Recibe México información de Estados Unidos sobre caso de García Cabeza de Vaca

Comparte este artículo:

La Fiscalía General de la República (FGR) recibió la información que el Departamento de Justicia de Estados Unidos envió respecto a las posibles responsabilidades penales del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, familiares y empresas relacionadas con irregularidades bancarias, transferencias monetarias ilegales y operaciones.

En un comunicado se mencionar a Ismael García, José Manuel García y José Ramón Gómez Reséndez, identificados como hermanos y suegro respectivamente del mandatario estatal.

A través de un comunicado, la dependencia señaló que al ser nuevas pruebas que recibió la justicia mexicana, “integrarán a la carpeta de investigación correspondiente”.

La FGR apuntó que la carpeta de investigación “se conformará con las diligencias que deban de hacer tanto la FGR, como las autoridades hacendarias respectivas, para establecer con toda precisión, las posibles responsabilidades penales que procedan en este caso”.

Cabeza de Vaca pidió a su defensa revisar la información aportada por el departamento de Justicia de Estados Unidos a México.

“Soy parte del procedimiento y puedo acceder legalmente a ella la información sin dilación alguna. Confío en que los elementos servirán para esclarecer mi inocencia”, expresó.

El viernes 7 de mayo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió una controversia constitucional contra el desafuero del gobernador de Tamaulipas, presentada por la presidenta del Congreso del Estado de Tamaulipas.

El gobernador García Cabeza de Vaca es señalado por los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal equiparado.

En abril pasado, la Cámara de Diputados aprobó el desafuero del mandatario de Tamaulipas, con 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones.

García Cabeza de Vaca fue desaforado únicamente por el delito de defraudación fiscal equiparada, mientras que los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita no fueron acreditados.

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusó que Morena en la Cámara de Diputados “consumó un nuevo golpe a la Constitución, a la democracia y al federalismo” con la aprobación de su desafuero.

Al turnarse el desafuero al Congreso de Tamaulipas los legisladores lo declararon improcedente con 26 votos a favor, tres en contra y siete abstenciones.

Desde el año pasado trascendió que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR indagaba al gobernador tras obtener audios telefónicos conseguidos por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés).

García Cabeza de Vaca pertenece al Partido Acción Nacional (PAN), principal opositor del Gobierno, por lo que ha denunciado una persecución política en su contra, aunque la semana pasada se reveló que pagó 100 mil dólares a la firma de abogados Gerger Hennessy & McFarlane, de Estados Unidos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha informado que Cabeza de Vaca presuntamente recibió 14.3 millones de pesos de una sociedad financiera, que a su vez obtuvo los recursos de dos empresas fantasma sirvieron al Cártel de Sinaloa para “lavar dinero”.

El inmueble que compró Cabeza de Vaca con ese dinero es un departamento en la lujosa zona de Bosques de Santa Fe, en Ciudad de México, con un valor de 42 millones de pesos.

La UIF también ha detectado tres ranchos y una casa en Tamaulipas, así como 20 propiedades en Texas (Estados Unidos) vinculadas a Cabeza de Vaca a través de empresas, familiares y socios.

(Con información de López-Dóriga Digital)

Asegura Arturo Zaldívar que ejercerá su cargo como presidente de la SCJN por el periodo para el cual fue electo.

Comparte este artículo:

Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se pronunció por primera vez sobre la ampliación de su presidencia por dos años más, gracias a un artículo transitorio en la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal.

Mediante un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, el jurista aseguró que ejercerá el cargo de presidente de la SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal por el periodo por el que fue electo por sus pares, y estará a disposición de lo que determine la misma Suprema Corte en cuanto a la reforma en cuestión.

“Ejerceré el cargo de Presidente de la SCJN y del CJF por el periodo para el cual fui electo por mis pares y estaré a la determinación de la SCJN respecto del precepto en cuestión.

