transparencia

Transparencia Financiera

by Roberto Güemes Navarro
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Los últimos días de abril encontramos en los principales periódicos de negocios una gran cobertura a los resultados financieros de las empresas que cotizan en la bolsa de valores. Al ser compañías públicas, éstas tienen la obligación de divulgar reportes trimestrales y anuales de sus estados financieros, a fin de que el gran público inversionista conozca su situación económica, resultados de operación, ventas, costos y utilidades, entre muchos otros datos relevantes.

El pasado 29 de abril fue el último día en que las emisoras (empresas que cotizan en bolsa) podían enviar a la Bolsa Mexicana de Valores su reporte del trimestre enero a marzo de 2016 para cumplir con el marco normativo del mercado de valores. En una economía mundial tan interconectada, esta normatividad cobra gran importancia para poder desarrollar mercados financieros sanos y eficientes en todos los países y a todos los niveles. La regulación de entrega de información transparente y precisa es el detonante del crecimiento en un sector que demanda datos confiables, de calidad y que reflejen de manera fidedigna la realidad económica, administrativa, contable y financiera de las empresas públicas.

El pasado 29 de abril fue el último día en que las emisoras (empresas que cotizan en bolsa) podían enviar a la Bolsa Mexicana de Valores su reporte del trimestre enero a marzo de 2016 para cumplir con el marco normativo del mercado de valores.

Para elaborar sus estados financieros las emisoras deben seguir los lineamientos de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), las cuales proveen elementos técnicos de clasificación contable mundiales, con el objeto de homologar la forma de contabilizar la información y de poder interpretar equivalentemente cualquier estado financiero sin importar el país de origen. De esta forma, el análisis de los datos publicados por una empresa de Europa y otra de Asia puede ser equiparable y comparado de manera precisa.

La adopción de estos estándares mundiales por las empresas mexicanas es un gran salto hacia la transparencia del mercado y la correcta forma de divulgar información que inversionistas, analistas, auditores, bancos, casas de bolsa y autoridades gubernamentales utilizan para desempeñar sus funciones relativas al mercado de valores.

El publicar datos en tiempo y forma, permite que analistas del mercado puedan realizar un estudio confiable de las compañías y así poder emitir opiniones más precisas a inversionistas y participantes del mercado. El mostrar la situación financiera de una empresa de manera transparente y clara es un pilar fundamental para que el mercado de valores se fortalezca y cumpla con los niveles de ética y honestidad tan requeridos en el mundo de los negocios.

Algunas de los reportes más relevantes del primer trimestre del año fueron los siguientes: América Móvil, propiedad de Carlos Slim, reportó cifras decepcionantes anticipadas ya por analistas ante la fuerte competencia en el sector de telecomunicaciones y la depreciación del peso respecto al dólar. La utilidad neta, es decir la ganancia total de enero a marzo, disminuyó 41%. La compañía insignia de Emilio Azcárraga, Televisa, publicó resultados mixtos al lograr un incremento en ventas de 9.5% y una pronunciada disminución en su utilidad neta de 46%.

El publicar datos en tiempo y forma, permite que analistas del mercado puedan realizar un estudio confiable de las compañías y así poder emitir opiniones más precisas a inversionistas y participantes del mercado. El mostrar la situación financiera de una empresa de manera transparente y clara es un pilar fundamental para que el mercado de valores se fortalezca

En el ámbito internacional, los bajos precios del petróleo han golpeado a compañías de este sector como Exxon y Chevron, las cuales reportaron caídas de $3,064 y $725 millones de dólares en sus ganancias, respectivamente.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

¿Fuero mal entendido?

by Luis Garnica
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Era una noche de octubre de 1913 y el Senador Belisario Domínguez se encontraba en su habitación de su hotel cuando fue sacado y llevado al cementerio de Xoco en Coyoacán en la Ciudad de México donde fue asesinado a punta de balazos, no sin antes que le cortara la lengua su enemigo profesional, el Dr. Aureliano Urrutia, con el fin de enviársela al entonces presidente, Victoriano Huerta. Tras darse a conocer los hechos y que Huerta había estado detrás del asesinato del Dr. Domínguez, Victoriano disolvió el Congreso y mando encarcelar a 90 diputados.

