Nuevo León 21: pobreza

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El 2021 representa un año decisivo para Nuevo León y el futuro que queremos lograr. Se llevarán a cabo 620 elecciones de cargos públicos, entre las cuales está la elección del próximo gobernador o gobernadora. Esto es de vital importancia porque nuestras decisiones electorales, o pueden ayudarnos a tener una transición inteligente hacia un Nuevo León más sostenible y resiliente, en comparación al que tenemos actualmente, fruto de la era previa a la pandemia, o pueden hacer que dicha transición se vuelva remota o, en todo caso, muy difícil de alcanzar. 

Es por eso por lo que, en esta ocasión y durante las próximas ediciones de este espacio de opinión, estaré compartiendo algunas reflexiones sobre ciertos temas que considero importantes que tomemos en cuenta y que son centrales para la construcción de un Nuevo León que, no solamente crezca económicamente, sino que lo haga de manera sostenible e incluyente, con una perspectiva de resiliencia y justicia social. Esto, en su conjunto, hará que seamos más y mejores en la era post COVID-19. 

El primer tema que comentaré es el de la pobreza. Una sociedad no puede alcanzar su máximo potencial en términos de crecimiento económico, acumulación de capital humano y físico, etc., si una gran cantidad de su población se encuentra en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Además, este problema no solamente tiene implicaciones relacionadas a ineficiencias económicas, sino que, incluso, tiene alcances directos en la estabilidad política/democrática que una sociedad pueda llegar a tener, ya que, ¿cómo puede haber estabilidad en un lugar donde no se garantizan los derechos mínimos de vivienda, alimentación, educación y trabajo?

Este es un tema que nos debe interesar resolver a todas y todos, dado que, su resolución es condicional, si es que queremos resolver otros problemas como la eliminación de las desigualdades por ingreso, género y/o raza, u otros. 

Para saber cual es la situación de la pobreza en Nuevo León basta con revisar la información que proporciona el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la cual se puede encontrar fácilmente en su página de internet. 

De acuerdo con el CONEVAL, en 2018 había 773,000 neoloneses/as viviendo en condiciones de pobreza, de los cuales, 25,200 eran pobres extremos. Considero que estos números podrían parecer engañosos ya que, muchas veces se celebra que Nuevo León es de los estados con menores índices de pobreza, el estado con el primer lugar en movilidad social, etc., sin embargo, si bien la proporción de pobres no es tan alta como en otros estados, existe una gran proporción de personas en condiciones de vulnerabilidad. 

Esto hace que surja la pregunta ¿de qué sirve ser considerado “no pobre”, si la condición en la que te encuentras es tan parecida a la pobreza, ya que cuentas con diferentes carencias sociales y un ingreso insuficiente para suplir tus necesidades? 

En Nuevo León, en 2018 había 2,182,800 personas en condición de vulnerabilidad. De este universo, 1,832,700 de neoloneses/as eran vulnerables por carencias sociales, mientras que 350,100 lo eran por ingreso, pues este no es suficiente para cumplir con sus necesidades básicas.  

Si Nuevo León es considerado un estado altamente competitivo (revisar el Índice de Competitividad Urbana del IMCO), con una gran capacidad de crecimiento económico y uno de los mejores en términos de indicadores educativos, ¿cómo puede ser posible que tengamos a una población altamente vulnerable y una que, aunque parece relativamente poca, sufre de las calamidades de la pobreza moderada y extrema? 

El proceso electoral en el que nos encontramos actualmente debe de servirnos para avanzar en la dirección correcta que nos lleve a la solución definitiva de este problema de injusticia social que tanto nos afecta como sociedad neolonesa. Nuestros candidatos y candidatas deben ofrecernos soluciones factibles para nuestros pobres; los previos a la pandemia y los que se sumaron a partir de esta crisis. Es una deuda que no se debe postergar. 

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Repensar el sistema laboral mexicano

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Uno de los pendientes más importantes en el desarrollo de México tiene que ver con el sistema laboral. Este ha sido un sistema injusto e ineficiente que, en lugar de contribuir en la movilidad social de las y los mexicanos, ha acrecentado las desigualdades socioeconómicas de la sociedad. 

