La nostalgia por la rectoría del Estado: apuntalar a PEMEX como motor de crecimiento representaría un error

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López Obrador mira con nostalgia el modelo nacionalista de los gobiernos posrevolucionarios. Alaba la incidencia del Estado en la actividad económica en un contexto de industrialización. El programa posrevolucionario, comenzado en el sexenio de Lázaro Cárdenas, buscó desarrollar el sistema capitalista a partir de la rectoría del Estado. 

Sin duda la economía creció considerablemente en los modelos de desarrollo estabilizador (1958-1970) y desarrollo compartido (1970-1982), sin embargo, se implementaron en un contexto internacional distinto al actual. 

Bajo las críticas a las políticas de una economía de laisser-faire y una gran aceptación por el marco teórico keynesiano, las economías buscaron proteger las industrias nacionales ante la competencia extranjera, así como un aumento en la búsqueda de bienestar social a partir políticas redistributivas.

En la actualidad, las economías nacionales se encuentran integradas en la economía mundial. La importancia del sistema global de comercio para la economía mexicana es tal que la suma de las exportaciones e importaciones representan casi el setenta por ciento del Producto Interno Bruto. 

La entrada de México al GATT (ahora Organización Mundial del Comercio) y la búsqueda de integración económica con Estados Unidos y Canadá implicaron una liberalización de la economía sin precedente. Como señaló la revista británica The Economist a principios de los noventa, en unos cuantos años la economía mexicana pasó de ser una de las más cerradas a una de las más abiertas. 

Si bien López Obrador no ha argumentado en contra del comercio exterior (¡actualmente sería impensable regresar a una autarquía!), sí ha mencionado políticas económicas que aluden a ese pasado supuestamente glorioso. 

Por ejemplo, la insistencia de generar el renacimiento productivo de PEMEX como motor, no sólo de los ingresos federales, sino del PIB, puede resultar perjudicial. Entre algunos de los resultados positivos del periodo denominado neoliberal -el mejor es sin duda la estabilidad macroeconómica- es la conversión productiva, pasando de bienes primarios, entre ellos el petróleo, a bienes manufacturados, principalmente en la industria maquiladora. 

El petróleo es un commodity, lo que implica estar expuesta a choques externos que generan altos niveles de volatilidad. Ante ello, los gobiernos posteriores a la crisis de la deuda de 1982 buscaron blindarse sustituyendo la dependencia de bienes primarios por bienes manufacturados, los cuales no son tan sensibles a choques externos. 

Empero, a nivel de ingresos federales es cierto que los ingresos petroleros representan un porcentaje importante del presupuesto del gobierno federal. Ante la baja de los precios del petróleo y la creciente deficiencia productiva de PEMEX comenzada desde Felipe Calderón, el gobierno federal ha generado menores ingresos. Por ejemplo, para el periodo enero-mayo de 2012 los ingresos petroleros del gobierno federal representaron 42.8 % de los ingresos presupuestarios, mientras que para el mismo periodo de 2019 estos representaron tan sólo 17 % de los ingresos totales. 

La búsqueda de una mayor percepción de ingresos no debe implicar apuntalar al petróleo como motor de crecimiento económico. Por supuesto se debe buscar sanear las finanzas de PEMEX e generar inversiones para incrementar su producción; sin embargo, eso no significa colocar otra vez al petróleo como prioridad nacional, menos aun en un contexto internacional de transformación de fuentes de energía, de combustibles fósiles a energías sustentables. 

Si el gobierno federal desea incrementar sus ingresos debe de cambiar la estructura tributaria y hacerla más eficiente. Debe de combatir la informalidad, un fenómeno que emplea a más de la mitad de la población ocupada. De esa manera, se solucionaría la principal causa del estancamiento en productividad y, por ende, de crecimiento económico y, al mismo tiempo, se conseguiría ensanchar la bolsa del erario.   

