Acabemos con el mal gobierno y la corrupción

Los primeros días del 2017 están marcados por el descontento social generalizado en todo el país y Nuevo León no ha sido la excepción.

Es así que ante la irritación ciudadana por alzas desmedidas en impuestos e impunidad en casos de corrupción, desde la sociedad civil demandamos atacar las causas raíz de nuestra frustración.

La misiva lanzada por integrantes de diversas organizaciones y colectivos en la entidad y dirigida a todos los niveles gubernamentales sigue recibiendo amplio respaldo desde la página de Change.org https://goo.gl/QwqVb y es contundente.

1.- CONDENAMOS los actos de vandalismo contra patrimonio público y privado, y exhortamos a las autoridades a hacer cumplir la ley castigando a los responsables.

2.- RECONOCEMOS que, detrás del entendible encono e irritación ciudadanos por medidas gubernamentales federales, estatales y municipales, se encuentra un grave y añejo problema de corrupción, impunidad, ineficiencia y dispendio en el ejercicio de la función pública.

3.- CREEMOS en la exigencia y en la crítica propositiva, y apostamos al diálogo institucional, reconociendo que las autoridades legal y democráticamente constituidas son las responsables en dar solución a las demandas ciudadanas expresadas en las calles.




4.- DEMANDAMOS atacar las causas raíz de nuestra frustración ciudadana empezando con la siguiente agenda:

a. Un Sistema Estatal Anticorrupción que acabe con los privilegios y protecciones a corruptos.

b. Prisión y Confiscación de bienes a quienes saquearon los fondos públicos estatales y municipales. Exigimos la cooperación federal en este propósito.

c. Saneamiento Perenne en finanzas públicas, con reducción inmediata del gasto corriente y en burocracia.




d. Compromiso irrestricto con la transparencia y la rendición de cuentas.

e. Auditoría por terceros a los procesos de impartición de Justicia de la Procuraduría General del Estado y corrección de los problemas.

Las organizaciones civiles agrupadas desde Consejo Cívico consideramos que éstas no son exigencias menores y de acatarlas significa la voluntad de atender el problema de fondo.

Es así que invitamos a los ciudadanos, en el marco de la Legalidad, a seguir pendientes y participando en el seguimiento a autoridades en estas demandas, y además pedimos denunciar cualquier acto de corrupción de que seamos testigos; sólo siendo mejores ciudadanos lograremos tener mejores gobiernos.

 

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

 

 

 

 

Reestructura Pública

Los estados y municipios de México se encuentran, en su mayoría, en una situación financiera complicada. Al no existir recursos suficientes para hacer frente a los gastos de operación, servicios públicos, seguridad, educación e inversión pública, muchas veces es necesario recurrir al crédito para poder realizar infraestructura y proyectos.

Con el paso del tiempo el financiamiento al sector público ha sido una herramienta de crecimiento para entidades que han sabido destinar la deuda pública a proyectos productivos pero al mismo tiempo ha sido un lastre financiero para aquellos gobiernos que se han endeudado de manera desordenada.

No obstante, para ambos casos es posible siempre buscar mejorar las condiciones de la deuda pública a través de una operación de reestructura. Ésta busca llegar a un acuerdo entre quien otorgó un crédito y quien lo recibió para modificar los términos mediante una mejora en las condiciones de dicha deuda.

 




Estas condiciones se refieren a la forma en cómo se pactó un crédito, las cuales dependen en gran medida de la situación financiera de una entidad pero también del entorno económico y la situación de los mercados financieros. Por lo tanto, las condiciones de un crédito celebrado hace 10 años, que en su momento fueron óptimas, pueden tener áreas de oportunidad y posibilidad de reestructurarlo, por ejemplo.

Aclarando lo anterior, existen dos principales condiciones en un financiamiento. El plazo, es decir el periodo desde que se recibe el crédito hasta que se termina de pagarlo; y la tasa de interés, entendido como el costo por recibir un préstamo. De éstas se desprenden otras condiciones importantes como el perfil de amortización, que representa la forma de amortizar (ir pagando) el capital del financiamiento, que puede ser lineal, creciente o decreciente, comúnmente.

De la misma manera, la garantía del crédito se refiere a qué activo la institución que otorga un préstamo recibe como garantía en caso de que el prestatario incumpla con la obligación de pago. Otra importante es la fuente de pago, que se entiende como el origen de los recursos que pagarán el crédito, que puede ser los ingresos de un proyecto, la venta de un activo o en el caso de los gobiernos estatales y municipales los ingresos federales o propios.

Dicho lo anterior, es preciso mencionar que en el sector público el constantemente buscar opciones de reestructura es una medida oportuna para dar un respiro a las finanzas públicas a través de una mejora en las condiciones de la deuda pública.

