CNDH responsabiliza a la SCT por socavón en Paso Exprés

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es la principal responsable de todas las irregularidades derivadas de la planeación y ejecución del Paso Exprés en la autopista México-Cuernavaca.

La CNDH determinó que la SCT es responsable de las irregularidades en el socavón donde murieron dos personas, por lo cual entregará los resultados de sus investigaciones a la Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo con la investigación, la negligencia y posible corrupción fueron el origen de la tragedia en el libramiento Paso Exprés de la autopista México Cuernavaca, atribuibles a la SCT y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

“Además, con motivo de dichas irregularidades y por la relación entre autoridad y empresas en un posible esquema de manipulación y fragmentación de contratos, solicitará a la Secretaría de la Función Pública investigue el caso de manera integral y no dispersa”, dijo en un comunicado.

Según la CNDH, salvo 9 servidores públicos sancionados en materia administrativa, el hecho continúa impune al no haber responsables penalmente ni por falta de rendición de cuentas.

Por lo anterior, la CNDH emitió la Recomendación 34/2018, dirigida a Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes y a otros servidores públicos.

 

Tribunal insiste en creación de Comisión de la Verdad para caso Ayotzinapa

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El Tribunal Colegiado de Tamaulipas, que ordenó la creación de la Comisión de la Verdad y Justicia sobre Ayotzinapa, determinó que no existe impedimento de ningún tipo para su integración.

Ante las impugnaciones por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), los tres magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas resolvieron, de forma unánime, que la Comisión es acorde con la Constitución.

Los magistrados señalaron que existe sustento jurídico para su creación, además de que no se puede invocar la legislación de México para no cumplir compromisos internacionales.

En particular, mencionaron la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención de Viena.

Aseguraron que, conforme a “diversos métodos de interpretación”, el ministerio público no tiene la exclusividad para investigar.

Incluso, apuntaron que hay investigaciones formales reconocidas por la PGR, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la ONU y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

Los magistrados precisaron que en el caso de la participación de la CNDH no se trata de que el organismo investigue delitos, sino los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

Dijeron que, según sus facultades, la CNDH podría hacer recomendaciones a las autoridades que considere.

Además, señalaron, el ministerio público federal podría ejercer acción penal contra quien considere como resultado de una nueva investigación.

La CNDH emite recomendación a la SEDENA y SSP de Puebla por caso Palmarito

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Elementos del Ejército ejecutaron de forma arbitraria a dos personas durante el enfrentamiento con huachicoleros en la comunidad de Palmarito, Puebla, ocurrido el pasado 3 de mayo de 2017, concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Una semana después del enfrentamiento en el que murieron seis civiles y cuatro militares, se difundió un video en el que se observaba a un militar disparar a la cabeza de un civil que ya estaba en el suelo.

Al emitir la recomendación 12VG/2018 por violaciones graves, el organismo reveló que aquella noche ocurrieron dos ejecuciones similares.

Otras violaciones graves que cometieron militares y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla fueron: siembra de armas en los cadáveres de dos personas, detenciones arbitrarias de dos infantes, además de trato cruel contra 12 personas, incluidos tres menores de edad.

Policía Federal detuvo arbitrariamente a 8 personas, entre ellos 5 niños: CNDH

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, por violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de cinco menores de edad y tres personas adultas (2 mujeres y 1 hombre), atribuibles a elementos de la Policía Federal en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

El Organismo Nacional acreditó violaciones a los derechos humanos a la inviolabilidad del domicilio en agravio de ocho personas; al interés superior de la niñez de cinco menores de edad; a la legalidad, seguridad jurídica y libertad personal por la detención arbitraria y retención de tres personas adultas, lo que propició dilación en la puesta a disposición, además de que una persona adulta fue objeto de tortura, lesionando con ello sus derechos humanos a la integridad personal y dignidad.

