La Taquería

Estás conmigo o estás contra mí

by Alberto Jiménez
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“Lo cierto es que estás a favor de la transformación o estás a favor del régimen de corrupción y privilegios” expresó nuestro presidente en función de su eterno discurso sobre la lucha contra la “mafia del poder” donde el principal combatiente contra esta es su gabinete, su partido y todos los simpatizantes de la cuarta transformación. El problema aquí es que dicho argumento cae dentro de un falso dilema. López Obrador trata de anteponer ante nosotros un mal uso del principio del tercero exclusivo (principium tertii exclusi), haciendo parecer que las únicas variables existentes son estar a favor de su transformación o estar a favor de la corrupción.

Esta lógica no fue creada por AMLO, varios líderes en el pasado han utilizado la misma para dar mayor credibilidad a sus políticas. George W. Bush decía “O estás con nosotros o estás con los terroristas” y Lenin expresaba “Cada hombre debe elegir entre nuestro lado o el otro lado”. Pero ¿por qué deben nuestras creencias recaer en todo lo que dicta un solo hombre? Esta es una forma que de manera imperativa trata de hacer pensar a la población que el camino que toma el líder es el único camino correcto, y el no creer en el automáticamente te hace parte del movimiento malvado que está en su contra, pero el caso no es así.

Si estar a favor de la transformación y estar a favor de la corrupción fueran pensamientos mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos, se negaría la total existencia de las personas apartidistas, de las personas que apoyan parcialmente las políticas de la 4T, de las personas que repudian al gobierno actual pero que también lo hicieron con las administraciones anteriores o de las personas que apoyan fervientemente a Morena, pero cometen prácticas corruptas. 

Claro que son innegables y vergonzosos los cientos de escándalos de corrupción que se vivieron durante las administraciones previas a la actual. Miles de millones de pesos desaparecidos, dudosas jornadas de elección, desvíos de recursos, entre otras cosas que solo perjudicaban al país. Pero yendo en contra de la lógica de AMLO, es posible reconocer eso y al mismo tiempo reconocer que la actual “lucha contra la corrupción” ha sido altamente cuestionable. Se han quemado fortunas obtenidas de los contribuyentes en proyectos que no representan un rendimiento a corto ni mediano plazo, dando como resultado un crecimiento nulo del Producto Interno Bruto y de el Indicador Global de la Actividad Económica, así como una importante caída en la Inversión Fija Bruta, y por si fuera poco deciden sacarle todo el jugo al Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, comprometiendo más nuestra ya frágil economía que no se ve lo suficientemente preparada para poder aplicar las correctas medidas contra cíclicas ante la actual coyuntura económica.

Es un hecho que cada vez más personas entran dentro de ese grupo que cuestionaron a los gobiernos pasados durante sus mandatos, y que también le demandan a este un mejor uso de los recursos públicos y respuestas ante escándalos de corrupción. Considero que, a fin de cuentas, esa es nuestra obligación como ciudadanos: demandar siempre a quienes nos estén representando cuentas claras y objetivos que nos beneficien tanto económica como socialmente, pues los representantes que tenemos por algo están ahí y deben trabajar en función de toda la población, y no solo de quienes sean sus simpatizantes.

Mente libre, cuerpo en cuarentena

by Paula Marcela García Monteverde
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La cuarentena hace de mantener una mente sana, una tarea difícil; pero no imposible. Es común que las personas extrovertidas obtengan su energía a partir del contacto con otras, de las risas que esto provoca, y de la simple emoción de salir a ver lugares distintos. No obstante, la necesidad de mantenerse en confinamiento obliga a pasar la mayor parte del tiempo en compañía de uno mismo; y es necesario valerse de herramientas de alimento espiritual para que esto no termine siendo una tortura. 

Ahora, el alimento espiritual no refiere a una religión en particular; sino a la inherencia humana para buscar ser mejores personas tras cuestionarse sobre la vida y su sentido. Dichos cuestionamientos provienen de la introspección detallada para hallar lo que se encuentra detrás de la rutina exterior; que en muchos casos consta de -según José Luis Remírez en su libro sobre Espiritualidad laica-, “poseer, consumir, comunicarse y ver televisión”, sin realmente analizar el valor agregado de estas actividades. Las pausas en el apresurado ritmo de vida que llevamos son vitales para establecer o fortalecer una relación con uno mismo, y el tiempo en cuarentena puede aprovecharse para esta introspección.

