César Camacho descarta disculpa por gritos homofóbicos de diputadas del PRI

Comparte este artículo:

El líder de los diputados priistas, César Camacho Quiroz, descartó que las diputadas priistas tengan que disculparse por su protesta contra el diputado Ariel Juárez, pues no expresaron ningún término homofóbico.

En entrevista, aseguró sin embargo que el PRI se seguirá ciñendo a la ley y al Código de Ética “impulsado por una priista y nos someteremos a cualquier escrutinio”.

“El PRI no agravió a nadie en los términos que están considerando”, insistió tajante, tras argumentar que “lo que las compañeras gritaron fue bruto, y eso nos parece que no constituye ningún agravio”.

Camacho Quiroz resaltó que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) les envió un escrito, con el que “sustancialmente coincidimos con todo lo que dice”.

Empero, recalcó en que al juicio de la bancada priista “no implica ningún agravio, por eso, insisto, no habrá desagravio cuando nosotros no hemos ofendido a nadie”.

El priista rechazó la versión de la diputada Rocio Nahle de que había diputados alcoholizados durante la discusión del Presupuesto de Egresos 2018, la cual calificó como una expresión irresponsable, sin fundamento y ofensiva.

Sobre estos hechos ocurridos en la pasada aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, el líder parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés enfatizó que independientemente del género, debe existir respeto entre todos los integrantes de la legislatura.

Frente Ciudadano presenta iniciativa para crear Fondo de Reconstrucción Nacional.

Comparte este artículo:

El Frente Ciudadano Por México, integrado por los grupos parlamentarios del PANPRD y MC, presentaron en voz de Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, una iniciativa que reforma la Constitución Política en materia de financiamiento público a los partidos políticos y eliminación de gastos no indispensables para la operación del gobierno.

De esa manera proponen eliminar el financiamiento público, tanto para actividades ordinarias como de campañas de los partidos políticos, e incluyen la significativa reducción “de los excesivos gastos del Ejecutivo, como es la publicidad gubernamental”.

En la exposición de motivos, se argumenta que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación presentado por el Ejecutivo federal para 2018, se plantea que el gasto en publicidad sea de 2 mil 623 millones de pesos, lo que representa 3.5 por ciento menos frente a los 2 mil 720, del 2017.

La iniciativa propone, además, que en las visitas de Estado sólo se destinen recursos públicos en carácter de apoyos y gastos sujetos a comprobación de manera limitada.

Asimismo, se suscribe que no podrán destinarse recursos públicos para adquirir seguros de gastos médicos mayores.

También prohíbe la entrega de telefonía celular, vehículos y gasolina, que actualmente se proporciona a los altos mandos, principalmente en el Ejecutivo Federal con cargo al presupuesto público.

En lo que respecta a los partidos políticos, en el documento se detalla que es necesario posibilitar el financiamiento de las actividades de éstos, a través de las aportaciones de particulares, personas físicas y jurídicas, tanto militantes como simpatizantes.

Generar un lineamiento constitucional para que los topes de precampañas y campañas se fijen de acuerdo a los principios de eficacia, eficiencia, economía y austeridad, a efecto de que dichos procesos sean consecuentes con la realidad económica que enfrenta el país.

Es urgente crear un mecanismo que transparente y haga deducibles las aportaciones a los partidos y extenderlas a las personas morales, con esta medida se eliminará el financiamiento público y se asegurará que los recursos que llegan a los partidos son de procedencia lícita.

El costo de la democracia en México

Comparte este artículo:

El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitará un presupuesto de 25.4 mil millones de pesos para el año 2018, según Ciro Murayama, consejero presidente de su Comisión Temporal de Presupuesto “México vivirá la elección más grande de su historia, porque van a concurrir tres elecciones federales y 30 procesos locales”; la suma tendría que ponderarse porque no es menor si se considera que el presupuesto íntegro en 2017 de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) fue de 69 mil 408 millones; de SEMARNAT 35 mil 978 millones; de CONACYT 26 mil 963 millones y de la SEMAR 26 mil 336 millones. Es decir, el presupuesto del INE para el proceso electoral de 2018 es equiparable a los recursos que se destinan a los gastos de inversión y operación de la Marina Armada de México así como a los salarios de todos los marinos del país en un año.

Indican las autoridades electorales que 18 mil millones serán para gasto operativo del instituto y 6 mil millones para el financiamiento de los partidos políticos. Estas cifras, dicen también,  que es en proporción el mismo que se aplicó en los años 2000, 2006 y 2012 en tanto que instituciones encargadas de regular los comicios electorales empleaban el 0.35% del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF); si se sigue esa declaración en futuras elecciones habrá más y más gastos, y sobra decir que no se traducen en mayor confianza para la democracia o en una mejoría en su calidad; habría de señalarse que tal proporción es equívoca: es hasta mediocre argumentar una relación lineal entre gasto público y gasto electoral.

En los últimos años el INE registra una disminución en la confianza pública. Los resultados de una encuesta del periódico Reforma revelaron que el 60% de los ciudadanos consideran que el INE no está preparado para organizar las elecciones federales y el 55% estima que el Instituto es poco independiente respecto al gobierno.  Ha de decirse que en todo caso el INE actúa de ese modo porque la ley así lo establece, aunque poco ha hecho para reducir costos de operación, salarios y otros gastos. Varios de  sus Consejeros pasaron del cubículo y de escribir libros a una responsabilidad nacional, algunos sin ninguna experiencia de mediano nivel en la administración pública, se les nota a la defensiva y sin saber qué hacer.

Tomando otros indicadores como referencia puede analizarse la situación que atraviesa la democracia mexicana; de acuerdo con Latinobarómetro el 49% de los encuestados respondió de manera positiva respecto al apoyo a la democracia: 49% de los encuestados considera que es preferible la democracia a otros sistemas políticos, y para 51 por ciento no es así, este dato es preocupante  para una democracia que se gasta 25 mil millones.

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova señaló en un foro en la UNAM que el INE tuvo responsabilidad al no diseñar una estrategia adecuada para informar a la ciudadanía sobre temas electorales y las propias atribuciones del INE, pero sí presupuestó en 2017 para su Coordinación de Comunicación Social 68 millones de pesos. Eso se llama incompetencia en cualquier parte. Sería sano que los partidos políticos y los Consejeros acordaran reducir el gasto de los partidos por lo menos en años no electorales, pactar una renuncia en bloque del Consejo del INE, reducir el costo operativo del instituto, y designar Consejeros con capacidad administrativa y operativa, gente sobra,  aunque no salgan en la tele.

Si bien el INE precisa recursos para sufragar los costos por organizar elecciones estatales, federales y fiscalización. Lo cierto es, que en un país con 50 millones de personas en la pobreza, donde se hicieron ajustes a todas las Secretarías de Estado Federales, donde la Secretaría de Hacienda generó un presupuesto base cero para revisar los éxitos que tienen los programas y con esa base asignar recursos, habría que preguntarse sobre la ética pública de solicitar los recursos que pide el INE, así como  la propia ley y los resultados que se tienen. Porque si bien hoy no sabemos quién ganará la próxima elección, podemos estar seguros que 25 mil millones después alguien alzará la voz alegando desconfianza en el actuar del Instituto Nacional Electoral.