La renuncia de Deschamps ¿una nueva etapa para el sindicalismo mexicano?

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Un episodio más en la transición democrática del país se vivió el pasado miércoles 16 de octubre cuando el Comité Ejecutivo General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) convocó a sus afiliados a una asamblea extraordinaria. Lo anterior, con motivo de dar a conocer la dimisión voluntaria de Carlos Romero Deschamps, quien fuera líder del gremio desde 1993. En un clima de denuncias hacia su persona por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, entre otros delitos que se le acusan, decidió separarse del cargo de Secretario General que ostentaba desde hace más de 26 años, dicha decisión, se presume fue operada desde la Secretaría de Gobernación.

Los motivos reales que lo orillaron a renunciar, ciertamente aún son desconocidos, mas allá del comunicado del mismo ex líder donde señala que su decisión fue motivada porque “por razones poco claras, no observamos la cooperación que debe existir entre trabajadores y administración para impulsar los proyectos que permitan el verdadero avance de Pemex hacia su consolidación”. Para algunos, es inevitable no caer en especulaciones, pues escándalos a lo largo de su gestión le sobran; uno de los mas sonados, es el ocurrido en el año 2000, cuando Deschamps protagonizó el famoso “pemexgate” por desviar aproximadamente 500 millones de pesos del fondo del sindicato de Pemex a la campaña del entonces candidato a la Presidencia de México, Francisco Labastida.

Por esto y más, es para muchos un símbolo de corrupción en el país; pero vayamos al fondo del tema y lo que esto puede significar para el sindicalismo mexicano.

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró lo ocurrido y señaló que esto significa el inicio de una nueva etapa -palabras fuertes que no deben ser tomadas a la ligera-. Lo relevante y simbólica de esta renuncia es incuestionable, pero ¿es realmente una nueva etapa en la vida sindical del país? 

La lucha por la autonomía y libertad sindical ha sido parte esencial de nuestra transición democrática; desde el siglo XX, un rasgo característico del Estado Mexicano post revolucionario es precisamente la ausencia de un sindicalismo independiente fuerte, es decir, salvo contadas excepciones, los sindicatos más importantes del país, a lo largo de los años, han padecido de rasgos y esquemas corporativos que los han alejado de lo que en esencia son.

Por un sin fin de factores, difícil de enlistar, los sindicatos dejaron de ser lo que fueron aproximadamente a principios de 1930 – 1940, cuando su presencia en las calles era avasalladora, e incluso, eran un símbolo de apoyo, poder, e incluso legitimidad para los gobiernos en turno. Si bien es cierto, esto obedece a una lógica de que en el tiempo se ha transitado a un nuevo sistema sindical, producto de las grandes movilizaciones o las reformas laborales locales e internacionales alcanzadas -que es de reconocérseles-, también hay una realidad evidente, y es que el espíritu de la lucha, en el camino, se ha ido desvirtuando.

La nueva reforma laboral, publicada apenas el pasado mes de mayo en el Diario Oficial de la Federación, debe dar los instrumentos que garanticen una democracia sindical, con todo lo que esta conlleva, por ejemplo, el cumplimiento a lo establecido en la misma, referente a la obligatoriedad de que existan elecciones de dirigentes y que estas tendrán que ser mediante voto, directo, libre y secreto de los trabajadores. Además, de que todo lo contemplado en dicha reforma y en el nuevo TMEC, como la apertura a que existan más sindicatos, la sustitución de las juntas de conciliación por los tribunales laborales, la obligación al patrón de inscribir a sus trabajadores al IMSS, entre muchas otras cosas, acentúe y fortalezca una nueva etapa del sindicalismo mexicano.

Ahora bien, si desde la óptica política y para la alimentación de la opinión pública le sirve al gobierno que Deschamps sea para Andrés Manuel lo que fue la maestra Elba Ester para Enrique Peña Nieto, o lo que fue “la Quina”, en su momento, para Carlos Salinas de Gortari, es otro tema, aquí lo relevante, es que la oportunidad para la 4ta Transformación está en la mesa. 

Si la renuncia es positiva o no, depende de con qué venga; ojalá no sea solo un cambio de dirigentes, -donde por cierto, el nuevo líder del STPRM es quien hasta hace una semana fuera el Tesorero de Deschamps-,  si no que signifique realmente un cambio de estructura completa, reglas al interior y no se elija a alguien afín al nuevo gobierno; que estos cambios se traduzcan en una nueva dinámica en la relación Estado – Sindicatos, una evolución en la vida sindical del país, se termine con el control laboral y se represente la esencia misma de un sindicato: la representatividad de los derechos e intereses de los trabajadores.

El sindicato debe apoyar la reconstrucción de Pemex con el único fin de hacerlo mas competitivo, se escucha sencillo, pero no lo es, al interior hay muchísimas variables que hay que cambiar. El reto de gobernabilidad es enorme, pues no se están enfrentando solo a Romero Deschamps, si no a toda una red que se ha beneficiado por 26 años de manera transexenal a costa de Pemex. 