La CNDH acreditó que los elementos aprehensores se introdujeron en el domicilio donde se encontraban las ocho víctimas sin presentar una orden de cateo expedida por autoridad competente, procediendo a la detención de las tres personas adultas en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Los agentes aprehensores trasladaron a las ocho víctimas a sus instalaciones sin que prevaleciera la protección y cuidado de los cinco menores de edad, entre ellos una bebé de seis meses.

Además tres víctimas adultas quienes fueron puestas a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación, permaneciendo injustificadamente retenidos 13 horas con 20 minutos en custodia de los agentes aprehensores, sin que existieran razones fácticas comprobables para presentarlos sin dilación alguna ante dicha autoridad.

Además, una de las víctimas fue objeto de actos de tortura por parte de los elementos de la Policía Federal, motivo por el cual fuera referido a un hospital, donde se determinó que presentó sangrado en la cavidad pulmonar (hemotórax).

Por ello, la Comisión Nacional recomendó al titular de la CNS inscribir a los ocho agraviados en el Registro Nacional de Víctimas en términos de la Ley General de Víctimas, para que se proceda a la reparación del daño, incluida atención psicológica y una compensación.

Aseguran que Elba Esther Gordillo puede recurrir a Derechos Humanos

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Monterrey N.L. (16 de febrero 2017).- Miguel Salim, diputado de la bancada panista afirmó que Elba Esther Gordillo, misma que se encuentra en prisión domiciliaria, puede acudir a la Comisiona Nacional de los Derechos Humanos por las restricciones que la PGR impone al considerar su arraigo en una oficina de despacho.

El panista aseguró que no se le puede imitar el derecho a de que hable libremente con quien quiera, como pretende la dependencia federal.

“Yo creo que la señora Elba Esther tiene todo el derecho de acudir a la Comisión de Derechos Humanos. ¿Hasta donde abarca legalmente el arraigo domiciliario? ¿Si el arraigo domiciliario abarca hasta las familias, hasta las llamadas telefónicas, hasta sus aseos personales? Eso no está especificado en la ley”, comentó en rueda de prensa.

“La ley dice que al arraigo domiciliario está ubicado en un solo lugar, pero yo creo que ahí ella tendría que defenderse a través de los Derechos Humanos”, agregó.

“La señora es un personaje nacional en nuestro País y tiene todo el derecho de hacer su vida libre, en cuanto a lo que le corresponde por ley”, afirmó.

 

 

Organizaciones civiles y especialistas urgen a Corte frenar Ley de Seguridad

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Decenas de organizaciones civiles y especialistas integrados en el colectivo #SeguridadSinGuerra demandaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, promulgada por el Presidente Enrique Peña Nieto.

El posicionamiento está firmado por organizaciones como México Evalúa, Mexicanos Primero, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez e Idheas, entre otras, así como por el académico Alejandro Madrazo, del CIDE; la politóloga Denise Dresser, y la religiosa Consuelo Morales, quien fue Premio Nacional de Derechos Humanos.

El colectivo también recuerda que se han presentado acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicios de amparo contra la Ley de Seguridad Interior, por actores como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y las minorías parlamentarias de las Cámaras de Diputados y Senadores.
Así como por el Gobierno de Chihuahua, diversas comisiones estatales de derechos humanos, y los municipios de Nezahualcóyotl, Ocuilán y Cocotitlán, en el Estado de México; Oxkutzcab, Tepekan y Hoctun, en Yucatán; Ahuacatlan, San Pedro Cholula y Tepeyahualco, en Puebla, e Hidalgo del Parral, en Chihuahua.

“Consideramos que deben corregir lo que el Congreso de la Unión aprobó a pesar del llamado de los organismos y organizaciones nacionales e internacionales más reconocidos en la observancia y defensa de los derechos humanos”, agregaron.

En su posicionamiento, #SeguridadSinGuerra insiste en que la Ley de Seguridad Interior contiene conceptos vagos e imprecisos, que facultan a las Fuerzas Armadas a actuar sin mecanismos de control y transparencia.

