Ofrece Ancira devolver 200 mdd de Agronitrogenados si AMLO se disculpa con él

Comparte este artículo:

El presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, se dijo estar dispuesto a entregar 200 millones de dólares del presunto sobreprecio en la venta de la planta Agronitrogenados, a cambio de que antes el presidente Andrés Manuel López Obrador le ofrezca una disculpa, pues se considera un perseguido político del gobierno federal.

En entrevista en España con el periodista Carlos Loret de Mola, Ancira reapareció en público y negó que la planta fuera vendida por encima de su precio, sin embargo se dijo dispuesto a pagar los 200 millones de dólares que ha exigido López Obrador, su las autoridades mexicanos se desvisten de las acusaciones en su contra.

“Pido una disculpa amplísima y podríamos hablar de una devolución de lana, hacemos un programa de donativos para saber qué va a hacer con los 200 millones de dólares, yo soy un hombre de negocios, yo negocio todo menos mi hija”, dijo Ancira.

Señaló que los recursos saldrían de AHMSA y el pago se tendría que realizar a plazos, por la situación económica que atraviesa la empresa.

Por otro lado, el empresario dio a conocer que a mediados de este mes podría concertarse la negociación para la venta de AHMSA o su asociación con la compañía Villacero.

“Vamos avanzando, yo creo que debemos tener algo para mediados del mes que entra sin falta. Que asuma el control de Altos Hornos”, dijo en la entrevista.

Además, Ancira dijo ser un perseguido político del gobierno federal actual y refirió que su error fue no haber apoyado la campaña de López Obrador. En la campaña que sí apoyó, declaró, fue en la de Enrique Peña Nieto con cerca de dos millones de dólares.

“En diferente apoyos y circunstancias un par de millones de dólares (a campaña EPN), no yo en lo personal, Altos Hornos apoyando eso, ayudé en la campaña del PRI, estaba una gente muy allegada a nosotros en forma directa, Humberto Moreira, que era gobernador. Ayudé a Humberto Moreira”.

Por otro lado, deslizó la existencia de un supuesto pacto de López Obrador con Peña Nieto y Luis Videgaray para no “tocarlos” a cambio de que le suavizaran el camino para que llegara a la Presidencia.

Finalmente, aseguró que el valor de AHMSA ha caído entre 800 y 900 millones de dólares a raíz del proceso que se inició en su contra, acusado de blanqueo de capitales.

“Mi error no haber estado con el ‘Peje’ en su momento de elección, pudiera haber sido eso. No haberle metido dinero a la campaña, eso pudiera haber pavimentado o suavizado muchas cosas. Yo no tengo los 200 millones, me tendría que dar plazos y tiempo. Yo estoy dispuesto a sacrificar mi sistema accionario a cambio de que alguien invierta dinero en Altos Hornos”, declaró.

“Si yo era tan amigo de Lozoya, ¿por qué no agarré un contrato para suministrar la tubería y el acero a Pemex con un contrato a cinco año? Peña Nieto me quitó los aranceles del acero, eso me costó ciento de millones de dólares por año”, expresó.

(Con información de Vanguardia MX y LatinUS)

Javier Duarte se dice dispuesto a declarar sobre Peña Nieto y Odebrecht

Comparte este artículo:

Mediante su cuenta de Twitter, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, afirmó que está dispuesto a declarar ante las autoridades todo lo que sabe sobre el caso Odebrecht y la participación que tuvo el expresidente Peña Nieto.  Afirmó que desconoce “las razones por las cuales Luis Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht México, está declarando falsedades en relación a los apoyos económicos que hicieron en favor de la campaña presidencial de EPN en el 2012“.

Además adelantó que cuando Peña Nieto ya era presidente electo, hizo una gira por Sudamérica y fue en Sao Paulo, Brasil, donde se reunió con Marcelo Odebrecht. Desde ahí, aseguró que le llamó para “solicitarme (instruirme) que acelerara todos los trámites y obras que el gobierno del estado de Veracruz tuviera pendiente para que Etileno XXI pudiera arrancar lo antes posible ya que él tenía un compromiso muy grande con estas personas“.

Después de ello afirmó que tiene la disposición de declarar todo lo que le “consta en este caso ante la autoridad correspondiente sin la necesidad de solicitar ningún criterio de oportunidad o beneficio alguno”. Finalmente, comentó que su único fin, dijo, es “con la intención de aclarar y apoyar en la investigación de este caso y sobre todo que se sepa la verdad“.

