Va la SFP por el titular de la CRE

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La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, dio a conocer que se abrió una investigación de oficio al presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, esto por un posible conflicto de interés debido a un contrato de 2017 para transporte de gas natural a empresas ligadas al funcionario.

Eréndira Sandoval informó que la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflicto de Interés de la SFP, abrigo la carpeta de investigación, la cual podría llegar hasta la inhabilitación de García Alcocer.

El contrato es del 15 de junio de 2017 para transporte de gas natural a empresas relacionadas con el presidente de la Creación, y se dio cuando ya estaba en el cargo.

Por su parte, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que empresas relacionadas al hermano de la esposa de García Alcocer y a un pariente de ésta en cuatro grado podrían haber triangulado recursos y hasta lavado de dinero.

Nieto detalló, que por sus actividades y las transferencias internacionales que han realizado a Guatemala y El Salvado, las cuales no corresponden con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), esas empresas, podrían haber participado en defraudación fiscal y lavado de dinero.

El titular de la CRE ya había expuesto en su declaración de conflicto de intereses, la relación con los familiares de su esposa en el sector energético.

(Con información de Grupo Reforma)

Mi esposo y yo trabajamos durante 100 años, asegura Sánchez Cordero sobre su patrimonio

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Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, respondió ante los cuestionamientos sobre su departamento en Houston: “Lo compramos con nuestro trabajo(…) tenemos 100 años trabajando” y expuso que en su declaración sí incluyó el inmueble.

La secretaria explicó a los reporteros que el departamento en cuestión lo adquirió diez años atrás y que fue pagado “peso por peso” con trabajo de ella y de su esposo.

“Tenemos 100 años trabajando: 50 yo y 50 él (su esposo). Tenemos 50 años de casados y todo el tiempo hemos trabajado”, explicó Sánchez Cordero.

La legista expuso que en su declaración incluyó dicho departamento, sin embargo, por cuestiones que ella desconoce, la Secretaría de la Función Pública lo omitió.

En el transcurso de la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador este miércoles, la secretaria se manifestó sorprendida con el diario Reforma por no haberla llamado para dar a conocer su versión, luego de que el medio publicara información sobre su declaración patrimonial.

Asimismo, cuestionó a la Secretaría de la Función Pública por qué reservó información de algunos de sus bienes y añadió que ella pidió hacer pública su declaración desde el pasado 30 de enero.

Sánchez Cordero le echa la bolita a la SFP

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La Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, le “echo la bolita” a la Secretaría de la Función Pública (SFP) de reservar la información sobre un departamento que tiene en Houston.

“Solicite a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial que aclare las razones por las cuales se reservó esta información”, dijo la funcionaria en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por otro lado, López Obrador insistió en que en su Gobierno hablar transparencia en la vida pública. Además, criticó los señalamientos y dijo que se tratan de “conservadurismo”.

“Ayuda mucho, ya sabeos que no nos ven con buenos ojos, pero tenemos que dar respuesta a todos los cuestionamientos, aunque vengan del conservadurismo”.

En su titular de esta mañana, el periódico Reforma dio a conocer que Sánchez Cordero omitió revelar en su declaración patrimonial un departamento en Houston, Texas, con un valor aproximado de más de medio millón de dólares.

Cesaran a funcionarios de Pemex involucrados en “La Estafa Maestra”

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El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que pedirán la renuncia de tres funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), quienes presuntamente fueron parte de la maniobra de corrupción conocida como la Estafa Maestra.

“Les adelanto que vamos a pedirles a estos servidores públicos que dejen sus cargos y que se termine la investigación que está en curso porque no podemos nosotros tolerar nada que tenga que ver con corrupción, ni siquiera aceptar sospechas”, dijo el López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

El mandatario aseguró que la SFP presentará el dictamen de la investigación sobre los funcionarios señalados.

López Obrador pidió el 24 de enero a la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, elaborar un dictamen sobre la participación de los funcionarios involucrados.

Posteriormente, la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval confirmó que los tres funcionarios no sólo fueron firmantes responsables de seis contratos, como se presumió originalmente, sino de 25 contratos, entre 2012 y 2018.

El caso que involucra a Miguel Ángel Lozada Aguilar compromete a la Universidad Popular de la Chontalpa ubicada en Cárdenas, Tabasco, la cual celebró un convenio con Pemex que rebasó su tope de 140 millones de pesos, al resultar en 145 millones 841 mil 41 pesos.

Eréndira Sandoval detalló que este contrato era por servicios de asistencia técnica en materia de producción y perforación de pozos para la Subdirección de Producción Región Marina Noreste.