El jurista mexicano reiteró que seguirá cumpliendo con su compromiso con la justicia, algo que ha defendido durante toda su trayectoria.

“Asimismo, seguiré defendiendo la independencia y autonomía del PJF y de todas las juzgadoras y juzgadores, tanto de críticas del poder formal como de los poderes fácticos” agregó el ministro

 

(Con información de Forbes) 

Votarán diputados en fast track ampliación de mandato de Zaldívar

Comparte este artículo:

El Pleno de la Cámara de Diputados votará mañana la reforma judicial que amplía dos años el periodo del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del órgano legislativo acordó dispensar todos los trámites y dar marcha a la votación en sesión ordinaria de la reforma al Poder Judicial. 

El coordinador de la bancada morenista, Ignacio Mier, dijo abiertamente que el artículo transitorio para ampliar el mandato del ministro Arturo Zaldívar tiene el propósito de garantizar los cambios planteados.

Ese es el espíritu que tiene el transitorio, que alargar el periodo del presidente de la Suprema Corte pueda dar también oportunidad de garantizar el cumplimiento de la reforma”, indicó el legislador, quien además aseguró que ya había contactado al ministro Zaldívar pero no profundizaron en el tema. 

La mayoría de Morena y sus aliados desecharon la propuesta de la oposición de discutir el tema en parlamento abierto.

Nosotros, desde la oposición, esperando poder sensibilizar a diputados de Morena y sus aliados para que cumplan con lo que está establecido en la Constitución y no violentar y torcer la misma, y reconocer que una ley no está por encima de la Constitución”, declaró al respecto la coordinadora parlamentaria del PRD en San Lázaro, Verónica Juárez, que lamentó la decisión de la mayoría parlamentaria de darle fast track a la reforma sin escuchar a especialistas y expertos que advierten sobre la inconstitucionalidad de extender la gestión del ministro presidente.

Juárez consideró que la mayoría parlamentaria obedece solamente una instrucción presidencial.

La oposición ya advirtió que, de concretar la aprobación, presentarán una acción de inconstitucionalidad. 

(Fuente: El Mañanero Diario)

Muñoz Ledo califica de “patéticamente inconstitucional” ampliar presidencia de Zaldívar en la SCJN

Comparte este artículo:

El diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, aseveró que llegará a la Cámara de Diputados una minuta proveniente del Senado, “patéticamente inconstitucional que anularía la división de poder y podría conducir a la disolución del régimen republicano de gobierno”.

A través de su cuenta de Twitter, Muñoz Ledo hizo un llamado a evitar “un albano parlamentario y promover en cambio un debate nacional sobre esta cuestión trascendental para el futuro del país”.

Aseguró que esta minuto permitirá “la vergonzosa tarea” de violar flagrantemente la Constitución debido a que se incluye la ley que amplía el mandato de Arturo Zaldívar, como presidente de la Suprema corte de Justicia de la Nación (SCJN) por dos años más.

“Un alabo incitado en las entrañas de un grupo con intereses perversos al interior de nuestro movimiento los cuales, bajo la máscara de aduladores, pretenden engañar a quienes encabezan el Ejecutivo y Judicial. Se trata de un Golpe de Estado prospectado por quienes desean hacerse de la totalidad del poder en 2024, orientado a asentar las bases de un régimen autoritario y la desaparición del sistema de división de poderes”, señaló.

Dijo que, por la forma en la se dio la reforma, ni el presidente López Obrador ni el ministro Zaldívar la conocían previamente.

“Ambos saben que la reforma. votada por el Senado constituye un atropello a la Carta Magna y que de aprobarla la colegisladora abre la puerta a la sistematización de quebrantamientos y contravenciones al sistema jurídico sin responsabilidad alguna”, indicó.

“Nos colocaríamos ante el callejón sin salida de una crisis constitucional donde los propios poderes constituidos vulnerarían sus actuaciones en relación de unos con otros”, expresó el legislador morenista.

