La Taquería

Centennials y Separatismo

by Jesús Alberto Elizondo Salazar
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En los últimos días distintas expresiones han estado surgiendo en redes sociales, muchas de ellas de broma, que Nuevo León o el norte del país debería independizarse parcial o plenamente de la República Mexicana. Vale la pena recalcar que muchos de los que más comparten esta idea haciendo memes y otros contenidos al respecto son los Centennials, la generación de los nacidos entre 1994 y 2010 que a diferencia de sus primos los milennial no solamente añora la libertad sino también el orden. ¿Debería de preocuparnos? En el corto plazo talvez no porque son pocos los elementos de identidad lo suficientemente fuertes para generar un verdadero sentimiento separatista en Nuevo León o en la mayoría del norte del país, fuera de la carne asada, los equipos de futbol y la narrativa que producimos más económicamente que otros estados, no hay grandes diferencias que nos hagan identificarnos como parte de una nación distinta. 

Nuevo León además es un estado con muchísimos ciudadanos de otros estados del centro y sur de país que emigraron a la Zona Metropolitana de Monterrey en búsqueda de un mejor empleo y mejores condiciones de vida por lo cual siguen manteniendo muchas tradiciones y costumbres de sus entidades de origen. ¿Porqué en el mediano o largo plazo pudiese representar un riesgo? Pudiera parecer lejano que Nuevo León, Tamaulipas o Coahuila busquen su independencia, pero dentro de no muchos años la generación Centennial estará en su totalidad en edad para votar y junto con la generación Milennial representarán más de la mitad del padrón electoral del país. Recordando que son una generación que alaba a los perfiles políticos disruptivos pero nacionalistas como el partido de Bolsonaro en Brasil o el partido de ultraderecha Vox en España. 

Un ejemplo de expresiones que demuestran este sentimiento es la añoranza de una historia independiente reflejado en que algunos jóvenes se les haga fácil compartir en redes sociales mapas, banderas y otro tipo de publicaciones haciendo alusión a la fallida República del Río Grande de 1840, un intento de un grupo de filibusteros para independizar y luego anexar a Estados Unidos los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. La rebelión no tuvo todo el apoyo ni militar, ni social ni político de los 3 estados y fue suprimida rápidamente. Es ridículo tomar este intento como referencia para un nuevo movimiento separatista parcial o total y quien lo haga además de ignorante también es un traidor. 

Ojo, estas expresiones en redes sociales no deben confundirse con los reclamos de estados y ciertos actores políticos de tener un acuerdo fiscal más beneficioso con las entidades que más aportan el PIB del país, al final es una petición valida que valdrá la pena analizar y discutir en su momento. Talvez valga la pena que la federación apruebe partidas extraordinarias de presupuestos para los estados y dejar una posible renegociación del pacto fiscal para después de la crisis.

Por otro lado hay que tomar en cuenta que Nuevo León no sería lo que es hoy si no fuera por el resto del país que dota de insumos y mano de obra a las industrias y comercios de nuestro estado, además que desde un punto de vista histórico han sido inversiones federales como la construcción de las líneas de ferrocarril a finales del siglo XIX las que detonaron que años después comenzaran a surgir los primeros industriales que dieron pie al estado que hoy somos. 

México y la mayoría de los países en el mundo no estaban preparados para afrontar una crisis de esta magnitud pero la dificultades económicas y sociales que viviremos como consecuencia de esta pandemia no deberían dar pie a expresiones que busquen dividir a la sociedad ni mucho menos a un país, el norte de México ha logrado tener los niveles de crecimiento y desarrollo que tiene porque se ha poblado conforme ha avanzado la industrialización cuyo ritmo de expansión ha sido impulsado por nuestra cercanía con los Estados Unidos.

En resumen, soy un convencido que ante una crisis de tal magnitud tenemos que mantenernos unidos como mexicanos y no tomarnos a la ligera expresiones como el #Nortexit o el hacer una nueva república ya que para muchos podría parecer una broma pero para algunos de los más jóvenes podría representar un sentimiento real que podría convertirse en un problema cuando aumente el rencor social que vendrá como consecuencia de la crisis económica por el Covid-19. 

#Kleroterion: “Nuevo León Merece Más”

by Waldo Fernández
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Quiero expresar mi postura sobre un tema que en estos días ha sido motivo de memes y burlas en redes sociales y que ahora pretenden impulsar algunos actores políticos respecto al pacto fiscal, uno de los criterios sobre los cuales se reparte el presupuesto en el país.

Nuevo León merece más, sin duda, lo he sostenido desde hace años…incluso hay que replantear la ley de coordinación fiscal y hasta el propio pacto fiscal…pero ¿ahora?