El debate enriquece la mente, se vale discrepar. 

Cierra operaciones penal del Topo Chico: Historia de autogobierno, privilegios y corrupción.

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El día de ayer, 30 de septiembre, en punto de las 10:30 horas se dieron cita autoridades estatales para presenciar el cierre oficial de operaciones del Centro Preventivo y de Reinserción Social “Topo Chico”. Penal, que fue inaugurado en 1943 y que por décadas los reclusos vivieron, algunos llenos de privilegios y otros en condiciones infrahumanas.

Según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018 (DNSP) de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en escala del 1 al 10, Nuevo León y sus 4 penales en promedio alcanzan una calificación de 6.03, siendo el mejor evaluado el Centro de Reinserción Social Femenil de Escobedo con 7.08, seguido del Centro de Reinserción Social de Apodaca con 6.18, ambos en el semáforo marcados en amarillo; y en rojo, con calificación reprobatoria, está tanto el Centro Preventivo de Reinserción Social de Topo Chico con 5.51 y el Centro de Reinserción Social de Cadereyta con 5.32 de calificación. 

Lo bajo que está evaluado Nuevo León en materia penitenciaria no debe resultarnos extraño, pues sus dos penales peor evaluados, han sido protagonistas nacionales de motines realmente bochornosos y testigo de historias de violencia que han dejado un sin fin de muertos y heridos.

Dichas calificaciones, la CNDH las establece de acuerdo a cinco rubros importantes que considera de acuerdo a estándares internacionales para el funcionamiento adecuado de una prisión, los cuales son: 1.- Aspectos que garantizan la integridad personal del interno; 2.- Aspectos que garantizan una estancia digna; 3.- Condiciones de gobernabilidad; 4.- Reinserción social del interno; y 5.- Atención a internos con requerimientos específicos. 

Las deficiencias del penal del Topo Chico eran evidentes, la CNDH apenas el año pasado marcó en color rojo, es decir, reprobatorio, a dicho penal en 4 de los 5 rubros antes mencionados, señalando que en esa prisión existían deficiencias en los servicios de salud, insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos, deficiencia en la atención a personas internas en condiciones de aislamiento, inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del centro, inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica, así como del área de cocina y/o comedores, además de deficiencias en la alimentación, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias; y lo más preocupante, que existían condiciones de autogobierno/cogobierno y presencia de actividades ilícitas como cobros (extorsión y sobornos).

En pocas palabras, el Topo Chico era prácticamente inoperante, incumplía con una muy amplia parte de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mándela) -llamadas así en homenaje a Nelson Mandela que pasó 27 años encarcelado con motivo de su lucha por los Derechos Humanos-. A lo cual asociaciones civiles locales como RENACE ya se habían pronunciado en varias ocasiones pidiendo especial atención a este penal.

Esperemos que el traslado de los 2,782 internos del Topo Chico al penal de Apodaca II, no muden consigo el autogobierno, si no que realmente sea este la extinción de privilegios y corrupción que por años imperó, y que finalmente, ésta estrategia de reingeniería penitenciaria y las certificaciones internacionales que vendrán, garanticen el estricto respeto a los Derechos Humanos al interior y se sienta la rectoría del Estado. 

Cabe resaltar que estas condiciones no son exclusivas del “Topo” -como coloquialmente se le conoce-, 77 de 183 penales del país tienen una baja calificación, todos con un común denominador: el autogobierno en las prisiones. 

Como bien lo dijo el asesor penitenciario Eduardo Guerrero: “Si no gobiernas las cuatro paredes que tiene una prisión, no puedes salir a gobernar la calle”.

El debate enriquece la mente, se vale discrepar. 

El Contra-Informe: Los ciudadanos tenemos otros datos Presidente

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El pasado domingo 1 de septiembre el Presidente Andrés Manuel López Obrador realizó en Palacio Nacional su Primer Informe de Gobierno; el tercero para su cuenta personal, es decir: el primero, el informe que dio con motivo de los primeros 100 días de gobierno; el segundo, realizado el 1 de julio del 2019 para de celebrar un año de la elección que le dio el triunfo y tercero, el que por mandato Constitucional obliga al Presidente de la República a enviar al Poder Legislativo el estado actual que guarda la Administración Pública Federal.

La realidad es que no importa el número del informe sino el contenido del mismo, pues realmente, si de informes hablamos, el Presidente informa diariamente vía su conferencia “mañanera”. En fin, esta columna esta lejos de ser un resumen del informe, que por cierto, en forma y fondo no hubo nada nuevo; sin embargo, es importante apuntar brevemente algunos datos que citó durante el mismo y que no son precisamente los mismos datos que “la oposición moralmente derrotada” -como los llamó en el informe-, la sociedad civil y muchos ciudadanos tenemos.

