Author: Waldo Fernández

Nuevo León y su permanente crisis política

by Waldo Fernández
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El estado de Nuevo León en el año 2015 vivió un proceso electoral que llevó  a la alternancia en el poder bajo el liderazgo de un candidato que al abandonar las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se presentó ante el electorado como independiente. Los problemas en las finanzas públicas del estado, la percepción y evidencias de corrupción, la inseguridad pública, y otros problemas financieros en los municipios también en materia de déficit público, endeudamiento e inseguridad, son algunos de los contextos en que se generó la contienda electoral.

De ese 7 de junio de 2015 a la fecha las cosas comenzaron a perfilarse en un clima de alta expectativa ciudadana sobre lo que debería hacerse para recuperar económicamente las finanzas públicas, la seguridad y en evidencia un orden institucional que diera certeza al desarrollo futuro de una de las entidades más importantes de la República Mexicana. Por su importancia, Nuevo León requiere gobiernos con la capacidad de ser actores estratégicos para el desarrollo social y humano así como económico, cultural y jurídico, pues es evidente que la fortaleza de las instituciones está asociada directamente con el desarrollo de una sociedad.

Sin embargo, durante 2016 y lo que va de 2017, se han registrado en la entidad una serie de problemas, desencuentros, crisis institucionales, y debates que afectan de forma negativa la posibilidad de lograr acuerdos, de caminar juntos a favor del desarrollo social y humano, y de enfrentar los riesgos y amenazas que se tienen en materia de seguridad pública.  Lo que he venido señalando una y otra vez en los más diversos foros es que Nuevo León precisa consensos, acuerdos, pactos y compromisos comunes para trabajar, para restablecer el orden público, y para brindar certezas y confianza a la economía y con ello a las inversiones que se necesitan para generar más y mejores empleos.

Uno desencuentro reciente que motivó la participación jurídica de actores institucionales, es una reforma electoral donde el Congreso del estado aprobó, sin iniciativa de reforma, la creación de diputaciones plurinominales por lista,  en lugar de que lleguen los candidatos que obtuvieron menos votos que los ganadores. Esta ley se envió para su publicación al Poder Ejecutivo, que en voz del gobernador señaló que la estudiarían y que difícilmente podría publicarse en los tiempos legales para que estuviese vigente y aplicarla en el año 2018, con base en estas declaraciones del Tribunal Electoral de Nuevo León a iniciativa del Congreso del estado, exigió al Gobernador publicar de forma inmediata la Ley; el Gobernador acudió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), instancia que suspendió la resolución del Tribunal Estatal Electoral que ordenó la publicación de la ley.

Así las cosas, el Gobernador aparece confrontado con el Congreso del estado y con dos partidos políticos de influencia nacional: PRI y PAN; por su parte el Tribunal Estatal Electoral se confronta directamente con el Titular del Poder Ejecutivo; líderes políticos y del Congreso del Estado acusan contubernio entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y la lista sigue. La pregunta es si Nuevo León puede  avanzar a la mitad de una crisis política e institucional permanente.

Sin bien se han presentado planes y programas de trabajo con una evidente vocación prospectiva, como son el Plan Estratégico para Nuevo León 2015-2030 y del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021,  el problema está en cómo se van a lograr cuando se registran sucesivas diferencias entre los poderes públicos, cuando se asume como gobierno que es el uno contra todos.

Un gobierno no debería salir en la mañana de un día, y de otro también, a decir que tiene razón, sino a lograr que las cosas se logren con la suma del mayor número de actores posible, a tener objetivos claros que puedan compartirse y estrategias comunes para enfrentar los problemas y rezagos. Pareciera que se olvida que la delincuencia también vive en N.L y que se da cuenta de la división.

Finalmente la clase política en general, diputados locales, alcaldes, Organismos Intermedios y ONGs tampoco han estado a la altura de las circunstancias pues en lugar de contribuir de forma propositiva han caído en el juego de la denostación y el desprestigio, un camino que sólo hace daño. Por extraño que parezca, la única voz que ha venido pugnando por encontrar caminos de gobernabilidad y civilidad política ha sido la mía. Tal vez por ser ciudadano o tal vez porque la izquierda progresista empieza a mostrar su real aporte.

Recursos y campañas políticas

by Waldo Fernández
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En materia de recursos para los partidos políticos y las campañas básicamente hoy dos grandes modelos en el mundo. Uno de baja regulación que permite la participación de los privados, las empresas y diversos sectores para financiar las campañas políticas. El ejemplo de este modelo es Estados Unidos. Cuando tuve la oportunidad de acudir a la Convención Nacional Demócrata el año pasado una de las cosas que más llamó mi atención era que compañías privadas se ostentaran como patrocinadoras de dicho evento.

El otro existente es uno que tiende a regular los recursos en los procesos de elección pública, sobra decir que nuestro país debido a diferentes razones se encuentra en este segundo grupo. Prácticamente cada acto de los procesos electorales está normado, y desde hace por lo menos 20 años se crean nuevas leyes.

