Sigue creciendo la lista de empresas fantasma implicadas en presuntos desvíos en Sedesol y Sedatu

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El número de empresas que participaron en los presuntos desvíos en la Sedesol y Sedatu, entre 2014 y 2016, y que ya fueron denunciadas por la autoridad tributaria como sociedades fantasma va en aumento.

A las siete empresas que participaron en los presuntos desvíos y que ya tenía en la lista negra en agosto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó en su último reporte del 21 de septiembre a siete más, porque comprobó que no tienen infraestructura real, personal, ni activos.

Además, el SAT reportó a otras cinco más como presuntas fantasma por el mismo motivo: simular operaciones comerciales para cometer presuntos delitos como evasión de impuestos, desvío de recursos, o lavado de dinero.

Suman ya 19 empresas consideradas fantasma por el SAT, y que fueron subcontratadas por 825 millones de pesos para darle supuestos servicios de comunicación social a Sedesol y Sedatu.
En total, suman 19 empresas boletinadas como fantasma, que fueron subcontratadas por 825 millones de pesos para darle supuestos servicios de comunicación social a Sedesol y Sedatu, aunque en realidad se trata de departamentos abandonados, lotes baldíos, o tienditas de reparación de teléfono en colonias populares.

Estas empresas fantasmas fueron beneficiadas gracias a un esquema de desvío en el que se utilizó como intermediarios a universidades públicas y a tres medios de comunicación estatales: Radio TV Hidalgo, Televisora de Hermosillo y el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.

Tal y como documentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en informes forenses de la Cuenta Pública, estos entes públicos debían dar los servicios a Sedesol y Sedatu, pero no tenían la capacidad para ello, y subcontrataron de manera arbitraria y sin pasar por ninguna licitación a estas empresas fantasma, violando además la ley federal de adquisiciones.

Es el mismo esquema documentado en la investigación La Estafa Maestra, donde más de 4 mil 600 millones de pesos de 11 dependencias de Gobierno acabaron, entre 2012 y 2014, en 146 empresas fantasma o irregulares a través de ocho universidades públicas.

Según la ASF, los desvíos en Sedesol y Sedatu entre 2014 y 2016 se produjeron cuando Rosario Robles era titular en la Sedesol, primero, y luego en la Sedatu. En entrevistas y notas informativas, tanto Robles como ambas dependencias de gobierno a nivel institucional, han rechazado que cometieran irregularidades en los convenios con universidades públicas y medios estatales.

Su postura, en resumen, es que los convenios son legales. Que las dependencias no hicieron directamente ninguna contratación de empresas. Y que cuentan con los entregables que demostrarían que se cumplieron los servicios contratados a las universidades y a los medios estatales.

No obstante lo anterior, la ASF lleva presentadas 18 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto desvío de 2 mil 824 millones de pesos solo en Sedesol, entre 2013 y 2015. Mientras que, según información proporcionada por la Auditoría al Senado de la República, presentará otras cinco denuncias más a finales de octubre por presuntos desvíos en Sedatu por mil 529 millones de pesos.

La ASF prepara nuevas denuncias contra Sedatu por supuesto desvío de 1,500 mdp.

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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) prepara cinco denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto desvío, solo en 2016, de mil 529 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a través del esquema de fraude documentado en La Estafa Maestra.

Un punto de acuerdo de Morena, presentado este jueves en el Senado, pide que la PGR informe sobre el estado de las denuncias por La Estafa Maestra, estas cinco nuevas denuncias contra la Sedatu se sumarán a otras 18 interpuestas por la ASF ante PGR contra la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), entre 2013 y 2015, por el presunto desvío de otros 2 mil 824 millones de pesos.

Por lo que, en total, entre ambas dependencias sumarán 21 denuncias penales por desvíos que ascienden a 4 mil 354 millones de pesos.

Rosario Robles fue la titular de la Sedesol entre diciembre de 2012 y agosto de 2015, periodo de tiempo en el que, según denunció la ASF, se produjeron presuntos desvíos millonarios de recursos públicos que fueron triangulados, a través de universidades públicas y de una violación a la ley de adquisiciones, en empresas fantasma o irregulares.

