#Kleroterion: “PEF y Ley de Ingresos, paso a paso”

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Todos en algún momento hemos escuchado acerca del Presupuesto de Egresos de la Federación y de la Ley de Ingresos, ya sea como PEF, presupuesto, reparto, recursos, el dinero que da el gobierno, lo que recoge, los impuestos, la recaudación, así como otras denominaciones; pero, ¿qué tanto sabemos o conocemos de este tema?, sabemos cómo se estipula, cuándo se otorga, cómo se aprueba y también, en qué momento se ejecuta o se utiliza, a continuación lo explico.

Primero debemos entender que el Gobierno necesita liquidez y/o recursos que se traducen en dinero para poder cumplir con todas sus funciones, este recurso es conocido como Gasto Público, ahora bien, todo este gasto se clasifica en lo que se llama “Ley de Ingresos”, que en pocas palabras, es todo el dinero recaudado y el  “Presupuesto de Egresos de la Federación” (PEF), que sería el dinero que se utilizará durante un año, mejor conocido como ejercicio fiscal, del 1 de enero al 31 de diciembre del año correspondiente.

Pero entonces, ¿para qué se utiliza?, el gobierno lo ejerce para diversos sectores como: servicios de salud, educativos, campo, carreteras, vivienda, electricidad, justicia, garantizar la soberanía del país, actividades legislativas, seguridad nacional, estados y municipios, relaciones internacionales, así como cumplir el costo financiero de la deuda, entre otros, en una explicación más amplia, los recursos son distribuidos en ramos presupuestarios que enunciaré con su respectivo número: Ramos Administrativos, que serían la Oficina de la Presidencia de la República (02), Gobernación (04), Relaciones Exteriores (05), Hacienda y Crédito Público (06), Defensa Nacional (07), Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (08), Comunicaciones y Transportes (09), Economía (10), Educación Pública (11), Salud (12), Marina (13), Trabajo y Previsión Social (14), Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (15), Medio Ambiente y Recursos Naturales (16), Procuraduría General de la República (17), Energía (18), Desarrollo Social (20), Turismo (21), Función Pública (27), Tribunales Agrarios (31), Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (37), Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (38), Comisión Reguladora de Energía (45), Comisión Nacional de Hidrocarburos (46) y Entidades No Sectorizadas (47); Ramos Generales, que serían las Aportaciones a Seguridad Social (19), Provisiones Salariales y Económicas (23), Deuda Pública, Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos (25), Participaciones a Entidades Federativas y Municipios (26), Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (30), Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (33), Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca (34); Entidades Productivas del Estado, integradas por Pemex y la Comisión Federal de Electricidad; Entidades de Control Directo, siendo el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; Ramo 32, correspondiente al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; Ramo 40, Información Nacional Estadística y Geográfica; Ramos Autónomos, integrados por el Poder Legislativo (01), Poder Judicial (03), Instituto Nacional Electoral (22), Comisión Nacional de los Derechos Humanos (35), Comisión Federal de Competencia Económica (41), Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (42), Instituto Federal de Telecomunicaciones (43), Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (44).

Por otro lado, explico también, cuáles son algunas de las características de la Ley de Ingresos, igualmente como el PEF tiene una “vigencia” anual, tiene “precisión”, ya que lo que no marque esta ley, de ninguna manera puede ser recaudado, cuenta con “previsibilidad”, ya que se establecen las cantidades estimadas que por cada concepto habrá de obtener la hacienda, así como contener “especialidad”, ya que contiene un catálogo de rubros por obtener durante su vigencia, cabe mencionar que respecto a la Ley de Ingresos, es facultad de aprobarla por el Congreso, es decir, por la Cámara de Diputados y la de Senadores.

Regresando al PEF, surge otra duda, ¿cómo se junta, recauda o simplemente de dónde viene ese dinero?, se obtiene de los tan mencionados y cuestionados impuestos y que también son recaudados o recogidos en el mismo lapso anual correspondiente, así como del pago de derechos y productos, de las contribuciones de la ciudadanía, pero por supuesto, no solo de esto, también de los ingresos del petróleo, la venta de bienes y servicios de las empresas de organismos públicos, así como de las contribuciones de trabajadores y patrones respecto a sistema de seguridad social,  productos, aprovechamientos, emisión de bonos y préstamos, señalando y recalcando que la principal fuente de financiamiento del presupuesto es por la contribución ciudadana.