La titular de la SFP refirió que al no contar con la capacidad técnica y humana requerida, la Universidad Popular de Chontalpa procedió a contratar a terceros, quienes a su vez subcontrataron otros servicios.

El contrato celebrado por Pemex por medio de Héctor Salvador Salgado Castro involucra al Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, también en Tabasco, con el cual se superó por 19 millones el tope permitido, siendo de 99 millones 935 mil 551 pesos.

Este contrato tuvo como objeto realizar servicios técnicos especializados para los proyectos de desarrollo de campos de producción y exploración.

En este contrato, el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco se comprometió a no subcontratar servicios; sin embargo, para cumplir con los objetivos subcontrató a varias empresas. El porcentaje global de la subcontratación correspondió al 93% de los servicios.

La investigación refiere que los tres funcionarios violaron el artículo 75 de la Ley de Petróleos Mexicanos y el 134 constitucional, pues permitieron la elevación de precios y no aseguraron las mejores condiciones para el Estado mexicano.

Según Irma Eréndira Sandoval, el daño patrimonial a la nación alcanza los 7 mil 667 millones de pesos, sin embargo, la SFP considera que se elevará porque la investigación solo se centró en un 6.4% del espectro de convenios realizados por Pemex.

Estos delitos tendrían consecuencias de orden administrativo, pero también penal. Los involucrados son investigados por posible enriquecimiento ilícito, finalizó la funcionaria.

 

Destapando las desigualdades

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Más allá de si se deben o no disminuir los salarios de los altos funcionarios públicos, la discusión ha exhibido el nivel de desigualdad que vivimos en México

Una de las acciones del gobierno de la Cuarta Transformación que se ha topado con una mayor resistencia, es la de disminuir el salario de los altos funcionarios, entre los que encuentran miembros del poder judicial. 

El caso es interesante, porque ha servido para exhibir el nivel de desigualdad que se vive en el país. 

No es mi intención tomar postura sobre si se deben o no disminuir los sueldos de magistrados, jueces, gobernadores, funcionarios federales y demás, pero vale la pena hablar de los argumentos que se esgrimen por parte de la oposición política y de los afectados en esta medida. 

Primero se habla de una amenaza a los contrapesos que deben existir en todo país que se jacte de ser democrático, ya que al bajar el sueldo de un juez o magistrado a menos de lo que gana el presidente (aproximadamente 108 mil pesos mensuales), existirá un mayor riesgo de que dicho funcionario caiga ante las mieles de la corrupción. 

Pero los más llamativos son los argumentos en redes sobre la decadencia que significa para un funcionario ganar solamente 100 mil pesos mensuales. 

Una de las discusiones en Twitter, la red social política por preferencia, se centraba en que vivir con cincuenta mil pesos al mes era poco más que difícil. La tuitera en cuestión subió unas fotos en las que se mostraba un presupuesto para apuntar que era muy complicado vivir bien al mes con esa cantidad. 

Más allá de que en las fotos se prueba que los 50 mil pesos eran suficientes para vivir y vivir bien (con una renta de 25 mil pesos, con la familia completa con gastos médicos mayores, con comidas y salidas que superan los 20 mil pesos), una de las celdas mostraba algo triste pero cierto y que refleja la desigualdad en la que vivimos: dicha persona gasta 200 pesos en el servicio de limpieza al mes. 

200 pesos en pagarle a alguien para que limpie tu casa de 25 mil pesos. Incluso si fuera una sola vez, esa cantidad es la que acepta una trabajadora o trabajador doméstico en muchas partes del país.

Y es que en México solamente 4 de cada 100 habitantes gana más de 13 mil pesos mensuales. Sí, lo leyó bien, solo el 4% de los mexicanos tiene un sueldo mayor a los 5 salarios mínimos. Ni siquiera estamos hablando de los 50 mil que muchos en twitter argumentaban como insuficientes para vivir bien. 

No busco que se malinterprete la intención de esta columna. A diferencia de nuestra Secretaria de la Función Pública que en una triste intervención se decantó por sugerir a la IP que baje los sueldos de quienes más ganan, yo soy de la idea de que no se trata de disminuir unos salarios para emparejar los otros, sino de generar las condiciones que permitan a todos los mexicanos ganar adecuada y decentemente. 

Lo que sí es un hecho, es que al menos en la función pública, en México hemos acostumbrado a nuestros representantes a vivir sin complicaciones y en muchas ocasiones con excesos. Y a pesar de esto, somos uno de los países más corruptos en el planeta. 

Lo que también es un hecho es que hay una gran separación entre los mexicanos de primera y los mexicanos de segunda. Mexicanos de primera que sostienen que es inviable vivir con menos de 50 mil pesos al mes, y mexicanos de segunda que aceptan un pago irrisorio con tal de llevar un pan a la mesa de su casa. 