Hoy las voces que deben primar son las de ¡unión! ¡libertad!

Hoy los mexicanos debemos ir juntos, al grito de guerra

Con el acero aprestad y el bridón

Hoy debe retumbar en sus centros la tierra

Al sonoro rugir de nuestro corazón

Diversos organismos internacionales han advertido que la crisis de salud que enfrentamos es equiparable a una GUERRA y que dejará a TODOS los países en condiciones muy delicadas tanto económicas como sociales.

Justo ahora que estamos en guerra contra un enemigo invisible estos actores políticos deciden que es el momento indicado para sembrar divisionismo.

Bien dicen que las crisis sacan  lo peor y los mejor de los seres humanos, pero en el caso de estos “divisionistas” la crisis les sirve para mostrarse cómo son en realidad.

No les interesa Nuevo León, ni México, lo hacen por ambición política. Esa ambición los lleva a hablar incluso de separación de la República, de la forma más ruín buscan politizar una tragedia humanitaria para sacar raja política.

Lo que ninguno te dice es que ese desdén o maltrato de la federación hacía sus estados no empezó con este gobierno, es un asunto de décadas y siempre el presidente “le dio” más dinero a estados gobernados por miembros de su mismo partido.

Sí hoy Nuevo León da mucho y recibe poco es un debate fuera de tiempo y revela la ignorancia o la bajeza, quizás ambas, de quienes promueven el tema con intereses electorales.

Les propongo mejor un tema sobre el que estamos de acuerdo la amplia mayoría. Que los partidos políticos devuelvan el dinero de sus prerrogativas, urge canalizar esos recursos para comprar más aparatos médicos y medicinas.

A esos miserables y oportunistas  ya les he dicho todo, a ti te recuerdo que:

Unidos; resistimos. Divididos; caemos. No nos separemos en facciones que deben destruir la unión de la que depende nuestra existencia.

Hoy por nuestras familias, por Nuevo León, por México. Mañana, ya que pase la emergencia sanitaria y hayamos ganado la guerra contra el coronavirus, tocaremos el tema de los recursos y tendremos justicia… Se los garantizo.

Pacto Fiscal

by Luis Carlos Torre Garza
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La semana pasada, los gobernadores Jaime Rodríguez Calderón de Nuevo León, Francisco García Cabeza de Vaca en Tamaulipas y Miguel Ángel Riquelme Solís de Coahuila manifestaron su intención de realizar una revisión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (en adelante SNCF).

Posteriormente, se sumó a esta iniciativa el gobernador Enrique Alfaro de Jalisco, afirmando que de no modificarse el pacto fiscal se plantearía abandonarlo.

Todos, bajo las premisas falaces de que lo justo es que se otorguen mayores recursos a los Estados que más aportan a la Federación y, que reciben menos dinero del que recaudan sus respectivas Entidades federativas; pasando por alto el funcionamiento del SNCF.

El SNCF, tal y como fue señalado en su exposición de motivos, no impide que los Estados recauden sus propios impuestos, sino por el contrario, supone que tanto el Congreso de la Unión y las Legislaturas locales actúen con prudencia a efecto de no superponer gravámenes sobre el contribuyente.

Prácticamente, se trata de un acuerdo entre la Federación y Estados, en el cual las Entidades federativas reciben participaciones a cambio de abstenerse de gravar la misma fuente de riqueza, esto es, abstenerse de tener un impuesto federal y local sobre el mismo concepto.

Ahora bien, a efecto de fijar las participaciones se creó un Fondo General, el cual se constituye con el 20% de la recaudación que obtenga la Federación en un ejercicio fiscal.

Es decir, del monto total recaudado el 80% es para la Federación y el 20% para los Estados.

No obstante, lo anterior no quiere decir que únicamente el 20% sea invertido en las Entidades como erróneamente lo hacen ver las declaraciones de los gobernadores, pues ese 80% que conserva la Federación se trata de recursos utilizados para la creación y mantenimiento de tribunales, hospitales, escuelas, IMSS, ISSSTE, INFONAVIT, carreteras, seguridad pública, puentes internacionales y puertos, la rehabilitación de la refinería en Madero, la creación de la línea 3 del tren ligero en Jalisco, la presa libertad en Nuevo León, etc. prácticamente inversión en todo el País.

Máxime, que además existen fondos de aportaciones federales a los que pueden acceder los Estados, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de objetivos.

Así, en primer término es claro que las Entidades federativas reciben menos de lo que aportan a la federación, pues únicamente el 20% de la recaudación es participable y en consecuencia de libre administración por los Estados; sin embargo esto no quiere decir que ese 20% sea la única inversión realizada en la entidad, pues insisto, el otro 80% de la recaudación se ocupa para el funcionamiento de áreas que competencialmente le corresponden a la federación.