¿Quién lo manda y quién lo aprueba?, lo manda y lo elabora el ejecutivo federal y lo aprueba como facultad exclusiva la Cámara de Diputados de acuerdo al artículo 74, Fracción IV, de la Constitución, a continuación explico cómo se calendariza el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

El presidente electo, deberá remitir a más tardar el 15 de diciembre a la Cámara de Diputados los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Egresos de la Federación 2019. Para la discusión y aprobación del PEF y la Ley de Ingresos, el Congreso Federal tiene como límite el 31 de diciembre de este año, finalmente culmina con la promulgación y publicación.

En conclusión la Ley de Ingresos, analizará o calculará, los recursos que deberá allegarse y/o recaudarse durante el año por los conceptos antes descritos, y por el otro lado el PEF, determinará cuánto y en qué debe gastarse los recursos públicos de la Federación, es entonces que una vez aprobado, cada Poder Federal, cada empresa paraestatal y dependencia que esté dentro del decreto, ejercitará su propio presupuesto. El jueves 11 de octubre la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se instaló, para poder comenzar con el análisis y proceso formal del futuro presupuesto para el ejercicio fiscal 2019.

Jaime Rodríguez: la gubernatura es un deber y un honor, no un trampolín político

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Hoy, a más de un año transcurrido desde las votaciones llevadas a cabo en nuestra entidad federativa, resulta innegable la necesidad de detenerse y cuestionar diversas situaciones. Una de ellas gira en torno a la figura de Jaime Rodríguez, actual ejecutivo de Nuevo León, específicamente en cuanto a las acciones futuras que pretende llevar en marcha.

 




No solo diversos medios, sino que él mismo ha planteado en más de una ocasión, la posibilidad de contender como candidato a la presidencia a la república en el 2018; yo me pregunto ¿con qué cara se atreve a plantear como posibilidad lo anterior, cuando ni siquiera llevaría la mitad de su mandato?
Considero una imprudencia y una contradicción hacia aquel discurso que el mismo, Rodríguez Calderón, empleaba para resaltar que su mandato sería (en palabras suyas) “una nueva independencia”, el hecho que desee sumarse al descaro de otros servidores públicos, al utilizar como un simple “trampolín político” el cargo por el que fue votado.

Esto, aunado a los fracasos referentes a la eliminación de la tenencia, así como de la derrota total ante el caso Medina, da por hecho que nos encontramos, muy probablemente, ante otro demagogo más.

Y es que, de no ser cierto esto, y de encontrarnos frente a un servidor público en toda la extensión de la palabra, de tener como ejecutivo a un auténtico ciudadano, no estaríamos presenciando este cinismo y esta falta de respeto a la ciudadanía y a todos los que votaron por el actual gobernador; cinismo traducido en la concepción de un cargo tan importante, y que debería de llenar de un sentimiento de compromiso y honor a todo aquel que lo ostentara, convertido en un vil trampolín para contender por otro cargo.

Ya vivió nuestro estado un cinismo similar con el “chapulineo” de Ivonne Álvarez, y bien parece que estamos por vivir otro; esta vez, en la persona que le bajaba “el cielo y las estrellas” a los nuevoleoneses.

Una verdadera decepción, el simple hecho de mencionar, por parte del ejecutivo estatal, la posibilidad de fungir como aspirante a la presidencia, cuando la entidad federativa que tiene el deber de servir, se ahoga en deuda pública, en inseguridad y en desencanto.

No hay peor forma de faltarles al respeto a los votantes, que utilizar como catapulta el cargo por el que se le eligió. Personalmente, a pesar de que Jaime Rodríguez cumpliera con sus promesas de campaña al pie de la letra, no le da el derecho de abandonar el cargo por el que se le votó, pues el pueblo, del cual emana y permanece la soberanía, es la voz primera y última; y fue este mismo, quien lo eligió para ser Gobernador por seis años, no por tres años y un intento de ser presidente.

 




Finalmente, de materializar “El Bronco”, el deseo descarado de contender por el cargo de ejecutivo federal, algo si voy a exigir: que de ser derrotado en las elecciones, no vuelva más a ostentar cargo público alguno; ya que, el haber contendido para utilizar el cargo como coyuntura para competir por otro puesto, sin haber servido siquiera la mitad de su mandato, solo denota que su motivo principal, fue siempre el hambre de poder, y no el bienestar de la sociedad.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Reestructura Pública

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Los estados y municipios de México se encuentran, en su mayoría, en una situación financiera complicada. Al no existir recursos suficientes para hacer frente a los gastos de operación, servicios públicos, seguridad, educación e inversión pública, muchas veces es necesario recurrir al crédito para poder realizar infraestructura y proyectos.

