidad de incurrir en múltiples movilizaciones a propósito de ser escuchados. Desgraciadamente, el pasado 8 de septiembre, esto llevó a un incidente en el cual una mujer perdió la vida y múltiples civiles se vieron afectados por parte de la Guardia Nacional. Los campesinos denunciaban que sus cosechas se verían afectadas por el consecuente desabastecimiento de agua y por lo tanto, el siguiente ciclo estaría en riesgo. En el marco de una pandemia, estos sucesos no son para nada alentadores. 

El Presidente López Obrador, declaró la mañana del 25 de septiembre que estos movimientos eran de carácter oportunista y que se encontraban fundados en intenciones de opositores corruptos. Lo anterior, no dejando de señalar cómo delincuentes a los respectivos líderes del movimiento. Sin embargo, los agricultores recalcaron que su intención es dialogar, a fin de poder contar con el agua necesaria para seguir trabajando el campo. Después de todo, ellos únicamente quieren tener la certeza de qué podrán salir adelante y que efectivamente, sus inquietudes serán resueltas. La falta de empatía por parte de la Federación es evidente. 

Mas allá de cumplir con una simple obligación, estamos ante una decisión que pone en riesgo el sustento de miles de campesinos y por ende la estabilidad económica de sus mismos hogares. Por otra parte, esto puede dañar el ecosistema que les rodea. Las aguas de la nación nos conciernen a todos, en estos momentos, antes de que se pretenda cumplir con una obligación es necesario pensar en la responsabilidad que hay por parte de Gobierno Federal hacia los productores que año tras año contribuyen con sus ingresos. 

A fin de poder resolver esta problemática el diálogo por parte de la Administración Pública Federal con expertos en la materia y ciudadanos afectados será crucial. No hay forma de poder dar respuesta a esta problemática sin que se tengan por contempladas las opiniones de los productores que tanto han aportado a nuestra nación. Si es necesario renegociar, esas son las facultades para las cuales deberían estar preparadas nuestras autoridades. Poniendo por delante las necesidades del pueblo mexicano y después las de otros países. Ahora más que nunca, debemos luchar porque a los mexicanos se les escuche y no a que se les repriman o quiten recursos.

Hablemos de trabajo y de dinero

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Todos estábamos conscientes de que la contingencia traería consigo repercusiones. Sin embargo, nadie podía tener la certeza de qué magnitud tendrían los daños colaterales. Es así, como en un marco internacional no solo se ha venido viviendo una pandemia en términos de salud, sino también en términos laborales: el desempleo. A nivel mundial, la OIT estimaba que en el segundo trimestre de afectaciones por covid-19 se vería reflejada una pérdida de empleos que ascendería a los 195 millones de personas desocupadas. 

En México, de acuerdo al Presidente López Obrador el total de empleos que se han perdido ya llega a 1 millón 140 mil. Evidentemente el problema no es la proporción, sino que el número de personas  que se han visto afectadas es bastante significativo. Viendo más allá de ser simples personas, son familias a las cuáles se les ha complicado adicionalmente el poder hacerle frente a la contingencia. 

Como se ha dicho anteriormente, en México 8 de cada 10 empleos surgen por parte de las pequeñas y medianas empresas. Desgraciadamente, a pesar de que hace dos días la Secretaria de Economía; Graciela Márquez Colín, comentaba que no dejarían morir a las pymes. Hoy por hoy sabemos que en el marco de todo lo que ha sucedido, entre abril y junio han cerrado 10, 351 pymes. Por otra parte, en términos de los famosos “créditos a la palabra” se sabe qué se han distribuido alrededor de 16 mil mdp en créditos. Recordando un poco acerca de estos créditos, estos consisten en un monto de 25 mil pesos por parte de gobierno federal para quienes lo soliciten con un esquema de tres meses de gracia. El número de beneficiarios rodea los 641 mil.  

Sin embargo, para muchos aún -y con justa razón- representa un estigma el “negociar” o “tratar” con gobierno federal sobre todo para pedir un préstamo. Y aunque muchos han hecho hasta lo imposible por no cerrar sus negocios, la contingencia provocó que muchos tuvieran que dejar de operar, hacer recortes de personal o incluso cambiar el giro de su negocio. Ser parte del sector esencial probablemente jamás había sido tan deseado como lo es ahora. 

Hablemos de la Secretaría de Trabajo y Previsión de Social, específicamente, de lo que compartió la Secretaria Luisa Alcalde en una conferencia vía twitter el 1 de abril del año presente y cito: “de acuerdo a la LFT y en el entendido de que la autoridad sanitaria declaró una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor no hay fundamento legal para separar a los trabajadores o dejar de pagar salarios, tampoco es aplicable el criterio del pago únicamente de salario mínimo, la obligación general debe ser el salario íntegro…siempre pensando que para las y los trabajadores, el salario es el sustento que tienen para ellos y para sus familias”. En pocas y llanas palabras, la LFT para efectos de este supuesto quedó de lado o en segundo plano. 

