Peña, Moreira y Del Mazo contrataron a empresa que ayudó a Odebrecht en sus corruptelas

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Una empresa fantasma fue encontrada como supuesta intermediaria de sobornos a través de mensajes secretos de Odebrecht. Recibió contratos de casi 180 millones de pesos por parte de la administración federal del ex-presidente Enrique Peña Nieto y de los gobiernos de los priístas Rubén Moreira en Coahuila y Alfredo del Mazo en el Estado de México. El concepto bajo el cual se recibió esta cantidad fue “de lavandería y limpieza”, según confirman documentos encontrados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

 

En documentos revisados por MCCI se encontraron transacciones de Odebrecht por 13 millones de dólares que involucran a 3 empresas mexicanas. Este dinero estaría ligado con actos de corrupción en México y otros países latinoamericanos como Ecuador y Venezuela. Casi 5 millones de dólares de este monto involucran a una empresa veracruzana creada en el 2008 con el nombre de PLC Servicios SA de CV y con domicilio fiscal en Monterrey, México. El Servicio de Administración Tribunaria (SAT) declaró a esta empresa “fanstasma”, ya que se determinaba que simulaba operaciones.

 

“Los mayores contratos a la presunta intermediaria de Odebrecht los otorgó la administración del actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, que entre diciembre de 2017 y agosto de 2018 desembolsó 172 millones de pesos.”

 

(Con información de Bajo Palabra)

Juez suspende parcialmente captura de Lozoya

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Una juez federal suspendió provisionalmente la orden de aprehensión liberada el pasado fin de semana en contra del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, aunque esta medida no lo protege de un mandato con un delito con prisión preventiva oficiosa.

La Juez Octavo de Distrito en amparo Penal de la Ciudad de México, Luz María Ortega Tlapa, concedió a Lozoya la suspensión provisional contra cualquier mandato de captura en su contra en la demanda registrada con el número 487/2019.

De acuerdo a la lista de acuerdos publicada hoy por el Juzgado, la importadora de justicia dio un plazo de 15 días tanto a los juzgado como a la Fiscalía General de la República (FGR) para confirmar la existencia del mandato privativo de su libertad.

Por otro lado, Ortega Tlapa acordó celebrar el próximo 24 de junio a las 9:30 horas la audiencia constitucional en este juicio de garantías.

Sin embargo, si existe alguna orden de aprehensión en contra de Lozoya por un delito con prisión preventiva, como la delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito o ejercicio abusivo de funciones, la suspensión provisional concedida o, incluso la definitiva, no podrían impedir la eventual captura.

Lozoya es acusado de cohecho, lavado de dinero y fraude fiscal.

Asegura Osorio Chong que gobierno de EPN no protegió a Lozoya

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El coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, rechazó que en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se haya protegido al ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin.

Entrevistado en el marco del Homenaje Póstumo a la ex presidenta nacional del PRI, María de los Ángeles Moreno, Miguel Ángel Osorio Chong recordó que el gobierno anterior actuó incluso contra los ex gobernadores a los que se les configuró algún delito.

Chong aseguró que en su momento se le dio entrada a la acusación contra Emilio Lozoya, pero es probable que ahora se cuente con mayores elementos para proceder.

El senador priista confió en que la orden de aprehensión girada contra el ex director de Pemex no tenga un trasfondo político-electoral y resaltó que, ahora que se ha iniciado el proceso en su contra, podrá defenderse y esclarecer lo ocurrido en el caso Odebrecht.

Por último, el ex secretario de Gobernación rechazó la existencia de algún pacto de impunidad con el actual gobierno y aseveró que, mientras haya elementos suficientes, debe procederse contra quien este acusado de cometer algún delito, dando lugar a su defensa.