Sin embargo, la realidad de las cosas es que existe una percepción y evidencias mayores respecto a que los procesos electorales se mueven desde márgenes en que se busca cumplir la ley para no cumplirla. Las campañas cuestan mucho más de lo que reciben los partidos políticos, el día de la jornada electoral se presentan operativos de compra del voto, y bajo el signo de las libertades políticas diferentes actores hacen campaña año con año, haya o no haya elecciones, ya sea con la excusa de ser Presidentes de un partido o líderes de un movimiento social alimentado con recursos públicos.

Hoy nuevamente el financiamiento a los partidos políticos y sus candidatos está a debate, el cual gira sobre aspirantes a cargos de elección popular que se promocionan y hacen gastos que no son considerados en la ley electoral, por lo que se presume rompen con el principio de equidad en futuras contiendas. El tema es que estos actores sin ser candidatos, ocupando un cargo público y sin estar vigente el proceso electoral invierten en posicionamientos que van más allá del gasto en comunicación social, es decir, se trata de inversiones para buscar que sectores amplios de la población los conozcan y con ello dispongan de mayores márgenes de  negociación política, lo cual por cierto es ingenuo y no al mismo tiempo.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 242 punto 3 asienta “Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas”; así las cosas se regulan elecciones con periodos establecidos, empero hay actos que salen del esquema, casos en los que funcionarios públicos o actores políticos que “no están en campaña”, pero se comportan como si estuvieran; por tanto, cabría preguntarse qué regulación aplicaría si se parte del supuesto de que destinan recursos públicos para promover aspiraciones futuras, las cuales son inciertas. Tocaría el turno entonces a las flamantes: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; Ley General de Responsabilidades Administrativas, y lo que corresponda de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sin embargo será por demás complicado ponerles freno, dada la tendencia a que actúen con amplios márgenes de discrecionalidad en este y otros rubros.

En su caso, habría de preguntarse si la autoridad electoral regularía esta materia para evitar que los funcionarios en lugar de trabajar atendiendo sus responsabilidades ocupen cargos y recursos de áreas comunicación social para posicionarse.  También está el caso de que sin destinar recursos públicos, grupos de interés si los destinen para posicionar al actor político en cuestión. Sólo que la pregunta es cómo se podría evitar esto, si existe un régimen de libertades y cada quien puede apoyar a quien quiera más aún sino hay elecciones.

Las respuestas están en las leyes porque en un país con tantas carencias no deberían gastarse miles de millones de pesos cada año en campañas con o sin elecciones, además hay que reconocer que la última reforma electoral aunque trató de ser equitativa terminó por fortalecer a las castas, pues lo únicos que aparecen en los medios son los que tienen un puesto público, coartando la libertad de ser votados para el resto ante la imposibilidad de generar conocimiento ante la opinión pública. Pero la respuesta sustancial está en la ética política, materia casi olvidada ante la creencia de que en política todo se vale, sólo que eso no es política.

Seguridad Nacional e intervención de comunicaciones

by Waldo Fernández
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La mayoría de las Naciones del Mundo disponen de leyes, instituciones y políticas destinadas a enfrentar riesgos o en su caso amenazas sean efectivas o latentes contra sus aspiraciones, objetivos e intereses nacionales. Para ello disponen de recursos materiales, humanos, logísticos y organizacionales que les permitan anticiparse a los riesgos o amenazas o en su caso enfrentarlos.  En nuestro país existen disposiciones establecidas en la Constitución en materia de seguridad nacional e interior y la Ley de Seguridad Nacional define claramente las amenazas que ponen en riesgo a la nación misma y que requieren operaciones concretas del Estado mexicano para conocerlas, anticiparlas y enfrentarlas.

Los riesgos y amenazas son actividades que pueden desarrollar los Estados u organizaciones o actores no estatales contra nuestro país, de ahí la necesidad de tener un sistema de seguridad nacional. Sobra decir que los actores estatales y no estatales que podrían actuar contra los intereses y objetivos nacionales disponen de capacidades financieras, tecnologías, armas y demás elementos que pueden causar un daño, tal y como ha ocurrido en diferentes momentos de nuestra historia nacional.  Por ello, el Estado mexicano no sólo tiene, sino que debe tener la tecnología para dar seguimiento a las actividades de grupos, organizaciones o personas que puedan atentar contra la seguridad nacional o interior.

Existe un programa llamado Pegasus, creado por la empresa NSO Group, se trata de un software que recaba información de teléfonos móviles. El programa sólo se vende a gobiernos y su propósito es vigilar organizaciones criminales y terroristas. De acuerdo con datos del NYTimes cada instalación exitosa del programa cuesta unos US$77,000.

Debe subrayarse que el Estado mexicano sólo puede dar seguimiento para intervenir comunicaciones privadas en materia de seguridad nacional con la autorización de un Juez, al que se le deben explicar los fundamentos, causas, así como el modo, tiempo y lugar para una actuación de este tipo. Lo anterior se establece de manera detallada en la Ley de Seguridad Nacional en materia de información de inteligencia y contrainteligencia en los artículos que van del 29 al 49 que establecen con todo rigor el procedimiento para  intervenir comunicaciones privadas en materia de seguridad nacional. Desobedecer la ley implica sanciones.