Posteriormente, Robles pasó a encabezar la Sedatu, dependencia en la que la ASF reportó que hubo desvíos por más de mil 500 millones de pesos utilizando el mismo esquema, aunque con una novedad: en este caso se utilizó a una universidad intermediaria en el presunto fraude (la Universidad Politécnica de Quintana Roo), y también a tres medios de comunicación estatales: la Televisora de Hermosillo, el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, y Radio y Televisión de Hidalgo.

Gasto de Peña Nieto en medios será auditado

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La Auditoría Superior de la Federación (ASF), anunció que para la revisión de la cuenta pública de 2017 del gobierno de Enrique Peña Nieto, abriría una auditoría especial a los servicios de comunicación y publicidad de la Administración saliente.

La ASF decidió modificar su programa de revisión de la cuenta pública, después de que se diera a conocer el derroche en el gasto de comunicación social del Gobierno federal, por lo que la auditoría tendrá como objetivo especifico detectar irregularidades en ese ámbito.

En abril de este año, México Evalúa reportó que Peña Nieto gastó 6 mil 355 millones de pesos en comunicación social en 2017, cuando el presupuesto original era de 2 mil 83 millones y que esa práctica se repitió en los cuatro años previos.

Morena declina apurar Comisión por Robles

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La bancada de Morena en el Senado mantuvo su decisión de pedir la creación de una Comisión Especial Investigadora para dar seguimiento a los presuntos desvíos en Sedatu y Sedesol durante la gestión de Rosario Robles.

Sin embargo, declinó en su intención inicial de que la creación de esa nueva instancia fuera aprobada este mismo martes por el Pleno de la Cámara alta.

La propuesta fue llevada a la tribuna por la senadora de Morena, Guadalupe Covarrubias, con el respaldo del coordinador de su bancada, Ricardo Monreal.

Luego de su exposición, el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, informó que los proponentes habían declinado su petición para que el tema fuera abordado de urgente y obvia resolución, por lo que fue turnado a la Comisión de Justicia, que ni siquiera ha sido instalada.

En su intervención, la legisladora condenó los presuntos desvíos de recursos detectados por la ASF.

“Que los recursos desviados hayan sido aquellos que habrían de ser destinados a la población más desfavorecida, como en el caso de la Cruzada contra el Hambre, dibuja de cuerpo entero la pequeñez, la mezquindad y el sórdido cinismo de los gobiernos que idearon este monumental fraude”, condenó.

“Sin ánimos de convertir al Senado en un órgano de persecución o de enjuiciamiento metaconstitucional, acudo a esta tribuna a proponer que esta Legislatura no contribuya a perpetuar la complicidad institucional que mantiene bajo un manto de protección a decenas de funcionarios corruptos“.

El planteamiento de los modernistas se presentó acompañado con solicitudes de comparecencia para Robles y los titulares de Sedesol, Función Pública, Auditoría Superior de la Federación, PGR, Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, el SAT y la CNBV.

Segob gasta más de 150 millones en mantener computadoras viejas

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Segob gasta más de 150 millones en mantener computadoras viejas

Casi el 60% de las 29 mil computadoras que hay en la Secretaría de Gobernación (Segob) son viejas y obsoletas, y aunque su correcto funcionamiento ya no puede garantizarse debido a que su vida útil concluyó, en 2017 la dependencia desembolsó más de 150 millones de pesos para darles mantenimiento.

Así lo revela una verificación de dichos equipos de cómputo hecha por un equipo de expertos en informática de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los cuales además de lo anterior encontraron anomalías en cuanto a especificaciones, sistemas inexistentes por los que también se pagó indebidamente a proveedores, y falta de pruebas de servicios supuestamente realizados.

De acuerdo con el informe de resultados, la Secretaría de Gobernación cuenta con 29 mil 272 equipos de cómputo no solo en sus oficinas administrativas, sino en áreas clave como Policía Federal o en el Organo de Readaptación Social a cargo de los penales federales de alta seguridad.

Del total de esos equipos, hay 17 mil 475, el 59.7% que datan del 2014 hacia atrás. De acuerdo con los parámetros de Estimulación de Vida Útil de la propia dependencia publicados en el Diario Oficial de la Federación, todo equipo tiene un periodo de vida útil de tres años.