Congelan cuentas de Emilio Lozoya y AHMSA por presuntos actos de corrupción

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Las cuentas bancarias del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, y de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), esto como parte de una investigación por lavado de dinero presuntamente relacionada con la venta a Pemex de la planta chatarra de Agro Nitrogenados.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó en un comunicado que este movimiento se realizó tras identificarse en el sistema financiera nacional e internacional operaciones “que presuntamente no proceden de actividades lícitas” y que podrían ser consecuencia de actos de corrupción.

Por otro lado, la SHCP asegura que tanto Lozoya y AHMSA tienen expedito su derecho de garantía de audiencia y defensa, para hacer valer, en términos de la legislación aplicable, los derechos laborales de sus trabajadores, accionistas y/o proveedores ante la propia UIF.

Agregó que con lo anterior se prevén los medios de prueba que consideren conducentes, asnillos como para formular los alegatos que a su interés convengan para tales efectos.

Además, Hacienda explica en su comunicado de prensa, que el bloqueo de cuentas forma parte de las funciones que realiza la UIF en el cumplimiento de sus obligaciones como autoridad del Estado Mexicano y en el marco de un Estado Constitucional de Derecho. Adicionalmente, están respaldadas en las obligaciones de la UIF que se derivan de diversos instrumentos internacional, tal y como lo son la Convención de Mérida y la de Palermo.

La SCHP aclara que la UIF actuó en todo momento conforme a Derecho, sin pretender, en ningún escenario, dañar con esta medida a los trabajadores accionistas o proveedores de AHMSA.

Con base en ello, indicó que “las cuentas de los trabajadores se descongelarán mañana (hoy) martes 28 de mayo, cuando se promueva la garantía de audiencia. De esta manera, se reafirma la politice cero tolerancia a la corrupción establecida como uno de los ejes centrales del Gobierno de México”, finaliza.

En diciembre del 2013, AHMSA vendió a Pemex, entonces a cargo de Lozoya, la planta de fertilizantes Agro Nitrogenador, en el complejo de Pajaritos, Veracruz, en 273 millones de pesos. En su momento, fue cuestionado por expertos, dado que las instalaciones tenían 30 años de antigüedad y 18 sin operar, ademas de que el equipo se encontraba en mal estado e incompleto.

Según autoridades federales y fuentes jurídicas, la razono por la que la UIF indaga un posible lavado de dinero es que dos meses despeñes de la adquisición de la planta, AHMSA hizo un depósito millonario a una compañía off shore que recibía dinero de Odebrecht y ha sido relacionada con Lozoya, quien niega ser el propietario.

De acuerdo con información publicada por Quinto Elemento Lab, el 17 y el 24 de febrero y el 10 de marzo de 2014, AHMSA transfirió 3.7 millones de dólares a Grangemouth Trading Company, una de las 20 firmas que Odebrecht presuntamente utilizaba para pagar los sobornos en varios países.

Caso Odebrecht será enviado a tribunales en 60 días

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En México, el caso Odebrecht por fin llegará a los tribunales.

Así lo informó este lunes el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien incluso determinó que en un plazo de 60 días podría comenzar a ser judicializado.

Con lo anterior, no se descarta la posibilidad de que los involucrados sean procesados por el delito de delincuencia organizada y no tendrían derecho a libertad provisional.

“Este caso tan grave para la imagen del país y para su respetabilidad y confianza lo inició la PGR desde enero de 2017 y, hasta la fecha, no había dado resultado alguno, razón por la cual la Fiscalía ha tenido que reponer en buena parte ese procedimiento, con base en la información recopilada recientemente”, refirió el fiscal en relación al caso en el que Emilio Lozoya, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex) es el principal implicado.

Cabe recordar que Lozoya Austin ha sido señalado de haber lavado presuntamente 10.5 millones de dólares que recibió de parte de la constructora brasileña.