Las preguntas quedan en el aire, ¿es justo que ningún funcionario gane más de 108 mil pesos en el México en el que vivimos? ¿o deberíamos enfocarnos en subir los salarios de los de abajo sin tocar los de arriba? 

SFP descarta indagatoria contra Robles

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La Secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, afirmó que la titular de de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, no será investigada por el desvío de recursos de la llamada “Estafa Maestra”.

En opinión de Gómez, Robles no habría firmado contratos que la vinculen con las investigaciones que se han realizado sobre desvíos y triangulación de recursos con universidades privadas y empresas fantasma.

Ya han sido sancionados otros servidores públicos, recordó.

“¿La investigación podría llegar hasta Rosario Robles?”, se le preguntó a la funcionaria en la Cámara de Diputados.

“Como Secretaria de Función Pública, como titular, te puedo decir que no, al día de hoy no, en este particular caso, ahí terminó, por eso se le sancionó a él”, explicó Gómez sobre la sanción que se aplicó al vocero de la Sedatu, Gustavo Rodríguez, por la contratación de promocionales para la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Ante la insistencia sobre si Robles era o no investigada, Gómez precisó que la Función Pública no investiga a personas en particular.

“Estamos investigando el hecho que nos fue presentado a la Función Pública. Se investiga el hecho del que ocasionó un daño a la nación y ese hecho nos lleva a una investigación y esa investigación nos lleva a determinar culpables”, comentó, luego de participar en la instalación de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

Gómez justificó que el titular de una Secretaría no puede tener conocimiento de todo lo que acontece en su dependencia, con miles de servidores públicos y delegaciones en las diversas entidades.

“Para eso tenemos oficial mayor, subsecretarios, por eso hay delegación de facultades”, expresó.

La autoridad, añadió la funcionaria, llega hasta donde la norma da margen para las sanciones a los servidores públicos.

“La Secretaría de la Función Pública con marco normativo ha hecho un gran trabajo en la investigación de estos temas”, celebró sobre el caso.

CNDH responsabiliza a la SCT por socavón en Paso Exprés

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es la principal responsable de todas las irregularidades derivadas de la planeación y ejecución del Paso Exprés en la autopista México-Cuernavaca.

La CNDH determinó que la SCT es responsable de las irregularidades en el socavón donde murieron dos personas, por lo cual entregará los resultados de sus investigaciones a la Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo con la investigación, la negligencia y posible corrupción fueron el origen de la tragedia en el libramiento Paso Exprés de la autopista México Cuernavaca, atribuibles a la SCT y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

“Además, con motivo de dichas irregularidades y por la relación entre autoridad y empresas en un posible esquema de manipulación y fragmentación de contratos, solicitará a la Secretaría de la Función Pública investigue el caso de manera integral y no dispersa”, dijo en un comunicado.

Según la CNDH, salvo 9 servidores públicos sancionados en materia administrativa, el hecho continúa impune al no haber responsables penalmente ni por falta de rendición de cuentas.

Por lo anterior, la CNDH emitió la Recomendación 34/2018, dirigida a Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes y a otros servidores públicos.

 

En 2017, un 73% de los funcionarios ocultó su información patrimonial

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Durante 2017, el 73% de los funcionarios federales decidió no revelar su información patrimonial; mientras un 12% lo reveló de manera parcial y solo un 15% lo hizo público, indicó este lunes la organización no gubernamental Data Cívica.

La organización presentó este lunes la plataforma 1560000.org, una base de datos que busca simplificar la consulta de las declaraciones patrimoniales que están almacenadas en Declaranet.

De acuerdo con la organización, consultar, comparar y contrastar estas declaraciones entre funcionarios, dependencias o años es actualmente un proceso casi imposible. En Declaranet, plataforma que pertenece a la Secretaría de la Función Pública, los usuarios pueden consultar las declaraciones siempre y cuando conozcan el nombre preciso del funcionario de su interés o su RFC. Los usuarios pueden ver solamente una declaración a la vez, con la opción de descargarla únicamente en formato PDF.

“Hasta antes de 2017, era una prerrogativa de los funcionarios decidir no revelar su información patrimonial, prerrogativa que usaron el 73% en 2017″, explicó la directora de análisis de datos y contenidos de Data Cívica, Carolina Torreblanca, en conferencia de prensa.

Además, en las declaraciones que son públicas, es fácil encontrar información incorrecta o inexacta. Hay declaraciones patrimoniales donde los funcionarios reportan ingresos por puesto de 0 o de 1 peso, o, en el caso opuesto, en las que se reportan ingresos mensuales multimillonarios para funcionarios que son jefes de despacho.

