La ASF prepara nuevas denuncias contra Sedatu por supuesto desvío de 1,500 mdp.

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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) prepara cinco denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto desvío, solo en 2016, de mil 529 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a través del esquema de fraude documentado en La Estafa Maestra.

Un punto de acuerdo de Morena, presentado este jueves en el Senado, pide que la PGR informe sobre el estado de las denuncias por La Estafa Maestra, estas cinco nuevas denuncias contra la Sedatu se sumarán a otras 18 interpuestas por la ASF ante PGR contra la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), entre 2013 y 2015, por el presunto desvío de otros 2 mil 824 millones de pesos.

Por lo que, en total, entre ambas dependencias sumarán 21 denuncias penales por desvíos que ascienden a 4 mil 354 millones de pesos.

Rosario Robles fue la titular de la Sedesol entre diciembre de 2012 y agosto de 2015, periodo de tiempo en el que, según denunció la ASF, se produjeron presuntos desvíos millonarios de recursos públicos que fueron triangulados, a través de universidades públicas y de una violación a la ley de adquisiciones, en empresas fantasma o irregulares.

Posteriormente, Robles pasó a encabezar la Sedatu, dependencia en la que la ASF reportó que hubo desvíos por más de mil 500 millones de pesos utilizando el mismo esquema, aunque con una novedad: en este caso se utilizó a una universidad intermediaria en el presunto fraude (la Universidad Politécnica de Quintana Roo), y también a tres medios de comunicación estatales: la Televisora de Hermosillo, el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, y Radio y Televisión de Hidalgo.

Perfila Morena denuncia por saqueo con Rosario Robles

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Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, dijo que su grupo parlamentario planteará ante el Pleno integrar una comisión de investigación por el desvío de recursos en Sedesol y Sedatu, y adelantó que presentará denuncias penales contra Rosario Robles.

Además, sostuvo que citará a comparecer en el Senado a los secretarios por el desvío millonario de recursos detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante los años 2014 y 2016.

Las denuncias penales se presentarán una vez que se hagan las comparecencias y las indagatorias, señaló.

A través de un comunicado, el Senado de la República informó que los integrantes de la Junta de Coordinación Política acordaron citar a comparecer ante el pleno a los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía, de Relaciones Exteriores y de Gobernación, en el marco del último informe del presidente Enrique Peña.

 

Pierden el fuero cinco diputados federales implicados en la red de empresas fantasma de Veracruz

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El próximo 1 de septiembre dejarán de ser diputados federales cinco ex funcionarios del gobierno de Javier Duarte, en el que ocuparon altos cargos en dependencias de Veracruz desde las cuales se hicieron millonarios pagos a empresas fantasma. Gracias a su fuero como legisladores no se ha podido proceder en contra de algunos de ellos.

Se trata de Antonio Tarek Abdalá quien fuera Tesorero de la Secretaría de Finanzas de Veracruz; Alberto Silva Ramos quien se desempeñó como secretario de Desarrollo Social y coordinador de comunicación social; Adolfo Mota Hernández quien ocupó el cargo de secretario de Educación; Edgar Spinoso Carrera quien trabajó como Oficial Mayor de dicha dependencia; y Noemí Guzmán Lagunes, ex secretaria de Protección Civil.

En las elecciones federales de 2015 todos ellos obtuvieron un lugar en la Cámara Baja abanderados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con excepción de Spinoso quien compitió por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Lo hicieron justo después de dejar sus cargos en el gobierno de Veracruz y cuando ya se habían realizado la mayor parte de las transferencias de recursos públicos a las compañías fachada con licitaciones simuladas.

Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción (MCCI) publicaron en mayo pasado que la administración de Javier Duarte transfirió más de 3 mil 600 millones de pesos a una red de empresas fantasma a través de distintas dependencias, entre ellas las que encabezaron los hoy diputados federales.

El año pasado la Fiscalía de Veracruz intentó proceder en contra de algunos de los legisladores pero el fuero que perderán el próximo 1 de septiembre lo impidió.

