La Taquería

Disciplina y unidad. No catervas por conveniencia.

by Luis Carlos Torre Garza
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El primero de julio, en Palacio Nacional se celebró el segundo aniversario del triunfo del Presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, el cual atinadamente se calificó como un hecho histórico en nuestro País.

Esto, pues por primera vez un partido de izquierda asume la titularidad del poder ejecutivo, obtuvo más de treinta millones de votos, se convirtió en el candidato más votado de la historia y MORENA se instauró como la principal fuerza política de México.

Sin embargo, hoy la realidad de nuestro Presidente dista considerablemente de la de su partido, pues mientras el primero cuenta con una aprobación aproximada del 50%, el segundo se encuentra inmerso en una crisis institucional.

Estimo que MORENA se encuentra en una crisis, esencialmente por el desapego y desconocimiento de sus militantes a su normativa interna.

Lo anterior, pues así como las relaciones entre ciudadanos e incluso las naciones encuentran su degradación al perder de vista sus principios y leyes, la degradación de los partidos de manera análoga comienza cuando los militantes no observan sus normas estatutarias, pues generalmente son versos y reglas utópicas que ningún ciudadano podría rechazar.

Así, considero que la crisis de MORENA es consecuencia directa de la notoria inobservancia por sus militantes de tres premisas fundamentales contenidas en la “Declaración de Principios de MORENA (DPM) y sus estatutos, mismas que a saber son las siguientes: 

1. Que el partido reconoce su esencia en la pluralidad, cultural, religiosa y política (numeral 6 de la DPM).

Este principio, ha sido abiertamente inobservado, en tanto que diversos militantes han rechazado categóricamente que quienes simpatizan con el movimiento pero que en algún momento han formado parte de otro partido o bien, que no compartan sus designios, lleguen a integrar las filas de MORENA, a tal grado que cuando estos últimos han logrado tener cierta posición dentro de la administración, en vez de apoyarlos o integrarlos, se decide sabotearlos.

Incluso, el año pasado durante las elecciones en los Estados de Tamaulipas, Puebla, Aguascalientes, Baja California, Durango y Quintana Roo, vulgarmente la militancia cayo en trapacería de “Morena para el Moreno”, frase que además de falaz, se contrapone con el principio al que hasta ahora me he referido.

2. Que cada militante se convertirá en un medio de comunicación para informar al pueblo. (numeral 7 de la DPM).

Este principio, salvo excepciones no ha sido atendido por la militancia, pues hoy gran parte de la población desconoce las labores el partido, el trabajo de sus diputados locales y federales, senadores, etc.

Inobservancia anterior, que incluso hoy puedo afirmar que un considerable número de militantes desconocen la publicación de la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de Morena, en la que entre otras cuestiones, se votará por coordinadores distritales, congresistas estatales, consejeros estatales y congresistas nacionales. 

3. Que el partido rechaza la denostación o calumnia pública entre sus miembros (artículo 3º de sus estatutos).

Basta consultar los medios de comunicación para concluir que se ha inobservado esta regla.

Así, concluyo que la inobservancia a los anteriores preceptos ha traído como consecuencia la fragmentación del partido, la imposibilidad de marcar una agenda y formular una propuesta atractiva para la población, situación por la que afirmo existe una crisis en MORENA.

No obstante, si verdaderamente quieren competir en 2021, recomiendo atender cuanto antes a la naturaleza del partido, misma que se encuentra plasmada en sus normas, pues sin ser alarmista debo manifestar que tienen dos años de retraso.

De no hacerlo así, la consecuencia natural será su degradación.

Finalmente, soy un convencido de que MORENA necesita disciplina y unidad más que catervas por conveniencia.

#Kleroterion: “¿Por qué están enojadas las elites con López Obrador?”

by Waldo Fernández
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Durante décadas, las élites económicas y políticas que hoy critican al Presidente, e incluso impulsan un movimiento con tintes golpistas para incitar a un grupo social a que salga a protestar y pedir su renuncia, durante años, esas elites aplaudieron y se mostraron satisfechos con gobiernos anteriores porque, según dijeron, aplicaron  fórmulas económicas responsables para mantener las finanzas públicas sanas y con ello certidumbre y estabilidad. 

En lo esencial esas “fórmulas económicas responsables” giraron en torno al manejo consciente del déficit fiscal, es decir que no hubiera o al menos no se aumentará de modo alarmante la deuda pública; que se redujera el tamaño del gobierno y que se mantuviera la independencia del Banco de México.  Por cierto estos tres punto han sido cumplidos y aplicados con un rigor nunca antes visto en el Gobierno de López Obrador. 

Se preguntará usted ¿entonces por qué esta furia contra el Presidente por parte de las elites? ¿Qué SÍ cambió con respecto a los gobiernos del PRI y del PAN? 

El fondo de este enojo de las elites, la razón por la que ahora invierten, y mucho, en manipular la opinión pública para provocar que un grupo social minoritario identificado con ellos salga a protestar, tiene que ver con acciones que el gobierno de López Obrador ha llevado a cabo y que han afectado sus intereses, vaya que les han pegado en la bolsa y eso, pegarles en el dinero, aunque sea por el bien común, es algo que a las elites los hace, perdóneme la palabra, encabronar… Ese es el fondo de su enojo, por eso sacan a las calles a su tropa, por eso salen a protestar.  

