Segob gasta más de 150 millones en mantener computadoras viejas

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Segob gasta más de 150 millones en mantener computadoras viejas

Casi el 60% de las 29 mil computadoras que hay en la Secretaría de Gobernación (Segob) son viejas y obsoletas, y aunque su correcto funcionamiento ya no puede garantizarse debido a que su vida útil concluyó, en 2017 la dependencia desembolsó más de 150 millones de pesos para darles mantenimiento.

Así lo revela una verificación de dichos equipos de cómputo hecha por un equipo de expertos en informática de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los cuales además de lo anterior encontraron anomalías en cuanto a especificaciones, sistemas inexistentes por los que también se pagó indebidamente a proveedores, y falta de pruebas de servicios supuestamente realizados.

De acuerdo con el informe de resultados, la Secretaría de Gobernación cuenta con 29 mil 272 equipos de cómputo no solo en sus oficinas administrativas, sino en áreas clave como Policía Federal o en el Organo de Readaptación Social a cargo de los penales federales de alta seguridad.

Del total de esos equipos, hay 17 mil 475, el 59.7% que datan del 2014 hacia atrás. De acuerdo con los parámetros de Estimulación de Vida Útil de la propia dependencia publicados en el Diario Oficial de la Federación, todo equipo tiene un periodo de vida útil de tres años.

Lo anterior significa que, en promedio, 6 de cada 10 computadoras que tiene Gobernación son oficialmente obsoletas.

Hay casos extremos. Los auditores encontraron que de los equipos cuya vida útil concluyó, hay cuatro mil 312 que datan del 2008, es decir, tienen 10 años de antigüedad. Hay mil 737 que son del 2009, mil 413 del 2010, dos mil 36 del 2011, mil 778 del 2012, mil 928 del 2013 y cuatro mil 271 de 2014.

Por otro lado, hay cuatro mil 484 computadoras en Gobernación que son de 2015 y que para el siguiente año también habrán concluido su periodo de vida útil. Hay 3 mil 57 equipos de 2016 y cuatro mil 255 de 2017. En 2018 solo se ha adquirido una computadora nueva.

(Con información de Animal Político)

Titular de la ASF despide a Dora Buchahin, directiva que descubrió el esquema de la llamada “Estafa Maestra”

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La directora general de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación, Muna Dora Buchahin, denunció que fue separada de su cargo por documentar desvíos importantes de dinero en diversas entidades gubernamentales.

En una carta dirigida al titular de la dependencia, David Rogelio Colmenares Páramo (y publicada por Aristegui Noticias) señala que desde el 23 de mayo se le avisó de su despido.

Buchahin aseveró que esto le sorprendió mucho, ya que ella cuenta con 13 años de experiencia ininterrumpida en su labor, misma que no siempre fue reconocida y valorada.

“Tanto la forma y las condiciones de la solicitud, como el fondo del asunto, me parecen tan sorpresivas como improcedentes”, señaló la auditora.

La ahora ex funcionaria pidió a Gerardo Lozano Durbernard, Auditor Especial de Cumplimiento Financiero (AECF) conocer con precisión las razones de sus despido, además señaló que su integridad puede estar en riesgo ya que durante su gestión realizó investigaciones que afectan intereses.

La Auditoría Superior respondió en un comunicado que Buchahin no fue separada del cargo por los resultados de las auditorías que realizó, sino por un conflicto de interés, ya que aprovechó su posición como funcionara de la ASF.

Según la ASF, Buchahin contrató a una empresa que ella encabeza para prestar servicios de capacitación; además de que otras dos compañías de las que es socia también dieron servicios a entidades públicas auditadas por la Auditoría Superior.

La ASF informó que se inició una investigación por el presunto desvío de recursos humanos de la dependencia en favor de la empresa presidida por Buchain.

Sobre el riesgo a su integridad, Lozano Dubernard señala que todo el personal que realiza las auditorías es vulnerable pues las investigaciones tienen diverso tramos de actuación en varias áreas.

El funcionario aseguró que las auditorías que están en curso continuarán, igual que las acciones que hayan derivado de las revisiones que realizó Buchahin durante su gestión.