 




 

A partir de este año, los estados y los municipios están sujetos a realizar operaciones de financiamiento (incluyendo reestructuras) bajo la Ley de Disciplina Financiera. Este nuevo marco normativo obliga a realizar un proceso competitivo para la obtención de créditos, donde los gobiernos subnacionales emiten una convocatoria pública con las especificaciones y necesidades de financiamiento para que de esta forma las instituciones de crédito compitan entre sí para ofrecer las mejores condiciones.

La institución que ofrezca el crédito con la menor tasa efectiva (costo) resultará elegido para celebrar la operación de financiamiento con la entidad de que se trate. El espíritu de este proceso es, entre otras cosas, evitar sobrecostos o condiciones desfavorables para el sector público.

Es así como el monitoreo habitual de los mercados financieros, de las variables macroeconómicas y de la situación financiera de estados y municipios, por nombrar algunos, es clave para detectar oportunidades de reestructura y de esta forma mejorar un importante rubro del balance financiero del sector público.

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El reto actual de las finanzas públicas




La última semana se ha cuestionado sobre los efectos de un posible aumento en la producción del petróleo. La tendencia de incremento que había mostrado el precio del petróleo ha captado la atención de los países productores, quienes podrían tomar la decisión de elevar aún más su nivel de producción, provocando el desplome del precio.

En este equilibrio de oferta y demanda hay naciones que podrían salir ganando, que son quienes importan petróleo y sus derivados. Por el contrario, aquellos países que dependen fuertemente de la venta de este insumo podrían ver afectados sus ingresos.

Las participaciones federales que reciben los gobiernos subnacionales de nuestro país están ligados al ingreso por la explotación y venta del petróleo. La disminución del precio representa un reto para las finanzas de estos gobiernos, quienes tendrán que tomar medidas para compensar el lento crecimiento que se proyecta en el ingreso por participaciones.

Entre las alternativas que tendrán los estados y municipios está la eficiencia en la recaudación, la actualización de las contribuciones rezagadas, la utilización de mecanismos alternos de financiamiento y la depuración del gasto no prioritario.

El precio del petróleo ha afectado negativamente la perspectiva del crecimiento de los ingresos gubernamentales en los últimos años, este no es un reto nuevo para nuestra economía. Actualmente, el precio de la mezcla mexicana oscila alrededor de los $40 dólares por barril, cifra muy inferior al promedio anual de $86 dólares en 2014.




Apostar a que el precio del petróleo regrese al nivel que alcanzó durante la última década es un riesgo para las finanzas de nuestro país. Los diferentes niveles de gobierno tienen que tener un programa de trabajo con el cual busquen fortalecer sus ingresos propios y contener el crecimiento del gasto.

La perspectiva en torno al mercado del petróleo no solo representa un reto para las finanzas públicas, también pone a prueba la capacidad de Pemex para modernizar su sistema y ser más eficiente en su operación.

El gobierno mexicano debe dejar de depender de los ingresos derivados de la venta de petróleo, y hacer las adecuaciones pertinentes para que la disminución de estos ingresos no se traduzca en un incremento de la deuda pública a niveles no sostenibles y en un déficit pronunciado.

Este es el segundo año consecutivo que se alerta a los gobiernos subnacionales de una posible disminución de los ingresos por este concepto, las reservas no son suficientes para mantener el nivel de gasto que se tiene, es momento de que se tomen medidas que coadyuven a contener el impacto sobre las finanzas públicas.

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Texto de Ciudadanos a Jaime Rodríguez Calderón sobre #MonterreyVI

Ing. Jaime Rodriguez Calderón
Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León
Presente

Somos un grupo de ciudadanos y representantes de diversas organizaciones sociales y colectivos que nos oponemos a la realización del Acueducto Pánuco-Cerro Prieto, Proyecto Monterrey VI, el cual plantea que la solución a los requerimientos de agua para Nuevo León, es el trasvase de agua del Río Pánuco.

Como seres humanos, por derecho propio, expresamos nuestra inconformidad a dicho proyecto por consideraciones legales, éticas, morales, científicas y económicas.

Aprovechamos que estamos frente a usted, para plantearle las siguientes consideraciones:

1. Considerando que usted el 29 de agosto de 2015, en el evento del Foro Monterrey, se comprometió, explícitamente, a que dicho proyecto no se haría; y con sorpresa, vimos que después de reunirse con Enrique Peña Nieto, el ejecutivo federal, declaró que Monterrey VI si se realizaría, en una clara acción que implica no honrar su palabra; le hacemos un reclamo puntual, aunque respetuoso, por haber defraudado de este modo a la ciudadanía.