Con ese oscuro capítulo de la historia posrevolucionaria de México, en 1917 nació la figura de la inmunidad procesal o mejor conocido como “fuero”. Lo que entendemos con esto es que realmente este artículo de nuestra Constitución, nace no para darle privilegios infinitos a los Diputados y Senadores de la República, al contrario la idea original era protegerlos del Presidencialismo que existía en la época, ¿qué fue lo que pasó?

Lo que nació como una ley que protegía a los Diputados y Senadores de cualquier acusación en su contra por sus declaraciones y que adicionalmente garantizaba un balance entre poderes, puesto que de ésta manera se salvaguardan de eventuales acusaciones sin fundamento, es hoy por hoy el máximo símbolo de impunidad y corrupción en nuestro país.

La inmunidad procesal o fuero se ha ido viciando con el tiempo hasta llegar a lo que es, una cobija de protección para funcionarios públicos que han hecho algún delito, como el robo al erario, desvío de recursos, tráfico de influencias, entre otras cosas. Hoy para iniciar un proceso penal contra un funcionario público tiene que realizarse un juicio de desafuero, que solamente el Poder Legislativo puede proponer, tal y como fue el caso de Andrés Manuel López Obrador en el 2006. En el caso de Diputados y Senadores es de la misma forma, sus propios compañeros tanto de Cámara como de Partido.

La inmunidad procesal o fuero se ha ido viciando con el tiempo hasta llegar a lo que es, una cobija de protección para funcionarios públicos que han hecho algún delito, como el robo al erario, desvío de recursos, tráfico de influencias, entre otras cosas.

Durante las recientes semanas se ha propuesto y discutido, tanto en el Congreso Local de Nuevo León, como a nivel federal eliminar el fuero que tienen alrededor de mil 854 servidores públicos, entre los que figuran desde Diputados Locales, hasta el Presidente de la República. El fin de eliminar el fuero, para los que lo han propuesto, es que los servidores públicos no puedan seguir escudándose con esta norma.

Tal y como lo dijo esta semana por este portal Jorge Rodríguez, el chapulineo es uno de los males de la política mexicana, y yo consideró que otro de los males es el “fuero” que hoy gozan todas nuestras autoridades. Por otro lado, como Mauricio López lo mencionó, la #Ley3de3 no es lo único que se debe de hacer para combatir la corrupción, algo con lo que concuerdo, pues de igual manera tenemos a la inmunidad procesal impidiendo en más de una ocasión los ejercicios de transparencia y rendición de cuentas.

Durante las recientes semanas se ha propuesto y discutido, tanto en el Congreso Local de Nuevo León, como a nivel federal eliminar el fuero que tienen alrededor de mil 854 servidores públicos, entre los que figuran desde Diputados Locales, hasta el Presidente de la República.

Coincido con los puntos de vista de que se debe de eliminar el fuero de todos los funcionarios públicos, puesto que ya en nuestros tiempos no existe más el presidencialismo que había antes y después de la Revolución Mexicana. Al contrario, hoy en día el Poder Legislativo tiene en ocasiones más poder que el mismo Poder Ejecutivo. De igual forma, el fuero ha entorpecido en más de una ocasión las investigaciones contra funcionarios corruptos. Los que han cometido algún delito de una u otra manera consiguen la forma de “chapulinear” a otro puesto con el fin de seguir con el fuero, esto lo hemos visto en casos como el del ex edil de Monterrey, Fernando Larrazábal, quien en su momento saltó de alcalde a Diputado Plurinominal, con el fin de protegerse de una potencial investigación en su contra.

El fuero es en sí uno de los males del sistema político mexicano. Sin su eliminación completa no habrá Sistema Nacional Anticorrupción o leyes que puedan procesar de manera correcta a servidores públicos que han delinquido durante sus funciones. Por lo tanto, me uno a las voces ciudadanas que han pedido que se elimine por completo el fuero, ya que, desde mi punto de vista, ha sobrevivido a su propósito original.

A los 634 mil mexicanos que firmaron la #Ley3de3…

by Claudia Garza García
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En semanas pasadas, organizaciones de la sociedad civil entregaron con gran orgullo al Senador Roberto Gil más de 634 mil firmas ciudadanas a favor de la iniciativa cuyo objetivo es ser una arma más para terminar con el peor de los males de este país: la corrupción.

Apodada con cariño “la #Ley3de3” este proyecto es un esfuerzo que “busca transformar la indignación social por la corrupción en un esfuerzo constructivo (…)”. Sorprendente. Esto quiere decir que hay más de medio millón de mexicanos que tienen la esperanza – por más mínima que sea -de que podemos aspirar a un mejor país, a una mayor calidad de nuestros funcionarios, y que vieron en la iniciativa una plataforma de participación en la vida democrática del país.

