Durante los dos años de Gobierno del Presidente López Obrador han ocurrido diversos choques contra algunos actores de la oposición política, empresarios, organizaciones de la sociedad civil o incluso contra algunos medios de comunicación. Varios de estos sucesos quedaron como anécdotas y otros más han permanecido por lo menos en el debate público por la forma en que el Presidente se expresa y actúa contra algunos de estos personajes que reiteradamente él etiqueta como “neoliberales enojados por la pérdida de privilegios”.

En estos conflictos o coyunturas especificas donde se le salen las cosas de control y se le nota incomodo al Presidente, no es casualidad que siempre aparece como su principal arma de ataque, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), misma que ha sido utilizada como herramienta de presión política para intimidar a adversarios o ciudadanos manifestantes que hacen valer su derecho a la libertad de expresión y que pretenden ser voces legítimas que aspiran a convertirse en un contrapeso al Gobierno Federal. Aquí dos breves ejemplos:

Primero, el caso del agua en Chihuahua, donde evidentemente hay un tema técnico, pero también político, y es que la UIF sorpresivamente decidió que era el momento oportuno para investigar a todos los involucrados en el conflicto (servidores públicos y ciudadanos) y determinó que en el pasado algunos han presentado irregularidades financieras por lo que procedió a congelar las cuentas de quienes -casualmente- son quienes se están manifestando en las calles por el rechazo a la extracción del agua de la presa La Boquilla.

Las cuentas congeladas fueron las del alcalde del municipio de Delicias, Eliseo Compeán, el ex Gobernador, José Reyes Baeza (Presuntamente involucrado en “La Estafa Maestra”) y al menos 50 cuentas bancarias de ciudadanos, productores y agricultores. Si bien es cierto, algunos actores políticos locales han intentado politizar el tema y capitalizarlo rumbo a las elecciones del próximo año, es seriamente alarmante la actitud que ha tomado el titular de la UIF Santiago Nieto, quien utiliza la información del gobierno y sus recursos para disuadir protestas sociales, seguramente por instrucción del inquilino de Palacio Nacional.

Segundo, el regreso de Ricardo Anaya a la vida pública del país. Es un hecho de que en política, ante la ausencia de una voz sólida en la oposición, los espacios naturalmente deben ser llenados; a esto, sumémosle la negativa del INE de otorgarle el registro a México Libre como partido político y el golpe que esto significa para Felipe Calderón. En ese contexto, es legítimo que el ex candidato Presidencial en 2018 aproveche la coyuntura y levante la mano para ser esa voz. Lo cual por cierto, le viene bien a nuestra incipiente democracia escasa de contrapesos.

Y como era de esperarse, la UIF, a la voz de su titular Santiago Nieto, casualmente apenas unas horas después del anuncio de Ricardo Anaya, confirmó que lo investigan por la denuncia de hechos que presentó Emilio Lozoya, en la cual se le acusa de haber recibido sobornos en el marco de la aprobación de la Reforma Energética. Un síntoma más que nos hace presumir que desde Palacio Nacional, -al más puro estilo del priismo de Grupo Atlacomulco- se ordena el uso político de las instituciones para intimidar, pues independientemente de si la Fiscalía resuelve si es culpable o no, a Ricardo ya le dieron su bienvenida al más puro estilo de la autoproclamada 4ta Transformación.

El uso faccioso de la Unidad de Inteligencia Financiera contra quienes piensan distinto al Presidente o le estorban para el cumplimiento de sus objetivos -imposible no recordar el presidencialismo exacerbado del siglo XX- es sumamente preocupante para cualquier demócrata, y la actitud que esta asumiendo el Presidente es propia de un líder profundamente autoritario, que no tolera la protesta y mucho menos la crítica, por más constructiva que esta sea. Al final, creo que no son tan diferentes como decían ser.. 

El debate enriquece la mente, se vale discrepar.