Urgen a PGR revelar a implicados en caso Odebrecht

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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) revelar los nombres de los funcionarios y ex funcionarios públicos citados a comparecer por delitos de corrupción, sobornos y otros ilícitos, dentro de la averiguación seguida contra Odebrecht.

“Instruirle para que proporcione los nombres de funcionarios o ex funcionarios públicos citados a declarar, los que consten en fuentes oficiales de acceso público, así como de aquellos que ya hubiesen sido notificados en las investigaciones que se encuentran en curso”, explicó la comisionada ponente, Blanca Lilia Ibarra.

Sin embargo la resolución se limitará a personajes involucrados cuyas investigaciones se encuentren pendientes o no hayan sido notificados.

La reserva invocada prevalecerá respecto de los servidores públicos cuyo testimonio se encuentre relacionado con alguna línea de investigación pendiente de ser agotada o bien, que no hayan sido notificados en la investigación inicial en su contra, precisó Ibarra Cadena.

El caso Odebrecht exhibió presuntos actos de corrupción en torno a una red de sobornos empresariales a nivel internacional, entre ellos, los pagos realizados entre los años 2010 y 2014 a funcionarios públicos de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Las investigaciones repercutieron en alrededor de 20 países, entre ellos Brasil, donde se le conoció como LavaJato en el que dicha constructora pagó millones de dólares a PETROBRAS, para que se le adjudicaran numerosos y multimillonarios contratos.


#Kleroterion: “PEF y Ley de Ingresos, paso a paso”

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Todos en algún momento hemos escuchado acerca del Presupuesto de Egresos de la Federación y de la Ley de Ingresos, ya sea como PEF, presupuesto, reparto, recursos, el dinero que da el gobierno, lo que recoge, los impuestos, la recaudación, así como otras denominaciones; pero, ¿qué tanto sabemos o conocemos de este tema?, sabemos cómo se estipula, cuándo se otorga, cómo se aprueba y también, en qué momento se ejecuta o se utiliza, a continuación lo explico.

Primero debemos entender que el Gobierno necesita liquidez y/o recursos que se traducen en dinero para poder cumplir con todas sus funciones, este recurso es conocido como Gasto Público, ahora bien, todo este gasto se clasifica en lo que se llama “Ley de Ingresos”, que en pocas palabras, es todo el dinero recaudado y el  “Presupuesto de Egresos de la Federación” (PEF), que sería el dinero que se utilizará durante un año, mejor conocido como ejercicio fiscal, del 1 de enero al 31 de diciembre del año correspondiente.

Pero entonces, ¿para qué se utiliza?, el gobierno lo ejerce para diversos sectores como: servicios de salud, educativos, campo, carreteras, vivienda, electricidad, justicia, garantizar la soberanía del país, actividades legislativas, seguridad nacional, estados y municipios, relaciones internacionales, así como cumplir el costo financiero de la deuda, entre otros, en una explicación más amplia, los recursos son distribuidos en ramos presupuestarios que enunciaré con su respectivo número: Ramos Administrativos, que serían la Oficina de la Presidencia de la República (02), Gobernación (04), Relaciones Exteriores (05), Hacienda y Crédito Público (06), Defensa Nacional (07), Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (08), Comunicaciones y Transportes (09), Economía (10), Educación Pública (11), Salud (12), Marina (13), Trabajo y Previsión Social (14), Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (15), Medio Ambiente y Recursos Naturales (16), Procuraduría General de la República (17), Energía (18), Desarrollo Social (20), Turismo (21), Función Pública (27), Tribunales Agrarios (31), Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (37), Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (38), Comisión Reguladora de Energía (45), Comisión Nacional de Hidrocarburos (46) y Entidades No Sectorizadas (47); Ramos Generales, que serían las Aportaciones a Seguridad Social (19), Provisiones Salariales y Económicas (23), Deuda Pública, Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos (25), Participaciones a Entidades Federativas y Municipios (26), Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (30), Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (33), Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca (34); Entidades Productivas del Estado, integradas por Pemex y la Comisión Federal de Electricidad; Entidades de Control Directo, siendo el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; Ramo 32, correspondiente al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; Ramo 40, Información Nacional Estadística y Geográfica; Ramos Autónomos, integrados por el Poder Legislativo (01), Poder Judicial (03), Instituto Nacional Electoral (22), Comisión Nacional de los Derechos Humanos (35), Comisión Federal de Competencia Económica (41), Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (42), Instituto Federal de Telecomunicaciones (43), Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (44).