… “la #Ley3de3” … es un esfuerzo que “busca transformar la indignación social por la corrupción en un esfuerzo constructivo (…)”. Sorprendente. Esto quiere decir que hay más de medio millón de mexicanos que tienen la esperanza – por más mínima que sea -de que podemos aspirar a un mejor país…

Por lo tanto, quiero suponer que hay más de medio millón de mexicanos que..,

A. Están al pendiente de las noticias en este tema y conocen el estatus de la iniciativa.

B. Tienen claramente identificados a sus Senadores, quienes son los siguientes en tomar una decisión al respecto.

C. Están dispuestos a tomar cartas en el asunto (de manera pacífica, crítica y organizada), en caso de que no se apruebe.

D. Reconocen el daño que la corrupción le genera a este país; pero creen que es posible hacer y tener un cambio.

Pero, en dado caso de que no estén los 634 mil firmantes haciendo alguno de estos puntos, lo pondré muy claro: Se hará un gran daño a la vida democrática de este país.

La ausencia de vigilancia, exigencia y participación activa y propositiva en algo que explícitamente se firmó como la voluntad de +600mil personas, es un pase libre para que se sigan cayendo los sistemas durante las elecciones (por que de todos modos a nadie le importa defender su voto)…

La ausencia de vigilancia, exigencia y participación activa y propositiva en algo que explícitamente se firmó como la voluntad de +600mil personas, es un pase libre para que se sigan cayendo los sistemas durante las elecciones (por que de todos modos a nadie le importa defender su voto); continúe la impunidad y enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos; prevalezcan los acuerdos entre crimen y gobierno; se sigan violentando los derechos humanos y a final de cuentas, se termine haciendo la voluntad de unos cuantos.

Por que sí, la corrupción es un grave problema en nuestro país, pero peor que un país corrupto, es un país corrupto con ciudadanos desinteresados.

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Mitos y realidades de las APPs

by Rodolfo Gómez Acosta
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Por mucho tiempo el tema de las Asociaciones Público Privadas (APPs) ha generado opiniones contradictorias, por un lado están quienes ven en estos esquemas una oportunidad importante para impulsar el desarrollo económico y social de las ciudades. Pero el desconocimiento del tema y los mitos que existen detrás de las APPs ha llevado a muchas personas a desconfiar de la eficiencia de desarrollar proyectos a través de estas estructuras.

Uno de los mitos en torno a las APPs es que pensamos que es un tema que exclusivamente concierne al sector público, cuando la realidad es que para la utilización de esta alternativa de financiamiento se requiere de la participación del sector privado.

Existen casos en los que el sector privado es quien detecta una oportunidad de negocios que converge con la necesidad del gobierno para satisfacer un requerimiento de la población y es precisamente el sector privado quien realiza el primer acercamiento para llevar a cabo esta vinculación. En este sentido, existen muchas organizaciones civiles y mercantiles quienes han expresado su interés de que el gobierno utilice las APPs para el desarrollo de proyectos para los cuales no se cuenta con el recurso público suficiente para utilizar otros métodos más convencionales.

Uno de los mitos en torno a las APPs es que pensamos que es un tema que exclusivamente concierne al sector público, cuando la realidad es que para la utilización de esta alternativa de financiamiento se requiere de la participación del sector privado.

Un mito de la APPs es que el privado se beneficia a costa del gasto realizado por el gobierno. La realidad es que en los esquemas de las APPs ambas partes obtienen beneficios. Estas estructuras bien realizadas les permiten a los gobiernos impulsar proyectos que generen beneficios sociales y económicos importantes, en muchos de los casos los proyectos son autosustentables o bien, pueden ser pagados con el crecimiento de los ingresos públicos. Por su parte, el sector privado puede obtener una rentabilidad importante, acorde al riesgo que está asumiendo.

Las APPs les permiten a los gobiernos impulsar proyectos bajo un esquema de menor riesgo, en comparación con los métodos tradicionales. Otra realidad de las APPs es que los riesgos de un proyecto no son contraídos por un mismo ente, la probabilidad de fallos y sobrecostos disminuye considerablemente cuando el privado se responsabiliza por la parte del proyecto en la que tiene experiencia, mientras el gobierno utiliza las atribuciones que la ley le concede para facilitar el desarrollo del proyecto. Con lo anterior no sólo se logra diversificar el riesgo del proyecto, sino disminuirlo.