En lo que respecta a la participación de los funcionarios de la empresa sudamericana, Gertz Manero reiteró que se respetarán todos los acuerdos que ha suscrito el Estado mexicano con Brasil en el caso Odebrecht, por lo cual es probable que no sean considerados en el proceso por delincuencia organizada los directivos del gigante constructor que presuntamente pagaron los sobornos a Lozoya debido a la inmunidad legal acordada con las autoridades de aquel país.

(Fuente: El Mañanero Diario)

#ElTalónDeAquiles: “Alan”

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“Alan”. Así de simple. Ese fue el nombre con el cual Alan Gabriel Ludwig García Pérez, mejor conocido como Alan García, se presentó en las elecciones peruanas de 2006, las cuales terminaron con una victoria que le permitió asumir, por segunda vez (la primera fue de 1985 a 1990), la Presidencia de la República 2006-11. Hoy, Alan se ha convertido en el segundo Jefe de Estado peruano en suicidarse (luego de Gustavo Jiménez, en 1933). 

La primera vez que escuché el nombre “Alan García” fue a mediados de la década 1980, cuando este discípulo de Víctor Raúl Haya de la Torre llevó al poder por primera vez a la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), un partido de centroizquierda fundado en 1924. García había sido diputado constituyente (1978-79) y diputado (1980-85), pero su figura obtuvo alcance latinoamericano cuando su discurso joven, radical, y antiimperialista, le dio, a sus 36 años, la Presidencia de la República. 

Al inicio de su gobierno, los salarios crecieron, las tasas de interés se redujeron, y el tipo de cambio, así como la inflación, se mantuvieron bajo control. Pero la bonanza económica terminó. Las emisiones inorgánicas de moneda, su rebeldía al Fondo Monetario Internacional (FMI), y el hecho de limitar el pago de la deuda externa al 10% de los ingresos obtenidos por las exportaciones, hicieron estallar la crisis económica. En 1989, la hiperinflación llegó al 2775%. Además, en esa época se recrudeció el conflicto armado interno. No solo creció la violencia de grupos armados como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), sino que también lo hicieron las violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas. Con un legado como ese, era imposible pensar en una segunda oportunidad. 

Y por eso, el segundo Alan, el que asumió en 2006, me sorprendió. Si algo se demostró en esa ocasión es que en América Latina los cadáveres políticos no existen. Bien por Alan. Pero también es cierto que su segundo gobierno se definió por el mismo neoliberalismo implantado a partir de 1990. Los tratados de libre comercio y la política de austeridad fiscal propulsados por este dinosaurio político sepultaron al joven izquierdista de retórica explosiva. Y así, el único denominador común de sus dos gobiernos fue las denuncias de corrupción. En 1991 el parlamento debatió la posibilidad de encausarlo por eventual enriquecimiento ilícito. Y en 2013 se creó una comisión para investigar presuntas irregularidades acontecidas durante su segundo gobierno. Si no fuera porque en 2001 la Corte Suprema declaró prescritos los delitos presuntamente cometidos durante su primer mandato, no hubiera podido resucitar.   

La última vez que escuché mencionar a Alan fue el 17 de abril de 2019, cuando me enteré de su suicidio. A punto de ser arrestado por asuntos relacionados al caso Odebrecht, una empresa constructora brasileña que habría incurrido en actividades ilícitas (cohecho, colusión, y tráfico de influencias) para obtener licitaciones de obra pública, Alan decidió dispararse. Claro, García no es el único político latinoamericano salpicado por el escándalo. Tan solo en Perú, el expresidente Alejandro Toledo (2001-06) se encuentra prófugo, Ollanta Humala (2011-16) estuvo nueve meses en prisión preventiva, y Pedro Pablo Kuczynski (2016-18) purga una pena de 36 meses de detención domiciliaria por supuesto lavado de activos. Si Alan hubiese sido aprendido, y sin tomar en cuenta a Alberto Fujimori (Jefe de Estado 1990-2000 quien fue sentenciado en 2009 a 25 años de presión por delitos de represión) habría sido posible afirmar que todos los presidentes de Perú de los últimos veinte años han tenido problemas legales debido a la corrupción. 

