CNDH alerta por posible desaparición de CONADIS

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alerta que la eventual desaparición del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) generaría una afectación directa a los derechos de las personas con discapacidad, quienes históricamente han sido víctimas de discriminación y estigmatización por parte de la sociedad.

El organismo nacional refiere que esto les ha impedido el acceso al ejercicio pleno de sus derechos humanos en condiciones de igualdad con el resto de la población.

En Oficio dirigido al Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, con copia a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la Comisión Nacional hizo siete consideraciones en relación a los recientes anuncios de la posible desaparición del CONADIS.
Una es la importancia que tiene esa instancia como mecanismo de coordinación para facilitar la adopción de las medidas relativas a la aplicación de la Convención. Considera que lejos de suprimirlo, el nuevo Gobierno debería fortalecerlo para transformarlo en un mecanismo de planeación estratégica que asegure la transversalidad en las acciones gubernamentales, y que pueda asesorar a los tres órdenes de gobierno en el diseño de políticas y acciones para la atención de las personas con discapacidad.
La CNDH enfatiza que la Convención establece en su Artículo 4° los compromisos que deberán asumir los Estados Nacionales a fin de garantizar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos de las personas con discapacidad sin discriminación alguna.

Entre otros, adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos; tener en cuenta, en las políticas y los programas, la protección y promoción de sus derechos humanos, y abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la Convención y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella.

Tatiana Clouthier rechaza mando militar en Guardia Nacional

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La diputada federal de Morena, Tatiana Clouthier Carrillo, se pronunció en contra de un mando militar en la Guardia Nacional, y planteó que ésta opere solo por tres años en caso de ser aprobada.

Al participar en las mesas de trabajo que se realizan en la Cámara de Diputados para la reforma y legislación de la Guardia Nacional, la legisladora de Morena refirió que recoge las recomendaciones de fortalecer el artículo 76 constitucional, de ir por un mando civil, “no un mando militar por ningún motivo”.

Ante legisladores federales, representantes de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos expresó también que “no veo posible una temporalidad mayor a tres años del Ejército en las calles”.

“Lo pongo por varias vertientes, tener cinco años el mando militar, estaría hablando inclusive de poder decir que el mando militar es el que va a terminar determinando quién nos gobernará los próximos seis años en este país. Me niego a poner esto como una antesala”, sostuvo.

Clouthier Carrillo llamó a tener policías fuertes en lo local, con intervenciones subsidiarias, y agradeció los planteamientos que se han hecho, entre ellos el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sobre la necesidad de hacer ajustes al dictamen.

Derechos Humanos pide al gobierno de AMLO se garantice suministro de gasolinas

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a garantizar la venta de gasolina en el país y con ello prevenir la vulneración de los derechos humanos de los mexicanos.

A través de un comunicado, el organismo nacional reconoció la pertinencia del gobierno federal de emprender acciones para combatir el robo de hidrocarburos y su venta ilícita pero consideró necesario que se revise la problemática que se está presentando en varias regiones de la República en cuanto al suministro de gasolinas y combustibles como consecuencia de los cierres de ductos y otras acciones emprendidas contra el robo de combustible.

“La CNDH hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía, así como a las demás instancias competentes del Gobierno de la República, para que adopten las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho que asiste a las personas al suministro, disponibilidad y accesibilidad de los combustibles“.

La Comisión también pidió contar con información veraz, actualizada y oportuna sobre las eventuales afectaciones que se presenten, las medidas que se adopten para remediarlas y los alcances que tendrán las mismas.

“En particular se requiere garantizar que los servicios públicos esenciales, tales como los de emergencia, salud, seguridad y limpieza, entre otros, no se suspendan o vuelvan inoperantes por la falta de combustibles”.

La CNDH aseguró que es necesario investigar de manera objetiva, integral y profesional sobre el robo de hidrocarburos “que comprenda tanto a las personas involucradas en su extracción ilícita, como a las relacionadas con su transporte y comercialización, con el propósito de que esta actividad se combata frontalmente y no subsista la impunidad”.

La CNDH defiende su recomendación sobre Ayotzinapa

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazó que la publicación de la recomendación por las violaciones graves cometidas en la investigación del caso Ayotzinapa tengan alguna consideración política, y que su contenido no estuvo condicionado a la llamada “verdad histórica”.

A través de un comunicado, la CNDH señaló que se encuentra comprometida “con las víctimas y la obtención de la verdad”, y aclaró que “la extensión, alcance y duración del trabajo desarrollado por este organismo nacional no atendió a cálculo o consideración política de ninguna índole”.

De acuerdo con la Comisión, su investigación “estuvo determinada por la falta de información confiable con la que contaban las autoridades que en ámbitos diversos desarrollaban la investigación del caso, así como una serie de negativas y obstáculos que enfrentó para el desarrollo de sus labores”.

“Para determinar la existencia de violaciones a los derechos humanos, la CNDH se vio forzada a realizar, en el ámbito de sus atribuciones, la investigación que otras instancias no pudieron o no quisieron llevar a cabo en forma pertinente y debida”, aseveró.