Este es un debate que cobra relevancia en el marco de la reciente propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la regulación del outsourcing. Esta es una propuesta que surge a partir de las preocupaciones del gobierno federal sobre los efectos perversos que ha provocado la subcontratación en el mercado laboral mexicano, como por ejemplo las reducciones en los beneficios de seguridad social de las y los trabajadores (afectando las pensiones, los fondos de vivienda y las licencias de maternidad e incapacidad, así como reduciendo las liquidaciones e indemnizaciones frente a despidos) [1]. 

El problema de la subcontratación se inserta dentro de otro más grande y grave, que es el de la precarización laboral. Este es un fenómeno que se puede entender a partir del esfuerzo que hacen muchas empresas por reducir sus costos salariales. Sin embargo, este esfuerzo empresarial se vuelve problemático cuando termina afectando el bienestar de las y los trabajadores, pues no se les registra formalmente en la seguridad social, o simplemente les reducen los salarios para, así, pagar las cuotas, lo cual significa que estos terminan pagando indirectamente su seguridad social [2] [3].  

Este escenario de precarización laboral, empleos informales, subcontratación, etc., nos coloca en una situación crítica que se materializa en menores oportunidades de condiciones socioeconómicas mínimas, que garanticen vidas dignas de las y los trabajadores y sus familias. Asimismo, esta precarización laboral tiene efectos devastadores para el desarrollo de nuestro país debido a que representa un factor determinante de la pobreza [4]. 

Es por eso por lo que se debe repensar el actual sistema laboral mexicano. Quitar el outsourcing tal vez ayude a reducir las practicas de flexibilización laboral que tanto han vulnerado y desprotegido a muchas y muchos trabajadores. No obstante, lo que se necesita es un cambio más estructural y profundo que haga de la seguridad social un derecho universal y accesible al cual no se le saque la vuelta para reducir costos salariales, así como uno donde se priorice a las y los trabajadores y no solamente, como se ha hecho hasta ahora, la “competitividad empresarial”. 

Si la 4T realmente busca lograr una transformación significativa que haga de México un país justo y equitativo, socioeconómicamente hablando, se debe pensar en una reforma laboral integral que modifique los actuales mecanismos que hacen que la seguridad social no sea accesible para todas y todos los mexicanos, económicamente activos, y promueva una dignificación del empleo y la fuerza laboral, lo cual incluya, tal vez, regulaciones en la subcontratación, como lo que actualmente se está proponiendo. 

El pasado 18 de noviembre se lanzó la primera etapa de implementación de la Reforma Laboral, promovida por el gobierno federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en 8 estados de la república mexicana. Hay que estar al pendiente de esta reforma y analizar su contenido para saber si va en la dirección correcta. Estamos en tiempos de cambio y no hay mejores cambios, que le harían tanto bien a México, que aquellos que tengan que ver con el sistema laboral mexicano. 

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[1] Animal Político (2020). AMLO presenta iniciativa para regular outsourcing; pide sancionar subcontratación con cárcel. Recuperado de https://www.animalpolitico.com/2020/11/amlo-iniciativa-outsourcing-prohibe-subcontratacion/ 

[2] Ramírez López, B.P. (2019) El binomio formalidad/informalidad en el mercado de trabajo mexicano. Equidad y Desarrollo, (33), pp.89-103. https://doi.org/10.19052/eq.voll.iss33.5

[3] Ríos, V. (2020). Más dañino que el “outsourcing“. Expansión Política. Recuperado de https://politica.expansion.mx/voces/2020/11/16/viri-rios-mas-danino-que-el-outsourcing 

[4] Martínez-Licerio, K.A., Marroquín-Arreola, J. y Ríos-Bolívar, H. (2019). Precarización laboral y pobreza en México. Análisis Económico, 34, (86), pp. 113-131, ISSN:0185-3937.

Reflexiones sobre el transporte público en la ZMM

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El transporte público en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) se caracteriza por ser un sistema con importantes deficiencias que hacen que este sea una opción de movilidad no recomendable o, en todo caso, nada cómoda. Si revisamos los resultados de la encuesta Así Vamos 2019, organizada por Cómo Vamos Nuevo León, encontramos que el transporte público en la ZMM es tardado, inseguro y costoso [1].  

