Ligan a piloto de avionazo con “el Chapo”

Comparte este artículo:

El piloto Juan José Aguilar Talavera, quien piloteaba el avión que se estrelló en el municipio de Ocampo, Coahuila, cuenta con el antecedente de ser detenido en el 2006 por la Procuraduría General de la República (PGR) en el 2006 al ser acusado de formar parte de una cédula de Joaquín El Chapo Guzmán.

En el boletín 946/06 del 20 de julio de 2006, la PGR informó acerca de la detención de once personas, integrantes de una cédula de El Chapo Guzmán en Tijuana, Baja California.  Entre estas personas detenidas estaban Aguilar Talavera y su hermano Martín Israel Aguilar Talavera. Las once personas capturadas fueron detenidas y apresadas en el Reclusorio Oriente, acusadas bajo la causa penal 95/2006, por delincuencia organizada, tráfico de indocumentados y posesión de armas.

Tiempo después en el 2011, Aguilar Talavera fue contactado para formar parte de una operación internacional para traer a la familia de Muamar Gadafi (ex-Primer Ministro de Libia) clandestinamente a México con documentación falsa, de acuerdo a la información proporcionada por la PGR. En dicha operación – de acuerdo a la investigación previa 147/2011 – fue pieza clave el empresario Christian Eduardo Esquino Núñez, dueño de las empresas Recreación y Diversión y Starwood Management.

Esquino Núñez había proporcionado un avión Hawker 800 a cambio de 145 mil dólares. Sin embargo, el plan no fue llevado a cabo ya que los pilotos, Roberto García Galindo, Mario Maborao Lagunes y Aguilar Talavera se rehusaron a continuar con la operación y adentrarse en territorio libio.

(Con información de El Universal)

Caso Odebrecht será enviado a tribunales en 60 días

Comparte este artículo:

En México, el caso Odebrecht por fin llegará a los tribunales.

Así lo informó este lunes el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien incluso determinó que en un plazo de 60 días podría comenzar a ser judicializado.

Con lo anterior, no se descarta la posibilidad de que los involucrados sean procesados por el delito de delincuencia organizada y no tendrían derecho a libertad provisional.

“Este caso tan grave para la imagen del país y para su respetabilidad y confianza lo inició la PGR desde enero de 2017 y, hasta la fecha, no había dado resultado alguno, razón por la cual la Fiscalía ha tenido que reponer en buena parte ese procedimiento, con base en la información recopilada recientemente”, refirió el fiscal en relación al caso en el que Emilio Lozoya, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex) es el principal implicado.

Cabe recordar que Lozoya Austin ha sido señalado de haber lavado presuntamente 10.5 millones de dólares que recibió de parte de la constructora brasileña.

En lo que respecta a la participación de los funcionarios de la empresa sudamericana, Gertz Manero reiteró que se respetarán todos los acuerdos que ha suscrito el Estado mexicano con Brasil en el caso Odebrecht, por lo cual es probable que no sean considerados en el proceso por delincuencia organizada los directivos del gigante constructor que presuntamente pagaron los sobornos a Lozoya debido a la inmunidad legal acordada con las autoridades de aquel país.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Firma Bachelet convenio de asistencia técnica para caso Ayotzinapa con SRE

Comparte este artículo:

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, firmó un convenio con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para brindar asesoría y asistencia técnica a la Comisión presidencial para la verdad y el acceso a la justicia en el caso Ayotzinapa.

Bachelet, celebró y reconoció la voluntad del Gobierno actual para iniciar una nueva etapa en el caso, lo que a su vez permitirá superar los cuestionamientos hacia la investigación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), por parte de distintas instancias nacionales e internacionales.

“Llegar a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en el caso Ayotzinapa es una obligación del Estado mexicano, y una oportunidad para potenciar cambios de fondo en el sistema judicial, alcanzar justicia para víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos y saldar la deuda histórica”, dijo durante el evento Bachelet.

La comisionada de la ONU dijo que el objetivo será alcanzar la verdad y la justicia sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa perpetrados la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Por su parte, el titular de la SRE, Marcelo Ebrard, señaló que encontrar la verdad sobre el caso es la principal preocupación de la administración de Andrés Manuel López Obrador, y agradeció el compromiso de la Oficina para apoyar la investigación.

“Más que reformas constitucionales, pensamos en la verdad y la justicia y eso sí es un cambio de régimen. Buscamos verdad y justicia, en este caso pero en todos los casos. Todas y todos los desaparecidos”, dijo Ebrard.

