¿De qué se quejan?

En definitiva, estos días han sido algunos de los más caóticos en cuestión de grilla política en nuestro estado. Desde el sábado en la madrugada que se aprobó el aumento de los valores catastrales en varios municipios y luego el domingo se acordara mantener solo el 20% de descuento en el impuesto de la tenencia, en redes sociales han llovido quejas por parte de los ciudadanos inconformes.

Lo que muchas de nuestras autoridades estatales, municipales y legislativas parece que no logran comprender, es la naturaleza de las quejas.

Para muchos, la queja nace por el hecho de que los ciudadanos van a tener que pagar más, o tal vez por qué son morosos y no piensan pagar tenencia o predial. Para mí, el tema va más allá.

Aunque las autoridades presumen que necesitan los recursos para poder mantener servicios públicos, pavimentación, nómina, entre otras cosas necesarias para el sostenimiento del estado o municipios. La verdad es que los ciudadanos no ven esto reflejado en su día a día.




No hay motivación tangible para pagar prediales más altos y seguir costeando la tenencia. Cuando se les pregunta a los mandatarios en que se gasta el dinero, citan la página de transparencia o “programas sociales en beneficio de la sociedad”.

La realidad es que caer en baches es algo diario, tener luminaria pública que no funciona o en otros casos es inexistente, es constante. ¿Problemas de inseguridad? Este año hubo un auge en delitos del fuero común y graves.

Si esa es la situación, ¿cómo esperan nuestras autoridades que los ciudadanos paguen impuestos más altos? Mientras tanto, muchos de los programas sociales (aclaro no la mayoría) tienen el objetivo de motivar el voto para el partido político en las próximas elecciones.

Lo que deben de hacer los alcaldes y el Gobernador es en verdad gastar el dinero como dicen que lo hacen. Hacer un programa completo de repavimentación, pero no solo eso, mejorar el transporte público, que ha decir la verdad está muy deteriorado.

Pagando mejores salarios a los policías, lo que lleve a mejores índices de seguridad. También mejorar los salarios de los bomberos y que estos no tengan que estar vendiendo boletos para una rifa. Solo dándole resultados tangibles a los ciudadanos, es probable que las quejas bajen de volumen, pero por obvias razones no se callen.




El año que viene no pinta nada bien para la economía familiar, eso claro está. Lo mejor que pueden hacer nuestras autoridades es hacer que nuestros impuestos funcionar y no gastarlos en tontería y media y menos para imagen propia para la reelección.

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Reestructura Pública

Los estados y municipios de México se encuentran, en su mayoría, en una situación financiera complicada. Al no existir recursos suficientes para hacer frente a los gastos de operación, servicios públicos, seguridad, educación e inversión pública, muchas veces es necesario recurrir al crédito para poder realizar infraestructura y proyectos.

Con el paso del tiempo el financiamiento al sector público ha sido una herramienta de crecimiento para entidades que han sabido destinar la deuda pública a proyectos productivos pero al mismo tiempo ha sido un lastre financiero para aquellos gobiernos que se han endeudado de manera desordenada.

No obstante, para ambos casos es posible siempre buscar mejorar las condiciones de la deuda pública a través de una operación de reestructura. Ésta busca llegar a un acuerdo entre quien otorgó un crédito y quien lo recibió para modificar los términos mediante una mejora en las condiciones de dicha deuda.

 




Estas condiciones se refieren a la forma en cómo se pactó un crédito, las cuales dependen en gran medida de la situación financiera de una entidad pero también del entorno económico y la situación de los mercados financieros. Por lo tanto, las condiciones de un crédito celebrado hace 10 años, que en su momento fueron óptimas, pueden tener áreas de oportunidad y posibilidad de reestructurarlo, por ejemplo.

Aclarando lo anterior, existen dos principales condiciones en un financiamiento. El plazo, es decir el periodo desde que se recibe el crédito hasta que se termina de pagarlo; y la tasa de interés, entendido como el costo por recibir un préstamo. De éstas se desprenden otras condiciones importantes como el perfil de amortización, que representa la forma de amortizar (ir pagando) el capital del financiamiento, que puede ser lineal, creciente o decreciente, comúnmente.