Por otra parte, es cierto que históricamente los Estados con mayor actividad económica reciben menos ingresos que los más rezagados, sin embargo, esta situación per se no implica una actuación arbitraria por parte de la federación o un maltrato hacia las Entidades Federativas.

Esto, pues por mandato constitucional, a la Federación le corresponde fomentar el desarrollo regional y redistribuir la riqueza, a efecto de permitir el pleno ejercicio de la libertad y dignidad de los individuos.

Así, la idea de otorgar mayores porciones de participaciones a los Estados que más recaudan aunque sea lo “debido”, produce el inconveniente de que las Entidades rezagadas no obtengan recursos que auxilien su desarrollo económico. 

Por lo anterior, califico de falaces las premisas de justicia sobre el reparto de las participaciones aducido por los gobernadores, pues pasan por alto el funcionamiento del SNCF, el gasto para el mantenimiento de áreas que competencialmente le corresponden a la federación y la obligación de fomentar el desarrollo regional y redistribuir la riqueza.

Finalmente, aunque comparto la idea de revisar el SNCF que data de 1978, estimo que la discusión debe darse en la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, tomando en consideración los puntos señalados en el párrafo anterior y no de manera incendiaria en declaraciones de prensa.

COVID-19 y el Derecho de Acceso a la Salud

by Rene Ramírez
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La situación del Coronavirus en nuestro país ha posicionado en el debate público,  a uno de los problemas más graves del Estado mexicano: la desigualdad, ineficacia y situación del sistema de salud público en México. Como he escrito en mis anteriores textos, hablar de Coronavirus es también hablar de desigualdad, y un ámbito sumamente visible es la estructura del sistema de salud y cómo impacta en este derecho de humano. Nuestro Sistema de Salud, tal y como lo conocemos, es creado en 1943 y comprende de dos sectores generales: el público y privado. La configuración actual, no garantiza un acceso y servicios de salud de calidad para toda la población, ya sea desde el sistema universal como el de los derechohabientes del seguro social. Esto no es nuevo, es un problema profundo de las instituciones del sistema de salud pública, y se debe en gran medida la denominada fragmentación, que se configura tanto jurídica como institucionalmente, generando una serie de inequidades, ineficiencias y rezagos en el acceso a dichos servicios. Ello ocasiona una “falta de coordinación entre los distintos niveles y sitios de atención, duplicación de los servicios y la infraestructura, capacidad instalada ociosa y servicios de salud prestados en el sitio menos apropiado, en especial, en los hospitales” (Corona González, 2017).

Si vemos las cifras históricas, tan sólo en la década anterior, el 50% de la población en México no contaba con ningún tipo de seguro médico, y de acuerdo con datos de la OCDE, la inversión pública de México en su sistema de salud, entre 2003 a 2013, aumentó de 2.4% a 3.2% del PIB, y dicho aumento no se tradujo en una mejoría real y sustantiva. 

En términos comparativos, México es uno de los países que menos recursos destina al sistema de salud público, ocasionando que el gasto de bolsillo se encuentre en el 45%, según los Estudios sobre los  Sistemas de Salud (OCDE, 2016), obligando a que las familias mexicanas destinen una gran cantidad de dinero ante una necesidad médica , poniendo incluso en peligro la subsistencia   financiera de dicha  familia. 

La desigualdad es otro tema preocupante, ya que según datos de la Fundación W.K Kellog, a pesar de que en México existen 8 millones de personas que hablan alguna lengua indígena, un niño indígena tiene 2.5 veces más posibilidades de morir antes de cumplir los 5 años que un niño no indígena, y si bien, a nivel nacional hay una unidad médica por cada 2 mil 645 mexicanos, en estos municipios sólo hay una por cada 3 mil 445 habitantes, lo que deja ver la gran brecha de servicios de salud en comunidades habitadas por pueblos indígenas. En un nuevo texto publicado en Nexos por Mariana Campos y Xhail Balam de México Evalúa, uno de los problemas principales en este rubro ha sido la mala aplicación del gasto público, y ello es totalmente visible en las desigualdades del acceso y calidad, ya que el 33% del total a nivel nacional de las unidades de tercer nivel de atención se ubican en la CDMX, evidenciando una distribución poco equitativa del presupuesto de salud en relación con otras entidades federativas, las cuales cuentan con un menor número de unidades de segundo y tercer nivel. De igual manara, como señalan Campos y Balam, “México destaca, dentro de los países de la OCDE, por tener infraestructura hospitalaria y recursos humanos insuficientes en el sector salud”, ya que nuestro país está “28 % por debajo del promedio de médicos y 68 % del promedio de enfermeras, y el promedio de médicos en estos países por cada 1 000 habitantes es de 3.4, y 8.7 de enfermeras”, que en comparación en México “tenemos 2.4 médicos y 2.9 enfermeras por cada 1 000 habitantes”. 