Salen a protestar porque ahora si tienen que pagar impuestos, porque en este gobierno se acabó la condonación fiscal.  En los gobierno de Peña Nieto y Calderón se condonaron alrededor de $400,902 millones, y Fox puso en resguardo la cantidad que condonó, así que le apuesto que cuando es información se haga pública la cifra será de escándalo

Salen porque ahora hay una lucha contra la corrupción, porque bajo el liderazgo del Presidente López Obrador, por ejemplo, el Congreso ha reformado nuestras leyes para clasificar el soborno y la malversación de fondos como delitos sin derecho a fianza para prevenir y castigar a corruptos.

Salen a protestar porque ya no pueden vender ni comprar facturas falsas. 

Salen a protestar porque todavía no superan que se haya cancelado la construcción de un aeropuerto alrededor del cual había negocios multimillonarios para ELLOS, financiados con deuda y dinero público, con dinero de los mexicanos.

Salen a protestar porque este gobierno aspira a recuperar la soberanía energética, y eso es un insulto para ellos porque ese negocio, el del petróleo ya estaba en sus manos. Dese cuenta que con la construcción de Dos Bocas, por ejemplo, se les arrebatará un negocio, el de la importación de gasolina que una parte de esas élites maneja.

Salen a protestar porque este gobierno quiere que los partidos políticos reciban menos dinero, y eso significa que los políticos al servicio de ESAS élites dejarían de ser financiados con nuestro dinero y tendrían que hacer carrera financiados por sus verdaderos amos.

Y hay que decirlo también, esas protestas son infladas por algunos medios y periodistas porque este gobierno cerró la llave del gasto en la publicidad oficial que durante sexenios se utilizó para cerrar bocas, comprar plumas y hermanar voluntades.   

En última instancia protestar es un derecho, que lo sigan haciendo, adelante…

PERO que quede claro que en su desesperación le han apostado ha alimentar un discurso de odio, de racismo y de clasismo que puede salirse de las manos. 

Alimentan sin escrúpulos y con total irresponsabilidad el discurso de que cualquiera que apoye al Presidente es un ignorante, un zombie, un huevón o un muerto de hambre. Están sembrando odio y divisionismo aunque luego se hagan las víctimas y los ofendidos. Tiran la piedra y esconden la mano.

Queda claro que a esa elites les arde tener que lidiar con un Presidente que no está dispuesto, como si estuvieron los demás, ha ser servil con ellos y convertirse en su lacayo. 

Acostumbrados a mandar, les irrita que este Presidente no se asuma como otro más de sus empleados y tenga la osadía de enfrentarse para defender los intereses de todos los mexicanos.

Están enojados, iracundos, fuera de sí… Pero también tienen miedo, y mucho, porque  les queda claro que Andrés Manuel López Obrador tiene el apoyo de una mayoría de millones de mexicanos que creen en él y en este cambio. 

La economía mexicana empeora: la amenaza de un “sexenio perdido”

by Gybram Vásquez Hernández
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Esta columna es parte del análisis Altius Consultores para orientar en la toma de decisiones. Consulta este y otros temas haciendo clic en https://bit.ly/Reporte19 

La actividad económica mexicana registró en abril, en medio de las medidas de confinamiento para combatir el COVID-19, el mayor desplome del cual se tenga registro.

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), registró una contracción de 19.7% anual, con lo cual la economía registró su peor mes en la historia del indicador.

  • 32.1% cayó el comercio al por menor.
  • 16.1% cayó el sector relacionado a servicios.
  • 29.6% se contrajeron las actividades secundarias.
  • 70.4% cayeron los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas.

De acuerdo a Mario Maldonado, periodista financiero, el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se encamina hacia lo que podría ser un sexenio perdido en términos económicos. 

Es cierto que la caída económica es un escenario global ante la afectación generalizada de la pandemia. Sin embargo, los cálculos de retroceso para México sí son considerablemente más altos.

El mal arranque del primer año de su administración en 2019, cuando el PIB se contrajo 0.1% sin que hubiera una crisis global y el choque de la pandemia del coronavirus este año, resultarán en un fenómeno que no se había presentado en 30 años: la caída de la economía mexicana por dos años consecutivos.

El promedio de los analistas de bancos, corredurías, calificadoras y organismos internacionales apunta a que la economía mexicana se va a contraer por lo menos 7.5% en 2020.

La incertidumbre sobre cuánto durará la crisis y cómo será la recuperación de la economía permeó hasta Banxico. En mayo, la institución encargada de dictar la política monetaria del país presentó tres escenarios probables:

El peor escenario de Banxico es una contracción de 8.8% en 2020 (la mayor caída desde 1932) y una recuperación de 4.1% en 2021. El segundo contempla una baja de 8.3% del PIB y un rebote de 4% en 2021. El tercer escenario con una caída de 4.6% este año y un rebote de 4% para el 2021. 

Ante un escenario tan adverso, está por verse si el presidente López Obrador mantiene la postura de austeridad a rajatabla, ausencia de apoyos directos a familias vulnerables y empresas y contención del gasto público.