Con el paso del tiempo se han incorporado a la vida occidental, prácticas de religiones politeístas como el yoga y la meditación, que tienen su origen tanto en el hinduismo como en el budismo y que buscan lograr una satisfacción personal, libre de sufrimiento y de ataduras externas. El budismo es uno de aquellos politeísmos de los que no se oye hablar seguido en las sociedades occidentales donde la moral cristiana es la protagonista; pero que ha generado un aporte importante a la psicología y a la filosofía debido a su manera de percibir el mundo. Cuenta con muchas ramificaciones distintas, y una de ellas es la del Budismo Chamánico, presente en Mongolia y el oriente ruso, que aunque suene esotérico, simplemente busca la desconexión de las causas de dolor presentes en la tierra, para atribuirlas a un plan que toma lugar en el cielo y que es orquestado por el “Caballo de viento” que cada ser humano tiene en su representación. Para el Budismo Chamánico, los asuntos terrenales, son asuntos del plano celestial, y para que uno se encuentre bien en la tierra, debe estar primero en paz espiritual. Suena muy familiar, ¿no?

Y es que podemos valernos de diferentes medios espirituales que sirvan de desahogo y de satisfacción emocional, recordando que esta búsqueda de paz es connatural al hombre. Todas las religiones comparten el fin de hallar un propósito y el de modelar un estilo de vida que permita alcanzarlo; con esto, me atrevo a decir que la variación solo yace en los diferentes caminos para alcanzar la felicidad que todos necesitamos. 

Pesos y contrapesos: La Suprema Corte y el caso Bonilla

by Rene Ramírez
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En 1803 en Estados Unidos, la Corte Suprema resolvió una de las sentencias más paradigmáticas en la historia jurídica de dicho país y del mundo entero, abriendo las puertas del constitucionalismo moderno: Marbury vs Madison. El caso envuelve la sucesión presidencial de John Adams y Thomas Jefferson, la pugna sobre la designación de William Marbury y Madison al cargo de Juez de Paz y el Secretario de Estado John Marshall. En esta sentencia, se estableció la facultad de revisar la constitucionalidad de las leyes emitidas por el Congreso y los actos del Poder Ejecutivo, denominada Judicial Review, ello, para que la Corte como autoridad máxima del Poder Judicial ejerza su autoridad. 

Esta sentencia es relevante, no sólo en el aspecto jurídico sino también en sus consecuencias políticas. Algo fundamental de este asunto, es la afirmación de la naturaleza del Poder Judicial como parte de los órganos del Estado. Con Marbury vs Madison, la Corte determinó que es la autoridad facultada para decir el significado de la Constitución y creó el modelo de Control Constitucional que implica una especie de poder-deber de declarar la nulidad por inconstitucionalidad de todo aquello que contravenga la norma máxima, y  también, que el papel fundamental del Poder Judicial es ser un contrapeso de los otros poderes para proteger los derechos de todos. A pesar de los avances sociales y tecnológicos, esta sentencia continúa vigente en nuestros tiempos. 

Esto viene a colación, ya que el día lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá la Acción de Inconstitucionalidad 112/2019 y sus acumuladas, la cual tiene que ver con reforma de ampliación de mandato del Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los partidos políticos del PAN, Movimiento Ciudadano, PRD y el PRI. Este asunto, sin duda, pondrá a prueba nuestro máximo tribunal y revelará las debilidades de las configuración actual de la Corte. Fernando Franco González Salas Ministro a cargo del proyecto de sentencia, propone declarar la invalidez por inconstitucional de la reforma al artículo 8vo transitorio de la Constitución Política de Baja California que amplía el mandato del Gobernador Bonilla de 2 a 5 años. 

El primer antecedente de este caso se dio cuando el Tribunal Electoral de Baja California ordenó la inaplicación de dicha reforma, no obstante, la sentencia fue revocada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la resolución SUP_JRC22/2019. Al ser cosa juzgada en el ámbito judicial-electoral, el debate pasó al poder legislativo, presentándose el mencionado proyecto de reforma a la Constitución local. El argumento por el cual fue propuesta la iniciativa, consistió en disminuir los elevados costos que tiene el organizar y llevar a cabo un proceso electoral; de tal manera, que al ampliar el mandato del gobernador a 5 años, generaría una economía al ahorrar dicho gasto que tendría que efectuarse al término del periodo de 2 años para elegir al nuevo ejecutivo estatal, lo que generó que la CNDH y diversos partidos políticos impugnaran esta reforma ante nuestra máxima autoridad jurídica en el país.

Este tema ya se ha discutido en la SCJN, y en los precedentes se ha establecido que “para el caso de que los Estados decidan extender o acortar los mandatos de los gobernadores locales, deben hacerlo como una previsión a futuro, a fin de que el electorado esté plenamente informado y tenga conocimiento cierto del periodo que va a desempeñar el funcionario que elija de modo que se respete su voluntad”(Acción de Inconstitucionalidad 13/2015). Asimismo, si bien las legislaturas locales poseen la facultad de reformar las leyes electorales locales, éstas deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones, tal y como lo determinó nuestro tribunal constitucional en la Acción de Inconstitucionalidad 55/2006. Y, por si no fuese suficiente, la SCJN estableció en la jurisprudencia 82/2007 derivada de la Acción de Inconstitucionalidad 47/2006, que la ampliación de mandato es inconstitucional cuando los funcionarios de elección popular se encuentren en ese momento en curso y tengan la intención de ejercer más allá del periodo para el cual han sido electos.