Es cierto que hay rasgos que presumen la construcción de un nuevo régimen, el problema es que aún no alcanzamos a ver hacía donde nos está llevando como país el nuevo gobierno. Tomando en cuenta que el Presidente ha sido caracterizado por llevar una política de simbolismos, una gran oportunidad para ilustrar esta “cuarta transformación” hubiese sido el cambio de formato que le dio a su informe. Hay que recordar, que desde el ex Presidente Vicente Fox, ningún Presidente ha rendido su informe en el Palacio Legislativo de San Lázaro (Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora AMLO), abriéndolo a discusión con los líderes de las distintas bancadas. 

Lo anterior es de lamentar, pues un Presidente que promueve en su discurso la libertad de expresión, el debate y la rendición de cuentas, y que incluso, la izquierda y Andrés Manuel criticaron en varias ocasiones el que los Presidentes no rindieran su informe frente a Diputados y Senadores, no acudiera al Congreso de la Unión, dejó un sabor antidemocrático de mucha opacidad.

En fin, entrando a los datos duros de dos temas fundamentales para el desarrollo del país como lo son la economía y la seguridad:

En el tema económico, vamos de mal en peor, en el primer año del gobierno antecesor, la economía creció 0.8%, comparándolo con el mismo periodo del actual gobierno, la economía estuvo a punto de entrar en una recesión, pues crecimos 0.0%. es decir, absolutamente nada. 

Los logros económicos en cuanto a la inversión extranjera directa (IED) fue algo que el Presidente no dejó de presumir, incluso argumentando que era la más alta en la historia del país para un primer trimestre, lo cual es totalmente falso; según datos de la Secretaría de Economía en 2013 la IED alcanzó su más alto histórico con 31,300 millones de dólares, comparada la cifra con la de este 2019 que es de 18,102 millones de dólares. Dato muy engañoso.

En cuanto a la generación de empleo, falso que vamos bien, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) este año se crearon 306,014 empleos, sin embargo lo que no dijeron, fue que si lo comparamos con los primeros 6 meses del año pasado se crearon 530,789 empleos, es decir, 42% más que este año en el mismo periodo.

En materia de Seguridad -sin duda el flagelo más grande que tiene este país- estamos peor que nunca, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) con más de 17,000 asesinatos, el primer semestre de 2019 fue el más violento en la historia de México; Siendo Colima, Baja California, Chihuahua, Guanajuato y Morelos los estados con el nivel más alto de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.

Además, durante el primer semestre de este año, según el Semáforo Delictivo, delitos como la extorsión, violación, robo a negocio, feminicidios, violencia familiar, secuestros y evidentemente homicidios, registraron un aumento considerable. Por ejemplo, se incrementó un 35% el delito de extorsión y 9% los feminicidios. Siendo este último un tema de especial atención, pues no podemos permitir de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia que se siga asesinando a mujeres en el país por el simple hecho de ser mujer. 

Si bien es cierto que la violencia y descomposición institucional es heredada por gobiernos anteriores, ese argumento deja de ser válido a partir de ahora, pues a un año de tomar protesta, no se ve clara cual es la estrategia integral de seguridad del nuevo gobierno. Ojo, si se está pensando que la Guardia Nacional va a contener la inseguridad del país están cometiendo un grave error. 

Sin embargo, en el país que el Presidente observa: en México por fin se logró la separación del poder político y el poder económico, ya vivimos en un auténtico Estado de Derecho, el poder Ejecutivo ya no interviene en los otros poderes ni se entromete en las decisiones de órganos autónomos y se desterró la corrupción y la impunidad. Si es así Presidente, efectivamente, los ciudadanos tenemos otros datos.

En fin, este fue un informe de mucho discurso y pocos datos, y muchos de ellos, falsos, engañosos o inexactos; pero nada de qué sorprendernos, pues los informes de gobierno hace mucho que dejaron de ser lo que deberían ser: un autentico acto de rendición de cuentas.

La despedida del “Capo del siglo”. ¿Qué lecciones deja?

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La mañana del miércoles un Juez Federal de Estados Unidos le dictó sentencia de cadena perpetua y 30 años de prisión a Joaquín “el Chapo” Guzmán, líder del Cartel de Sinaloa y acusado de por lo menos 10 cargos de los cuales fue declarado culpable (Narcotráfico, crimen organizado, posesión de armas, lavado de dinero, entre otros.)

Así culminaron 2 años y medio de este proceso desde que fue extraditado a Estados Unidos aquel 19 de enero de 2017, fecha desde la cual, se podía predecir que el desenlace de esta historia fuera el resultado que vimos el día de ayer. El “Chapo” será trasladado a la prisión de máxima seguridad ADX Florence, ubicada en Colorado, mejor conocido como “Alcatraz de las Rocosas” donde pasará los últimos días de su vida – por lo menos hasta que las condiciones de vida a las que será sometido afecten a su ya delicada salud y naturalmente fallezca -.