Por último, hizo un llamado al presidente López Obrador a no hacerse cómplice de esa trampa.

“El presidente de la República no podría bajo ninguna circunstancia hacerse cómplice de esta trampa que le han tendido, al establecer que otro poder de la Unión pudiese extender su mandato por dos años sin que esto implica una reelección”.

Senado amplía 2 años periodo de Arturo Zaldívar como presidente de la SCJN

Comparte este artículo:

La bancada de Morena y sus aliados aprobaron por mayoría ampliar el mandato del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar.

La reserva fue presentada por el legislador del Partido Verde, Raúl Bolaños, y contempla la ampliación de dos años de actual presidente de la Corte y hasta 2026 el periodo de algunos integrantes del Consejo de la Judicatura Federal.

“Con el fin de implementar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación del 11 de marzo de 2021 y las leyes reglamentarias a las que se refiere el presente Decreto, la persona que a su entrada en vigor ocupe la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal durará en ese cargo hasta el 30 de noviembre de 2023”, se lee en ella reserva avalada en la Cámara Alta.

El dictamen de reformas no se encontraba la ampliación de la Presidencia de Arturo Zaldívar. En la minuta solamente había 12 transitorios y el número 13 se ingresó de último minuto.

Ahora la Cámara de Diputados debe ratificar lo aprobado este jueves en el Senado; de ser así, el ministro Zaldívar terminará su mandato como presidente de la SCJN, el mismo año que termina el mandato de Andrés Manuel López Obrador.

El ministro en retiro, José Ramón Cossío, aseguró que el Artículo 97 Constitucional, párrafo cuatro, señala que cada cuatro años se elegirá, de entre sus miembros, al presidente de la SCJN.

Por su parte, el Consejo de la Judicatura Federal se deslindó del artículo décimo tercero transitorio presentado este jueves en el Senado.

En su cuenta de Twitter, el Consejo de la Judicatura Federal reiteró que su prioridad es la autonomía e independencia del poder judicial.

En un mensaje posterior, el CJF aseguró que no se pronunciará sobre el artículo transitorio hasta que no concluya el proceso legislativo.

Además expresó su respeto a los legisladores que votaron a favor y en contra a las leyes reglamentarias del Poder Judicial de la Federación.

Senadores de oposición impugnan Ley de la Industria Eléctrica de AMLO ante la SCJN

Comparte este artículo:

El bloque opositor de la Cámara Alta (PRI, PAN, PRD y MC) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto de modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE). 

Destacó la firma del documento por parte del senador morenista Germán Martínez, quien también votó en contra de la reforma eléctrica impulsada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.  

El recurso fue avalado por igual, por legisladores del partido del tucán.

El texto fue elaborado por la bancada priista y luego presentado a los grupos del PAN, PRD, MC y PVEM.

Plantea la exigencia del derecho al medio ambiente sano que tienen los mexicanos y el derecho a la libre competencia.

El recurso está dirigido a los once Ministros de la SCJN.

“Esta acción de inconstitucionalidad impugna todo el decreto de la ley eléctrica debido a que viola los principios constitucionales de progresividad, no regresividad y no retroactividad, además de contradecir el derecho a la salud y a un medio ambiente sano”, explicó el panista Jesús Horacio González.

“Está claro que desde 2013 la Constitución señala que el sector privado puede generar electricidad, particularmente de fuentes renovables, por lo que la ley eléctrica es inconstitucional. Los mexicanos queremos comprar la electricidad a quien no contamine y nos la dé más barata, punto”, dijo.

El Senador apuntó que, además de atentar contra las energías limpias, la llamada ley combustóleo incumple los compromisos internacionales de México adquiridos con el TPAC y TMEC, los cuales son ley suprema de la Unión. Señaló que la acción de inconstitucionalidad también se fundamenta en la prohibición de realizar un monopolio o prácticas monopólicas por la preponderancia de la Comisión Federal de Electricidad.