Una señal de cambio podría llegar con respecto al Ingreso Vital de emergencia que se discute en el congreso y que ya cuentan con el apoyo de más de 150 legisladores y legisladoras, así como organizaciones civiles.

Aunque algunos diputados de Morena se han expresado a favor, su coordinador, Mario Delgado, insiste en que se dañarían las finanzas del país y que el gobierno ya apoya a los más vulnerables mediante sus programas sociales.

Una catástrofe mayor aún puede aminorarse si el gobierno implementa un nuevo plan de estímulos económicos para las empresas y reasigna el gasto público hacia sectores que detonen la actividad económica y el empleo. 

La insensibilidad Hacendaria en tiempos de crisis

by Rafael Hernández
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Recién la semana pasada el Secretario de Hacienda anunció con bombo y platillo la implementación de gravámenes como el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto sobre la Renta a:

1) Descarga o acceso a contenido multimedia

2) Intermediación entre terceros oferentes de bienes o servicios y los demandantes de los mismos

3) Clubes en línea y aplicaciones de citas

4) Enseñanza a distancia o páginas de test

Lo anterior se suma a los gravámenes impuestos a servicios digitales como plataformas de entretenimiento streaming, entrega de comidas, transporte por medio de aplicaciones, y otras más.

Las medidas que cito en el párrafo que antecede definitivamente son un duro golpe al comercio electrónico que en tiempos de crisis no era necesario un gravamen sino estímulos.

Pero las medidas que anunció la semana pasada el Secretario de Hacienda constituyen una insensibilidad, insensatez, abuso, retroceso y estancamiento.

Aun seguimos padeciendo la pandemia del COVID-19 y nos encontramos lejos, según la Organización Mundial de la Salud, de volver a la normalidad como la conocemos.

Aunque cierto es que ya se están desarrollando vacunas y medicamentos en todo el mundo, también es cierto que aun no se han probado en humanos y mucho menos podrían ser comercializadas para poder volver a la vida cotidanta pre COVID.

Es alarmante la cifra de contagios y defunciones en México y que la misma Organización Mundial de la Salud pronostica de manera poco alentadora.

De modo que las estimaciones para volver a la vida cotidana pre COVID se estiman al menos hasta enero de 2021, y esto implica la mayoría de los trabajos presenciales y por supuesto el sector académico.

Al pretender gravar la enseñanza a distancia o la descarga de contenido multimedia se afecta gravemente a alumnos de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura y posgrado, es decir, a todos, y por supuesto a los padres de familia, tanto en planteles educativos públicos como privados.

En los planteles privados es evidente que el costo aumentaría por educación puesto que a las inscripciones y colegiaturas habría que añadir el costo del uso de plataformas en línea y de la descarga de los contenidos multimedia.

Sin embargo en los planteles educativos públicos, al no contar la Secretaría de Educación Pública ni las autoridades educativas estatales con una plataforma lo suficientemente desarrollada, ni los alumnos el acceso en algunos casos ni siquiera a internet, representa una insensatez de proporciones épicas.

Si las autoridades educativas decidieran crear una plataforma educativa a distancia para planteles públicos, el costo de la misma sería un duro golpe a las finanzas públicas por la cantidad de alumnado y el tamaño de servidores y tecnología que esto implicaría, amen de las vicisitudes que implicaría para las familias mexicanas la adquisición de equipo electrónico y acceso a internet.

En cambio, si las autoridades educativas decidieran contratar una plataforma, ésta tendría que someterse al nuevo gravamen que anunció la Secretaría de Hacienda y con esto aumentaría el costo ya sea para la autoridad educativa, en caso de que ésta se haga cargo del gasto, o bien, para las familias mexicanas que en lugar de pagar uniformes tendrían que pagar el acceso a una plataforma que eliminaría la gratuidad de la educación consagrada en el artículo 3º Constitucional y en diversos tratados internacionales de los que México es parte.

El fin recaudatorio de la autoridad hacendaria podría lesionar aun más la ya muy lastimada economía de los mexicanos afectados por una crisis sanitaria que además se suma al -10% que estima el Fondo Monetario Internacional para el Producto Interno Bruto al final de este año y a la tasa de desempleo sin precedentes en nuestro país.

Percepción vs Evaluación

by Ana Regina Avila González
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Hace algunos días, la organización “Cómo vamos, Nuevo León” sacó los resultados de la segunda evaluación de la gestión de los gobiernos municipales del Área Metropolitana de Monterrey (AMM). Los aspectos que se evaluaron de los gobiernos fueron los servicios públicos, policía, seguridad pública, finanzas, ordenamiento urbano, movilidad y espacio público y gobierno eficiente y confiable. 

Pero Cómo vamos, Nuevo León no solo realiza esta evaluación de gestión, sino que también tiene una encuesta de percepción ciudadana con base en los mismos aspectos ya mencionados. Entonces, los municipios cuentan con 2 puntuaciones: una puntuación basada en datos y cifras de los gobiernos y otra puntuación sobre como la gente piensa que su gobierno está actuando. 

