Author: Waldo Fernández

#Kleroterion: “La Seguridad Pública y sus desafíos”

by Waldo Fernández
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La seguridad pública sigue siendo una prioridad para la ciudadanía y el Estado mexicano. Este año será el más violento en materia de homicidios dolosos desde que se lleva la estadística del delito el cual se incrementó en 25 entidades del país. La violencia la genera la delincuencia organizada debido a los miles de millones de dólares que sus actividades le reportan, dinero con que compran armamento, infiltran instituciones, destruyen el tejido social, y extienden sus redes hacia otros delitos en el nivel nacional y trasnacional. Por ello, la seguridad pública, la de todos los días, es central para los tres Poderes de la Unión y debiera serlo para las 32 entidades federativas, dado que un Estado que no puede garantizar la vida y los bienes de sus habitantes está en riesgo de disolución.

En  México sólo 900 municipios realmente tienen corporaciones policiales, el gasto en seguridad pública se duplicó en 10 años y la violencia se mantiene, y el mando único para las policías estatales está pendiente; por otra parte, algunos delitos que afectan sustancialmente a las personas se incrementaron, y existen desafíos legislativos que resolver en materia del sistema de justicia penal acusatorio. Todo ello más el proceso de construcción de la Fiscalía General de la República, la transformación de las Fiscalías del país, y la puesta en operación del sistema nacional anticorrupción que supone cambios de envergadura en diversas  instituciones del Estado para iniciar una verdadera campaña contra la corrupción.

En el caso de los delitos y el sistema de justicia penal acusatorio existe una serie de tareas a esclarecer. Como antes se señaló, en México los homicidios dolosos crecieron de forma significativa: en 1997 fueron 16 mil 886 casos; en 2016 fueron 22 mil 967, y a septiembre de 2017 sumaron 18 mil 637. A la violencia de la delincuencia organizada ahora también se suma el mayor uso de armas de fuego en riñas y venganzas, en el robo con violencia, en el robo a transeúnte, y en el robo a casa habitación. Por ejemplo, en el delito de robo a negocio las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNS) muestran que creció en toda la República de modo ostensible: el 66 por ciento de las entidades presentaron incrementos entre el año 2016 así como en 2017.

Mientras tanto la portación de armas no es delito grave. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en cinco años se incrementó el número de armas en los hogares del país: de 145 mil 939 en 2011 a 232 mil 746 en 2016. Por ello, la Conferencia Nacional de Procuradores y la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública solicitaron que los delitos con uso de armas de fuego sean parte del catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa; y que la portación de armas sea considerada un delito grave; estos cambios son parte de la agenda Legislativa que debe atenderse en beneficio de la sociedad.

La seguridad es tarea de todos y si el robo en sus diferentes modalidades con violencia no amerita la prisión preventiva oficiosa porque así está en la ley, pues hay que cambiar la ley para proteger a la sociedad; mismo caso de la prisión preventiva justificada que en unos casos si se concede y en otros no ante quienes roban negocios, casas, y personas. Quienes venden armas difícilmente son llevados a prisión preventiva y menos aún a prisión preventiva justificada, mientras que la cifra de homicidios y de robos con violencia sigue creciendo. Estos son algunos de los desafíos a resolver y que reclaman la acción del Legislador para tener las leyes acordes a la realidad que vivimos.

#KLEROTERION: “México necesita una Ley de Seguridad Interior”

by Waldo Fernández
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n la Cámara de Diputados el 30 de noviembre de 2017 se aprobó el dictamen de la Ley de Seguridad Interior con 215 votos a favor; 101 en contra y 4 abstenciones;  esta minuta se enviará a la Cámara de Senadores para que con su análisis, discusión y aprobación, pase al Pleno de esa Cámara, y si es aprobada, enviarla al Presidente de la República para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En 34 artículos y 4 transitorios, esta Ley busca regular las actividades de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior y establece las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios.

Por primera vez en nuestra historia nacional podríamos saber qué se entiende por seguridad interior, cómo regular las acciones del Ejército y la Marina en apoyo de las institciones civiles, por cuánto tiempo, cómo y bajo que condiciones institucionales, y en particular, terminar un debate que encierra una paradoja: las Fuerzas Armadas son las únicas instituciones que en México poseen las capacidades para enfrentar a la delincuencia organizada pero al mismo tiempo diversos actores públicos, privados y sociales señalan que su actuacion no tiene el respaldo jurídico adecuado, así las cosas se hace necesario regular su desempeño en estas tareas con pleno respeto a los derechos humanos, bajo el principio de que la responsabilidad en materia de seguridad pública es de orden civil, sin embargo hace once años que se tiene la necesidad, pero no se tiene la Ley que evite las mismas situaciones que hoy se cuestionan.

