Red proveedora del IMSS falsificó marcas y registros para vender equipo

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De acuerdo con el sitio Animal Político, funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) “solaparon” una serie de irregularidades y aceptaron favores, por parte de una red de empresas que simuló competencia y falsificó registros sanitarios para vender equipo médico por una cantidad millonarias.

En una segunda entrega de una investigación sobre una red de empresas vinculadas a una familia que obtuvieron cientos de contratos por 674 millones de pesos, Animal Político detalla cómo María  Isabel Camacho Ruiz, “cabeza de la red“, utilizaron “el nombre y los documentos oficiales de una empresa para participar en licitaciones, sin autorización de la dueña”.

Camacho Ruiz, quien ha negado que exista una red de empresas beneficiadas irregularmente con contratos del IMSS, sí reconoció la compra de boletos de avión a favor de funcionarios del IMSS. De acuerdo con la investigación del sitio, la empresaria utilizó dos empresas para vender equipo al IMSS: International Equipment JCB, que es de su propiedad, e Innovación MEC, fundada por Miriam Escalona, quien previamente había sido su abogada. En este caso, Camacho utilizó la empresa sin permiso de Escalona para vender equipo”de alta especialización médica, como unidades de monitoreo de signos vitales, equipo de diagnóstico cardíaco y de rayos X, mobiliario hospitalario como camillas y camas especiales, entre otros”, refiere el reportaje.

Animal Político reportó otras irregularidades como la falta de registros del equipo que Camacho vendió al IMSS, así como la falta de aval de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

En cuanto a la falsificación de datos, el reportaje ilustra cómo Dacega, una empresa de Camacho, utilizó un registro sanitario “folio 0359E2014” que la Cofepris supuestamente le otorgó para comercializar un “Sistema de Imagen de Rayos X Advanced TRX“.

Sin embargo, refiere la publicación, “en los archivos de Cofepris lo que se observa es que ese registro se otorgó, en realidad, a la empresa Karl Storz Endoscopía México para la venta de Fibroscopios – Gastroenterológicos“.

Cofepris confirmó a Animal Político que el registro sanitario no se le otorgó a ninguna de las empresas de la red. Este último dato también fue confirmado por el IMSS.

Asimismo, los autores del reportaje dijeron que, en una revisión de la base de datos de licitaciones de Compranet se confirmó que el IMSS le compró ese equipo a dos de las empresas de la red de María Isabel Camacho: Innovación MEC (un equipo) y a JCB (tres equipos).

“Además de presentar registros falsos en la licitación, Innovación MEC y JCB falsearon la marca del equipo. Animal Político consultó a la compañía Advanced Instrumentations, ubicada en Miami, Florida, para confirmar que hubiera vendido a las empresas de la red la Unidad Radiológica Fluoroscópica con Arco en C. En entrevista telefónica la firma desmintió este dato, ya que no es fabricante de ese modelo”, informó Animal Político.

Además, del uso ilícito de Innovación MEC para vender equipo al IMSS, Escalona Correa, aseguró el sitio, “se enteró dos años y medio después de que dejó de laborar en la empresa de María Isabel Camacho; para ese momento la empresa ya había ganado 47 licitaciones, había generado 330 facturas por la venta de (entre otros equipos) 174 electrocardiógrafos, por lo cual emprendió una batalla legal contra Camacho Ruiz para deslindarse de estas acciones”.

Escalona, dijo, Animal Político, “presentó documentos que prueban que esta red utilizó el domicilio de su empresa para otras en las licitaciones; registró como empleados suyos a miembros de la red, incluido un ex funcionario del IMSS y su madre; falsificó su firma en facturas y realizó movimientos hacendarios de manera virtual”.

Pero María Isabel Camacho, su abogado Jorge Federico Solórzano y su socio, el ex funcionario del IMSS Javier Israel Fernández “negaron las acusaciones y aseguraron que se trata de un intento de extorsión por parte de Escalona“.

Gobierno de EPN otorga 70% de contratos sin licitar; IMSS, ISSSTE y CFE con más riesgo de caer en corrupción: IMCO

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Durante la actual administración, encabezada por Enrique Peña Nieto, a mil empresas se les asignó por adjudicación directa el 71 por ciento de los contratos, reveló el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

 De acuerdo con su reporte Índice de Riesgos de Corrupción: el Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas, los contratos asignados por adjudicación directa significan el 31 por ciento de los 2.3 billones de pesos que se contrataron de enero de 2012 a julio de 2017.