Estas estructuras bien realizadas les permiten a los gobiernos impulsar proyectos que generen beneficios sociales y económicos importantes, en muchos de los casos los proyectos son autosustentables o bien, pueden ser pagados con el crecimiento de los ingresos públicos.

Uno de los problemas que han tenido las APPs en el pasado es la poca apertura de información, pero esto no es una condición exclusiva de este tipo de esquemas, la falta de transparencia se puede dar tanto en proyectos de vinculación público privada como en cualquier otro tipo de estructuras. Es esencial que los entes públicos tengan más apertura de información para que puedan brindar mayor confianza en los proyectos y hacer saber a la población que las estructuras se desarrollan bajo las mejores condiciones.

Es importante que conozcamos las ventajas que ha tenido para países desarrollados la utilización de APPs y detectar las áreas de oportunidad que aún existen en México para mejorar la forma en que establecemos este tipo de vínculos. Los recursos económicos del sector público son escasos, necesitamos explorar métodos alternos de financiamiento si queremos seguir desarrollando proyectos que generen beneficios económicos y sociales para nuestra población.

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Intimidades Públicas: “Más allá de la #Ley3de3”

by Mauricio López
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Cuando el hartazgo es sumamente considerable, cualquier solución parece ser suficiente.– Esolam

La iniciativa ciudadana denominada como “Ley 3 de 3” está haciendo historia. No sólo junto más de 600 mil firmas ciudadanas para poder ser enviada al Senado de la República institucionalmente como una iniciativa ciudadana, sino también está marcando una agenda ciudadana dentro del ámbito público sin precedentes. En ese sentido, pareciera que no habría porque estar en contra de la “Ley 3 de 3” –que dicho en términos legislativos expide la Ley General de Responsabilidades Administrativas-, cualquier persona con el mínimo hartazgo del ámbito público está a favor de que esta iniciativa ciudadana se haga realidad.

Pero ¿por qué no resulta suficiente la “Ley 3 de 3”? Más allá de que encausa un hartazgo ciudadano hacia un tema sumamente relevante del ámbito público como lo es la corrupción, pareciera que gran parte del fondo se centra en transparentar 3 declaraciones por parte de los servidores públicos y generar incentivos para denunciar actos de corrupción, cuando en la realidad para acabar con la corrupción se requiere mucho más. Con esto, no quiero decir que presentar las 3 declaraciones –patrimonial, intereses y fiscal- esté mal, sólo que vale la pena conocer el contexto general que acontece actualmente en nuestro país respecto a este tema.

…si bien la iniciativa “3 de 3” involucra aspectos sensibles de la ciudadanía, debemos ver que el Sistema Nacional Anticorrupción es un mecanismo integral que modifica como el andamiaje legal actual, para lograr erradicar de una vez por todas eso que la ciudadanía no tolera más: la impunidad.

El año pasado se aprobó la reforma Constitucional que generó las bases para crear lo que se denominó como “Sistema Nacional Anticorrupción”, y que en otras palabras, se refiere a generar un sistema de coordinación con el cual los tres niveles de gobierno tengan los mecanismos legales e institucionales para combatir la corrupción y acabar con la impunidad. Asimismo, dicha reforma Constitucional además de crear estas bases –la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción-, busca crear o modificar otras 6 leyes –la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas– con la intención de fortalecer institucionalmente desde todos los ámbitos, es decir, una serie de reformas que generan un sistema integral.

Es importante mencionar que el artículo 108 de la Constitución actualmente obliga a los servidores públicos a presentar su declaraciones patrimonial y de intereses sin excepción. En todo caso habría que incluir en la Ley de la materia –Ley General de Responsabilidades Administrativas- la obligación de los servidores públicos de presentar también su declaración fiscal.

…vale la pena seguir de cerca esta serie de importantes reformas que actualmente están en discusión. Porque de estas discusiones legislativas, no sólo versaran los textos legislativos que brindaran más obligaciones a los servidores públicos respecto a la transparencia y anticorrupción, sino que será un parteaguas en la vida política y democrática de las instituciones públicas

Desafortunadamente el debate sobre la “Ley 3 de 3” se centra en la transparencia de las mismas. Es decir ¿Es realmente necesario que los servidores públicos de forma obligatoria no sólo presenten sus tres declaraciones, sino también las transparenten al escrutinio público? Aquí es donde vale la pena profundizar.