Pero hoy el orador decidió unirse, por razones muy diferentes, a una lista de Jefes de Estado latinoamericanos que han terminado trágicamente sus días, entre ellos Getulio Vargas (Brasil, 1954) y Salvador Allende (Chile, 1973). Alan, quien siempre supo utilizar el poder de las palabras, se quedó mudo. Y esta vez, no resucitará. 

Fernando A. Chinchilla 

Montreal (Canadá), 2 de mayo de 2019

AMLO: “Se respetarán los contratos vigentes con la empresa Odebrecht”

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El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que se respetarán los contratos vigentes con Odebrecht, para cumplir con la ley y no generar desconfianza entre los inversionistas, aunque la empresa fue inhabilitada para participar en cualquier contrato federal.

En conferencia de prensa, luego de un recorrido por la refinería Lázaro Cárdenas de Minatitlán, subrayó que “la indicación es que no se entreguen contratos a empresas que hayan estado involucradas en casos de corrupción, sean nacionales o extranjeras”.

En el marco de su gira por Veracruz y Oaxaca, el titular del Ejecutivo federal dejó en claro que “esto no significa que se van a suspender todos los contratos”, pues los que se hayan establecido por otro gobierno se tienen que respetar; “tenemos que decir que respetamos contratos, no se cancelan a diestra y siniestra.

“Los compromisos se cumplen, y si se empiezan a cancelar contratos de manera arbitraria y autoritaria, se va a generar desconfianza en el país, y ahora los inversionistas tienen mucha confianza en México porque ya hay un Estado de derecho, no hay estado de chueco o de cohecho”, enfatizó.

Acompañado por la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, afirmó que los inversionistas saben que no se permite la corrupción, “eso nos ayuda mucho”, y “esas empresas corruptas del extranjero no van a tener posibilidades de participar en licitaciones”.

Afirmó que esta condición también ha fortalecido a la moneda mexicana, ya que fue la divisa que más se fortaleció entre todos los países emergentes, “porque hay confianza, porque hay Estado de derecho, no se permite la corrupción, entonces eso ayuda mucho”.

López Obrador sostuvo que se mantendrán los contratos vigentes del gobierno con Odebrecht pues “no podemos actuar de manera arbitraria, tiene que ser de conformidad con la ley, no se trata de cancelar contratos por cancelar”.

Aunque advirtió que si hay fundamento legal, si lo deciden las autoridades competentes o hay contratos “leoninos”, la cancelación se hará por la vía legal, incluso ante tribunales internacionales.

El mandatario federal sostuvo que Odebrecht “llegó a tener una sesión de su Consejo de Administración en Los Pinos. Se metieron hasta la cocina”, y apuntó que el gobierno del ex presidente Felipe Calderón le otorgó un contrato para Etileno XXI y que dicho contrato se entregó “no en las mejores condiciones”.

“Porque para construir la planta hubo financiamiento de la banca de desarrollo, es decir, intervino el gobierno para apoyar en la construcción de la planta”.

Agregó que “no sólo eso, se acordó, en efecto, entregar materia prima de Pemex a la planta”, por lo que durante su sexenio no puede haber contratos “leoninos” ni privatizaciones.

¡El descaro! Odebrecht reclama 2 mil 245 millones de pesos al gobierno mexicano

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Odebrecht se envalentona y ahora pretende cobrar al Gobierno mexicano 2 mil 245 millones de pesos por el finiquito por los contratos cancelados en las refinerías de Tula, Hidalgo y en Salamanca, Guanajuato.

La constructora brasileña que ha sido sancionada en múltiples países latinoamericanos acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para quejarse por violaciones a sus garantías.

Entre los reclamos se encuentra el cálculo del finiquito que busca cobrar a Pemex por la terminación anticipada de los contratos en las dos refinerías.