Todo este escenario de nuestro sistema de salud público, sumado a una contingencia sanitaria como la actual, nos obliga a poner especial énfasis en la formulación de políticas públicas para resolver la dura y dolorosa realidad  de la salud en México. Porque si bien, existen profesionales de la salud comprometidos, dedicados y altamente capacitados, en la mayoría de los casos laboran en condiciones adversas que no deben ser permitidas ni toleradas ni normalizadas. Por ello, las autoridades mexicanas deben recordar lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió en el caso Yanomami Vs. Brasil, donde declaró la obligación de los Estados a formular medidas oportunas y eficaces para preservar la salud y el bienestar, ya que la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 26 permite la justiciabilidad de los derechos sociales, y el art. 10 del Protocolo de San Salvador el derecho a la salud. En ese sentido, el máximo órgano de justicia en materia de derechos humanos del continente,  ya ha establecido que la salud  va mas allá de una simple garantía, ya que debe ser ejercida y no quedarse en una simple voluntad política sino en responsabilidad esencial constante. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el art. 4to de la Constitución, no sólo establece un derecho de acceso a la salud en nuestro país, sino que el sistema de salud debe procurar un bienestar físico y mental, y “debe ser garantizado a fin de que las personas disfruten del más alto nivel de salud” (Amparo en Revisión 251/2016) porque en ningún momento se trata de cumplir a medias, sino de subsanar totalmente la necesidad, como bien resolvió nuestro máximo tribunal, el cual ha precisado que el derecho a la salud en México tiene una “doble dimensión: una privada y una púbica”, ya que una persona en un determinado caso puede exigir el cumplimiento a dicho derecho, y la segunda es la generación de las condiciones por parte del Estado, “para gozar del máximo grado posible de bienestar y de protección a la salud” (Amparo  en Revisión 237/2014), siendo en este último donde podemos  enfocar la obligación a mejorar  el sistema de salud, ya que si revisamos los precedentes de la Corte, nos daremos cuenta del énfasis para “tutelar el máximo umbral posible de protección del derecho a la salud” (Ortiz Mena, 2017), y en una verdadera responsabilidad de establecer al derecho a la salud, no  como un derecho humano de papel cuyo cumplimento puede estar sujeto a una visión política, sino todo lo contrario. 

En el contexto de la pandemia del COVID-19, la CIDH emitió la Resolución 1/2020 para el enfoque de derechos humanos ante dicha contingencia sanitaria, en su Inciso B)  apartado I,   se le menciona a los Estado la efectividad  de este derecho, para que transite del papel a la realidad. Una crisis de salud como la actual, nos hace ver la dimensión del problema y su enorme deuda histórica. Los fenómenos de desigualdad y limitaciones en nuestro sistema público de salud ha nsido normalizado por todos, y son cientos y miles de casos y nombres y personas que se han perdido en los claroscuros del sistema público,  pero es hora de cortar esta situación cíclica que va de sexenio en sexenio. En palabras de Arthur Schopenhauer “la salud no lo es todo, pero sin ella, todo lo demás es nada”. 

Pandemia económica

by Carlos Escamilla
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Alcanzados los dos millones de contagiados a nivel mundial, los servicios de salud a nivel mundial se ven rebasados por el desafío que supone contener la fuerza de la pandemia. Aquellos que se decían estar más preparados entierran a sus cuerpos en fosas comunes de la misma forma que aquellos que menos tienen.

Sin afán de ser más optimista de la cuenta, considero congruente pensar que la pandemia terminará y que llegará el día en que podremos retomar nuestras actividades, salir a las calles y continuar con nuestras vidas, lo que no significa bajo ninguna base que “volveremos a la normalidad”. Los pronósticos hechos para dentro de los próximos meses y años tendrán que ajustarse y, desafortunadamente, los primeros en hacerlo son los de materia económica.

El BID da a conocer que para América Latina, la crisis supondrá una contracción de hasta un 5.5% del PIB en 2020, algo de dimensiones históricas y perfectamente comparable con eventos como la Gran Depresión. Ecuador (dolarizado) y México son los que aumentan el promedio (contracción por encima del 6% en ambos casos), seguidos de Argentina (con su propia crisis a nivel interno desde hace años) y Brasil (economía más grande de Latinoamérica).

