En la Cámara de Diputados, legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y de Morena presentaron una iniciativa de reformas constitucionales para eliminar la prohibición de la pena de muerte e imponer ese castigo a los responsables de violación, feminicidio y homicidio doloso.

“Queda claro que agravar las sanciones penales o incluso imponer cadena perpetua para ciertos delitos no ha resultado una solución efectiva para inhibir la comisión de crímenes de extrema crueldad. Es deber y obligación del Estado enfrentar a los criminales más desalmados con la severidad que se merecen y creemos que la pena de muerte representa un castigo que podría ayudar a reducir la magnitud y la frecuencia de crímenes como los que aquí hemos referenciado”, justificaron los legisladores encabezados por Arturo Escobar.

De acuerdo con la propuesta, firmada también por los morenistas Francisco Elizondo, Nayeli Fernández, Alfredo Gordillo, Ana Patricia Peralta y Erika Rosas, la pena procedería contra violadores que asesinen a su víctima y feminicidas cuya víctima sea menor de edad, así como para los que resultaran responsables de homicidios agravados.

De acuerdo con la iniciativa, el artículo 22 de la Constitución prohibiría las penas de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, pero no la pena de muerte.

Asimismo, el artículo 18 señalaría que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley, “excepto en los casos en que la legislación penal prevea la pena de muerte”.

Arturo Escobar señaló que en caso de que algún presunto delincuente presente un amparo, sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que decidiría la aplicación o no de la pena capital.

“Estamos asegurándonos que la iniciativa prevea en la parte constitucional y en las leyes reglamentarias, factores innovadores, como, por ejemplo, que de manera oficiosa y quien prevea un amparo o no, la SCJN conozca del asunto y con 8 votos de sus 11 ministros confirme la sentencia”, declaró.

(Fuente: El Mañanero Diario)