Pemex le dio 353 millones de pesos al sindicato petrolero antes de que saliera EPN

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El periódico Reforma dio a conocer que Petróleos Mexicanos (Pemex) entregó cientos de millones de pesos al sindicato en los últimos meses del 2018, gracias a una negociación especial encabezada por Carlos Romero Deschamps.

El diario detalla que Pemex acordó con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) la entrega de 353 millones 175 mil pesos, cantidad que fue adicional a los casi 100 millones de pesos que la paraestatal entrega cada año al sindicato para gastos de administración y operativos.

Reforma da a conocer que la negociación entre Pemex y el STPRM se habría realizado el pasado 25 de junio, unas semanas antes de las elecciones del 2018, de las cuales salió victorioso el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En las negociaciones se acordaron que Pemex entregaría 8 millones 337 mil 112 pesos mensuales al sindicato para gastos administrativos. Sin embargo, existía otra cláusula del convenio que fue reservada por las partes en la que se acuerda entregar otros 29 millones 431 mil pesos al mes. Este dinero esta destinado a “capacitación a trabajadores, organizar y conmemorar aniversarios, celebrar asambleas, y la realización de obras sociales”.

También se agregaron otros 110 millones de pesos por el concepto de préstamos administrativos e hipotecarios.

El convenio, que tiene el número 109270 fue firmado por el líder el STPRM, Carlos Romero Deschamps, así como también por el secretario del interior y el secretario del Consejo General de Vigilancia, Fernando Navarrete y Ricardo Aldana.

Por parte de Pemex firmaron el convenio Marco Antonio Murillo Soberanis, entonces directo corporativo de Administración y Servicios; y por Carlos Argüelles Name, el gerente Jurídico Laboral de la empresa.

Pemex informó en su oportunidad sobre el convenio, pero reservó muchos de sus detalles, además el sindicato presentí varios amparos para impedir que la petrolera diera a conocer al público los detalles reservados a través de peticiones de información y transparencia.

(Con información de Reforma y SDP Noticias)

Buscan Reducir Carga Fiscal de PEMEX

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En el pasado reporte de desempeño de PEMEX, se reportaron gigantescas pérdidas en ambos dinero y producción. Así mismo como un déficit en ventas. Gracias a esto, el director de de la compañía, Octavio Romero Oropeza, junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, presentaron esta mañana en su conferencia matutina,su estrategia para elevar el desempeño de PEMEX. Comentarón que se llevará acambo mediante inversiones y disminuciones fiscales, durante 3 años

 

“La variable con más peso, en el desempeño de la empresa, es la carga fiscal”, comentó el mandatario. 

 

Romero Oropeza, añadió que, los tres facultades que más resaltan como cargas para la empresa son, por supuesto la carga fiscal, la deuda y la baja inversión. 

 

Como solución, se propuso deducir los impuestos de la compañía por un aproximado de 128 mil millones de pesos, e incrementar un total de 141 mil millones de pesos en inversión.

AMLO debe darse cuenta de la realidad económica: Financial Times

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El diario británico conocido como “Financial Times” publicó acerca del López Obrador que él debería de confiar en su nuevo secretario de hacienda Arturo Herrera, y no en sus propios datos sin sustentento.

Al comienzo de su campaña, AMLO prometió grandes cambios, específicamente cambiar la corrupción y la desigualdad económica y funcionarios honestos. Varios inversionistas tuvieron dudas acerca de esto, ya que un análisis de su historial revelaron que había habido incongruencias ante su mandato como jefe de gobierno de la Ciudad de México desde 2000 hasta 2005. Además el presidente de México canceló en nuevo aeropuerto por motivos políticos y insiste que que Pemex  debe construir una nueva refinería de 8 mil millones de dólares, lo que muchos consideran una mala estrategia comercial.

Con la renuncia de Carlos Urzúa, estas promesas fueron cuestionadas una vez más, ya que en su carta de renuncia reportó que el gobierno tomó decisiones sin justificaciones sólidas y de posicionar a funcionarios no calificados en puestos clave con claros conflictos de intereses. El peso mexicano se devaluó debido a esto y las acciones de México perdieron un 2% en valor.