Con esta Ley habría claridad sobre conceptos clave como son:  amenazas a la seguridad interior; riesgo a la seguridad interior; declaratoria de protección a la seguridad interior; inteligencia para la seguridad interior; y uso legítimo de la fuerza. La indefinición jurídica en el actuar de las Fuerzas Armadas es algo que debe terminar por el bien del país, por la seguridad de las personas y por el necesario fortalecimiento del Estado de Derecho en México. Es claro que la responsabilidad de la seguridad pública es un asunto civil y por tanto de las policias municipales, estatales y federales, que nadie quiere al Ejército en las calles para enfrentar a la delincuencia organizada empezando por las propias Fuerzas Armadas, que el país necesita corporaciones policiales con equipo, adiestramiento, comunicaciones e infraestructuras modernas, y que se somete a una tensión mayor el Ejército y a la Marina Armada de México al ordenarle realizar misiones que deberían ejecutar los civiles.

Sin embargo, entonces cuál es la respuesta: sólo tenemos 900 policías que pueden considerarse como tales en los más de 2 mil 400 municipios del país; el Estado de Fuerza de las Policías federales es insuficiente; las 32 policías estatales no podrían enfrentan por si mismas a la delincuencia organizada, más aún cuando se trata de delitos federales en los que no tienen competencia; y que el gasto en seguridad y justicia de acuerdo al Instituto belisario Domínguez del Senado de la República se duplicó en diez años y aún así no es suficiente.

La congruencia política es necesaria ante el juicio público, por ello voté a favor de la Ley de Seguridad Nacional, se trata de un legado que define qué, cómo, cuándo y por qué las Fuerzas Armadas pueden y deben actuar en defensa de la sociedad, del Estado de derecho y de las instituciones democráticas.  Se trata de dar certeza a la ciudadania sobre lo que hacen su Fuerzas Armadas y permite trascender el mito de que su presencia está ligada a la violación de derechos humanos, su personal es el único que puede acreditar en el país la capacitación, conocimiento y  aplicación concreta del respeto a los derechos humanos como lo han demostrado por años, incluso defendiendo con su vida a los delincuentes que minutos antes les disparaban con armas de fuego. Sabemos que estamos en deuda con nuestras Fuerzas Armadas, que no podemos mantener el Ejército en una franca situación de indefinicón juridica, y que regular lo que ya hacen para servir a la nación debe regularse por el bien de todos.

Iniciativa para abrogar de manera total las Patentes de Corso en México

by Waldo Fernández
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La Patentes de Corso eran permisos – cartas – que un gobierno representante de otras naciones en suelo conquistado así como de gobiernos soberanos emitían para que embarcaciones mercantes dispusieran de armas, con ello podían atacar poblaciones y naves enemigas. Con ello,  los Estados y Ciudades podía contar una marina de guerra cuando no disponían de los recursos para hacerla de forma institucional y así, librar batallas en su nombre mediante los corsarios. De ahí precisamente proviene el concepto corsario que era el nombre que se daba a los marinos con base en esta patente, en ese marco desplegaban acciones para interferir la navegación de los barcos de otras naciones, se les identificó con el saqueo, y con la deliberada destrucción de embarcaciones de otros países tal como sucedió con el conflicto entre Francia y España en el siglo XVI, fueron conocidos también con el nombre de piratas y mercenarios.

Es importante indicar que estas figuras jurídicas fueron derogadas con la firma del “Tratado Internacional de París de 1856” con que se dio término a la Guerra de Crimea. En el caso mexicano en el año de 1909 se aceptó que las patentes de corso quedaran abolidas; asimismo en la década de los años treinta del siglo XX se promulgó en México la “Ley para conservar la neutralidad” estableciéndose que no se aceptarían embarcaciones armadas en corso en los puertos de la nación, dado que violentaba la costumbre así como los tratados internacionales firmados hasta esa época. Sin embargo, en México el Código de Justicia Militar, el Código Penal Federal y otras disposiciones aún consideran esta figura por lo que recientemente se votó a favor y de forma unánime en la Reunión de Comisiones Unidas: Justicia y Defensa Nacional del H. Congreso de la Unión para reformar y derogar diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, del Código Militar de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal y de la Ley para Conservar la Neutralidad del País, para eliminar este concepto.

