SFP descarta indagatoria contra Robles

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La Secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, afirmó que la titular de de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, no será investigada por el desvío de recursos de la llamada “Estafa Maestra”.

En opinión de Gómez, Robles no habría firmado contratos que la vinculen con las investigaciones que se han realizado sobre desvíos y triangulación de recursos con universidades privadas y empresas fantasma.

Ya han sido sancionados otros servidores públicos, recordó.

“¿La investigación podría llegar hasta Rosario Robles?”, se le preguntó a la funcionaria en la Cámara de Diputados.

“Como Secretaria de Función Pública, como titular, te puedo decir que no, al día de hoy no, en este particular caso, ahí terminó, por eso se le sancionó a él”, explicó Gómez sobre la sanción que se aplicó al vocero de la Sedatu, Gustavo Rodríguez, por la contratación de promocionales para la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Ante la insistencia sobre si Robles era o no investigada, Gómez precisó que la Función Pública no investiga a personas en particular.

“Estamos investigando el hecho que nos fue presentado a la Función Pública. Se investiga el hecho del que ocasionó un daño a la nación y ese hecho nos lleva a una investigación y esa investigación nos lleva a determinar culpables”, comentó, luego de participar en la instalación de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

Gómez justificó que el titular de una Secretaría no puede tener conocimiento de todo lo que acontece en su dependencia, con miles de servidores públicos y delegaciones en las diversas entidades.

“Para eso tenemos oficial mayor, subsecretarios, por eso hay delegación de facultades”, expresó.

La autoridad, añadió la funcionaria, llega hasta donde la norma da margen para las sanciones a los servidores públicos.

“La Secretaría de la Función Pública con marco normativo ha hecho un gran trabajo en la investigación de estos temas”, celebró sobre el caso.

CNDH responsabiliza a la SCT por socavón en Paso Exprés

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es la principal responsable de todas las irregularidades derivadas de la planeación y ejecución del Paso Exprés en la autopista México-Cuernavaca.

La CNDH determinó que la SCT es responsable de las irregularidades en el socavón donde murieron dos personas, por lo cual entregará los resultados de sus investigaciones a la Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo con la investigación, la negligencia y posible corrupción fueron el origen de la tragedia en el libramiento Paso Exprés de la autopista México Cuernavaca, atribuibles a la SCT y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

“Además, con motivo de dichas irregularidades y por la relación entre autoridad y empresas en un posible esquema de manipulación y fragmentación de contratos, solicitará a la Secretaría de la Función Pública investigue el caso de manera integral y no dispersa”, dijo en un comunicado.

Según la CNDH, salvo 9 servidores públicos sancionados en materia administrativa, el hecho continúa impune al no haber responsables penalmente ni por falta de rendición de cuentas.

Por lo anterior, la CNDH emitió la Recomendación 34/2018, dirigida a Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes y a otros servidores públicos.

 

En 2017, un 73% de los funcionarios ocultó su información patrimonial

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Durante 2017, el 73% de los funcionarios federales decidió no revelar su información patrimonial; mientras un 12% lo reveló de manera parcial y solo un 15% lo hizo público, indicó este lunes la organización no gubernamental Data Cívica.

La organización presentó este lunes la plataforma 1560000.org, una base de datos que busca simplificar la consulta de las declaraciones patrimoniales que están almacenadas en Declaranet.

De acuerdo con la organización, consultar, comparar y contrastar estas declaraciones entre funcionarios, dependencias o años es actualmente un proceso casi imposible. En Declaranet, plataforma que pertenece a la Secretaría de la Función Pública, los usuarios pueden consultar las declaraciones siempre y cuando conozcan el nombre preciso del funcionario de su interés o su RFC. Los usuarios pueden ver solamente una declaración a la vez, con la opción de descargarla únicamente en formato PDF.

“Hasta antes de 2017, era una prerrogativa de los funcionarios decidir no revelar su información patrimonial, prerrogativa que usaron el 73% en 2017″, explicó la directora de análisis de datos y contenidos de Data Cívica, Carolina Torreblanca, en conferencia de prensa.