Los periodistas y los defensores de Derechos Humanos difícilmente podrían encuadrar en los supuestos de la Ley de Seguridad Nacional. Al mismo tiempo en México la situación del periodismo es preocupante por factores que dañan un principio de la democracia: la libertad de expresión, es el caso de los asesinatos de periodistas; algunas publicaciones señalan que México sólo es superado en esta situación por países que enfrentan conflictos armados. La organización Reporteros sin Fronteras señala que el 90 por ciento de los asesinatos de comunicadores en México siguen impunes. Por su parte, la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión asienta que en poco más de seis años se  registraron 798 denuncias por actos cometidos contra periodistas, de estos 47 fueron de asesinato y sólo se tiene registro de tres sentencias condenatorias, es decir el 99.7% de las agresiones no han recibido sentencia. Por último asentar, que de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 120 periodistas han sido asesinados en el país.

La polémica por la vigilancia hacia periodistas y defensores de derechos humanos dejó el siguiente saldo: a) la necesidad de una investigación que establezca qué sucedió; b) hoy es conocido que México dispone de un programa de alta tecnología para intervenir comunicaciones, una pena que ya NO pueda usarse en México contra la delincuencia organizada o que vaya a perder efectividad al ventilarse su existencia ; c) la intervención de comunicaciones privadas se ha vuelto algo común en el espacio público, sin que medie algún principio ético o jurídico;  d)  es normal ver que en las campañas se cuestione a actores institucionales o políticos sobre sus comunicaciones privadas; f) el Estado no puede vigilar a nadie sin motivo y autorización de un juez; g) la filtración a los medios de comunicaciones privadas se convierte en un mecanismo de control y daño a las personas; h) es fundamental evitar prácticas que afecten a la persona periodista y dañen al periodismo como profesión. Si vamos a asumir un debate sobre lo que se denomina espionaje habrá que hacerlo en cada línea y con base en el derecho humano a la intimidad y a la privacidad. El debate debe ser basado en el espionaje ilegal y no en las personas objeto del espionaje. Es fundamental evitar prácticas que afecten a la persona periodista, pero también a la persona político, a la persona personaje público, es decir a las personas sea cual sea su profesión. #HagamosloJuntos

Hacia un Gobierno de Coalición

by Waldo Fernández
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En Europa existen  gobiernos de coalición entre izquierda y derecha, si bien los sistemas políticos son de orden parlamentario, y en varios de los casos con monarquías constitucionales,  sus élites políticas han encontrado fórmulas para construir gobiernos en que la unidad surge de la racionalidad política, y aún de principios ideológicos en que izquierda, centro  y derechas moderadas se unen en ciertas coyunturas para formar un gobierno de coalición en el Parlamento.

También se presentan coaliciones bajo la fórmula de balotaje, esto es una segunda vuelta electoral para cargos públicos en el poder ejecutivo o bien para los Parlamentos. Básicamente consiste en que para llegar a un cargo público  es necesario obtener una mayoría de los votos emitidos que le de representatividad y legitimidad a los gobiernos, fórmulas que varían por porcentajes sobre el total de votos emitidos o bien por una diferencia porcentual entre el primer y el segundo lugar o las dos cosas, sin desestimar otras combinaciones existentes. En el caso de América Latina algunos países con sistemas presidencialistas  han introducido esta fórmula para darle mayor legitimidad al Poder Ejecutivo.

En suma, los gobiernos de coalición existen, son posibles y han dado en algunos casos resultados, con independencia a si el cargo de Presidente de la República es de un partido y el cargo de Primer Ministro es de otro partido, a lo que se le denomina cohabitación; sin embargo, debe subrayarse que se trata de un orden político parlamentario, donde el poder Ejecutivo se divide en Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, y donde el Parlamento elige al jefe de Gobierno o Primer Ministro mediante precisamente una coalición que es mayoritaria. O bien se trata de sistemas semi-presidencial.

No se pide en una coalición política que los involucrados piensen lo mismo, ni que renuncien a sus ideologías, en cambio se pide unidad en objetivos comunes. En algún sentido, una fórmula básica para una coalición radica en la pregunta “qué tanto estamos dispuestos a ceder”, más todavía cuando se trata de enfrentar problemáticas de envergadura, posiciones políticas que cuestionan el propio orden democrático o elaborar un programa de gobierno viable.

En el caso de las coaliciones electorales, México tiene fórmulas para realizarlas, desde parciales hasta totales, así como un aleccionador compendio de coaliciones electorales a lo largo de su historia.  Sin embargo hoy se habla en un sentido distinto de coalición, por un lado unos se refieren a un sistema presidencial de mayoría absoluta con doble vuelta -semi-presidencial-; otros un sistema parlamentario donde los partidos políticos representados en el Legislativo se ponen de acuerdo en un Programa de Gobierno y eligen un Primer Ministro. Suponer un régimen parlamentario en México, implicaría crear la figura de Primer Ministro o algo parecido, toda vez que orgánicamente debe tener sentido formar una coalición en el Poder Legislativo, que por supuesto debe trascender el repartir los cargos del gabinete.