Habrá quienes defiendan el hecho de que al ser un funcionario público tu vida en su totalidad es público, incluido lo que has hecho antes de formar parte de la administración pública. Y habrá quienes digan que con realizar las declaraciones resulta suficiente. A mi parecer, la reforma Constitucional y las leyes secundarias son un sistema que abarca mucho más que 3 declaraciones. Son los cimientos institucionales por los cuales existirá un combate frontal no sólo para combatir la corrupción sino también para prevenirla.

Es por esto, que si bien la iniciativa “3 de 3” involucra aspectos sensibles de la ciudadanía, debemos ver que el Sistema Nacional Anticorrupción es un mecanismo integral que modifica como el andamiaje legal actual, para lograr erradicar de una vez por todas eso que la ciudadanía no tolera más: la impunidad.

Por estas razones, vale la pena seguir de cerca esta serie de importantes reformas que actualmente están en discusión. Porque de estas discusiones legislativas, no sólo versaran los textos legislativos que brindaran más obligaciones a los servidores públicos respecto a la transparencia y anticorrupción, sino que será un parteaguas en la vida política y democrática de las instituciones públicas, y por ende, de los servidores públicos de nuestro país.

En fin, el apoyo a la iniciativa “3 de 3” es importante, pero definitivamente no resulta suficiente.

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La Ley 3de3 no es opcional

by Luis Garnica
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Trascendió la semana pasada que las bancadas del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México en el Senado estancaron las negociaciones para formar el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. La razón detrás de este estancamiento es que para los senadores de ambos partidos hay puntos de la famosa iniciativa ciudadana, Ley 3 de 3 que a ellos no les parece y en palabras del coordinador de la bancada priista, Emilio Gamboa Patrón, la ley iniciaría una “cacería de brujas”.

La “cacería de brujas” a la que se refiere el Senador Gamboa es por el sistema de recompensas que estipula la propuesta de ley, la recompensa sería para la persona que denuncio el caso de corrupción. Lo que da Gamboa a entender es que a le da miedo que lo indaguen o que en el futuro indaguen a personal de su partido, porque no olvidemos, “el que nada debe, nada teme”. ¿A qué le teme Senador Gamboa?

La Ley 3de3 es necesaria para combatir el mal que esta pudriendo las raíces de nuestro México, la corrupción. De seguir como vamos, la corrupción acabara con nuestro país, con nuestra sociedad y hasta con nuestro modus vivendi, no olvidemos que son millones y millones de pesos los que se van por la coladera de la corrupción…

El sistema de recompensas ha sido un esquema muy exitoso en otros países, de hecho la corrupción en la Federación Internacional de Fútbol Asociación se dio a conocer gracias a al sistema de recompensas que se propone en la Ley 3 de 3. El argumento de Gamboa Patrón es que ahora los van a traer bien checaditos, y que incluso si llegan a comprar un nuevo automóvil los van a querer investigar. Me pregunto y capaz estoy equivocado, ¿eso no lo hace ya hoy en día el Servicio de Administración Tributaria? En teoría si tienes ingresos y esos ingresos te dan para comprar un nuevo coche, tienes que comprobar de donde vinieron los ingresos, ¿no?

El verdadero problema para muchos senadores y diputados federales, que son los que al final de cuentas están negociando la parte del SNA, es que para ellos poner o no poner la Ley 3de3 es opcional y no es así señoras y señores, no es opcional y menos dando la excusa que se iniciaría una “cacería de brujas”.

Lo que da Gamboa a entender es que a le da miedo que lo indaguen o que en el futuro indaguen a personal de su partido, porque no olvidemos, “el que nada debe, nada teme”. ¿A qué le teme Senador Gamboa?

La Ley 3de3 es necesaria para combatir el mal que esta pudriendo las raíces de nuestro México, la corrupción. De seguir como vamos, la corrupción acabara con nuestro país, con nuestra sociedad y hasta con nuestro modus vivendi, no olvidemos que son millones y millones de pesos los que se van por la coladera de la corrupción y que es actualmente, además de la violencia, uno de los males que aquejan a nuestro país.

Que no nos vengan con el argumento que buscan darle “dientes” a la Ley 3de3, pues al momento de quitarle una de sus partes fundamentales que es el esquema de recompensas, la comienzan a dejar chimuela. Es grave también que siendo esta una ley hecha por ciudadanos, sea a la sociedad civil independiente a la que se deja fuera de las mesas de discusión.