Por otro lado, explico también, cuáles son algunas de las características de la Ley de Ingresos, igualmente como el PEF tiene una “vigencia” anual, tiene “precisión”, ya que lo que no marque esta ley, de ninguna manera puede ser recaudado, cuenta con “previsibilidad”, ya que se establecen las cantidades estimadas que por cada concepto habrá de obtener la hacienda, así como contener “especialidad”, ya que contiene un catálogo de rubros por obtener durante su vigencia, cabe mencionar que respecto a la Ley de Ingresos, es facultad de aprobarla por el Congreso, es decir, por la Cámara de Diputados y la de Senadores.

Regresando al PEF, surge otra duda, ¿cómo se junta, recauda o simplemente de dónde viene ese dinero?, se obtiene de los tan mencionados y cuestionados impuestos y que también son recaudados o recogidos en el mismo lapso anual correspondiente, así como del pago de derechos y productos, de las contribuciones de la ciudadanía, pero por supuesto, no solo de esto, también de los ingresos del petróleo, la venta de bienes y servicios de las empresas de organismos públicos, así como de las contribuciones de trabajadores y patrones respecto a sistema de seguridad social,  productos, aprovechamientos, emisión de bonos y préstamos, señalando y recalcando que la principal fuente de financiamiento del presupuesto es por la contribución ciudadana.

¿Quién lo manda y quién lo aprueba?, lo manda y lo elabora el ejecutivo federal y lo aprueba como facultad exclusiva la Cámara de Diputados de acuerdo al artículo 74, Fracción IV, de la Constitución, a continuación explico cómo se calendariza el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

El presidente electo, deberá remitir a más tardar el 15 de diciembre a la Cámara de Diputados los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Egresos de la Federación 2019. Para la discusión y aprobación del PEF y la Ley de Ingresos, el Congreso Federal tiene como límite el 31 de diciembre de este año, finalmente culmina con la promulgación y publicación.

En conclusión la Ley de Ingresos, analizará o calculará, los recursos que deberá allegarse y/o recaudarse durante el año por los conceptos antes descritos, y por el otro lado el PEF, determinará cuánto y en qué debe gastarse los recursos públicos de la Federación, es entonces que una vez aprobado, cada Poder Federal, cada empresa paraestatal y dependencia que esté dentro del decreto, ejercitará su propio presupuesto. El jueves 11 de octubre la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se instaló, para poder comenzar con el análisis y proceso formal del futuro presupuesto para el ejercicio fiscal 2019.

Información de caso Odebrecht pedida por México está bloqueada en Brasil porque PGR no firma acuerdo

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El Ministerio Público de Brasil dijo que la PGR no quiere firmar un acuerdo que le permitiría recibir información sobre el caso de sobornos de la empresa Odebrecht, uno de los mayores escándalos de corrupción en América Latina.

La autoridad brasileña dijo en un escrito a la agencia AP que los países interesados en tener acceso al expediente deben suscribir el acuerdo y respetar reglas como “la prohibición de uso de dicha información en contra de los colaboradores“.

México, agregaron, no ha explicado las razones de su negativa a firmar, y tampoco ha corregido unos documentos que “no cumplían con los parámetros o criterios legales para ser procesados”.

AP señaló que pidió a PGR una postura, pero no hubo una respuesta inmediata.

INAI pide a PGR dar a conocer video sobre asesinato de Colosio

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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) dar a conocer el videocasete identificado como “Atentado a Lic. Colosio”.
El comisionado Joel Salas Suárez destacó que la difusión de este material no pone en riesgo las investigaciones sobre este caso, ya que no dan cuenta de las líneas que sigue la indagatoria.