Sus nuevos compañeros, de los más peligrosos del mundo: Ted Kaczynski, alias “Unabomber”, Zacarias Moussaoui, conspirador de los atentados del 11 de septiembre, Terry Nichols, que perpetró el atentado con bomba de 1995 en Oklahoma, Dzhokhar Tsarnaev, que puso una bomba en el maratón de Boston y Ramzi Yousef, uno de los participantes en el atentado de 1993 contra el World Trade Center de Nueva York, entre otros asesinos seriales. Además, habrá de reecontrarse con dos mexicanos y ex rivales de su organización criminal: Osiel Cárdenas Guillen (del cártel del golfo) y Francisco Javier Arellano Félix (cártel de Tijuana).

A mi juicio, son varias las lecciones que este caso nos deja, mas allá de lo mediático que este pueda ser; las enlisto a continuación.

La primera, que cuando la Agencia Antidrogas – por sus siglas en inglés “DEA” (Drug Enforcement Administration) – y el Departamento de Justicia de Estados Unidos arman un expediente, difícilmente fallan; lo cual, no podemos decir lo mismo del sistema justicia mexicano y sus amplias deficiencias – sobra citar casos – por lo cual, nos apunta los retos institucionales que tenemos para poder juzgar en nuestro suelo a los mexicanos que delinquen y romper las redes de corrupción que impiden que existan las condiciones para ello, sin necesidad de extraditarlos para poder garantizar la impartición de justicia.

La segunda, que el desmantelamiento de los carteles de la droga sigue intacto, y el cártel de Sinaloa sigue operando a pesar de que su líder fue encarcelado y a las disputas internas provocadas por ese suceso; sigue siendo negocio, y la violencia y las drogas siguen en la ruta de ascenso. Por lo cual cabe resaltar lo que Alejandro Hope – analista experto en Seguridad – el día de ayer apuntaba en su columna del Universal: “La pacificación del país no pasa, o no pasa solo por la captura y encarcelamiento de uno o mil capos”.

El crimen organizado está ya tan institucionalizado y con intereses internacionales que difícilmente alteras ese negocio con la captura de un líder, así se llame Joaquín “el Chapo” Guzmán.

La tercera, que la dureza de las penas y las prisiones de Estados Unidos son – en muchos casos – inhumanas y con un profundo irrespeto a los Derechos Humanos. Estoy de acuerdo en el sentir de muchos de que “el Chapo” Guzmán fue responsable directa o indirectamente por acciones u omisiones del sufrimiento de muchas familias, y que el peso de la ley debe caer sobre el responsable del cártel. Sin embargo, existen condiciones humanas básicas para vivir una vida con el mínimo de respeto y dignidad; que a mi parecer, va mas allá del delito que hayas cometido o no. Me queda claro que el argumento de la reinserción a la sociedad de un personaje como el, no cabe aquí, pero el garantizar el estricto respeto a los derechos humanos debe ser indispensable en las prisiones no solo de Estados Unidos, si no también de México, lo cual por cierto, es una asignatura pendiente.

Y hago mucho hincapié en este tercer punto, pues es de todos conocido que la prisión de máxima seguridad de Colorado, la “ADX Florence”, tiene a los presos aislados evitando así la interacción entre ellos; no escuchan absolutamente nada al exterior de su espacio de 4 metros cuadrados, es decir, una extrema limitación de sus sentidos (no escuchar, no ver y no sentir lo suficiente); no existe un comedor, únicamente les entregan la comida por una rendija; estás 23 horas del día en tu celda y solamente 1 hora en un patio al exterior sin compañía alguna. Todo lo anterior bajo una estrategia de castigo muy poderosa: la soledad; que para efectos prácticos, es una tortura por el resto de su vida, donde quienes ya tenían algún tipo de trastorno mental, empeoran, y quienes llegan sin alguno, lo adquieren.

Falta ver qué información pueda este personaje todavía otorgar – en el supuesto de que quiera hablar, o en su caso, que lo dejen hablar – que permita el desmantelamiento de redes de complicidad, narcotráfico y lavado de dinero, incluso dentro del Gobierno de Estados Unidos, pues es de llamar la atención que no se mencione a ningún cómplice del país vecino, pero si exhiban a gobiernos mexicano.

¿Transporte público o privado? El debate de UBER

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El pasado martes 2 de julio, cerca de la media noche, el Gobierno del Estado, vía la Agencia Estatal de Transporte (AET) y Fuerza Civil implementaron un operativo para decomisar las unidades, y en caso de ser necesario, detener a los choferes de las aplicaciones de Uber, Didi y Cabify bajo el principal argumento de que están prestando un servicio de transporte público con placas particulares.