Además de que afianzaría una estrategia de seguridad que ha resultado en la violación masiva de derechos humanos y en la generación de más violencia.

“No hay evidencia de que la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado haya disminuido los índices de homicidios, robos, secuestros y otros delitos”, argumenta.

“Por el contrario, desde que las Fuerzas Armadas participan en labores que constitucionalmente corresponden exclusivamente a las autoridades civiles, se han documentado graves violaciones a derechos humanos que han quedado impunes”.

Al menos 22 menores fueron traficados y hubo anomalías en adopción de cientos durante el Gobierno de Padrés

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Por lo menos 22 menores de edad, fueron traficados por empleados de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del DIF, en Hermosillo, Sonora, durante el gobierno de Guillermo Padrés.

De acuerdo con una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se documentaron al menos 22 casos en los que se traficó con niños, entre 2009 y 2015; adopciones ilegales y maltrato físico.

Según la dependencia, las irregularidades, cometidas contra los menores además de involucrar agente del DIF, también participaron agentes de la Procuraduría General de Justicia estatal, y el IMSS.

Desde el 2015, Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, coordinador de la línea telefónica Protege, creada para reportar a niños en situación vulnerable y adscrita a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, fue acusado de cobrar hasta 20 mil dólares por entregar un pequeño en adopción de manera irregular.

Pero de acuerdo con la CNDH, no se sabe el destino de por lo menos 682 niños, por las imprecisiones del DIF estatal.

Otras garantías vulneradas son a la igualdad sustantiva, derivado de la suposición, supresión y tráfico de 22 niños, atribuible a servidores públicos de la entonces Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia estatal.

También acreditó la supresión y tráfico de 18 menores, con lo que se violaron los derechos a la adecuada procuración de justicia, por la dilación e irregular integración de las averiguaciones previas.

En lo que corresponde a los servidores públicos del IMSS, la CNDH halló que estos expidieron certificados de nacimiento de 17 menores, “los cuáles contienen datos falsos respecto de la identidad de las madres biológicas”.

Por ello, la CNDH mandó hacer varias recomendaciones a los servidores públicos señalados: a la gobernadora y al titular del IMSS les ordenó reparar los daños ocasionados a los padres biológicos de los 22 menores víctimas de supresión y tráfico de infantes, al igual que a todos aquellos que fueron víctimas de los trámites irregulares de adopción y en los que se advierta alguna irregularidad respecto de los 682 infantes.

IMSS niega pensión por viudez a tres concubinarios gays; CNDH interviene

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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) declaró improcedente el otorgamiento de pensión por viudez a tres concubinarios cuyas parejas eran del mismo sexo.

Por este caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al director general Mikel Arriola.

De acuerdo a la recomendación 53/2017, el IMSS violó los derechos al acceso a la seguridad social, igualdad, no discriminación, legalidad y seguridad jurídica de los tres agraviados.

“De la información recabada por este Organismo Nacional, se pudo acreditar que las autoridades del IMSS omitieron proteger y garantizar los derechos humanos a la seguridad social, igualdad, no discriminación, legalidad y seguridad jurídica, en virtud de que restringieron el acceso de los quejosos a la pensión por viudez en su modalidad de concubinato”, detalló la CNDH.

Sostuvo que no hubo justificación “racional y normativa” para declarar improcedente la solicitud de pensión al no haber presentado acta de matrimonio civil. “Ello implicó negar a estas parejas homosexuales, los beneficios que son accesibles a las personas heterosexuales a través del concubinato”.

En ese sentido la CNDH consideró procedente la reparación integral en términos de la Ley General de Víctimas, incluyendo se brinde trámite a las solicitudes de pensión planteadas, sin que se exija el dictamen de beneficiario incapacitado, ni acreditar la dependencia económica.

También pidió que “se implementen las acciones necesarias para que pueda otorgarse la pensión a que tengan derecho”.