De la misma manera, la garantía del crédito se refiere a qué activo la institución que otorga un préstamo recibe como garantía en caso de que el prestatario incumpla con la obligación de pago. Otra importante es la fuente de pago, que se entiende como el origen de los recursos que pagarán el crédito, que puede ser los ingresos de un proyecto, la venta de un activo o en el caso de los gobiernos estatales y municipales los ingresos federales o propios.

Dicho lo anterior, es preciso mencionar que en el sector público el constantemente buscar opciones de reestructura es una medida oportuna para dar un respiro a las finanzas públicas a través de una mejora en las condiciones de la deuda pública.

 




 

A partir de este año, los estados y los municipios están sujetos a realizar operaciones de financiamiento (incluyendo reestructuras) bajo la Ley de Disciplina Financiera. Este nuevo marco normativo obliga a realizar un proceso competitivo para la obtención de créditos, donde los gobiernos subnacionales emiten una convocatoria pública con las especificaciones y necesidades de financiamiento para que de esta forma las instituciones de crédito compitan entre sí para ofrecer las mejores condiciones.

La institución que ofrezca el crédito con la menor tasa efectiva (costo) resultará elegido para celebrar la operación de financiamiento con la entidad de que se trate. El espíritu de este proceso es, entre otras cosas, evitar sobrecostos o condiciones desfavorables para el sector público.

Es así como el monitoreo habitual de los mercados financieros, de las variables macroeconómicas y de la situación financiera de estados y municipios, por nombrar algunos, es clave para detectar oportunidades de reestructura y de esta forma mejorar un importante rubro del balance financiero del sector público.

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Turismo: sector contracíclico

El Turismo es un fenómeno que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. Los movimientos turísticos impactan al lugar receptor en distintos aspectos: sociales, económicos, medioambientales, entre otros.

En el aspecto social, el turismo incita la inclusión de costumbres y tradiciones originarias del lugar receptor logrando que se le otorgue un mayor reconocimiento a las mismas. El turismo también logra que las autoridades competentes rehabiliten espacios históricos, monumentales y culturales de la región. Así mismo, se produce diversidad cultural, la cual se lleva a cabo con la interacción de los locales con los turistas internos o externos.

Otro punto importante es el fomento al cuidado medioambiental y al cuidado estético del sitio turístico. Para que un sitio turístico sea más agradable a la vista o más atractivo, se toman medidas medioambientales y de planificación turística, lo que produce un incremento al cuidado ambiental del lugar.

El turismo es un importante factor de comercio internacional ya que promueve el crecimiento económico en países en desarrollo, como lo es México, además de que representa una de las principales fuentes de ingresos de divisas extranjeras del país, después de las remesas. Asimismo, el turismo es principalmente una actividad de servicios, el crecimiento de oferta laboral aumenta conforme crece el flujo turístico en cierto destino.

El turismo es un importante factor de comercio internacional ya que promueve el crecimiento económico en países en desarrollo, como lo es México, además de que representa una de las principales fuentes de ingresos de divisas extranjeras del país, después de las remesas.

Para México, el sector turismo es una palanca importante para afrontar los retos económicos que enfrenta nuestra economía, producto en gran medida por la caída del precio del petróleo y la apreciación del dólar frente al peso. La Organización Mundial de Turismo (OMT) señala que México ocupa el décimo lugar de los países más visitados. Esta actividad económica representa casi el 9% del PIB nacional, generando así una importante derrama económica en servicios de transporte, alojamiento, restaurantes, entretenimiento y otros servicios que son un gran motor de desarrollo para México.

Contrario a otros sectores, el turismo se ve beneficiado con la apreciación del dólar, debido a que se vuelve más barato para los extranjeros viajar a México que a otros países al recibir más pesos por cada uno de sus dólares, lo que provoca una mayor afluencia de divisas a nuestras playas y ciudades. Esto a su vez, se traduce en una considerable fuente de empleo para muchos mexicanos. Hoy en día, el turismo funge como agente contracíclico en esta época de contracción económica, es decir que ante periodos de crecimiento bajos, el sector turismo logra crecimientos importantes.

Hoy en día, el turismo funge como agente contracíclico en esta época de contracción económica, es decir que ante periodos de crecimiento bajos, el sector turismo logra crecimientos importantes.