Con información de El Sol de México

Odebrecht desmiente a Lozoya, dice que solo él sabe que hizo con los sobornos

Comparte este artículo:

Luis Alberto Meneses Weyll el principal funcionario de Odebrecht que sobornó a Emilio Lozoya Austin y quien confesó a la justicia brasileña haber entregado 10.5 millones de dólares al servidor público entre 2012 y 2014, además fue quien puso en la mira al exdirector de Pemex con sus acusaciones reveladas en 2017.

Actualmente desmiente las versiones que Lozoya está ofreciendo a la justicia mexicana en su intento por obtener un trato preferencial.

A través de Carlos Kauffmann, su abogado, plantea que no hubo dinero por parte de la constructora brasileña para la campaña de Enrique Peña Nieto ni para que los legisladores aprobarán la reforma energética, tampoco hubo pagos para obtener contratos para una planta de etano en el gobierno de Felipe Calderón.

Sino que asegura que “el único que sabe lo que hizo con el dinero es el propio Lozoya” y ahora está tratando de adjudicarle pagos que no son de Odebrecht, dijo Kauffmann.

En su denuncia, presentada en la FGR, Lozoya señala sobornos de Odebrecht a legisladores, aportaciones a la campaña de Peña Nieto y acusó que funcionarios de los gobiernos de Calderón y Peña. Lo cual es calificado como falso por la defensa de Meneses Weyll.

De acuerdo a Lozoya, cuando él estaba en campaña con Peña, a principio de 2012, se reunió con Meneses en las Lomas para pedirle 6 millones de dólares a nombre del aspirante presidencial, tal petición “venía directamente del entonces candidato Peña Nieto y que Odebrecht se vería beneficiado cuando ganara. Él me dijo que lo veía bien”, contó Lozoya.

En su denuncia, el exfuncionario detalló que Meneses Weyll le aseguró que Odebrecht aportaría 4 millones de dólares, de los cuales 2.5 millones serían íntegros para la campaña de Peña, con lo que la firma sudamericana esperaba posicionarse con el PRI, y le habría dado datos de una cuenta bancaria que tenía en Suiza a la que le fueron transferidos los depósitos entre abril y junio de 2012.

En una videoconferencia para Quinto Elemento Lab, el abogado de Meneses negó que haya dado dinero expresamente para financiar la campaña peñista, pues no se realizaron más pagos que los reportados previamente por el exjefe de Odebrecht en México, y su cliente se responsabiliza “de todos los pagos que hizo y comprobó todos los pagos con documentos, pero él no se responsabilizará de lo que no hizo”.

Desde 2016, Meneses había entregado a los fiscales brasileños los registros que comprueban las trasferencias hechas a las cuentas de Lozoya, pero que los sobornos solo fueron para el exdirector de Pemex y declaró ante los fiscales brasileños que “con el pretexto de haberme auxiliado en el posicionamiento de la campaña en Veracruz y Tula, me dijo que entendía que debía hacer un pago en su favor del orden de 5 millones de dólares”.

Según Lozoya, Marcelo Odebrecht, propietario de la constructora y Luis Alberto Meneses Weyll se reunieron con Peña y Luis Videgaray en 2010, en Brasil, donde los brasileños habrían ofrecido al gobernador del Estado de México su apoyo económico para su posible apoyo económico en una postulación presidencial.

Y que un segundo encuentro se habría realizado en 2012, ya como presidente electo, en la casa de Marcelo Odebrecht en Sao Paulo, donde se empezó a construir una relación más directa entre el gobierno mexicano y el consorcio, donde los interlocutores serían Videgaray y Lozoya.

Pero Kauffman asegura que Meneses no tuvo contacto con ningún funcionario ni con el presidente ni con legisladores, pues el único contacto que existió fue con Lozoya.

De tal forma que “lo que hizo con los pagos, eso no le competía a Luis (Meneses) Weyll decidir ni cuestionar (…) El único que sabe lo que hizo es Emilio Lozoya”.

En agosto pasado se difundió un video que exhibió a dos exempleados del Senado vinculados a exsenadores del PAN recibiendo dinero supuestamente como parte de los sobornos que Lozoya gestionó para legisladores a favor de votar la reforma energética.