2. Considerando que el tema del agua es un asunto vital para todos; le informamos que estamos dispuestos a coadyuvar a encontrar soluciones sustentables a este problema, poniendo toda nuestra capacidad, talento, buena disposición, conocimientos, experiencia, y amor a nuestro país y a Nuevo León.

3. Considerando que el derecho al agua es un derecho humano; esto también implica que cualquier decisión en la implementación de cualquier proyecto que se aplique se respeten los derechos humanos de los mexicanos. Cualquier proyecto debe evitar el despojo a los pueblos originarios y campesinos, el daño a los ecosistemas y la corrupción en la aplicación de los recursos invertidos en ellos.

4. Considerando que el gobierno que usted encabeza, antes de determinar cualquier proyecto hídrico para Nuevo León; debe de empezar a trabajar sobre los asuntos básicos:

a. Captación de toda el agua de lluvia, que cada vez que llueve cobra vidas y colapsa la zona metropolitana.

b. Manejo eficiente del agua en el campo y en la ciudad. En el caso del campo principalmente en las zonas de riego.

c. Campaña masiva e intensiva de educación para usuarios urbanos y agrícolas, que inicie a ras de tierra, en las escuelas, en las iglesias, en los mercados, en los cruceros, en la televisión y radio públicos, etc.

d. Restauración ecológica en la zona metropolitana y sus cerros (espacios naturales, áreas naturales protegidas), para favorecer la captación, infiltración y aprovechamiento del agua, y además coadyuvar a resolver el terrible primer lugar, en América Latina, de aire con partículas suspendidas, microgramos por metro cúbico de polución anual PM2.5, más del triple de lo que indican las directrices de la OMS.

e. Combatir la avaricia de los desarrolladores y fraccionadores que infringen toda ley y ética, y que están acabando los cerros, coludidos con malos funcionarios. Si bien mucho de esto tiene que ver con permisos municipales, también es cierto que como ejecutivo usted tiene que llamar a formar un gran frente en contra de esta devastación ambiental.

f. Dejar de liberar agua de las presas El Cuchillo y La Boca en circunstancias no justificadas.

g. Que se acabe de una vez por todas con el uso patrimonialista de pozos de agua clandestinos, particulares y de empresas.

Si no se hace esto, no habrá agua que alcance, sea cual sea el proyecto que se realice.

5. Considerando que este proyecto hídrico, de traer agua contaminada del río Panuco a nuestras presas, es un proyecto que implica una carga financiera muy onerosa a las finanzas públicas, prácticamente quebradas y que afecta derechos humanos de pueblos originarios y campesinos pobres, que lastima ecosistemas y que tiene implicadas a empresas “favoritas” tanto del Presidente de la República como del ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz; solicitamos, bajo el amparo de los artículos 1 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

PRIMERO: Que se haga una Consulta Pública en torno al Proyecto Hídrico que necesita Nuevo León, llámese Monterrey VI o de otro modo, considerando para la misma todas las alternativas que está evaluando el Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey.

SEGUNDO: Demandamos una respuesta puntual a los asuntos básicos planteados del apartado a) al g).

 

Monterrey, Nuevo León a 19 de mayo de 2016

El domicilio convencional de los que suscribimos está petición es el ubicado en José L. Garza 2701, esquina Constantino de Tárnava en la Colonia Chepevera, en Monterrey, N.L., con atención a Liliana Flores Benavides.

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Ley de Disciplina Financiera : ¿Control o Freno?

Recientemente se aprobó en el Senado y en la Cámara de Diputados la Ley de Disciplina Financiera, la cual tiene como objetivo que las administraciones públicas subnacionales tengan un mejor manejo de sus finanzas a través de mayores controles en el gasto. Esta nueva ley no solo contempla mayores candados al endeudamiento bancario de los estados y municipios, también impacta a otras fuentes de financiamiento público como son la revolvencia del pago a proveedores y las Asociaciones Público Privadas (APPs).

Con la Ley de Disciplina Financiera se busca dar mayor transparencia a la administración pública y que exista una regulación más estricta y homogénea para la celebración de contratos que comprometan ingresos de los estados y municipios, lo anterior ayudará al saneamiento de las finanzas públicas. Sin embargo en el corto plazo puede dificultar el desarrollo de proyectos. Como toda nueva ley, la curva de aprendizaje para muchos de los estados y municipios puede significar que las administraciones públicas retrasen el desarrollo de proyectos de inversión hasta conocer con exactitud las implicaciones de la nueva legislación.

Las APPs son una de las mejores herramientas que tienen los gobiernos para impulsar proyectos de inversión con menores riesgos y por lo tanto que los costos estimados para los estados y municipios sean menores.