Sacando sus cuentas, Odebrecht estima que se le deben casi 432 millones de pesos por el finiquito en Salamanca, y por el de Tula, 1 mil 813 millones de pesos.

Así que, si el Gobierno de México pretende cobrarle más de 1 mil millones de pesos por finiquitar los contratos, la empresa alega ahora tener saldo a favor.

Joao Henrique Andrade Araujo Horst, apoderado de la firma asegura que “el Poder Ejecutivo federal pretende que mis representadas realicen un pago de más de 1 mil 149 millones 289 mil 878.08 pesos con base en actos sin sustento y de manera unilateral”.

Pero asegura que “en realidad existe un saldo a favor de mis representadas de aproximadamente 2 mil 245 millones de pesos” derivado de daños y saldos de obra pendiente en Tula y Salamanca.

Y detalla que en relación al contrato para el desarrollo de la Fase 1 del proyecto de conversión de residuales de la refinería de Salamanca, firmado en 2014, la constructora señala que Pemex Transformación Industrial desconoce adeudos por 32 millones 451 mil 908 dólares con los contratistas.

En tal convenio, ICA Flour Daniel y Flour Enterprises participaron con Odebrecht, la cual reclama 22 millones 369 mil 503 dólares, equivalentes al actual tipo de cambio a 431 millones 955 mil 102 pesos.

La empresa sudamericana se quejó ante la CNDH que en el acta de finiquito del 14 de enero de 2019 (la cual acusa que Pemex ya tenía elaborada, previo a la reunión) de manera unilateral la petrolera impuso un supuesto saldo a su favor por 51 mil 453.57 dólares, que al tipo de cambio actual son 993 mil 568 pesos.

Los 1 mil 813 millones de pesos restantes que reclama Odebrecht corresponden al contrato de construcción de accesos y obras externas para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la refinería de Tula.

Esta cifra está estimada al tipo de cambio actual, que es más bajo que el que presentó la empresa en diciembre pasado, cuando dieron a conocer una demanda civil por este caso y calculó los adeudos en 1 mil 878 millones de pesos.

Desde su queja original del 14 de diciembre en la CNDH, Odebrecht se quejó de un dictamen contable presuntamente ilícito, empleado por la Secretaría de la Función Pública para inhabilitarla por cuatro años, derivados del contrato de plataformas de Tula.

Como van las cosas, en una de esas no solo nadie terminará en la cárcel por la corrupción relacionada a los sobornos, que la empresa reconoció como práctica recurrente para conseguir contratos sino hasta terminaremos pagándole y ofreciendo disculpas.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Funcionario de Pemex ligado a caso Odebrecht está encargado del proyecto de refinería de Dos Bocas

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El ingeniero Leonardo Cornejo Serrano, subdirector de Proyectos de Pemex Transformación Industrial (PTI), vinculado al caso Odebrecht está al frente del proyecto de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, el proyecto de infraestructura más importante de la industria petrolera en el Gobierno de López Obrador.

Cornejo Serra participó en el proceso de adjudicación directa de por lo menos 1 de los 4 contratos otorgados a la empresa Odebrecht, que aún son indagados por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaria de la Función Pública, por presuntos actos de corrupción.

El pasado 23 de enero de 2019 el ingeniero Cornejo recibió una petición de la secretaria de Energía y una instrucción del director de Pemex, Octavio Romero, para iniciar las actividades en “atención de los proyectos” (refinería de Dos Bocas y “rehabilitaciones necesarias para el Sistema Nacional de Refinación“).

El oficio en el que Octavio Romero emite la petición indica que son “proyectos prioritarios para el Presidente de la República“.

Cabe resaltar que un día previo a esta petición, Andrés Manuel expresó que durante su administración no serían “contratados quienes tengan malos antecedentes” de corrupción.