“En 2017, menos del 20% de los funcionarios que hizo una declaración patrimonial por inicio del cargo reportó algún ingreso. La gran mayoría de los funcionarios optó por reservar su información patrimonial y declaró no tener ningún conflicto de interés, señaló Data Cívica en un comunicado de prensa.

Torreblanca también destacó que hay diferencia entre la cantidad de declaraciones que se revelan en cada dependencia. Por ejemplo, en la Secretaría de Marina, un 62% de los funcionarios decidieron no revelar su declaración patrimonial, contra un 85% que oculta su información en la Secretaría de la Función Pública (SFP).

La plataforma 1560000.org surge después que un ciudadano solicitara a la SFP los datos de Declaranet en un formato abierto. La dependencia se negó a producir esa información, pues argumentó la inexistencia de la base de datos detrás de los PDF. Además, sostuvo que generar la base de datos en formato abierto costaría 1 millón 560,000 pesos y tardaría 221 días naturales.

Data Cívica construyó una base de datos abierta con toda la información de las declaraciones patrimoniales.

“Usando el listado de los nombres de funcionarios públicos que presentaron declaraciones desde el primer semestre de 2013 hasta el segundo semestre de 2017, información pública, hicimos miles de consultas sistematizadas a Declaranet para primero descargar uno a uno todos los PDFs de las declaraciones de todos los funcionarios y después traducir la información que está contenida ahí en una gran base de datos abierta, que las personas pueden descargar y manipular”, explicó la ONG en un comunicado.

Gobierno de EPN otorga 70% de contratos sin licitar; IMSS, ISSSTE y CFE con más riesgo de caer en corrupción: IMCO

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Durante la actual administración, encabezada por Enrique Peña Nieto, a mil empresas se les asignó por adjudicación directa el 71 por ciento de los contratos, reveló el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

 De acuerdo con su reporte Índice de Riesgos de Corrupción: el Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas, los contratos asignados por adjudicación directa significan el 31 por ciento de los 2.3 billones de pesos que se contrataron de enero de 2012 a julio de 2017.

El Imco señaló que a partir de la revisión de los contratos que están contenidos en la plataforma de Compranet, se encontraron tres variables que alertan de riesgos de corrupción: falta de competencia, de transparencia y existencia de anomalías diversas.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) son las tres entidades con más Unidades Compradoras (UC) en riesgo de caer en corrupción y sumaron casi un billón de pesos de recursos públicos gastados en contrataciones públicas.

Según el Imco, la base de datos generada también permitió identificar algunas prácticas contrataciones públicas que preocupan, como que tres instituciones concentren el 56 por ciento del gasto público de la Administración Pública federal en procedimientos de contratación, y que 30 (0.02 por ciento del total) proveedores se queden con una quinta parte del gasto en contrataciones públicas.

Ante este panorama el IMCO propone una nueva ley de adquisiciones y una nueva ley de obra que se apeguen a los estándares internacionales, eliminen excepciones y establezcan procedimientos más sencillos y eficientes.

Asimismo propone una nueva plataforma de contrataciones públicas que sea de uso obligatorio y que abarque el ciclo completo: planeación, licitación, ejecución, además de reafirmar la capacidad de la Secretaría de la Función Pública como órgano de control y vigilancia en contrataciones públicas.

Propone también la creación del Instituto Nacional de Política de Contrataciones Públicas que se encargue de la planeación a mediano y largo plazo, así como de generar políticas que ayuden a usar de mejor manera los recursos y que promuevan alternativas con el uso de la tecnología.

SFP encuentra anomalías en patrimonio de 6 funcionarios

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La Secretaría de la Función Pública (SFP) informo, a través de un comunicado, que tiene bajo investigación a seis funcionarios, ya que detectó irregularidades por más de 88 millones de pesos en sus patrimonios.

La SFP no identifico a los funcionarios por nombre, pero menciono que cinco pertenecen a Pemex Refinación, mientras que uno al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

Entre los empleados de Pemex Refinación se contabilizaron patrimonios por 3 millones 711 mil 287 pesos, 4 millones 378 mil 508, 4 millones 732 mil 407, 10 millones 462 mil 232 y 61 millones 066 mil 109 pesos. Mientras que en el trabajador del IMSS se declaró un patrimonio por 3 millones 895 mil 193 pesos.

Los funcionarios de la Administración Pública Federal, no pidieron aclarar el origen legal de las cantidades antes mencionadas, por lo que la SFP ya presentó denuncias contra los funcionarios ante las autoridades ministeriales competentes.