Hace unos cuantos días, desde la conferencia mañanera en Palacio Nacional, se realizó una de las afirmaciones más preocupantes para nuestro Estado de Derecho. El Secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, mientras comunicada sobre un operativo en Sonora donde decomisaron 691 kilos de metanfetaminas líquido, mencionó lo siguiente, refiriéndose a este operativo: 

“Esta es una situación que hay que hacerla paso a paso, bien fiscalizada y bien judicializada porque si no, la ayuda no la tenemos de jueces y ministerios públicos (…) tenemos que cerrar bien el círculo, porque si no, se nos van. Hay muchos casos que hasta pena nos dan que actúen de esa manera parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial, y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llevar a cabo a la detención”

Si bien, el comentario pudiera pasar desapercibido por los funcionarios presentes en ese momento de la conferencia, las palabras del Secretario encerraban un tema mucho más profundo: la independencia judicial. Ante el comentario del titular de la Marina, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, emitió un comunicado donde menciona que “los juzgadores federales no son ni enemigos ni amigos de nadie, sino que obedecen únicamente a la constitución y actúan en defensa de los Derechos Humanos de las personas”.  

Esta retórica resulta muy peligrosa en un país como el nuestro, donde el Estado de Derecho sigue en constante consolidación y asedio. Como bien menciona el Profesor Aníbal Pérez-Liñán: “La forma de gobierno que conocemos como “democracia” en el siglo XXI está fundada en dos instituciones distintivamente modernas, configuradas en el siglo XIX: los partidos políticos, y el control de constitucionalidad. Y son justamente estas dos instituciones las que protegen la democracia, protegiéndose mutuamente”. Cabe mencionar, que el órgano encargado de dicho control de constitucionalidad es el Poder Judicial. Dicho poder tiene un tarea fundamental: ser el encargado de limitar al poder conforme lo que diga la constitución y tratados internacionales. En el concepto y vida de la democracia, los jueces y juezas, magistrados y magistradas, ministros y ministras, resuelven conflictos y arbitrariedades. 

El constitucionalismo y la democracia no están peleados entre sí, todo lo contrario, se complementan. No podemos afirmar que en nuestro país tenemos un democracia funcional, sino gozamos de un poder judicial independiente, consiente y responsable. Esto no quiere decir que el poder judicial esté exento de críticas, sin embargo, el actuar de éste no puede estar sujeto o circunscrito a la popularidad o cercanía con los demás poderes, si bien es contrapeso, no es oposición.  Por ello, Arneson define democracia constitucional como “un régimen que se rige según los principios del gobierno democrático y que están determinados por una Constitución que reconoce ciertos derechos de los ciudadanos, los cuales son reforzados por jueces no elegidos y poseen poderes finales de revisión”. 

Desde un análisis comparativo, vemos cómo el seguir dicho camino de ver al poder judicial como un enemigo, lleva al autoritarismo, ejemplo de ello es El Salvador, donde el Presidente Nayib Bukele y su mayoría en el Congreso destituyeron a los Magistrados de la Sala Constitucional y  al Fiscal General de la República. Esta misma situación se repite en países como Guatemala, Hungría, Polonia y Venezuela, los cuales tienen como común denominador la erosión democrática y del estado de derecho . 

Un verdadero gobierno democrático, evitaría una confrontación con elpoder judicial sólo porque no resuelve a su favor, ya que eso dejaría en evidencia que lo que quiere es sumisión o control, pero tampoco se puede exigir que el poder judicial inicie otra confrontación con el poder ejecutivo o legislativo, dado que sólo se mantiene en la dinámica de pesos y contrapesos. Como bien escribió el Ministro Presidente Arturo Zaldívar: “La función judicial no puede ser valorada en estos términos. La independencia judicial no descansa en el sentido de los fallos, sino en que las resoluciones sean dictadas con autonomía y libertad, con base en razones públicas legítimas y persuasivas. Es en el campo de los argumentos robustos y de la evidencia clara que la sociedad puede distinguir las decisiones debatibles, de las que son arbitrarias“.