La Procuraduría General de la República también investiga, por su parte, la desaparición de recursos federales en la gestión de estos funcionarios a partir de las denuncias formales interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación  (ASF).

Panistas acusan a AMLO de conflicto de interés

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El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Triana, aseveró que en el tema de los contratos de adjudicación directa que otorgó en su momento Andrés Manuel López Obrador a la empresa Ribóo hay conflictos de interés.

Al respecto indicó que durante la gestión de López Obrador como jefe de Gobierno de la Ciudad de México se nombró a Yazmín Esquivel, esposa del empresario José María Riobóo, como presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, lo cual demuestra conflicto de interés.

En conferencia de prensa, el legislador panista aseveró que incluso ella dilató una investigación sobre la construcción de la Supervía Poniente en la capital del país, a cargo de la empresa Rioboo.

Acompañado por Fernando Rodríguez Doval y Rubén Aguilar, voceros de la campaña presidencial de Ricardo Anaya, explicó que los contratos a los que aludió el candidato de la coalición Por México al Frente sí existen y serán subidos a la página electrónica donde se ofrecen los detalles de esta acusación.

Señalado que se trata de contratos por 171 millones de pesos que amparan obras de los segundos pisos en la Ciudad de México y que fueron otorgados por adjudicación directa por un monto de 171 millones de pesos.

Agregó que la empresa fue inhabilitada en 2006 a raíz de una revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), si bien para entonces ya se habían concluido las obras y Andrés Manuel López Obrador había solicitado licencia a la Jefatura de Gobierno.

En temas de carácter federal Fernando Rodríguez Doval indicó que hay confianza del equipo de Ricardo Anaya Cortés en obtener la victoria el 1 de julio y adelantó que el candidato realizará cierres de campaña regionales aprovechando la conclusión de las campañas de aspirantes a gobernadores.

Dijo también que hay un amplio margen de indecisos que con denuncias como las realizadas este jueves podrán tomar una determinación y se sumó a lo dicho previamente por el diputado Triana en el sentido de que el único cambio que representa López Obrador “es el cambio de contratista favorito”.

También habló sobre el incidente ocurrido la víspera donde supuestamente José Ramón López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador, habría increpado en un aeropuerto al candidato Ricardo Anaya, y consideró que este ataque podría deberse a la frustración del hijo del candidato tabasqueño, pero no le contestaron “porque no conviene llevar la lucha política al enfrentamiento personal“.

Denuncian que Duarte desapareció mil 400 mdp que retuvo a trabajadores por ISR y Afores

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En su último año, el gobierno de Javier Duarte retuvo a los trabajadores 1,400 millones de pesos que correspondían al Impuesto Sobre la Renta y al Sistema de Ahorro para el Retiro. Los recursos nunca fueron transferidos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), ni al Instituto Mexicano del Seguro Social y su paradero es desconocido, concluyó la Auditoría Superior de la Federación.

Este año se realizaron nuevas auditorías a la administración de Duarte, con motivo del análisis de la Cuenta Pública de 2016.

Los auditores calcularon el Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido en 2016, a partir de la nómina de trabajadores en 16 dependencias del gobierno de Veracruz. Así se estableció que la administración de Duarte retuvo por lo menos mil 260 millones de pesos de los salarios pagados.

La administración estatal si recortó a los trabajadores el dinero correspondiente al ISR pero este nunca fue ingresado a las arcas del SAT o a las de la Tesorería del estado, o por lo menos no hay documentos que así lo comprueben. El dinero literalmente no aparece.

La misma anomalía ocurrió con impuestos locales. Los auditores identificaron que el gobierno estatal retuvo 137 millones 369 mil pesos a los trabajadores en 2016 con motivo del impuesto por remuneraciones al trabajo personal y fomento a la educación. El dinero sin embargo, nunca fue reintegrado a las arcas de la tesorería local
El fraude se extendió a las afores. La ASF reportó que a lo largo de 2016 el gobierno de Veracruz retuvo 17 millones 341 mil pesos destinados al Sistema de Ahorro para el Retiro, sin embargo, el gobierno no comprobó que haya transferido las retenciones correspondientes al cuarto y quinto bimestre de ese año. Esto significa que hay cinco millones 795 mil pesos desaparecidos.