Por otra parte se habla de realizar una segunda vuelta electoral como vía de una coalición en el gobierno, pero eso requiere un cambio de régimen y que se establezca que si el ganador no obtiene el 50 por ciento de los votos entonces se transite a una segunda vuelta electoral, por tanto se perfila una estructura semi-presidencial, por lo menos. Ha de decirse que al considerar los tiempos electorales establecidos por la ley, es complicado abrir una nueva fórmula de votación para la elección de Presidente de la República por segunda vuelta. Debe considerarse que la experiencia muestra que en América Latina las fórmulas de segunda vuelta electoral no se han traducido de manera lineal en gobiernos con mayores consensos.

Es posible, aunque quizá no en un momento mediato, avanzar hacia un cambio de régimen que asegure la representación del Parlamento, del Presidente y genere una nueva figura constitucional donde la representación del Estado y el ejercicio de gobierno recaigan en figuras distintas. En otros términos sería dejar atrás el Sistema Político Presidencialista; empero, será por demás complejo, dados los tiempos legales, realizar una reforma a la estructura política nacional.

Si en cambio lo que se busca es un Convenio de Coalición electoral, entre los Partidos Políticos para alcanzar la Presidencia de la República en 2018, entonces el tema es otro, toda vez que la ley actual dispone de los medios para que esto ocurra, empero, la construcción de esta coalición -o alianza como la denominaron en el año- reclama: condiciones al interior de los partidos para ir en unidad a una elección: alguno deberá aceptar que el candidato sea de otro partido; y el partido que logre poner el candidato habría de aceptar que elegirá el que mayor confianza le genere a su aliado electoral y no el que quiera. Un asunto que podría unir a izquierda y derecha en la próxima elección Presidencial sería generar un cambio de régimen político con un sistema coalición en el Gobierno. México podría avanzar bajo un orden político de este tipo. El bien del país es siempre algo que puede unir la diversidad.

El reposicionamiento del PRD: la izquierda y su agenda

by Waldo Fernández
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En la actualidad los partidos políticos se distinguen de otro tipo de organizaciones porque buscan el poder a través de métodos legales y pacíficos con base en el sufragio o voto libre y secreto de la ciudadanía, así las cosas, la formulación de propuestas distintivas, es la plataforma que permite incluir a una ciudadanía plural y plena de diversidades.  En México, los partidos políticos se conciben como entidades de interés público. En ese marco, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) es un actor protagónico en la construcción de una agenda abierta en materia de derechos e inclusión de minorías, atendiéndose a que las democracias modernas son, en su representación,  una suma de minorías.

El surgimiento del PRD se debe a la convergencia de distintos partidos y organizaciones que lo forman tras las elecciones presidenciales de 1988 donde se postuló al Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a partir de un frente amplio de las izquierdas llamado “Frente Democrático Nacional” (FDN). Ese frente logró el trabajo y vinculación, entre otros, del Partido Popular Socialista (PPS), el Partido Mexicano Socialista (PMS), el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), el Partido Frente Cardenista de la Revolución Mexicana (PFCRM), el Partido Social Demócrata, y diversas fuerzas progresistas que dieron cobijo y consistencia a un proyecto ideológico con la intención de asumir una representación ciudadana de avanzada, abierta, y necesariamente transformadora, todo en clave democrática.

Es importante comprender y asumir la diversidad al interior del PRD, porque una de sus plataformas fue la incorporación de sectores desprotegidos por partidos de derecha o con una agenda más limitada en lo tocante a incluir políticas progresivas al interior de un gobierno, y en evidencia de las leyes,  Es por ello que, desde que gobierna la CDMX y otras entidades en el país, se promulgó la agenda de inclusión de la diversidad sexual, de reconocimiento de derechos como la decisión de la mujer sobre el aborto, y la adopción por parejas del mismo sexo.

La CDMX fue la primera entidad de la República en aprobar el matrimonio igualitario en el año 2009, aperturando un debate necesario sobre nuevos derechos en una sociedad diversa. Hoy nuevos derechos se han aprobado en la Constitución de la CDMX, destacándose: el derecho a la ciudad, a un medio ambiente sano, la protección de animales, el derecho de movilidad y el reconocimiento a la multietnicidad y pluriculturalidad de sus habitantes.

En la elección del EDOMEX el candidato Juan Zepeda se pronunció abiertamente por los matrimonios igualitarios, el aborto y la adopción por parejas del mismo sexo, y ante recientes iniciativas legales, el PRD retoma desde distintos frentes su vocación de izquierda progresista, con un proyecto incluyente. Se trata de posiciones políticas que antes y ahora causan polémica,  e incluso discursos de rechazo y que en su momento tuvieron costos, sin embargo,  la definición política parte de asumir una posición al reconocer derechos de diferentes grupos sociales.  El avance de estas y otras propuestas al seno de la vida social se expresa en el avance electoral del PRD que pese a múltiples obstáculos obtuvo un mayor número de votos al igual que en otras entidades del país, mostrando que la definción política de izquierda es importante para la ciudadanía.