Por ejemplo: el tiempo promedio que la gente hace al realizar un viaje redondo en camión urbano es de 115 minutos (1 hora 55 minutos; casi dos horas), el 60% de las y los usuarios no se siente seguro al viajar y el 67% de las personas considera que la tarifa no es adecuada [1]. 

A pesar de todas las deficiencias, una gran cantidad de usuarios lo utilizan diariamente; alrededor de 1.5 millones de personas. Con el inicio de la pandemia, aproximadamente 260,000 estudiantes dejaron de utilizarlo, debido a las medidas de confinamiento, sin embargo, una importante cantidad de personas lo ha seguido utilizando debido a que representa su principal medio de transporte para salir y ganarse la vida [2]. 

Esto es importante ya que, en medio de una pandemia, el transporte público puede convertirse en una desventaja, si es que no se toman las medidas de prevención adecuadas. Asimismo, esto toma relevancia en el contexto de las recientes declaraciones del Secretario de Salud del Estado, Manuel de la O, quien, el pasado 04 de noviembre, minimizó el riesgo de contagio en las unidades de transporte público [3].

Durante esta pandemia, he tenido el privilegio de trabajar y tomar mis clases de maestría desde casa, sin embargo, en dos ocasiones recientes tuve la oportunidad de utilizar el transporte público. A partir de estas dos experiencias me pude percatar que muchas personas no toman las medidas de prevención adecuadas; usan el cubre bocas en la barbilla, no guardan sana distancia, hay amontonamiento y la gente platica mientras viaja.

Al reflexionar sobre esto, no creo que sea correcto minimizar el riesgo de contagio en las unidades de transporte público en la ZMM. Dado que muchas personas tienen que salir de sus casas para trabajar y generar ingresos, se deben de buscar alternativas que den certeza de que el transporte público no está siendo un foco de contagio considerable. 

Existe evidencia internacional que indica que el transporte público puede ser seguro y evitar la propagación del COVID-19. Puede ser fácil culparlo, sin embargo, se sabe que, por ejemplo, en Manhattan, en donde existe la mayor densidad de líneas de metro, se cuenta con la menor incidencia de casos de COVID-19. Todo depende de las medidas que se implementen y la forma en la que se lleven a cabo [4]. 

Entre las medidas necesarias para evitar la propagación del virus en el transporte público se encuentran la adecuada ventilación y la constante sanitización, no obstante, las dos más importantes son las del uso adecuado del cubre bocas y la sana distancia, las cuales, a juzgar por mis observaciones, no están siendo garantizadas [4].

En ese sentido, se deben buscar los medios de garantizar que la gente use adecuadamente el cubre bocas, así como se deben reducir los índices de capacidad de los camiones urbanos y el metro. Por ejemplo, en Colombia se redujo la capacidad a un 35%, mientras que en Reino Unido lo hicieron a un 10% [4]. 

Es evidente que implementar acciones como la reducción de las capacidades, lo cual implica aumentar las frecuencias del servicio y el número de unidades, entre otras cosas, no son medidas sencillas, sin embargo, ¿qué se debe hacer cuando miles de personas se reúnen diariamente durante 115 minutos, por necesidad, sin sana distancia y con mal uso del cubre bocas, en medio de una pandemia, con un virus letal y altamente contagioso? Aquí hay una cuestión ética que se debe considerar. 

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[1] Cómo Vamos Nuevo León (2019). Así Vamos 2019. Encuesta de Percepción Ciudadana. Recuperado de http://datos.comovamosnl.org/api/v1/uploads/5e67e03cc2e5c86e6ea402f6 

[2] Publimetro (2019). Nuevo León presenta uno de los porcentajes más altos en traslados de sus ciudadanos, según el INEGI. Recuperado de https://www.publimetro.com.mx/mx/destacado-tv/2019/02/11/nuevo-leon-presenta-uno-de-los-porcentajes-mas-altos-en-traslados-de-sus-ciudadanos-segun-el-inegi.html 

[3] Altavoz México (2020). De la O minimiza contagios en camiones. Recuperado de http://altavz.com/2020/11/04/de-la-o-minimiza-contagios-en-camiones/ 

[4] Ardila-Gomez, A. (2020). In the fight against COVID-19, public transport should be the hero, not the villain. World Bank Blogs. Recuperado de https://blogs.worldbank.org/transport/fight-against-covid-19-public-transport-should-be-hero-not-villain

Una agenda ambientalista a la deriva

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En 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzó la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Como su nombre lo sugiere, esta es una agenda que se planteó cumplir para el año 2030. No obstante, las tendencias globales indican que esta agenda no podrá cumplirse como se esperaba. De por si las tendencias antes de la COVID-19 no eran alentadoras, con la actual pandemia, estas se han vuelto más pesimistas. 