Lamentablemente, existen ciertos argumentos que podrían dificultar los 8 votos necesarios para obtener una sentencia que invalide esta reforma, como bien escribe Martín Vivanco Lira en Nexos “la constitución federal no contiene una norma que, expresamente, prohíba la extensión de mandato. El artículo 116 constitucional sólo señala que el periodo de un gobernador no podrá exceder los 6 años. Y nada más” también entra al debate la legitimidad de democrática de los legisladores que realizaron dicha reforma. 

Levitsky y Ziblatt en su obra How democracies die mencionan que las instituciones por sí solas no bastan para defender el orden constitucional, y que debe hacerse mediante normas democráticas que se ven reflejadas en el equilibrio de poderes y mecanismos de control del sistema de Madison, al igual, que la voluntad para accionar dichas normas e instituciones construidas para ello. Esta sentencia se convertirá en un precedente importante para evaluar la fortaleza de los balances, instituciones y los controles del poder, así como la independencia judicial y la capacidad de nuestros ministros de actuar como lo que son: defensores de la constitución y operadores de la justicia. 

La Otra Pandemia: El Desempleo

by Marisol Rivas
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En los últimos dos meses, el pueblo mexicano se ha visto en la forzosa necesidad de enfrentarse a la ya conocida pandemia mundial de Covid – 19. Sin embargo, a pesar de la existencia de esta enfermedad y de la severidad de la misma, existen otros problemas que aquejan a los mexicanos. Entre ellos: una tasa de desempleo que no para de crecer. 

Pareciera que se trátase de otra pandemia, pero en el último mes los niveles de desempleo han experimentado una pendiente incluso mayor que la del número de contagiados. A la fecha, en México se tiene conocimiento de 27,634 casos de coronavirus. Sin embargo, de acuerdo a Banxico la cifra de desempleados ya supera los 700 mil. 

Para darnos una idea del panorama completo, es importante señalar que en el 2019 a nivel nacional se generaron 342,077 empleos formales. Esto quiere decir que en “lo que ha durado” la crisis del coronavirus en nuestro país, más del doble de los empleos generados en el año pasado se han perdido. Las repercusiones de esto son innumerables. Y es que además de lo difícil que se ha tornado la situación, muchos mexicanos han tenido que elegir entre su derecho a la salud y su derecho al trabajo. 

La pregunta aquí es, ¿de qué se van a sostener los hogares de los 700 mil mexicanos que se quedaron sin empleo? Y por otra parte, ¿cómo afrontaran la pandemia? 

En esfuerzos por negociar respecto a medidas para promover la reactivación económica, el Consejo Coordinador Empresarial presentó en días pasados un plan con diez puntos a seguir. Tristemente, esto solo dejo ver que preponderantemente quien ha tomado la iniciativa por hacer algo ante esta situación y sus posibles repercusiones, es el sector privado. Por parte de la Administración Pública Federal se habla de un fondo de 3 millones de pesos para apoyar, a través de créditos de 25 mil pesos tanto a empresas formales como informales. Siendo muy honestos, ¿qué nomina de empleados se cubre con 25 mil pesos? 

Hay una particularidad muy significativa en los comunicados e incluso en los discursos que vemos día a día. Desde que todo esto comenzó pareciera que hay una “guerra” por motivar o hacer creer que todas las empresas son grandes emporios o grupos de renombre. Para hacerle frente a la crisis actual es necesario que eso se desmienta. México se sostiene, realmente, de las pequeñas y medianas empresas. Específicamente para efectos del ámbito laboral, estas empresas generan el doble de empleos que las grandes empresas. Las cifras van más allá de los diez millones de empleos. Con esto podemos deducir, que si desprotegemos a los negocios pequeños, desprotegemos al país entero. 

Por otra parte, la falta de incentivos y apoyos a negocios de las categorías anteriormente mencionadas, podría derivar en mayores niveles de desempleo a los que ya se han visto. Y por ende, en un declive aún mayor de lo que se prevé para la economía nacional (7%). Desmotivar a las empresas y fomentar la incertidumbre solo promueve que más mexicanos se vean afectados por decisiones no asertivas por parte del Gobierno Federal. 

En estos momentos de crisis y antes de que se deteriore más la confianza hacia las autoridades e instituciones federales por parte del pueblo mexicano, es indispensable que haya una responsiva de cero tolerancia hacia las violaciones a los derechos humanos. Lo anterior, acompañado de una perspectiva de unión y por supuesto, de la implementación de todos los mecanismos que se consideren necesarios a fin de aminorar la contracción económica.  

#Desaprendamos: Los roles que matan

by Paula Marcela García Monteverde
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El conflicto de la disparidad de género se ve presente sin importar las condiciones por las que pasen México o el mundo. La violencia doméstica sucede en momentos de crisis o en momentos rutinarios; la discriminación a la mujer en el acceso a las oportunidades sucede también sin respetar circunstancia.