Aunque las cifras de la encuesta de percepción ciudadana son del 2019 y aplicarían solo para los resultados de la primera evaluación, sigue habiendo una misma incógnita: Los municipios con una calificación alta en gestión tuvieron una calificación menor por parte de sus ciudadanos. Por ejemplo, Monterrey obtuvo una puntuación de 8.2 en gestión promedio, pero su ciudadanía le dio un 5.4 y Santa Catarina obtuvo 7.6 en gestión, pero 5.9 en percepción ciudadana. El único municipio que mantuvo una calificación igual tanto en gestión como en percepción fue San Pedro Garza García, donde obtuvo 8.2 en ambas evaluaciones. 

En la segunda evaluación recién publicada, se ve que todos los municipios bajaron su puntuación en cuanto a gestión o se mantuvieron en los mismos rangos. Por lo que va a ser muy interesante saber si la ciudadanía sigue pensando de la misma manera o también las puntuaciones de la percepción van a bajar aún más.

¿Y a que voy con todo esto? A que es muy diferente los resultados a cuando se evalúa de acuerdo con reglas institucionales o de acuerdo con lo que las personas ven en su entorno. Monterrey a pesar de que en la primera evaluación obtuvo 10.0 en seguridad, la ciudadanía en este rubro lo calificó con 4.5. En la segunda evaluación, Monterrey de tener 10.0 en seguridad pasó a 2.0, y muy probablemente en la próxima encuesta de percepción también vaya a tener una calificación baja. 

De nada le sirve a los gobiernos municipales cumplir con las responsabilidades que están en la ley si no lo van a hacer de manera eficiente o de acuerdo con lo está exigiendo realmente la gente. Si a pesar de que un municipio diga que los índices de violencia o delito están controlados las personas aun así se sienten inseguras, entonces hay algo mal en cómo se está calculando la seguridad pública. O si un municipio está acatando el presupuesto destinado a movilidad, y todavía la gente no siente que se pueda mover libremente como peatón, entonces se necesita cambiar algo urgentemente en este aspecto. 

Muchas veces los alcaldes y alcaldesas, que son los que deberían conocer mejor a la población para la que trabaja, no se molestan en dialogar con la gente y realizan proyectos que no necesariamente son lo que uno esperaba. Aunque siempre muestren en fotos y videos en redes sociales cuánto tiempo pasan conviviendo con la gente, este tipo de ejercicios de percepción ciudadana demuestran que las personas no están siendo tomadas en cuenta y se siente ajenas a lo que realizan sus gobiernos. 

Esperemos que después de estos resultados, los gobiernos municipales puedan darse cuenta de que cumplir con lo mínimo no les garantiza que la calidad de sus acciones sea la adecuada. Hay que tener más espacios de diálogo y retroalimentación entre representantes y representados para que se pueda crear una área metropolitana mejor para todas y todos.

Las elecciones mexicanas a prueba

by Samuel Ramírez Mejía
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En el 2021 se renovarán 15 gubernaturas, 30 Congresos locales, la Cámara de Diputadas y Diputados y los Ayuntamientos en 30 estados. Estas elecciones implicarán la movilización de cerca de 96 millones de electores y la elección de alrededor de 3,500 cargos de elección popular. Los números no son la principal prueba de las elecciones mexicanas. El enemigo a vencer el año próximo es un microscópico e inesperado jugador: El virus SARS-CoV-2 y la enfermedad que produce, COVID-19.

El efecto del virus en las elecciones se ha sentido en todo el mundo. Del 21 de febrero al 23 de junio de este año un total de 66 países y territorios han decidido posponer sus elecciones (IDEA Internacional 2020b). El INE, por su parte, aprobó en abril pasado la suspensión de los procesos electorales locales y pospuso las jornadas electorales de Coahuila e Hidalgo (INE 2020) y ahora mismo delibera cuál sería la mejor fecha para la reanudación de actividades electorales.

No sabemos a ciencia cierta cuál será el comportamiento del virus y de la enfermedad. Sin embargo, lo que sí parece ser aceptado por los especialistas es que el SARS-CoV-2 llegó para quedarse por mucho tiempo. Por tanto, resultaría catastrófico para la democracia mexicana no prever cómo impactará en las elecciones que tendremos en México el siguiente año.

Una prueba a la que nos enfrentaremos es el probable escenario de un rebrote del letal virus. Siendo este el supuesto: ¿Deberíamos continuar con las elecciones bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria o deberíamos posponer su celebración? Las respuestas dependerán desde luego de la gravedad y la dispersión de los casos y, al tratarse de elecciones locales, es probable que este dilema deba resolverse de forma muy focalizada o regional; no obstante, pensemos que la situación de emergencia sanitaria se dé de forma generalizada en todo el país. Desde mi perspectiva, las únicas elecciones que no pueden postergarse indefinidamente son las de la Cámara Baja del Congreso de la Unión y las de los Congresos Locales. Esto es así porque no existen normas constitucionales que resuelvan el problema de que a la fecha del inicio de las Legislaturas no estén realizadas la elecciones correspondientes y no haya órganos legislativos qué instalar, como sí las hay para la suplencia de Ejecutivos Estatales y de Ayuntamientos. En todo caso, prever una solución a este problema implica una reforma constitucional urgente que contemple de forma expresa la posibilidad de postergar elecciones y, respecto de los Congresos, el supuesto de que los cargos de las personas legisladoras actuales puedan extender su vigencia hasta la celebración de las nuevas elecciones, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan. La postergación de las elecciones no es una decisión sencilla, particularmente si se considera el efecto que esto pueda tener sobre la legitimidad del resultado electoral (IDEA Internacional 2020a: 3). Más aún si esta determinación proviene del Consejo General del INE y su legitimidad es cuestionada por el titular del Ejecutivo Federal.