Agregó que los mexicanos esperan respuestas sobre el asesinato de Colosio y de otros personajes como el ex secretario general del PRI José Francisco Ruiz Massieu y del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ya que la opacidad puede generar suspicacias.

Salas Suárez mencionó que la PGR decidió reservar el expediente de la investigación del caso Colosio en noviembre de 2000 y el último fiscal de la entonces Subprocuraduría Especial cerró el caso y turnó al Archivo General de la Nación, advirtiendo que debía ser clasificada hasta 2035.

En ese sentido, afirmó que el Instituto ha propugnado por la máxima publicidad: en 2011, el entonces IFAI ordenó a la PGR dar a conocer los 13 videos del momento exacto del atentado y, en agosto de 2018, el INAI instruyó al mismo sujeto obligado dar a conocer los informes de las investigaciones sobre el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, hechas durante la gestión de Diego Valadés.

Organizaciones civiles y especialistas urgen a Corte frenar Ley de Seguridad

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Decenas de organizaciones civiles y especialistas integrados en el colectivo #SeguridadSinGuerra demandaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, promulgada por el Presidente Enrique Peña Nieto.

El posicionamiento está firmado por organizaciones como México Evalúa, Mexicanos Primero, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez e Idheas, entre otras, así como por el académico Alejandro Madrazo, del CIDE; la politóloga Denise Dresser, y la religiosa Consuelo Morales, quien fue Premio Nacional de Derechos Humanos.

El colectivo también recuerda que se han presentado acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicios de amparo contra la Ley de Seguridad Interior, por actores como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y las minorías parlamentarias de las Cámaras de Diputados y Senadores.
Así como por el Gobierno de Chihuahua, diversas comisiones estatales de derechos humanos, y los municipios de Nezahualcóyotl, Ocuilán y Cocotitlán, en el Estado de México; Oxkutzcab, Tepekan y Hoctun, en Yucatán; Ahuacatlan, San Pedro Cholula y Tepeyahualco, en Puebla, e Hidalgo del Parral, en Chihuahua.

“Consideramos que deben corregir lo que el Congreso de la Unión aprobó a pesar del llamado de los organismos y organizaciones nacionales e internacionales más reconocidos en la observancia y defensa de los derechos humanos”, agregaron.

En su posicionamiento, #SeguridadSinGuerra insiste en que la Ley de Seguridad Interior contiene conceptos vagos e imprecisos, que facultan a las Fuerzas Armadas a actuar sin mecanismos de control y transparencia.

Además de que afianzaría una estrategia de seguridad que ha resultado en la violación masiva de derechos humanos y en la generación de más violencia.

“No hay evidencia de que la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado haya disminuido los índices de homicidios, robos, secuestros y otros delitos”, argumenta.

“Por el contrario, desde que las Fuerzas Armadas participan en labores que constitucionalmente corresponden exclusivamente a las autoridades civiles, se han documentado graves violaciones a derechos humanos que han quedado impunes”.

Va INAI contra artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior

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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI), a través de su consejo consultivo presentarán una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior, específicamente, contra el artículo 9, debido a que  dicho ordenamiento legal es contrario al principio de máxima publicidad.

El instituto argumentó en un comunicado, que el artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior “transgrede los principios de máxima publicidad, de temporalidad en la reserva y de progresividad”, pues estos deben imperar para asegurar el derecho humano de acceso a la información.

El instituto llegó a la conclusión de que el dictamen de Ley “contiene conceptos que podrían considerarse ambiguos o imprecisos”.

Durante el primer encuentro del año del Consejo Consultivo del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado presidente, informó  que hizo un llamado al Senado de la República “para proponer a los ciudadanas o ciudadanos mexicanos a ocupar los dos cargos de Consejeros Honoríficos del Consejo Consultivo“.

Por lo pronto, el INAI, a través de los siete comisionados pertenecientes al instituto, enviaron un oficio al Senado en el que destacaron que al nombrar  a ciudadanos al Consejo Consultivo que “coadyuvará a fortalecer y consolidar los derechos de acceso a la información y protección de datos personales en favor de la ciudadanía”.

