Solicitan llevar a Duarte a Penal Federal

Alberto Elias Beltrán, subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR) informó que el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte llegará a México entre el 17 y el 21 de julio y detalló que pedirán que sea recluido en un penal federal.

“En cuanto sea entregado a las autoridades mexicanas lo pondremos a disposición del juez de distrito que giró la orden de aprehensión por los dos delitos federales y tiene como sede el Reclusorio Norte“, afirmó en entrevista para Radio Fórmula.

“Sin embargo la Procuraduría ya está haciendo los trámites necesarios para que dicha autoridad judicial federal determine en qué centro de reclusión de orden federal deberá estar internado para poder llevar privado de su libertad el proceso que por el orden de los delitos federales debe de enfrentar”, afirmó.

El exmandatario veracruzano aceptó este martes ser extraditado a México para enfrentar los cargos federales por presunta delincuencia organizada, desvío de fondos públicos y lavado de dinero, de los cuales se dice inocente.

La administración de Duarte enfrenta al menos 52 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante la PGR, derivadas de la revisión de las cuentas públicas del sexenio hasta 2014.

En entrevista con Radio Fórmula el martes, Beltrán dijo que el exmandatario estatal podría alcanzar hasta 30 años de prisión por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Nueva sede del INE registra irregularidades.- ASF

Adjudicación directa no justificada, pagos sin comprobación y falta de revisión de precios unitarios son algunas irregularidades que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó en el proyecto para construir en la Ciudad de México la nueva sede del Instituto Nacional Electoral (INE), mismo que a fin de cuentas fue cancelado.

En el primer paquete de auditorias que presentó la ASF a la Cámara de Diputados, el pasado viernes, como parte de la revisión de la cuenta pública 2016, la dependencia señaló anomalías en el proyecto ejecutivo, el plan maestro de la obra y dos contratos relacionados.

Entre 2015 y 2016, la Cámara de Diputados aprobó una bolsa de mil 70 millones de pesos para que el INE edificara un complejo de oficinas diseñado por el despacho Balau Arquitectos, que incluiría 970 cajones de estacionamiento, dos torres de 14 pisos, techos verdes, una macrosala y la remodelación de los edificios existentes.

En agosto de 2016, se licitó el “Proyecto ejecutivo para la modernización, ampliación y remodelación del conjunto Tlalpan del Instituto Nacional Electoral“, un contrato que fue adjudicado al combo de empresas Tadco Constructora, AKF México y BA Architecture, por un total de 55.4 millones de pesos.

Como parte de las 502 auditorias que realizó la ASF, se analizaron los cuatro contratos relacionados con el proyecto de nuevo edificio del INE.

La ASF explicó que se “revisaron 33 conceptos que comprendieron la ejecución de los servicios”, por los que se ejercieron 10.7 millones de pesos durante el 2016 (está pendiente por revisar para el próximo año 50 millones más).

Ademas, la ASF, por todo lo anterior, determinó que existen recuperaciones probables por 2 millones 576 mil pesos.

Detectan malos manejos de recursos del Seguro Popular en 28 Estados de la República

Monterrey (03 de julio de 2017).- La ASF (Auditoria Superior de la Federación) detecto malos manejos de los recursos federales asignados en 28 de las 32 entidades del país en 2016. Dicho lo anterior el monto estimado asciende a los 6 mil millones de pesos en donde hay estados en los que al menos los desvíos van desde un 24 hasta el 55% del dinero correspondiente.

Un determinador fue el programa que permite acercar servicios de salud y tratamiento de enfermedades graves como VIH o cáncer a la población más vulnerable, el Seguro Popular.

Los estados reportados con irregularidades son; Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Chiapas y Veracruz a pesar de que son las entidades con los montos más altos en cuanto a recursos del Seguro Popular.

Una revisión hecha por Animal Político estableció que de los 6 mil millones reportados con anomalías, al menos 4 mil 500 son recursos que dichas entidades aseguraron haber gastado pero se desconoce en qué se hizo o en otros casos no hay manera de comprobar por falta de documentos.

Hay cuatro estados más en los que la ASF no encontró ningún indicio de posibles desvíos de recursos federales asignados para el Seguro Popular que son, Coahuila, Colima, Tlaxcala y Zacatecas.

Tres estados más fueron reportados con posible daño patrimonial en el manejo del Seguro Popular, entre los cuales se encuentran Nuevo León con 29 millones 444 mil pesos y Sinaloa con 24 millones 252 mil pesos.

La PGR solicitará la extradición de Javier Duarte mañana

El subprocurador Jurídico de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Díaz Beltrán, anunció que mañana se presentará al gobierno de Guatemala la solicitud para extraditar a Javier Duarte, el ex gobernador de Veracruz.