Es así que, a pesar de los momentos difíciles actuales, la discriminación y la violencia contra la mujer continúan. La violencia doméstica se ha agudizado según lo comentó a principios de abril Phumzile Mlambo-Ngcuka, la directora ejecutiva de UN Women. Ella hace referencia a que las líneas de ayuda en Singapur y en Chipre registraron un aumento del 30 por ciento en las llamadas de emergencia, desde el inicio del confinamiento. Este fenómeno respalda uno de los fundamentos de la lucha feminista que sostiene que los autores de crímenes de odio contra las mujeres son en la mayoría de los casos, seres cercanos a la víctima; lo que hace de este tipo de violencia, un problema explícitamente de género. 

¿Pero de dónde viene todo esto?

 La desigualdad y el riesgo de sufrir de violencia de género tienen su origen en los roles fijos que determinan las circunstancias bajo las cuales viven las mujeres, que tienden a asociarse con una sumisión a la figura masculina. Esta disparidad comienza a estudiarse al emplearse por primera vez el concepto de “género” en 1968 en la literatura de Robert Stoller que trata la diferencia entre sexo como carácter biológico y el género como carácter social (por lo tanto, aprendido). A partir de aquí, se entiende el concepto como el resultado de un sistema que la sociedad ha adoptado como parte de la norma, que retrasa y limita los planes que las mujeres tienen para sus vidas, pero que no tiene ningún fundamento irrevocable.

Al hablar de una problemática social tan profunda, cuyas raíces yacen en la desigualdad de acceso a oportunidades educativas, laborales, y de desarrollo general para las mujeres; la desventaja en la que se estas se encuentran las afecta por medio de casi todas las actividades donde podrían involucrarse, incluyendo la arena política. Hay muy pocas mujeres en este ambiente, las mujeres representaron porcentajes menores al 4 por ciento respecto a los hombres, en la función como alcaldesas de diversos municipios de México del año de 1986, al 2006. También, en estudios realizados el año pasado por las Naciones Unidas, se mostró que el 90 por ciento de los Jefes de Estado y de Gobierno, eran hombres. Y es que la desventaja sistémica para el sexo femenino en la política no es solo el resultado de la falta de oportunidad a su disposición, sino de una deliberada traba por parte del sistema en el que se vive. La Dra. Pamela Campa, experta en Economía de Género, y actual profesora de la Stockholm School of Economics, mencionó en una conferencia de la el año pasado en que el hecho de ver rara vez a una mujer resultar victoriosa en contiendas de elección popular, desmotiva a otras mujeres a aspirar a ser contendientes en el futuro. También habló acerca de la trampa visual que se utiliza constantemente en diferentes países y en contiendas a diferentes niveles de gobierno. En algunas boletas para elecciones, los candidatos se acomodan en el orden alfabético de la inicial de su apellido; y conociendo este principio, muchas de las mujeres postuladas tienen -de manera coincidente- un apellido que inicia con las últimas letras del abecedario, lo que las convierte en las candidatas posicionadas en los últimos lugares de la boleta, y sin prioridad visual para quien vota. Situaciones como esta, demuestran la desigualdad estructural que daña y lastima la lucha por igualdad de derechos entre mujeres y hombres. 

Leamos sobre teoría feminista, entendamos la lógica detrás de los comportamientos que la sociedad ha adoptado y que (a pesar de que esta no sea la intención explícita), oprimen y lastiman a las mujeres. Estimulemos el desarrollo y la inclusión, apreciemos los esfuerzos por la preparación profesional de las mujeres, y aceptemos que la relación entre los géneros, debe ser una relación de cooperación y fortaleza, no una relación de poder.

Doña Roberta agitando el avispero

by José de Jesús Galindo
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Roberta Jacobson, ex embajadora de Estados Unidos en México, declaró a Proceso que el gobierno de Calderón tenía conocimiento de las andadas del tristemente célebre Genaro García Luna como empleado y aliado del Cartel de Sinaloa en su cargo como Secretario de Seguridad Pública.

Esto sin duda, causó un revuelo internacional, inesperado y que profundiza la rivalidad entre las facciones del expresidente y Andrés Manuel.

En la entrevista realizada por el periodista J. Jesús Esquivel, Jacobson negó que EU haya omitido alguna acción en contra de García Luna dado que, en sus palabras, el gobierno mexicano sabía lo mismo o más que ellos.  

Tras un silencio de día y medio y una carta publicada en twitter por el expresidente, donde -obviamente- negaba todo, la ex funcionaria norteamericana salió a aclarar lo que dijo: “No contaba con información corroborada” sobre los rumores que se tenían de García Luna, sin embargo, “había que procederse con cuidado siempre cuando se habla con funcionarios”.

Las palabras de Jacobson reflejan la profunda desconfianza que tiene Estados Unidos sobre el actuar de nuestros funcionarios y aún más la fragilidad de los interlocutores, pues García Luna, así como hablaba con ella y la DEA, así lo hacía con la familia Zambada.

