En lista de software de espionaje Pegasus hallan teléfonos de más de 25 periodistas mexicanos

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El escándalo de espionaje de Pegasus reveló que más de 15 mil números telefónicos de personas en México, incluyendo de al menos 25 periodistas, estaban en la lista de “personas de interés” de los clientes de NSO desde 2016.

17 medios asociados al Pegasus Project forman una investigación coordinada por Forbidden Stories, con apoyo del Security Lab de Amnistía Internacional, dio a conocer hoy el resultado de una investigación según la cual defensores de derechos humanos, periodistas y abogados en distintos países han sido blanco de espionaje de parte de gobiernos que han utilizado el software de espionaje Pegasus, a pesar de que NSO insiste en que sólo se usa contra criminales y periodistas.

En junio de 2017, el diario estadounidense The New York Times reveló cómo en la administración de Enrique Peña Nieto se utilizó Pegasus para intervenir teléfonos celulares de periodistas y defensores de derechos humanos en el país. El escándalo de Pegasus en México no es nuevo.

Lo que revela el análisis difundido hoy es que la lista de teléfonos de “personas de interés” es mucho más grande de lo que se pensaba. A nivel global, la lista contiene más de 50 mil números telefónicos, pero es México, donde diferentes instancias del gobierno adquirieron Pegasus, el país con más teléfonos incluidos en el periodo 2016-2017.

De acuerdo con la investigación, los gobiernos de al menos 10 países eran clientes de NSO; con números telefónicos ingresados en el sistema: Arabia Saudita, Azerbaiyán, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Hungría, India, Kazajistán, Marruecos, México y Ruanda. Marruecos y los EAU tienen más de 10 mil números incluidos, entre ambos países.

A nivel global, son más de 180 los teléfonos de periodistas incluidos en la lista, entre ellos reporteros, editores y ejecutivos del Financial Times, CNN, The New York Times, France 24, The Economist, Associated Press y Reuters, detalló The Guardian.

En el caso particular de México, uno de los teléfonos incluidos es el del reportero Cecilio Pineda Birto, asesinado el 2 de marzo de 2017. Su teléfono no fue encontrado, así que no puede saberse si fue infectado con el malware.

Cuestionada sobre el tema, NSO dijo a los medios del Pegasus Project que aun si el teléfono de Pineda fue intervenido, no significa que los datos recabados de allí contribuyeron de algún modo a su muerte. Él es uno de los al menos 25 periodistas que al parecer fueron seleccionados como candidatos a vigilancia en un periodo de dos años.

Además de Pineda y su novia, la lista incluye teléfonos de periodistas como Azam Ahmed, el entonces corresponsal del New York Times en México, así como de Carmen Aristegui, Andrés Villarreal, Ismael Bojórquez, Rafael Rodríguez Castañeda, entonces director de Proceso; Jorge Carrasco Aráizaga, entonces reportero y hoy director del semanario, Alejandro Caballero, quien coordinaba el sitio web de Proceso, los reporteros Arturo Rodríguez García, Jenaro Villamil, Marcela Turati, Álvaro Delgado, Alejandra Xanic von Betrab e Ignacio Rodríguez Reyna (ambos de Quinto Elemento Lab), detalló el semanario Proceso.

Figuran en la lista también los celulares del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, y de quien entonces fuera fiscal del estado, Xavier Olea Peláez, de acuerdo con Proceso, pero también de sindicalistas, líderes religiosos, académicos, médicos, otros políticos y sus familiares, cuyos nombres darán a conocer los medios integrados a Forbidden Stories a lo largo de los próximos días.

Los medios asociados al Pegasus Project aclararon que la presencia de un número telefónico en la lista no significa que en efecto el teléfono haya sido infectado con Pegasus, un malware que permite a los operadores extraer mensajes, fotos, correos electrónicos, grabar llamadas, activar micrófonos secretos e incluso tener la ubicación de la víctima. Sin embargo, sí es un indicio de que se trata de potenciales blancos de los clientes de NSO y análisis forenses de algunos teléfonos cuyos nombres están en esa lista demostró, según The Guardian, que más de la mitad tenían rastros de Pegasus.

NSO afirma que “no opera los sistemas que vende a los clientes gubernamentales, y que no tiene acceso a los datos de los objetivos de sus clientes”, indicó The Guardian.

En su respuesta a los medios de Forbidden Stories, NSO negó “las falsas declaraciones” hechas sobre las actividades de sus clientes, pero dijo que “seguiría investigando las informaciones creíbles de mal uso del sistema y tomará medidas apropiadas”. La firma israelí asegura vender el sistema sólo a agencias militares, de procuración de justicia e inteligencia en 40 países, y que revisa rigurosamente los historiales de derechos humanos de sus clientes antes de autorizarlos a usar sus herramientas de espionaje.

El Ministerio de Defensa israelí es el encargado de regular a la NSO y conceder las licencias de exportación individuales antes de que la tecnología pueda ser vendida a un nuevo país.

En México, el Centro Nacional de Inteligencia (Cisen), la hoy extinta Procuraduría General de la República (a través de la Agencia de Investigación Criminal), y la Secretaría de Defensa (Sedena) fueron las instituciones que operaron Pegasus en el gobierno de Peña Nieto.

Cuestionados sobre el tema, los gobiernos de Ruanda, India y Hungría rechazaron haber usado Pegasus para hackear los teléfonos de las personas incluidas en la lista. The Guardian señaló que los gobiernos de Azerbaiyán, Bahréin, Kazajistán, Arabia Saudita, México, los EAU y Dubai no respondieron a la solicitud de comentarios.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Odebrecht desmiente a Lozoya, dice que solo él sabe que hizo con los sobornos

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Luis Alberto Meneses Weyll el principal funcionario de Odebrecht que sobornó a Emilio Lozoya Austin y quien confesó a la justicia brasileña haber entregado 10.5 millones de dólares al servidor público entre 2012 y 2014, además fue quien puso en la mira al exdirector de Pemex con sus acusaciones reveladas en 2017.