En particular se modificaron los artículos 211, 212, 213 y 216 del Código de Justicia Militar que hacían referencia a las patentes de corso así como el 146 del Código Penal Federal, el 164 del Código Militar de Procedimientos Penales y el Artículo Segundo de la Ley para Conservar la Neutralidad del País.

Esta iniciativa surgió a propuesta de quien escribe estás líneas con la colaboración inteligente y valiosa del estudiante de Derecho de la Universidad Veracruzana, Daniel Enrique Azuara Carrillo, quien desde hace tiempo ha mostrado interés por el derecho parlamentario así como por los temas de seguridad;  conocí a Daniel vía Facebook y luego de asistir por invitación de él a dar una conferencia en su universidad decidimos trabajar en conjunto para desarrollar esta propuesta que, busca conservar la neutralidad del país sin que haya contradicciones entre distintas disposiciones jurídicas.

Hay quienes desdeñan la iniciativa sin entender que una función del Poder Legislativo es armonizar la ley a la realidad. Una pena que algunos entiendan por legislar solo iniciativas para “sacar cosas” y no para arreglar nuestros códigos y leyes, tal vez esta manera de pensar es lo que genera debilidad del estado de derecho. Por nuestra parte el objetivo es claro: 60 años después se acaba con la letra muerta en un tema de suma importancia que reafirma nuestra neutralidad.

Propuestas para una mejor Ciberseguridad en México

by Waldo Fernández
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En México el acceso a internet es un derecho constitucional, se trata de una tecnología que ofrece ventajas sustanciales para el desarrollo humano contemporáneo, y por tanto se tutela este derecho, al mismo tiempo se ha hecho necesario encontrar el modo de proteger a las personas y a la organizaciones de una serie de delitos que utilizan estas tecnologías para causar daños, obtener beneficios ilegales e incluso realizar ataques a infraestructuras sensibles a los países. La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares de 2016 del INEGI, señala que en México 81 millones son usuarios de un celular, de estos  60.6 millones utilizan un teléfono inteligente o Smartphone: un incremento de 9.7 por ciento sólo entre 2015 y 2016.

A la par que las personas y las organizaciones tienen acceso a voz, texto e imágenes que facilitan sus comunicaciones, información, interacción y la posibilidad de realizar todo tipo de transacciones económicas, ocurre que están expuestas a una serie de delitos de nueva generación en el orden digital. Las pérdidas a la economía mexicana fueron de 3 mil millones de dólares en el año 2013, al año siguiente 10 millones de persona en México fueron víctimas de cibercrímenes. De acuerdo a reportes de Ciberseguridad de Norton, 689 millones de personas fueron víctimas de algún ciberdelito en el mundo en el año 2016, de estas 22.4 millones son mexicanas; ahí se calcula que el costo de los cibercrímenes en 21 países seleccionados fue próximo a 126 mil millones de dólares: 5.5 mil millones se obtuvieron como resultado de crímenes cometidos en nuestro territorio; las causas más recurrentes en México fueron: robo de equipo celular (33%), falta de contraseñas seguras (26%) y correos hackeados (20%).

Por esta razón, y considerándose garantizar los derechos humanos, la libertad de expresión y la privacidad de personas y organizaciones, la diputada federal Sofía González Torres del PVEM y el que escribe estas líneas del PRD en la Cámara de Diputados, propusimos una reforma al Código Penal Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales con varios propósitos públicos.

En el Código Penal Federal se propuso; a) una reingeniería normativa a los delitos con sistemas informáticos o cometidos con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación; b) confrontar con más elementos la pornografía infantil; perfeccionar el texto normativo en los delitos de Acceso ilícito a sistemas y equipos de informática; incorporar un delito, respecto al que intercepte datos informáticos, información o comunicaciones dirigidas, originadas o efectuadas en o dentro de un sistema informático o sistema que utilice sistemas de tecnologías de información y comunicación incluidas las emisiones electromagnéticas que transportan datos, información o comunicaciones; e incorporar un Capítulo III que agruparía a los Delitos Informáticos, los cuales se tipifican en: con el Abuso de Dispositivos; con la falsificación Informática; y con la Usurpación de Identidad Ajena. De igual forma, se adiciona una fracción XXII en el artículo 387 para tipificar el fraude informático.