Amnistía Internacional pide a Peña vetar la Ley de Seguridad Interior

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La organización Amnistía Internacional (AI) pidió al presidente Enrique Peña Nieto vetar la Ley de Seguridad Interior aprobada el pasado viernes 15, porque en los términos en los que está planteada “es contraria a las obligaciones del país bajo el derecho internacional” y “pone en serio riesgo” los derechos humanos en México.

Amnistía Internacional le insta, de manera inequívoca, a vetar dicha ley y reenviarla al Congreso para permitir un amplio y auténtico debate nacional sobre este tema”, puntualizó Salil Shetty, secretario general de AI, en una misiva enviada al Ejecutivo mexicano.

Shetty relata que en febrero de 2014 se reunió con Peña y miembros de su gabinete, y durante ese encuentro “nuestra delegación le advirtió sobre la grave crisis de derechos humanos que enfrentaba su país y el impacto preocupante que tenía el rol de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, además de otras estrategias militarizadas que su gobierno ansiaba continuar”.

Subraya que tanto a defensoras y defensores de derechos humanos en México, así como a organismos internacionales, “nos preocupa enormemente” que la implementación de la Ley de Seguridad Interna “no hará más que aumentar la larga lista de violaciones graves a los derechos humanos en México, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas”.

“Esto a pesar de que la evidencia demuestra que esta estrategia ha fallado en brindar seguridad durante más de una década, desde que se desplegaron militares en las calles de México. Asimismo, la ley no contiene mecanismos efectivos de supervisión o control del trabajo de las fuerzas armadas y, en particular, no asegura que estén subordinadas y bajo el comando de las autoridades civiles”.

Conforme esta ley, agrega, las fuerzas armadas guiarían sus propias operaciones e incluso coordinarían a policías en un peligroso sometimiento de las fuerzas civiles a las militares. Amnistía Internacional “está también alarmada por la autorización que esta ley brinda a las fuerzas armadas para intervenir en manifestaciones”.

Amnistía Internacional asegura que de ser promulgada la ley violaría el derecho a la privacidad y debilitaría enormemente a los órganos autónomos, tales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al obligarles a entregar cualquier información que requieran las fuerzas armadas, sin control judicial.

“Esto supone un riesgo para millones de mexicanos y mexicanas cuyos datos son guardados por estas instituciones“.

En lugar de esta ley, remata, “México necesita un proceso que lleve al retiro de las fuerzas armadas de tareas de seguridad pública y a desarrollar fuerzas policiacas civiles con recursos suficientes”.

El INAI le hace un favorcito a Emilio Lozoya

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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) ha determinado que la compra de la planta chatarra Agro Nitrogenados, la cual fue efectuada por Pemex en 2013 por un total de 275 millones de dólares, considerada a sobreprecio, debe de quedar reservada ya que argumenta el INAI que “no se utilizó dinero público.”

Según la publicación de REFORMA, se dio a conocer que Pemex bajo la dirección de Lozoya, gastó la cantidad mencionada en la recuperación de instalaciones y máquinas dentro de la empresa.

El argumento de la comisionada Ximena Puente fue que luego de la entrada de la reforma energética, Pemex pasó de ser una empresa paraestatal a una productiva del Estado, mientras que las filiales fueron transformadas en compañías privadas, por lo que no se les aplica el derecho público.

La comisionada del INAI clasificó como confidenciales los avalúos realizados a la planta de Agro Nitrogenados, ya que no es aplicable el secreto bancario, comercial y fiscal. Se determinó que la filial de Pemex que en 2013 compró la planta, Pro Agro Industria, es un sujeto de derecho privado.

La Auditoría Superior de la Federación reveló que la adquisición de la planta fue con un sobrecosto de 93.1 millones de pesos y que 60% de esta era chatarra, pese a que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales ya había indicado que el complejo estaba prácticamente inservible.

(Con información de Animal Político)

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