A nivel local, para el Estado de Nuevo León, el turismo es primordial para el comercio y negocios del estado.

El índice de turistas con fines laborales y de negocios es alto, ya sea para turistas extranjeros como para nacionales. Los principales hoteles de la región metropolitana de Monterrey están enfocados al área de negocios, así como para conferencias internacionales.

Por tanto es importante la inversión en infraestructura y el desarrollo de servicios públicos y privados que fortalezcan el turismo de nuestro estado. Al crecer este sector, crecen los pequeños y grandes negocios de Nuevo León, incrementando la oferta de empleo, el ambiente de negocios y el posicionamiento de nuestro estado.

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¿Cada día es peor México?

Todos los días México nos tiene algo que contar, y hoy no fue la excepción…

El Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) presento el día de hoy 25 de Mayo, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015, cuyo objetivo es medir la percepción sobre las situaciones de corrupción en México, las estimaciones sobre el grado de interacción de la población con las autoridades gubernamentales a través de medios electrónicos, estimaciones sobre el número de actos de corrupción que sufrieron las víctimas en la realización de pagos, trámites, solicitudes de servicios públicos y otro tipo de contacto con las autoridades, entre otros puntos. Dicha encuesta arrojo que la delincuencia, la inseguridad y la corrupción, fueron los temas que más preocuparon a los mexicanos durante el 2015.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) presento el día de hoy 25 de Mayo, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015...Dicha encuesta arrojo que la delincuencia, la inseguridad y la corrupción, fueron los temas que más preocuparon a los mexicanos durante el 2015.

Para la realización de esta encuesta, se tomó un periodo de referencia de enero a diciembre del 2015, en donde la población de estudio fue hacia la población de 18 años y a ciudades con un mayor a 100,000 habitantes. El tamaño de muestra nacional fue de 38,000 viviendas, y la cobertura geográfica fue a nivel nacional en los 32 estados de la república mexicana.

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) posiciona al Estado de México como uno de los 10 estados con más actos de corrupción con 62,160 actos por cada 100,000 habitantes, seguido por Sinaloa con 58,232 actos, Chihuahua con 36,472 actos, Sonora con 33,256 actos, Baja California Sur con 31,604 actos, Morelos con 29,740 actos, Michoacán con 29,144 actos, Querétaro con 28,905 actos, Tlaxcala con 28,771 actos y Puebla con 28,269 actos.

También posicionan a Colima con menos actos de corrupción con 9,230 actos, Nayarit con 9,779 actos y Tamaulipas con 10,441 actos. En la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) ubicó en primer lugar los temas de inseguridad y delincuencia con 66.4% como uno de los temas que más preocupaban a los mexicanos en 2015, seguido por la corrupción con un 50.9%. A comparación de la misma encuesta realizada en el año 2013, en donde el 42.9% de los encuestados percibía la corrupción como ‘frecuente’, se observa un incremento de 10 puntos con un 52.4% en percepción a la corrupción como ‘frecuente’ en el gobierno federal.

Para la realización de esta encuesta, se tomó un periodo de referencia de enero a diciembre del 2015, en donde la población de estudio fue hacia la población de 18 años y a ciudades con un mayor a 100,000 habitantes. El tamaño de muestra nacional fue de 38,000 viviendas, y la cobertura geográfica fue a nivel nacional en los 32 estados de la república mexicana.

Los servicios públicos básicos como calles y avenidas, policía y alumbrado público, obtuvieron un nivel de satisfacción de 20.7%, 25.3% y 33%. En educación pública obligatoria, el 61% de la población manifestó estar satisfecho con el servicio de educación pública obligatoria durante 2015. Mientras que en el IMSS la satisfacción fue de 38.8%, y en el trasporte público masivo automotor fue de 28.9%.

Cabe señalar que la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) también mide la satisfacción de los servicios públicos básicos (agua potable, drenaje y alcantarillado, alumbrado público, parques y jardines, recolección de basura, policía, calles y avenidas, carreteras y caminos sin cuota), como de servicios de baja demanda (educación pública obligatoria; educación pública universitaria; servicios de salud, del IMSS, ISSSTE, gobiernos estatales y seguro popular; energía eléctrica; transporte público masivo automotor; autobús de transito rápido; metro o tren ligero y autopistas con caseta de cuota).

