¡El descaro! Odebrecht reclama 2 mil 245 millones de pesos al gobierno mexicano

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Odebrecht se envalentona y ahora pretende cobrar al Gobierno mexicano 2 mil 245 millones de pesos por el finiquito por los contratos cancelados en las refinerías de Tula, Hidalgo y en Salamanca, Guanajuato.

La constructora brasileña que ha sido sancionada en múltiples países latinoamericanos acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para quejarse por violaciones a sus garantías.

Entre los reclamos se encuentra el cálculo del finiquito que busca cobrar a Pemex por la terminación anticipada de los contratos en las dos refinerías.

Sacando sus cuentas, Odebrecht estima que se le deben casi 432 millones de pesos por el finiquito en Salamanca, y por el de Tula, 1 mil 813 millones de pesos.

Así que, si el Gobierno de México pretende cobrarle más de 1 mil millones de pesos por finiquitar los contratos, la empresa alega ahora tener saldo a favor.

Joao Henrique Andrade Araujo Horst, apoderado de la firma asegura que “el Poder Ejecutivo federal pretende que mis representadas realicen un pago de más de 1 mil 149 millones 289 mil 878.08 pesos con base en actos sin sustento y de manera unilateral”.

Pero asegura que “en realidad existe un saldo a favor de mis representadas de aproximadamente 2 mil 245 millones de pesos” derivado de daños y saldos de obra pendiente en Tula y Salamanca.

Y detalla que en relación al contrato para el desarrollo de la Fase 1 del proyecto de conversión de residuales de la refinería de Salamanca, firmado en 2014, la constructora señala que Pemex Transformación Industrial desconoce adeudos por 32 millones 451 mil 908 dólares con los contratistas.

En tal convenio, ICA Flour Daniel y Flour Enterprises participaron con Odebrecht, la cual reclama 22 millones 369 mil 503 dólares, equivalentes al actual tipo de cambio a 431 millones 955 mil 102 pesos.

La empresa sudamericana se quejó ante la CNDH que en el acta de finiquito del 14 de enero de 2019 (la cual acusa que Pemex ya tenía elaborada, previo a la reunión) de manera unilateral la petrolera impuso un supuesto saldo a su favor por 51 mil 453.57 dólares, que al tipo de cambio actual son 993 mil 568 pesos.

Los 1 mil 813 millones de pesos restantes que reclama Odebrecht corresponden al contrato de construcción de accesos y obras externas para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la refinería de Tula.

Esta cifra está estimada al tipo de cambio actual, que es más bajo que el que presentó la empresa en diciembre pasado, cuando dieron a conocer una demanda civil por este caso y calculó los adeudos en 1 mil 878 millones de pesos.

Desde su queja original del 14 de diciembre en la CNDH, Odebrecht se quejó de un dictamen contable presuntamente ilícito, empleado por la Secretaría de la Función Pública para inhabilitarla por cuatro años, derivados del contrato de plataformas de Tula.

Como van las cosas, en una de esas no solo nadie terminará en la cárcel por la corrupción relacionada a los sobornos, que la empresa reconoció como práctica recurrente para conseguir contratos sino hasta terminaremos pagándole y ofreciendo disculpas.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Funcionario de Pemex ligado a caso Odebrecht está encargado del proyecto de refinería de Dos Bocas

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El ingeniero Leonardo Cornejo Serrano, subdirector de Proyectos de Pemex Transformación Industrial (PTI), vinculado al caso Odebrecht está al frente del proyecto de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, el proyecto de infraestructura más importante de la industria petrolera en el Gobierno de López Obrador.

Cornejo Serra participó en el proceso de adjudicación directa de por lo menos 1 de los 4 contratos otorgados a la empresa Odebrecht, que aún son indagados por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaria de la Función Pública, por presuntos actos de corrupción.

El pasado 23 de enero de 2019 el ingeniero Cornejo recibió una petición de la secretaria de Energía y una instrucción del director de Pemex, Octavio Romero, para iniciar las actividades en “atención de los proyectos” (refinería de Dos Bocas y “rehabilitaciones necesarias para el Sistema Nacional de Refinación“).