Si bien es muy probable que los objetivos no se cumplan (erradicación de la pobreza, hambre cero, etc.), esta agenda ha servido de algo muy importante, que es haber creado (o en todo caso reforzado) una consciencia global sobre los principales problemas que enfrenta la humanidad en este siglo XXI.

Uno de estos problemas, tal vez el principal, es el cambio climático. A pesar de que este es un problema que se viene denunciando a nivel internacional desde inicios de la década de los 70, no ha sido hasta en los últimos años cuando más se han sentido sus efectos: sequías, inundaciones, incendios, migración forzosa, etc. 

Aún y con todas las señales de alarma que suenan a nuestro alrededor sobre la inminente catástrofe del cambio climático, actualmente en México tenemos a un presidente que no cree en una de las principales soluciones que se han desarrollado ante este problema, que son las energías limpias o renovables. El pasado sábado 24 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que “las energías limpias son un sofisma (algo falso)” y que “lo que se necesita es comprar más carbón”, uno de los principales combustibles fósiles que emiten gases de efecto invernadero [1]. 

No obstante, basta con navegar un poco en internet para comprobar que este tipo de solución no solamente no es un sofisma, sino que es una solución que está extensamente aceptada. Esto, incluso, se puede comprobar visitando el sitio oficial del Gobierno de México. En la página de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [2] vienen desglosados cada uno de los beneficios de las energías limpias.

Estos beneficios podrían dividirse en dos: ambientales y económicos. En cuanto a los ambientales, las energías limpias no emiten gases de efecto invernadero (GEI), contribuyen a disminuir las enfermedades relacionadas con la contaminación, no necesitan de grandes cantidades de agua para su funcionamiento y reducen la necesidad de industrias extractivas (como las que se encargan de obtener carbón, mineral que el presidente quiere comprar más).  

En cuanto a los beneficios económicos, se encuentran la reducción de las tarifas en los servicios de luz, agua y gas, generación de empleos directos e indirectos, así como la reducción del costo de los servicios municipales de energía eléctrica. 

Si el presidente tan solo fuera consciente de todo esto y actuara consecuentemente, la 4a transformación que tanto proclama se vería más como algo realista y factible, y no como una simple abstracción sin sustancia. Es por eso por lo que nosotros, las y los ciudadanos, debemos ser más exigentes en este tema y no permitir declaraciones como la del presidente. Debemos aspirar a tener gobernantes que sean totalmente conscientes de la problemática y que estén dispuestos a trabajar en implementar las soluciones que se requieran para mitigar los efectos adversos del cambio climático. 

En Nuevo León estamos próximos a las elecciones de gubernatura y es preciso que desde ya vayamos analizando los perfiles que hasta ahora se han posicionado, de tal forma que identifiquemos quienes sí están comprometidos/as con la mitigación del cambio climático (y con la implementación de soluciones como las energías limpias) y quienes no. Un estado industrial y con un alto impacto ambiental como este no puede permitirse tener a un gobernante que contradiga la agenda ambientalista. 

Twitter @toniuniversal 

[1] Cedillo, J.A. (2020). “Las energías limpias son un sofisma”: López Obrador. Proceso. Recuperado de https://www.proceso.com.mx/nacional/2020/10/24/las-energias-limpias-son-un-sofisma-lopez-obrador-251507.html 

[2] Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2020). Beneficios de usar energías renovables. Recuperado de https://www.gob.mx/semarnat/articulos/beneficios-de-usar-energias-renovables-172766  

La erradicación mundial del hambre: un esfuerzo global con resonancia local

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La pandemia del COVID-19 ha abierto muchos y delicados frentes que comprometen el desarrollo sostenible de los países, en general. Uno de estos frentes tiene que ver con el hambre mundial. De acuerdo con información del Programa Mundial de Alimentos (PMA), de Naciones Unidas, la crisis mundial actual, causada por la pandemia, duplicará el número de personas que padecen hambre aguda en el mundo, alcanzando más de 250 millones de personas afectadas a finales del presente año (la cifra pasaría de 135 millones (2019) a 265 millones) [1].