Buchahin detalló en su carta que están en proceso 8 auditorías forenses y 5 propuestas más para el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior. Dos de ellas son denuncias documentadas y vinculadas con Sedatu y convenios con instituciones públicas con desvíos de 275,2 millones de pesos que fueron descubiertos durante la ejecución de auditorías en diciembre de 2017.

También señaló que su área realizó informes – que fueron enviados a la Unidad de Asuntos Jurídicos — que detallaron el “modus operandi”, los probables responsables, y el grave daño social ocasionado bajo esquemas de corrupción y simulación, a través de los que se desviaron un estimado de 7.700 millones de pesos e involucran a funcionarios de Sedesol, Sedatu, universidades y hasta terceros presuntos proveedores.

Será el 21 de junio cuando entregue la oficina que se le había encomendado, lo que ella consideró desde que fue notificada de su despido, como una acción sin fundamento.

Tribunal Federal descongela cuenta de empresa fantasma a la que Sedesol pagó 223 mdp

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Un Tribunal Federal  decidió descongelar las cuentas de la Comercializadora Devolviendo Confianza (CDC), empresa que otorgó servicios fantasma a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) entre 2014 y 2015 por un monto de 223.4 millones de pesos.

La Auditoria Superior de la Federación confirmó que CDC fue la beneficiaria final del monto millonario pagado por Sedesol, el cual estaba destinado en un inicio “para la difusión de programas sociales”, según lo informa el diario Reforma.

La orden emitida por el tribunal permitirá que los propietarios de dicha empresa fantasma, puedan disponer de nueva cuenta de los 223.4 millones de pesos.

En febrero de 2016 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda incluyó a CDC en su lista de personas bloqueadas y congeló la cuenta de la empresa por sospechas de lavado de dinero.

Fue hasta el pasado 27 de marzo que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa revocó tal acción. Dando acceso a los recursos a los propietarios de la cuenta.

Desde el 15 de marzo pasado, la corte había declarado inconstitucional la facultad de la UIF para congelar cuentas, por lo que esta decisión se veía venir.

A través de dos auditorías, las ASF encontró que entre 2014 y 2015 se firmaron más de 60 contratos con proveedores que supuestamente prestaron servicios a Radio y Televisión de Hidalgo (RTH).

Tras la investigación se demostró que el total del dinero entregado a RTH para la difusión de programas sociales, quedó finalmente en las manos de Comercializadora Devolviendo Confianza, la cual no pudo comprobar la prestación de algún servicio a cambio de los 223.4 millones de pesos.

El 23 de febrero, la ASF reveló que funcionarios de Radio y Televisión de Hidalgo fueron obligados a firmar contratos y transferir dinero a empresas y personas físicas con las que nunca tuvieron trato.

Los contratos para la entrega del dinero se habrían firmado en las oficinas de la Sedesol en la Ciudad de México en abril de 2015, cuando Rosario Robles era la titular de la dependencia.

Le “saca” PRI a discutir tema de Odebrecht en San Lázaro

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El Partido Revolucionario Institucional (PRI), evitó esta la discusión de las sanciones en contra de funcionarios públicos que dieron contratos a la empresa brasileña Odebrecht en el Proyecto Etileno XXI. Por su parte diputados pertenecientes a los partido que conforman la coalición “Por México al Frente”, denunciaron con una manta gigante la corrupción en la administración de Enrique Peña Nieto.

Justo en el momento en el que se puso a votación en el tablero electrónico un punto de acuerdo presentado por la diputada de Morena, Rocío Nahle, los legisladores del PAN, PRD y MC desplegaron una manta del largo del presidium de la Mesa Directiva, en la que se podía leer: “Hijos de la Estafa Maestra”. Además, la manta tenía las fotografías de Peña Nieto, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, la funcionaria federal Rosario Robles y del candidato de la coalición “Todos Por México”, José Antonio Meade.