El oficio en el que Octavio Romero emite la petición indica que son “proyectos prioritarios para el Presidente de la República“.

Cabe resaltar que un día previo a esta petición, Andrés Manuel expresó que durante su administración no serían “contratados quienes tengan malos antecedentes” de corrupción.

 

Revelan pacto entre gobierno de México y Odebrecht

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El Gobierno mexicano pactó desde 2017 “no ejercer ninguna acción civil, administrativa o penal en contra de funcionarios de la empresa Odebrecht” por sobornos a funcionarios de Pemex.

En una tarjeta informativa emitida este jueves por la Fiscalía General de la República (FGR), se da cuenta de que Raúl Cervantes quien entonces era procurador de la Procuraduría General de la República (PGR), suscribió un convenio con la justicia brasileña, en el que esta se comprometió a compartir información de la investigación, a cambio de que México no procediera penal, civil y administrativamente contra ejecutivos de la firma.

Se precisó también que tales convenios fueron ratificados por México en tres ocasiones, uno con fecha de 16 de febrero y dos el 14 de junio de 2017.

Tras el acuerdo, la PGR tomó declaración a los cariocas Marcelo Bahía Odebrecht, Luis Alberto Meneses Weyll e Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, quienes hicieron señalamientos que al parecer nunca se sabrán, pues descansan bajo la cobija del eterno debido proceso.

En mayo de 2017, también se entrevistó a tres funcionarios de Odebrecht México: Helder Antonio Campomizzi, actual coordinador de licitaciones de la empresa en nuestro país; José Vito Facciolla Junior, director de Proyectos Odebrecht México, y Guillermo Antonio Suárez Solís, representante legal de la compañía.

Los tres últimos aportaron diversos datos de prueba en la relación Pemex-Odebrecht donde se imputa a Emilio Lozoya Austin de recibir sobornos.

Según la Fiscalía, desde que se recabó la entrevista en calidad de imputado de Lozoya, exdirector general de Pemex, quien se reservó su derecho a declarar, ningún funcionario de la empresa, ni de Brasil ni de México ha sido citado a comparecer.

La FGR agregó que entre mayo y septiembre de 2018, la PGR recibió información financiera procedente de Suiza, así que pidió al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia Organizada que determinara cuál era la red de vínculos respecto a transferencias, depósitos y personas involucradas, se supone que estará listo en una semana.

Precisamente este jueves, la FGR informó que no hará pública indefinidamente ninguna información del caso en el que su vincula a Lozoya de haber recibido más de 10 millones de dólares en sobornos.

Al parecer, el pacto benefició a funcionarios de la constructora, y de paso a los funcionarios del Estado mexicano pues gozan de total impunidad.

En otros países, donde Odebrecht realizó acuerdos, tras descubrirse su cauda corruptora, los funcionarios de gobierno han caído como fichas de dominó.

Por ejemplo, en Brasil provocó que Luis Inácio Lula da Silva terminara en la cárcel, y se han visto involucrados los expresidentes Dilma Rousseff y Michel Temer.

En Perú, Pedro Pablo Kuczynski, renunció en 2018, al descubrirse la trama corruptora, pero también se investiga a los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García, y Ollanta Humala.

Panamá investiga a los expresidentes Martín Torrijos, Ricardo Martinelli y el actual, Juan Carlos Varela, y hay 76 imputados de los cuales hay cinco encarcelados.

En Venezuela, Nicolás Maduro envió a prisión a cuatro directivos, acusados de recibir sobornos, aunque el escándalo salpicó al mismo Maduro y a Diosdado Cabello, por supuesto lo negaron, diciendo que eran “especulaciones”.

En Colombia, hay seis condenados y el detenido de mayor rango es el exviceministro de Transportes, Gabriel García.

En Ecuador, el exvicepresidente Jorge Glas fue sentenciado a seis años de prisión. Hay 24 causas abiertas y el excontralor está prófugo.