Otra prueba para las elecciones en México será la simplificación de algunos procedimientos electorales para evitar movilizaciones masivas de personas que aceleren los contagios, dentro de los márgenes que permite la barroca y detallista ley electoral; y con una condición jurídica agravante: La regla de que las reformas electorales substanciales deben estar publicadas al menos tres meses antes del inicio del proceso electoral (art. 105, fr. II CPEUM). Para el caso de la elección para renovar las 500 Diputaciones Federales, el tiempo ya está formalmente agotado, como declaró recientemente el Dr. Lorenzo Córdova, Consejero Presidente del INE (https://twitter.com/lorenzocordovav/status/1272254528297943042?s=20).

Al SARS-CoV-2, sin embargo, no le interesan las reglas constitucionales. De no posponerse las elecciones en el país, éstas deben llevarse a cabo con estrictas medidas de seguridad e higiene sanitarias. Es en este sentido que, si no se modifican las leyes electorales para poder gestionar procesos electorales en medio de la pandemia, la norma de la veda legislativa (art. 105, fr. II CPEUM) deberá interpretarse de forma abierta para armonizarla con la protección de la salud y la vida de las personas electoras para que se permita, idealmente, que los Congresos reformen las leyes electorales, incluso ya iniciado el proceso electoral, y se simplifiquen los procedimientos electorales para hacer frente a la emergencia sanitaria.

La simplificación de los procedimientos electorales debe partir de dos premisas: i) La armonización de los derechos políticos de electores, partidos, candidaturas, ciudadanía y medios de comunicación con los derechos a la salud y a la vida de las personas; y ii) la búsqueda de medidas que reduzcan al máximo posible la movilización y la aglomeración de grandes cantidades de personas durante las etapas del proceso electoral.

Para enfrentar la pandemia hay desde luego muchas actividades y procedimientos electorales que deben adecuarse. Considero que los siguientes son cruciales: Las campañas electorales, la jornada electoral y los cómputos electorales.

Respecto a las campañas electorales, se trata tal vez de una de las etapas con mayor movilización de personas, porque si bien existen medios virtuales y redes sociales para la comunicación político-electoral, no hay campaña electoral en las democracias que no implique la movilización de cientos de personas en mítines, cierres de campaña, actos de registro de candidaturas, etcétera. Más allá de la idea de las campañas virtuales, la prueba consistirá en que las normas y las disposiciones sanitarias deberán reducir al mínimo el número de personas que sean permitidas en los actos de campaña. No prohibición, sino regulación desde el mirador del derecho a la salud. No obstante, estas disposiciones no serán eficaces sin la aceptación y cumplimiento por parte de partidos políticos y candidaturas.

Por lo que hace a la jornada electoral, la prueba es mayúscula. Si mantenemos exactamente de la misma forma los procedimientos para la integración, la capacitación y el funcionamiento de las mesas directivas de casilla, y la forma en que votamos, aun el sentido común permite prever altos riesgos de contagios en las casillas durante la jornada electoral y en los días de la capacitación de las y los funcionarios de casilla. Si no tenemos las capacidades legales y tecnológicas para implementar el voto electrónico, lo menos que debemos hacer para superar esta prueba será establecer horarios específicos a fin de que las personas electoras, de conformidad con su letra inicial de su primer apellido, acudan específicamente en dicha franja de horario a emitir su voto. 

Otras opciones: ¿Votar en jornada electoral anticipada?, ¿votar a través del servicio postal?, ¿votar desde los coches?, ¿votar en los hospitales? Probablemente, pero se requieren adecuaciones legislativas y amplios consensos políticos.

Por último, nuestros arcaicos métodos de cómputo electoral, incluidos los recuentos totales producto del trauma político del 2006, no deben ser igual a lo que hemos hecho en los últimos 25 años. Para armonizar los derechos de las personas y partidos contendientes con el derecho a la salud, sólo puedo imaginar una solución utópica pero eficaz: La renuncia del derecho a recuentos totales o parciales en sede administrativa por parte de los actores políticos y, únicamente en el caso de que existan causas y pruebas de alguna irregularidad, ejercer ese derecho de forma acotada en los tribunales electorales. 

Para superar los riesgos que representa la pandemia para las elecciones del 2021, lo ideal sería que se realicen modificaciones a las leyes electorales con la aprobación unánime de los partidos políticos. Si esta habilitación legislativa no acontece, aún contamos con un margen estrecho para que las autoridades administrativas electorales ejerzan una interpretación creativa de las normas jurídicas, es decir, el INE y los OPLEs aún podrían ejercer sus márgenes de discrecionalidad interpretativa para flexibilizar los procedimientos electorales, sin embargo, para ello se requiere que tales decisiones sean política y presupuestalmente viables.