Por último, como dije al principio de esta nota, México nos da una noticia nueva cada día, sea buena o mala. Sin embargo, los datos que arrojo esta encuesta a mi parecer son importantes y delicados, principalmente porque cada día la población mexicana percibe la corrupción como un acto común que se deba aceptar, de igual manera, es importante esta encuesta porque nos da un reflejo de cómo la población mexicana percibe ciertos temas, ya sea educación, servicios públicos, gobierno, etc. Necesitamos cambiar nuestra manera de ser y de actuar para poder transformar realmente México y poder así progresar como sociedad, pero principalmente como país.

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“El Talón de Aquiles” # 9: Radiografía de un Laberinto

Por primera vez en cuatro años y medio le tomé el pulso al aparato burocrático mexicano. Voy directo al grano. He aquí mis dos conclusiones luego de esta modesta pero intensa experiencia: (1) la presunción de culpabilidad lleva a la culpabilidad y (2) el desordenado cambio para generar eficacia termina generando más desorden. Afortunadamente, lo último que se pierde es la esperanza. Veamos en detalle estas observaciones.

La presunción de culpabilidad lleva… ¡a la culpabilidad!

El Talón de Aquiles de la burocracia mexicana se resume de la siguiente forma: todo ciudadano es fundamentalmente culpable hasta que demuestre lo contrario. A sabiendas de lo odioso que son las comparaciones, me permitiré señalar que en Canadá, país que conozco bien, no solo se parte de la idea contraria, es decir que el ciudadano es inocente hasta que muestre lo contrario, sino que existe además en ese país una cultura positiva de servicio público, en donde el empleado público considera un privilegio – sí, leyó bien: un privilegio – servir a sus semejantes. Sabe el servidor, además, que es su responsabilidad hacer bien su trabajo, pues su sueldo proviene del esfuerzo colectivo generado por los impuestos. La historia es bien diferente en México: muchos de los servidores públicos tienen poco de “servidores”. O mejor dicho, no sirven para nada, tanto literal como figurativamente. He calculado que en el mejor de los casos, se necesita ir a una dependencia pública al menos dos veces: la primera para saber por qué no se pudo hacer el trámite esa primera vez y la segunda para hacerlo. Eso es así, si tiene suerte o si es meticuloso con los requisitos. Porque no es nada extraño perderse en la tramitología burocrática.

He calculado que en el mejor de los casos, se necesita ir a una dependencia pública al menos dos veces: la primera para saber por qué no se pudo hacer el trámite esa primera vez y la segunda para hacerlo.

Recientemente, tuve que ir dos veces a un segundo piso, esperar 45 días hábiles, pasar al primer piso de la misma dependencia para cotejar todo de nuevo, cumplir con nuevos requisitos y sacar copias, para nada. Presenté cinco veces los originales hasta que un día me dijeron que debían verificar que los originales fueran… originales. Ese día decidí tomar vacaciones de la burocracia. ¿Por qué hay tanta informalidad en México? Basado en estas experiencias, propongo dos formas de responder a esta pregunta. La cultura del “no se puede” produce tal pérdida de tiempo y de energía, que muchos deciden, si pueden, no hacer nada (aun cuando preferirían estar en regla). Pero cuando los trámites son indispensables, la carrera de desconfianza alcanza tales proporciones que los controles burocráticos cruzados improbables e inverosímiles terminan atizando la creatividad ciudadana a límites inimaginables. Sería mejor cotejar los documentos una o dos veces, confiar en el trabajo de los colegas y acompañar al ciudadano a alcanzar su objetivo, que por cierto es cumplir con las normas legales que el mismo Estado le impone. Pero eso es imposible: en México somos culpables ante el empleado público y ante tal laberinto, terminamos siendo culpables de verdad, ya sea por inacción o por invención.

Sin un cambio integral y ordenado, las reformas a favor de la eficacia crean… ¡más ineficacia!