Además, en las declaraciones que son públicas, es fácil encontrar información incorrecta o inexacta. Hay declaraciones patrimoniales donde los funcionarios reportan ingresos por puesto de 0 o de 1 peso, o, en el caso opuesto, en las que se reportan ingresos mensuales multimillonarios para funcionarios que son jefes de despacho.

“En 2017, menos del 20% de los funcionarios que hizo una declaración patrimonial por inicio del cargo reportó algún ingreso. La gran mayoría de los funcionarios optó por reservar su información patrimonial y declaró no tener ningún conflicto de interés, señaló Data Cívica en un comunicado de prensa.

Torreblanca también destacó que hay diferencia entre la cantidad de declaraciones que se revelan en cada dependencia. Por ejemplo, en la Secretaría de Marina, un 62% de los funcionarios decidieron no revelar su declaración patrimonial, contra un 85% que oculta su información en la Secretaría de la Función Pública (SFP).

La plataforma 1560000.org surge después que un ciudadano solicitara a la SFP los datos de Declaranet en un formato abierto. La dependencia se negó a producir esa información, pues argumentó la inexistencia de la base de datos detrás de los PDF. Además, sostuvo que generar la base de datos en formato abierto costaría 1 millón 560,000 pesos y tardaría 221 días naturales.

Data Cívica construyó una base de datos abierta con toda la información de las declaraciones patrimoniales.

“Usando el listado de los nombres de funcionarios públicos que presentaron declaraciones desde el primer semestre de 2013 hasta el segundo semestre de 2017, información pública, hicimos miles de consultas sistematizadas a Declaranet para primero descargar uno a uno todos los PDFs de las declaraciones de todos los funcionarios y después traducir la información que está contenida ahí en una gran base de datos abierta, que las personas pueden descargar y manipular”, explicó la ONG en un comunicado.

Gobierno de EPN otorga 70% de contratos sin licitar; IMSS, ISSSTE y CFE con más riesgo de caer en corrupción: IMCO

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Durante la actual administración, encabezada por Enrique Peña Nieto, a mil empresas se les asignó por adjudicación directa el 71 por ciento de los contratos, reveló el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

 De acuerdo con su reporte Índice de Riesgos de Corrupción: el Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas, los contratos asignados por adjudicación directa significan el 31 por ciento de los 2.3 billones de pesos que se contrataron de enero de 2012 a julio de 2017.

El Imco señaló que a partir de la revisión de los contratos que están contenidos en la plataforma de Compranet, se encontraron tres variables que alertan de riesgos de corrupción: falta de competencia, de transparencia y existencia de anomalías diversas.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) son las tres entidades con más Unidades Compradoras (UC) en riesgo de caer en corrupción y sumaron casi un billón de pesos de recursos públicos gastados en contrataciones públicas.

Según el Imco, la base de datos generada también permitió identificar algunas prácticas contrataciones públicas que preocupan, como que tres instituciones concentren el 56 por ciento del gasto público de la Administración Pública federal en procedimientos de contratación, y que 30 (0.02 por ciento del total) proveedores se queden con una quinta parte del gasto en contrataciones públicas.

Ante este panorama el IMCO propone una nueva ley de adquisiciones y una nueva ley de obra que se apeguen a los estándares internacionales, eliminen excepciones y establezcan procedimientos más sencillos y eficientes.

Asimismo propone una nueva plataforma de contrataciones públicas que sea de uso obligatorio y que abarque el ciclo completo: planeación, licitación, ejecución, además de reafirmar la capacidad de la Secretaría de la Función Pública como órgano de control y vigilancia en contrataciones públicas.

Propone también la creación del Instituto Nacional de Política de Contrataciones Públicas que se encargue de la planeación a mediano y largo plazo, así como de generar políticas que ayuden a usar de mejor manera los recursos y que promuevan alternativas con el uso de la tecnología.

SFP encuentra anomalías en patrimonio de 6 funcionarios

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La Secretaría de la Función Pública (SFP) informo, a través de un comunicado, que tiene bajo investigación a seis funcionarios, ya que detectó irregularidades por más de 88 millones de pesos en sus patrimonios.