Esto representa un gran desafío para las metas globales de desarrollo. El segundo objetivo de desarrollo sostenible (ODS) plantea la erradicación del hambre en el mundo para el año 2030, sin embargo, todo parece indicar que esto no sucederá, debido a que las tendencias globales de erradicación del hambre no son del todo optimistas. De acuerdo con la ONU, se espera que para el 2030 haya más de 840 millones de personas en situación de hambre moderada (actualmente hay cerca de 690 millones de personas en esta situación) [2]. 

Lo anterior representa una llamada de atención urgente a todos los países del mundo para acelerar los esfuerzos que pongan fin a una de las principales injusticias sociales que existen en pleno siglo XXI. En este sentido, fue el pasado viernes 09 de octubre de 2020, cuando la atención de todo el mundo se centró en el problema del hambre mundial al entregársele el Premio Nobel de la Paz de este año al Programa Mundial de Alimentos, lo cual significa una oportunidad valiosa para darle la prioridad y enfoque que este tema requiere. 

Además de ser una oportunidad para llamar la atención de los países, este premio representa un digno reconocimiento a la labor que hace y ha hecho esta organización a lo largo de los años. Los esfuerzos del Programa representan “un salvavidas” para alrededor de 100 millones de personas vulnerables en todo el mundo [1]. 

El trabajo del Programa Mundial de Alimentos es, sin lugar a duda, un esfuerzo global que ha tenido resonancias locales muy importantes, como es el caso de la estrategia Hambre Cero Nuevo León. Esta es una estrategia que está en concordancia con el Plan Estratégico para el Estado de Nuevo León 2030, así como con el ODS #2 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas [3]. 

De acuerdo con esta estrategia, en 2030, Nuevo León quiere ser declarado el primer estado de México sin carencias alimenticias. Esto a través de la orientación y promoción de la autosuficiencia alimenticia. Hambre Cero NL tiene el objetivo de erradicar el hambre en alrededor de 160,255 nuevoleoneses, de los cuales, a la fecha, ha ayudado a 56,766 [3]. 

La empresa mundial por la erradicación del hambre, la cual hoy se ve galardonada con el Premio Nobel de la Paz, y que se ha traducido en esfuerzos locales como el que tenemos con Hambre Cero NL, se encuentra fuertemente amenazada por la pandemia del COVID-19. 

Esto es un llamado a la acción para organismos internacionales, empresas, academia y la sociedad civil. Un llamado que nos invita a replantear la economía en la que vivimos. Una economía que ha sido exclusionista e injusta; de acuerdo con el PMA, actualmente existen 24 millones de personas en situación de hambre aguda debido a cuestiones económicas (esta es la tercera causa de hambre aguda, después de los conflictos y el cambio climático) [1]. 

La promoción de una economía inclusiva y justa tal vez pueda acercarnos al cumplimiento de las metas globales de desarrollo sostenible, en términos de la erradicación del hambre. Por ejemplo, de acuerdo con la ONU, si las mujeres agricultoras tuvieran el mismo acceso a los recursos que los hombres, la cantidad de personas que padecerían hambre en el mundo se reduciría hasta en 150 millones [2]. 

Twitter @jale_997 

[1] Global Network Against Food Crisis (2020). 2020 Global Report on Food Crises: Joint Analysis for Better Decisions. Recuperado de https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000114546/download/?_ga=2.156540659.979994723.1602373755-606698487.1602373755 

  

[2] Naciones Unidas (2020). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetvo 2: Poner fin al hambre. Recuperado de https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/ 

[3] Hambre Cero Nuevo León (2020). Recuperado de https://www.hambreceronl.mx 

Una recuperación económica desigual

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De acuerdo con el Banco Mundial [1], la pandemia del COVID-19 ha pronunciado muchas de las desigualdades en la sociedad. Asimismo, ha evidenciado lo faltos de resiliencia y capacidad de respuesta de muchos países, sobre todo de aquellos en vías de desarrollo. El economista Andy Sumner [2], del King’s College London, ha mencionado que la crisis actual está demostrando cuan ligero y deficiente ha sido el progreso en muchos lugares del mundo. 