Lo anterior significa que, en promedio, 6 de cada 10 computadoras que tiene Gobernación son oficialmente obsoletas.

Hay casos extremos. Los auditores encontraron que de los equipos cuya vida útil concluyó, hay cuatro mil 312 que datan del 2008, es decir, tienen 10 años de antigüedad. Hay mil 737 que son del 2009, mil 413 del 2010, dos mil 36 del 2011, mil 778 del 2012, mil 928 del 2013 y cuatro mil 271 de 2014.

Por otro lado, hay cuatro mil 484 computadoras en Gobernación que son de 2015 y que para el siguiente año también habrán concluido su periodo de vida útil. Hay 3 mil 57 equipos de 2016 y cuatro mil 255 de 2017. En 2018 solo se ha adquirido una computadora nueva.

(Con información de Animal Político)

Titular de la ASF despide a Dora Buchahin, directiva que descubrió el esquema de la llamada “Estafa Maestra”

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La directora general de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación, Muna Dora Buchahin, denunció que fue separada de su cargo por documentar desvíos importantes de dinero en diversas entidades gubernamentales.

En una carta dirigida al titular de la dependencia, David Rogelio Colmenares Páramo (y publicada por Aristegui Noticias) señala que desde el 23 de mayo se le avisó de su despido.

Buchahin aseveró que esto le sorprendió mucho, ya que ella cuenta con 13 años de experiencia ininterrumpida en su labor, misma que no siempre fue reconocida y valorada.

“Tanto la forma y las condiciones de la solicitud, como el fondo del asunto, me parecen tan sorpresivas como improcedentes”, señaló la auditora.

La ahora ex funcionaria pidió a Gerardo Lozano Durbernard, Auditor Especial de Cumplimiento Financiero (AECF) conocer con precisión las razones de sus despido, además señaló que su integridad puede estar en riesgo ya que durante su gestión realizó investigaciones que afectan intereses.

La Auditoría Superior respondió en un comunicado que Buchahin no fue separada del cargo por los resultados de las auditorías que realizó, sino por un conflicto de interés, ya que aprovechó su posición como funcionara de la ASF.

Según la ASF, Buchahin contrató a una empresa que ella encabeza para prestar servicios de capacitación; además de que otras dos compañías de las que es socia también dieron servicios a entidades públicas auditadas por la Auditoría Superior.

La ASF informó que se inició una investigación por el presunto desvío de recursos humanos de la dependencia en favor de la empresa presidida por Buchain.

Sobre el riesgo a su integridad, Lozano Dubernard señala que todo el personal que realiza las auditorías es vulnerable pues las investigaciones tienen diverso tramos de actuación en varias áreas.

El funcionario aseguró que las auditorías que están en curso continuarán, igual que las acciones que hayan derivado de las revisiones que realizó Buchahin durante su gestión.

Buchahin detalló en su carta que están en proceso 8 auditorías forenses y 5 propuestas más para el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior. Dos de ellas son denuncias documentadas y vinculadas con Sedatu y convenios con instituciones públicas con desvíos de 275,2 millones de pesos que fueron descubiertos durante la ejecución de auditorías en diciembre de 2017.

También señaló que su área realizó informes – que fueron enviados a la Unidad de Asuntos Jurídicos — que detallaron el “modus operandi”, los probables responsables, y el grave daño social ocasionado bajo esquemas de corrupción y simulación, a través de los que se desviaron un estimado de 7.700 millones de pesos e involucran a funcionarios de Sedesol, Sedatu, universidades y hasta terceros presuntos proveedores.

Será el 21 de junio cuando entregue la oficina que se le había encomendado, lo que ella consideró desde que fue notificada de su despido, como una acción sin fundamento.

Tribunal Federal descongela cuenta de empresa fantasma a la que Sedesol pagó 223 mdp

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Un Tribunal Federal  decidió descongelar las cuentas de la Comercializadora Devolviendo Confianza (CDC), empresa que otorgó servicios fantasma a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) entre 2014 y 2015 por un monto de 223.4 millones de pesos.