Es hora que los Senadores y Diputados Federales se pongan a chambear y se dejen de absurdos pretextos como el que menciono la semana pasada Emilio Gamboa Patrón, personaje político que lleva décadas viviendo del erario público y que por sus declaraciones da a entender que tiene mucho, mucho que ocultar.

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El reto de la vinculación público privada

by Rodolfo Gómez Acosta
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Mucho se ha comentado de los grandes retos que enfrentan las finanzas públicas de los diferentes órdenes de gobierno y de la importancia de fomentar fuentes alternas de financiamiento que permitan que el desarrollo de nuestras ciudades no se vea interrumpido. Teniendo esto como contexto, es necesario que comencemos a explorar a profundidad la opción de la vinculación público privada que tanto beneficio ha tenido en países de gran desarrollo. Considero que existen por lo menos 4 puntos importantes que tienen que ser considerados para el desarrollo de proyectos a través de este esquema.

El primer punto importante es compartir el propósito y alcance del proyecto a desarrollar. Tanto el ente público como la empresa que forma parte del desarrollo del proyecto deben de tener la convicción de que el objetivo que pretenden alcanzar les generará un beneficio a ambos y por lo tanto los dos mantienen un interés real en que el proyecto se desarrolle bajo las mejores condiciones.

La forma en que se manejan las finanzas públicas ha evolucionado, el sector público necesita apoyarse del sector privado para optimizar el uso de los recursos y poder acelerar el crecimiento económico de nuestro país.

Como segundo punto, es importante aceptar un esquema de riesgos optimizados. Generalmente las empresas buscan alcanzar el máximo rendimiento en los proyectos que realizan, pero aceptando el menor riesgo posible. En los proyectos donde participan el sector privado y el público el riesgo tiene que ser compartido, este es precisamente el objetivo de estas asociaciones, que cada una de las partes utilice sus fortalezas para disminuir el riesgo total, pero que exista un balance entre los riesgos que asume cada uno.

El tercer aspecto que se debe de considerar es generar mayor confianza a través de mayor transparencia. Entre mayor acceso a la información exista, tanto el sector público como el privado sentirán mayor confianza en el proyecto que realizan. Además, la sociedad podrá constatar que sus recursos están siendo utilizados de forma eficiente. Es importante que el gobierno, la iniciativa privada y la población en general puedan tener acceso a la información que les permita sentirse cómodos con los proyectos para que el desarrollo de estos transcurra sin obstrucciones.

…es necesario que comencemos a explorar a profundidad la opción de la vinculación público privada que tanto beneficio ha tenido en países de gran desarrollo.

Por último, es importante generar solidez en los términos contractuales de cada estructura. Desde la etapa de planeación, el sector privado y el público deben de tener claridad en los términos bajo los cuales se va a desarrollar el proyecto, pero esto debe de ser plasmado por contrato. Un riesgo no contemplado o no asignado con claridad a alguna de las partes puede significar retrasos importantes en el proyecto e incluso sobrecostos.

Los cuatro puntos descritos anteriormente son los primeros retos que encontraremos para desarrollar proyectos a través de la vinculación público privada, una vez subsanados cada uno de estos temas estaremos más cerca de realizar con éxito los proyectos que nuestro estado y país necesitan. La forma en que se manejan las finanzas públicas ha evolucionado, el sector público necesita apoyarse del sector privado para optimizar el uso de los recursos y poder acelerar el crecimiento económico de nuestro país.

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Ley de Disciplina Financiera : ¿Control o Freno?

by Rodolfo Gómez Acosta
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Recientemente se aprobó en el Senado y en la Cámara de Diputados la Ley de Disciplina Financiera, la cual tiene como objetivo que las administraciones públicas subnacionales tengan un mejor manejo de sus finanzas a través de mayores controles en el gasto. Esta nueva ley no solo contempla mayores candados al endeudamiento bancario de los estados y municipios, también impacta a otras fuentes de financiamiento público como son la revolvencia del pago a proveedores y las Asociaciones Público Privadas (APPs).

Con la Ley de Disciplina Financiera se busca dar mayor transparencia a la administración pública y que exista una regulación más estricta y homogénea para la celebración de contratos que comprometan ingresos de los estados y municipios, lo anterior ayudará al saneamiento de las finanzas públicas. Sin embargo en el corto plazo puede dificultar el desarrollo de proyectos. Como toda nueva ley, la curva de aprendizaje para muchos de los estados y municipios puede significar que las administraciones públicas retrasen el desarrollo de proyectos de inversión hasta conocer con exactitud las implicaciones de la nueva legislación.