Lo anterior, ha provocado una gran molestia, no solo en los choferes, quienes muchos de ellos, cabe resaltar, su único ingreso económico es generado por prestar este servicio, si no también en los usuarios, quienes el día de ayer, ambos se manifestaron en las instalaciones del Congreso del Estado de Nuevo León para pedir el apoyo de sus legisladores locales, ante lo que ellos consideran, una injusticia por parte del Gobierno estatal.

Pero, ¿Cuál es el conflicto?, y ¿Qué argumentan las partes involucradas?, básicamente los taxistas argumentan que no existe un “piso parejo” de competencia y exigen que se regule la tarifa de las aplicaciones y se les impongan los mismos requisitos que a los autos públicos (permisos, placas, etc). En contra parte, los socios conductores de las plataformas digitales, señalan principalmente que ellos no son transporte público, si no transporte privado y que están violando sus derechos fundamentales al retirarles sus vehículos y negarles una fuente legal de trabajo.

La realidad aquí es que efectivamente Uber o sus equivalentes, no deben ser considerados como “transporte público”, si no como “transporte privado”, pues el servicio que estos ofrecen no es el mismo que el de un taxi tradicional por muchas razones; por poner solo un ejemplo que lo distingue: ellos no recogen pasaje de las calles, únicamente a quien pide el servicio por medio de la aplicación móvil.

Ahora bien, -ojo aquí- eso no los exenta de que sean regulados, el transporte privado también debe ser legislado en la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León -próxima a reformarse en el Congreso estatal-. Lo anterior, avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que apenas el año pasado resolvió que los servicios privados de transporte son completamente distintos a los servicios tradicionales de transporte público (reconociendo la naturaleza privada/civil de los primeros, contra la naturaleza pública/administrativa de los segundos) y por ende, no se les puede comparar, exigir o limitar tomando en consideración la realidad regulatoria de los taxis en tanto es un servicio completamente distinto a aquél. 

En el mismo sentido, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), emitió opinión para los Gobernadores y las Legislaturas estatales en 2015, donde recomienda precisamente que se reconozca una nueva categoría para la prestación de un servicio de transporte, limitando el marco normativo de estas empresas a tutelar objetivos públicos elementales en materia de seguridad y protección del usuario, evitando restricciones como crear la obligación de autorizar o registrar vehículos para prestar el servicio o limitar su número imponiendo requisitos adicionales como de placas especiales y/o cromáticas.

Precedentes existen, el problema de fondo aquí, es que quienes exigen que se regularicen estas aplicaciones, tienen muy poca autocrítica o no se han dado cuenta de que si el usuario prefirió migrar a utilizar otra alternativa de movilidad, es precisamente porque el servicio que ellos estuvieron prestando por décadas no es de calidad: taxímetros alterados, unidades antiguas y en mal estado, en algunas ocasiones con olores desagradables, algunos sin clima, el peligro del pago obligatorio en efectivo, y sin duda lo más importante, que el usuario no se siente completamente seguro de que llegará a su destino, pues no hay algo que respalde, cuide y garantice la integridad física del usuario como si existe en la aplicación móvil, al poder seguir en todo momento el trayecto del vehículo e incluso poder compartir con algún familiar/amigo la ruta.

En fin, las empresas de redes de transporte como Uber, NO deben ser legisladas como transporte público, y el derecho de los ciudadanos de Nuevo León a elegir la alternativa de movilidad que más se adapte a sus necesidades, debe ser garantizado.

El debate enriquece la mente, se vale discrepar. 

El Cuatrimestre más violento del País y el reto de la Seguridad desde lo Local

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En días pasados el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP) publicó los datos sobre el estado actual que guarda la seguridad pública en nuestro país, los cuales arrojaron datos preocupantes, que obliga al Estado mexicano a reforzar la estrategia de seguridad, pues claramente ésta no ha venido reflejando los resultados esperados. 

Según el semáforo delictivo, los primeros cuatro meses de lo que va del 2019 han sido los más violentos en la historia desde que se mide la violencia en México. Comparándolo únicamente con el año inmediato anterior, en el rubro de los homicidios dolosos, en 2018, de enero a abril se registraron 8,983 casos; este año 2019, de igual forma de enero a abril, se registraron 9,549 casos; es decir, se incrementó la violencia un 6.3%. De seguir esta tendencia 2019 va a ser el año mas violento en la historia de nuestro país. 

Si bien es cierto que se heredó al nuevo gobierno una descomposición fuerte de las instituciones encargadas de impartir justicia, una nueva estrategia tarda en permear, mas aún si se pretende que el centro de esta estrategia sea la Guardia Nacional, pues una institución – y mas si de seguridad pública se trata – le toma mucho tiempo madurar, y la realidad los esta alcanzando, pues en lo que va de este sexenio (Diciembre 2018 a Abril 2019) se han registrado 12,024 homicidios dolosos; lamentable.