En caso de que el gobierno de Veracruz, actualmente ya bajo la administración de Miguel Ángel Yunes, no acredite el destino de los recursos y los devuelva, estas anomalías darían paso a nuevas denuncias penales ante la PGR en contra de la administración de Duarte.

Pemex pagó 61% más de lo acordado a Odebrecht en refinería de Tula

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Pemex pagó a Odebrecht 61 por ciento más de lo acordado en el contrato original para diversas obras del proyecto de aprovechamiento de aguas residuales en la refinería Miguel Hidalgo, en Tula.

El diario Reforma publicó este miércoles que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que la obra se contrató por mil 436 millones de pesos y se ejecutaron trabajos por 2 mil 315 millones de pesos.

Además, señaló que hay un probable daño por 139.9 millones de pesos debido a la falta de ajuste de los costos indirectos, de la utilidad y de los cargos adicionales.

“Denota falta de supervisión, vigilancia y control de los trabajos en el aspecto de costo por parte de la entidad fiscalizada, ya que la falta de dicho ajuste significó un sobrecosto de los trabajos por el importe observado”, menciona en el informe.

La Secretaría de la Función Pública (SPF) reconoció que encontró irregularidades administrativas en la refinería por 2.5 millones de pesos en contratos entre Pemex y la constructora brasileña, que se declaró culpable de haber sobornado a funcionarios de varios países latinoamericanos, entre ellos México, ante la justicia de Estados Unidos.

Odebrecht confesó haber entregado sobornos en México por 10.5 millones de dólares; sin embargo, esta no fue la única observación que realizó la ASF a contratos de Pemex con Odebrecht, pues éstas suman un total de 953.2 millones de pesos, principalmente a raíz de sobrecostos.

Entre varias observaciones, la Auditoría cuestionó que Pemex realizara pagos en exceso por 707.6 millones de pesos a raíz de que se pagaron precios unitarios altos por conceptos como el trazo y nivelación topográfica, desmonte de terreno, entre otros.

“El contrato se terminó el 10 de agosto de 2015 y se encuentra finiquitado”, detalló la ASF.

Auditoria menciona que el Paso Exprés es una obra de mala calidad y con gastos inflados

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El Paso Exprés es una obra de mala calidad pese a su costo millonario, en donde además hubo pagos por obras no realizadas y gastos inflados, entre otras irregularidades, señala revisión de la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La auditoría señala que “la carpeta de concreto hidráulico y las bases estabilizadas eran de mala calidad, y hubo incumplimiento de espesores”.

En julio pasado, solo tres meses después de su inauguración, se abrió un socavón en el Paso Exprés que provocó la muerte de dos personas – padre e hijo – al caer su vehículo.

La ASF comprobó que hubo pagos por obras no realizadas, gastos inflados por 186 millones de pesos y material que supuestamente se compró pero no apareció ni colocado en la obra ni en las bodegas.

Según la Auditoria hay más de 491 millones de pesos que deben ser aclarados; se estima que el gobierno federal debe recuperar 108.6 millones de pesos que fueron pagados de manera indebida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dirigida por Gerardo Ruiz Esparza, a través del Centro SCT Morelos.

En la revisión también se detectó que en marzo de 2014, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) asignó al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) el contrato para la elaboración del estudio y el proyecto de la ampliación del libramiento de Cuernavaca o Paso Exprés, por un total de 26 millones de pesos.
El INAP, dice la ASF, no sólo carece de experiencia en ese tipo de trabajos sino que además no está en sus atribuciones el elaborar proyectos ejecutivos de infraestructura vial, de hecho el INAP terminó subcontratando a la empresa jalisciense ORVA Ingeniería, SA de CV sin que la SCT se inconformara por la irregularidad.
La Auditoría recomendó a la SCT “en lo subsecuente se cerciore de que los proyectos para las obras públicas ejecutadas a su cargo y que sean realizados por empresas, dependencias, entidades, órganos u organismos, éstos cuenten con las facultades, atribuciones y capacidad técnica”.