Como en cualquier crisis, los grupos vulnerables son quienes más resienten los efectos negativos resultantes a partir de esta. En este sentido, debido a que la crisis que enfrentamos, además de ser sanitaria, es económica, uno de los grupos vulnerables más afectados ha sido el de las mujeres, debido a que muchas de estas son trabajadoras del sector informal, con empleos no remuneradas o con salarios precarios – de acuerdo con el informe Perspectivas Sociales y de Empleo en el Mundo – Tendencias 2020 [3], de la OIT, a pesar de que en América Latina y el Caribe, el nivel medio de estudios de las mujeres supera actualmente al de los hombres, estas siguen ganando un 17% menos que los hombres -. Esto significa que este grupo tiene una propensión mucho mayor a caer en condiciones de pobreza. 

Actualmente, en México nos encontramos frente a una polémica de gran importancia, la cual tiene que ver con el rumbo que tomará la posición (de por sí precaria) de las mujeres en el mercado laboral. Esto debido a que, son las trabajadoras mexicanas quienes, dentro del mercado laboral en general, están teniendo mayores dificultades para reincorporarse ante la pandemia, lo cual nos habla de que la reactivación económica en México, iniciada en mayo de este año, ha sido desigual. 

Solo basta con revisar el diagnóstico elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) [4] titulado Mujer en la economía pos-covid. De acuerdo con esta organización, liderada por la reconocida economista mexicana Valeria Moy, las trabajadoras mexicanas cuentan con algunos retos importantes, como, por ejemplo: 1) una reincorporación laboral lenta en comparación a la masculina y 2) una concentración de las trabajadoras mexicanas en sectores productivos relacionados a los servicios, los cuales han sido los más afectados por la pandemia. 

En cuanto al primer reto, el diagnóstico demuestra, con base en los datos de la ENOE 2020, que las mujeres no han regresado al mercado laboral al mismo ritmo que los hombres. Con el confinamiento, entre marzo y abril, las tasas de participación económica de hombres y mujeres pasaron de 76.4% a 61.3% y 44.9% a 35%, respectivamente. Sin embargo, en julio la tasa masculina se encontraba en 72.2%, frente a la tasa femenina de 39.2%. 

Lo anterior nos lleva al segundo reto ya que, una de las posibles causas de esta lentitud en la recuperación económica de las trabajadoras mexicanas puede estar relacionada con el hecho de que las mujeres trabajan principalmente en el área de servicios. De acuerdo con el diagnóstico, el 53% de las trabajadoras mexicanas trabajan en el sector servicios, frente a un 36%, en el caso de los hombres.

La presentación de evidencia, por parte del IMCO, sobre este tema, deja mucho para reflexionar en cuanto a cómo hacerle para no echar por la borda lo mucho o lo poco construido en términos de inclusión femenina en el mercado laboral. Asimismo, para pensar en qué políticas públicas deben diseñarse para apoyar a las millones de mujeres que se están viendo afectadas por esta situación (sobre todo cómo apoyar a aquellas mujeres que se quedaron sin empleo y son jefas de familia, sin una pareja de apoyo. De acuerdo con los datos presentados en el diagnóstico, son más de 5 millones de mujeres las que se encuentran en esta situación). 

Una recuperación económica desigual solo provocará que la economía mexicana siga sin llegar a su máximo potencial en términos de generación de riqueza. 

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[1] Banco Mundial (2020). Protección para las personas y las economías: políticas integradas en respuesta a la COVID-19. Recuperado de https://www.bancomundial.org 

[2] The Economist (2020). The pandemic is plunging millions back into extreme poverty. Recuperado de https://www.economist.com/international/2020/09/26/the-pandemic-is-plunging-millions-back-into-extreme-poverty?fsrc=scn/tw/te/bl/ed/fromplaguetopenurythepandemicisplungingmillionsbackintoextremepovertyinternational

[3] OIT (2020). World Employment and Social Outlook – Trends 2020. Recuperado de https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2020/lang–en/index.htm 

[4] IMCO (2020). Evidencia de las afectaciones económicas del COVID-19 en la mujer. Recuperado https://imco.org.mx/evidencia-de-las-afectaciones-economicas-del-covid-19-en-la-mujer/