Posponer las elecciones no es la mejor de las soluciones, debido a que implica una afectación al principio constitucional de periodicidad de las elecciones (Comisión de Venecia 2020: 19). Sin embargo, debemos de estar preparados incluso para este escenario, porque si las condiciones sanitarias empeoran en el país, probablemente esta sería nuestra única salida, siempre que valoremos el impacto que la suspensión de elecciones tendrá en la estabilidad política y social de nuestra democracia. 

Si el desarrollo de la pandemia permite la celebración de las elecciones en el 2021, la prueba mayor será potenciar la creatividad de las y los legisladores y de los organismos electorales, porque deberán idear y gestionar procedimientos electorales novedosos que trasciendan los cauces tradicionales bajo los cuales hemos conducido nuestras elecciones hasta ahora. 

En cualquier caso, la variable que transforme una prueba en un éxito histórico será el apoyo unánime de los partidos políticos.

Referencias bibliográficas

Comisión de Venecia. (2020). Report – Respect for democracy, human rights and the rule of law during states of emergency, reflections, taken note of by the Venice Commission on 19 June 2020 by a written procedure replacing the 123rd plenary session. CDL-AD(2020)014. Estrasbugo: Comisión de venecia.

IDEA Internacional. (2020a). Elecciones y COVID-19. Documento técnico de IDEA Internacional 1/2020. Estocolomo: IDEA Internacional.

IDEA Internacional. (2020b). Panorama global del impacto del COVID-19 en las elecciones. (Actualizado al 23 de junio del 2020). En: https://www.idea.int/es/news-media/multimedia-reports/panorama-global-del-impacto-del-covid-19-en-las-elecciones (Consultado el 25 de junio del 2020).

INE. (2020). Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el cual se aprueba ejercer la facultad de atracción, para efecto de suspender temporalmente el desarrollo de los procesos electorales locales, en Coahuila e Hidalgo, con motivo de la pandemia COVID-19, generada por el virus SARS-CoV2. México: INE. 

Juegos peligrosos

by Daniel Butruille
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Fin de semana fatal: tres pésimas noticias. 

Primera irresponsabilidad: falta un día para la entrada en vigor del T-MEC y el Congreso mexicano no emite todavía las leyes necesarias para su implementación. Peor tantito, mientras el Senado acepta llevar a cabo una sesión extraordinaria para discutirlas, votarlas y aprobarlas en su caso, la Cámara de Diputados se niega a hacer lo mismo, es decir que lo aprobado por el Senado no será ratificado por la Cámara baja, de mayoría morenista. 

¿No que la recuperación económica de México depende de la entrada en vigor del T-MEC, según el jefe de estos diputados? ¿Por qué esperar al cinco para las doce para aprobar estas leyes tan relevantes? ¿Quieren pasar bola ensalivada, siguiendo las instrucciones del coach? ¿De qué sirve un eventual viaje del presidente a celebrar la entrada en vigor de un Tratado no ratificado por sus parlamento? ¿Surrealismo legislativo o congreso tercermundista? 

Segunda irresponsabilidad: vencido el plazo legal para presentar las pruebas incriminatorias contra la familia del “Marro” líder del cártel de Santa Rosa de Lima, y los miembros de la banda detenidos en una operación policiaca efectiva, el juez ordenó la liberación de las últimas 5 de las 31 personas arrestadas. 26 habían sido liberadas con anterioridad. 

Le tembló la mano a la fiscalía de Guanajuato, ¿tuvieron miedo a las represalias probables si se ordenaba la prisión para la mamá del bandido?  Otra vez, la efectividad de las fuerzas de seguridad está aniquilada por la falta de preparación legal del operativo. Nuevo régimen, mismos errores. 

¿O resulta que el “Marro” beneficia del mismo estatus privilegiado que el chapito de Sinaloa? Probablemente, su mamá tendrá el beneficio de un saludo personal del presidente durante su próximo viaje a Guanajuato, y el mismo presidente de la narco república aprovechará para ser padrino de bautizo de algún heredero de un miembro del cártel. Viva los abrazos, abajo los balazos. 

Tercera irresponsabilidad: el relajamiento en los protocolos de prevención contra el COVID-19, particularmente, la situación criminal del transporte público por las pésimas decisiones del gobierno del Estado, colocan ahora a Nuevo León en una curva ascendente de contagios y fallecimientos, que se había evitado hasta ahora. 

Mercados abiertos y sin control, eventos sociales prohibidos que se llevan a cabo en propiedades privadas y sobre todo el transporte público ponen a Nuevo León en el ojo del huracán. A cuidarse, ya que la autoridad no es capaz de asegurar que sus protocolos sanitarios sean respetados y que los individuos prefieren jugársela que jugar a lo seguro.  

Se juega con la economía del país, se juega con la seguridad del país y se juega con la salud del país. 

