Inhabilitan a Emilio Lozoya por 10 años

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El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, fue inhabilitado como servidor público por un periodo de 10 años, esto después de que se encontraran inconsistencias en su declaración patrimonial, informó la Secretaría de la Función Pública (SFP).

“Una de las inhabilitaciones por 10 años, es resultado de un cuidados procedimiento de responsabilidades administrativas en donde, entre otras cosas, se detectó que se proporcionó información falsa en la declaración de situación patrimonial En dos ocasiones se omitió una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos”, comunicó la dependencia federal.

Por su parte la defensa de Lozoya informó que impugnará esta medida.

Inhabilitan a empresa involucrada en la construcción del NAIM

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La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por un año y tres meses a la empresa Jaguar Ingenieros Construcciones que, junto con las empresas Aldesem y Aldesa Construcciones, ganaron el contrato para la construcción de la torre de control del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) por un monto de 1 mil 242 millones de pesos.

Así lo dio a conocer la dependencia gubernamental que mediante procedimiento determinó que las órganos de gobierno, entidades y estados deberán abstenerse de celebrar contratos con dicha compañía.

De igual forma, la Función Pública aseguró que le impuso una multa, aunque no precisó el monto de esta.

“En caso de que al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación, la citada persona moral no haya pagado la multa impuesta a través de la resolución del 8 de mayo de 2019, la inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente de la misma”, indicó.

La dependencia afirmó que las entidades federativas, municipios y alcaldías de Ciudad de México, deberán cumplir con lo estipulado cuando las obras públicas y servicios relacionados con las mismas contraten, se realicen con cargo total o parcial de fondos federales.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Funcionario de Pemex ligado a caso Odebrecht está encargado del proyecto de refinería de Dos Bocas

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El ingeniero Leonardo Cornejo Serrano, subdirector de Proyectos de Pemex Transformación Industrial (PTI), vinculado al caso Odebrecht está al frente del proyecto de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, el proyecto de infraestructura más importante de la industria petrolera en el Gobierno de López Obrador.

Cornejo Serra participó en el proceso de adjudicación directa de por lo menos 1 de los 4 contratos otorgados a la empresa Odebrecht, que aún son indagados por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaria de la Función Pública, por presuntos actos de corrupción.

El pasado 23 de enero de 2019 el ingeniero Cornejo recibió una petición de la secretaria de Energía y una instrucción del director de Pemex, Octavio Romero, para iniciar las actividades en “atención de los proyectos” (refinería de Dos Bocas y “rehabilitaciones necesarias para el Sistema Nacional de Refinación“).

El oficio en el que Octavio Romero emite la petición indica que son “proyectos prioritarios para el Presidente de la República“.

Cabe resaltar que un día previo a esta petición, Andrés Manuel expresó que durante su administración no serían “contratados quienes tengan malos antecedentes” de corrupción.

 

Va la SFP por el titular de la CRE

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La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, dio a conocer que se abrió una investigación de oficio al presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, esto por un posible conflicto de interés debido a un contrato de 2017 para transporte de gas natural a empresas ligadas al funcionario.

Eréndira Sandoval informó que la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflicto de Interés de la SFP, abrigo la carpeta de investigación, la cual podría llegar hasta la inhabilitación de García Alcocer.

El contrato es del 15 de junio de 2017 para transporte de gas natural a empresas relacionadas con el presidente de la Creación, y se dio cuando ya estaba en el cargo.

Por su parte, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que empresas relacionadas al hermano de la esposa de García Alcocer y a un pariente de ésta en cuatro grado podrían haber triangulado recursos y hasta lavado de dinero.

Nieto detalló, que por sus actividades y las transferencias internacionales que han realizado a Guatemala y El Salvado, las cuales no corresponden con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), esas empresas, podrían haber participado en defraudación fiscal y lavado de dinero.

El titular de la CRE ya había expuesto en su declaración de conflicto de intereses, la relación con los familiares de su esposa en el sector energético.

(Con información de Grupo Reforma)

Mi esposo y yo trabajamos durante 100 años, asegura Sánchez Cordero sobre su patrimonio

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Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, respondió ante los cuestionamientos sobre su departamento en Houston: “Lo compramos con nuestro trabajo(…) tenemos 100 años trabajando” y expuso que en su declaración sí incluyó el inmueble.

La secretaria explicó a los reporteros que el departamento en cuestión lo adquirió diez años atrás y que fue pagado “peso por peso” con trabajo de ella y de su esposo.

“Tenemos 100 años trabajando: 50 yo y 50 él (su esposo). Tenemos 50 años de casados y todo el tiempo hemos trabajado”, explicó Sánchez Cordero.

La legista expuso que en su declaración incluyó dicho departamento, sin embargo, por cuestiones que ella desconoce, la Secretaría de la Función Pública lo omitió.

En el transcurso de la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador este miércoles, la secretaria se manifestó sorprendida con el diario Reforma por no haberla llamado para dar a conocer su versión, luego de que el medio publicara información sobre su declaración patrimonial.