Días antes de la filtración del video, Lozoya confesó que había pagado a legisladores de la oposición para la aprobación de la reforma con recursos de Odebrecht, y se habrían repartido según las indicaciones de Videgaray.

Incluso el exdirector de Pemex recordó que Odebrecht los felicitó por haber logrado lo que no se había hecho antes, “estaban muy contentos porque con esa reforma podrían obtener un mayor volumen de obra”.

Pero esto también fue negado por Kauffmann, al asegurar que ellos nunca tuvieron interés en la reforma energética ni se benefició con ningún contrato derivado de su aprobación, por lo que al no existir ese interés, Odebrecht “no pagaría a legisladores para que actuaran en la reforma”.

El defensor también negó que se hubieran entregado recursos a funcionarios del sexenio de Felipe Calderón, por la adjudicación de un contrato para favorecer a Braskem, filial de Odebrecht, en la planta Etileno XXI en Veracruz.

Han pasado más de ocho meses desde que Emilio Lozoya fue arrestado en España; han transcurrido más de tres meses desde que fue extraditado y ya se agotó la mitad del tiempo que concedieron los jueces para que la FGR integre el caso, pero la justicia mexicana aún no ha buscado al principal delator de Lozoya, para contrastar sus dichos.

Kauffman asegura que su cliente está en Brasil y dispuesto a colaborar, siempre que se respeten los acuerdos que él tiene con la justicia brasileña, dijo que la justicia mexicana solo lo interrogó en 2017 en la ciudad de Salvador, pero no han vuelto a buscarlo.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Va la FGR por Luis Videgaray por traición a la patria

Comparte este artículo:

La Fiscalía General de la República (FGR) ya solicitó una orden de aprehensión en contra del ex secretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, por presuntamente operar el financiamiento ilegal de la empresa brasileña Odebrecht a campañas políticas en México.

De acuerdo con informes del Gobierno federal, con base en declaraciones del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, la FGR solicitó su captura por un delito electoral relacionada con el financiamiento ilegal de campañas políticas, cohecho y traición a la patria.

El mandamiento judicial fue pedido en dos ocasiones a un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, sin embargo, en ambas devolvió el expediente para que subsanara sus deficiencias.

Indicaron que la Coordinación General de Investigación de la FGR se disponía a pedir por tercera vez la aprehensión de Videgaray, que actualmente se desempeña como académico del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

La imputación se basa en dos testimonios de Lozoya, ex director de Pemex del Gobierno de Peña: el primero en su denuncia del pasado 11 de agosto y el otro en una ampliación que rindió en octubre pasado.

Cabe mencionar que la traición a la patria, es un delito que se castiga con cinco a 40 años de prisión, y es atribuido al ex funcionario federal porque supuestamente fue el responsable principal el financiamiento de Odebrecht a las campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el 2012, cuando ganó Peña.

Por otro lado, la FGR considera que el ex secretario colaboró en un acto contra la integridad de la nación porque el financiamiento electoral implicaba someter a una parte del Gobierno de México a una entidad extranjera como Odebrecht.

“Entre Peña Nieto y Videgaray existió un acuerdo para implementar in aparato organizado de poder que -desde las más altas esferas del régimen- instrumentó lo necesario para obtener beneficios que afectan la soberanía de México, sometiéndola a personas y grupos, nacionales y extranjeros”, declaró Lozoya.

El ex director de Pemex aseguró que entre el 20212 y el 2014 los brasileños le hicieron por lo menos tres tres entregas importantes de dinero por sumas de 3 millones 150 mil dólares, 5 millones 951 mil dólares y 84 millones de pesos.

La primera entrega sirvió para pagar 1.6 millones de dólares a los consultores electorales de la campaña presidencial del 2012, afirmó, y el resto para sobornar, por órdenes de Peña y Videgaray, a legisladores panistas para que votaran en favor de las reformas estructurales.

En su momento, la Fiscalía de Delitos Electorales resolvió archivar en favor de Lozoya la investigación iniciada por el financiamiento de Odebrecht a la campaña del 20212, por estar prescrita, sin embargo, dejó abierta la investigación por los fondos para las campañas del 2014.

La apuesta hacía el futuro: ¿Militares o Civiles?

