Organizaciones civiles y especialistas urgen a Corte frenar Ley de Seguridad

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Decenas de organizaciones civiles y especialistas integrados en el colectivo #SeguridadSinGuerra demandaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, promulgada por el Presidente Enrique Peña Nieto.

El posicionamiento está firmado por organizaciones como México Evalúa, Mexicanos Primero, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez e Idheas, entre otras, así como por el académico Alejandro Madrazo, del CIDE; la politóloga Denise Dresser, y la religiosa Consuelo Morales, quien fue Premio Nacional de Derechos Humanos.

El colectivo también recuerda que se han presentado acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicios de amparo contra la Ley de Seguridad Interior, por actores como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y las minorías parlamentarias de las Cámaras de Diputados y Senadores.
Así como por el Gobierno de Chihuahua, diversas comisiones estatales de derechos humanos, y los municipios de Nezahualcóyotl, Ocuilán y Cocotitlán, en el Estado de México; Oxkutzcab, Tepekan y Hoctun, en Yucatán; Ahuacatlan, San Pedro Cholula y Tepeyahualco, en Puebla, e Hidalgo del Parral, en Chihuahua.

“Consideramos que deben corregir lo que el Congreso de la Unión aprobó a pesar del llamado de los organismos y organizaciones nacionales e internacionales más reconocidos en la observancia y defensa de los derechos humanos”, agregaron.

En su posicionamiento, #SeguridadSinGuerra insiste en que la Ley de Seguridad Interior contiene conceptos vagos e imprecisos, que facultan a las Fuerzas Armadas a actuar sin mecanismos de control y transparencia.

Además de que afianzaría una estrategia de seguridad que ha resultado en la violación masiva de derechos humanos y en la generación de más violencia.

“No hay evidencia de que la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado haya disminuido los índices de homicidios, robos, secuestros y otros delitos”, argumenta.

“Por el contrario, desde que las Fuerzas Armadas participan en labores que constitucionalmente corresponden exclusivamente a las autoridades civiles, se han documentado graves violaciones a derechos humanos que han quedado impunes”.

Va INAI contra artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior

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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI), a través de su consejo consultivo presentarán una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior, específicamente, contra el artículo 9, debido a que  dicho ordenamiento legal es contrario al principio de máxima publicidad.

El instituto argumentó en un comunicado, que el artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior “transgrede los principios de máxima publicidad, de temporalidad en la reserva y de progresividad”, pues estos deben imperar para asegurar el derecho humano de acceso a la información.

El instituto llegó a la conclusión de que el dictamen de Ley “contiene conceptos que podrían considerarse ambiguos o imprecisos”.

Durante el primer encuentro del año del Consejo Consultivo del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado presidente, informó  que hizo un llamado al Senado de la República “para proponer a los ciudadanas o ciudadanos mexicanos a ocupar los dos cargos de Consejeros Honoríficos del Consejo Consultivo“.

Por lo pronto, el INAI, a través de los siete comisionados pertenecientes al instituto, enviaron un oficio al Senado en el que destacaron que al nombrar  a ciudadanos al Consejo Consultivo que “coadyuvará a fortalecer y consolidar los derechos de acceso a la información y protección de datos personales en favor de la ciudadanía”.

Amnistía Internacional pide a Peña vetar la Ley de Seguridad Interior

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La organización Amnistía Internacional (AI) pidió al presidente Enrique Peña Nieto vetar la Ley de Seguridad Interior aprobada el pasado viernes 15, porque en los términos en los que está planteada “es contraria a las obligaciones del país bajo el derecho internacional” y “pone en serio riesgo” los derechos humanos en México.

Amnistía Internacional le insta, de manera inequívoca, a vetar dicha ley y reenviarla al Congreso para permitir un amplio y auténtico debate nacional sobre este tema”, puntualizó Salil Shetty, secretario general de AI, en una misiva enviada al Ejecutivo mexicano.

Shetty relata que en febrero de 2014 se reunió con Peña y miembros de su gabinete, y durante ese encuentro “nuestra delegación le advirtió sobre la grave crisis de derechos humanos que enfrentaba su país y el impacto preocupante que tenía el rol de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, además de otras estrategias militarizadas que su gobierno ansiaba continuar”.

Subraya que tanto a defensoras y defensores de derechos humanos en México, así como a organismos internacionales, “nos preocupa enormemente” que la implementación de la Ley de Seguridad Interna “no hará más que aumentar la larga lista de violaciones graves a los derechos humanos en México, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas”.

“Esto a pesar de que la evidencia demuestra que esta estrategia ha fallado en brindar seguridad durante más de una década, desde que se desplegaron militares en las calles de México. Asimismo, la ley no contiene mecanismos efectivos de supervisión o control del trabajo de las fuerzas armadas y, en particular, no asegura que estén subordinadas y bajo el comando de las autoridades civiles”.

Conforme esta ley, agrega, las fuerzas armadas guiarían sus propias operaciones e incluso coordinarían a policías en un peligroso sometimiento de las fuerzas civiles a las militares. Amnistía Internacional “está también alarmada por la autorización que esta ley brinda a las fuerzas armadas para intervenir en manifestaciones”.

Amnistía Internacional asegura que de ser promulgada la ley violaría el derecho a la privacidad y debilitaría enormemente a los órganos autónomos, tales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al obligarles a entregar cualquier información que requieran las fuerzas armadas, sin control judicial.

“Esto supone un riesgo para millones de mexicanos y mexicanas cuyos datos son guardados por estas instituciones“.

En lugar de esta ley, remata, “México necesita un proceso que lleve al retiro de las fuerzas armadas de tareas de seguridad pública y a desarrollar fuerzas policiacas civiles con recursos suficientes”.

El INAI le hace un favorcito a Emilio Lozoya

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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) ha determinado que la compra de la planta chatarra Agro Nitrogenados, la cual fue efectuada por Pemex en 2013 por un total de 275 millones de dólares, considerada a sobreprecio, debe de quedar reservada ya que argumenta el INAI que “no se utilizó dinero público.”

Según la publicación de REFORMA, se dio a conocer que Pemex bajo la dirección de Lozoya, gastó la cantidad mencionada en la recuperación de instalaciones y máquinas dentro de la empresa.

El argumento de la comisionada Ximena Puente fue que luego de la entrada de la reforma energética, Pemex pasó de ser una empresa paraestatal a una productiva del Estado, mientras que las filiales fueron transformadas en compañías privadas, por lo que no se les aplica el derecho público.

La comisionada del INAI clasificó como confidenciales los avalúos realizados a la planta de Agro Nitrogenados, ya que no es aplicable el secreto bancario, comercial y fiscal. Se determinó que la filial de Pemex que en 2013 compró la planta, Pro Agro Industria, es un sujeto de derecho privado.

La Auditoría Superior de la Federación reveló que la adquisición de la planta fue con un sobrecosto de 93.1 millones de pesos y que 60% de esta era chatarra, pese a que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales ya había indicado que el complejo estaba prácticamente inservible.

(Con información de Animal Político)

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