En materia adjetiva penal, se adiciona una Sección VII relativa a los actos de investigación para obtener evidencias digitales en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que agilizará la obtención de los medios de prueba para integrar las investigaciones de los delitos de manera ágil, eficaz y expedita acorde a las necesidades que nuestro mundo digital y nuestra ciudadanía nos demanda; además de otras disposiciones que permitirán tener una legislación robusta en beneficio de las personas y las organizaciones en México para que las autoridades puedan perseguir estos delitos con mayores capacidades.

El presupuesto para Nuevo León en 2018

by Waldo Fernández
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El uso y destino de los recursos en sociedades democráticas o que por lo menos aspiran a serlo, supone debates, donde se ponderan proyectos o propuestas cuyo objetivo es beneficiar a distintos grupos y sectores sociales; los recursos públicos a través de las políticas que generan los gobiernos habrían de traducirse en una mejora en la vida concreta de las personas, las familias y las comunidades. Sin recursos son bajas las probabilidades de arrancar programas o darles continuidad, menos aún de diseñar e implementar políticas públicas, salvo situaciones excepcionales,  señalar lo contrario es demagogia y engaño para los ciudadanos.

Como bien explica John Rawls en su libro Liberalismo Político, el debate en las sociedades contemporáneas es qué derechos se otorgan cuando todos los derechos son igualmente importantes. Trasladando ese argumento al reparto de recursos se vuelve complejo cuando todos los programas son importantes, podría preguntarse ¿a qué se le destina más dinero a educación, a salud, a seguridad? No es sencillo responder, más aún cuando aparecen lo urgente y lo inmediato.

En el caso del próximo ejercicio fiscal, si bien los estados tienen demandas legítimas respecto de lo más urgente en su respectiva entidad, lo cierto es que el Gobierno Federal debía responder este planteamiento en una situación extraordinaria: los sismos que afectaron a varios estados de la República y que demandan, entre otras cosas, la demolición y posterior reconstrucción de escuelas, hospitales, edificios y casas que fueron dañados.

Al considerar la emergencia nacional producto de los desastres naturales, es un logro que el presupuesto para Nuevo León no se viera disminuido. Después del diálogo del Ejecutivo Estatal, los diputados federales y el Secretario de Infraestructura pudo negociarse la cantidad de $9 mil 965 millones 487 mil pesos para el ejercicio del próximo año lo que se traduce en la capacidad de dar continuidad a diferentes políticas públicas y programas de infraestructura sólo por mencionar algunas de las consecuencias positivas de esta situación.

Nuevo León recibirá más de mil millones adicionales con respecto a 2017, lo que se traduce, por ejemplo en recursos para el “Programa Hidráulico” con un monto cercano a los 180 millones de pesos, casi 15 millones más que en 2017; es también el caso del rubro destinado al “Fondo Metropolitano”  donde se otorgarán a Nuevo León 286 millones de pesos, que corresponden al 8.7 por ciento de la bolsa nacional para el año 2018; o el “Fondo de Accesibilidad para personas con discapacidad” que obtendrá para el próximo año más de 17 millones de pesos.

Vale la pena resaltar también los casi 199 millones que fueron asignados para la construcción de un Paso Superior Vehicular sobre la Av. Morones Prieto y la calle José Calderón frente a la Universidad de Monterrey, proyecto del cual yo gestioné su registro y siendo este el único que obtuvo la validación técnica y financiera por parte de la Secretaría de Hacienda en este año. Esto me llena de orgullo pues el proyecto se inscribió apenas 3 meses atrás y terminará siendo uno de los más importantes que haya impulsado durante mi legislatura.

Otro apunte necesario es que dichos recursos se consiguieron en una negociación con todos los diputados federales, en la cual Edgar Romo vicecoordinador del PRI y de Nuevo León tuvo al final un papel preponderante.

Al ponderar estas cifras, proyectos y políticas puede señalarse que el debate sobre el dinero público se orientó a beneficiar al mayor número de ciudadanos posible con recursos limitados. La tarea del ejecutivo y de los diputados federales en el diálogo con el gobierno federal se cumplió debidamente.