Comparte este artículo:

La detención en Estados Unidos del Gral. Salvador Cienfuegos, ex Secretario de la Defensa Nacional en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, reveló algo que los mexicanos conocíamos a voces pero que nos habían escondido por años: La corrupción había alcanzado al ejército mexicano. Desde el caso del Gral. Gutiérrez Rebollo encarcelado en 1997 por su complicidad con Amado Carrillo “el Señor de los Cielos” no habíamos vuelto a escuchar que un alto funcionario de las fuerzas armadas en México estuviera directamente involucrado con el crimen organizado. 

Este caso es de enorme relevancia para nuestro país por varias razones. Enlisto las que a mi juicio son las más trascendentes:

  1. La necesidad de cuestionarnos el proyecto de militarización del país. Desde que inició este Gobierno se ha impulsado desde Palacio Nacional un proyecto de militarización a lo largo y ancho el país. Lo anterior bajo la inexacta premisa de que los uniformados son: 1. Más disciplinados que cualquier civil y 2. Incorruptibles. Es claro que el Presidente confía más en los militares sobre los civiles, prueba de ello son las nuevas tareas que le ha encomendado al ejército (además de la lucha contra la delincuencia, como había sido desde hace más de una década) como: administrar aduanas y puertos, construir el nuevo aeropuerto y 2,700 sucursales del Banco de Bienestar, entregar medicamentos, frenar el flujo migratorio, participación en programas sociales como “Sembrando vida” y “Jóvenes construyendo el futuro” y una larga lista más. Importándole poco al Presidente si los militares están preparados para realizar eficientemente estas encomiendas. 
  1. La urgencia de replantear las relaciones civiles – militares. El ejército es la Institución con prácticas históricamente más oscuras. Después de la Revolución Mexicana, con la intención de evitar la posibilidad de que existiera un golpe de Estado se hizo un trato que por décadas parecía razonable: El ejército se mantenía lejos de la política, y el gobierno no se metía en la vida interna de las fuerzas armadas, en resumen: impunidad a cambio de lealtad. Como bien señala Alejandro Hope en su columna de El Universal: “el costo ha sido tener muy débil control sobre el estamento militar”. Eso indudablemente debe terminar y es inaplazable la necesidad de una reforma a nuestro marco jurídico que replantee la dinámica de las relaciones entre civiles y militares. Aunque siendo realista y un poco pesimista, se ve difícil, pues ningún Presidente ha querido enfrentarse a ellos, y el actual, mucho menos.

Este caso rompe de alguna manera con el paradigma de la lucha histórica contra el narcotráfico, y es inminente la ineludible obligación del Estado Mexicano de dejar de utilizar a nuestras fuerzas armadas como instrumento de combate contra la delincuencia organizada y la celeridad de apostarle a la profesionalización de las policías civiles. Al día de hoy, si se pierde la confianza en nuestras fuerzas armadas, no hay sustituto para el Ejército, este Gobierno desapareció a la que -con todo y sus críticas-, estaba en proceso de maduración para serlo: La Policía Federal.

El debate enriquece la mente, se vale discrepar.

EU habría acusado ya a Cienfuegos dese 2019; era identificado como “El Padrino”

Comparte este artículo:

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó al ex Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, por tres cargos de conspiración para manufacturar, importar y distribuir narcóticos, así como un cargo por lavado de dinero.

La acusación en contra de quien se le identificaba como “El Padrino”, fue presentada el día 14 de agosto del 2019, bajo sello, ante la Corte de Distrito para el Este de Nueva york, en Brooklyn, que hoy autorizó su publicación.

La acusación aprobada por un Jurado federal tiene diez cuartillas y señala que las actividades criminales de Cienfuegos ocurrieron entre diciembre de 2015 y febrero de 2017, cuando este era titular de la Sedena. 

Sin embargo, el documento no incluye detalles sobre cómplices, testigos o hechos concretos en los que las acusaciones se basan, lo que es común, de acuerdo a expertos e un indictment o acusación, en los que usualmente sólo se mencionan los cargos y detalles generales.

Se destaca también que fiscales tuvieron una audiencia el pasado 17 de enero ante la jueza Carol Bagley Ammon, en la que informaron que Cienfuegos estaba en calidad de prófugo y se trabajaba en diversas opciones para arrestarlo. No fue hasta el día de ayer que Cienfuegos fue aprehendido al llegar al Aeropuerto de Los Angeles con su familia. 

Con información de Reforma

Detienen por narcotráfico a Salvador Cienfuegos, ex titular de la Sedena en el Gobierno de Peña Nieto

Comparte este artículo:

El ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos, fue detenido en los Estados Unidos.