Con el paso del tiempo el financiamiento al sector público ha sido una herramienta de crecimiento para entidades que han sabido destinar la deuda pública a proyectos productivos pero al mismo tiempo ha sido un lastre financiero para aquellos gobiernos que se han endeudado de manera desordenada.

No obstante, para ambos casos es posible siempre buscar mejorar las condiciones de la deuda pública a través de una operación de reestructura. Ésta busca llegar a un acuerdo entre quien otorgó un crédito y quien lo recibió para modificar los términos mediante una mejora en las condiciones de dicha deuda.

 




Estas condiciones se refieren a la forma en cómo se pactó un crédito, las cuales dependen en gran medida de la situación financiera de una entidad pero también del entorno económico y la situación de los mercados financieros. Por lo tanto, las condiciones de un crédito celebrado hace 10 años, que en su momento fueron óptimas, pueden tener áreas de oportunidad y posibilidad de reestructurarlo, por ejemplo.

Aclarando lo anterior, existen dos principales condiciones en un financiamiento. El plazo, es decir el periodo desde que se recibe el crédito hasta que se termina de pagarlo; y la tasa de interés, entendido como el costo por recibir un préstamo. De éstas se desprenden otras condiciones importantes como el perfil de amortización, que representa la forma de amortizar (ir pagando) el capital del financiamiento, que puede ser lineal, creciente o decreciente, comúnmente.

De la misma manera, la garantía del crédito se refiere a qué activo la institución que otorga un préstamo recibe como garantía en caso de que el prestatario incumpla con la obligación de pago. Otra importante es la fuente de pago, que se entiende como el origen de los recursos que pagarán el crédito, que puede ser los ingresos de un proyecto, la venta de un activo o en el caso de los gobiernos estatales y municipales los ingresos federales o propios.

Dicho lo anterior, es preciso mencionar que en el sector público el constantemente buscar opciones de reestructura es una medida oportuna para dar un respiro a las finanzas públicas a través de una mejora en las condiciones de la deuda pública.

 




 

A partir de este año, los estados y los municipios están sujetos a realizar operaciones de financiamiento (incluyendo reestructuras) bajo la Ley de Disciplina Financiera. Este nuevo marco normativo obliga a realizar un proceso competitivo para la obtención de créditos, donde los gobiernos subnacionales emiten una convocatoria pública con las especificaciones y necesidades de financiamiento para que de esta forma las instituciones de crédito compitan entre sí para ofrecer las mejores condiciones.

La institución que ofrezca el crédito con la menor tasa efectiva (costo) resultará elegido para celebrar la operación de financiamiento con la entidad de que se trate. El espíritu de este proceso es, entre otras cosas, evitar sobrecostos o condiciones desfavorables para el sector público.

Es así como el monitoreo habitual de los mercados financieros, de las variables macroeconómicas y de la situación financiera de estados y municipios, por nombrar algunos, es clave para detectar oportunidades de reestructura y de esta forma mejorar un importante rubro del balance financiero del sector público.

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¿Ahora sí quieren endeudarse?

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Uno de los principales pilares de la campaña de Jaime Rodríguez fue el atacar el endeudamiento del Gobierno del Estado y de sus organismos autónomos en las últimas administraciones. De manera infundada y sin conocimiento del tema, el ahora Gobernador satanizó la deuda pública y al mismo tiempo difundió sus estrategias para no requerir financiamiento ni endeudar a Nuevo León durante su mandato.

La ironía se presenta cuando esta semana el Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado compareció ante congreso para solicitar autorización para emitir $9,000 millones de pesos (mdp) en el mercado de valores para refinanciar certificados bursátiles de la Red Estatal de Autopistas (REA) y concretar proyectos de inversión. En palabras mundanas, que la REA pida prestados $9,000 mdp para pagar $6,000 mdp de deuda anterior e invertir $3,000 mdp en obra pública.

De manera infundada y sin conocimiento del tema, el ahora Gobernador satanizó la deuda pública y al mismo tiempo difundió sus estrategias para no requerir financiamiento ni endeudar a Nuevo León durante su mandato.