En consideración al panorama económico actual y la proyección a la baja del crecimiento del PIB para este año, las nuevas leyes y reglamentos deberían de estar enfocadas a flexibilizar el desarrollo de proyectos. Lo anterior no se contrapone a que existan mayores controles a las finanzas públicas y una mayor transparencia. Nuestro país necesita leyes que propicien el desarrollo económico y la estabilidad de las finanzas públicas.

El espíritu de la Ley de Disciplina Financiera es bueno al establecer controles que procuren las mejores prácticas en finanzas públicas, sin embargo el proceso de aprendizaje para los estados y municipios puede traducirse en una contención del gasto de inversión no óptimo para el desarrollo de las entidades.

Las APPs son una de las mejores herramientas que tienen los gobiernos para impulsar proyectos de inversión con menores riesgos y por lo tanto que los costos estimados para los estados y municipios sean menores. En la mayoría de los casos el pago de la inversión no tiene que realizarse en el momento de inicio del proyecto, sino que se extiende por la vida de este, permitiendo que los gobiernos desarrollen proyectos que sean autosustentables o bien, que puedan ser pagados con el crecimiento de los ingresos públicos. Por lo anterior, las APPs son una buena alternativa para impulsar el desarrollo económico.

El espíritu de la Ley de Disciplina Financiera es bueno al establecer controles que procuren las mejores prácticas en finanzas públicas, sin embargo el proceso de aprendizaje para los estados y municipios puede traducirse en una contención del gasto de inversión no óptimo para el desarrollo de las entidades. Establecer mayores controles a la administración pública no significa dificultar la realización de proyectos de inversión, debemos de tener cuidado que con las nuevas leyes y reglamentos no detengamos el crecimiento económico de nuestro país.

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Un nuevo año para la administración gubernamental

El 2015 ha sido un año de grandes retos para la economía de nuestra nación: la disminución del precio del petróleo, el alza en las tasas de interés y la apreciación del dólar son algunos de los sucesos que han puesto a prueba las finanzas públicas de los gobiernos de nuestro país. Durante los últimos meses de 2015, los tres órdenes de gobierno comenzaron un proceso de planeación para el próximo año, lo cual permitirá priorizar proyectos y llevar a cabo una adecuada administración de los recursos, tomando en consideración la perspectiva de ingresos para 2016.

Este año nuevo le brinda la oportunidad a los gobiernos subnacionales de hacer una planeación más eficiente de su gasto, considerando la disminución prevista en ingresos.

La mayoría de los estados y municipios del país enfrentan grandes desequilibrios financieros. El Gobierno Federal ha recaudado menores ingresos derivados de la venta del petróleo y por lo tanto se prevé una posible disminución en el reparto de participaciones a estados y municipios. Este año nuevo le brinda la oportunidad a los gobiernos subnacionales de hacer una planeación más eficiente de su gasto, considerando la disminución prevista en ingresos. Si bien es cierto que una gran parte del gasto de la administración pública no es posible que sea detenido abruptamente sin que esto signifique una contención de la actividad económica, si se pueden lograr ahorros importantes que ayuden a disminuir el desequilibrio financiero.

La contención del gasto y el incremento de los ingresos deben de ser una prioridad de los tres órdenes de gobierno para 2016 y este esfuerzo se debe de ver reflejado en un mayor número de proyectos y servicios para la sociedad.

Además de los ahorros que se puedan dar en el interior de las administraciones gubernamentales, será de gran importancia los esfuerzos que se realicen para aumentar la recaudación. Muchos estados y municipios han modificado las tasas de algunos impuestos y propuesto nuevos gravámenes que entrarán en vigor en 2016. Lo anterior, aunado con la estrategia para incrementar la eficiencia en la recaudación, puede elevar significativamente los ingresos del gobierno. La contención del gasto y el incremento de los ingresos deben de ser una prioridad de los tres órdenes de gobierno para 2016 y este esfuerzo se debe de ver reflejado en un mayor número de proyectos y servicios para la sociedad, pero sobre todo de mayor calidad.

La experiencia nos dice que en los primeros meses de cada año el gobierno recibe la mayor proporción de sus recursos, pero esta abundancia de ingresos debe de ser administrada correctamente. El incremento de ingresos de unos meses debe de ser utilizado para compensar la caída de ingresos que se tenga en otros periodos del año. Es por lo anterior que resulta de gran importancia el ejercicio de planeación presupuestal, el cual debe de ser el resultado de un proceso de análisis detallado sobre la condición actual del gobierno y los objetivos que se desean alcanzar. Este 2016 representa para los estados y municipios una gran oportunidad para sanear las finanzas públicas. La priorización del gasto es un proceso continuo que debe de ir enlazado con un esfuerzo en la recaudación, pero el mejor momento para comenzar este ejercicio de optimización de recursos es el inicio de un año.


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