De acuerdo a una revisión histórica hecha por este medio de comunicación, se trata de la primera ocasión en la historia de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, que un general de Ejército mexicano es detenido por autoridades estadounidenses.

Cienfuegos fue detenido, por petición de la DEA, en el Aeropuerto de Los Ángeles, California, bajo cargos de conspiración criminal, lavado de dinero y narcotráfico.

El General mexicano viajaba con su familia, cuyos integrantes no fueron revelados, aunque sí se dijo que fueron dejados en libertad.

Cienfuegos, de 72 años, fue pieza clave en la estrategia de seguridad de Peña, que intentó distinguirse de la de su antecesor, Felipe Calderón, con la disminución de enfrentamientos y con la presunción de que privilegiaban operaciones de inteligencia sobre las de la fuerza.

Cabe señalar que con Cienfuegos fueron capturados capos como los hermanos Miguel Omar Treviño, líderes de los Zetas, detenidos en el 2013 y el 2015, y Servando Gómez “La Tuta”, de la Familia Michoacana, arrestado en febrero del 2015.

En el 2013, florecieron los grupos armados de autodefensa en al región de Tierra Caliente, en Michoacán, que presuntamente se levantaron contra los cárteles de la droga y que eran auspiciados por fuerzas militares.

En el sexenio de Peña Nieto el capo más importante del país, el jefe del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue capturado en febrero del 2014 en Mazatlán por efectivos de la DEA y un cuerpo especial de la Marina mexicana, sin embargo, un año después “El Chapo” se fugó del penal de alta seguridad del Altiplano para ser detenido en el 2016 por policías federales. en ninguna de las acciones contra “El Chapo” destacó el Ejército.

Cabe mencionar que durante el paso de Cienfuegos por la serena, el Cártel Jalisco Nueva Generación, identificado como uno de los mayores generadores de violencia en México adquirió mayor fuerza hasta convertirse en la segunda organización de tráfico de drogas más poderosa de México, según el último reporte anual de la DEA.

Por otro lado, la gestión del General en la Sedena estuvo marcada por la corrupción, pues de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se detectaron irregularidades en 88 de los 93 contratos de la dependencia por un monto de 603 millones de pesos.

También fueron señaladas irregularidades en las compras de equipos de espionaje, equipo militar y armas.

Otro de los temas graves durante la gestión de Cienfuegos fueron las violaciones a derechos humanos, como el caso de Tlatlaya, en el sur del Estado de México, donde 22 personas fueron ejecutadas en junio del 2014 por militares.

Cienfuegos también rechazó la solicitud de familiares de los 43 normalistas desparecidos de Ayotizinapa, quienes pedían poder ingresar a los cuarteles del Ejército para buscar a sus hijos.

(Con información de Grupo Reforma)

Dejan Administraciones de Calderón y EPN huecos en fideicomisos por 32mmdp

Comparte este artículo:

Informes camerales y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revelan que las Administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto dejaron entre 2006 y 2018 un hueco de 32 mil millones de pesos en materia de fideicomisos.

De ellos, 21 mil 566 millones de pesos, corresponden a recursos destinados a afrontar los daños ocasionados por emergencias o desastres naturales como huracanes y los sismos de 2017 que afectaron el sur y centro del país.

Mientras que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) y diferentes fideicomisos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) recibieron observaciones de la Auditoría por 11 mil millones de pesos.

Entre los aspectos que destaca la Auditoría, está la falta de normatividad para la entrega de apoyos tras los terremotos de 2017, pues, por ejemplo, no se contó con un mecanismo de control que permitiera a las autoridades comprobar que no hubo duplicidades en el otorgamiento de financiamiento para la reconstrucción.

Para la cuenta pública de 2018, la ASF se remitió a años previos y concluyó que con relación a la gestión financiera de los recursos autorizados al Fonden 2003, en términos generales las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Gobernación, y Comunicaciones y Transportes, así como la Comisión Nacional del Agua, los institutos de Infraestructura de Chiapas, Oaxaca y Morelos, coordinados por la SEP y Banobras no cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables a la materia”.

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) tuvo entre 2012 y 2018 una partida de 14 mil 448 millones de pesos para la reconstrucción de viviendas afectadas por desastres naturales, pero de acuerdo con revisiones en terreno, no se pudo comprobar la reparación total de las casas dañadas por algún siniestro en ese periodo.