 

Revelan pacto entre gobierno de México y Odebrecht

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El Gobierno mexicano pactó desde 2017 “no ejercer ninguna acción civil, administrativa o penal en contra de funcionarios de la empresa Odebrecht” por sobornos a funcionarios de Pemex.

En una tarjeta informativa emitida este jueves por la Fiscalía General de la República (FGR), se da cuenta de que Raúl Cervantes quien entonces era procurador de la Procuraduría General de la República (PGR), suscribió un convenio con la justicia brasileña, en el que esta se comprometió a compartir información de la investigación, a cambio de que México no procediera penal, civil y administrativamente contra ejecutivos de la firma.

Se precisó también que tales convenios fueron ratificados por México en tres ocasiones, uno con fecha de 16 de febrero y dos el 14 de junio de 2017.

Tras el acuerdo, la PGR tomó declaración a los cariocas Marcelo Bahía Odebrecht, Luis Alberto Meneses Weyll e Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, quienes hicieron señalamientos que al parecer nunca se sabrán, pues descansan bajo la cobija del eterno debido proceso.

En mayo de 2017, también se entrevistó a tres funcionarios de Odebrecht México: Helder Antonio Campomizzi, actual coordinador de licitaciones de la empresa en nuestro país; José Vito Facciolla Junior, director de Proyectos Odebrecht México, y Guillermo Antonio Suárez Solís, representante legal de la compañía.

Los tres últimos aportaron diversos datos de prueba en la relación Pemex-Odebrecht donde se imputa a Emilio Lozoya Austin de recibir sobornos.

Según la Fiscalía, desde que se recabó la entrevista en calidad de imputado de Lozoya, exdirector general de Pemex, quien se reservó su derecho a declarar, ningún funcionario de la empresa, ni de Brasil ni de México ha sido citado a comparecer.

La FGR agregó que entre mayo y septiembre de 2018, la PGR recibió información financiera procedente de Suiza, así que pidió al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia Organizada que determinara cuál era la red de vínculos respecto a transferencias, depósitos y personas involucradas, se supone que estará listo en una semana.

Precisamente este jueves, la FGR informó que no hará pública indefinidamente ninguna información del caso en el que su vincula a Lozoya de haber recibido más de 10 millones de dólares en sobornos.

Al parecer, el pacto benefició a funcionarios de la constructora, y de paso a los funcionarios del Estado mexicano pues gozan de total impunidad.

En otros países, donde Odebrecht realizó acuerdos, tras descubrirse su cauda corruptora, los funcionarios de gobierno han caído como fichas de dominó.

Por ejemplo, en Brasil provocó que Luis Inácio Lula da Silva terminara en la cárcel, y se han visto involucrados los expresidentes Dilma Rousseff y Michel Temer.

En Perú, Pedro Pablo Kuczynski, renunció en 2018, al descubrirse la trama corruptora, pero también se investiga a los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García, y Ollanta Humala.

Panamá investiga a los expresidentes Martín Torrijos, Ricardo Martinelli y el actual, Juan Carlos Varela, y hay 76 imputados de los cuales hay cinco encarcelados.

En Venezuela, Nicolás Maduro envió a prisión a cuatro directivos, acusados de recibir sobornos, aunque el escándalo salpicó al mismo Maduro y a Diosdado Cabello, por supuesto lo negaron, diciendo que eran “especulaciones”.

En Colombia, hay seis condenados y el detenido de mayor rango es el exviceministro de Transportes, Gabriel García.

En Ecuador, el exvicepresidente Jorge Glas fue sentenciado a seis años de prisión. Hay 24 causas abiertas y el excontralor está prófugo.

En Guatemala, existen siete condenas, cuatro solicitudes de captura y el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi está prófugo.

Argentina llegó a un arreglo similar al de México, y solo hay sospechas sobre si dinero sucio  habría llegado la empresa de un familiar del presidente Mauricio Macri.

Y en República Dominicana existen siete personas procesadas.