Recientemente el presidente de EUA, Donald Trump amenazó a México en una guerra comercial para que tomen medidas drásticas en respecto a la migración hacia Estados Unidos. Se espera que el Herrera pueda evitar más daños en la economía del país y logre que López Obrador tome en cuenta sus consejos y deje de confiar en sus “datos”.

Herrera le sugirió a los “Financial Times” que la refinería de Pemex podría detenerse temporalmente por razones financieras, pero horas después el presidente lo contradijo públicamente. Fue notorio que Herrera estuvo en desacuerdo con esto y solo se intensifican las preocupaciones acerca de la economía mexicana y el futuro del país.

(Con información del Financiero)

El sistema de salud mexicano y la necesidad de la cobertura universal

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Uno de los temas más relevantes a los que se enfrenta el gobierno de López Obrador es detener el deterioro del sistema de salud mexicano. El modelo actual implementado en los años de la posguerra no parece resolver la problemática actual de la cobertura. 

Existen dos grandes sistemas de seguridad social (salud y pensiones), uno de origen alemán y otro de origen inglés. El primero se le conoce como modelo “bismarckiano” que nació en 1883 en Alemania, diseñado por Otto Von Bismarck. Bajo esta modalidad el Estado funge como gestor, definiendo la composición de las aportaciones para cubrir los costos de sanidad y de retiro. La cobertura se encuentra sujeto a un empleo formal y se financia a través de las aportaciones conjuntas del empleado, el empleador y, en algunos casos, el Estado. 

Por otro lado, encontramos el modelo de Beveridge, implementado en Reino Unido en los años de la segunda Guerra Mundial. En 1941, el gobierno inglés le encomendó a William Beveridge la tarea de llevar a cabo un análisis sobre las deficiencias del seguro social.

Beveridge observó que la sujeción de la seguridad social a la condición laboral generaba ineficiencias en la distribución de los servicios. Ante ello, este modelo propone la universalización de los servicios de salud financiado a partir de impuestos generales y uniformes, independientemente del nivel de renta del asegurado. La financiación depende en su mayoría del presupuesto del Estado, con lo cual éste no es un simple gestor, sino que administra y presta los servicios. 

En este mismo sentido, se puede hacer una serie de tipologías de la seguridad social: socialdemócrata, en el cual el Estado proporciona, por fuera del mercado, beneficios universales y homogéneos que son financiados con altas tasas impositivas; corporativo, en el cual la fuerza política de algunos sectores sociales les provee acceso a grandes beneficios y se encuentra sujeto a su posición laboral; y el liberal, en el cual el Estado transfiere recursos a la población más desprotegida, dejando al resto a disposición del mercado.

En el caso mexicano, el Estado posrevolucionario emprendió el modelo bismarckiano y ha integrado algunos elementos del modelo Beveridge desde los años ochenta. El gobierno mexicano benefició a algunos sectores sociales, sobre todo los que se encontraban sindicalizados, otorgándoles grandes prestaciones y beneficios.

En México, desde la creación del IMSS y del ISSSTE, trabajadores formales en el sector privado y público tienen la posibilidad de recibir servicios de salud y de seguridad social (pensiones) a partir de una cuota que se les descuenta de su salario o sueldo. Las otras partes del financiamiento son generadas por los patrones y el Estado.

Dado que la prestación de servicios del IMSS, ISSSTE y PEMEX están condicionadas al trabajo formal, existe toda una población que no puede acceder a ellos. Para ello, durante el sexenio de Vicente Fox y bajo la titularidad de Julio Frenk Mora en la Secretaria de Salud, se implementó el llamado Seguro Popular (SP), el cual buscaba cubrir las necesidades según una estructura de cuotas dado los ingresos de las familias que no contaban con trabajo formal. Si bien el proyecto era necesario, su implementación dejó mucho que desear, ya que los “gastos de bolsillo” -aquel gasto adicional que hacen las familias con SP para atenderse en hospitales privados por falta de atención en los hospitales asignados por el Seguro Popular- no descendió, sino que aumentó.