“Por donde se le vea, la ley eléctrica es una retroceso, por eso estamos confiados en que la Suprema Corte nos dará la razón, en coincidencia con las suspensiones que ya ha otorgado el Poder Judicial de la Federación”, concluyó.

Los legisladores argumentaron en su escrito cinco ejes por los cuales se violenta la Constitución.

Atenta en contra de derechos humanos limitando el acceso de las personas a derechos a un medio ambiente sano, así como del Acuerdo de París y los instrumentos internacionales en materia de energía limpia y transición energética de los que México es parte”, indicaron los legisladores.

El segundo asegura que viola los principios básicos de legalidad, seguridad jurídica y el de no retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna”.

De igual forma, los senadores acusan que atenta en contra del libre mercado en un marco de plena competencia económica, así como de los tratados internacionales.

El cuarto eje detalla que la Ley de la Industria Eléctrica socava la autonomía de la Comisión Reguladora de Energía y del Centro Nacional de Control de Energía”

El último punto argumenta que contrapone al espíritu de lo establecido la reforma constitucional de 2013 en materia de energía y electricidad.

La contradicción entre la LIE y la Constitución precisa violaciones específicas a los artículos constitucionales: 1o, 4o, 6o, 14, 16, 25, 27, 28 así como el décimo transitorio de la reforma constitucional de 2013 (mandato para distribuir competencias entre dependencias federales y órganos reguladores coordinados en materia de energía)”.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Responde Zaldívar a AMLO: se revisará si procede indagar al juez que frenó ley eléctrica

Comparte este artículo:

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, respondió a la carta enviada la mañana de este lunes por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un documento difundido por el Consejo de la Judicatura Federal, Zaldívar le confirmó de recibida su misiva, y le afirmó que la carta sería remitida al área correspondiente del CJF.

En la carta, el ministro presidente afirmó que de existir elementos se abrirá la investigación correspondiente con pleno respeto a la autonomía e independencia de la función juridiccional, así como a las garantías que la protegen.

Por otro lado, le recordó al presidente López Obrador que es presupuesto de la democracia y del Estado de Derecho que juezas y jueces del país “puedan actuar en un marco de independencia y autonomía”.

“Corresponde al Consejo de la Judicatura Federal velar porque puedan hacerlo con libertad y, del mismo modo, es facultad de dicho órgano vigilar que las personas juzgadoras se conduzcan con apego a la ley”, se lee en la carta.

Cabe recordar que el presidente López Obrador pidió este lunes al presidente de la Suprema Corte investigar al juez que concedió una suspensión “de manera veloz” en contra de la ley de Reforma Eléctrica.

En una carta dirigida a Arturo Zaldívar, quien también es titular del Consejo de la Judicatura Federal, el mandatario solicitó que se investigue a Juan Pablo Gómez Fierro, quien el pasado jueves detuvo la Reforma Eléctrica aprobada por el Congreso la semana pasada.

El mandatario aseguró que en la suspensión de la reforma participan personas y empresas que estuvieron alineadas “con el antiguo régimen” y que tenían como “modus operandi la corrupción y el influyentismo”.

Pide AMLO a la SCJN investigar a juez que frenó Ley Eléctrica

Comparte este artículo:

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, por la actuación de un juez que concedió una suspensión contra la aplicación de la reforma eléctrica.

“Quiero informa sobre una carta que estoy enviando al ministro Arturo Zaldívar, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al mismo tiempo presidente del Consejo de la Judicatura. Es una carta en relación a la actuación de un juez que concedió una suspensión de manera veloz”, dijo López Obrador en #LaMañanera.

El mandatario afirmó que en esta suspensión concedido por el juez “se cumplió como pocas veces de que la justicia tiene que ser expedita”.

“Jay quienes solicitan la suspensión, la protección de la justicia y tarden en ser atendidos”, sentenció.

Por otro lado, apuntó que respeta la autonomía del Poder Judicial y el derecho de amparo, pero “también en uso de nuestras facultades tenemos el derecho de expresarnos”.