En la firma del convenio estuvieron presentes las madres y padres de los 43 normalistas, por lo que el canciller destacó que sin su lucha, muy seguramente un cambio de régimen en México no sería posible.

Ex operador financiero de Javidu es socio del hijo del senador Napoleón Gómez Urrutia

Comparte este artículo:

El senador morenista y polémico líder minero Napoleón Gómez Urrutia fue vinculado con José Juan Janeiro Rodríguez, operador financiero del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y en su momento acusado por la PGR de lavado de dinero.

La relación comenzó con la puesta en marcha de una empresa que ofrece servicios de comercio exterior, llamada AGC, la cual tiene oficinas en la nueva Torre Punta-Reforma, en la Ciudad de México, y en la Torre Equus, en Valle del Campestre en San Pedro, Nuevo León.

De acuerdo con la inscripción P-451376/2014 del Registro Público de la Propiedad en la CDMX, AGC fue creada el 14 de agosto de 2014 con un capital social de 10 mil pesos y como socios Alejandro Gómez Cossío con el 99 por ciento de las acciones y Janeiro Rodríguez con el uno por ciento.

En su portal de internet, AGC Trading, informa que Alejandro Gómez es el director y socio fundador y ha trabajado por más de 15 años en inversión extranjera y comercio internacional, apoyando a agencias gubernamentales y empresas privadas.

Entre sus clientes destaca Arcelor Mittal, productor de acero, que laboralmente está vinculado con el sindicato minero que encabeza Gómez Urrutia.

Además, se detectó que la empresa Napale, formada por Gómez Urrutia en sociedad con su hijo Alejandro Gómez Casso, la cual se especializa en el ramo de la construcción en general, tiene el mismo domicilio fiscal que el despacho de Janeiro, cateado por la PGR en 2016: Lord Byron 28, en Bosques de Chapultepec.

Según la PGR, Janeiro es un abogado fiscalista que fue pieza clave en el diseño de las operaciones para lavar dinero a Duarte de Ochoa, quien actualmente se encuentra preso en el Reclusorio Oriente.

Janeiro fue señalado por las autoridades por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y evasión fiscal, y ahora es “testigo colaborador”. 

En 2017, Janeiro acordó con la Fiscalía General de la República (FGR) colaborar con información útil para castigar al exgobernador veracruzano, y de paso salpicar a otros cercanos a Duarte.

En ese contexto, cabe mencionar que esta mañana el senador Gómez Urrutia público en su cuenta de Twitter:

“La persecución en mi contra no ha terminado, pero no podrán frenar los anhelos legítimos del Pueblo mexicano. Ni financiando campañas mediáticas basadas en mentiras, ni contratando personeros podrán impedir la transformación de México”.

(Fuentes: El Mañanero Diario)

Hubo una perversa estrategia para desprestigiar a Anaya: Marko Cortés

Comparte este artículo:

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, aseguró este martes que durante la campaña presidencial de 2018 existió una estrategia para desprestigiar al ex candidato Ricardo Anaya.

Cortés realizó la información luego que el diario Reforma indicó que la Procuraduría General de la República (PGR) exoneró a Ricardo Anaya del supuesto lavado de dinero que cometió antes de la campaña.

“Siempre lo dijimos y el tiempo nos da la razón: en el proceso electoral hubo una perversa estrategia para atacar y desprestigiar a Ricardo Anaya“, señaló Cortés en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con la información del periódico, la PGR exoneró a Anaya el 28 de noviembre de 2018, es decir, dos días antes que el presidente Enrique Peña Nieto concluyera su sexenio.

Anaya habría sido exonerado luego que la PGR determinó que no existían datos de prueba suficientes que acreditaran la supuesta participación del ex candidato panista en actividades ilícitas.

El panista fue acusado de lavar dinero por medio de la compra de una nave industrial, ubicada en Querétaro, al empresario Manuel Barreiro, para luego venderla supuestamente a un sobreprecio.

A lo largo de la campaña presidencial, Anaya aseguró que el presidente Enrique Peña Nieto había utilizado a las instituciones del Estado para desprestigiarlo, incluso acudió a la PGR para aclarar la situación.

Exoneran a Ricardo Anaya por lavado de dinero

Comparte este artículo:

Dos días antes de que Enrique Peña Nieto concluyera su sexenio, el ex candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, fue exonerado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por su participación en el supuesto delito de lavado de dinero.