En las últimas décadas, las crecientes demandas de seguridad social sobre el IMSS han puesto en duda su viabilidad financiera para seguir prestando los servicios de los derechohabientes, dado que su capacidad de inversión se ha visto acotada. Según datos del IMSS, publicados por Reforma (06/07/2019) el pago de pensionados y jubilados equivale al 19 por ciento de su gasto. Si bien el Seguro Social cerró con un superávit de 14 mil 766 millones de pesos, sus pasivos llegaron a 290 mil 400 millones de pesos en 2018, 29 mil millones de pesos más que el año anterior. Según el IMSS, esto se debió al incremento de las aportaciones financieras que está obligado a hacer, las cuales representaron el 7.5 por ciento de su gasto.

En su visita al estado de Chiapas, López Obrador planteó integrar el IMSS y el ISSSTE al Seguro Popular (al cual obviamente le cambiará el nombre), para dar cobertura universal, es decir, prestar servicios tanto a derechohabientes como a la población abierta.

La descentralización del sistema salud que se intentó llevar a cabo en los sexenios pasados fue un fracaso. La corrupción, ineficiencia y displicencia de los gobiernos locales generó una seria degradación de las prestaciones sanitarias. 

Si bien la centralización acarrea sus problemas, en este caso parece ser necesario. Pero para ello, López Obrador deberá conciliar los distintos intereses de los trabajadores del IMSS -quienes tienen mejores prestaciones que los del SP. Si quiere integrar las distintas instituciones deberá saber dialogar y convencer a los implicados de los beneficios. Esperemos que haga un mejor trabajo que lo que observamos en el caso de la Policía Federal y su incorporación a la Guardia Nacional. 

¿Control o dictadura?

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La convicción que tiene AMLO que al eliminar los procesos en los cuales se puede presentar corrupción, se eliminará la corrupción, ha generado un caos espantoso y ha generado dudas internacionales, desórdenes nacionales y un sinnúmero de ineficiencias que han puesto el País de cabeza.

Para muestra, la cancelación ruinosa del NAIM, el cierre de los ductos de Pemex, la catástrofe de las estancias infantiles y de los refugios para mujeres víctima de la violencia familiar, los retrasos escandalosos en las licitaciones de medicamentos para el sector salud, la difícil integración de una Guardia Nacional por sospechas y desconfianza, sin olvidar la muerte clínica del sistema de investigación e innovación del País, y podríamos seguir sin parar ya que la práctica de gobierno todavía no se ha ejercido, solamente la denuncia sin fin de los pecados del régimen neoliberal, ¡incluyendo de la ciencia neoliberal!

Como colofón de lo anterior, no hay denuncias concretas de corrupción en ninguno de los temas mencionados. Solamente, desmantelamiento de un aparato burocrático que todavía no se empieza a reconstruir.

El ejercicio es peligroso. Del caos puede nacer un nuevo orden controlable si existe capacidad de gobierno, pero también puede nacer un orden autoritario que en cualquier latitud llamarían dictadura. Mexico está en esta disyuntiva.

En 2021 habrá que tener capacidad de evaluar si el nuevo orden es de control libre de corrupción o de control dictatorial.

Lozoya ya se fue de México… ahora vive en Alemania

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El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, se fue de México desde el 30 de abril pasado.

Se presume que partió a Alemania buscando refugiarse en aquel país, de donde es originaria la familia de su esposa y que fue lo que le concedió la nacionalidad teutona, lo cual complicará su extradición en caso de confirmarse.

Las autoridades, de acuerdo a una publicación del diario Milenio, comprobaron que Lozoya Austin salió del país antes de que se girara la orden de aprehensión en su contra, e incluso antes de que venciera el plazo para que acudiera a declarar en la Secretaría de la Función Pública (SFP) por las irregularidades en la compra de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados.

Fue hasta un mes después que la SFP lo inhabilitó 10 años “por desacato”, luego de que el exfuncionario evadió todos los llamados para emitir su declaración.