Entiendo que un punto importante para este gobierno será – además de la regulación de las drogas – el tema de la inteligencia financiera desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), es decir, seguir la ruta del dinero para desde ese frente descomponer a las células delictivas que operan a lo largo y ancho del país al margen de la ley, pero existen otros problemas estructurales que el gobierno actual no entiende, o no quiere entender, que esto va escalando a la alza; militarizar el país debió ser temporal – llevamos mas de 15 años con ese problema – en lo que se limpian las policías estatales y municipales, lo cual fue muy necesario en su momento, pero nunca permanente, y ciertamente, el Presidente tiene un oído mas atento al diagnóstico que le dan los Generales que al que pudieran darle sus asesores civiles.

Si me preguntan a mí, soy fiel convencido de que la seguridad se ataca de abajo hacia arriba, de lo local hacia lo nacional, empezando por limpiar la corrupción, sustentado en que hay ejemplos locales que en algún momento sus estrategias han funcionado muy bien,  – Mérida, Puebla, San Pedro Garza García, Cd Juárez – las estadísticas hablan por si solas; ejemplos que nos mandan un mensaje muy claro:

La Seguridad Pública señor Presidente, no se debe generalizar, no se ataca de igual forma en Guerrero, Chiapas ó Michoacán, que en Nuevo León, Coahuila ó Tamaulipas, se necesitan estrategias focalizadas, claras, con objetivos contundentes y una estrecha colaboración con los gobiernos subnacionales, pero esto a raíz de un amplio análisis de las condiciones y particularidades sociales, políticas, económicas y criminales de cada estado – ¿cuál es la situación económica de ese estado en particular?, ¿Cuánta gente vive en pobreza?, ¿Qué grupos delictivos operan?, ¿Cuáles son los delitos mas recurrentes?, ¿La ubicación geográfica del estado es tentativa para delinquir?, ¿Quién gobierna y cómo es su relación con la Federación?, ¿Cuánto se le invierte a la Seguridad?, ¿Cuál es la situación actual de las instituciones locales que imparten justicia?, etc -. Ojo aquí, no significa que se debe hacer un análisis por cada uno de los 2500 municipios, si no que se deben identificar regiones – esto lo vienen haciendo bien, el país fue dividido en 270 regiones -, tendencias, mapeo de delitos, etc, que conforme a la marcha la estrategia se vaya moldeando, con eso, podremos evitar los derroches de presupuesto que claramente, no van de acuerdo con los resultados. Un gobernante que se llena de soberbia al decir que conoce perfectamente al país, debería saber esto.

Actualmente no veo algún incentivo que desde el gobierno federal se le este dando a los estados y municipios para el desarrollo de sus policías, no le están apostando a mediano y largo plazo, mientras tanto siguen optando entre lo malo y lo peor.. operativos militares (Guardia Nacional) y/o pactar con grupos delictivos. En fin, al término de su primer año de gobierno podremos evaluar si su estrategia de seguridad va por la dirección correcta, o es una suma de ocurrencias.

Fuerza Civil: La debacle de una institución

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Luego de que una persona cayera del 14vo piso del edificio de departamentos “El semillero” en el centro de Monterrey, la Secretaría de Seguridad Pública estatal anunció que 3 elementos de Fuerza Civil  – aunque versiones extra oficiales dicen que son tres elementos de Fuerza Civil y dos de la Dirección General de Investigaciones (DGI) – fueron detenidos por estar directamente involucrados en el atentado y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia. Aunque ha habido varias contradicciones entre el Secretario de Seguridad Pública, Aldo Fasci Zuazua, y los primeros reportes que se arrojaron a la opinión pública, tratando de deslindar a Fuerza Civil del suceso, y culpando a un policía rural y cinco elementos de la DGI, este no es el primer caso donde elementos de dicha institución se ven inmersos en delitos de esta naturaleza en los últimos años.

Vale la pena recordar brevemente la historia de dicha institución – y el contexto de inseguridad que vivía Nuevo León –  y cómo paulatinamente Fuerza Civil fue perdiendo el reconocimiento y los resultados que tuvo en un inicio, debido a la soberbia y desconocimiento sobre el tema de unos cuantos. Durante los sexenios de los ex gobernadores Natividad González Parás (2003-2009) y con mayor despunte en el de Rodrigo Medina de la Cruz (2009-2015), Nuevo León vivió un contexto de violencia sin precedentes. La debilidad institucional y la incapacidad de los gobiernos estatal y municipales de garantizar a sus gobernados un clima de seguridad y paz social, fomentó el inició de una nueva etapa en la relación entre la Iniciativa Privada (IP) y el Ejecutivo estatal. 

A partir de esta colaboración – junto con Universidades de la entidad y algunos grupos de la Sociedad Civil – surgió el ambicioso programa denominado “Alianza por la Seguridad”, donde se lograron acuerdos hasta ese momento impensables. Entre ellos, destaca el diseño de un nuevo modelo policial estatal llamado Fuerza Civil, siendo este resultado de una suma de esfuerzos sociales.

