INE rechaza devolución de prerrogativas de Morena

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Dado que la reglamentación vigente no lo contempla, El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ratificó hoy que Morena no podrá devolverle los 200 millones (50% de su financiamiento) de pesos que pretendía para la adquisición de vacunas. De acuerdo con Lorenzo Córdova, los recursos podrán regresar al erario como remanentes tras la fiscalización a los ingresos y gastos del partido en 2021.

De acuerdo con el documento aprobado por la mayoría de los consejeros. los recursos “forman parte de su patrimonio desde el momento en que (…) son recibidos y, en consecuencia, están sujetos a las reglas de fiscalización establecidas en la normatividad aplicable“, por lo tanto se destaca la imposibilidad de devolver al INE los recursos ya ministrados a los institutos políticos.

La petición fue realizada por Morena el 8 de noviembre pasado, esta pretendía regresar un monto del financiamiento destinado al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes que ya fue depositado al partido político en el ejercicio fiscal 2021.

Con información de La Jornada

Dimes y Diretes: “Antes mis dientes, que mis parientes”

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Con eso de que el dinero que le llegará al estado, será menos de lo esperado, ya los alcaldes comienzan a ser un poco creativos y traen varias propuestas para poder recaudar recursos para sus municipios.

Todo esto, es consecuencia de que el estado, sobre todo varios diputados federales, a excepción de Waldo Fernández, que no se pusieron las pilas y ahora en el 2017 el estado se las verá negrísimas.

 




No habrá lana para la Línea 3 del metro, misma que lleva años de retraso y que hoy en día luce como obra abandonada. Tampoco se podrá comenzar la construcción del nuevo Penal de Mina, pues antes que nada no se tenía programada esta obra, y por otro, tampoco se consiguieron los recursos para el mismo.

En otras palabras, la obra pública se verá limitada el próximo año y no olvidemos que también está el tema de la seguridad, a ver si no nos afecta esta falta de recursos.

A todo esto, los alcaldes ya se están poniendo las pilas, pero claro, en contra de los ciudadanos. El día de ayer el alcalde del municipio más rico de México, Mauricio Fernández, salió con la brillante idea que en su municipio podría ser posible cobrar un “IVA sampetrino”.




Es decir, si usted va a un restaurante o bar en ese municipio, le podrían cobrar más del 16% de IVA que le cobran el día de hoy. Aunque el edil no dio más específicos, podemos esperar que, a partir de esta idea, muchos otros van a querer cobrar cualquier servicio que puedan, por ejemplo, la recolección de basura, el alumbrado público (ya se les ocurrió antes), y quien sabe en una de esas hasta el bacheo.

Este es el problema cuando el gobierno del estado y los legisladores federales no se ponen de acuerdo. Ciertamente los municipios necesitan recursos para obra pública, para mantener programas sociales y otras cosas más, pero la verdad se me hace un descaro que quieran cobrarle ahora todo a los ciudadanos.

¿Qué no hay otras maneras? ¿No hay forma de que financien las obras públicas? Digo, el municipio de Monterrey ya está financiando su deuda, también ya están viendo opciones de financiar sus obras públicas.

En serio, hay algunos alcaldes que necesitan un poquito de creatividad.

¡Ahí Se Leen!

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Reestructura Pública

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Los estados y municipios de México se encuentran, en su mayoría, en una situación financiera complicada. Al no existir recursos suficientes para hacer frente a los gastos de operación, servicios públicos, seguridad, educación e inversión pública, muchas veces es necesario recurrir al crédito para poder realizar infraestructura y proyectos.

Con el paso del tiempo el financiamiento al sector público ha sido una herramienta de crecimiento para entidades que han sabido destinar la deuda pública a proyectos productivos pero al mismo tiempo ha sido un lastre financiero para aquellos gobiernos que se han endeudado de manera desordenada.

No obstante, para ambos casos es posible siempre buscar mejorar las condiciones de la deuda pública a través de una operación de reestructura. Ésta busca llegar a un acuerdo entre quien otorgó un crédito y quien lo recibió para modificar los términos mediante una mejora en las condiciones de dicha deuda.

 




Estas condiciones se refieren a la forma en cómo se pactó un crédito, las cuales dependen en gran medida de la situación financiera de una entidad pero también del entorno económico y la situación de los mercados financieros. Por lo tanto, las condiciones de un crédito celebrado hace 10 años, que en su momento fueron óptimas, pueden tener áreas de oportunidad y posibilidad de reestructurarlo, por ejemplo.

Aclarando lo anterior, existen dos principales condiciones en un financiamiento. El plazo, es decir el periodo desde que se recibe el crédito hasta que se termina de pagarlo; y la tasa de interés, entendido como el costo por recibir un préstamo. De éstas se desprenden otras condiciones importantes como el perfil de amortización, que representa la forma de amortizar (ir pagando) el capital del financiamiento, que puede ser lineal, creciente o decreciente, comúnmente.

De la misma manera, la garantía del crédito se refiere a qué activo la institución que otorga un préstamo recibe como garantía en caso de que el prestatario incumpla con la obligación de pago. Otra importante es la fuente de pago, que se entiende como el origen de los recursos que pagarán el crédito, que puede ser los ingresos de un proyecto, la venta de un activo o en el caso de los gobiernos estatales y municipales los ingresos federales o propios.

Dicho lo anterior, es preciso mencionar que en el sector público el constantemente buscar opciones de reestructura es una medida oportuna para dar un respiro a las finanzas públicas a través de una mejora en las condiciones de la deuda pública.

 




 

A partir de este año, los estados y los municipios están sujetos a realizar operaciones de financiamiento (incluyendo reestructuras) bajo la Ley de Disciplina Financiera. Este nuevo marco normativo obliga a realizar un proceso competitivo para la obtención de créditos, donde los gobiernos subnacionales emiten una convocatoria pública con las especificaciones y necesidades de financiamiento para que de esta forma las instituciones de crédito compitan entre sí para ofrecer las mejores condiciones.

La institución que ofrezca el crédito con la menor tasa efectiva (costo) resultará elegido para celebrar la operación de financiamiento con la entidad de que se trate. El espíritu de este proceso es, entre otras cosas, evitar sobrecostos o condiciones desfavorables para el sector público.

Es así como el monitoreo habitual de los mercados financieros, de las variables macroeconómicas y de la situación financiera de estados y municipios, por nombrar algunos, es clave para detectar oportunidades de reestructura y de esta forma mejorar un importante rubro del balance financiero del sector público.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”