Llamada “la región más desigual del mundo”, América Latina debe prestar especial atención a su propio futuro económico, pues los efectos post-crisis no tendrán precedente. Si bien la Gran Recesión tuvo un impacto global, los estragos de ésta se concentraron en los países desarrollados (Estados Unidos y Europa) y en menor medida en nuestra región. Inclusive en algunos casos se vivió sin efectos tangibles. A diferencia de entonces, las consecuencias económicas de la actual pandemia sí tendrán injerencia directa en nuestros países, pues la poca infraestructura y la debilidad institucional están siendo puestas a prueba y el escenario no es el más alentador.

La crisis sanitaria está consumiendo al continente y, detrás de los esfuerzos de los gobiernos, se está creando una bola de nieve. En Panamá, donde no existe una banca central, la única salida de la crisis consiste en endeudamiento. El gobierno ha tenido que pedir préstamos al FMI, BID, Banco Mundial y otros organismos internacionales, además de utilizar en casi un 80% sus reservas de ahorros para hacer frente a la crisis y ni siquiera han alcanzado el pico de contagios. Otro importante caso es el de El Salvador donde, a pesar de que comunicativamente Bukele transmite confianza y seguridad con su firmeza y las famosas medidas sociales, es el primero del mundo que podría recibir un préstamo de $400 millones de le los $50,000 millones ofertados por el FMI como “préstamos de emergencia”.

Hay que recordar que ya hace unos meses en Ecuador y Argentina se vivieron intensas protestas por el mal manejo de las administraciones en turno para ajustar sus líneas de crédito con el FMI. En el caso argentino, los compromisos contraídos estaban calculados para ser pagaderos de aquí a los próximos cien años. Colombia recientemente anunció que renovará su línea de crédito de 11,000 millones de dólares y el gobierno de Duque, que también se enfrentó a movilizaciones en la llamada “Primavera Latinoamericana”, poco a poco cava su propia tumba.

Si las administraciones no tienen el rigor suficiente para organizarse y hacer eficientes tanto los recursos con los que cuentan como los adicionales que están solicitando, el estrés de la población por vivir en cuarentena seguramente será el peor de los males de aquí a los siguientes años.

#ElNidoDelGavilán: “El Circo de Alfaro y Cia”

by José de Jesús Galindo
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En los últimos días, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se ha enfrascado en dimes y diretes con diversas autoridades. Hace 2 semanas comentábamos del ridículo del Gobernador con “las pruebas” que “nunca llegaron” porque el “proveedor ya no contestó el teléfono”. Ahora se ha enfrascado en discusiones estériles con el subsecretario López-Gatell, con diversos funcionarios y políticos y ahora critica el famoso “Pacto Fiscal”. 

Primeramente, él tanto como su colega Bronco no entendieron que hacer pruebas por hacerlas no tenía/tiene pies ni cabeza, no conocen a profundidad los tipos de pruebas y no son epidemiólogos como para querer clases de ello. Ahora, tampoco, entienden el Pacto Fiscal al que el señor Alfaro llamó “un abuso de la Federación”. Acusó que se financia a estados con desarrollo limitado o históricamente rezagados a costa de “nosotros los ricos”.

Olvidan que el Pacto Fiscal es una manera de redistribuir el ingreso y de promover el desarrollo en las entidades. Sí, el Pacto no es perfecto y se han priorizado determinados proyectos o favorecido determinados estados, eso es de siempre. Sin embargo, lo que no dice el señor Alfaro es que su dependencia en recursos federales en parte es por la incapacidad de cobrar eficientemente impuestos estatales. A partir de 2012, numerosos estados dejaron de cobrar la tenencia, un impuesto progresivo que impacta a los consumidores de mayores ingresos, pero que por medida populachera y electorera se quitó. Si no pueden cobrar impuestos como el refrendo vehicular, no quiero saber cuánto le costará crear su propio SAT.

Un discurso habitual es el cálculo de que a “los estados ricos” les dan menos de lo que aportan, lo cual en parte es cierto, pero graciosamente omite el financiamiento federal en IMSS, ISSSTE, escuelas públicas, entre otras cosas. Ahora, empoderados por los grupos empresariales que -sistemáticamente- han omitido el pago de impuestos buscan generar un golpeteo político al Presidente a modo de venganza política.

Alfaro y los que le han seguido quieren avivar un debate de aplausómetro para concentrar los recursos para sí y mantener la opacidad de los estados. Donde la historia nos dice que desde que se descentralizaron recursos para salud y educación con Fox y Zedillo, respectivamente, se desviaron fondos y tuvimos una década de gobernadores en la cárcel.

