Votó el Enojo

Una vez más fuimos testigos de que las urnas fueron visitadas por votantes disgustados con la clase política tradicional y deseosos de ver un cambio radical en el status quo del gobierno. Sucedió con El Bronco, el Brexit y ahora con Donald Trump por nombrar sólo tres ejemplos. En lo personal creo que dos grandes temas se desprenden de estos hechos.

El primero es que la democracia quizá no funciona, siendo un sistema fallido que permite que gente sin conocimientos y movilizados por el sentimiento y no por la razón lleven al poder hasta al más incompetente.

 




Segundo, que la gente en todo el mundo está harta de sus gobernantes, que en algunos casos representan la corrupción del poder y el dinero y el abuso de funciones, en todos los niveles y en diferentes alcances.

Atribuyamos la culpa a los millenials, a los rebeldes, a los insurrectos. No importa, los ciudadanos están exigiendo un cambio a los gobernantes y su manera de gobernar. Tal vez es que el sistema de gobernanza debe renovarse y escuchar más de cerca las necesidades de un electorado cada vez más involucrado en las decisiones del sector público y sobre todo cada vez más críticos, con conocimiento o desde la ignorancia, de los resultados de dichas decisiones.

Sin importar si es Nuevo León, la Unión Europea o el país más poderoso del mundo, los gobernados mandan un mensaje que diverge del tradicionalismo y el conservadurismo, al cual sería necio no hacer caso. Como en los negocios, no importa qué tan bueno es el producto sino qué tanto lo compra la gente, de esta forma, más allá de estar de acuerdo con los votantes o de darles la razón, la clase política debe hacer caso a lo que la gente demanda.

También es prudente resaltar que comúnmente el ciudadano pide a sus gobernantes la probidad y virtud que él mismo no tiene. Como ciudadanos exigimos que los funcionarios públicos sean cuasi perfectos cuando nosotros mismos somos partícipes de la corrupción al dar mordida a un policía; del abuso cuando construimos una casa sin uso de suelo; de evasión cuando hacemos lo imposible por no pagar nuestros impuestos; y un sin número de casos más donde somos muy buenos para exigir pero malos para cumplir con nuestras obligaciones.

Toda proporción guardada y bajo el contexto adecuado, pero todos somos partes de la decadencia o avance de nuestro entorno.

Lo he mencionado antes y lo reafirmo ahora, la clase política debe reinventarse, los servidores públicos debemos prestar mayor atención a la coyuntura actual y transformar la forma de ejercer el gobierno de un municipio, de un estado y sobre todo de un país.

El futuro del orden mundial dependerá de la capacidad de entrelazamiento de gobierno, sector privado y ciudadanos; de la cercanía de las necesidades de la gente y de las posibilidades de los gobiernos; y de la participación del empresario en la infraestructura pública.

 




Todo esto tomando como premisa que el crecimiento y desarrollo económicos son la directriz del estado de derecho y la principal variable del bienestar social. Sin embargo, tal vez lo anterior puede ser logrado con un sistema electoral distinto a la democracia. Como ejemplo, a pesar de que muchos resultarán ofendidos, el crecimiento económico de México en la época de Porfirio Díaz fue inaudita.

La modernización social y de infraestructura lograda en su mandato hizo que nuestro país se transformará de una nación rural a una con ciudades industriales con servicios públicos y trabajo para todos.

La democracia permite que un gobernante llegue al poder con tan sólo 30% de los votos del electorado, tal y como sucedió en 2012 con el triunfo de Enrique Peña Nieto, cuya aprobación es cada vez menor. Si bien en 2015 las elecciones de Nuevo León dieron el triunfo a Jaime Rodríguez con 50% de los votos, a un año de su paralizada gobernanza la gente se empieza a dar cuenta, afortunadamente, de la inmensa incompetencia de su administración.

Ahora con Donald Trump como Presidente, no sólo Estados Unidos, sino el mundo entero está a la espera de sus acciones y de los efectos que su victoria traerá. El futuro inmediato de la economía y política mundiales depende, para bien y para mal, de lo que suceda en el país americano. ¿Le damos al President Trump el beneficio de la duda?