Asimismo, cuestionó a la Secretaría de la Función Pública por qué reservó información de algunos de sus bienes y añadió que ella pidió hacer pública su declaración desde el pasado 30 de enero.

Sánchez Cordero le echa la bolita a la SFP

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La Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, le “echo la bolita” a la Secretaría de la Función Pública (SFP) de reservar la información sobre un departamento que tiene en Houston.

“Solicite a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial que aclare las razones por las cuales se reservó esta información”, dijo la funcionaria en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por otro lado, López Obrador insistió en que en su Gobierno hablar transparencia en la vida pública. Además, criticó los señalamientos y dijo que se tratan de “conservadurismo”.

“Ayuda mucho, ya sabeos que no nos ven con buenos ojos, pero tenemos que dar respuesta a todos los cuestionamientos, aunque vengan del conservadurismo”.

En su titular de esta mañana, el periódico Reforma dio a conocer que Sánchez Cordero omitió revelar en su declaración patrimonial un departamento en Houston, Texas, con un valor aproximado de más de medio millón de dólares.

Cesaran a funcionarios de Pemex involucrados en “La Estafa Maestra”

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El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que pedirán la renuncia de tres funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), quienes presuntamente fueron parte de la maniobra de corrupción conocida como la Estafa Maestra.

“Les adelanto que vamos a pedirles a estos servidores públicos que dejen sus cargos y que se termine la investigación que está en curso porque no podemos nosotros tolerar nada que tenga que ver con corrupción, ni siquiera aceptar sospechas”, dijo el López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

El mandatario aseguró que la SFP presentará el dictamen de la investigación sobre los funcionarios señalados.

López Obrador pidió el 24 de enero a la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, elaborar un dictamen sobre la participación de los funcionarios involucrados.

Posteriormente, la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval confirmó que los tres funcionarios no sólo fueron firmantes responsables de seis contratos, como se presumió originalmente, sino de 25 contratos, entre 2012 y 2018.

El caso que involucra a Miguel Ángel Lozada Aguilar compromete a la Universidad Popular de la Chontalpa ubicada en Cárdenas, Tabasco, la cual celebró un convenio con Pemex que rebasó su tope de 140 millones de pesos, al resultar en 145 millones 841 mil 41 pesos.

Eréndira Sandoval detalló que este contrato era por servicios de asistencia técnica en materia de producción y perforación de pozos para la Subdirección de Producción Región Marina Noreste.

La titular de la SFP refirió que al no contar con la capacidad técnica y humana requerida, la Universidad Popular de Chontalpa procedió a contratar a terceros, quienes a su vez subcontrataron otros servicios.

El contrato celebrado por Pemex por medio de Héctor Salvador Salgado Castro involucra al Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, también en Tabasco, con el cual se superó por 19 millones el tope permitido, siendo de 99 millones 935 mil 551 pesos.

Este contrato tuvo como objeto realizar servicios técnicos especializados para los proyectos de desarrollo de campos de producción y exploración.

En este contrato, el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco se comprometió a no subcontratar servicios; sin embargo, para cumplir con los objetivos subcontrató a varias empresas. El porcentaje global de la subcontratación correspondió al 93% de los servicios.

La investigación refiere que los tres funcionarios violaron el artículo 75 de la Ley de Petróleos Mexicanos y el 134 constitucional, pues permitieron la elevación de precios y no aseguraron las mejores condiciones para el Estado mexicano.

Según Irma Eréndira Sandoval, el daño patrimonial a la nación alcanza los 7 mil 667 millones de pesos, sin embargo, la SFP considera que se elevará porque la investigación solo se centró en un 6.4% del espectro de convenios realizados por Pemex.

Estos delitos tendrían consecuencias de orden administrativo, pero también penal. Los involucrados son investigados por posible enriquecimiento ilícito, finalizó la funcionaria.

 

Destapando las desigualdades

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Más allá de si se deben o no disminuir los salarios de los altos funcionarios públicos, la discusión ha exhibido el nivel de desigualdad que vivimos en México

Una de las acciones del gobierno de la Cuarta Transformación que se ha topado con una mayor resistencia, es la de disminuir el salario de los altos funcionarios, entre los que encuentran miembros del poder judicial. 

El caso es interesante, porque ha servido para exhibir el nivel de desigualdad que se vive en el país. 

No es mi intención tomar postura sobre si se deben o no disminuir los sueldos de magistrados, jueces, gobernadores, funcionarios federales y demás, pero vale la pena hablar de los argumentos que se esgrimen por parte de la oposición política y de los afectados en esta medida. 

Primero se habla de una amenaza a los contrapesos que deben existir en todo país que se jacte de ser democrático, ya que al bajar el sueldo de un juez o magistrado a menos de lo que gana el presidente (aproximadamente 108 mil pesos mensuales), existirá un mayor riesgo de que dicho funcionario caiga ante las mieles de la corrupción. 

Pero los más llamativos son los argumentos en redes sobre la decadencia que significa para un funcionario ganar solamente 100 mil pesos mensuales. 

Una de las discusiones en Twitter, la red social política por preferencia, se centraba en que vivir con cincuenta mil pesos al mes era poco más que difícil. La tuitera en cuestión subió unas fotos en las que se mostraba un presupuesto para apuntar que era muy complicado vivir bien al mes con esa cantidad. 