Y no sólo lo anterior. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, a finales del 2015 solicitó al H. Congreso aprobación para contraer endeudamiento por hasta el 5% de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2016 más las amortizaciones hechas en el periodo. Es decir, que Nuevo León podrá pedir prestado a bancos poco más de $4,000 mdp este año, elevando así la actual deuda del Estado. Dato curioso, durante los últimos años de la administración de Rodrigo Medina sólo se solicitó el 2% de la Ley de Ingresos como una de las medidas para dar sostenibilidad a las finanzas estatales.

Entonces, ¿el gobierno de Jaime Rodríguez sí seguirá endeudando al Estado?, ¿No se supone que con sus cuantiosos ahorros ya no necesitaría pedir prestado?

La deuda (apalancamiento) es una medida financiera prudente. Yo apoyo profundamente el crédito a entidades públicas y sostengo que las finanzas públicas requieren de métodos alternativos de financiamiento para poder invertir en proyectos públicos. Un Estado como Nuevo León requiere mantener su crecimiento y seguir apuntalando su desarrollo económico promovido en gran parte por su industria pero también por su gobierno, y dada la coyuntura financiera del país, una forma adecuada es mediante deuda.

No obstante, el tema es la forma en cómo Jaime Rodríguez está haciendo las cosas. Lo que antes condenaba ahora lo está promoviendo. La campaña fue un sinfín de críticas y ataques y ahora que está gobernando no vemos ninguna acción concreta pero sí una enorme cantidad de incongruencias y retracciones. Es como si Donald Trump ya que fuera presidente se casara con una inmigrante que llegó de forma ilegal a Estados Unidos.

Un Estado como Nuevo León requiere mantener su crecimiento y seguir apuntalando su desarrollo económico promovido en gran parte por su industria pero también por su gobierno, y dada la coyuntura financiera del país, una forma adecuada es mediante deuda. No obstante, el tema es la forma en cómo Jaime Rodríguez está haciendo las cosas. Lo que antes condenaba ahora lo está promoviendo.

Y otra ironía para concluir, ¿no repitió desmesuradamente Jaime Rodríguez que la deuda de Nuevo León era de $100,000 mdp? Ya que llegó a la silla se dio cuenta de que esa cantidad dista de tener coherencia, cuando el reporte trimestral enero-marzo 2016 de cuenta pública (ya bajo su mandato) ubica la deuda del Estado en $35,221 mdp.

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“Dimes y Diretes”: “Rorro” Medina y Los Pinos

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FIRMA LA PETICIÓN: https://www.change.org/p/enrique-pe%C3%B1a-nieto-no-le-den-cobijo-a-medina

Ni la amenaza de posible investigación, ni que le acaban de destapar sus trapos sucios en el proyecto de Monterrey VI van a evitar que Rodrigo “Golden Boy” Medina tome un puesto en el gobierno federal. Desde antes de que saliera del gobierno se rumora que Peña Nieto le daría cobijo todavía a otra rata más (con Arturo Escobar no tuvo suficiente) en su gabiente.

El día de ayer trascendió que posiblemente “Rorro” tome el lugar del recién salido Alejandro Murat Hinojosa en la Dirección del Infonavit. Las mismas fuentes citan que el puesto es un premio de Peña por el “buen gobierno” de Medina en Nuevo León.

El día de ayer trascendió que posiblemente “Rorro” tome el lugar del recién salido Alejandro Murat Hinojosa en la Dirección del Infonavit. Las mismas fuentes citan que el puesto es un premio de Peña por el “buen gobierno” de Medina en Nuevo León. Así que tal parece que Medina se nos pelo, me pregunto yo si “El Bronco” hará alguna declaración de confirmarse esta información.

Como lo he mencionado en columnas anteriores, estoy en contra de la verificación vehicular; pero me parece incoherente que los diputados del partido rojo sangre se pongan a protestar y, al mismo tiempo, defiendan a Medina a capa y espada.

Pero Jaime tiene otros problemas en la localidad y en uno están involucrados los secuaces de Medina, los diputados del PRI. Esta semana los “diputadetes” decidieron “tomar las calles” del centro para repartir calcomanías y protestar en contra de la verificación vehicular que propuso Jaime. Como lo he mencionado en columnas anteriores, estoy en contra de la verificación vehicular; pero me parece incoherente que los diputados del partido rojo sangre se pongan a protestar y, al mismo tiempo, defiendan a Medina a capa y espada.