Alfaro y los gobernadores que le han hecho comparsa buscan una supuesta enemistad política con AMLO para ganar reflectores y posiciones para 2021. Estamos en una pandemia, en una guerra, la mezquindad política no conoce límites.

Lo dicho, dicho está.

Participar para progresar

by Javier Scheiman Flores
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Estoy seguro que todas y todos, al menos una vez, hemos emitido opiniones sobre la vida pública de nuestra ciudad, estado o país.

Siempre han estado presentes las pláticas de política en las comidas familiares, en las reuniones con amigos o en el trabajo. Cada quien ha tomado sus posturas, y hoy más que nunca nos hemos dividido en la opinión sobre nuestros gobiernos. 

Pero seguramente también nos hemos preguntado cómo dar ese siguiente paso, cómo transformar nuestro entorno o cómo hacer que nuestras opiniones sean escuchadas.

Eso se logra mediante la participación ciudadana, algo que en México no ocurre en gran medida.

Te voy a mostrar unos ejemplos para que veas lo poco que la gente participa: en mi estado, Quintana Roo, el año pasado (2019) se llevaron a cabo elecciones para renovar únicamente el congreso local. 

Como era de esperarse, MORENA arrasó, llevándose 11 de 15 distritos, mas sus respectivos diputados plurinominales. Pero lo que me parece realmente alarmante es que la participación fue del 22.15%. Es un número bajísimo, y con esa mínima participación, se eligieron a nuestros nuevos representantes. En un distrito de Cancún, donde viven 88,000 personas, la persona que resultó ganadora de la elección a la diputación local, lo hizo con 6,520 votos.

 Es preocupante que los políticos que nos representan, lo hagan con tan poco respaldo de la ciudadanía. 

Quintana Roo no es el único caso: Jaime Bonilla, actual gobernador de Baja California, ganó la elección del 2019 con un porcentaje de participación ciudadana del 29.3%. Un estado donde viven aproximadamente 3.5 millones de personas, es gobernado por alguien que sólo fue votado por 382,000. Preocupante, ¿no?

En Puebla, Miguel Barbosa ganó una elección en donde solo participó el 33% de la Lista Nominal. En Aguascalientes, la participación fue del 38%. 

¿A qué se debe la apatía de la gente? ¿Por qué, si tanto malestar hay en la sociedad, no salen a votar?

Son preguntas que me hago a diario. Considero de vital importancia señalar que, en una democracia como la que vivimos, nuestra mejor arma para mejorar al país, es la participación ciudadana. Nuestros representantes tienen la obligación de escucharnos, pero primero nosotros nos debemos hacer escuchar. Nuestros gobernantes tienen la obligación de atender nuestras necesidades, pero primero nosotros debemos exigir. 

Como sociedad tenemos que estar bien informados, para así poder emitir opiniones fundamentadas y poder exigir lo que nos merecemos, pero necesitamos que todos participen. Cuando tengamos la oportunidad de salir a votar, hagámoslo. Probablemente pienses que un sólo voto no hace gran cambio, pero si como tú piensan otro medio millón de personas, son una diferencia abismal. México vive hoy en día uno de sus momentos políticos más tensos y difíciles, y no importa qué lado de la discusión apoyes, lo que importa es que salgas, exijas y participes. 

Todos tenemos que construir el futuro de nuestro país, ladrillo a ladrillo, paso a paso, participando. Levantando la voz, dándonos a escuchar, acudiendo a votar e impulsar a las personas de nuestro entorno a que hagan lo mismo. Tenemos que contagiar esas ganas de progresar y demostrarle a quien es apático, que es más fácil de lo que creen. Podemos convertir ese 22% en un 80% si todos entendemos nuestra importancia, como individuos, dentro de nuestra democracia.

El próximo año se llevarán a cabo elecciones federales (es decir, en todo México), para renovar nuestra Cámara de Diputados, entre muchos otros cargos a nivel local. Tu presencia y participación son esenciales. Nunca pienses que tu voto o tu palabra no valen. Cada uno de nosotros tenemos el poder de moldear el camino que seguirá nuestro país. 

Convierte tu opinión en acción, porque no hay nada peor que quien critica, juzga y cuestiona, pero cuando tiene la oportunidad de actuar, no lo hace. 

La clave del progreso es la participación. Son completamente válidas las diferentes posturas, opiniones y diferencias que como sociedad tenemos. Lo que no es válido, es que nos mantengamos apáticos, negándonos a reaccionar ante los problemas que se nos presentan.

Depende de ti, y depende de todos. 