En Guatemala, existen siete condenas, cuatro solicitudes de captura y el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi está prófugo.

Argentina llegó a un arreglo similar al de México, y solo hay sospechas sobre si dinero sucio  habría llegado la empresa de un familiar del presidente Mauricio Macri.

Y en República Dominicana existen siete personas procesadas.

FGR se niega nuevamente a transparentar caso Odebrecht

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La Fiscalía General de la República (FGR) informó que tramito tres amparos para no dar a conocer información del caso Odebrecht, información requerida por ya en varias ocasiones por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En un comunicado de prensa, la FGR detalló que mediante la resolución del 29 de enero de 2019, “el juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, concedió la suspensión definitiva para que no se dé la información solicitada en los autos del Juicio de Amparo 1386/2018-V, promovido por la agente del Ministerio Público de la Federación encargado del asunto y para que los comisionados del INAI se abstengan de exigir el cumplimiento de la solución del 3 de octubre de 2018”.

Por otro lado, se señaló que en los otros dos casos pendientes, se encuentras ante la autoridad Jurisdiccional del Amparo 9 y 12 en materia Administrativa para su resolución definitiva.

El Ministerio Público Federal señaló que ha recibido 121 solicitudes de acceso a la información, de las cuales, en 10 se reservó la información por versar sobre datos de la investigación, protegidos en razón del artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en 1 se proporcionó la información solicitada por tratarse de datos estadísticos.

De las 10 reservadas anteriormente, en tres hubo resoluciones del INAI a los recursos de revisión que interpuso el solicitante de información, que no es posible obsequiar por las reservas legales señaladas, razón por la cual, el Agente del Ministerio Público promovió Juicio de amparo, a lo que está obligado como consecuencia del texto legal ya señalado.

(Con información de López-Dóriga Digital)

Urgen a PGR revelar a implicados en caso Odebrecht

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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) revelar los nombres de los funcionarios y ex funcionarios públicos citados a comparecer por delitos de corrupción, sobornos y otros ilícitos, dentro de la averiguación seguida contra Odebrecht.

“Instruirle para que proporcione los nombres de funcionarios o ex funcionarios públicos citados a declarar, los que consten en fuentes oficiales de acceso público, así como de aquellos que ya hubiesen sido notificados en las investigaciones que se encuentran en curso”, explicó la comisionada ponente, Blanca Lilia Ibarra.

Sin embargo la resolución se limitará a personajes involucrados cuyas investigaciones se encuentren pendientes o no hayan sido notificados.

La reserva invocada prevalecerá respecto de los servidores públicos cuyo testimonio se encuentre relacionado con alguna línea de investigación pendiente de ser agotada o bien, que no hayan sido notificados en la investigación inicial en su contra, precisó Ibarra Cadena.

El caso Odebrecht exhibió presuntos actos de corrupción en torno a una red de sobornos empresariales a nivel internacional, entre ellos, los pagos realizados entre los años 2010 y 2014 a funcionarios públicos de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Las investigaciones repercutieron en alrededor de 20 países, entre ellos Brasil, donde se le conoció como LavaJato en el que dicha constructora pagó millones de dólares a PETROBRAS, para que se le adjudicaran numerosos y multimillonarios contratos.


Es anulada sanción a Odebrecht por no expedir copias certificadas

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Una de las inhabilitaciones para recibir contratos públicos impuestas a la constructora de BrasilOdebrecht, fue anulada por parte de un tribunal federal.

De acuerdo con información de Reforma, la inhabilitación por cuatro años por irregularidades en contratos asignados por Petróleos Mexicanos, fue invalidada debido a que la Unidad de Responsabilidades en Pemex Transformación Industrial se negó a expedir copias certificadas del procedimiento respectivo a los abogados de Odebrecht, a menos que se hiciera un pago previo por dichos documentos.

El Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa dejó sin efectos todo lo actuado a partir del 5 de septiembre de 2017 en el procedimiento PTRI-S-005/2017, que tendrá que ser repuesto para que Odebrecht pueda defenderse de nueva cuenta.