#Kleroterion: La Reunión de AMLO y Trump en el arranque del T-MEC

by Waldo Fernández
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Tan pronto anunció el Presidente López Obrador que viajaría a Washington para verse con el Presidente Trump en el marco de la entrada en vigor del T-MEC, el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, comenzaron a llover las críticas asegurando que dicha reunión sería utilizada por Trump, tal como los hizo con Peña Nieto, para fines electorales. 
Más allá de que el tema México seguramente sea utilizado electoralmente por Trump se reúna o no se reúna con el Presidente, sus críticos pasan por alto una sutileza que vale la pena mencionar.
Esta reunión próxima a llevarse a cabo será entre jefes de estado, es decir entre dos o incluso tres “iguales”, porque todavía se contempla que Justin Trudeau, el Primer Ministro de Canadá, confirme asistencia. Cuando Trump se reunió con Peña Nieto no había motivo diplomático para que este se reuniera con el estadounidense que  sólo era candidato.
Los críticos del Presidente pasan por alto también que esta reunión se da en el marco de la entrada en vigor de un tratado de libre comercio que marcará época hacía la integración de norteamérica. 
Es curioso, por decir lo menos, que constantemente expresan su preocupación porque la economía no va bien, pero pasan por alto el impacto positivo que le traerá a la economía del país la entrada en vigor de este tratado.
Me parece todavía más absurdo que se quejen de que el gobierno de México debe dar certidumbre a los inversionistas, pero no se les ocurre tampoco que asistir a esa reunión  es precisamente abonar a esa certidumbre. 
Tan empeñados están en que al país le vaya mal que no les importa ser incongruentes en sus posturas y absurdos en sus críticas. Para ellos no importa no que el gobierno haga o no haga, todo está mal.
Me ha dado por pensar que lo que los críticos del presidente no toleran es que el personaje al que ellos, con total ignorancia y guiados por el hígado, tachan de comunista sea uno de los artífices y el protagonista principal del tratado de libre comercio más importante que haya firmado un presidente mexicano. 
No le perdonan que  no fracase, que contra todos sus pronósticos y esperanzas el país no se está cayendo a pedazos ni haya un estallido social. No le perdonan que en las cosas que importan, como en la relación con el Presidente del país más poderoso y la economía más grande del mundo, López Obrador haya sacado su madera de estadista y se conduzca con dignidad y decoro, respaldado por el apoyo de millones de mexicanos.

El monstruo de la corrupción

by Kristian Macías
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Uno de los grandes retos de México ha sido enfrentar de manera efectiva la corrupción y sus consecuencias sociales, políticas y económicas. En 2019, el costo calculado de la corrupción fue de 12,770 millones de pesos de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI. Esto es dos años de presupuesto de Monterrey, aproximadamente. 

Una de las problemáticas ha sido lograr entender en su totalidad su impacto y sus múltiples facetas y presentaciones. Para darnos una idea de cómo se puede presentar la corrupción, les comparto un pequeño listado de las faltas administrativas y delitos de corrupción: cohecho, peculado, desvío de recursos, uso indebido de información, abuso de funciones, conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato, soborno, chantaje, procedimientos ilícitos, entre otros tantos. Para complicar más las cosas no hay claridad legal para saber cuándo estos actos serán considerados faltas administrativas y cuándo serán delitos. 

No sólo es una maraña de delitos y faltas administrativas, también son un mundo de instituciones las que deben estar involucradas y coordinadas en la persecución de estos hechos ilegales que plagan nuestro día a día. Desde órganos internos de control, contralorías, auditorías, fiscalías especializadas y juzgados administrativos. Esta coordinación no se ha dado y no parece que haya interés para que se dé. 

En México 62% cree o ha escuchado que existe corrupción en trámites de gobierno, 44% conoce a alguien que refirió actos de corrupción en sus trámites y 15% han experimentado un caso de corrupción en su trámite. En general 87% de la población consideramos que los actos de corrupción son frecuentes. A nivel nacional, el acto más frecuente de corrupción es al tratar con la seguridad pública, y en Nuevo León en segundo y tercer lugar encontramos los trámites de propiedades y trámites para la apertura de empresas respectivamente. También vemos como hay casos donde al hacer un trámite hay largas filas, te pasan de una ventanilla a otra, te mandan a un lugar muy lejano, hay requisitos excesivos, horarios restringidos y costos excesivos. Todas pequeñas acciones que incitan a la corrupción por parte de ciudadanos y funcionarios. 

Durante la presidencia de EPN se cristalizó un esfuerzo de la sociedad civil organizada, donde miles de personas y organizaciones impulsaron la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA), los cuales tienen como objetivo coordinar a los actores nacionales y estatales para desarrollar estrategias y políticas que identifiquen, investiguen y sancionen todos los hechos de corrupción. 

A pesar de estos esfuerzos el cambio de gobierno llegó con un cambio de timón claro en el combate a la corrupción donde el SNA y los SEA no parecen tener cabida. Ya contamos con la legislación, pero el reto entra en su fase crítica de implementación al mismo tiempo que no hay voluntad política que siga impulsando estos sistemas. El Gobierno Federal actual ha declarado una lucha contra la corrupción en el discurso, pero sigue siendo la misma lucha partidista de décadas de defensa a mis amigos y justicia a mis enemigos. 