La Auditoria Superior de la Federación confirmó que CDC fue la beneficiaria final del monto millonario pagado por Sedesol, el cual estaba destinado en un inicio “para la difusión de programas sociales”, según lo informa el diario Reforma.

La orden emitida por el tribunal permitirá que los propietarios de dicha empresa fantasma, puedan disponer de nueva cuenta de los 223.4 millones de pesos.

En febrero de 2016 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda incluyó a CDC en su lista de personas bloqueadas y congeló la cuenta de la empresa por sospechas de lavado de dinero.

Fue hasta el pasado 27 de marzo que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa revocó tal acción. Dando acceso a los recursos a los propietarios de la cuenta.

Desde el 15 de marzo pasado, la corte había declarado inconstitucional la facultad de la UIF para congelar cuentas, por lo que esta decisión se veía venir.

A través de dos auditorías, las ASF encontró que entre 2014 y 2015 se firmaron más de 60 contratos con proveedores que supuestamente prestaron servicios a Radio y Televisión de Hidalgo (RTH).

Tras la investigación se demostró que el total del dinero entregado a RTH para la difusión de programas sociales, quedó finalmente en las manos de Comercializadora Devolviendo Confianza, la cual no pudo comprobar la prestación de algún servicio a cambio de los 223.4 millones de pesos.

El 23 de febrero, la ASF reveló que funcionarios de Radio y Televisión de Hidalgo fueron obligados a firmar contratos y transferir dinero a empresas y personas físicas con las que nunca tuvieron trato.

Los contratos para la entrega del dinero se habrían firmado en las oficinas de la Sedesol en la Ciudad de México en abril de 2015, cuando Rosario Robles era la titular de la dependencia.

Le “saca” PRI a discutir tema de Odebrecht en San Lázaro

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El Partido Revolucionario Institucional (PRI), evitó esta la discusión de las sanciones en contra de funcionarios públicos que dieron contratos a la empresa brasileña Odebrecht en el Proyecto Etileno XXI. Por su parte diputados pertenecientes a los partido que conforman la coalición “Por México al Frente”, denunciaron con una manta gigante la corrupción en la administración de Enrique Peña Nieto.

Justo en el momento en el que se puso a votación en el tablero electrónico un punto de acuerdo presentado por la diputada de Morena, Rocío Nahle, los legisladores del PAN, PRD y MC desplegaron una manta del largo del presidium de la Mesa Directiva, en la que se podía leer: “Hijos de la Estafa Maestra”. Además, la manta tenía las fotografías de Peña Nieto, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, la funcionaria federal Rosario Robles y del candidato de la coalición “Todos Por México”, José Antonio Meade.

Además, los diputados y diputadas del Frente también desplegaron mantas con las fotos de Robles, y donde se señalaba los desvíos que detectó la Auditoria Superior de la Federación (ASF) por mil 747 millones de pesos, otra foto de Duarte con el monto de 60 mil millones de pesos, y la de Meade con el monto de 500 millones de pesos, cantidad que se detecto en las auditorías del 2017 durante su gestión en la Secretaría de Desarrollo Social.

Por su parte los priistas, celebraron con aplausos y gritos que se haya impedido abordar el tema de Odebrecht con 182 votos en contra y 160 a favor. El punto de acuerdo tenía considerado abrir la discusión urgente y la resolución de la propuesta de la ASF para iniciar acciones legales para generar la sanción a funcionarios que firmaron un contrato que favoreció a la empresa Braskem.

Tras la negativa, el diputado panista Jorge Triana dijo que los que votaron en contra del punto de acuerdo de Morena, eran enemigos de la transparencia y la rendición de cuentas.

La diputada de Morena, Rocío Nahle, denunció en la tribuna que de acuerdo con la ASF, el contrato por Etileno XXI generó pérdidas a Petróleos Mexicanos (Pemex) por 2 mil millones de pesos en el 2016.

Aunque los diputados de oposición pidieron que se repitiera la votación en el sistema electrónico, también se rechazó su discusión por el bloque priista.

Implican a Meade en desvíos de Sedesol

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El candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, tuvo responsabilidad directa en presuntos desvíos de cerca de 500 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) entre 2015 y 2016, denunció la coalición Por México al Frente.