En principio, la informatización y puesta en línea de los servicios públicos deberían aligerar la tramitología y acercar el Estado al ciudadano. Eso es cierto si se respetan dos principios. Primero, internet complementa, no sustituye, la oferta de servicios. Si se ponen los formularios en línea pero se retiran de la oficina, los que no tienen acceso a internet no podrán realizar su trámite, aunque se presenten en la oficina y tengan todos sus documentos, pues primero deberán “ir a Internet” para imprimir sus formularios. Esto es así en un país en donde personas van a papelerías a solicitar que les envíen un email. Lo he visto: por MXP 10 (USD 0.80) el cliente dicta su mensaje como en los tiempos de los jefes, las secretarias y las máquinas de escribir. Un gobierno en línea, tal y como se implementa en México, crea entonces una odiosa discriminación entre ciudadanos conectados y desconectados. Se inventa además un paso adicional en el triatlón burocrático.

Si se ponen los formularios en línea pero se retiran de la oficina, los que no tienen acceso a internet no podrán realizar su trámite, aunque se presenten en la oficina y tengan todos sus documentos, pues primero deberán “ir a Internet” para imprimir sus formularios.

El segundo requisito para que una reforma informática genere los resultados esperados, tiene que ver con la eficacia y transparencia en el manejo de la información. Si los trámites son digitalizados y “subidos” a Internet, pero no se rediseñan las páginas para que la información sea fácilmente accesible, entonces este cambio produce más ineficacia: el ciudadano, por más conectado que esté, terminará frustrado por no encontrar la información. Tal vez habrá intentado obtener respuesta telefónica, pero al no obtener éxito, probablemente deberá presentarse en la oficina para que le expliquen en donde encontrar la información… en Internet. Si tiene suerte, es decir si el funcionario conoce la respuesta, deberá ir a buscar un acceso a internet para imprimir, llenar el requisito y entonces volver a presentarse, ahora sí, con los papeles, en la oficina. Y si no tiene suerte, ya sea porque le tocó uno de esos empleados que exigen fotocopias redondas o porque interactuó con uno que intentó ayudar pero no sabía–en México existe también un serio problema de formación de empleados, tanto en empresas privadas como en el sector público– pues habrá, ahí sí, que implorar a la virgencita de Guadalupe, para que por lo menos no se “caiga el sistema”. Es decir, ser un ciudadano conectado no es suficiente.

Si los trámites son digitalizados y “subidos” a Internet, pero no se rediseñan las páginas para que la información sea fácilmente accesible, entonces este cambio produce más ineficacia: el ciudadano, por más conectado que esté, terminará frustrado por no encontrar la información.

El problema es tan serio, que se ha generado un mercado informal que vive a la sombra de esta ineficacia. Alrededor de las dependencias públicas hay papelerías en donde, por MXP 20.00, se pueden sacar citas por internet (cuando se pide este requisito para poder ser atendido), bajar formularios (que nadie logra encontrar por sí mismos). En estos negocios, el personal de fotocopiadora aconseja a su clientela cómo sobrevivir a esta deriva burocrática: no ponga el recibo a la derecha porque se lo rechazan: póngalo a la izquierda. Hágalo al revés, porque al derecho no se lo van a aceptar. Y también existen los “filólogos”. Me refiero aquí, por supuesto, a los especialistas en hacer las interminables filas a las que la administración nos tiene acostumbrados, y que aquellos que tienen un trabajo no se pueden dar el lujo de hacer. ¿Cómo explicar a un Jefe que se lleva días haciendo la misma fila para hacer el mismo trámite, sin resultado alguno? Es mejor pagarle a alguien para que se pelee por uno y que luego regrese con el trámite completo.

Conclusión: no todo está perdido (al menos hay esperanza)

Debo ser justo: en este laberinto burocrático, también me he topado con servidores públicos que sí son serviciales. Admiro, lo acepto, las leyes que obligan a contratar personal con capacidades diferentes. Y, a nivel organizacional, existen algunas islas de eficiencia dentro del mar de ineficiencia.

...en este laberinto burocrático, también me he topado con servidores públicos que sí son serviciales. Admiro, lo acepto, las leyes que obligan a contratar personal con capacidades diferentes. Y, a nivel organizacional, existen algunas islas de eficiencia dentro del mar de ineficiencia.