Lanzar diatribas, epítetos e insultos contra el gobierno en turno no es ser de izquierda, ese tipo de política se basa en la negación y hasta en la destrucción del otro, cuando lo que nos define en México es la diferencia, no se puede apostar a tener razón, sino a construir soluciones comunes a los problemas que enfrentamos. A nadie le sirve una izquierda que a todo dice que no, que se fuga de la historia y que más que una propuesta política se convierta en una cuasi-religión con un iluminado al frente.

Se necesita hacer política para establecer una agenda social, aplicarla y medir sus resultados. Si la izquierda dialogante está de regreso es porque la ciudadanía así lo quiere, el PRD tiene futuro desde definiciones políticas claras; en contraste basta preguntar a los iluminados que opinan de las comunidades de la diversidad sexual, del aborto y del matrimonio entre personas del mismo sexo para saber que no saben qué decir, o que ocultan lo que realmente piensan.

Legítima defensa y monopolio de la violencia legítima

by Waldo Fernández
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El Titulo Segundo, Capítulo II del Código Penal para el estado de  Nuevo León en su Artículo 17, establece causas de justificación del delito, una de estas es la legítima defensa, a la letra el texto actual dice  “iii. Obrar el acusado en defensa de su persona, de su honor o de sus bienes, o de la persona, honor o bienes de otro, repeliendo una agresión actual, violenta, sin derecho, y de la cual resulte un peligro inminente, a no ser que se pruebe que intervino alguna de las circunstancias siguientes:  primera: que el agredido provocó la agresión, dando causa inmediata y suficiente para ella.  segunda: que previó la agresión y pudo fácilmente evitarla por otros medios legales.  tercera: que no hubo necesidad racional del medio empleado en la defensa; y  cuarta: que el daño que iba a causar el agresor, era fácilmente reparable después por medios legales o era notoriamente de poca importancia comparado con el que causó la defensa”.

Este artículo, es consistente con el articulo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que ninguna persona podrá hacerse justicia por propia mano, toda vez que está previsto que una persona tiene derecho a defenderse cuando es víctima de una agresión o cuando sus bienes están en riesgo inmediato, en evidencia se trata de una agresión a la que no asiste el derecho, se trata en cambio de la decisión de una persona agredir los bienes, vida u honor de otra. El Código Penal prevé las condiciones en que esta justificación no aplica; sin embargo, por diferentes motivos se han dado circunstancias en que cuando una persona se defiende en su domicilio o ante una agresión directa a sus bienes debe enfrentar un proceso penal.

Esto al parecer está en la base de la justificación legislativa en el Congreso del estado de Nuevo León para aprobar un reforma al artículo 17 que antes se cita, señalándose que la victima podrá “lesionar” o “privar de la vida” al agresor; se señala en medios de comunicación que otro razonamiento es que un padre de familia tiene derecho a esta defensa, que no debe ser sujeto de proceso penal, que el cauce legal debe ser la legítima defensa previa investigación en todos los casos, se señala el trauma que viven las familias cuando ante un robo o una agresión en su casa a manos de la delincuencia; y finalmente algunos actores retoman el contexto de inseguridad que se vive en algunas zonas del estado de Nuevo León para subrayar las virtudes de la reforma.

Sin embargo, conviene señalar que si bien es un derecho la legítima defensa, esta no se da en el vacío, sino en un contexto de inseguridad en el estado de Nuevo León y por tanto de temor e incertidumbre ciudadana; segundo que la legitima defensa es una justificación a un determinado delito que para este caso pudieran ser lesiones y homicidio; tercero que privar de la vida a una persona pudiera resultar no proporcional, en lo absoluto, al daño que pretendía cometer; cuarto, que cada persona habría de conocer el contenido completo de la legislación porque existen circunstancias de tiempo, modo y lugar en que no podría justificarse la legítima defensa; quinto, que el populismo jurídico suele ser bien recibido cuando se trata de la vida y de los bienes, pero al enfrentarse a la realidad enfrenta mayores problemas que los que pretendió resolver; sexto, una persona debe saber la diferencia y relación entre agresión, violencia y conducta delictiva o de  otro modo terminará disparándole a la persona que entró al patio de la casa a recoger un objeto; séptimo, es por demás complejo pedirle al ciudadano que considere la proporcionalidad de la defensa en función de la agresión y el factor de la violencia.

Es fácil decir que uno pude agredir y matar el que entre a su casa, la pregunta es, si esta propuesta en realidad obedece al déficit de seguridad pública, o la afirmación de la legítima defensa; pedirle al ciudadano que en una situación de tensión analice si el robo simple debe ser considerado una agresión suficiente para privar de la vida a una persona es un asunto mayor. El monopolio de la violencia legítima es del Estado, la violencia legítima es necesaria, pero también lo es que esta no sea la vía para justificar el déficit institucional del propio Estado, transfiriéndole al ciudadano la potestad de proteger su vida y bienes.