Enfoques cuestionables en momentos incorrectos

by Alberto Jiménez
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La llegada de AMLO a la Presidencia Mexicana en diciembre del 2018 nos trajo una serie de proyectos que han sido y siguen siendo tema de debate debido a las implicaciones económicas que tienen, así como el posible trasfondo político que impulsa al gobierno de la “cuarta transformación” a llevarlos a cabo. Sin embargo, en estos momentos de una recesión generada a raíz de cancelación de proyectos públicos y privados, aunado a una pandemia sin precedentes, ¿será correcto tratar de seguir llevando a cabo la financiación de estas obras como Santa Lucía y la refinería Dos Bocas?

Desde que el INEGI llegó con la noticia de que el 2019 fue un año sin crecimiento económico se empezó a cuestionar todavía más las obras que propone nuestro presidente y los costos económicos que van a presentar la cuarentena que estamos viviendo solo han servido para potencializar dichos cuestionamientos, pues se considera que una mejor política fiscal anti-cíclica gubernamental sería a través de estímulos fiscales tales como los que se están dando en otros países como Italia, Corea del Sur y EEUU. En cambio, en México el plan de reactivación que fue presentado el pasado 5 de abril, donde se manifiesta continuar con la refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía, incremento la incertidumbre entre los inversionistas, haciendo que las perspectivas de crecimiento económico de México para este año cayeran todavía más y que el peso mexicano se convirtiera en una de las monedas con mayor devaluación a corto plazo.

Se argumenta que, al seguir con el gasto gubernamental previamente planeado a través de estas construcciones, se están siguiendo teóricamente políticas fiscales expansivas, pero no se toma en cuenta que éstas obras podrían ser más bien una muy mala inversión justo en estos momentos porque no son rentables en el corto plazo. La cancelación del NAIM para en su lugar construir el aeropuerto de Santa Lucía significó un incremento en el costo originalmente planteado en gran magnitud debido a que se tienen que pagar más de 10 mil MDP a los contratistas por gastos no recuperables, penalizaciones por cancelación tardía y sumado a esto el nuevo gasto de la construcción de Santa Lucía, estimado en 170 mil MDP. Por otro lado, se estima que el costo de la refinería Dos Bocas podría llegar hasta a 12 mil MDD o 280 mil millones de pesos tomando en cuenta el tipo de cambio del 13 de abril. Este gasto aparte resulta ser de dudosa necesidad ya que las 6 refinerías que actualmente operan en México operan a niveles significativamente menores a su capacidad, y con las recientes caídas en el valor de la mezcla mexicana de petróleo, producir un barril cuesta más que su precio de venta. 

Una opción que se vería más viable sería suspender estos financiamientos redireccionando el gasto planeado al sector salud, así como a los sectores de la economía que se verían mayormente afectados por la súbita cuarentena, tales como la manufactura y el turismo, para de esta manera apoyar al comercio mexicano y por consecuente, a los empleos de nuestros compatriotas que dependen de dichos sectores de producción, aminorando los efectos recesivos de una pandemia que nos tomó por sorpresa. Mientras tanto, la sociedad civil se tendrá que seguir viendo obligada a hacer el trabajo de reactivación por su propia cuenta.

Referencias

El Universal. (2020, marzo 11). Hoy cuesta más sacar petróleo que venderlo. Recuperado 13 de abril de 2020, de https://eluniversal.com.mx/cartera/pozos-del-pais-en-riesgo-financiero-por-petroprecios

El Excélsior. (2019, mayo 14). Costo de refinería en Dos Bocas será 8 mil mdd: López Obrador. Recuperado 13 de abril de 2020, de https://www.excelsior.com.mx/nacional/costo-de-refineria-en-dos-bocas-sera-8-mil-mdd-lopez-obrador/1312885

El Sol de México. (2019, abril 27). Aeropuerto de Santa Lucía será más caro que el de Texcoco. Recuperado 13 de abril de 2020, de https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/aeropuerto-de-santa-lucia-sera-mas-caro-que-el-de-texcoco-3430920.html

Expansión. (2020, abril 5). El plan de AMLO para reactivar la economía por COVID-19 polariza las redes. Recuperado 13 de abril de 2020, de https://politica.expansion.mx/mexico/2020/04/05/el-plan-de-amlo-para-reactivar-la-economia-por-covid-19-polariza-las-redes

El Economista. (2019, agosto 28). Costo de cancelar el NAIM queda en 71,000 millones de pesos: SCT. Recuperado 13 de abril de 2020, de https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Costo-de-cancelar-el-NAIM-queda-en-71000-millones-de-pesos-SCT-20190828-0057.html

#Kleroterion: “Gandallas”

by Waldo Fernández
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Seguramente conoces a un gandalla. Esos abusivos que quieren aprovecharse de la situación aunque no tengan necesidad.