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Reestructura Pública

Los estados y municipios de México se encuentran, en su mayoría, en una situación financiera complicada. Al no existir recursos suficientes para hacer frente a los gastos de operación, servicios públicos, seguridad, educación e inversión pública, muchas veces es necesario recurrir al crédito para poder realizar infraestructura y proyectos.

Con el paso del tiempo el financiamiento al sector público ha sido una herramienta de crecimiento para entidades que han sabido destinar la deuda pública a proyectos productivos pero al mismo tiempo ha sido un lastre financiero para aquellos gobiernos que se han endeudado de manera desordenada.

No obstante, para ambos casos es posible siempre buscar mejorar las condiciones de la deuda pública a través de una operación de reestructura. Ésta busca llegar a un acuerdo entre quien otorgó un crédito y quien lo recibió para modificar los términos mediante una mejora en las condiciones de dicha deuda.

 




Estas condiciones se refieren a la forma en cómo se pactó un crédito, las cuales dependen en gran medida de la situación financiera de una entidad pero también del entorno económico y la situación de los mercados financieros. Por lo tanto, las condiciones de un crédito celebrado hace 10 años, que en su momento fueron óptimas, pueden tener áreas de oportunidad y posibilidad de reestructurarlo, por ejemplo.

Aclarando lo anterior, existen dos principales condiciones en un financiamiento. El plazo, es decir el periodo desde que se recibe el crédito hasta que se termina de pagarlo; y la tasa de interés, entendido como el costo por recibir un préstamo. De éstas se desprenden otras condiciones importantes como el perfil de amortización, que representa la forma de amortizar (ir pagando) el capital del financiamiento, que puede ser lineal, creciente o decreciente, comúnmente.

De la misma manera, la garantía del crédito se refiere a qué activo la institución que otorga un préstamo recibe como garantía en caso de que el prestatario incumpla con la obligación de pago. Otra importante es la fuente de pago, que se entiende como el origen de los recursos que pagarán el crédito, que puede ser los ingresos de un proyecto, la venta de un activo o en el caso de los gobiernos estatales y municipales los ingresos federales o propios.

Dicho lo anterior, es preciso mencionar que en el sector público el constantemente buscar opciones de reestructura es una medida oportuna para dar un respiro a las finanzas públicas a través de una mejora en las condiciones de la deuda pública.

 




 

A partir de este año, los estados y los municipios están sujetos a realizar operaciones de financiamiento (incluyendo reestructuras) bajo la Ley de Disciplina Financiera. Este nuevo marco normativo obliga a realizar un proceso competitivo para la obtención de créditos, donde los gobiernos subnacionales emiten una convocatoria pública con las especificaciones y necesidades de financiamiento para que de esta forma las instituciones de crédito compitan entre sí para ofrecer las mejores condiciones.

La institución que ofrezca el crédito con la menor tasa efectiva (costo) resultará elegido para celebrar la operación de financiamiento con la entidad de que se trate. El espíritu de este proceso es, entre otras cosas, evitar sobrecostos o condiciones desfavorables para el sector público.

Es así como el monitoreo habitual de los mercados financieros, de las variables macroeconómicas y de la situación financiera de estados y municipios, por nombrar algunos, es clave para detectar oportunidades de reestructura y de esta forma mejorar un importante rubro del balance financiero del sector público.

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En busca de la equidad de género

Nuestro país ha hecho grandes esfuerzos por crear las condiciones que coadyuven a la integración de las mujeres en espacios que anteriormente estaban dominados por lo hombres. La paridad de género debe de continuar siendo promovida en la vida social, educativa, laboral y política de nuestra nación, las acciones que hemos emprendido nos han acercado más al objetivo, pero somos conscientes que aún tenemos mucho por hacer.

La paridad de género debe de continuar siendo promovida en la vida social, educativa, laboral y política de nuestra nación, las acciones que hemos emprendido nos han acercado más al objetivo, pero somos conscientes que aún tenemos mucho por hacer.

Hace dos años se publicaron las normas referentes a la obligación de los partidos políticos para promover y garantizar la equidad de género en las candidaturas a los puestos de elección popular en el Congreso de la Unión y los Congresos Locales. Hoy en día nuestro Estado tiene un número importante de Diputadas Locales, 16 de las 42 diputaciones que tiene Nuevo León, en gran medida esto es consecuencia de la nueva legislación que promueve que las mujeres sean candidatas a un sitio en el Congreso.