La narcoguerra de Calderón, además de ineficaz y los innumerables muertos que nos costó, tiene como moño el que su hombre de mayor confianza recibía sobornos. Lo cual deja muy parada su “estrategia” y su futuro en “México Libre”.

También, la entrevista llega en un momento tenso para la causa de García Luna en juicio aún y francamente aporta poco al caso más que tweets, cachondeo de notas para los periodistas, un expresidente indignado y una exembajadora bastante tibia queriéndose zafar del show en el que solita se metió. 

García Luna tendrá que declarar en la Corte y las pruebas seguirán llegando. Ahí el expresidente, la exembajadora y todos lo que trabajaron con él tendrán que hablar de frente, sin tibiezas, sin declaraciones de aviento la piedra y escondo la mano, sin cartitas y sin twittear.

Las incongruencias del COVID-19

by Daniel Butruille
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Mientras los “Servidores de la Nación” trabajan de puerta en puerta, de llamada en llamada telefónica, para colocar en dos días 200 mil créditos a la palabra en las zonas urbanas del Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y Puebla, las autoridades de diferentes instancias de los tres niveles de gobierno, siguen alegremente con declaraciones contradictorias que no ayudan a entender cual es la verdadera situación de la pandemia en México. 

Mientras la Secretaría de Salud y Asistencia Pública, estima que había 104 mil 562 casos positivos de Covid-19 en el País, hasta la semana 15 de la epidemia, es decir, del 5 al 11 de abril, (¿quien sabe porque hasta hoy sueltan una información vieja de 3 semanas?), la sub secretaria de la misma dependencia, la que está en manos del mago de las proyecciones, reporta que al día 3 de mayo, ayer, había 23,471 contagiados, de los cuales ya fallecieron 2,154. 

El índice de mortalidad resulta bastante distinto según los números de contagiados. Lastima que el número reportado por la SSA resulta de extrapolación estadística y no de pruebas reales aplicadas para detectar los casos de contagio. Pruebas que fueron frenadas por la incapacidad de conseguir los reactivos necesarios, y cuando se había logrado conseguirlos, la autoridad federal la detuvo. ¿Porqué? 

Mientras el Dr. López Gatell anuncia el pico de contagiados para el 6 de mayo, aquí en Nuevo León, el secretario de salud, Dr. Manuel de la O, lo pronostica para final del mes de mayo. ¿3 semanas de diferencia sobre qué bases? Y obviamente, pide que el confinamiento se extienda hasta esta fecha. ¿Habrá medido las consecuencias económicas de tal recomendación? 

A nivel nacional, se incluyeron en las actividades esenciales la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el tren maya. Para esta obras, no se detiene la actividad. Imitando el ganso mayor, el alcalde de San Pedro Garza García, el independiente Miguel Treviño, está a punto de ordenar la reanudación de las obras públicas municipales, básicamente la terminación de los parques públicos. 

¿Será que los albañiles y contratistas de la obra privada en el municipio no comen o no tienen también necesidad apremiante de regularizar su actividad y sus ingresos? Y, el secretario de salud de manifestar su rechazo, sin poder impedir la decisión del alcalde. 

El Covid-19 está exhibiendo una muestra de las incongruencias de la administración pública. Incongruencias que no disminuirán el número de fatalidades de este difícil episodio histórico que vive el país, junto con el resto del planeta. 

#EspacioPúblico: “Te doy la mano, sin miedo”

by Eduardo Quintanilla
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“Oye Lalo, tenemos una lista de cosas que necesitamos hacer y ya sabes que el médico nos tiene prohibido salir. ¿Nos podrías dar la mano?”.  Esa fue la llamada que recibí hace unos días.

Mis tíos Güero y Juany viven solos, son adultos mayores, sus hijos viven en otras ciudades y no tienen más familiares en la ciudad. Razones suficientes para salir de mi aislamiento social con las debidas precauciones y regresarles la paz.

Sin preguntar de manera específica cuáles eran sus necesidades por resolver, definimos una hora para mi visita. Llegué a la hora justa y ya mi tío me esperaba afuera de su casa con mascarilla, guantes, un bote de gel antibacterial, otro bote con cloro rebajado en agua y una lista de pendientes que incluían transacciones bancarias, pagos de servicios y, por supuesto, medicamentos y la lista del supermercado. Mi tía permaneció en el interior de la casa siguiendo al pie de la letra las instrucciones de su médico. 

Entre sucursales bancarias cerradas, tener que buscar cajeros multiservicios funcionando, ir a una farmacia específica que surte su arsenal de medicamentos y hacer una lista de supermercado con productos que no son los que habitualmente compro, la tarea me llevó casi tres horas. 

Entregué los pendientes resueltos y me puse a la orden para ayudar en cualquier otra preocupación. Me despedí sin los abrazos habituales, pero viendo que la tranquilidad regresaba a los azules ojos de Güero. 