Una vez realizado este trámite, la Unidad de Responsabilidades, que depende de la Secretaria de la Función Publica (SFP), podrá resolver de nuevo si impone la misma sanción, si se modifica o se cancela.

Según el tribunal colegiado, no es posible una defensa adecuada “si el inculpado sólo cuenta con los datos reflejados en el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo, pero sin contar con los elementos de prueba que estime necesarios para llevar a cabo su defensa, como son las copias certificadas del dictamen contable financiero del 21 de agosto de 2017, solicitadas a la autoridad responsable”.

Información de caso Odebrecht pedida por México está bloqueada en Brasil porque PGR no firma acuerdo

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El Ministerio Público de Brasil dijo que la PGR no quiere firmar un acuerdo que le permitiría recibir información sobre el caso de sobornos de la empresa Odebrecht, uno de los mayores escándalos de corrupción en América Latina.

La autoridad brasileña dijo en un escrito a la agencia AP que los países interesados en tener acceso al expediente deben suscribir el acuerdo y respetar reglas como “la prohibición de uso de dicha información en contra de los colaboradores“.

México, agregaron, no ha explicado las razones de su negativa a firmar, y tampoco ha corregido unos documentos que “no cumplían con los parámetros o criterios legales para ser procesados”.

AP señaló que pidió a PGR una postura, pero no hubo una respuesta inmediata.

PGR da a conocer que Brasil no ha dado información de Odebrecht

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La Procuraduría General de la República (PGR), dio a conocer que gobierno de Brasil no ha dado información sobre el caso de supuestos sobornos de la empresa Odebrecht al ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin.

Felipe Muñoz Vázquez, subprocurador de Delitos Federales, dijo a medios que aunque ha habido gestiones con autoridades brasileñas, éstas no han aportado pruebas a la investigación que esta abierta en contra de Lozoya, por enriquecimiento ilícito y cohecho.

“Brasil no nos ha proporcionado la información hasta ahora”, dijo en conferencia de prensa el subprocurador.

Por otro lado, el funcionario de la PGR fue cuestionado sobre el fallo del INAI, de hacer pública la carpeta de investigación, a lo que Muñoz Vázquez respondió que están valorando la resolución y que pronto darán cumplimiento a una versión pública.

Corrupción, impunidad e inseguridad: el legado de Peña Nieto

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Ante la proximidad del relevo presidencial, resulta necesario dar un recuento general de lo que fue el sexenio de Enrique Peña Nieto a partir de tres ejes centrales: político, económico y social. 

En términos políticos, Peña Nieto apareció en un principio como un gran negociador; como un pragmático que para los primeros años de su sexenio ya tenía avalado un paquete de reformas estructurales en distintos rubros. 

En un sentido bonapartista, fue capaz de posicionarse por arriba de los conflictos partidistas de antaño y pactar con las fuerzas de ambos polos del espectro político. 

Las reformas representaban la continuación del proyecto de desarrollo económico emprendido en la década de los ochenta: la integración mexicana en el sistema económico mundial a partir de su apertura comercial y su liberación financiera. 

Si las reformas de primera generación se concentraron en reducir el manejo de los instrumentos de producción por parte del Estado, bajo el apotegma la iniciativa privada es más eficiente que el gobierno, las reformas de segunda generación buscaron crear las instituciones que permitieran el óptimo despliegue de las fuerzas del mercado -reformas laboral, en telecomunicaciones y en competencia económica- y el aumento de la productividad, lo que se traduce en un aumento en el salario real de los trabajadores -reforma educativa. 

Empero, si se puede aplaudir su capacidad negociadora, la implementación de dichas reformas es lamentable. Una modificación a la Constitución no se traduce mecánicamente a una transformación de la realidad social. Por el contrario, hace falta desplegar mecanismos políticos e institucionales para verlas materializadas. 

A ello, sumemos los casos de corrupción de la Casa Blanca, Malinalco, la estafa maestra, Odebrecht y el ramo 23. Estos sin duda son indignantes, pero más el intento de burlarse de la población mexicana al designar a un subordinado que investigara el posible conflicto de interés en los primeros dos casos. 