En mi tesis de licenciatura – donde analizo la relación entre la Iniciativa Privada y el Gobierno del estado, a la luz del diseño de esta política pública – pude constatar en base a entrevistas a actores involucrados en el diseño y a la investigación y análisis de indicadores, dos puntos importantes: El primero, Fuerza Civil tuvo un éxito parcial de acuerdo a diferentes indicadores, pues tres delitos principales que habían aumentado de manera muy acelerada, disminuyeron considerablemente en la entidad (homicidio, secuestro y extorsión) los años posteriores a la implementación de esta política pública, cuando en el resto del país, la situación era distinta – de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) – y el segundo, que con sus resultados inmediatos lograron captar un alto nivel de aceptación entre la sociedad neoleonés, incluso, fue un modelo policial ejemplo a nivel nacional. 

¿Qué hacía distinta a esta corporación policial a la de las otras 31 entidades? 5 puntos importantes: El primero, el número de efectivos – debía alcanzar a 15mil al final del sexenio -; el segundo, los sueldos de los efectivos, donde alcanzaba (con prestaciones) hasta los 20,000 pesos; el tercero, la formación, seis meses de academia de policía complementados por el programa SINERGIA de formación continua; el cuarto, la participación activa de la iniciativa privada, pues buena parte del gasto de lanzamiento y del primer año de sueldos fue asumido por algunos empresarios de Nuevo León; y el quinto, que el reclutamiento de los policías se hizo en diversos estados, únicamente a personas que nunca antes hayan estado en alguna corporación policial, ni fuerzas armadas, es decir, sin experiencia – algo que sin duda tiene sus pros y contras -. 

Entonces, ¿Que pasó con tan innovadora y prestigiada institución? ¿Quién es, el o los responsables de la ruina de Fuerza Civil?

En el entendido de que una institución no se construye en tan poco tiempo y mucho menos si de seguridad pública se trata – pues requiere tiempo para madurar – y que las políticas de seguridad deben ser integrales, el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” al tomar protesta y no entender esto – o no querer entenderlo – modificó en el transcurso dicha política pública; el primer cambio: apenas tomando el cargo, corrió a los mandos civiles y puso militares, rompiendo con la esencia de la política, a lo que yo todavía no entiendo qué parte de “Civil” no entendió de “Fuerza CIVIL” el gobernador.. y por otro lado, prácticamente se olvidó a la iniciativa privada, pues se limitó su participación en buena medida, lo que generó el actual descontento del sector empresarial de Nuevo León, pues consideran que no se ha dado seguimiento al proyecto que ellos crearon.

Para obtener resultados, hay que tener continuidad en la construcción de instituciones, si seguimos con la mentalidad de que cada 6 años significa un “borrón y cuenta nueva” no se va a poder progresar en un tema tan sensible y con tantas aristas como lo es la seguridad pública, la realidad, – les guste a algunos o no – es que algunas cosas si se venían haciendo bien, debido precisamente a que, se fortaleció la relación entre muchos actores generando una gobernanza democrática real.

En perspectiva comparada, se puede ver una similitud con lo que recientemente ha venido sucediendo a nivel federal en el tema de seguridad y en lo cual, se debe poner especial atención por parte de la sociedad civil, oposición y ciudadanos en general, pues es que no se trata de desmantelar todo lo que había, si no de conservar lo que funciona y mejorar lo que no. La Seguridad pública no se trata de si la ponemos en la Secretaría de Gobernación o en la Secretaría de Seguridad Pública, no se trata de si la llamamos Policía Federal Preventiva, Policía Federal, Gendarmería Nacional o la Guardia Nacional, no importa como le llames, si los procesos al interior, programas de prevención, protocolos, reformas institucionales, colaboración entre los tres niveles de gobierno, el marco legal, etc, no los modificamos todo va a seguir igual; el problema es de fondo, mientras sigamos cambiando únicamente la forma, el problema perdurará; como diría Albert Einstein “locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”, pero a algunos gobernantes, los ciega la soberbia.

El debate enriquece la mente, se vale discrepar. 

Justicia tardía, también es injusticia

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Hace unos días, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Distrito con sede en Cancún, Quintana Roo, giró la orden de aprehensión en contra del ex Gobernador de Puebla y uno de los actores mas impresentables del priísmo, Mario Marín, mejor conocido como “El Gober precioso”, el empresario textilero de origen libanés, Kamel Nacif, mejor conocido como “El rey de la mezclilla” y de otros dos sujetos acusados de los delitos de abuso de autoridad y tortura a la periodista Lydia Cacho en el año 2005.

Recordando un poco el caso, para quienes no lo conocían, Lydia Cacho publicó en 2005 el libro titulado: “Los Demonios del Edén“, donde denunció casos de prostitución infantil, pederastia y corrupción de menores, con testimonios de víctimas, quienes nombran las fiestas que específicamente dos personajes hacían: Jean Succar Kuri, preso en Arizona y extraditado en 2006 a México, su esposa, el empresario textilero Kamel Nacif y muchos otros políticos y empresarios, por ejemplo, en el libro menciona al ex gobernador de Veracruz Miguel Angel Yunes y el ex Senador Emilio Gamboa. Dicha publicación desató los hechos que relato brevemente a continuación.