Las medidas que incentivan la paridad de género en la participación política de mujeres y hombres no se han limitado al ámbito legislativo, también se han expedido normas y lineamientos que promueven la presencia de las mujeres en los ayuntamientos. Pero no solo el sector público está reaccionando positivamente, también el sector privado se ha unido a este movimiento y cada vez son más las empresas que establecen políticas que impulsan la presencia de mujeres en puestos directivos.

Apoyar a que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres no significa que se les tenga que dar un puesto laboral solo por cubrir una cuota de género, sino que se valoren las cualidades y aptitudes que hacen que sean tan competitivas como lo son los hombres. Es importante que veamos a estas nuevas políticas como una forma de alinear de manera adecuada los incentivos hacia una debida ponderación de habilidades físicas y mentales de todas las personas, la cual va más allá del género.

Apoyar a que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres no significa que se les tenga que dar un puesto laboral solo por cubrir una cuota de género, sino que se valoren las cualidades y aptitudes que hacen que sean tan competitivas como lo son los hombres.

Como país debemos de tomar la precaución de que en nuestro interés por alcanzar la equidad de género no tengamos efectos contraproducentes que puedan llegar a implicar mayores obstáculos para un adecuado desarrollo en la búsqueda de una auténtica igualdad de género y de una justa ponderación de las capacidades de mujeres y hombres. No se trata de inclinar la balanza hacia el género femenino, sino de mantener un equilibrio de oportunidades para todos. En México tenemos personas muy valiosas que si les brindamos una plataforma justa pueden desarrollarse con gran éxito en el ámbito económico, político y social.

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Mitos y realidades de las APPs

Por mucho tiempo el tema de las Asociaciones Público Privadas (APPs) ha generado opiniones contradictorias, por un lado están quienes ven en estos esquemas una oportunidad importante para impulsar el desarrollo económico y social de las ciudades. Pero el desconocimiento del tema y los mitos que existen detrás de las APPs ha llevado a muchas personas a desconfiar de la eficiencia de desarrollar proyectos a través de estas estructuras.

Uno de los mitos en torno a las APPs es que pensamos que es un tema que exclusivamente concierne al sector público, cuando la realidad es que para la utilización de esta alternativa de financiamiento se requiere de la participación del sector privado.

Existen casos en los que el sector privado es quien detecta una oportunidad de negocios que converge con la necesidad del gobierno para satisfacer un requerimiento de la población y es precisamente el sector privado quien realiza el primer acercamiento para llevar a cabo esta vinculación. En este sentido, existen muchas organizaciones civiles y mercantiles quienes han expresado su interés de que el gobierno utilice las APPs para el desarrollo de proyectos para los cuales no se cuenta con el recurso público suficiente para utilizar otros métodos más convencionales.

Uno de los mitos en torno a las APPs es que pensamos que es un tema que exclusivamente concierne al sector público, cuando la realidad es que para la utilización de esta alternativa de financiamiento se requiere de la participación del sector privado.

Un mito de la APPs es que el privado se beneficia a costa del gasto realizado por el gobierno. La realidad es que en los esquemas de las APPs ambas partes obtienen beneficios. Estas estructuras bien realizadas les permiten a los gobiernos impulsar proyectos que generen beneficios sociales y económicos importantes, en muchos de los casos los proyectos son autosustentables o bien, pueden ser pagados con el crecimiento de los ingresos públicos. Por su parte, el sector privado puede obtener una rentabilidad importante, acorde al riesgo que está asumiendo.

Las APPs les permiten a los gobiernos impulsar proyectos bajo un esquema de menor riesgo, en comparación con los métodos tradicionales. Otra realidad de las APPs es que los riesgos de un proyecto no son contraídos por un mismo ente, la probabilidad de fallos y sobrecostos disminuye considerablemente cuando el privado se responsabiliza por la parte del proyecto en la que tiene experiencia, mientras el gobierno utiliza las atribuciones que la ley le concede para facilitar el desarrollo del proyecto. Con lo anterior no sólo se logra diversificar el riesgo del proyecto, sino disminuirlo.

Estas estructuras bien realizadas les permiten a los gobiernos impulsar proyectos que generen beneficios sociales y económicos importantes, en muchos de los casos los proyectos son autosustentables o bien, pueden ser pagados con el crecimiento de los ingresos públicos.