Existen programas de calidad que funcionan, por lo que algunas sedes se esfuerzan constantemente por ocupar los primeros puestos en atención al cliente. Otras oficinas funcionan con estándares de primer mundo, exigiendo la menor cantidad posible de papeles y simplificando al máximo el acceso a formularios en Internet. El Estado no es solo una colección de frustraciones e ineficiencias. Sin embargo, me queda un sabor amargo, pues mi argumento es más profundo y tiene que ver con la sociedad en la que queremos vivir: ¿Por qué debemos suponer que nos quieren engañar en vez de partir del supuesto que podemos ser solidarios? ¿Por qué vivir en una sociedad de desconfianza cuando podemos hacerlo en una sociedad basada en la confianza? Si en Canadá se puede, de seguro que en cualquier otro país latinoamericano también se debe poder. No. No es idealismo. Se trata de exigir, de reclamar los servicios a los que tenemos derecho, en los estándares de calidad que merecemos, y de no ser castigados por ello.

Fernando A. Chinchilla
Ciudad de México (México), mayo de 2016

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Impuestos ambientales: una alternativa para los Estados

En repetidas ocasiones, he comentado acerca de la responsabilidad que tienen los diferentes niveles de gobierno de mantener un alto nivel de ingresos. Esto incluye realizar las gestiones necesarias para bajar recursos de los niveles superiores, incentivar a los contribuyentes para que cumplan con su obligación de pago e implementar los impuestos necesarios para ofrecer servicios de calidad. Para lograr satisfacer la necesidad de servicios públicos de la población, los gobiernos no solo deben de administrar eficientemente los recursos con los que cuentan, también son responsables de realizar las acciones necesarias para mantener una tendencia creciente de ingresos que permita brindar mayores y mejores servicios a la sociedad.

Para los gobiernos no es fácil implementar nuevos impuestos. En la administración pública constantemente se tiene la disyuntiva que, para satisfacer las necesidades de servicios públicos, se requiere una mayor carga impositiva. Lo anterior ha llevado a la administración pública a implementar gravámenes que ocasionen el menor efecto negativo para la sociedad. En este sentido, existen impuestos que están enfocados a moldear el comportamiento de las personas o empresas, los cuales buscan evitar o disminuir las acciones que generan externalidades negativas o bien, que quienes las realizan asuman el costo. En economía, este tipo de impuestos son conocidos como pigouvianos.

El impuesto debe de ser proporcional al daño que se cause al medio ambiente, de esta forma el gobierno puede utilizar los ingresos que percibe por este concepto para revertir el daño causado al ecosistema.

Como ejemplo de impuestos pigouvianos tenemos los impuestos ambientales, los cuales son aplicados principalmente a las empresas que contaminan o causan un daño al ecosistema. Cuando un gobierno implementa un impuesto de este tipo los efectos pueden ir desde la disminución parcial de la actividad contaminante hasta su eliminación total, dependiendo de la tasa de impuesto aplicada. El impuesto debe de ser proporcional al daño que se cause al medio ambiente, de esta forma el gobierno puede utilizar los ingresos que percibe por este concepto para revertir el daño causado al ecosistema.

Los impuestos ambientales son muy conocidos en los países de alto desarrollo económico, ya que es en estas naciones donde se presentan los mayores impactos ambientales. En nuestro país, estos impuestos pueden ser de gran ayuda para los estados, tanto para incrementar la recaudación como para disminuir el impacto ecológico. Sin embargo, la existencia de impuestos ambientales afecta en la decisión de una empresa para establecerse o permanecer en un estado. Lo anterior ha desincentivado a las entidades federativas de implementar este tipo de impuestos.

Si una de las alternativas para incrementar los recursos del gobierno es aplicar nuevos impuestos, la primera opción que se debe de analizar son aquellos gravámenes que están dirigidos a que quienes causan una externalidad negativa asuman el costo.

Los gobiernos estatales están enfrentando una difícil situación económica, en la cual los ingresos no son suficientes para atender las necesidades de servicios públicos de la población. Si una de las alternativas para incrementar los recursos del gobierno es aplicar nuevos impuestos, la primera opción que se debe de analizar son aquellos gravámenes que están dirigidos a que quienes causan una externalidad negativa asuman el costo.

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