México y el Cambio Ambiental

by Waldo Fernández
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El medio ambiente es un tema complejo debido a que un pequeño cambio puede alterar todo el sistema. Bajo esta perspectiva, en el año de 1988 la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) crearon el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) con la responsabilidad, entre otras, de investigar el proceso del cambio climático. Este grupo determinó entre otras cosas las siguientes consecuencias del cambio climático generado por las actividades de la humanidad: 1) Aumento de la temperatura promedio global de los océanos y superficie terrestre, 2) Aumento promedio mundial del nivel del mar, 3) Modificación de los patrones naturales de precipitación, 4) Sequías más prolongadas y 5) Disminución de la productividad agrícola por mencionar algunos.

Las investigaciones sobre el cambio climático México demuestran por ejemplo que se ha vuelto más cálido desde 1960 y que la precipitación ha disminuido en la porción sureste desde hace medio siglo. Debe subrayarse que todas las naciones del mundo experimentan los efectos del cambio climático, es algo de lo que simplemente nadie se puede sustraer, y las pérdidas son  públicas y globales.

En este entorno primero se estableció el Protocolo de Kyoto que se adoptó  en el año de 1997 y entró en vigor en 2005, el cual no lo ratificó los Estados Unidos, el mayor emisor de gases de invernadero a nivel mundial. Posteriormente en la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático que se celebró París en el año 2015, donde se logró que por primera vez casi todos los estados se pusieran de acuerdo sobre los métodos para reducir el cambio climático, Inclusive el papa Francisco publicó la encíclica Laudato si que llama a la acción contra el cambio climático. Puede apreciarse que se trata de un esfuerzo multilateral en el orden mundial, donde México participa con una agenda precisa, y donde su papel es relevante en el concierto de las naciones al ser la quinceava economía mundial.

México firmó el Acuerdo de París, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Rafael Pacchiano Alamán lo hizo en representación del Presidente Lic. Enrique Peña Nieto. Posteriormente en diciembre del año 2016 en la Cumbre Mundial de la Biodiversidad COP 13 se estableció un compromiso que incluyó más de 110 países para incorporar criterios de biodiversidad en políticas forestales, agricultura, pesca y turismo.

México es un Estado a la vanguardia en estos procesos, donde destaca la Nueva Estrategia de Biodiversidad 2016-2030 que eleva a 37% el presupuesto para conservar la biodiversidad en México; en contraste permanece la interrogante sobre el papel de los E.U., dado que su Presidente no ratificó el Acuerdo de París, incluso con la presión de la OTAN, la Unión Europea, el grupo G7, y el Vaticano. 

Los nexos entre la política multilateral de México y la agenda de seguridad nacional es clara en el caso del medio ambiente; somos un actor global responsable que honra su compromiso como miembro fundador de los principales foros multilaterales, esto es, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), entre otros no menos relevantes. Más aún cuando es conocido a escala mundial que aplicar políticas que consideren el medio ambiente y la biodiversidad es tema de Seguridad Nacional, por los efectos que el cambio climático supone para poblaciones, ciudades, biodiversidad e inclusive para el desarrollo de los Estados.

Ahora el Presidente de los E.U. enfrenta cuatro problemas: 1) el cuestionamiento de la comunidad internacional; 2) las criticas a su visión sobre seguridad nacional y seguridad global; 3) las dudas sobre si E.U. podrá sustraerse a la generación de energías limpias; 4) el impacto económico que se derivará de la mayor competitividad de las economías que utilizan energías limpias; la sociedad abierta hoy se cierra ante la historia, página difícil en que ni las agencias de inteligencia de los Estados Unidos muestran capacidades para procesar la información de que disponen para proteger a su ciudadanía y explicársela a su Presidente.

Una reforma necesaria a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario

by Waldo Fernández
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La reforma energética del año 2013 establece que se reformarán los artículos 25, 27 y 28 para otorgar un desarrollo en materia de energéticos con la rectoría del Estado; entre sus objetivos indica que va a mejorar la economía de las familias dado que bajarán los costos de la luz y el gas; que aumentará la inversión y los empleos; que se reforzará a PEMEX y CFE; así como que se reforzará la rectoría del Estado como el propietario del gas y petróleo. También la reforma planteó liberalizar los precios de gasolinas para que el precio final fuese puesto por las condiciones de mercado, en ese sentido la Comisión Reguladora de Energía (CRE) estableció que durante el año 2017 se daría ese proceso, lo que como es del dominio público comenzó a ocurrir en enero.

Sin embargo, a pesar de lo indicado por la Reforma Energética, los costos de la gasolina no disminuyeron, hay muchas razones para que tal situación acontezca, entre  estas los altos precios de petróleo y que el subsidio a las gasolinas terminó, sin embargo, un factor relevante en el costo de las gasolinas es que su transportación se sigue efectuando por ductos y vías carreteras.