Uno de los problemas que han tenido las APPs en el pasado es la poca apertura de información, pero esto no es una condición exclusiva de este tipo de esquemas, la falta de transparencia se puede dar tanto en proyectos de vinculación público privada como en cualquier otro tipo de estructuras. Es esencial que los entes públicos tengan más apertura de información para que puedan brindar mayor confianza en los proyectos y hacer saber a la población que las estructuras se desarrollan bajo las mejores condiciones.

Es importante que conozcamos las ventajas que ha tenido para países desarrollados la utilización de APPs y detectar las áreas de oportunidad que aún existen en México para mejorar la forma en que establecemos este tipo de vínculos. Los recursos económicos del sector público son escasos, necesitamos explorar métodos alternos de financiamiento si queremos seguir desarrollando proyectos que generen beneficios económicos y sociales para nuestra población.

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El reto de la vinculación público privada

Mucho se ha comentado de los grandes retos que enfrentan las finanzas públicas de los diferentes órdenes de gobierno y de la importancia de fomentar fuentes alternas de financiamiento que permitan que el desarrollo de nuestras ciudades no se vea interrumpido. Teniendo esto como contexto, es necesario que comencemos a explorar a profundidad la opción de la vinculación público privada que tanto beneficio ha tenido en países de gran desarrollo. Considero que existen por lo menos 4 puntos importantes que tienen que ser considerados para el desarrollo de proyectos a través de este esquema.

El primer punto importante es compartir el propósito y alcance del proyecto a desarrollar. Tanto el ente público como la empresa que forma parte del desarrollo del proyecto deben de tener la convicción de que el objetivo que pretenden alcanzar les generará un beneficio a ambos y por lo tanto los dos mantienen un interés real en que el proyecto se desarrolle bajo las mejores condiciones.

La forma en que se manejan las finanzas públicas ha evolucionado, el sector público necesita apoyarse del sector privado para optimizar el uso de los recursos y poder acelerar el crecimiento económico de nuestro país.

Como segundo punto, es importante aceptar un esquema de riesgos optimizados. Generalmente las empresas buscan alcanzar el máximo rendimiento en los proyectos que realizan, pero aceptando el menor riesgo posible. En los proyectos donde participan el sector privado y el público el riesgo tiene que ser compartido, este es precisamente el objetivo de estas asociaciones, que cada una de las partes utilice sus fortalezas para disminuir el riesgo total, pero que exista un balance entre los riesgos que asume cada uno.

El tercer aspecto que se debe de considerar es generar mayor confianza a través de mayor transparencia. Entre mayor acceso a la información exista, tanto el sector público como el privado sentirán mayor confianza en el proyecto que realizan. Además, la sociedad podrá constatar que sus recursos están siendo utilizados de forma eficiente. Es importante que el gobierno, la iniciativa privada y la población en general puedan tener acceso a la información que les permita sentirse cómodos con los proyectos para que el desarrollo de estos transcurra sin obstrucciones.

…es necesario que comencemos a explorar a profundidad la opción de la vinculación público privada que tanto beneficio ha tenido en países de gran desarrollo.

Por último, es importante generar solidez en los términos contractuales de cada estructura. Desde la etapa de planeación, el sector privado y el público deben de tener claridad en los términos bajo los cuales se va a desarrollar el proyecto, pero esto debe de ser plasmado por contrato. Un riesgo no contemplado o no asignado con claridad a alguna de las partes puede significar retrasos importantes en el proyecto e incluso sobrecostos.

Los cuatro puntos descritos anteriormente son los primeros retos que encontraremos para desarrollar proyectos a través de la vinculación público privada, una vez subsanados cada uno de estos temas estaremos más cerca de realizar con éxito los proyectos que nuestro estado y país necesitan. La forma en que se manejan las finanzas públicas ha evolucionado, el sector público necesita apoyarse del sector privado para optimizar el uso de los recursos y poder acelerar el crecimiento económico de nuestro país.

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+ Capacitación = Mejor desempeño

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“El primer acto de corrupción que un funcionario público comete es aceptar un cargo para el cual no tiene las competencias necesarias”.
-Anónimo

Vivimos en una sociedad donde un número significativo de la población subestima la importancia de la búsqueda del conocimiento. Incluso, en muchas personas, pareciera haber sido requisito intercambiar esa “sed” de conocimiento y aprendizaje por su título universitario.