Los hay de todo tipo y en todas partes.

El que pide apoyo del gobierno, pero es dueño de un colegio y no condona las colegiaturas.

El que pide no pagar la luz, pero jala en el gobierno y recibe su salario sin falta cada quincena.

El que pide dinero de la Federación para hacer hospitales en un mes, pero no le interesó mejorar su sistema de salud en 4 años.

El que pide un rescate para su gran empresa, pero no se baja del avión privado.

El que pide una despensa, pero tiene una pensión. 

Hay otros peores…

Como los partidos políticos que se niegan a regresar la lana que reciben para comprar equipo médico y apoyar en esta crisis.

O aquellos que piden no pagar impuestos, pero siguen sin mandar a casa con el sueldo pagado a sus empleados. 

Gandallas que dicen que su “línea editorial” es fruto de la libertad de expresión, y no del rencor de la falta de chayote

Gandallas que dicen que ayudar a los pobres es asistencialismo, pero ayudar a los ricos es rescate.

Sí se trata de beneficiarlos a ellos el gobierno si se debe endeudar.

Por supuesto que tiene que haber apoyos para la gente, pero estos tienen que ser de abajo hacia arriba.

Los que tenemos más debemos asumir nuestra responsabilidad y entender algo MUY importante

Ahora nos toca dar. Meter el hombro por México. Mostrar empatía y solidaridad.

Si ya recibes un apoyo no pidas otro.  Deja que lo reciba alguien más que también tiene necesidad.

Si eres empresarios, chiquito, mediano, grande o gigante, solidarizate con tu empleados, haz lo posible por pagarles su salario y mandarlos a casa. 

Si eres un partido político regresa el dinero de las prerrogativas.  

Si formas parte de la oposición o del gobierno dona tu salario.  

Hoy más que nunca este país necesita héroes que prediquen con el ejemplo, no gandallas que solo piensen en su beneficio personal.

Repercusiones legales del COVID-19

by Miguel Estrada
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El pasado 30 de Marzo, el Consejo de Salubridad General declaró como ​emergencia sanitaria causada por fuerza mayor ​la pandemia originada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). En seguimiento a la declaratoria, la Secretaría de Salud (SSA) emitió ciertas medidas y acciones extraordinarias para atender la ​emergencia sanitaria​, de las cuales resalto la ​fracción I ​del ​artículo primero​, la ​suspensión “actividades no esenciales” del 30 de marzo al 30 de abril. Al ver que no se estipulan sanciones en ambos decretos, me surge una gran duda, ¿qué sucedería si una empresa considerada como no esencial continúa en actividades? Considero que las repercusiones legales que recaerían sobre esta empresa se pueden analizar en dos vertientes, por un lado la materia laboral y por el otro, la materia de salud.

En un primer plano, en materia laboral, la Ley Federal del Trabajo (LFT) nos dice que los patrones están obligados a seguir con las indicaciones y medidas emitidas por la autoridad competente, en caso de emergencia sanitaria (​art. 132 fracción XIX Bis​). En caso de romper con lo establecido por la SSA, se le podrán multar al patrón de 50 a 5000 Unidades de Medida y Actualización (UMA) por cada trabajador que se encuentre afectado (​art. 992 y art. 1002​). Es importante resaltar que los patrones están obligados a pagar el salario completo, así como recordar que ​no pueden terminar con el vínculo laboral a causa de la emergencia sanitaria, al no ser una causa de rescisión de la relación laboral (​art. 47​).

Asimismo, la Ley General de Salud sanciona a la empresa que desacate lo establecido por la SSA. La ley antes mencionada establece que la autoridad sanitaria está facultada para suspender actividades o servicios si peligra la salud de las personas (​art. 411​). Por lo que, en caso de incumplir con la suspensión señalada por la SSA, se le podrá sancionar con una multa de doce mil hasta dieciséis mil veces el salario mínimo vigente (​art. 421​).

Al analizar la Ley Federal del Trabajo y la Ley General de Salud, concluimos en que ​sí hay repercusiones legales para aquellas empresas que no sean consideradas esenciales y sigan operando con total normalidad. Lo anterior, al violar el ​artículo primero fracción I del decreto emitido por la Secretaría de Salud publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo del presente año.

Bibliografía.
Ley Federal del Trabajo. ​http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_020719.pdf Ley General de Salud. ​http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_240120.pdf Decreto por el Consejo de Salubridad General, 30/03/2020. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03/2020 Decreto por la Secretaría de Salud, 31/03/2020.https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020