Debe mencionarse que en México 4.5 de cada 10 litros de gasolina que se consumen provienen del extranjero, gran parte del estado de Texas en la Unión Americana, por lo que un transporte más eficiente bajaría los costos finales para los consumidores.  De acuerdo con datos de Ferromex un carro tanque tiene capacidad para mover 66 mil 525 litros. Entre los productos que transportan este tipo de tanques están: sosa cáustica, amoniaco, combustóleo, aceites, y ácido sulfúrico, entre otros, por lo que pudiera convertirse en un medio económico y menos contaminante para transportar la gasolina. En evidencia, el transporte ferroviario puede transportar de forma masiva cualquier cosa, y no hay razones ni argumentos para cuestionar que la gasolina pudiera llevarse de un lugar a otro por este medio.

Sin embargo, el lector recordará que los ferrocarriles se entregaron a concesionarios, esto es, ya no son propiedad ni son administrados por las instituciones del Estado mexicano; por ello,  la propuesta de llevar las gasolinas a través de los ferrocarriles enfrenta una problemática porque sólo el dueño de la concesión ferroviaria en México tiene la potestad de transportar carga sobre las vías concesionadas, esta potestad es una exclusividad que tienen los concesionados desde el día que se les otorgó por decreto hasta treinta años, por ello sólo hay un precio y una sola ruta por la que transitaría la carga de gasolina, esto consecuentemente haría difícil que bajaran los costos del producto y en poco beneficiaría al consumidor final. Parece que pasamos de un monopolio estatal o una dominancia privada en tres partes, ahora hay que hacer leyes para transportar nuestro petróleo por las vías férreas que antes eran nuestras, pero que a fuerza de dispendios, falta de racionalidad, y mala administración dieron por resultado un servicio atrasado, poco competitivo y con mal funcionamiento.

Por ello quien escribe estas líneas, junto con el Diputado Daniel Torres Cantú, plantea modificar la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, en particular se trata de adicionar el artículo 11 Bis y modificar el 15. Con esto se busca modificar la cláusula de exclusividad en materia ferroviaria para el transporte de petrolíferos, así como otorgar permisos para la construcción de espuelas y centros de almacenamiento que posibilitarían conectarlas con las vías ferroviarias troncales, todo ello para hacer una mejor economía y reducir el costos de la gasolina para las familias.

El concurso de nuevos inversionistas en el sector petrolero en el marco de la reforma energética en poco tiempo llevará a la misma conclusión sobre el alto costo de transportar el petróleo y sus derivados por el territorio nacional, la inversión extranjera tal vez sea un aliciente para promover e impulsar una mayor inversión en el sector ferroviario, pero lo cierto es debe abrirse esta opción en lo inmediato para abatir precios innecesariamente altos que afectan de manera negativa diversos sectores de la economía. Esta opción además generaría empleos y relanzaría un sector especializado en el manejo de carga, conectividad a la par de dar mayor dinamismo a diversas regiones del país.

Participación Ciudadana

by Waldo Fernández
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En los últimos años con la expansión de la democracia como régimen político y del liberalismo como vía de desarrollo económico, se acepta en lo general que un orden liberal y republicano necesita ciudadanos que sean corresponsables con la construcción del espacio público, es decir con el debate de la ideas, con la discusión entre las diferentes formas de pensar y desde luego con un ejercicio critico que fomente y posibilite además del control de los gobernantes que las iniciativas ciudadanas sean efectivas en el sistema político. Esto sólo es posible si se asegura la libertad de la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos y que las personas puedan desarrollar proyectos comunitarios y de vida autónomos.

La participación ciudadana es un derecho humano, un medio y un fin, así como la forma democrática de articular una corresponsabilidad con las autoridades gubernamentales; la participación ciudadana se puede concretar como las acciones emprendidas por las personas para vigilar las tareas de gobierno y controlar las actividades en las  que participa la propia comunidad. De acuerdo con el documento emitido por el Consejo Económico y Social de la ONU la participación ciudadana se convierte en un factor fundamental en la transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia en la prestación de servicios públicos; es así porque el principio de una República es que las personas puedan participar y efectivamente participen en los asuntos públicos, es decir, en los asuntos que son de todos.

En lo general puede entenderse la participación ciudadana como la intervención de individuos y de grupos de la sociedad en actividades públicas y procesos decisorios, esto en representación de sus intereses particulares; la ciudadanía tiene derecho a expresar sus intereses, a incidir en las acciones de gobierno que afectan su comunidad, a exigir que los gobernantes informen en qué y por qué conjunto de  razones se invierten los recursos públicos, asimismo, la ciudadanía puede asumir una posición ante decisiones que pueden afectar a toda una nación.

En el caso mexicano, algunos antecedentes de la participación ciudadana se remontan a un plebiscito de 1824 que dio como resultado la incorporación de Chiapas a la Federación. Está también el Plebiscito de 1993 sobre la Reforma Política del Distrito Federal en que participaron 321,933 ciudadanos: el 84.8% se pronunció a favor de la elección de gobernantes locales, el 84.3% demandó la existencia de un Congreso local y el 66.5% optó por la creación de un estado más.