Además, los diputados y diputadas del Frente también desplegaron mantas con las fotos de Robles, y donde se señalaba los desvíos que detectó la Auditoria Superior de la Federación (ASF) por mil 747 millones de pesos, otra foto de Duarte con el monto de 60 mil millones de pesos, y la de Meade con el monto de 500 millones de pesos, cantidad que se detecto en las auditorías del 2017 durante su gestión en la Secretaría de Desarrollo Social.

Por su parte los priistas, celebraron con aplausos y gritos que se haya impedido abordar el tema de Odebrecht con 182 votos en contra y 160 a favor. El punto de acuerdo tenía considerado abrir la discusión urgente y la resolución de la propuesta de la ASF para iniciar acciones legales para generar la sanción a funcionarios que firmaron un contrato que favoreció a la empresa Braskem.

Tras la negativa, el diputado panista Jorge Triana dijo que los que votaron en contra del punto de acuerdo de Morena, eran enemigos de la transparencia y la rendición de cuentas.

La diputada de Morena, Rocío Nahle, denunció en la tribuna que de acuerdo con la ASF, el contrato por Etileno XXI generó pérdidas a Petróleos Mexicanos (Pemex) por 2 mil millones de pesos en el 2016.

Aunque los diputados de oposición pidieron que se repitiera la votación en el sistema electrónico, también se rechazó su discusión por el bloque priista.

Implican a Meade en desvíos de Sedesol

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El candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, tuvo responsabilidad directa en presuntos desvíos de cerca de 500 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) entre 2015 y 2016, denunció la coalición Por México al Frente.

En conferencia de prensa, Damián Zepeda, dirigente nacional del PAN, detalló que, de acuerdo con los informes de la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación, Meade, como titular de la Sedesol, está involucrado en un esquema de triangulación de recursos, a través de universidades públicas y la simulación de pagos a empresas subcontratadas, parecido a la llamada “estafa maestra”.

Zepeda explicó que, en octubre de 2015, ya con Meade como Secretario, la Sedesol pagó 400 millones de pesos a la Universidad Tecnológica de Chiapas, de los que no se sabe a dónde fueron a parar y que la ASF consideró como un daño al erario.

En un segundo caso, dijo, la Auditoría detectó que tres convenios de la Sedesol con universidades mexiquenses fueron modificados ilegalmente, pues se quitaron páginas y la fecha del fin de los mismos se cambió de noviembre de 2015 a agosto de ese año, antes de que Meade asumiera la dependencia.

Además de esas modificaciones a los convenios, agregó, se pidió una ampliación presupuestal de poco más de 60 millones de pesos, lo cual fue criticado por el órgano fiscalizador.

Zepeda mencionó que, en 2016, la Sedesol otorgó 70 millones de pesos a la Universidad de Zacatecas, los cuales se utilizaron para pagar a empresas subcontratadas, cuyo origen, dijo, no ha quedado claro.

De esos 70 millones, precisó el panista, alrededor de 61 tuvieron observaciones de la ASF, que los consideró como un daño al erario.

Zepeda, acompañado por legisladores del PAN y dirigentes del PRD y Movimiento Ciudadano, apremió a que la Auditoría informe qué estado guardan las denuncias presentadas sobre las irregularidades en los recursos manejados por la Sedesol.

También demandó que se revelen los nombres de las empresas subcontratadas por la Universidad de Zacatecas, pues se podrían tratar de firmas fantasma.

El líder panista comentó que, incluso, las acusaciones contra el candidato presidencial Ricardo Anaya son una estrategia del PRI para desviar la atención sobre los desvíos en dependencias federales.

Denuncian que Duarte desapareció mil 400 mdp que retuvo a trabajadores por ISR y Afores

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En su último año, el gobierno de Javier Duarte retuvo a los trabajadores 1,400 millones de pesos que correspondían al Impuesto Sobre la Renta y al Sistema de Ahorro para el Retiro. Los recursos nunca fueron transferidos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), ni al Instituto Mexicano del Seguro Social y su paradero es desconocido, concluyó la Auditoría Superior de la Federación.

Este año se realizaron nuevas auditorías a la administración de Duarte, con motivo del análisis de la Cuenta Pública de 2016.