De acuerdo al expediente del panista, no se encontraron pruebas suficientes para acusarlo por operaciones con recursos ilícitos.

Cabe recordar que durante la campaña presidencial la PGR informo que estaba investigando a Anaya por denuncias que recibió el 26 de octubre de 2017 por supuesto lavado de dinero en la compra de una nave industrial en Querétaro.

Según el documento obtenido por el periódico Reforma, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) determinó que después de la investigación acreditó la existencia de recursos lícitos que provienen de un crédito.

La PGR concluyó que los recursos operados se obtienen de una actividad lícita económica inmobiliaria y de un crédito bancario.

PGR en gobierno de EPN perdonó a “huachicolero”

Comparte este artículo:

La Procuraduría General de la República (PGR), tuvo en sus manos a Othón “N”, alias “El Cachetes”, empresario poblano, señalado de ordeña de gasolinas, pero tras unos cuantos meses lo dejo ir.

De acuerdo al periódico Reforma, en los último meses de la administración de Enrique Peña Nieto, el empresario, relacionado con el huachicol, se declaró culpable por un decomiso de armas.

“El Cachetes” negoció con la entonces PGR una sentencia de sólo 3 años con 10 meses de prisión, así cómo una multa de 6 mil 416 pesos y los beneficios legales para no pisar la cárcel.

Othón “N” fue detenido tras un operativo especial de la Marina en agosto de 2017, donde decomisaron dos rifles AR15, un cuerno de chivo AK47, dos armas 9 MM, 6 vehículos blindados, metanfetaminas, cocaína, mariguana y cristal. Ademas se le clausuraron dos gasolineras.

El delincuente estuvo detenido algunos meses, hasta que en agosto del año pasado se acercó a la PGR, en ese entonces bajo la responsabilidad de Alberto Elías Beltrán, para negocias un procedimiento y declararse culpable por las armas que le aseguraron en su casa, pero que le dieran una pena mínima.

La terminación anticipada del proceso se prevé en el Código Nacional de Procedimientos.

De acuerdo a al sentencia, al empresario se le impuso una sentencia de 3 años 10 meses de prisión y la pena de una multa de 85 Unidades de Medida y Actualización, equivalente esta última a 6 mil 416.65 pesos.

El Poder Judicial de la Federación dio a conocer, que “El Cachetes” se acogió al beneficio de la condena condicional, que está prevista para delitos que no tienen contemplada la prisión preventiva oficiosa, con penas menores a 5 años y sentenciados con buena conducta.

Nunca fue imputado penalmente de robo de hidrocarburos, pese a que se mencionó constantemente.

No hubo persecución política contra Duarte: Osorio Chong

Comparte este artículo:

El senador Miguel Ángel Osorio Chong afirmó que cuando él era titular de la Secretaría de Gobernación no hubo persecución política contra Javier Duarte de Ochoa, como acusó el ex gobernador de Veracruz.

Nosotros no perseguimos a nadie políticamente, nosotros actuamos del lado de la ley, y creo que lo hemos validado durante la gestión que tuve al frente de la Secretaría de Gobernación“, dijo este jueves el legislador priista en declaraciones a la prensa.

El miércoles, Duarte de Ochoa acusó en entrevista con Ciro Gómez Leyva, para Radio Fórmula, que Osorio Chong actuó junto con el ex gobernador panistaMiguel Ángel Yunes, con el fin de iniciar una persecución en su contra que lo motivó a escapar del país.

Decidí huir de México porque sabía que venía una persecución política, una estrategia orquestada por el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, coludido con Miguel Ángel Yunes porque son muy amigos”, señaló el ex mandatario veracruzano.

Además, dijo que la Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía), “le puso una pistola en la cabeza” para aceptar un juicio abreviado, de lo contrario, declaró, buscarían encerrarlo por el “resto de su vida”.

Por la mañana de este jueves, Osorio Chong dijo en el mismo espacio radiofónico que el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto nunca llegó a ningún tipo de acuerdo con Javier Duarte.

“Públicamente lo dije: sí me reuní con él, le dije: ‘enfrenta tus señalamientos, te sugiero que pidas licencia o lo que tengas que hacer para enfrentarlos los señalamientos’. Me dijo que lo iba a pensar y a los pocos días ya se había fugado”, recordó.

El ex secretario de Gobernación precisó que esa dependencia no fue la que localizó al veracruzano, como sí ocurrió, dijo, con otros ex gobernadores acusados de diversos delitos.