Durante la Administración del priista Enrique Peña Nieto, se cuenta con algunos ejemplos de observaciones al dinero depositado en fideicomisos como la construcción del proyecto Playa Espíritu, en Sinaloa, en el cual el Fonatur invirtió 1 mil 400 millones de pesos y hasta la fecha no se ha podido vender ni un solo lote.

Aunado a ello, de acuerdo con los argumentos presentados por los diputados de Morena en San Lázaro, no existe información disponible sobre los rendimientos, uso o destino de 9 mil 646 millones de pesos que realizó el Conacyt mediante operaciones bancarias.

Esta semana, en la Cámara Baja se concretó la extinción de 109 fideicomisos cuyos recursos darán a la Federación una bolsa de más de 60 mil millones de pesos.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en 10 días exhibirá a las personas que se beneficiaron de los fideicomisos que se están desapareciendo y aseguró que, de configurarse un delito, se presentarán las denuncias correspondientes.

Los legisladores que avalaron la extinción de dichos fondos y fideicomisos aseguran que se busca eliminar la opacidad y discrecionalidad en el uso de recursos públicos y fomentar la transparencia y rendición de cuentas.

La determinación de eliminarlos ha generado un descontento en los sectores afectados (científicos, deportistas, víctimas de delitos, artistas y demás), a quienes se les ha afirmado que continuarán recibiendo los recursos con los que se beneficiaban, sólo que ahora sin intermediarios.

(Fuente: El Mañanero)

Afirma FGR que gobierno de Peña Nieto mintió y torturó en caso Ayotzinapa

Comparte este artículo:

El fiscal general Alejandro Gertz Manero aseguró que en el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto “desde la cúspide del poder” encubrieron, mintieron, torturaron, realizaron falsas diligencias y trataron de ocultar con impunidad y escándalos mediáticos en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

“No solo fue un crimen deleznable. En este asunto ya no cabe la menor duda que el gobierno anterior, en todas sus instancias desde la cúspide del poder, hasta los operadores más elementales, encubrieron, mintieron, torturaron, realizaron falsas diligencias y trataron de ocultar con impunidad y escándalos mediáticos una trama que ahora se lograron exhibir”, señalo Gertz Manero durante el informe institucional que rindió la FGR a la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa.

El fiscal afirmó que el Ejecutivo federal “para ocultar sus culpas” acusó primero al gobierno local y como no les funcionó se convirtió en un operador de un encubrimiento generalizado para lo cual detuvieron y torturaron masivamente a miembros de corporaciones locales consignados ilegalmente para que después se vinieran abajo todos los proceso que tenían como objeto encubrir a los policías y autoridades federales.

“Los jóvenes desaparecidos quedaron en medio de un choque de interés del narcotráfico. La presencia de estudiantes fue en momento de choque de grupos criminales”, agregó.

Desechan demanda de Anaya en contra de Lozoya por daño moral

Comparte este artículo:

Un juez federal rechazó la demanda por daño moral que interpuso el excandidato a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, en contra de Emilio Lozoya, quien fuera director de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Un juez argumentó que era “incompetente” para admitir la demanda y consideró que esta debía tramitarse ante un tribunal local, no federal, según informaron los abogados de Anaya Cortés a través de un comunicado.

Sin embargo, Edward Martin Regalado y Eduardo Aguilar Sier afirman que los juzgados federales tienen capacidad para conocer el asunto, por lo que insistirán con la presentación del recurso, afirmando que un juez federal debe conocer sobre este debido a la trascendencia del caso.

Aunque la defensa admitió que, en caso de que se confirmara que debía tramitarse la demanda de daño moral ante un juez local, habrían de promoverlo en ese sentido porque su objetivo es topar hasta las “últimas consecuencias”, luego de que Emilio Lozoya asegurara que Anaya recibió un soborno por 6.8 millones de pesos para la aprobación de la reforma energética.

En agosto, el exdirector de Pemex acusó que el excandidato a la Presidencia usó los recursos para la campaña por la gubernatura de Querétaro, los cuales se habrían entregado por instrucciones de Luis Videgaray, según dijo en una declaración de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR).

El ex dirigente nacional del PAN negó el señalamiento y tildó como “absurda” la acusación porque no resistiría el menor análisis, aseveró en un video compartido en su cuenta personal de Twitter, donde remarcó que había ducho que las afirmaciones sobre el caso eran falsas desde que resultó aludido.