Los auditores calcularon el Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido en 2016, a partir de la nómina de trabajadores en 16 dependencias del gobierno de Veracruz. Así se estableció que la administración de Duarte retuvo por lo menos mil 260 millones de pesos de los salarios pagados.

La administración estatal si recortó a los trabajadores el dinero correspondiente al ISR pero este nunca fue ingresado a las arcas del SAT o a las de la Tesorería del estado, o por lo menos no hay documentos que así lo comprueben. El dinero literalmente no aparece.

La misma anomalía ocurrió con impuestos locales. Los auditores identificaron que el gobierno estatal retuvo 137 millones 369 mil pesos a los trabajadores en 2016 con motivo del impuesto por remuneraciones al trabajo personal y fomento a la educación. El dinero sin embargo, nunca fue reintegrado a las arcas de la tesorería local
El fraude se extendió a las afores. La ASF reportó que a lo largo de 2016 el gobierno de Veracruz retuvo 17 millones 341 mil pesos destinados al Sistema de Ahorro para el Retiro, sin embargo, el gobierno no comprobó que haya transferido las retenciones correspondientes al cuarto y quinto bimestre de ese año. Esto significa que hay cinco millones 795 mil pesos desaparecidos.

En caso de que el gobierno de Veracruz, actualmente ya bajo la administración de Miguel Ángel Yunes, no acredite el destino de los recursos y los devuelva, estas anomalías darían paso a nuevas denuncias penales ante la PGR en contra de la administración de Duarte.

Pemex pagó 61% más de lo acordado a Odebrecht en refinería de Tula

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Pemex pagó a Odebrecht 61 por ciento más de lo acordado en el contrato original para diversas obras del proyecto de aprovechamiento de aguas residuales en la refinería Miguel Hidalgo, en Tula.

El diario Reforma publicó este miércoles que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que la obra se contrató por mil 436 millones de pesos y se ejecutaron trabajos por 2 mil 315 millones de pesos.

Además, señaló que hay un probable daño por 139.9 millones de pesos debido a la falta de ajuste de los costos indirectos, de la utilidad y de los cargos adicionales.

“Denota falta de supervisión, vigilancia y control de los trabajos en el aspecto de costo por parte de la entidad fiscalizada, ya que la falta de dicho ajuste significó un sobrecosto de los trabajos por el importe observado”, menciona en el informe.

La Secretaría de la Función Pública (SPF) reconoció que encontró irregularidades administrativas en la refinería por 2.5 millones de pesos en contratos entre Pemex y la constructora brasileña, que se declaró culpable de haber sobornado a funcionarios de varios países latinoamericanos, entre ellos México, ante la justicia de Estados Unidos.

Odebrecht confesó haber entregado sobornos en México por 10.5 millones de dólares; sin embargo, esta no fue la única observación que realizó la ASF a contratos de Pemex con Odebrecht, pues éstas suman un total de 953.2 millones de pesos, principalmente a raíz de sobrecostos.

Entre varias observaciones, la Auditoría cuestionó que Pemex realizara pagos en exceso por 707.6 millones de pesos a raíz de que se pagaron precios unitarios altos por conceptos como el trazo y nivelación topográfica, desmonte de terreno, entre otros.

“El contrato se terminó el 10 de agosto de 2015 y se encuentra finiquitado”, detalló la ASF.

Auditoria menciona que el Paso Exprés es una obra de mala calidad y con gastos inflados

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El Paso Exprés es una obra de mala calidad pese a su costo millonario, en donde además hubo pagos por obras no realizadas y gastos inflados, entre otras irregularidades, señala revisión de la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La auditoría señala que “la carpeta de concreto hidráulico y las bases estabilizadas eran de mala calidad, y hubo incumplimiento de espesores”.

En julio pasado, solo tres meses después de su inauguración, se abrió un socavón en el Paso Exprés que provocó la muerte de dos personas – padre e hijo – al caer su vehículo.

La ASF comprobó que hubo pagos por obras no realizadas, gastos inflados por 186 millones de pesos y material que supuestamente se compró pero no apareció ni colocado en la obra ni en las bodegas.