El organismo nacional dijo que no avala la denominada “teoría de la verdad histórica”, pero sostiene que las críticas y cuestionamientos que se hubieran hecho en contra de esta u otras teorías “no pueden implicar que las posteriores investigaciones partan de un sesgo inicial o premisa de descartar cualquier elemento vinculado con las mismas”.

La CNDH explicó que ha sido su prioridad básica determinar el paradero y destino de los normalistas desaparecidos, y que es por ello que llamó la atención “sobre la necesidad de que se revisen los más de 63 mil fragmentos óseos que habrían sido recuperados en el Basurero de Cocula y en el Río San Juan, y que obran en resguardo de la Procuraduría General de la República“.

“Esta acción puede ser de inmediata atención, con independencia de la revisión que eventualmente se haga del demás material probatorio”, indicó.

Acerca de las irregularidades u omisiones que pudieran comprobar que se cometieron durante la obtención de los fragmentos óseos aludidos, “implicaría la comisión de delitos o la apertura de nuevas líneas de investigación, que necesariamente tendrían que ser desahogadas con independencia de que se determine si los restos óseos hallados corresponden a los normalistas desaparecidos”.

La Comisión dijo estar dispuesta a que se estudien las evidencias de su investigación, que ha hecho públicas, y que “dejemos que la ciencia hable. Si bien aún no se ha podido llegar a la verdad en este caso, el trabajo que desarrolle cualquier instancia u organismo de seguimiento e investigación al caso tendrá en el trabajo desarrollado por la CNDH una guía y orientación”.

SCJN abre juicio a Ley de Remuneraciones

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El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para impugnar la constitucionalidad de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, expedida mediante decreto publicado el 5 de noviembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación.

La CNDH solicitó a la Suprema Corte declarar la invalidez de los artículos 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la referida Ley, así como los diversos 217 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal, adicionados en el mismo Decreto combatido.

De manera adicional, la CNDH pidió a la SCJN que, de oficio, revise el procedimiento legislativo que dio origen a la normativa impugnada.

Tras la admisión, se instruyó dar vista con la demanda a las cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como al Presidente de la República, para que rindan su informe dentro del plazo de 15 días hábiles.

Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos explicó que, el pasado día 22 de noviembre, presentó la demanda de acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP), al estimar que la misma podría contener posibles vulneraciones a derechos humanos.

“En el documento presentado ante el Tribunal Constitucional de nuestro país, se expresó que, a juicio de este Organismo Autónomo, la LFRSP se aparta de los mandatos de nuestra Norma Suprema y de diversos instrumentos internacionales suscritos por México, por lo cual consideró conveniente someterla al conocimiento de la SCJN, para que sea quien determine su validez, como máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos“, refirió.

“La CNDH estima necesario que las remuneraciones de los servidores públicos sean reguladas de conformidad con el sistema constitucional mexicano en su integridad, y en ese sentido consideró que la LFRSP no desarrolló, de acuerdo con el texto constitucional, los parámetros o reglas indispensables para hacerla efectiva, entre otras problemáticas que, a juicio de esta institución protectora de los derechos humanos, podría implicar su aplicación”, anotó.

Esta ley estableció que ningún servidor público podía ganar más que el presidente de la República.

“Este Organismo Nacional es consciente de la importancia y trascendencia que conlleva la expedición de la LFRSP, que está encaminada a regular, entre otras cuestiones, el límite máximo de las percepciones de los trabajadores al servicio del Estado, tal como lo establece la Constitución desde el año 2009″, indicó la comisión.

“La demanda promovida por la CNDH recoge diversos planteamientos y opiniones que aportaron más de 1,190 personas que expresaron sus inquietudes respecto del mencionado precepto legal, denunciando su posible inconstitucionalidad y solicitando que se promoviera la acción correspondiente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación“, abundó.

No apostaremos por la guerra, adelanta AMLO

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El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, esbozó nueve puntos del próximo plan de pacificación que incluye no apostar por la guerra o el exterminio y crear un consejo permanente para la paz.

Al presentar los resultados de la Consulta para la Pacificación y Reconciliación Nacional, López Obrador dio a conocer nueve puntos que impulsará en su gobierno, incluyendo liberación a presos políticos y luchadores sociales, observación permanente de organismos internacionales como la ONU, así como respeto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y acatamiento de sus recomendaciones.

Otros de los puntos que presentó López Obrador fueron atención a las causas que originaron la violencia, formación de fuerzas armadas y policías en materia de derechos humanos, atención a víctimas y creación de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa.

Asimismo, pidió no descartar la amnistía ya que buscarán un equilibrio entre justicia y perdón.

Confiesa que investigó a generales para definir a secretarios

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pidió una investigación a todos los generales y almirantes para decidir a los futuros secretarios de las Fuerzas Armadas.

Al presentar los resultados de la Consulta para la Pacificación y la Reconciliación Nacional, el presidente electo confesó que antes de decidir por Luis Crecencio Sandoval como próximo secretario de la Defensa Nacional y de José Rafael Ojeda como futuro titular de Marina, pidió una indagatoria a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) del comportamiento de los generales.