Les tengo una recomendación a los diputados del PRI: ¿por qué no se ponen a TRABAJAR en lugar de andar haciendo sus protestas?

Les tengo una recomendación a los diputados del PRI: ¿por qué no se ponen a TRABAJAR en lugar de andar haciendo sus protestas? Si Jaime ha tenido que proponer una tontera como la verificación vehicular es por que alguien de su partido dejó las finanzas en ruina, ese alguien siendo “Rorro” Medina.

¡Los invito a firmar esta petición para que Peña Nieto no le de protección a “Rorro” Medina!

Nosotros como ciudadanos debemos de exigirle al presidente de México, Enrique Peña Nieto, que no le de cobijo a Rodrigo Medina. ¡Los invito a firmar la petición para que Peña Nieto no le de protección a “Rorro” Medina!

FIRMA LA PETICIÓN: https://www.change.org/p/enrique-pe%C3%B1a-nieto-no-le-den-cobijo-a-medina

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Miedo Irracional a la Deuda

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Uno de los temas más discutidos mediáticamente en los últimos años ha sido la deuda pública de Nuevo León y sus implicaciones en el presupuesto y gasto públicos. Los comentarios y opiniones emitidos por los principales medios locales acerca de este tema han desvirtuado completamente a la situación real de las finanzas de Nuevo León y a lo que en verdad representa la deuda pública. No obstante, dejando atrás las barbaries que “pseudo expertos” emiten, me gustaría clarificar y desmitificar este tema con analogías sencillas de la economía familiar.

Cada peso de deuda contraída por entes gubernamentales es dirigido, por ley, a “inversión público productiva”, es decir, a la inversión que hacen los gobiernos en infraestructura pública para mejorar los estados y municipios.

Al tener presupuestos limitados, las entidades y municipios buscan financiamiento público con el fin de obtener mayores recursos para poder destinarlos a cubrir las necesidades de la población, por ejemplo mediante la construcción de escuelas y hospitales, la modernización de servicios públicos, la inversión en seguridad pública o el desarrollo del campo. De esta forma, cada peso de deuda contraída por entes gubernamentales es dirigido, por ley, a “inversión público productiva”, es decir, a la inversión que hacen los gobiernos en infraestructura pública para mejorar los estados y municipios. De manera analógica, un padre de familia cuyos ingresos se restringen al sueldo que percibe por trabajar necesita recurrir a un crédito para comprar una casa y hacerse de un activo que pagará en el tiempo pero que desde hoy brinda seguridad y patrimonio a su familia.

El endeudamiento que una entidad federativa puede contraer lo autoriza el Congreso Local (no el Poder Ejecutivo) mediante la Ley de Ingresos de cada año, donde se elabora un presupuesto de los ingresos a percibir.

Ahora bien, el endeudamiento que una entidad federativa puede contraer lo autoriza el Congreso Local (no el Poder Ejecutivo) mediante la Ley de Ingresos de cada año, donde se elabora un presupuesto de los ingresos a percibir incluyendo aquellos por financiamiento. Siguiendo la analogía, la mamá realiza una proyección del total de ingresos y gastos que la familia tendrá. Sin embargo, al entrar los hijos a universidad los ingresos no podrán cubrir las colegiaturas, por lo que la mamá autoriza al papá a pedir un crédito para invertir en la educación de sus hijos.

Para hacer frente a los retos del futuro, los poderes Ejecutivo y Legislativo (papá y mamá) colaboran para crear la fórmula que permita cubrir las necesidades básicas del Estado (familia).

En consecuencia los estados financieros del Estado (familia) reflejarán un monto de deuda que tendrá que pagar intereses. No obstante esa deuda permitió realizar inversión pública productiva (hogar y educación), que brinda satisfactores y beneficios globales. De esta forma, para hacer frente a los retos del futuro, los poderes Ejecutivo y Legislativo (papá y mamá) colaboran para crear la fórmula que permita cubrir las necesidades básicas del Estado (familia) y además invertir en el crecimiento y progreso de los mismos.

Es importante resaltar que el apalancamiento, es decir, la utilización de recursos de terceros para invertir en proyectos propios, es y ha sido usado por empresas, familias y gobiernos como motor de crecimiento y desarrollo y como una forma de realizar inversiones que con dinero propio no sería posible hacer.

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