Las APPs son una de las mejores herramientas que tienen los gobiernos para impulsar proyectos de inversión con menores riesgos y por lo tanto que los costos estimados para los estados y municipios sean menores.

En consideración al panorama económico actual y la proyección a la baja del crecimiento del PIB para este año, las nuevas leyes y reglamentos deberían de estar enfocadas a flexibilizar el desarrollo de proyectos. Lo anterior no se contrapone a que existan mayores controles a las finanzas públicas y una mayor transparencia. Nuestro país necesita leyes que propicien el desarrollo económico y la estabilidad de las finanzas públicas.

El espíritu de la Ley de Disciplina Financiera es bueno al establecer controles que procuren las mejores prácticas en finanzas públicas, sin embargo el proceso de aprendizaje para los estados y municipios puede traducirse en una contención del gasto de inversión no óptimo para el desarrollo de las entidades.

Las APPs son una de las mejores herramientas que tienen los gobiernos para impulsar proyectos de inversión con menores riesgos y por lo tanto que los costos estimados para los estados y municipios sean menores. En la mayoría de los casos el pago de la inversión no tiene que realizarse en el momento de inicio del proyecto, sino que se extiende por la vida de este, permitiendo que los gobiernos desarrollen proyectos que sean autosustentables o bien, que puedan ser pagados con el crecimiento de los ingresos públicos. Por lo anterior, las APPs son una buena alternativa para impulsar el desarrollo económico.

El espíritu de la Ley de Disciplina Financiera es bueno al establecer controles que procuren las mejores prácticas en finanzas públicas, sin embargo el proceso de aprendizaje para los estados y municipios puede traducirse en una contención del gasto de inversión no óptimo para el desarrollo de las entidades. Establecer mayores controles a la administración pública no significa dificultar la realización de proyectos de inversión, debemos de tener cuidado que con las nuevas leyes y reglamentos no detengamos el crecimiento económico de nuestro país.

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¿Sólo 120 mil mexicanos contra la corrupción?

by Sandrine Molinard
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FIRMA EN: www.ley3de3.mx

Para que el proyecto ciudadano Ley 3de3, elaborado por tres acreditados abogados y promovida por variadas organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional, avance y entre a un proceso legislativo, se requieren de al menos 120 mil firmas de mexicanos.

Se trata de la primera iniciativa ciudadana que busca convertirse en lo que sería la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que formaría parte de la Reforma Constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción y sería avalada a más tardar en mayo del 2016.

En las elecciones de 2015 se lanzó a los entonces candidatos una propuesta para que de manera voluntaria dieran a conocer sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal. Hoy pretende convertirse en ley a fin de que todo funcionario presente esta información al entrar en funciones, y la actualice anualmente por mandato.

Éste aplicará para los tres órdenes de gobierno federal, estatal y municipal. Además, contempla la clasificación de actos de corrupción como soborno, desvío de fondos públicos, tráfico de influencia, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia, colusión, uso ilegal de información falsa o confidencial, nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción.

Se trata de la primera iniciativa ciudadana que busca convertirse en lo que sería la Ley General de Responsabilidades Administrativas…

Para ser recibida por el Congreso mexicano, cualquier iniciativa ciudadana debe ser respaldada por al menos el 0.13% del electorado, lo cual equivale a más de 100 mil personas, según las reglas que el Senado aprobó en abril de 2014.

Sin embargo, 120 mil firmas son apenas una parte significativa de los 120 millones de personas que habitan nuestro México tan golpeado por este problema, un lastre por los enormes costos económicos, políticos y sociales.

Para ser recibida por el Congreso mexicano, cualquier iniciativa ciudadana debe ser respaldada por al menos el 0.13% del electorado, lo cual equivale a más de 100 mil personas…

Y es que la corrupción corroe el estado de derecho de este país, y compromete nuestros aparatos legales y jurídicos en todos los niveles. Es un problema con muchas causas y amplias consecuencias para los ciudadanos, pero no para los corruptos, ya que los casos permanecen entre el olvido y la impunidad, lo que nos lleva a repetir continuamente la misma historia.