Campañas políticas y responsabilidad pública

by Waldo Fernández
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Las campañas para la Presidencia de la República y la serie de cargos públicos que se disputarán en el año 2018 se prevé que serán altamente competitivas debido entre otros factores a que la alternancia es factible, a la posible configuración de un Frente opositor y a las preferencias electorales que mantiene MORENA, pareciera que las condiciones están puestas para una gran contienda electoral donde serán los ciudadanos quienes definan al Partido, Coalición, y en su caso candidato independiente que habrá de gobernar nuestro país durante seis años, además de la integración del Congreso de la Unión, y de diferentes gubernaturas, congresos locales y presidencias municipales que estarán en disputa en el proceso electoral y cuyos resultados se definirán través del sufragio,

El proceso electoral inició y con ello una serie de dinámicas políticas que ya presionan sobre las decisiones en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, mismo caso, de las decisiones en el Poder Ejecutivo Federal, y de los actores políticos locales; lo anterior es parte de la vida política en cualquier país democrático, sin embargo, lo sustancial radica en mantener la responsabilidad política en las decisiones que se tomen sin afectar el desempeño institucional del país y sin postergar las leyes necesarias que la ciudadanía requiere. Hay varios nombramientos importantes en materia de justicia pendientes que deben desahogarse, la aprobación del presupuesto 2018, así como leyes estratégicas relevantes como es el caso de la Ley de Seguridad Interior.

Una responsabilidad mayor que tendrán los partidos políticos, los candidatos a los puestos de elección popular y en su caso los candidatos independientes será conducir los procesos electorales en un ámbito de civilidad y respeto anteponiendo el interés público, que en otros términos significa evitar polarizaciones, conflictos socio – políticos, y manifestaciones verbales que crispen la relación política. Ante los retos que nos tocan vivir como son las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, necesitamos fundamentos claros y evidentes de estabilidad política, gobernabilidad democrática y unidad ante los grandes retos nacionales.

Es imperativo que las campañas se conduzcan en la ruta de los grandes intereses y objetivos nacionales. Más aún en tiempos donde algunas voces pretenden sembrar dudas en la población de algunos estados, de forma particular en Nuevo León, al señalar que mucho da y poco recibe de la federación, olvidándose que la equidad republicana radica en lograr equilibrios para que la ciudadanía de la nación única que es México pueda vivir mejor. No podemos ponerle precio al federalismo ni olvidar que lo que aportamos como estado, en el caso de Nuevo León, en nada se compara con la valiente actitud de nuestros hermanos de otros estados que arriesgan su vida por nuestra estabilidad y seguridad como activos del ejército mexicano. La nación es una, y a veces hay que recordárselo al oportunismo político que es un riesgo cuando existe una alta competencia electoral. México es una sola nación, diversa, plural y compleja, pero una sola.

Defendiendo al plurinominal

by Waldo Fernández
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Como expresara el politólogo italiano Giovanni Sartori, la democracia es el gobierno de las mayorías con el respeto de las libertades y derechos de las minorías; esta definición viene al caso para analizar la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 26 de octubre de 2017 que validó las reformas a ley electoral del estado de Nuevo León, que entre otras cosas, amplían el espectro para la distribución de diputaciones plurinominales: los partidos locales podrán inscribir una lista de candidatos plurinominales al Congreso Local, por ello, ahora van representación partidos y ciudadanos, que de lo contrario, difícilmente podrían entrar al Poder Legislativo, con ello, se dará lugar a las minorías de que habla Sartori para que más sectores o grupos de la población estén representados.

Esto es positivo porque posibilita a personas con perfiles profesionales elevados tener derecho (derecho político a ser votado) a obtener un cargo de elección popular, ya que, si sólo existieran diputaciones uninominales, es decir aquellas por las que se vota de forma directa, podría ocurrir que no ganasen los perfiles mejor preparados sino los que desarrollan una campaña más atractiva, los que tengan mejor presencia ante medios, o los más “populares”, o en su caso sólo los operadores políticos que de manera sistemática traban sus zonas de influencia.

Los diputados plurinominales son un mecanismo para representar a la sociedad, que tienen las credenciales profesionales que los avalan y nutren el debate democrático, mismo caso de otros grupos como los pueblos indígenas o las personas que viven con algún tipo de discapacidad, los expertos que trabajan por causas como los derechos de las mujeres en determinados ámbitos, o en juristas de amplia trayectoria que saben en forma y contenido reformar y escribir leyes.

Sin esta figura, que en su momento se consideró progresista y abonó para bien a nuestra democracia, se darían escenarios en los que un partido podría tener el control del congreso sin haber obtenido la mayoría de la votación. Por ejemplo, sin los plurinominales el PRI, que en la elección federal del 2015 obtuvo apenas el 29.18% de la votación emitida, tendría 160 diputados federales de los 300 que integrarían la Cámara, dándose el caso de que una minoría mandaría sobre la mayoría. Algo que la correlación de fuerzas de un congreso con plurinominales impide en este momento.