De acuerdo con Arminda Balbuena Cisnero y Lucero Fragoso Lugo los instrumentos legales o figuras que existen y en que es relevante la participación ciudadana son: a) plebiscito: los ciudadanos expresan su aprobación o rechazo previo a actos o decisiones del Poder Ejecutivo; b) Referéndum: la ciudadanía manifiesta su aprobación o rechazo sobre la creación, modificación, derogación o abrogación de leyes propias de la competencia del Poder Legislativo; c) Iniciativa Popular: los ciudadanos pueden presentar al Poder Legislativo proyectos de creación, modificación, reforma, derogación o abrogación de leyes; d) Consulta Popular: vía para someter a consideración de la ciudadanía cualquier asunto que afecte a las entidades federativas o federación; y e) Revocación de mandato: para remover de su cargo a un funcionario electo antes de que concluya su periodo.

En México se publicó el 9 de agosto de 2012 el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ahí se establecieron dos instrumentos sustantivos de la participación ciudadana, a saber la consulta popular y la iniciativa ciudadana, y en evidencia otros quedaron pendientes. Sin embargo, nació un momento político diferente en que se hizo posible la participación ciudadana. Por otra parte, en Nuevo León se aprobó el 13 de mayo de 2016 la “Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León” cuyo artículo 3º establece que la participación ciudadana es el derecho de las y los ciudadanos habitantes del Estado de Nuevo León (…) a intervenir y participar, individual o colectivamente, en las decisiones públicas, en la formulación y evaluación de las políticas, programas y actos de gobierno.

El papel del internet en México

by Waldo Fernández
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En su visita a México el fundador de Alibabá Group, el fundador y presidente ejecutivo de la empresa de internet explicó en distintos foros la importancia de internet para el futuro de los Estados y el desarrollo de la economía. En sus palabras explica que “si la gente no está conectada a Internet en los próximos 10 ó 20 años, va a estar peor que cuando la gente no tenía electricidad hace 20 años; se quedarán rezagados”.

Con estas declaraciones en perspectiva, habrían de considerarse las capacidades institucionales que se requieren para potencializar el uso del internet, en específico la seguridad informática en nuestro país porque el desarrollo de internet tiene como contraparte una serie de riesgos.

De acuerdo con el libro “La Guerra en la Red” de Richard A. Clarke y Robert K. Knake el escenario del ciberespacio se convertirá en el teatro de operaciones para las próximas guerras entre estados.

Esta situación se ha visto reforzada por tres acontecimientos que posibilitan visibilizar el potencial de amenaza para Estados y ciudadanías: 1) en 2007 fue el ciberataque que se efectuó contra Estonia desde direcciones IP rusas, esto en represalia por quitar un monumento a los soldados soviéticos caídos durante la Segunda Guerra Mundial, cabe destacar que Estonia es uno de los Estados con mayor uso del internet por lo que los daños fueron importantes; 2)  en 2010 fue el empleo de Stuxnet un virus especialmente diseñado para destruir los sistemas de la planta nuclear iraní de Sushehr y el complejo de enriquecimiento de uranio en Natans, este segundo acto fue perpetrado por Estados Unidos e Israel; 3) en 2013 las revelaciones que dio Edward Snowden sobre las capacidades de investigación y el uso de los metadatos para intervenir correos electrónicos, servicios de voz, video, foto, entre otras, por parte de las agencias de inteligencia de ese país, es decir, un espionaje global, donde hasta los celulares de líderes mundiales fueron intervenidos.




En este contexto el Estado Mexicano asentó en su Programa para la Seguridad Nacional al ciberterrorismo como un riesgo y amenaza; asimismo, en México el Gobierno de la República puso en operación el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de México (CERT MX) de la Policía Federal.

Sin embargo, aún falta por hacer, por ejemplo Víctor Lagunes Soto, Jefe de la Unidad de Innovación y Estrategia Tecnológica de la Presidencia de la República, declaró en septiembre del año pasado que nuestro país pierde 3 mil millones de dólares por ciber delitos al año. Del mismo modo, en nuestro territorio sólo el 19 por ciento de las empresas tienen programas de seguridad informática contra el 40 por ciento que se presenta a nivel global.

Los daños por ataques del terrorismo cibernético pueden ir desde la inhabilitación de los equipos y algunas máquinas como lo demostró el caso de Stuxnet hasta el robo de información para después ponerla en venta, vulnerándose los datos personales y confidenciales de los usuarios.

En evidencia, si internet es la herramienta económica del futuro, hay que estructurar un plan de seguridad mediante una política pública que sume las acciones de Gobierno, empresas, centros de educación superior y ciudadanía contra los riesgos que puede traer.

La información que se maneja a través de Internet es valiosa para las personas y para las instituciones públicas, privadas y sociales. La información supone conocimiento, inteligencia y valor agregado, y esta información va desde la que se utiliza para operar una termoeléctrica o una planta nuclear hasta el intercambio de imagen, voz y texto de las personas en su vida cotidiana.




La seguridad informática representa uno de los ejes de trabajo, formación, capacitación e investigación del presente y del futuro, de ahí el peso que cada vez más se le da en diversos foros nacionales e internacionales, más aún si se consideran los graves riesgos a los que un país, una comunidad o una empresa están expuestos ante ataques de diferente índole que van desde el robo de activos hasta riesgos a la seguridad nacional.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”