CNDH responsabiliza a la SCT por socavón en Paso Exprés

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es la principal responsable de todas las irregularidades derivadas de la planeación y ejecución del Paso Exprés en la autopista México-Cuernavaca.

La CNDH determinó que la SCT es responsable de las irregularidades en el socavón donde murieron dos personas, por lo cual entregará los resultados de sus investigaciones a la Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo con la investigación, la negligencia y posible corrupción fueron el origen de la tragedia en el libramiento Paso Exprés de la autopista México Cuernavaca, atribuibles a la SCT y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

“Además, con motivo de dichas irregularidades y por la relación entre autoridad y empresas en un posible esquema de manipulación y fragmentación de contratos, solicitará a la Secretaría de la Función Pública investigue el caso de manera integral y no dispersa”, dijo en un comunicado.

Según la CNDH, salvo 9 servidores públicos sancionados en materia administrativa, el hecho continúa impune al no haber responsables penalmente ni por falta de rendición de cuentas.

Por lo anterior, la CNDH emitió la Recomendación 34/2018, dirigida a Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes y a otros servidores públicos.

 

Tribunal insiste en creación de Comisión de la Verdad para caso Ayotzinapa

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El Tribunal Colegiado de Tamaulipas, que ordenó la creación de la Comisión de la Verdad y Justicia sobre Ayotzinapa, determinó que no existe impedimento de ningún tipo para su integración.

Ante las impugnaciones por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), los tres magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas resolvieron, de forma unánime, que la Comisión es acorde con la Constitución.

Los magistrados señalaron que existe sustento jurídico para su creación, además de que no se puede invocar la legislación de México para no cumplir compromisos internacionales.

En particular, mencionaron la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención de Viena.

Aseguraron que, conforme a “diversos métodos de interpretación”, el ministerio público no tiene la exclusividad para investigar.

Incluso, apuntaron que hay investigaciones formales reconocidas por la PGR, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la ONU y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

Los magistrados precisaron que en el caso de la participación de la CNDH no se trata de que el organismo investigue delitos, sino los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

Dijeron que, según sus facultades, la CNDH podría hacer recomendaciones a las autoridades que considere.

Además, señalaron, el ministerio público federal podría ejercer acción penal contra quien considere como resultado de una nueva investigación.

La CNDH emite recomendación a la SEDENA y SSP de Puebla por caso Palmarito

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Elementos del Ejército ejecutaron de forma arbitraria a dos personas durante el enfrentamiento con huachicoleros en la comunidad de Palmarito, Puebla, ocurrido el pasado 3 de mayo de 2017, concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Una semana después del enfrentamiento en el que murieron seis civiles y cuatro militares, se difundió un video en el que se observaba a un militar disparar a la cabeza de un civil que ya estaba en el suelo.

Al emitir la recomendación 12VG/2018 por violaciones graves, el organismo reveló que aquella noche ocurrieron dos ejecuciones similares.

Otras violaciones graves que cometieron militares y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla fueron: siembra de armas en los cadáveres de dos personas, detenciones arbitrarias de dos infantes, además de trato cruel contra 12 personas, incluidos tres menores de edad.

Policía Federal detuvo arbitrariamente a 8 personas, entre ellos 5 niños: CNDH

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, por violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de cinco menores de edad y tres personas adultas (2 mujeres y 1 hombre), atribuibles a elementos de la Policía Federal en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

El Organismo Nacional acreditó violaciones a los derechos humanos a la inviolabilidad del domicilio en agravio de ocho personas; al interés superior de la niñez de cinco menores de edad; a la legalidad, seguridad jurídica y libertad personal por la detención arbitraria y retención de tres personas adultas, lo que propició dilación en la puesta a disposición, además de que una persona adulta fue objeto de tortura, lesionando con ello sus derechos humanos a la integridad personal y dignidad.

La CNDH acreditó que los elementos aprehensores se introdujeron en el domicilio donde se encontraban las ocho víctimas sin presentar una orden de cateo expedida por autoridad competente, procediendo a la detención de las tres personas adultas en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Los agentes aprehensores trasladaron a las ocho víctimas a sus instalaciones sin que prevaleciera la protección y cuidado de los cinco menores de edad, entre ellos una bebé de seis meses.

Además tres víctimas adultas quienes fueron puestas a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación, permaneciendo injustificadamente retenidos 13 horas con 20 minutos en custodia de los agentes aprehensores, sin que existieran razones fácticas comprobables para presentarlos sin dilación alguna ante dicha autoridad.

Además, una de las víctimas fue objeto de actos de tortura por parte de los elementos de la Policía Federal, motivo por el cual fuera referido a un hospital, donde se determinó que presentó sangrado en la cavidad pulmonar (hemotórax).

Por ello, la Comisión Nacional recomendó al titular de la CNS inscribir a los ocho agraviados en el Registro Nacional de Víctimas en términos de la Ley General de Víctimas, para que se proceda a la reparación del daño, incluida atención psicológica y una compensación.