“Lo que recuerdo, es que nosotros en el Cisen ni siquiera lo localizamos (a Duarte en Guatemala), en este caso fue la PGR (…) Yo estoy listo para enfrentar cualquier señalamiento en este y otros casos que se hicieron justicia en el anterior gobierno“.

Ex procurador de Humberto Moreira estará a cargo de Aduanas

Comparte este artículo:

Jesús Torres Charles, procurador de Coahuila durante el sexenio de Humberto Moreira, estará a cargo de investigar los delitos de corrupción en Aduanas, esto de acuerdo a información del SAT.

Torres ha sido señalado por corrupción, uno de los casos más sonados fue la declaración de un testigo protegido en Estados Unidos, quien aseguró que Torres Charles habría recibido dinero del narco como soborno.

De acuerdo a información el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ahora como Administrador Central de Investigación, Torres se encargará de vigilar el comercio, combatir acciones ilegales y participar en inspecciones fiscales en las Aduanas, dependencia históricamente vinculada al tráfico de drogas, armas y mercancía ilegal.

Torres Charles fue Procurador de Coahuila durante el sexenio del priista Humberto Moreira. En el 2012 fungió como asesor jurídico de Rubén Moreira, pidió licencia a su cargo en medio de la polémica generada por una investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), que vinculó a su hermano, Humberto Torres Charles, con el Cártel de los Zetas.

La PGR determinó en ese entonces que Humberto Torres Charles era el encargada de mantener el control al interior de la Fiscalía del Estado para desviar el curso de las investigaciones que tenían que ver con ese grupo delictivo.

(Con información de Grupos Reforma)

INAI pide a Fiscalía General castigar a funcionarios involucrados en operación del software Pegasus

Comparte este artículo:

El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) resolvió este miércoles dar vista al Organo Interno de Control en la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de que determine si los servidores públicos a cargo de operar el software Pegasus incurrieron en responsabilidades administrativas.

Asimismo ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación por la probable comisión de delitos ante la celebración de los contratos de 2016 y 2017 para la actualización de la licencia de uso del sistema Pegasus, con el que, según una investigación de The New York Times, se utilizó para espiar a activistas, defensores de los derechos humanos y profesionales de la comunicación, cuando su propósito era detectar posibles amenazas a la seguridad nacional.

En un comunicado, el órgano de transparencia dijo que, tras concluir el proceso de verificación que inició de oficio en noviembre de 2018, determinó que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) incumplió con el deber de seguridad y el principio de responsabilidad, previstos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Lo anterior, porque la instancia judicial no contaba con una bitácora de uso sobre el tratamiento de datos personales vinculado al software. Tampoco acreditó contar con un sistema de gestión y con un documento de seguridad; así como haber llevado a cabo el borrado seguro del sistema, tras su desinstalación.

Según el INAI, la PGR también mintió sobre los contratos y licencias del software, ya que la pasada administración habló sólo de la existencia del contrato suscrito en 2014 para la adquisición del software, sin embargo apenas el lunes pasado la ahora Fiscalía General informó que existían otros dos contratos celebrados en 2016 y 2017, para actualizar la licencia de uso del sistema.

Bajo estas consideraciones, y luego de que la dependencia manifestó que actualmente ya no tiene instalado el software, el Pleno del INAI instruyó a la Fiscalía implementar las siguientes medidas:

Acreditar, de manera formal, que el software denominado Pegasus ha sido desinstalado del equipo de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas de la Agencia de Investigación Criminal y de cualquier otro equipo en posesión de la Fiscalía.

-Precisar las políticas, métodos y técnicas que dan cuenta de la desinstalación del software, considerando la irreversibilidad, seguridad y confidencialidad; así como, acreditar fehacientemente que no es factible instalar nuevamente el software adquirido en algún equipo en posesión de la ahora Fiscalía General.

-Remitir al Instituto los documentos con los que compruebe haber comunicado a sus unidades administrativas que desarrollan actividades sustantivas de investigación criminal, la necesidad de adoptar las medidas mencionadas en la operación de todos y cada uno de los sistemas que impliquen el tratamiento de datos personales.

-Y, a propuesta del comisionado Oscar Guerra Ford, el Pleno ordenó a la Fiscalía publicar en su portal y en la Plataforma Nacional de Transparencia, la versión pública de los contratos celebrados en 2016 y 2017, para la actualización de la licencia de uso del software.