Decir que la democracia se trata de mayorías es una obviedad, pero decir que un sistema político democrático se trata montar un entramado legal institucional para construir mayorías legítimas, nos acerca más al meollo del asunto. México tiene un serio problema en su forma de construir mayorías consecuencia directa de décadas de autoritarismo expresadas a través del que por mucho tiempo fuera el partido hegemónico y un férreo sistema presidencialista. Pasamos de las mayorías aplastantes pero falsas, propias de un sistema de simulación democrática, a la fragmentación pragmática.
Es cierto que el sistema ha venido cambiando: la oxigenación del legislativo a través de las reformas políticas; estados que comenzaron a vivir alternancia (aunque aún hay otros que tienen casi un siglo sin conocerla); la separación del ejecutivo de la instancia encargada de organizar y vigilar las elecciones; el cambio de sistema político en la capital del país; la existencia de organismos descentralizados como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, sobre todo, la alternancia a nivel presidencial y una mayor separación de poderes. Pero esa luna tiene un lado oscuro que inevitablemente parte de la incertidumbre respecto a la legalidad y, por ende, legitimidad de los procesos electorales. Aunado a esto, los ganadores de las últimas tres elecciones presidenciales han alcanzado un umbral de victoria de 38% en promedio, lo que en términos reales significa que únicamente cerca del 20% de los mexicanos acaban eligiendo a nuestra máxima autoridad.
En este contexto, por supuesto que tiene sentido discutir el establecimiento de la segunda vuelta, pero no por sí misma. Una segunda vuelta no solamente se trata de crear una mayoría más realista y, por ende, legitima. Se trata también de negociar apoyos que se vuelvan coaliciones, lo que en sistemas semi-presidenciales y parlamentarios implica compromisos programáticos e incluso el control de ciertas áreas del gabinete por otras fuerzas políticas. De ahí viene la idea de “formar” gobierno. En un escenario donde el PRI, aun debilitado, logra triunfos con poco más de 30%, la necesidad de cambio es evidente.
Un sistema que acepta mayorías débiles no da incentivos para coaliciones sólidas y hace casi imposible cambiar de gobernantes dentro de los periodos establecidos (que un presidente o un gobernador en México pierdan su puesto es más que difícil). Además este tipo de sistema inevitablemente favorece a la política del dinero y la movilización electoral clientelar sobre la de las ideas y el convencimiento.
Aunque es muy poco probable observar cambios del sistema político de alto calado antes de la elección de 2018, la realidad está marcando el paso a las fuerzas políticas exigiendo la formación de alianzas sustanciosas que no dependan de la coyuntura ni tengan como fin último la mera supervivencia.
Como país urge comenzar a perder el miedo a destruir gobiernos y armarlos de nuevo. Dice un viejo principio taoísta que la rama verde, aunque sea más suave y débil en apariencia, resiste más que la rama seca en apariencia fuerte, pero que se quebrará a la primera ventisca. Este sistema político endurecido, rígido y, sobre todo, drenado de legitimidad, quizá no vaya a romperse de buenas a primeras, pero de seguir por el mismo camino continuará secándose y haciéndose más débil, hasta que un día el viento no le perdonará
