Distribuidoras ‘vetadas’ piden audiencia con AMLO

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Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ‘vetó’ a tres distribuidoras de medicamentos “consentidas” en el sexenio pasado, la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud (ANDIS) solicitó una audiencia con el Presidente para reiterar su compromiso de apertura y transparencia.

El organismo aseguró que dos de las empresas vetadas por el Mandatario federal, Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (DIMESA) y Farmacéuticos Maypo, forman parte de la asociación y cumplen con los estándares de Ética y Transparencia.

“Han manifestado su compromiso de apertura para responder cuestionamientos y compartir cualquier información que la autoridad les señale”, dijo la ANDIS.

La Asociación detalló que ambas empresas han participado en los diversos procesos de licitación de compras consolidadas, cuyo mecanismo es evaluado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Secretaría de la Función Pública (SFP), los Organos Internos de Control de todas las dependencias y Testigos Sociales.

Señaló que la distribución de medicamentos no representa ningún gasto para las instituciones.

“El precio de compra de los medicamentos ya incluye el costo de la distribución para los dos mil puntos de entrega”, reportó el organismo a través de un desplegado.

Indicó que los miembros de la ANDIS representan a más de 200 laboratorios nacionales y extranjeros, que abastecen a las instituciones y entidades de salud que participan en la compra consolidada.

En 2018, distribuyeron casi mil 300 millones de piezas de productos, con un nivel de entrega promedio de 98 por ciento en dos mil puntos de entrega.

Abastecen medicamentos en almacenes, hospitales y farmacias del IMSS, ISSSTE, la Secretaría de Salud y otros centros hospitalarios de Sedena, Semar y Pemex.

Por otra parte, el Organo Interno de Control de la Secretaría de Salud investiga a las distribuidoras “consentidas” del Gobierno de Enrique Peña Nieto para la venta de fármacos en el sector salud.

De acuerdo con fuentes de la dependencia, a la fecha, la Ssa no ha detectado ninguna irregularidad.

Grupo Fármacos Especializados, Farmacéuticos Maypo y Distribuidora Internacional de Medicinas y Equipo Médico concentraron el 58.3 por ciento del gasto que corresponde a la compra de medicamentos en el IMSS e ISSSTE durante el sexenio pasado, lo que equivale a 176 mil 583 millones de pesos, así como 42 por ciento del gasto de las ventas de medicina a los estados, es decir, otros 3 mil 134 millones de pesos.

OCDE alerta sobre los riesgos de austeridad en Gobierno

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El Secretario General de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría, advirtió el riesgo de que en aras de la austeridad se afecte la funcionalidad de las estructuras del Gobierno.

Al entregar en la Secretaría de la Función Pública (SFP) los reportes de seguimiento que ese organismo hizo del sistema de integridad mexicano y de compras públicas, Gurría dijo que se debe tener cuidado al momento de reducir los recursos.

“Es decir, ¿cómo hacemos congruente la austeridad con la profesionalización y la suficiencia de esta función? Porque luego, si queremos ahorrar mucho en términos de no tener suficientes estructuras, lo que va a pasar es que el sistema no responde y el sistema se puede volver, ante la opinión pública, ineficiente y por lo tanto perder la credibilidad y perder la autoridad”, señaló.

Gurría dijo que uno de los principales desafíos que enfrenta la SFP es mejorar la capacidad de investigación e integración de los expedientes, pues solo en uno de cada 12 casos que lleva ante el Tribunal de Justicia Administrativa consigue una resolución sancionatoria.

Por ello, sostuvo, es importante que los Organos Internos de Control (OIC) estén integrados por personal capacitado, que cuente con experiencia y que perciba un salario acorde con su nivel de responsabilidad.

La titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, hizo un llamado a los funcionarios que trabajan en los OIC para que retomen su función y se conviertan en verdaderos fiscalizadores de las dependencias en donde se encuentran.

“Es una instrucción y exigencia que estoy segura que cada uno de ustedes lleva en su inteligencia el ser verdaderos fiscalizadores en las dependencias. En salirnos de esos sitios de confort en los cuales se habían quedado los Organos Internos de Control en el pasado”, señaló.

Es anulada sanción a Odebrecht por no expedir copias certificadas

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Una de las inhabilitaciones para recibir contratos públicos impuestas a la constructora de BrasilOdebrecht, fue anulada por parte de un tribunal federal.

De acuerdo con información de Reforma, la inhabilitación por cuatro años por irregularidades en contratos asignados por Petróleos Mexicanos, fue invalidada debido a que la Unidad de Responsabilidades en Pemex Transformación Industrial se negó a expedir copias certificadas del procedimiento respectivo a los abogados de Odebrecht, a menos que se hiciera un pago previo por dichos documentos.

El Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa dejó sin efectos todo lo actuado a partir del 5 de septiembre de 2017 en el procedimiento PTRI-S-005/2017, que tendrá que ser repuesto para que Odebrecht pueda defenderse de nueva cuenta.

Una vez realizado este trámite, la Unidad de Responsabilidades, que depende de la Secretaria de la Función Publica (SFP), podrá resolver de nuevo si impone la misma sanción, si se modifica o se cancela.

Según el tribunal colegiado, no es posible una defensa adecuada “si el inculpado sólo cuenta con los datos reflejados en el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo, pero sin contar con los elementos de prueba que estime necesarios para llevar a cabo su defensa, como son las copias certificadas del dictamen contable financiero del 21 de agosto de 2017, solicitadas a la autoridad responsable”.

La Función Pública revisa el patrimonio de Rosario Robles y Emilio Lozoya

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En comparecencia ante comisiones de la Cámara de Diputados, la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, informó que la dependencia a su cargo está revisando el patrimonio de Rosario Robles, titular de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.

Gómez dio a conocer lo anterior luego de que legisladores acusaron pasividad por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en casos emblemáticos de posibles actos de corrupción: la llamada “estafa maestra” con la que se vincula a la Sedatu y a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por un lado, y la trama de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, por otro.

“Sí, sí existen verificaciones patrimoniales instauradas a Rosario Robles y a Emilio Lozoya; sin embargo, en ejercicio del derecho de audiencia que les otorga la leyestán en la etapa de aclaraciones, por lo que respetando su derecho de defensa, no puedo informarles más al momento”, dijo la funcionaria.

Durante la comparecencia con motivo del análisis del sexto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, diputados de Morena señalaron deficiencias en el desempeño de la SFP y aseguraron que este sexenio no cumplió su propósito de combatir la corrupción.

La diputada Aleida Alavez acusó que esta administración está marcada tanto por actos corruptos como por la impunidad.

“En este gobierno, al menos así lo estamos observando en la glosa que realizamos, los titulares de cada sector parecen no enterarse de nada, y tampoco ustedes. Casos de corrupción van y vienen, en medio de la más absoluta impunidad”, dijo la morenista.

A su vez, diputados de MC aseguraron que la impunidad en los casos de “La estafa maestra” y la llamada ‘casa blanca’ de la familia presidencial fueron el sello de este sexenio.

El presidente de la Comisión de Vigilancia, Mario Alberto Rodríguez, dijo que hay vacíos en materia de sanciones, pese a las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Consideró que la desconfianza en las instituciones demanda que desde el Congreso se combata la corrupción y se garanticen la transparencia y la rendición de cuentas.

En 2017, un 73% de los funcionarios ocultó su información patrimonial

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Durante 2017, el 73% de los funcionarios federales decidió no revelar su información patrimonial; mientras un 12% lo reveló de manera parcial y solo un 15% lo hizo público, indicó este lunes la organización no gubernamental Data Cívica.

La organización presentó este lunes la plataforma 1560000.org, una base de datos que busca simplificar la consulta de las declaraciones patrimoniales que están almacenadas en Declaranet.

De acuerdo con la organización, consultar, comparar y contrastar estas declaraciones entre funcionarios, dependencias o años es actualmente un proceso casi imposible. En Declaranet, plataforma que pertenece a la Secretaría de la Función Pública, los usuarios pueden consultar las declaraciones siempre y cuando conozcan el nombre preciso del funcionario de su interés o su RFC. Los usuarios pueden ver solamente una declaración a la vez, con la opción de descargarla únicamente en formato PDF.

“Hasta antes de 2017, era una prerrogativa de los funcionarios decidir no revelar su información patrimonial, prerrogativa que usaron el 73% en 2017″, explicó la directora de análisis de datos y contenidos de Data Cívica, Carolina Torreblanca, en conferencia de prensa.

Además, en las declaraciones que son públicas, es fácil encontrar información incorrecta o inexacta. Hay declaraciones patrimoniales donde los funcionarios reportan ingresos por puesto de 0 o de 1 peso, o, en el caso opuesto, en las que se reportan ingresos mensuales multimillonarios para funcionarios que son jefes de despacho.

“En 2017, menos del 20% de los funcionarios que hizo una declaración patrimonial por inicio del cargo reportó algún ingreso. La gran mayoría de los funcionarios optó por reservar su información patrimonial y declaró no tener ningún conflicto de interés, señaló Data Cívica en un comunicado de prensa.

Torreblanca también destacó que hay diferencia entre la cantidad de declaraciones que se revelan en cada dependencia. Por ejemplo, en la Secretaría de Marina, un 62% de los funcionarios decidieron no revelar su declaración patrimonial, contra un 85% que oculta su información en la Secretaría de la Función Pública (SFP).