El abogado de Lozoya Austin, Javier Coello, ha negado que su cliente esté fuera de México.

La familia de la esposa de Lozoya es propietaria de la empresa de jugos Eckes Granini Deutschland, pero dicha empresa nada tiene qué ver con los actos de corrupción por los que se indaga al exdirector de Pemex. 

(Fuente: El Mañanero Diario)

Esposa de Lozoya es investigada por lavado de dinero

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La esposa del ex-director de Pemex Emilio Lozoya Austin, Marielle Helene Eckes, está siendo investigada por la  Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Se está manteniendo “contra la pared” a Eckes y su empresa Yacani por presunto lavado de dinero y defraudación fiscal.

 

De acuerdo a información compartida por la organización no-gubernamental (ONG) Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la Fiscalía General de la República (FGR) ha encontrado vínculos entra Emilio Lozoya  su familia y los operadores de AHMSA.  Según la investigación de UIF, la empresa de Eckes, Yacani, está ligada con “(…) presuntos sobornos que la empresa AHMSA, habría entregado al entonces director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, luego de que la empresa productora del Estado adquiriera la planta Agro Nitrogenados.”

 

Dentro de esta misma investigación sale el nombre de Tania Beatriz López Abud, quien tenía un puesto importante en la empresa de Alonso Ancira y además formaba parte de la empresa Yacani, cuya fuente de capital es principalmente Alemania.

 

“Cabe destacar que la empresa Yacani fue constituida ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a finales del 2014 con el siguiente RFC: YAC141125RJ5 que cuenta con domicilio en calle Presa Falcón en la colonia Irrigación, perteneciente a la alcaldía de Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, cerca del Museo Soumaya.”

 

(Con información de Eje Central)

Paga Ancira fianza de un millón de euros; saldrá libre

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Alonso Ancira, el empresario “Rey del acero”  propietario de Altos Hornos de México (AHMSA) fue detenido el 28 de mayo en el aeropuerto Palmas por una orden de detención emitida por México a causa de supuestos actos de corrupción y blanqueo.

 

Sin embargo, ya ha abonado la fianza de un millón de euros impuesta por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para poder salir de la prisión de Palma. Mientras, se está decidiendo sobre su extradición a México. Una vez libre, Ancira tendrá que cumplir con ciertas medidas cautelares que le fueron impuestas para su ex-carcelación; esto incluye “comparecencias en el juzgado cada dos días, prohibición de salir de España y retirada del pasaporte.”

 

Ancira se negó desde un principio a ser entregado a su país, ya que se estaría enfrentando con acusaciones y delitos que le causaron un “gran daño patrimonial” a la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex), según la Fiscalía mexicana.

 

(Con información de Vanguardia)

Pedirá Lozoya que declaren EPN y Videgaray

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El abogado del el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya pedirá a un juez de amparo declarar como testigos al ex Presidente Enrique Peña Nieto y ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Javier Coello Zuarth negó en una conferencia de prensa que están imputando a el ex presidente y Videgaray Caso, pero los citarán a declarar antes del 11 de julio para que aclaren cuáles fueron sus intenciones en la compra de la citada planta.

“Nosotros no estamos tratando de imputar a nadie, lo que pretendemos es tener datos que puedan servir como pruebas de nuestra defensa”, dijo.

El ex presidente de Pemex anunció que no se presentará ante el juez ya que la orden de aprehensión en su contra que liberó el juez seguramente dictara prisión preventiva.

En conferencia de prensa, Coello afirmó que los “dizque sobornos” son pagos del trabajo que Lozoya desarrolló y que Altos Hornos ya compareció y los acreditó. Por lo que, afirmó el abogado, la UIF ya descongeló las cuentas de la empresa propiedad de Alonso Ancira Elizondo.

De igual manera, Coello Trejo descartó que Emilio Lozoya vaya a negociar con la FGR, para convertirse en testigo colaborador y con ello obtener la inmunidad penal.

“Emilio Lozoya no va a llegar a ningún arreglo”, sentenció.

(Con información de El Diario)