Cabe recordar que el jueves pasado el juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica suspendió los efectos de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica tras amparos de las empresas Eoliatec y el Parque Solar Orejana de Zuma Energía.

El juez federal Juan Pablo Gómez Fierro suspendió “todos los efectos” de la reforma, cuyo principal cambio es eliminar el criterio económico para despachar primero las plantas hidroeléctricas y combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las privada de renovables.

Tras la decisión el jefe del Poder Ejecutivo federal solicitó que el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro.

“De manera respetuosa le solicito que el Consejo determine e informe si la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no responder sobe este caso”, expresó.

El presidente López Obrador acusó que en el asunto de la reforma eléctrica hay organizaciones y personas que intentan defender sus intereses, como Iberdrola.

“No omito manifestarle que alrededor de este asunto actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen que en función de sus conocidos intereses económicos y políticos tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo, con lo que han afectado gravemente la Hacienda pública y la economía de la mayoría de los mexicanos, sobre todo de los más pobres”.

“Esta clase de intereses corporativos que cuenta con el apoyo de la prensa coempresarial nacional y extranjera ha conformado un llamado ‘buró jurídico’ para oponerse a las obras que hemos emprendido para la Transformación del país”, afirmó.

Además consideró como “lamentable” que después de todo el daño que la oligarquía ha causado al país, se siga permitiendo el abuso y la prepotencia bajo la excusa del Estado de derecho.

“Pues quienes invocan este principio para preservar sus intereses han sido y quieren seguir siendo los violadores más tenaces de la Constitución y las leyes de la República”, reiteró.

López Obrador finalizó la misiva al aclarar que ejercerá “a plenitud” sus facultades como presidente de la República y sus libertades como ciudadano, “no callaré ante el pillaje y la injusticia”.

Monreal: Un reformador

Comparte este artículo:

Como es público, el Coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA en el Senado Ricardo Monreal, señaló que tenía preparada una iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, mejor conocida como: “iniciativa para regular las redes sociales”.

La misma, fue objeto de todo tipo de comentarios, buenos, malos y alguno que otro disparate, destacando dentro de esta última categoría las observaciones que consideran que la iniciativa atenta contra la libertad de expresión y principios elementales de la democracia.

Esto, pues al contrario, la reforma propuesta por el Senador Monreal busca establecer las bases y principios generales de protección a la libertad de expresión en las redes sociales, así como dar al Instituto Federal de Telecomunicaciones las atribuciones necesarias para que pueda garantizar el ejercicio de este derecho humano en el ámbito del ciberespacio, y establecer límites claros a los propietarios de las mismas respecto de la suspensión y eliminación de las cuentas.

Sobre el particular, el derecho a la libre expresión reconocido en los artículos 6º de nuestra Constitución y 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, comprende tanto la prerrogativa de expresar el pensamiento propio, como el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, resultando válido recurrir a cierta dosis de exageración, provocación y ser un tanto desmedido en las declaraciones.

Cabe mencionar que la libre expresión no puede estar sujeta a previa censura, sino únicamente a responsabilidades ulteriores, pues al igual que todo derecho el mismo no es absoluto y válidamente puede restringirse para asegurar: 1) el respeto a los derechos o reputación de los demás, 2) la protección de la seguridad nacional, orden público, salud, o moral, 3) no se realice propaganda a favor de la guerra, 4) ni haya apología al odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupos de personas.

No obstante, para que resulte válida cualquier restricción a la libertad de expresión, como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación es indispensable: que la misma se encuentre prevista en la Ley, tenga un fin legítimo, sea necesaria y proporcional; situación que constituye una garantía adicional en favor de los gobernados, pues ninguna persona, ni autoridad, salvo el legislador puede restringir este derecho humano.

Situación anterior, que se corrobora pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su “Declaración de Principios Sobre la Libertad de Expresión” dispone que los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho y que el mismo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la Ley.