La plataforma 1560000.org surge después que un ciudadano solicitara a la SFP los datos de Declaranet en un formato abierto. La dependencia se negó a producir esa información, pues argumentó la inexistencia de la base de datos detrás de los PDF. Además, sostuvo que generar la base de datos en formato abierto costaría 1 millón 560,000 pesos y tardaría 221 días naturales.

Data Cívica construyó una base de datos abierta con toda la información de las declaraciones patrimoniales.

“Usando el listado de los nombres de funcionarios públicos que presentaron declaraciones desde el primer semestre de 2013 hasta el segundo semestre de 2017, información pública, hicimos miles de consultas sistematizadas a Declaranet para primero descargar uno a uno todos los PDFs de las declaraciones de todos los funcionarios y después traducir la información que está contenida ahí en una gran base de datos abierta, que las personas pueden descargar y manipular”, explicó la ONG en un comunicado.

Sexenio de EPN es el más violento para la prensa: Artículo 19

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Artículo 19 lanzó un enérgico llamado al gobierno de Enrique Peña Nieto para garantizar el libre ejercicio del periodismo ya que en este sexenio “cada año ha sido más violento que el anterior” y se han registrado mil 986 agresiones a periodistas.

Al presentar su informe anual Democracia simulada, nada que aplaudir, la organización informó que el año pasado logró documentar 507 agresiones a periodistas, incluyendo 12 asesinatos y una desaparición forzada, “colocando a México como el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina“.

El texto señala que las privaciones de libertad aumentaron 2.5 veces en este sexenio: en promedio se registraron 17 cada año durante la gestión de Felipe Calderón; con Peña Nieto son 44.

Asimismo, se documentaron 20 casos de periodistas desplazados de manera forzada debido a las agresiones relacionadas con su actividad profesional; 11 de ellas ocurrieron en 2017.

Algo grave es que, según Artículo 19, “la violencia pasó de estar concentrada en algunos estados -principalmente los que contaban con mayor presencia del crimen organizado-, a ser generalizada en todo el país”.

Los periodistas que cubren la fuente de seguridad y justicia se encuentran en riesgo, especialmente en los estados de Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Baja California Sur y Guerrero. Pero ahora, las agresiones están dirigidas también a la fuente de corrupción y política, siendo la capital del país donde se concentra el mayor número de casos.

La organización señala que el discurso oficial “ha culpado una y otra vez” al crimen organizado por la violencia contra la prensa. No obstante, de las mil 986 agresiones ocurridas en los últimos 5 años, sólo 8 por ciento fueron responsabilidad de delincuentes y el 48 por ciento corresponde a funcionarios públicos.

“Al inicio de sexenio, Artículo 19 documentó que 75 por ciento de los asesinatos de periodistas eran cometidos presuntamente por integrantes del crimen organizado. Al cierre del sexenio puede identificarse que 21.9 por ciento de los asesinatos fueron presuntamente cometidos por integrantes del crimen organizado y 19.5 por ciento por funcionarios públicos“.

Además, las agresiones a medios digitales en 2017 superaron a las de los medios impresos con 47.8 y 20.8 por ciento de los casos.

En su informe, Artículo 19 dedica un capítulo a la publicidad oficial “como mecanismo de control indirecto de las líneas editoriales y como herramienta de censura sutil hacia los medios de comunicación”.

Los recursos de la publicidad gubernamental se ejercen sin control y con cantidades hasta 200 por ciento más a lo presupuestado. “En la actual administración se sobreejerció el 71 por ciento del gasto presupuestado. De acuerdo con las cifras sobre erogaciones de Comunicación Social de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el gobierno de Enrique Peña Nieto gastó desde enero de 2013 hasta diciembre de 2017, más de 40 mil millones de pesos en publicidad oficial”.

La organización recomendó prohibir esta práctica y crear un ente regulador de la publicidad oficial que no dependa de la Secretaría de Gobernación, sino que sea una Comisión de Vigilancia o un Consejo Nacional“.

SFP ve responsabilidad de SCT en Paso Exprés

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La Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió procedimientos administrativos sancionatorios contra funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por las irregularidades cometidas en la construcción del Paso Exprés de Cuernavaca.

Estos procedimientos, informaron fuentes de la dependencia, se iniciaron luego de considerar que en 11 de las observaciones formuladas en la auditoría practicada a la obra existen elementos para presumir una responsabilidad administrativa.

El 12 de septiembre del año pasado, la SFP dio a conocer el resultado de la auditoría practicada a la obra, en la cual encontró irregularidades por un monto de mil 34.4 millones de pesos y formuló 22 observaciones ante las deficiencias técnicas y administrativas detectadas.

La SCT no pudo solventar las observaciones formuladas y por ello, en 12 de ellas se consideró el inicio de los procedimientos administrativos sancionatorios, en tanto que el resto sigue aún bajo análisis.