Duarte fue arrestado desde el 15 de abril, sin embargo, Díaz Beltrán agregó que la solicitud para extraditarlo está dentro del plazo. Así mismo, el subprocurador comentó que dos ordenes de aprehensión que emitió el gobierno de Veracruz en contra de Duarte formaran parte de la solicitud que le harán al gobierno de Guatemala.

Se sabe que la segunda orden de aprehensión se emitió días después de que Duarte fuera arrestado en Guatemala por su supuesta participación en un fraude durante su administración en la cual se desaparecieron 2 mil millones de pesos originalmente destinados a programas sociales del Seguro Popular.

Al ser entrevistado Díaz Beltrán en el programa de Carlos ZúñigaMesa para todos de MVS, dijo que se hizo el esfuerzo para cumplir con todos los requisitos establecidos en el Tratado Bilateral de Extradición entre México y Guatemala, y esperaba que para este miércoles  7 se presentará la solicitud formal.

Así mismo, Animal Político publicó una investigación en la cual se informaba que la PGR tiene abiertas 56 averiguaciones previas debido a denuncias realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) , sin embargo se aclaró que ninguna de estas ha sido presentada frente a un juez.

Con información de Animal Político

Trabajar por la honestidad en México

En términos porcentuales las pérdidas derivadas de actos de corrupción en nuestro país representan casi el 10% del PIB nacional, esto de acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) es casi 5 veces mayor al promedio que se presenta en todo el mundo en donde el porcentaje es del 2% del PIB global. Al parecer no se trata de actos particulares ni siquiera de casos emblemáticos, se trata en cambio de una práctica extendida desde lo local hasta lo federal que se expresa en las más diversas formas y está presente en lo público, lo privado y lo social.




Por ejemplo en el año 2015 se estima que la corrupción en nuestro territorio alcanzó los 906 mil millones de pesos lo que representa el 5% del PIB de ese año. De acuerdo con el libro de la Dra. María Amparo Casar “Anatomía de la Corrupción 2015” los costos de la corrupción implican entre otras cosas la pérdida de 480,000 millones de empleos al año así como la pérdida de 5% de las ventas en las empresas sólo por mencionar algunos. Así también este estudio comenta que ante un incremento en la corrupción hay un incremento en la violencia.

Ante los alcances que esta problemática tiene en lo económico, político, y social, sólo por mencionar unos rubros, el gobierno mexicano aprobó a partir de la reforma constitucional del mes de mayo de 2015 el Sistema Nacional Anticorrupción para poder atajar este fenómeno; en ese marco se estableció que el sistema sea presidido por ciudadanos, por ello la investigadora de la UNAM, Jacqueline Peschard encabezará el primer Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

Entre las aportaciones de esta Ley está el fortalecimiento de instituciones como la Secretaría de la Función Pública y se les dará autonomía para perseguir los actos de corrupción, igualmente se ponderó la transparencia y rendición de cuentas en búsqueda de un combate a la problemática; los alcances de la reforma en lo normativo se aprecia en aprobación de siete paquetes de legislación secundaria en la materia, a saber:

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, son el cuerpo que vertebra y articula de manera lógica otra serie de reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, al Código Penal Federal y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se trata de un gran trabajo inédito por sus alcances y será la fuente que permitirá construir una nueva forma de trabajar en la función pública con base en la transparencia, la rendición de cuentas y sobre todo con ética pública.

Por el lado del Poder Legislativo, la Junta de Coordinación Política creó en diciembre de 2016 la Comisión Investigadora del Funcionamiento de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, presidida por el suscrito, y que se integra con un grupo plural de diputados de todos los partidos políticos, y su presidencia será rotativa cada cinco meses entre los grupos parlamentarios que las integran.

Esta comisión investigadora se creó para revisar que las operaciones y contratos de infraestructura y servicios con particulares se hayan apegado a los principios de legalidad, transparencia y honradez, vigilando el apego a las normas y procedimientos. Para el desarrollo de sus funciones la Comisión se coordina con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y con los Órganos Internos de Control de las Entidades Paraestatales. La Comisión al revisar estos contratos realiza un tipo de revisión que no suple ni duplica a la ASF, sino que asegura que los contratos se desarrollen en apego a los que las normas establecen.




En los próximos años deberá trabajarse en todos los frentes de la función pública para lograr que la honestidad sea una forma cotidiana de trabajar, para que el dinero público se gaste en lo que se tiene que gastar, para  optimizar el uso de los recursos que son de todos, y sobre todo, para dejar atrás una era en que la administración de recursos terminó por convertirse en un factor adverso a la legitimidad y credibilidad del Estado mexicano.  La corrupción cuesta mucho más del diez por ciento del PIB, cuesta la disolución de las instituciones,  la pérdida de credibilidad y la fractura de la confianza ciudadana en sus gobiernos.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”