¿Cuántas personas habrá en la ciudad que requieran ayuda en estos momentos y no lo sabemos?
¿Cuántas personas habrá que estén dispuestas a ayudar y tampoco lo sabemos?

No solo las personas mayores están pasando por momentos difíciles. Hay mucha gente sin empleo, los negocios pequeños sufren la falta de clientes, las familias pueden pasar momentos de ansiedad, la violencia doméstica se pude agravar y la desinformación en la que se vive la pandemia puede llevar a malas decisiones. 

Personas y organizaciones con estas preocupaciones, se han dado a la tarea de enfocar su tiempo y recursos para crear diversas alternativas que mitiguen los efectos de la pandemia.

Por ejemplo, por parte de la sociedad civil,  www.ayudamutuamty.mx surge como una plataforma ciudadana para conectar a quienes necesitan ayuda y a quienes pueden darla, https://apoya.cic.mx/ recibe apoyos en especie y promueve el voluntariado y https://comunidar.org/unirydar/ llega como la respuesta del empresariado regiomontano para afrontar la crisis, apoyando con equipo médico, ayuda económica a personas en situación vulnerable y, en su momento, buscará reactivar la economía lo más pronto posible.

Por el lado de gobierno, el municipio de Escobedo implementa www.escobedoencasa.com como una opción para apoyar el comercio local entre los mismos vecinos del municipio y pone a disposición una herramienta de emergencia para que mujeres que lo requieran estén seguras en casos de violencia doméstica. 

Me pareció muy importante saber de estas iniciativas, pero lo más valioso fue ver que se siga dando valor a lo comunitario independientemente del asilamiento que impide las interacciones en centros de trabajo o en el espacio público cercano como son la cuadra, el barrio o la colonia. 

Este es un buen momento para saber si conocemos a nuestros vecinos, para llamar a quienes tenemos tiempo de no saber de ellos, para buscar alternativas de ayuda y para poner en marcha la creatividad. Las contingencias no se resuelven de manera individual, siempre han sido una labor colectiva. 

Güero y Juany hoy están tranquilos en su casa y yo estoy tranquilo en la mía sabiendo que no les falta nada y que cuando necesiten resolver algo me pueden llamar. Y también estoy tranquilo sabiendo que existe una comunidad que está dispuesta a ayudar y se están creando los medios para hacerlo. Cuando el contacto físico pone en riesgo la salud, dar la mano cobra su verdadero sentido.

El Programa Anticorrupción del Gobierno Federal

by Samuel Ramírez Mejía
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El treinta de agosto del 2019 se publicó en el DOF el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024 (PNCCI o  Programa Anticorrupción) del Presidente López Obrador. En esta entrega se analizará dicho programa. En primer término, con relación al fundamento jurídico para su expedición; posteriormente, en un aspecto de honestidad intelectual en cuanto a la cita de una fuente; y, finalmente, sobre si el PNCCI cuenta con un enfoque de derechos humanos, de acuerdo con las directrices de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Programa Anticorrupción se sustenta en la obligación del Ejecutivo Federal de emitir, a más tardar el 30 de agosto del primer año de gobierno, un programa en el que se establezcan “(…) los criterios generales para promover el uso eficiente de los recursos humanos y materiales de la Administración Pública Federal (…)” (art. 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria). No obstante, dicha norma no es fundamento para un programa específico de combate a la corrupción. Esto es así, porque con la reforma constitucional de 2015 la facultad de diseñar la política anticorrupción del país corresponde al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (arts. 113 CPEUM y 9º, fracción III de la Ley General del SNA). Esperemos que no haya conflictos en la implementación del PNCCI y la Política Nacional Anticorrupción y los programas que de ella se deriven, porque este choque sería el mejor de los escenarios para las redes de corrupción que operan en el país.

Por otro lado, con relación a la honestidad en la cita de las fuentes utilizadas en el Programa Anticorrupción, es de señalarse que en él se parte de conceptualizar a la corrupción como “(…) una forma específica de dominación social sustentada en un diferencial de poder estructural en la que predominan el abuso, la impunidad y la apropiación indebida de los recursos de la ciudadanía” (PNCCI 2019: 3). Este concepto de corrupción se denomina “corrupción estructural” y fue delineado por la actual Secretaria de la Función Pública, Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, en su artículo From “Institutional” to “Structural” Corruption: Rethinking Accountability in a World of Public-Private Partnerships (2013). En este trabajo la Dra. Sandoval invita a trascender el enfoque micro organizacional de la corrupción, resumido en la fórmula de Klitgaard conocida como “corrupción es igual a monopolio del agente público (o de la acción pública) más discrecionalidad menos rendición de cuentas” (11). La Dra. Sandoval afirma en su investigación: “I define ‘structural corruption‘ as a specific form of social domination characterized by abuse, simulation, and misappropriation of resources arising from a pronounced differential in structural power“. (9). ¿Puede el Ejecutivo Federal usar una idea tomada de un libro de su Secretaria de la Función Pública sin darle crédito? Contundentemente no. No puede hacerlo aunque ella esté jerárquicamente subordinada al Presidente de la República. En cualquier institución educativa esto sería considerado un acto de deshonestidad académica.