El 12 de julio del año pasado, a menos de tres meses de que fuera inaugurada, se formó un socavón de cinco metros de profundidad sobre la vía, en el que cayó un vehículo y sus dos ocupantes fallecieron en el lugar.

Éste es el gabinete que propone López Obrador en caso de ser presidente

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En el primer día de precampaña, Andrés Manuel López Obrador presentó al gabinete que encabezaría su gobierno, en caso de ganar la elección presidencial en julio próximo.

De ganar el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dijo, las personas que integrarían las diversas secretarías son: Olga María Sánchez Cordero, Gobernación; Héctor Vasconcelos, Relaciones Exteriores (SRE); Graciela Márquez Colín, Economía; Carlos Urzúa, Hacienda y Crédito Público (SHCP), y Rocío Nahle, en la Secretaría de Energía.

Víctor Villalobos encabezaría la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); Luisa Alcalde, la del Trabajo y Previsión Social (STPS); Esteban Moctezuma Barragán, Educación (SEP); Alejandra Frausto, Cultura; Javier Jiménez Espriú, Comunicaciones y Transportes (SCT); Josefina González Blanco Ortiz Mena, Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y Miguel Torruco, Turismo (Sectur).

En la Secretaría de la Función Pública (SFP) estaría Irma Eréndira Sandoval; Salud, Jorge Alcocer; Desarrollo Social (Sedesol), María Luisa Albores, y en Desarrollo Agrario, Román Guillermo Meyer.

La insistencia en un gabinete y su reconocimiento a Juárez como el mejor presidente ocurre un día después de las críticas que recibió por su alianza “de principios y valores, morales y espirituales” con el partido evangélico Encuentro Social, cuyas posturas son ultraconservadoras.

Secretaria de la Función Pública inhabilita a filial de Odebrecht

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Monterrey (12 de diciembre de 2017).- La Secretaria de la Función Pública, inhabilito ayer por cuatro años a la Constructora Norberto Odebrecht, para poder recibir contratos de administración publica. Todo esto tras ocasionar falos que superan los 100 millones de pesos en Pemex en las obras de la Refinería de Tula, Hidalgo.

Información oficial demuestra que el filial de Odebrecht S.A. no cumplió con las obligaciones pactadas, y al no respetar estas, fue el motivo de su sanción. Misma que entrara en vigor a partir de hoy 12 de diciembre de 2017, que a su vez con un amparo de la propia empresa, pudiera ser litigado y en consecuencia suspendido.

En el acuerdo se lee; ” Los contratos adjudicados y los que actualmente se tengan formalizados con la mencionada infractora, no quedarán comprendidos en la aplicación de la presente Circular”.

“La presente inhabilitación se extiende a los procedimientos de contratación de todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Procuraduría General de la República, así como a las Empresas Productivas del Estado y Entidades Federativas, se realicen con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal”.

Quedarán pendientes otros procedimientos que la SFP dejó pospuestos para sancionar contra los filiales de la Odebrecht, uno de los es por un monto de 2.5 millones de pesos en la ejecución de un contrato de la Refinería Hidalgo.

 

 

 

 

ONG acusa “Franco Boicot” al Sistema Nacional Anticorrupción

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La directora por la Rendición por la Rendición de Cuentas (RRC), Lourdes Morales Canales, acusó que hay un “franco boicot” contra la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, durante la discusión “Diálogos vs la corrupción”, realizada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), en el marco de la Semana Anticorrupción.

La académica señaló que el hecho que no se hayan nombrado a los fiscales y magistrados anticorrupción y que hasta la fecha sólo 14 estados hayan armonizado sus legislaciones a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) — cuando

La experta señaló que en cuanto al marco normativo, sí se están impulsando reformas en la materia, pero no se han podido concretar. “Es muy frustrante como activista, académica (…) que frente a la realidad veamos todo esto capturado y en juego por las elecciones”, agregó.

La académica acusó que de acuerdo con el Semáforo Anticorrupción de las organizaciones Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Transparencia Mexicana y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), al 24 de noviembre 14 estados habían homologado sus legislaciones que tenían que haber completado el pasado 18 de julio y sólo 11 entidades cuentan con consejos de participación ciudadana.

Morales refirió que existen cuatro temas fundamentales para combatir la corrupción en el contexto actual: corrupción de ventanilla, el acceso a la función pública, justicia administrativa y redes de corrupción.

En esta primer mesa participaron Max Kaiser, director anticorrupción del Imco, Roy Campos, presidente de Consulta Mitofksy, y la investigadora de la UNAM Issa Luna Pla, mientras que en al segunda que se realizará el 8 de diciembre contará con la asistencia del profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Javier Aparicio; de la directora general de Suma Urbana A.C., Josefina Mac Gregor; y del director general de Data4, José Merino.