Actualmente desmiente las versiones que Lozoya está ofreciendo a la justicia mexicana en su intento por obtener un trato preferencial.

A través de Carlos Kauffmann, su abogado, plantea que no hubo dinero por parte de la constructora brasileña para la campaña de Enrique Peña Nieto ni para que los legisladores aprobarán la reforma energética, tampoco hubo pagos para obtener contratos para una planta de etano en el gobierno de Felipe Calderón.

Sino que asegura que “el único que sabe lo que hizo con el dinero es el propio Lozoya” y ahora está tratando de adjudicarle pagos que no son de Odebrecht, dijo Kauffmann.

En su denuncia, presentada en la FGR, Lozoya señala sobornos de Odebrecht a legisladores, aportaciones a la campaña de Peña Nieto y acusó que funcionarios de los gobiernos de Calderón y Peña. Lo cual es calificado como falso por la defensa de Meneses Weyll.

De acuerdo a Lozoya, cuando él estaba en campaña con Peña, a principio de 2012, se reunió con Meneses en las Lomas para pedirle 6 millones de dólares a nombre del aspirante presidencial, tal petición “venía directamente del entonces candidato Peña Nieto y que Odebrecht se vería beneficiado cuando ganara. Él me dijo que lo veía bien”, contó Lozoya.

En su denuncia, el exfuncionario detalló que Meneses Weyll le aseguró que Odebrecht aportaría 4 millones de dólares, de los cuales 2.5 millones serían íntegros para la campaña de Peña, con lo que la firma sudamericana esperaba posicionarse con el PRI, y le habría dado datos de una cuenta bancaria que tenía en Suiza a la que le fueron transferidos los depósitos entre abril y junio de 2012.

En una videoconferencia para Quinto Elemento Lab, el abogado de Meneses negó que haya dado dinero expresamente para financiar la campaña peñista, pues no se realizaron más pagos que los reportados previamente por el exjefe de Odebrecht en México, y su cliente se responsabiliza “de todos los pagos que hizo y comprobó todos los pagos con documentos, pero él no se responsabilizará de lo que no hizo”.

Desde 2016, Meneses había entregado a los fiscales brasileños los registros que comprueban las trasferencias hechas a las cuentas de Lozoya, pero que los sobornos solo fueron para el exdirector de Pemex y declaró ante los fiscales brasileños que “con el pretexto de haberme auxiliado en el posicionamiento de la campaña en Veracruz y Tula, me dijo que entendía que debía hacer un pago en su favor del orden de 5 millones de dólares”.

Según Lozoya, Marcelo Odebrecht, propietario de la constructora y Luis Alberto Meneses Weyll se reunieron con Peña y Luis Videgaray en 2010, en Brasil, donde los brasileños habrían ofrecido al gobernador del Estado de México su apoyo económico para su posible apoyo económico en una postulación presidencial.

Y que un segundo encuentro se habría realizado en 2012, ya como presidente electo, en la casa de Marcelo Odebrecht en Sao Paulo, donde se empezó a construir una relación más directa entre el gobierno mexicano y el consorcio, donde los interlocutores serían Videgaray y Lozoya.

Pero Kauffman asegura que Meneses no tuvo contacto con ningún funcionario ni con el presidente ni con legisladores, pues el único contacto que existió fue con Lozoya.

De tal forma que “lo que hizo con los pagos, eso no le competía a Luis (Meneses) Weyll decidir ni cuestionar (…) El único que sabe lo que hizo es Emilio Lozoya”.

En agosto pasado se difundió un video que exhibió a dos exempleados del Senado vinculados a exsenadores del PAN recibiendo dinero supuestamente como parte de los sobornos que Lozoya gestionó para legisladores a favor de votar la reforma energética.

Días antes de la filtración del video, Lozoya confesó que había pagado a legisladores de la oposición para la aprobación de la reforma con recursos de Odebrecht, y se habrían repartido según las indicaciones de Videgaray.

Incluso el exdirector de Pemex recordó que Odebrecht los felicitó por haber logrado lo que no se había hecho antes, “estaban muy contentos porque con esa reforma podrían obtener un mayor volumen de obra”.

Pero esto también fue negado por Kauffmann, al asegurar que ellos nunca tuvieron interés en la reforma energética ni se benefició con ningún contrato derivado de su aprobación, por lo que al no existir ese interés, Odebrecht “no pagaría a legisladores para que actuaran en la reforma”.

El defensor también negó que se hubieran entregado recursos a funcionarios del sexenio de Felipe Calderón, por la adjudicación de un contrato para favorecer a Braskem, filial de Odebrecht, en la planta Etileno XXI en Veracruz.

Han pasado más de ocho meses desde que Emilio Lozoya fue arrestado en España; han transcurrido más de tres meses desde que fue extraditado y ya se agotó la mitad del tiempo que concedieron los jueces para que la FGR integre el caso, pero la justicia mexicana aún no ha buscado al principal delator de Lozoya, para contrastar sus dichos.

Kauffman asegura que su cliente está en Brasil y dispuesto a colaborar, siempre que se respeten los acuerdos que él tiene con la justicia brasileña, dijo que la justicia mexicana solo lo interrogó en 2017 en la ciudad de Salvador, pero no han vuelto a buscarlo.

(Fuente: El Mañanero Diario)