Ahora pasemos a estudiar si el PNCCI cuenta con un enfoque de derechos humanos (EDDHH). Ya en mi colaboración anterior había sintetizado las directrices de la CIDH que se derivan de su documento Corrupción y derechos humanos: Estándares interamericanos (2019). Por cuestiones de espacio solamente me centraré en tres aspectos: Primero, en uno meramente formal consistente en el número de veces que se expresan las palabras derechos humanos en el Programa Anticorrupción; segundo, en analizar el PNCCI buscando si las víctimas de la corrupción están colocadas en el centro de dicho programa; y, por último, si el programa cuenta con un enfoque de género.

Muy difícilmente podría afirmarse que un programa anticorrupción cuenta con un EDDHH, si en él se expresan solamente en 3 ocasiones las palabras “derechos humanos”. Más aún, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, del cual se deriva el PNCCI, se explicitan las palabras “derechos humanos” únicamente 9 veces. Puede aducirse que esto es una mera observación formal, pero considero que evidencia más bien el desdén en el enfoque de derechos humanos que debe tener toda política anticorrupción y, desde luego, los programas que de ella se deriven.

En segundo lugar, “el principio orientador y el punto de partida de toda política pública anticorrupción se asienta en la consideración de la centralidad de las víctimas de la corrupción” (CIDH 2019: 189). Me pregunto, ¿puede decirse que el PNCCI coloca en el centro de sus estrategias a las víctimas de la corrupción cuando no hay una sola mención relacionada con la reparación integral para las víctimas directas, indirectas y para la sociedad en su conjunto como se indica por parte de la CIDH? La respuesta sin duda es negativa. El Programa Anticorrupción no coloca en el centro de su acción a las víctimas de la corrupción. Si bien las tiene en cuenta en sus instrumentos de medición, no considera estrategia prioritaria o actividad puntual alguna en donde se contemple la reparación integral de las víctimas directas e indirectas de la corrupción. De hecho, cuando en el PNCCI se expresan los efectos de la corrupción en la sociedad no hay una sola mención sobre la violación de derechos humanos y, por ende, tampoco considera estrategias o actividades para la reparación integral de las personas víctimas de las diversas expresiones de la corrupción en nuestro país. En resumen, una política integral de reparaciones desde el EDDHH implica, según afirma la CIDH, dos dimensiones: i) “investigar, restituir, rehabilitar e indemnizar a las víctimas directas” y ii) “promover la justicia y fortalecer el estado democrático de derecho” (CIDH 2018: 64). Aunque pudiera contar con lo segundo como un presupuesto metodológico genérico, no tiene una sola estrategia o acción para la restitución, rehabilitación e indemnización de las víctimas de la corrupción.

Finalmente, uno de los principios que debe atender una política anticorrupción con enfoque de derechos humanos es la “inclusión de la perspectiva de género y diversidad” (CIDH 2019). Este enfoque, en cualquier política pública con EDDHH implica tres obligaciones al momento de la definición de las decisiones de política pública: en primer lugar, considerar el impacto diferenciado que puedan tener las medidas adoptadas en hombres y en mujeres; en segundo lugar, la inclusión de la opinión de ambos géneros, particularmente de las mujeres, en todas las etapas del ciclo de política pública; y, en tercer lugar, en qué medida las acciones adoptadas contribuirán a disminuir las brechas entre mujeres y hombres (CIDH 2018: 32). En otras palabras, y concentrado en la inclusión del enfoque de género, este principio debe promover “(…) que los grupos marginados o excluidos del disfrute de sus derechos sean identificados y que se formulen políticas que corrijan positivamente las desigualdades sociales para garantizar la realización universal de los derechos” (IPPDH 2014: 26). En el PNICC no hay una sola estrategia, ni siquiera una consideración de problema público, en donde se tome en cuenta a las mujeres y el impacto diferenciado que tiene la corrupción en ellas (ni siquier se menciona la palabra mujer o mujeres en el documento); en ese sentido, no se considera el análisis, ni aun exploratorio, de una muy preocupante cara de la corrupción que afecta desporporcionadamente a niñas y mujeres: la sextorsión (TI 2020).

En resumen, el Programa Anticorrupción del Ejecutivo Federal (2019-2024) tiene un fundamento jurídico cuestionable, tomando en cuenta la previsión constitucional de una sola política nacional anticorrupción; parte de una falla de honestidad intelectual al no reconocer la fuente del concepto de corrupción estructural del cual parte; y, finalmente, no tiene un enfoque de derechos humanos porque apenas menciona en tres ocasiones las palabras “derechos humanos”; no coloca en su centro a las víctimas directas o indirectas de la corrupción, dado que no propone mecanismos de reparación integral y, por último, no incluye una perpsectiva de género en su definición del problema, conceptualización del problema y tampoco en sus estrategias y sus acciones.