Más allá de que en las fotos se prueba que los 50 mil pesos eran suficientes para vivir y vivir bien (con una renta de 25 mil pesos, con la familia completa con gastos médicos mayores, con comidas y salidas que superan los 20 mil pesos), una de las celdas mostraba algo triste pero cierto y que refleja la desigualdad en la que vivimos: dicha persona gasta 200 pesos en el servicio de limpieza al mes. 

200 pesos en pagarle a alguien para que limpie tu casa de 25 mil pesos. Incluso si fuera una sola vez, esa cantidad es la que acepta una trabajadora o trabajador doméstico en muchas partes del país.

Y es que en México solamente 4 de cada 100 habitantes gana más de 13 mil pesos mensuales. Sí, lo leyó bien, solo el 4% de los mexicanos tiene un sueldo mayor a los 5 salarios mínimos. Ni siquiera estamos hablando de los 50 mil que muchos en twitter argumentaban como insuficientes para vivir bien. 

No busco que se malinterprete la intención de esta columna. A diferencia de nuestra Secretaria de la Función Pública que en una triste intervención se decantó por sugerir a la IP que baje los sueldos de quienes más ganan, yo soy de la idea de que no se trata de disminuir unos salarios para emparejar los otros, sino de generar las condiciones que permitan a todos los mexicanos ganar adecuada y decentemente. 

Lo que sí es un hecho, es que al menos en la función pública, en México hemos acostumbrado a nuestros representantes a vivir sin complicaciones y en muchas ocasiones con excesos. Y a pesar de esto, somos uno de los países más corruptos en el planeta. 

Lo que también es un hecho es que hay una gran separación entre los mexicanos de primera y los mexicanos de segunda. Mexicanos de primera que sostienen que es inviable vivir con menos de 50 mil pesos al mes, y mexicanos de segunda que aceptan un pago irrisorio con tal de llevar un pan a la mesa de su casa. 

Las preguntas quedan en el aire, ¿es justo que ningún funcionario gane más de 108 mil pesos en el México en el que vivimos? ¿o deberíamos enfocarnos en subir los salarios de los de abajo sin tocar los de arriba? 

SFP descarta indagatoria contra Robles

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La Secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, afirmó que la titular de de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, no será investigada por el desvío de recursos de la llamada “Estafa Maestra”.

En opinión de Gómez, Robles no habría firmado contratos que la vinculen con las investigaciones que se han realizado sobre desvíos y triangulación de recursos con universidades privadas y empresas fantasma.

Ya han sido sancionados otros servidores públicos, recordó.

“¿La investigación podría llegar hasta Rosario Robles?”, se le preguntó a la funcionaria en la Cámara de Diputados.

“Como Secretaria de Función Pública, como titular, te puedo decir que no, al día de hoy no, en este particular caso, ahí terminó, por eso se le sancionó a él”, explicó Gómez sobre la sanción que se aplicó al vocero de la Sedatu, Gustavo Rodríguez, por la contratación de promocionales para la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Ante la insistencia sobre si Robles era o no investigada, Gómez precisó que la Función Pública no investiga a personas en particular.

“Estamos investigando el hecho que nos fue presentado a la Función Pública. Se investiga el hecho del que ocasionó un daño a la nación y ese hecho nos lleva a una investigación y esa investigación nos lleva a determinar culpables”, comentó, luego de participar en la instalación de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

Gómez justificó que el titular de una Secretaría no puede tener conocimiento de todo lo que acontece en su dependencia, con miles de servidores públicos y delegaciones en las diversas entidades.

“Para eso tenemos oficial mayor, subsecretarios, por eso hay delegación de facultades”, expresó.

La autoridad, añadió la funcionaria, llega hasta donde la norma da margen para las sanciones a los servidores públicos.

“La Secretaría de la Función Pública con marco normativo ha hecho un gran trabajo en la investigación de estos temas”, celebró sobre el caso.

CNDH responsabiliza a la SCT por socavón en Paso Exprés

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es la principal responsable de todas las irregularidades derivadas de la planeación y ejecución del Paso Exprés en la autopista México-Cuernavaca.

La CNDH determinó que la SCT es responsable de las irregularidades en el socavón donde murieron dos personas, por lo cual entregará los resultados de sus investigaciones a la Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo con la investigación, la negligencia y posible corrupción fueron el origen de la tragedia en el libramiento Paso Exprés de la autopista México Cuernavaca, atribuibles a la SCT y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

“Además, con motivo de dichas irregularidades y por la relación entre autoridad y empresas en un posible esquema de manipulación y fragmentación de contratos, solicitará a la Secretaría de la Función Pública investigue el caso de manera integral y no dispersa”, dijo en un comunicado.

Según la CNDH, salvo 9 servidores públicos sancionados en materia administrativa, el hecho continúa impune al no haber responsables penalmente ni por falta de rendición de cuentas.

Por lo anterior, la CNDH emitió la Recomendación 34/2018, dirigida a Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes y a otros servidores públicos.