Tanto la impunidad como la corrupción han impedido nuestro desarrollo por años, y si algo tenemos en común los mexicanos es el hartazgo por estos males. No desaprovechemos esta oportunidad para pasar de la queja a la acción, súmate al movimiento en ley3de3.mx. Estamos seguros que si hacemos conciencia seremos millones quienes estemos dispuestos a firmar.

Haz algo por Monterrey, por Nuevo León, por México. Se lo debemos.

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Transparencia e información como garantía democrática: El procedimiento para la CEDHNL

by Samuel Ramírez Mejía
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El próximo 1° de febrero, el Congreso del Estado iniciará el segundo período ordinario de su primer año legislativo. Entre otros pendientes de la agenda legislativa se encuentra la designación de la persona que deberá fungir por los próximos cuatro años como titular de la Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL).

Estas breves líneas las escribo más bien para sostener la validez constitucional y democrática del procedimiento de consulta que se siguió para que el Ejecutivo pudiera enviar su propuesta.

El 14 de enero pasado, el Ejecutivo estatal remitió al Congreso su primera opción como propuesta: el profesor Eduardo Román González. En segunda posición, está la también profesora universitaria Magda Yadira Robles y, como tercer lugar, la actual consejera electoral de la Comisión Estatal Electoral, Sofía Velasco. Aunque por razones profesionales estimo que el mejor perfil es justamente el del profesor Román, estas breves líneas las escribo más bien para sostener la validez constitucional y democrática del procedimiento de consulta que se siguió para que el Ejecutivo pudiera enviar su propuesta.

Tanto el procedimiento seguido como su resultado representan para todas las personas en Nuevo León una garantía democrática.

Afirmo que el resultado del procedimiento no solamente es constitucionalmente sólido, sino, además, y tal vez más importante aún, que el resultado de dicho procedimiento; por primera vez en la historia de la integración del organismo protector de derechos humanos en nuestro estado, se ha permitido que todas las personas antes referidas sean una garantía de seriedad, conocimiento, profesionalismo y honradez en la encomienda de presidir la CEDHNL. En otras palabras, sostengo que tanto el procedimiento seguido como su resultado representan para todas las personas en Nuevo León una garantía democrática.

En efecto, conforme a modelos de democracia participativa o de autonomía democrática, una de sus características fundamentales es un sistema abierto de información con el fin de garantizar decisiones informadas acerca de todas las cuestiones públicas (Held, Modelos de democracia, 1992). Pues bien, el procedimiento delineado en la convocatoria publicada el 16 de diciembre pasado, así como su implementación y posteriores decisiones, fue transparente y permitió, notablemente, que las personas contáramos con información relevante del perfil, trayectoria, plan de trabajo y habilidades de los aspirantes registrados. Valga un solo ejemplo, la etapa de desempate que se realizó entre el profesor Román y la Doctora Robles, resultó un ejercicio de apertura democrática sin paralelo. Todo el procedimiento mismo, ojalá sea considerado para futuras designaciones de órganos públicos con relevancia constitucional.

Por otra parte, el fundamento de la convocatoria misma es un adelanto en la práctica constitucional de nuestro país que no puede tener marcha atrás. Me explico: uno de los fundamentos de la convocatoria es el artículo 102, apartado B, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Dicho párrafo fue adicionado mediante reforma publicada el 10 de junio de 2011 (Diario Oficial de la Federación), y en él se estableció que los “titulares de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la ley.” En los artículos transitorios de la señalada reforma se fijó un plazo de un año a fin de que las legislaturas estatales realizaran la adecuación correspondiente: si el Congreso del Estado no realizó la reforma pertinente, ¿significaba esto que no era constitucionalmente válido realizar un procedimiento de consulta abierto y transparente? Me parece que en un régimen democrático la Constitución es la guía principal en la actuación de las autoridades. Estimo que si la Constitución es en verdad normativa, el procedimiento y su resultado son jurídicamente correctos.

En suma, Constitución y democracia son términos inescindibles. En este sentido, la convocatoria, el procedimiento y el resultado obtenido para la propuesta del Ejecutivo a fin de integrar la Presidencia de la CEDHNL son, a no dudarlo, una garantía objetiva y democrática para las personas que vivimos en Nuevo León. Quien aún tenga dudas al respecto sólo debe analizar los perfiles y trayectorias de las tres personas que llegaron a la terna final. Estoy seguro que cualquiera realizará una excelente labor en la protección de los derechos humanos en nuestro estado.

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