El Imco señaló que a partir de la revisión de los contratos que están contenidos en la plataforma de Compranet, se encontraron tres variables que alertan de riesgos de corrupción: falta de competencia, de transparencia y existencia de anomalías diversas.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) son las tres entidades con más Unidades Compradoras (UC) en riesgo de caer en corrupción y sumaron casi un billón de pesos de recursos públicos gastados en contrataciones públicas.

Según el Imco, la base de datos generada también permitió identificar algunas prácticas contrataciones públicas que preocupan, como que tres instituciones concentren el 56 por ciento del gasto público de la Administración Pública federal en procedimientos de contratación, y que 30 (0.02 por ciento del total) proveedores se queden con una quinta parte del gasto en contrataciones públicas.

Ante este panorama el IMCO propone una nueva ley de adquisiciones y una nueva ley de obra que se apeguen a los estándares internacionales, eliminen excepciones y establezcan procedimientos más sencillos y eficientes.

Asimismo propone una nueva plataforma de contrataciones públicas que sea de uso obligatorio y que abarque el ciclo completo: planeación, licitación, ejecución, además de reafirmar la capacidad de la Secretaría de la Función Pública como órgano de control y vigilancia en contrataciones públicas.

Propone también la creación del Instituto Nacional de Política de Contrataciones Públicas que se encargue de la planeación a mediano y largo plazo, así como de generar políticas que ayuden a usar de mejor manera los recursos y que promuevan alternativas con el uso de la tecnología.

Miguel Barbosa se registró como precandidato para Puebla

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El senador de la bancada del Partido del Trabajo, Miguel Barbosa, se registró este martes 30 de enero, como precandidato de Morena, en coalición con el PT y Encuentro Social, al gobierno de Puebla.

Asimismo, el experredista aseguró que solicitó al Senado licencia al cargo a partir del 9 de febrero, pero que pidió a la Mesa Directiva no recibir su salario ni prerrogativas a partir del 1 de febrero.

Barbosa competiría en contra de Martha Erika Alonso Hidalgo, por México al Frente (PAN, PRD, Movimiento Ciudadano), quien es esposa del ex gobernador Rafael Moreno Valle.

En tanto, por el PRI presenta como precandidato a Enrique Doger, quien fue presidente municipal de la capital poblana y diputado federal; actualmente era delegado estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Morena designó, en octubre pasado, a Barbosa como coordinador de organización electoral en Puebla, con lo se perfiló como precandidato por encima de Abelardo Cuéllar Delgado, Alonso Aco Cortés, Rodrigo Abdalá Dartigues y el ex rector de la Universidad de las Américas, Enrique Cárdenas Sánchez.

IMSS niega pensión por viudez a tres concubinarios gays; CNDH interviene

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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) declaró improcedente el otorgamiento de pensión por viudez a tres concubinarios cuyas parejas eran del mismo sexo.

Por este caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al director general Mikel Arriola.

De acuerdo a la recomendación 53/2017, el IMSS violó los derechos al acceso a la seguridad social, igualdad, no discriminación, legalidad y seguridad jurídica de los tres agraviados.

“De la información recabada por este Organismo Nacional, se pudo acreditar que las autoridades del IMSS omitieron proteger y garantizar los derechos humanos a la seguridad social, igualdad, no discriminación, legalidad y seguridad jurídica, en virtud de que restringieron el acceso de los quejosos a la pensión por viudez en su modalidad de concubinato”, detalló la CNDH.

Sostuvo que no hubo justificación “racional y normativa” para declarar improcedente la solicitud de pensión al no haber presentado acta de matrimonio civil. “Ello implicó negar a estas parejas homosexuales, los beneficios que son accesibles a las personas heterosexuales a través del concubinato”.

En ese sentido la CNDH consideró procedente la reparación integral en términos de la Ley General de Víctimas, incluyendo se brinde trámite a las solicitudes de pensión planteadas, sin que se exija el dictamen de beneficiario incapacitado, ni acreditar la dependencia económica.

También pidió que “se implementen las acciones necesarias para que pueda otorgarse la pensión a que tengan derecho”.