La SFP no identifico a los funcionarios por nombre, pero menciono que cinco pertenecen a Pemex Refinación, mientras que uno al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

Entre los empleados de Pemex Refinación se contabilizaron patrimonios por 3 millones 711 mil 287 pesos, 4 millones 378 mil 508, 4 millones 732 mil 407, 10 millones 462 mil 232 y 61 millones 066 mil 109 pesos. Mientras que en el trabajador del IMSS se declaró un patrimonio por 3 millones 895 mil 193 pesos.

Los funcionarios de la Administración Pública Federal, no pidieron aclarar el origen legal de las cantidades antes mencionadas, por lo que la SFP ya presentó denuncias contra los funcionarios ante las autoridades ministeriales competentes. 

Auditoria menciona que el Paso Exprés es una obra de mala calidad y con gastos inflados

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El Paso Exprés es una obra de mala calidad pese a su costo millonario, en donde además hubo pagos por obras no realizadas y gastos inflados, entre otras irregularidades, señala revisión de la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La auditoría señala que “la carpeta de concreto hidráulico y las bases estabilizadas eran de mala calidad, y hubo incumplimiento de espesores”.

En julio pasado, solo tres meses después de su inauguración, se abrió un socavón en el Paso Exprés que provocó la muerte de dos personas – padre e hijo – al caer su vehículo.

La ASF comprobó que hubo pagos por obras no realizadas, gastos inflados por 186 millones de pesos y material que supuestamente se compró pero no apareció ni colocado en la obra ni en las bodegas.

Según la Auditoria hay más de 491 millones de pesos que deben ser aclarados; se estima que el gobierno federal debe recuperar 108.6 millones de pesos que fueron pagados de manera indebida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dirigida por Gerardo Ruiz Esparza, a través del Centro SCT Morelos.

En la revisión también se detectó que en marzo de 2014, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) asignó al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) el contrato para la elaboración del estudio y el proyecto de la ampliación del libramiento de Cuernavaca o Paso Exprés, por un total de 26 millones de pesos.
El INAP, dice la ASF, no sólo carece de experiencia en ese tipo de trabajos sino que además no está en sus atribuciones el elaborar proyectos ejecutivos de infraestructura vial, de hecho el INAP terminó subcontratando a la empresa jalisciense ORVA Ingeniería, SA de CV sin que la SCT se inconformara por la irregularidad.
La Auditoría recomendó a la SCT “en lo subsecuente se cerciore de que los proyectos para las obras públicas ejecutadas a su cargo y que sean realizados por empresas, dependencias, entidades, órganos u organismos, éstos cuenten con las facultades, atribuciones y capacidad técnica”.

Senado da “carpetazo” a destitución de Santiago Nieto

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El Senado cerró el caso de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y anunció que la próxima semana se emitirá la convocatoria para elegir al fiscal electoral.

Con el acuerdo de las bancadas del PRI, PAN, PRD y PVEM, la Junta de Coordinación Política de esta cámara emitirá, la próxima semana, la convocatoria para la elección del Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República (FEPADE), informó el Senado a través de un comunicado.

El plazo legal para revisar la objeción de la destitución del ex titular de la Fepade vence este viernes 3 de noviembre; sin embargo, el presidente del Senado, el panista Ernesto Cordero, convocó hasta el próximo 7 de noviembre.

No obstante, Cordero Arroyo aseguró que este órgano de gobierno se mantiene atento al acuerdo que podría obtener la Junta de Coordinación Política en el transcurso de las próximas horas o vías subsecuentes en el tema.

Por su parte, la oposición advirtió que tendrá consecuencias, porque a partir del martes revisarán si el encargado de despacho de la PGR, Alberto Díaz Beltán, tiene facultades para ello.

En conferencia, el perredista Luis Sánchez y el panista Fernando Herrera dijeron que mantienen su posición de que Alberto Elías Beltrán acuda al Senado a explicar por qué removió al fiscal electoral, ya que aunque el plazo caduque este viernes el tema no está comisionado.

El panista Héctor Flores precisó que el martes se discutirá que la Comisión de Justicia convoque al encargado de la PGR para conocer sus argumentos y emitir un dictamen que se votará en el pleno para determinar si cometió irregularidades en el ejercicio de sus funciones y fincar las responsabilidades respectivas ante la Secretaría de la Función Pública o la dependencia responsable del caso.