El que escribe estas líneas, diputado plurinominal federal y que entre otras cosas, tiene preparación en la abogacía y se ha desempeñado en el Congreso de la Unión, obtuvo diversos reconocimientos, como el Borde Score al ser considerado el legislador mejor rankeado obteniendo una puntuación de 100, y Presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional donde impulsó exposiciones, foros y Congresos sobre la Seguridad Nacional y el fomento al amor y respeto a los Lábaros Patrios sólo por mencionar algunas de las acciones realizadas.

Cuestionar a los diputados plurinominales porque no hacen campaña o porque no  han dedicado su vida de tiempo completo a la política rompe un principio sustancial de la democracia representativa; porque en democracia hasta el que pierde una elección habría de quedar representado. El partido que no se vio beneficiado con una votación mayoritaria tiene derecho a que su voz tenga eco en el Poder Legislativo, por ello la definición de Sartori es pertinente: sí con el voto de la mayoría pero respetando a las minorías, así se debe vivir en democracia. 

Pretender establecer un sistema donde el que gane, gana todo, y que pierde, pierda todo, constituye una regresión a los Congresos absolutos, donde se diluiría la representación de diversos colectivos; debe considerarse que puede ocurrir que sólo los cuadros con mayores capacidades de llevar votos a los urnas dominen -como de hecho ya lo hacen- los partidos políticos, sin que exista una franja para sus cuadros mejor preparados o bien actores políticos o de la sociedad civil que representan minorías que sólo a través de este mecanismo encontrarán una posición en el Congreso de la Unión o en los 32 Congresos Locales. 

Gracias Totales

by Waldo Fernández
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El que escribe estas líneas durante su gestión como diputado federal ha recibido cuatro distintos reconocimientos. Durante dos años consecutivos obtuve la presea al Mérito Legislativo, otorgado por la institución Día del Abogado, A.C., así como por el premio Águila CANACINTRA que brinda la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación.  Pero más allá del nombre de una persona, estos reconocimientos muestran un hacer colectivo que coadyuvan a lograr objetivos y al mismo tiempo a rendir cuentas a los ciudadanos.

Los reconocimientos, lo son a un trabajo en equipo y a una serie de esfuerzos que concitaron la participación de otros legisladores como el Diputado Ricardo Canavati, el Presidente de la Comisión de Justicia Álvaro Ibarra, y los Diputados Armando Luna, César Camacho, Jorge Carlos Ramírez, Marco Cortés, Rocío Nale, Clemente Castañeda, Javier Guerrero y Gustavo Madero.

Al recibir estos reconocimientos debo subrayar el esfuerzo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de otros institutos políticos, es el caso del Coordinador de bancada del partido, Diputado Francisco Martínez Neri, así como de Jesús Zambrano y Agustín Basave por su apoyo. De igual manera agradezco las apreciaciones de la Diputada Cristina Gaytán,  y de los Diputados Federales Fernando Rubio y Edgar Romo, así como de los Coordinadores Parlamentarios que posibilitaron el diálogo tan necesario en nuestra experiencia y también al gobernador de mi estado, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, por permitirme ser un canal para llevar las necesidades de Nuevo León  ante la Cámara de Diputados. 

Tales distinciones sintetizan una condición personal, porque el compromiso de la familia y los amigos se hace sustancial para alcanzar determinadas metas; muchos momentos dejan de tenerse con la familia cuando las responsabilidades son públicas pero, hay que decirlo, trabajar por México, bien vale lo merece, por ello agradezco a la familia y a los amigos su comprensión y apoyo en cada paso.

Soy de Nuevo León, y es difícil para mi, como creo lo es para todos los Legisladores que van y vienen a diferentes entidades, estar lejos de la familia, habituarse a otro clima, a otra comida, a otro trato, sin embargo, encontré en la Ciudad de México auténticos compañeros de trabajo, buena comida, y la mayoría de las veces un trato amable y generoso.

La vida pública en la Cámara de Diputados es un reto, se trata de una misión compleja que requiere tiempo y esfuerzo y ciertos sacrificios; así ha sido, en el caso del que escribe estas líneas. Este  reto que inició hace dos años, encontró un punto de apoyo en Borde Score, donde el suscrito  obtuvo junto con la Senadora Cristina Díaz, el honor de estar  como el legislador mejor ubicado en la presente Legislatura en el Congreso de la Unión al obtener una puntuación de 100; lo cual sólo puede ponderarse como el  trabajo conjunto de múltiples actores.