Fuentes consultadas.

CIDH. 2019. Corrupción y derechos humanos: Estándares interamericanos. OEA/Ser. L/V/II, doc. 236, 6 de diciembre, español.

CIDH. 2018. Políticas públicas con enfoque de derechos humanos. OEA/Ser.L/V/II.,

doc. 191, 15 de septiembre, español.

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SANDOVAL-BALLESTEROS Irma E. 2013. “From ‘Institutional’ to ‘Structural’ Corruption: Rethinking Accountability in a World of Public-Private Partnerships”. En Edmond J. Safra Working Papers, No. 33. Disponible en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2370576 (consultado el 2 de mayo del 2020).

SECRETARÍA DE ECONOMÍA. 2019. Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024. DOF 30-08-2019.

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Contrapeso o Mera Formalidad

by Luis Carlos Torre Garza
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Desde el 27 de febrero de 2020, nuestro País se encuentra en una lucha sin cuartel contra un enemigo peligroso, silencioso y a veces letal al que resulta imperativo derrotar denominado COVID-19.

Aunque al día de hoy, el panorama aparentemente es alentador en comparación con lo que experimentaron otros países como Italia, España, Estados Unidos, etc., los mexicanos debemos seguir preparados y no bajar la guardia, pues todavía no ha pasado la peor parte de esta batalla.

Sin embargo, como en todas las batallas, esta situación ha vuelto patente algunas de nuestras fortalezas, como por ejemplo la solidaridad que internacionalmente nos ha sido reconocida y que ha sido pieza fundamental en esta lucha, pues entre todos hemos apoyado siguiendo las recomendaciones de aislamiento voluntario, sana distancia, ayuda entre vecinos, apoyos alimentarios, donaciones de sangre, entre otras.

Por su parte, también se han evidenciado algunas de nuestras flaquezas, dentro de las cuales identifico como la más destacada la fragilidad material de nuestro sistema de división de poderes.

Sobre todo, tratándose del servilismo villano que el poder Legislativo realiza para el poder Ejecutivo en las Entidades federativas y la Federación.

Al respecto, en nuestro País el principio de división de poderes se encuentra en el artículo 49 de la Constitución y esencialmente tutela que el poder público para su ejercicio se dividirá en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Dicho principio, históricamente tiene su base en los postulados de Aristóteles, Locke, y Montesquieu, quienes advirtieron la necesidad de dividir el poder público a fin de impedir su abuso, generando contrapesos pues solo el poder puede detener al poder.

Y es que hoy, al igual que hace 272 años vale la pena preguntarnos “cómo un gobierno puede no ser tiránico si el encargado de hacer ejecutar las leyes es al mismo tiempo el legislador”, “qué protección pueden tener los ciudadanos contra la arbitrariedad si en una sola mano se reúnen confundidos los poderes legislativo, ejecutivo y judicial” (El espíritu de las Leyes – Montesquieu).

Lo anterior, pues si bien es cierto, en nuestro País la separación de poderes obedece a la necesidad de contar con contrapesos, equilibrio y erradicar la arbitrariedad en el ejercicio del poder público y; aunque formalmente cumplimos con el referido principio al contar con un Presidente de la República, Cámara de Diputados (federal) Cámara de Senadores y Juzgadores, así como Gobernadores y Legislaturas Locales, la realidad es que materialmente el poder Legislativo a nivel federal y en las Entidades federativas resultan una mera o insignificante formalidad para la aprobación de determinadas acciones del poder Ejecutivo.

Esto, pues basta observar cómo esta pandemia que hoy nos aqueja ha sido un nicho de oportunidad para el titular del poder Ejecutivo federal proponiendo realizar modificaciones al presupuesto y para los titulares de los Ejecutivos estatales solicitando endeudamientos y ejerciendo acciones que desde su redacción se advierte que no necesariamente servirán para contrarrestar al COVID-19 y que han sido aprobadas, o lo serán, sin debatir, razonar u opinar por los poderes Legislativos.

Evidenciando así, la fragilidad material de nuestro sistema de división de poderes, en tanto el poder Legislativo más que un verdadero contrapeso que sirva para enriquecer las decisiones y el ejercicio del poder público, se ha convertido en un paso más que el Ejecutivo debe realizar antes de ejercer determinada acción.

Siendo oportuno precisar, que tampoco se trata de enfrentar ambos poderes como muchos legisladores de oposición (respectivamente) realizan su función, sino por el contrario, de enriquecer la toma de decisiones.

Ante esto, como ciudadanos resulta válido preguntarnos si verdaderamente nuestros Diputados Locales, Diputados Federales y Senadores ejercen un contrapeso o bien, si únicamente resultan una formalidad necesaria.

Finalmente, los legisladores deben tomar en cuenta que pertenecer a un partido político o grupo parlamentario nunca puede significar renunciar a su indormia o capacidad de razonar.