Por su parte, el coordinador del PRI, Emilio Gamboa, dijo que el acuerdo de levantar la sesión se tomó entre los cuatro coordinadores, a excepción del petista Manuel Bartlett porque hubo acercamiento en las últimas horas pero no se llegó a acuerdos.

Exige el PAN que se investigue uso de Gamboa de helicóptero oficial

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El Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, exigió a la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrir una investigación contra el senador priista, Emilio Gamboa Patrón, por el uso de un helicóptero oficial para ir a jugar golf.

“Lo menos que espero es que se abra una investigación urgente por parte de la SFP y que Gama dé la cara comprometiéndose a dejar de usar aeronaves y vehículos oficiales para su uso personal, como en su momento lo hicieron Emilio Lozoya en Pemex y David Korenfeld en la Comisión Nacional del Agua”, dijo el vocero de la bancada panista, Jorge López Martín.

El panista también dijo que Gamboa Patrón representa la imagen del priista despilfarrador y abusivo del que ya están hartos los mexicanos.

López Martín también exigió que el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, diera la cara por los excesos cometidos por miembros de su partido.

Esta mañana el periódico Reforma, dio a conocer que Emilio Gamboa Patrón uso un helicóptero oficial de la Fuerza Aerea Mexicana, mismo que abordo el día de ayer en el Campo Marte en la Ciudad de México, para trasladarse a un campo de golf.

(Con información de Grupo Reforma)

Encuentra la SFP nueva anomalía Odebrecht-Pemex

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Por irregularidades administrativas por 2.5 millones pesos en la ejecución un contrato en la Refinería Miguel Hidalgo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inició dos nuevos procedimientos sancionatorios.

La SFP notificó el pasado 25 de septiembre, que, comenzó dos procedimientos sancionatorios para determinar la probable responsabilidad administrativa por parte de personal de Petroleos Mexicanos (Pemex), en las obras realizadas por una filial de la controvertida empresa brasileña Obdebrecht, en la Refinería miguel Hidalgo.

Los nuevos procedimientos sancionatorios se unen a otros seis iniciados en junio y agostos de este año, mismo que también investigan y tienen el fin de determinar si hay responsabilidad administrativa en contratos con filiales de la empresa brasileña.

Desde el 22 de diciembre pasado la SFP a través de la Unidad de Responsabilidades en Pemex, ha estado investigando la adjudicación, ejecución y cumplimiento de diversos contratos que tuvo Odebrecht y sus filiales con Pemex.

La SFP detecta irregularidades por más de mil mdp en contrato del Paso Exprés

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La Secretaría de la Función Pública (SFP) hizo 22 observaciones a cuatro contratos auditados en la obra del Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos, que suman un total de un mil 034.4 millones de pesos.

En un comunicado, la dependencia precisó que los principales hallazgos se refieren a: irregularidades en los procedimientos de licitación y/o adjudicación, trabajos ejecutados sin comprobación documental, incumplimiento al programa de obra convenido y pagos en exceso.

De igual manera, inadecuada planeación y programación de la obra y los servicios relacionados con la misma; inadecuada supervisión de la obra y del servicio de coordinación del proyecto, y omisión a las recomendaciones técnicas durante la ejecución de los trabajos en el Km 93+857.

Destacó que las tres áreas auditadas Dirección General del Centro SCT Morelos, Dirección General de Desarrollo Carretero y Dirección General de Carreteras, ambas de la SCT fueron notificadas de los resultados obtenidos y, de acuerdo con el marco jurídico, disponen de 45 días hábiles para atender los hallazgos.

La SFP señaló que el objetivo de la auditoría a la obra del Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos, fue verificar que las contrataciones relacionadas con dicha obra hayan sido ejecutadas, pagadas y concluidas con estricto apego al marco jurídico aplicable.

Se trata del contrato 2014-17-CE-D-062-W-00-2014 Ampliación del Libramiento de Cuernavaca (Paso Exprés); contrato 2015-17-CE-D-020-Y-00-2015 Coordinación del proyecto de Ampliación del Paso Exprés; Contrato 15-Q-CF-AA-001-Y-0-15 Supervisión de obras realizada por terceros para los trabajos de Ampliación del Libramiento, y Contrato 2015-17-CE-D-036-Y-00-2015 Verificación de calidad de los trabajos relativos a la Ampliación del Paso Exprés.