De ahí, la importancia de la iniciativa propuesta por el Senador Monreal pues se insiste, una de las garantías que implica el ejercicio de la libertad de expresión es que la misma únicamente puede restringirse a través de hipótesis fijadas por el legislador y no, por otras autoridades o particulares. 

Luego, si en las distintas redes sociales, se dan la eliminación y suspensión de cuentas a usuarios por que sus expresiones vulneran los términos y condiciones de estas, resulta inconcuso que dichas limitantes constituyen atropellos a su derecho de expresarse, pues prácticamente son censurados por un particular, sin que su conducta encuadre en hipótesis previamente establecidas por el legislador y cuya realización tenga como consecuencia una restricción a este derecho.

Ante este escenario, considero atinada la propuesta del reformador Monreal, pues a efecto de otorgar seguridad jurídica y cumplir con una de las garantías que implica el derecho humano de libertad de expresión, es imperativo que sea a través de una Ley y no, por medio de términos y condiciones fijados de manera unilateral, que se señalen los supuestos a través de los cuales una red social puede restringir este derecho eliminando o suspendiendo las cuentas de los usuarios.

#Kleroterion: “Falso que se reducirán las pensiones”

Comparte este artículo:

El lunes amanecimos con la noticia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una contradicción de tesis entre tribunales federales que establece que los trabajadores de la llamada “generación de transición”, los que cotizaban en el IMSS antes del 1 de julio de 1997 y que decidan pensionarse con la ley de 1973, tendrán un tope de 10 salarios mínimos en su pensión y no de 25, que es lo que concede la ley de 1997 a quienes se pensionen con esa ley.

Esta tesis de la Suprema Corte generó una serie de noticias falsas en redes sociales, principalmente acusando al poder ejecutivo de promover una reducción en las pensiones de los trabajadores. Increíblemente muchas personas la empezaron a compartir sin investigar la VERDAD del tema. Esto es falso. Te explico por qué:

1. La división de poderes: El Presidente no le da órdenes al Poder Judicial, éste es autónomo.

2. El Presidente NO pidió a los ministros de la corte la reducción de pensiones. De hecho 9 de los 11 ministros fueron asignados por los presidentes anteriores, así que en todo caso tienen compromiso con ellos.

3. El director del IMSS Zoé Robledo ya aclaró que la controversia de tesis que emitió la SCJN sobre el recálculo en las pensiones no es una sentencia para las instituciones de seguridad social, sino “un criterio para los juzgados y los tribunales colegiados de menor jerarquía”.

4. Los 25 salarios mínimos siguen vigentes para quienes se pensionen con la ley de 1997, pero esa misma ley establece que recibirán esa pensión hasta que se termine lo que tienen ahorrado en su Afore.

Te explico OTRA VEZ qué fue lo que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el criterio que emitió desde el 2010 y que ratificó en días pasados. Los trabajadores de la “generación de transición” al pensionarse tienen las siguientes opciones:

1.- Si el trabajador decide acogerse al régimen de 1973, el tope aplicable es el de 10 veces el salario mínimo a su pensión que obtiene de manera vitalicia.

2.- Si el trabajador opta por el régimen de 1997, actualmente vigente, le aplicará el tope de 25 veces el salario mínimo a su pensión, hasta el límite de lo ahorrado en su cuenta individual, es decir, de lo acumulado en su Afore.

No obstante, la tesis emitida por la SCJN no es de aplicación obligatoria, es decir, no es una jurisprudencia de aplicación general, sino que aplica sólo para los trabajadores que demanden al IMSS al estar inconformes con el cálculo de su pensión.

No te dejes llevar por las noticias falsas. Hay quienes buscan seguir dañando al país desinformando a la población. Si tienes alguna duda escríbeme a mi WhatsApp: 8118001357 y con gusto resuelvo tus dudas para que juntos combatamos las mentiras y la falsa información.