Según la Auditoria hay más de 491 millones de pesos que deben ser aclarados; se estima que el gobierno federal debe recuperar 108.6 millones de pesos que fueron pagados de manera indebida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dirigida por Gerardo Ruiz Esparza, a través del Centro SCT Morelos.

En la revisión también se detectó que en marzo de 2014, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) asignó al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) el contrato para la elaboración del estudio y el proyecto de la ampliación del libramiento de Cuernavaca o Paso Exprés, por un total de 26 millones de pesos.
El INAP, dice la ASF, no sólo carece de experiencia en ese tipo de trabajos sino que además no está en sus atribuciones el elaborar proyectos ejecutivos de infraestructura vial, de hecho el INAP terminó subcontratando a la empresa jalisciense ORVA Ingeniería, SA de CV sin que la SCT se inconformara por la irregularidad.
La Auditoría recomendó a la SCT “en lo subsecuente se cerciore de que los proyectos para las obras públicas ejecutadas a su cargo y que sean realizados por empresas, dependencias, entidades, órganos u organismos, éstos cuenten con las facultades, atribuciones y capacidad técnica”.

Solicitan llevar a Duarte a Penal Federal

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Alberto Elias Beltrán, subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR) informó que el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte llegará a México entre el 17 y el 21 de julio y detalló que pedirán que sea recluido en un penal federal.

“En cuanto sea entregado a las autoridades mexicanas lo pondremos a disposición del juez de distrito que giró la orden de aprehensión por los dos delitos federales y tiene como sede el Reclusorio Norte“, afirmó en entrevista para Radio Fórmula.

“Sin embargo la Procuraduría ya está haciendo los trámites necesarios para que dicha autoridad judicial federal determine en qué centro de reclusión de orden federal deberá estar internado para poder llevar privado de su libertad el proceso que por el orden de los delitos federales debe de enfrentar”, afirmó.

El exmandatario veracruzano aceptó este martes ser extraditado a México para enfrentar los cargos federales por presunta delincuencia organizada, desvío de fondos públicos y lavado de dinero, de los cuales se dice inocente.

La administración de Duarte enfrenta al menos 52 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante la PGR, derivadas de la revisión de las cuentas públicas del sexenio hasta 2014.

En entrevista con Radio Fórmula el martes, Beltrán dijo que el exmandatario estatal podría alcanzar hasta 30 años de prisión por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Nueva sede del INE registra irregularidades.- ASF

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Adjudicación directa no justificada, pagos sin comprobación y falta de revisión de precios unitarios son algunas irregularidades que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó en el proyecto para construir en la Ciudad de México la nueva sede del Instituto Nacional Electoral (INE), mismo que a fin de cuentas fue cancelado.

En el primer paquete de auditorias que presentó la ASF a la Cámara de Diputados, el pasado viernes, como parte de la revisión de la cuenta pública 2016, la dependencia señaló anomalías en el proyecto ejecutivo, el plan maestro de la obra y dos contratos relacionados.

Entre 2015 y 2016, la Cámara de Diputados aprobó una bolsa de mil 70 millones de pesos para que el INE edificara un complejo de oficinas diseñado por el despacho Balau Arquitectos, que incluiría 970 cajones de estacionamiento, dos torres de 14 pisos, techos verdes, una macrosala y la remodelación de los edificios existentes.

En agosto de 2016, se licitó el “Proyecto ejecutivo para la modernización, ampliación y remodelación del conjunto Tlalpan del Instituto Nacional Electoral“, un contrato que fue adjudicado al combo de empresas Tadco Constructora, AKF México y BA Architecture, por un total de 55.4 millones de pesos.

Como parte de las 502 auditorias que realizó la ASF, se analizaron los cuatro contratos relacionados con el proyecto de nuevo edificio del INE.

La ASF explicó que se “revisaron 33 conceptos que comprendieron la ejecución de los servicios”, por los que se ejercieron 10.7 millones de pesos durante el 2016 (está pendiente por revisar para el próximo año 50 millones más).

Ademas, la ASF, por todo lo anterior, determinó que existen recuperaciones probables por 2 millones 576 mil pesos.