La corrupción es compleja y prácticamente universal. Hemos visto que puede ir desde un proveedor a nivel municipal, hasta la misma presidencia. Para combatirla efectivamente lo que se necesita es una pelea institucional, donde la identificación, investigación y sanción no dependa de quien está en el poder sino de los contrapesos institucionales. Ya está la ley y las herramientas para recopilar las declaraciones patrimoniales y de intereses de todos los funcionarios, ahora necesitamos líderes políticos que busquen implementar y profesionalizar el sistema. 

El SNA y los SEA son un primer intento para combatir la corrupción, pero urge seguir en esa dirección con contralorías municipales independientes, auditorías apartidistas, análisis de contratos y declaraciones patrimoniales con inteligencia artificial y blockchain para protección de datos personales. Todo esto es posible si desde la sociedad civil, la academia y la ciudadanía seguimos impulsando por enfrentar la corrupción con acciones concretas y no palabras, con expertos y profesionales y no buenas intenciones. Porque si no enfrentamos con instituciones y contrapesos la corrupción seguiremos teniendo Casas Blancas, casas de Bartlett, desvíos de Polevnsky, propiedades de Ackerman y Sandoval, Estafas Maestras y Odebrechts.

Siempre a medias

by Alejandra Treviño Arias
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En días anteriores se reunió la Comisión de Puntos Constitucionales el H. Congreso del Estado de Nuevo León para la revisión de las iniciativas de reforma encaminadas a la garantía de la paridad total y del rezagado tema de violencia política en razón de género. 

Una vez más, las discusiones transitaron hacia un avance entorpecido, un avance “a medias” que no resarce la deuda histórica que se tiene para con las mujeres del estado. 

Si miramos un poco la historia reciente encontraremos que al Legislativo local le falta mucho por estar a la par de los avances en México en materia de derechos humanos e igualdad de género, específicamente en el tema de los derechos político electorales y las medidas que a nivel nacional parecieran avanzar con un paso diferente. 

Cuando en el país se estaba avanzando para hacer que la paridad de género en diputaciones locales fuera efectiva mediante distintas reglas que garantizaran que las mujeres no fueran postuladas exclusivamente a aquellos distritos en los que el partido político jamás hubiera ganado, en Nuevo León esto no se incluyó en la legislación electoral. Fue el organismo local electoral quien empujó el tema a través de lineamientos que, desde el proceso de 2015, incluían la división por partido de los distritos electorales conforme a su rentabilidad electoral histórica. Finalmente, en la reforma de 2017, el Congreso de NL agregó criterios cualitativos para diputaciones locales a la legislación.

Lo mismo sucedió en las modificaciones a la ley electoral en 2017, cuando el Legislativo local tenía la oportunidad para integrar la paridad en presidencias municipales (paridad horizontal), como sucedía en el resto del país. Tampoco sucedió. Una vez más, fue a través de lineamientos emitidos por la Comisión Estatal Electoral, que esto fue avanzando, ya que las reglas del juego para las postulaciones incluyeron por esta vía la obligación de postular 50% mujeres y 50% hombres para presidencias municipales, y no sólo para regidurías y sindicaturas. La labor del organismo público local electoral para ir más allá a través de lineamientos estuvo basada en la jurisprudencia electoral en la materia.

Pero aún con ello, Nuevo León iba un paso atrás que muchísimas entidades mexicanas que no sólo implementaban ya la paridad horizontal, sino que le agregaban reglas cualitativas para que, al igual que en el caso de las candidaturas a diputaciones locales, en los municipios también se garantizara que las mujeres no fueran relegadas a candidaturas sin importancia. Algunas entidades siguieron el ejemplo de la competitividad electoral histórica en municipios. Otros, como Coahuila, agregaron criterios con una mirada distinta: entendiendo la importancia de las administraciones municipales en relación a la cantidad de población a la cual dirigirían. 

Esto no sucedió en Nuevo León en las elecciones pasadas, y parece que el Congreso local tampoco reforzará la legislación electoral local para que suceda en la próxima. 

Lo mismo ocurre con el tema de violencia política que viven las mujeres que quieren insertarse en la vida pública. A falta de un marco normativo sólido que atendiera este tema, instituciones locales se unieron el proceso electoral anterior para impulsar un Protocolo de atención conjunta que pudiera sentar las vías de canalización y atención al tema de manera proactiva. Aun así, su atención sería muchísimo más eficaz si el Congreso local empujara las reformas necesarias para que la violencia política de género sea considerada un delito, y para implementar sanciones específicas al respecto. 

Por último, el Congreso local tiene la oportunidad histórica de derribar todo obstáculo y resistencia existente para el nombramiento de mujeres a los puestos de toma de decisiones en la entidad, al integrar la obligación de designar en igualdad a mujeres y hombres para todos los altos puestos de todos los organismos e instancias de la entidad. 

Esto tampoco se vio durante las discusiones vertidas en la sesión de la Comisión mencionada, al contrario, la “paridad en todo” se fue diluyendo poco a poco, desechándola para algunos organismos y “procurándola” para otros.

Las discusiones que se dieron en la Comisión de Puntos Constitucionales este 26 de junio, nos dan a entender que, una vez más, en Nuevo León vamos un paso atrás para que el marco normativo proteja los derechos político electorales de las mujeres, garantizando el efecto útil y material de la paridad. Las discusiones nos dan a entender que la legislación electoral está avanzando, pero avanzando a medias.