Sin duda, al trabajar cerca de organizaciones, sin hacer distinción entre el sector público y el privado, una de las cosas que más llama la atención es precisamente la poca importancia que se da a la capacitación y al adquirir nuevos conocimientos.

En ambos escenarios el resultado es el mismo: se tiene personal poco capacitado.

En el caso del sector privado, muchas empresas han tenido dificultad para fijar el sano equilibrio. Por lo regular se capacita a los colaboradores cuando ingresan y cuando se presenta un cambio estructural, lo cual es absolutamente insuficiente; o por otro lado, el temario que se les asigna es tan extenso que requerirían mucho más que su jornada laboral para cubrirlo, orillándolos a hacerlo de manera deficiente. En ambos escenarios el resultado es el mismo: se tiene personal poco capacitado.

Cosa similar sucede en el ámbito gubernamental aunque, a mi parecer, con consecuencias todavía más significativas que las que se generan en una empresa, no por menospreciar los efectos que la inestabilidad empresarial pueda generar en la sociedad, sino porque, en la esfera pública, el impacto que un mal manejo puede gestar afecta a la mayoría de la población.

Lamentablemente, dentro de los gobiernos aún llegan funcionarios que desconocen las tareas que les corresponden, o están tan inmersos en la rutina que van perdiendo esa “sed” de conocimiento y no se esfuerzan por aprender cosas nuevas.

Lamentablemente, dentro de los gobiernos aún llegan funcionarios que desconocen las tareas que les corresponden, o están tan inmersos en la rutina que van perdiendo esa “sed” de conocimiento y no se esfuerzan por aprender cosas nuevas, como políticas exitosas de otros países que podrían servir a su municipio, estado o incluso país. Esto obviamente no se refiere a que las acciones que se llevan a cabo en otros países embonen perfectamente en nuestra realidad, sino precisamente es la “sed” de conocimiento la que empuja a analizar soluciones de otros para adaptarlas a nuestras necesidades.

No se trata solamente de saber qué hacer, sino también saber cómo hacerlo.

Un ejemplo de lo anterior radica en la actitud que han venido asumiendo algunos presidentes municipales en el desempeño de su función, desarrollando infinidad de actividades que no son meramente competencia municipal y descuidando al mismo tiempo aquellas que por ley les corresponde llevar a cabo. Los municipios atienden desarrollo económico, salud, educación, que por normativa no les corresponden, y no atienden el cuidado de calles y avenidas lo cual ha generado, en todo México, una enorme cantidad de baches. Lo anterior sucede precisamente por falta de capacitación respecto a sus facultadas y atribuciones.
Lo correcto sería que los gobernantes estuvieran lo suficientemente capacitados, pero por el momento —y esperemos que no por mucho tiempo— esto es una utopía; la sociedad les debiera exigir capacitación constante. No se trata solamente de saber qué hacer, sino también saber cómo hacerlo.

En cualesquiera de estos dos sectores, es erróneo pensar que adquirir conocimiento mediante capacitaciones implica una distracción y pérdida de tiempo que devalúa el trabajo asignado. Por el contrario, la capacitación es la herramienta para un desempeño laboral exitoso que permite el balance entre desarrollo profesional y desarrollo personal. Pues como dicen: no hay nada más práctico que una buena teoría.

Todo se reduce a la necesidad de mejorar los desempeños a través de la creación de una cultura enfocada al aprendizaje y desarrollo constante. Debemos buscar la manera de introducir dicha cultura simultáneamente en el sector privado, como en el público. En empresas, por medio de capacitaciones; que si bien en un principio se enfoquen en elementos básicos del puesto, se extiendan a lo largo de la estancia del colaborador dentro de la organización. En gobiernos, desde conocer las funciones que VERDADERAMENTE le competen a cada servidor público, hasta aprender la forma más adecuada de llevar a cabo las mejores políticas públicas.

Como bien dijo Thomas Fuller: “La acción es el fruto propio del conocimiento”. Por tanto, si en verdad deseásemos que nuestras acciones fueran realmente significativas, deberíamos siempre buscar la manera de adquirir conocimiento.

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