En el aspecto económico, el saldo no parece claro si matizamos. Por un lado, es cierto que aunque el crecimiento económico fue sostenido (2.5 por ciento anual en lo primeros cinco años de su administración), éste resulta insuficiente para comenzar a revertir los problemas de pobreza y desigualdad. 

Por otro lado, hasta marzo de este año la divisa mexicana se había depreciado 30.2 por ciento; cifra significativa, sin embargo, la pérdida del poder adquisitivo del peso se debió principalmente por factores externos -la elección presidencial de Trump, la renegociación del TLCAN, la caída del precio del petróleo, etc.- y no por distorsiones internas. 

En cuanto a la inflación, el promedio anual de este sexenio (4.1 por ciento en los primeros cinco años) ha sido la más baja desde los últimos ocho sexenios. Empero, como señala Jonathan Heath en su columna del miércoles en el periódico Reforma, ello es mérito del Banco de México más que del gobierno federal. 

Por último, en términos de cuenta corriente, entre 2013 y 2018 el país tuvo un déficit comercial de 2.21 por ciento, cifra significativa sobre todo si consideramos la estructura de dicho balance -superavitario frente a Estados Unidos y Canadá y deficitario frente países asiáticos. 

En términos macroeconómicos, la economía mexicana parece encontrarse relativamente estable, más si la comparamos con otras economías emergentes como Turquía, Argentina y Brasil. 

Finalmente, en cuanto al aspecto social no existe la menor duda de que el sexenio de Peña Nieto fue infame. Principalmente por dos cuestiones: Ayotzinapa y la violencia. 

En el primer caso, el uso del Ejército y la Policía Federal y estatal para el levantamiento y el posible asesinato de estudiantes recuerda el viejo autoritarismo represor de los años sesenta y setenta.

En el segundo caso, Peña Nieto decidió continuar la guerra contra el crimen organizada que empezó Calderón. Sin ningún análisis previo y sin contemplar enfoques alternativos, el gobierno mantuvo a las fuerzas armadas en las calles, priorizando el combate frontal como única estrategia. Ante ello, se extiende uno de los periodos más sombríos de la historia reciente del país y se agrava la descomposición del tejido social. 

Aunque existan algunos aspectos que rescatar, el periodo de Enrique Peña Nieto será recordado como el sexenio de la corrupción, la impunidad y la inseguridad.   

Fepade afirma que sigue indagatoria a Lozoya

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La investigación al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso Odebrecht, sigue su curso y está a la espera información de instancias jurídicas internaciones, afirmó este miércoles el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR, Héctor Díaz Santana.

“Ustedes saben que en el sistema penal acusatorio, un sistema muy rígido, las evidencias que presente el fiscal o el ministerio público tienen que estar bien sustentadas.

“Seguimos trabajando, estamos a la espera de asistencia de instancias jurídicas internacionales”, dijo luego de participar en la presentación del estudio “Delitos Electorales Incidencia y evolución más allá de los partidos políticos”, realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano.

Para no afectar la investigación, dijo, Díaz declinó revelar qué países coadyuvan con la PGR.

“Pero estamos avanzando en el caso”, añadió.

Indicó que dependerá del avance de las investigaciones y las pruebas que pueda recabar en la investigación para citar Lozoya a comparecer.

Reforma publicó que una jueza federal prohibió, por lo pronto, pedir la aprehensión de Lozoya o presentar ante tribunales el expediente por el presunto financiamiento de Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012.

Respecto al Fideicomiso creado por Morena para la atención de afectados por los sismos de septiembre de 2017, el fiscal indicó que investiga todas las denuncias, garantizando la presunción de inocencia.

En cuanto la acumulación de denuncias por delitos electorales Díaz Santana indicó que la Fepade cuenta con 350 funcionarios dedicados a abatir el rezago en las investigaciones, que a enero sumaron unas 2 mil 200 carpetas de investigación y mil 700 averiguaciones previas.