Las experiencias así como el aprendizaje obtenido y el trabajo realizado demandan mayores esfuerzos con el único compromiso de servir a nuestra Patria. Gracias a todos los involucrados, lejos están los méritos individuales, en cambio los logros se inscriben en la ruta que muchos Legisladores tienen de servir a México con rectitud, honorabilidad y trabajo de tiempo completo.

Las tareas como Legislador implican trabajar en distintas áreas de manera simultánea, las agendas se multiplican y cada una demanda tiempo, trabajo y concentración, nada más distante de una serie de prejuicios que prevalecen en el imaginario colectivo, algunos con razón, otros no. En cualquier caso, dedico esta columna a cada persona que tuvo para mi un gesto de apoyo, compañerismo, consejo y sobre todo que tuvo la voluntad de trabajar para servir de mejor forma a la ciudadanía; del mismo modo, expreso a mi equipo de trabajo sincera gratitud por su perseverancia, paciencia y resultados. Nos ganamos un reconocimiento, nos lo ganamos todos. 

Informar para dialogar en una República

by Waldo Fernández
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El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón conocido en diversos medios bajo el apodo de “El Bronco”, acudió al H. Congreso del estado de esa entidad federativa a entregar su Informe de Gobierno por escrito El lunes 9 de octubre de 2017, sin embargo, no se dio lectura al documento y tampoco hubo espacio para que se escucharan los posicionamientos de las distintas fracciones políticas. Parecía que el documento habría de entregarlo el Secretario General de Gobierno, Manuel González, dado que el C. Rodríguez Calderón había indicado con antelación “Yo, con enviar el informe al Congreso estoy cumpliendo con la ley”, por tanto se perfiló un escenario en que no realizaría la entrega; empero, el Gobernador arribó al Congreso sin leer algún escrito.

Entre los comentarios que se vertieron en el marco de la sesión, está que el C. Jaime Rodríguez Calderón indicó a modo de reproche “Todos dijeron el año pasado colaborar para llevar una relación cordial, menos complicada”, pareciera que el Gobernador del estado tiene una medida particular sobre la complicación democrática, porque es de suyo conocido que en una democracia las cosas son no sólo difíciles sino complejas dadas la pluralidad política y la diversidad social.

La respuesta del Coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) fue emblemática por sintética, el C. Arturo Salinas, expresó “Usted señor gobernador no quería venir aquí porque no quería escucharnos, no quería oír críticas, pero déjeme decirle que tenemos que ser muy claros y señalar los errores que ha cometido […] Este gobierno no ha cumplido con las expectativas que generó”. Y es que el actual gobierno estatal complicó  su desempeño al trabajar con base en un pragmatismo declarativo y decisorio que es una paradoja en sí mismo, asume un origen ciudadano y actúa con prácticas propias de partidos y gobiernos autoritarios.

Más allá del encono político entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, lo que ya es un problema que inició con aquello de considerar que se podía gobernar sin el Legislador; habría de considerarse la ventaja de tener un día de rendición de cuentas y diálogo entre poderes. La democracia es un juego difícil de pesos y contrapesos como expresa Walter Berns en su libro Democracy and the Constitution. Este principio que es también una necesaria práctica está presente en los más diversos teóricos y filósofos políticos, quienes subrayan que la cualidad democrática es el ejercicio en que los opositores son confrontados dialógicamente, es decir, a la oposición se le enfrenta en escenarios no letales, sino que la pluralidad y el debate de ideas posibilita un desarrollo ulterior.

En el caso del Informe de Gobierno del estado de Nuevo León no se abrió la posibilidad de un debate, y el hecho representa un retroceso democrático, pues la postura de uno no se nutre con la del resto. Los mismo acontece en el orden federal donde el diálogo entre poderes se ha vuelto por lo menos improbable. El Informe de Gobierno se convirtió en dos monólogos de dos poderes que en cambio, debieran por el bien de la República asumir que la tolerancia y el respeto al decir ajeno son principios de civilidad política; así las cosas, la máxima tribuna del país está cancelada para el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Las democracias contemporáneas son complejas, por ello, en vez de enfrentar hay que construir, en vez de politizar hay que dialogar; en la actualidad  es mayor la tarea que enfrentan los políticos, y los espectáculos que se fundan en denostar al contrario demeritan una labor que debiera lograr consensos para proponer nuevas líneas de solución. Si desde la política profesional se renuncia a la política entonces el mensaje que se manda a la sociedad es preocupante, al debilitar la legitimidad de los Poderes Públicos, y envía señales lesivas a la sociedad: en una nación donde los actores políticos se asumen democráticos ocurre que el diálogo entre poderes está cancelado. La simplificación de la política sólo abre espacios para el populismo y el autoritarismo, el país tiene suficientes problemas para que la ciudadanía además tenga que llevar como lastre a su propia clase política.

