Los ciudadanos y organizaciones reunidos en la Coalición Anticorrupción hemos seguido de cerca la aprobación de las leyes que crean el Sistema Nacional Anticorrupción y queremos que, al adecuarse a Nuevo León, nuestro Sistema Estatal Anticorrupción se configure aún mejor que el sistema federal.

Para ello, en la Coalición identificamos 15 puntos nodales que deben guiar el desarrollo del Sistema Estatal Anticorrupción, mismos que fueron consensuados con el Congreso. Con estos puntos nodales como base, nos hemos acercado al Congreso del Estado de Nuevo León para proponer trabajar de manera coordinada en el impulso de las reformas legales que tendrán que darse para materializar este nuevo sistema en nuestro estado.

Antes de finalizar este 2016, la Comisión de Puntos Constitucionales presentará al pleno el  dictamen de  la reforma constitucional en materia anticorrupción. Este primer paso es de gran importancia para plantear principios rectores del nuevo sistema estatal anticorrupción.

Por ello, la Coalición ha analizado a detalle la propuesta presentada por el Diputado Hernán Salinas, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, y hemos pedido a los presidentes de las Comisiones unidas en materia de anticorrupción que se incluyan los siguientes puntos en la reforma constitucional:

1. Que todos los órganos del Sistema Estatal Anticorrupción funcionen bajo los principios de máxima transparencia y difusión pública de sus acciones.
2. Que se garantice la protección de denunciantes y se otorguen estímulos para presentar denuncias por hechos de corrupción.
3. Que en cualquier momento puedan recuperarse bienes a favor del Estado (extinción de dominio), independientemente de cualquier otro procedimiento.
4. Que se establezca la corresponsabilidad de particulares y empresas cuando participen en hechos de corrupción.
5. Que se establezca como sanción por delitos graves de corrupción la muerte civil: que es la imposibilidad de ocupar un cargo público en el futuro.
6. Que los servidores públicos y los candidatos a cualquier puesto de elección popular estén obligados a presentar su declaración “3 de 3” (fiscal, patrimonial y de conflicto de intereses).
7. Que el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, formado por ciudadanos, determine los requisitos para los siguientes puestos, participe en la evaluación y selección de candidatos, y proponga una terna para:

• Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del sistema
• El auditor superior del estado
• El Fiscal general
• El fiscal anticorrupción
• El fiscal de asuntos electorales
• El magistrado de la nueva Sala de Responsabilidades Administrativas

8. Que se conforme una asamblea civil honorífica, plural, integrada por miembros de la sociedad civil organizada, para realizar la convocatoria y elegir a los 9 ciudadanos del Comité de Selección.
9. Que los 5 integrantes del Comité de Participación Ciudadana formen parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, el principal órgano de decisión. Las decisiones de este Comité Coordinador deberán ser vinculantes.
10. Que el Auditor Superior del Estado esté obligado a investigar y actuar en casos de corrupción.
11. Que el Fiscal General sea autónomo e independiente, nombrado para un periodo de 4 años, con posibilidad de reelección.
12. Que el Fiscal Anticorrupción tenga autonomía funcional y presupuestal.

Reconocemos que, a la fecha, hemos encontrado disposición de los diputados Hernán Salinas, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales; Yanira Gómez, presidenta de Comisión Anticorrupción; Héctor García, presidente de la Comisión de Legislación; y Samuel García, líder de la bancada de Movimiento Ciudadano, en tomar en cuenta las propuestas de la Coalición, y estudiar a fondo nuestros argumentos.

Estamos ante una oportunidad histórica de sentar las bases sólidas de un sistema que podrá actuar contra actos de corrupción y castigar a todos los involucrados. Esperamos que el resto de los diputados tenga a bien respaldar las propuestas de esta Coalición Anticorrupción, sustentadas en los puntos nodales consensuados previamente con ellos, y que estas mismas se vean favorecidas en la primera y segunda ronda de votación de la Reforma Constitucional.

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