En conferencia de prensa, Damián Zepeda, dirigente nacional del PAN, detalló que, de acuerdo con los informes de la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación, Meade, como titular de la Sedesol, está involucrado en un esquema de triangulación de recursos, a través de universidades públicas y la simulación de pagos a empresas subcontratadas, parecido a la llamada “estafa maestra”.

Zepeda explicó que, en octubre de 2015, ya con Meade como Secretario, la Sedesol pagó 400 millones de pesos a la Universidad Tecnológica de Chiapas, de los que no se sabe a dónde fueron a parar y que la ASF consideró como un daño al erario.

En un segundo caso, dijo, la Auditoría detectó que tres convenios de la Sedesol con universidades mexiquenses fueron modificados ilegalmente, pues se quitaron páginas y la fecha del fin de los mismos se cambió de noviembre de 2015 a agosto de ese año, antes de que Meade asumiera la dependencia.

Además de esas modificaciones a los convenios, agregó, se pidió una ampliación presupuestal de poco más de 60 millones de pesos, lo cual fue criticado por el órgano fiscalizador.

Zepeda mencionó que, en 2016, la Sedesol otorgó 70 millones de pesos a la Universidad de Zacatecas, los cuales se utilizaron para pagar a empresas subcontratadas, cuyo origen, dijo, no ha quedado claro.

De esos 70 millones, precisó el panista, alrededor de 61 tuvieron observaciones de la ASF, que los consideró como un daño al erario.

Zepeda, acompañado por legisladores del PAN y dirigentes del PRD y Movimiento Ciudadano, apremió a que la Auditoría informe qué estado guardan las denuncias presentadas sobre las irregularidades en los recursos manejados por la Sedesol.

También demandó que se revelen los nombres de las empresas subcontratadas por la Universidad de Zacatecas, pues se podrían tratar de firmas fantasma.

El líder panista comentó que, incluso, las acusaciones contra el candidato presidencial Ricardo Anaya son una estrategia del PRI para desviar la atención sobre los desvíos en dependencias federales.

Denuncian que Duarte desapareció mil 400 mdp que retuvo a trabajadores por ISR y Afores

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En su último año, el gobierno de Javier Duarte retuvo a los trabajadores 1,400 millones de pesos que correspondían al Impuesto Sobre la Renta y al Sistema de Ahorro para el Retiro. Los recursos nunca fueron transferidos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), ni al Instituto Mexicano del Seguro Social y su paradero es desconocido, concluyó la Auditoría Superior de la Federación.

Este año se realizaron nuevas auditorías a la administración de Duarte, con motivo del análisis de la Cuenta Pública de 2016.

Los auditores calcularon el Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido en 2016, a partir de la nómina de trabajadores en 16 dependencias del gobierno de Veracruz. Así se estableció que la administración de Duarte retuvo por lo menos mil 260 millones de pesos de los salarios pagados.

La administración estatal si recortó a los trabajadores el dinero correspondiente al ISR pero este nunca fue ingresado a las arcas del SAT o a las de la Tesorería del estado, o por lo menos no hay documentos que así lo comprueben. El dinero literalmente no aparece.

La misma anomalía ocurrió con impuestos locales. Los auditores identificaron que el gobierno estatal retuvo 137 millones 369 mil pesos a los trabajadores en 2016 con motivo del impuesto por remuneraciones al trabajo personal y fomento a la educación. El dinero sin embargo, nunca fue reintegrado a las arcas de la tesorería local
El fraude se extendió a las afores. La ASF reportó que a lo largo de 2016 el gobierno de Veracruz retuvo 17 millones 341 mil pesos destinados al Sistema de Ahorro para el Retiro, sin embargo, el gobierno no comprobó que haya transferido las retenciones correspondientes al cuarto y quinto bimestre de ese año. Esto significa que hay cinco millones 795 mil pesos desaparecidos.

En caso de que el gobierno de Veracruz, actualmente ya bajo la administración de Miguel Ángel Yunes, no acredite el destino de los recursos y los devuelva, estas anomalías darían paso a nuevas denuncias penales ante la PGR en contra de la administración de Duarte.