Desde esta perspectiva, al gobierno federal le pareció justo que a todas y todos los trabajadores se les pagara el salario de forma íntegra a pesar de que no todas las empresas estuvieran operando. Desgraciadamente, su postura ha venido cambiando, ya que apenas hace unos días surgió la noticia de que la STPS estaba dejando sin equipos a funcionarios públicos, limitando el uso de servicios básicos y solicitando que “voluntariamente” hicieran aportaciones de su salario para ser “solidarios” con el gobierno federal. No me encanta la idea de ser sensacionalista pero ¿cuándo va a ser el gobierno de México solidario con los trabajadores? Es decir, si se tratase de solidaridad probablemente ya habrían podido vender el avión presidencial, dejar de lado la compra de estadios de béisbol, o suspender por el momento los proyectos de los que tanto se ha venido hablando como la Refinería Dos Bocas o el Tren Maya. 

Todas estas cuestiones indubitablemente son incongruencias de la tan afamada 4T. Sin más y dejando a criterio de cada uno de ustedes lo que perciba de toda esta situación, solo quisiera compartir una frase de Winston Churchill para reflexionar al respecto: “Muchos miran al empresario como el lobo que hay que abatir; otros lo miran como la vaca que hay que ordeñar y muy pocos lo miran como al caballo que tira del carro.” 

La Otra Pandemia: El Desempleo

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En los últimos dos meses, el pueblo mexicano se ha visto en la forzosa necesidad de enfrentarse a la ya conocida pandemia mundial de Covid – 19. Sin embargo, a pesar de la existencia de esta enfermedad y de la severidad de la misma, existen otros problemas que aquejan a los mexicanos. Entre ellos: una tasa de desempleo que no para de crecer. 

Pareciera que se trátase de otra pandemia, pero en el último mes los niveles de desempleo han experimentado una pendiente incluso mayor que la del número de contagiados. A la fecha, en México se tiene conocimiento de 27,634 casos de coronavirus. Sin embargo, de acuerdo a Banxico la cifra de desempleados ya supera los 700 mil. 

Para darnos una idea del panorama completo, es importante señalar que en el 2019 a nivel nacional se generaron 342,077 empleos formales. Esto quiere decir que en “lo que ha durado” la crisis del coronavirus en nuestro país, más del doble de los empleos generados en el año pasado se han perdido. Las repercusiones de esto son innumerables. Y es que además de lo difícil que se ha tornado la situación, muchos mexicanos han tenido que elegir entre su derecho a la salud y su derecho al trabajo. 

La pregunta aquí es, ¿de qué se van a sostener los hogares de los 700 mil mexicanos que se quedaron sin empleo? Y por otra parte, ¿cómo afrontaran la pandemia? 

En esfuerzos por negociar respecto a medidas para promover la reactivación económica, el Consejo Coordinador Empresarial presentó en días pasados un plan con diez puntos a seguir. Tristemente, esto solo dejo ver que preponderantemente quien ha tomado la iniciativa por hacer algo ante esta situación y sus posibles repercusiones, es el sector privado. Por parte de la Administración Pública Federal se habla de un fondo de 3 millones de pesos para apoyar, a través de créditos de 25 mil pesos tanto a empresas formales como informales. Siendo muy honestos, ¿qué nomina de empleados se cubre con 25 mil pesos? 

Hay una particularidad muy significativa en los comunicados e incluso en los discursos que vemos día a día. Desde que todo esto comenzó pareciera que hay una “guerra” por motivar o hacer creer que todas las empresas son grandes emporios o grupos de renombre. Para hacerle frente a la crisis actual es necesario que eso se desmienta. México se sostiene, realmente, de las pequeñas y medianas empresas. Específicamente para efectos del ámbito laboral, estas empresas generan el doble de empleos que las grandes empresas. Las cifras van más allá de los diez millones de empleos. Con esto podemos deducir, que si desprotegemos a los negocios pequeños, desprotegemos al país entero. 

Por otra parte, la falta de incentivos y apoyos a negocios de las categorías anteriormente mencionadas, podría derivar en mayores niveles de desempleo a los que ya se han visto. Y por ende, en un declive aún mayor de lo que se prevé para la economía nacional (7%). Desmotivar a las empresas y fomentar la incertidumbre solo promueve que más mexicanos se vean afectados por decisiones no asertivas por parte del Gobierno Federal. 

En estos momentos de crisis y antes de que se deteriore más la confianza hacia las autoridades e instituciones federales por parte del pueblo mexicano, es indispensable que haya una responsiva de cero tolerancia hacia las violaciones a los derechos humanos. Lo anterior, acompañado de una perspectiva de unión y por supuesto, de la implementación de todos los mecanismos que se consideren necesarios a fin de aminorar la contracción económica.