La Comisión Bicameral de Seguridad Nacional: repaso de un año de trabajo

by Waldo Fernández
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El Congreso General de la República tiene tareas sustanciales para la vida de nuestro país que cumple a través de las diversas Comisiones que integra a su interior, una de ellas es la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional en la que participan, como su nombre lo indica,  legisladores de ambas Cámaras. Esto es así porque ahí se conocen y analizan temas que tienen una alta sensibilidad e importancia estratégica para la nación en su conjunto, dado que la seguridad nacional trata entre otros aspectos de preservar la independencia, soberanía e integridad del Estado mexicano así como de generar una condición de paz y estabilidad que permita el desarrollo con base en las aspiraciones y objetivos nacionales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En pasado jueves 4 de octubre hice entrega de la Presidencia de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional a la Senadora María del Rosario Guzmán Avilés, en Sesión Ordinaria de dicha comisión llevada a cabo en la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Previo a este hecho, entregué también el Informe de Labores correspondiente para exponer las actividades que se desarrollaron desde la Presidencia de la Comisión durante el año que estuve al frente de ella, las cuales se orientaron a tres ejes centrales: 1. Fomentar una cultura de Seguridad Nacional; 3. Respeto a las instituciones; Fortalecimiento de la identidad nacional y nuestros símbolos patrios.

Bajo esta noción durante un año se generaron actividades sustanciales para el propio desarrollo de la Comisión a través de tres sesiones ordinarias y una reunión de trabajo con funcionarios federales. Además se organizó el Congreso de la Cultura de Seguridad Nacional en la Cámara de Diputados en el lapso que va del 21 al 24 de febrero de 2017 donde se contó con la participación del Colegio de Defensa Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), que es la escuela de altos estudios militares donde se forman a los altos mandos militares  y a algunos funcionarios civiles en esta materia compleja y multidimensional.

Gracias al trabajo de todos los participantes se produjo un libro con el mismo título impreso en agosto, el cual integró el trabajo de especialistas, académicos y políticos que reflexionaron en las tres mesas de trabajo del evento, de ese mismo tema se realizó un foro en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

De igual manera, para reforzar el respeto a nuestros símbolos patrios se montó la exposición que llevó el título “La Bandera Mexicana 1810-1867” en la Cámara de Diputados y que posteriormente se exhibió en los congresos locales de Nuevo León y Puebla, así como en el Poder Judicial, el Palacio de Gobierno, la Casa de Cultura de Nuevo León, y la Universidad Autónoma de Nuevo León. También se realizó la exposición que llevó el título “Identidad Nacional Fortaleza de México: Objetos que cuentan nuestra historia”, y se produjo el cortometraje Centenario de la Constitución en cual ha sido visto por más de 6 millones de persona a través de Facebook, también en el marco de esta conmemoración se entregaron más de 80 mil ejemplares del cómic de colorear “Centenario de la Constitución”.

La Comisión Bicameral de Seguridad Nacional tuvo un desempeño que se desplegó a través de la organización de diferentes foros relativos  a la seguridad nacional hasta el montaje de las exposiciones antes señaladas, pasando por la participación en eventos, discusiones académicas y con ONG’S y cámaras empresariales; baste señalar que se impartieron doce conferencias para igual número de universidades, con el propósito de acercar y difundir la cultura de la seguridad nacional en diversos sectores de nuestras sociedad.

Durante estas actividades, desde la Presidencia de esta Comisión se avanzó con el propósito de que más allá de cualquier agenda partidista o de grupo político, había que establecer el interés de México y sus instituciones. Por ello, tras la entrega de la Presidencia señalé públicamente que “mi trabajo al frente de la comisión siempre puso por delante el amor a México, yo trabajé y seguiré trabajando por México, no por ningún partido político”.  Los partidos políticos son instituciones de interés público y son necesarios para la vida política nacional,  al mismo tiempo, al seno de esa pluralidad, cualquier ciudadano debe asumir el interés mayor de trabajar y contribuir para hacer patria.