Los estados y municipios de México se encuentran, en su mayoría, en una situación financiera complicada. Al no existir recursos suficientes para hacer frente a los gastos de operación, servicios públicos, seguridad, educación e inversión pública, muchas veces es necesario recurrir al crédito para poder realizar infraestructura y proyectos.
Con el paso del tiempo el financiamiento al sector público ha sido una herramienta de crecimiento para entidades que han sabido destinar la deuda pública a proyectos productivos pero al mismo tiempo ha sido un lastre financiero para aquellos gobiernos que se han endeudado de manera desordenada.
No obstante, para ambos casos es posible siempre buscar mejorar las condiciones de la deuda pública a través de una operación de reestructura. Ésta busca llegar a un acuerdo entre quien otorgó un crédito y quien lo recibió para modificar los términos mediante una mejora en las condiciones de dicha deuda.
Estas condiciones se refieren a la forma en cómo se pactó un crédito, las cuales dependen en gran medida de la situación financiera de una entidad pero también del entorno económico y la situación de los mercados financieros. Por lo tanto, las condiciones de un crédito celebrado hace 10 años, que en su momento fueron óptimas, pueden tener áreas de oportunidad y posibilidad de reestructurarlo, por ejemplo.
Aclarando lo anterior, existen dos principales condiciones en un financiamiento. El plazo, es decir el periodo desde que se recibe el crédito hasta que se termina de pagarlo; y la tasa de interés, entendido como el costo por recibir un préstamo. De éstas se desprenden otras condiciones importantes como el perfil de amortización, que representa la forma de amortizar (ir pagando) el capital del financiamiento, que puede ser lineal, creciente o decreciente, comúnmente.
De la misma manera, la garantía del crédito se refiere a qué activo la institución que otorga un préstamo recibe como garantía en caso de que el prestatario incumpla con la obligación de pago. Otra importante es la fuente de pago, que se entiende como el origen de los recursos que pagarán el crédito, que puede ser los ingresos de un proyecto, la venta de un activo o en el caso de los gobiernos estatales y municipales los ingresos federales o propios.
Dicho lo anterior, es preciso mencionar que en el sector público el constantemente buscar opciones de reestructura es una medida oportuna para dar un respiro a las finanzas públicas a través de una mejora en las condiciones de la deuda pública.
A partir de este año, los estados y los municipios están sujetos a realizar operaciones de financiamiento (incluyendo reestructuras) bajo la Ley de Disciplina Financiera. Este nuevo marco normativo obliga a realizar un proceso competitivo para la obtención de créditos, donde los gobiernos subnacionales emiten una convocatoria pública con las especificaciones y necesidades de financiamiento para que de esta forma las instituciones de crédito compitan entre sí para ofrecer las mejores condiciones.
La institución que ofrezca el crédito con la menor tasa efectiva (costo) resultará elegido para celebrar la operación de financiamiento con la entidad de que se trate. El espíritu de este proceso es, entre otras cosas, evitar sobrecostos o condiciones desfavorables para el sector público.
Es así como el monitoreo habitual de los mercados financieros, de las variables macroeconómicas y de la situación financiera de estados y municipios, por nombrar algunos, es clave para detectar oportunidades de reestructura y de esta forma mejorar un importante rubro del balance financiero del sector público.
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