El 16 de diciembre de 2005 se aprehendió a la periodista en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, acusada por “difamación” al empresario Kamel Nacif, lo curioso fue, que dicha detención se llevó a cabo por policías estatales de Puebla, en territorio de Quintana Roo, violando así, todo debido proceso y las facultades que tienen los cuerpos policiacos por la autonomía y soberanía de los estados. La trasladaron de Cancún a Puebla en un viaje por carretera de 30 horas a bordo de una patrulla violando la ley y sus derechos humanos, pues la tuvieron en condiciones inhumanas sufriendo maltrato físico y verbal. Además, donde al ingresar al penal de Puebla, -en el cual estuvo detenida hasta el 24 de diciembre- el “rey de la mezclilla” ya había ordenado que se agrediera y abusara sexualmente a la periodista. 

Doce llamadas entre empresarios y el entonces Gobernador de Puebla fueron las publicadas por “La Jornada”, llamadas, que caen en el cinismo, descaro, soberbia, asco, crueldad y desvergüenza de los involucrados, audios sobre los cuales, se escucharon distintas hipótesis, una de las que mas se presumieron fuertemente fue que desde “Los Pinos” funcionarios del Gobierno del entonces Presidente Vicente Fox, específicamente del ya extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional -CISEN–filtró las conversaciones al medio nacional antes mencionado. Lo sorprendente, es que a pesar de que el ánimo social en Puebla pedía la renuncia inmediata del entonces Gobernador, acabó su sexenio, que apenas comenzaba, sin ningún inconveniente y no solo eso, sexenios posteriores dejaron impune este caso de evidente corrupción, por lo que algunos señalan, fue a causa de acuerdos electorales que obedecían a la coyuntura del momento, de cara a las elecciones presidenciales de 2006.

Catorce años después se gira la orden de captura hacía estos personajes -al ser delito de lesa humanidad, no prescribe- y vale la pena recordar este vergonzoso caso, pues la historia debe servir para no volver a repetirla y que las deficiencias de nuestro sistema de justicia sean corregidas. Este caso es un verdadero crimen y como diría el filósofo Séneca “nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”, pero a pesar de que no hay reparación del daño, ni a la periodista, ni a las menores de edad abusadas sexualmente, este caso nos recuerda a quienes buscamos la justicia que hay que luchar por ella, aunque a veces los costos por tocar fibras sensibles de élites políticas-empresariales sean altos. 

Aun falta ver que sucede con este caso, son varios los ejemplos que la historia nos muestra donde los encargados de elaborar los expedientes, suelen plagar de errores las mismas, provocando impunidad a los acusados. Pero, aunque se lograra encarcelar a estos sujetos, hay muchas preguntas que nos debemos hacer alrededor de este caso, por ejemplo, ¿quién garantiza que esto no vuelva a suceder?, ¿qué pasa con las miles de denuncias por casos de abuso sexual y pornografía infantil?, ¿qué se esta haciendo en materia de prevención?.

Hay 4 vertientes importantes donde hay que poner especial atención, la primera es el conocimiento de la verdad, -¿qué pasó?- a través de procesos de esclarecimiento sobre las violaciones de derechos por parte de órganos no judiciales (comisión de la verdad, fiscalía especial); la segunda, el castigo a los responsables vía procesos judiciales; la tercera, es la reparación del daño a las víctimas por medio de diversas formas (materiales, simbólicas, colectivas) en casos de violación de derechos humanos; y la cuarta, reformas jurídicas e institucionales que otorguen garantías de que no se volverá a repetir, y ésta sin duda, es la que mas difícilmente se cumple.

El estado debe ser garante de la protección de los Derechos Humanos, la autoridad tiene la obligación de responderle a las víctimas de violación causadas por la acción, o en su caso, omisión del gobierno mediante la reparación integral del daño, pero sobre todo, la garantía de la no repetición de los hechos, si no, seguiremos teniendo casos tan vergonzosos como este. 

El debate enriquece la mente, se vale discrepar.

La Reforma de la Reforma Educativa y la Lucha por la Rectoría de la Educación

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En días pasados, las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobaron con 48 votos a favor, 3 en contra y 9 abstenciones el dictamen de Reforma Educativa que, entre muchas otras cosas, plantea la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y la pérdida de control del Sindicato sobre el reparto de plazas docentes.

Lo que bajo la inmediatez de la campaña, Mario Delgado, el ahora Coordinador de los Diputados Federales de MORENA señaló, y cito textualmente: “De la reforma educativa de Peña no quedará ni una coma”; pues al parecer no fue del todo cierto, pues lo aprobado parece ser mas una reforma a la reforma misma de Enrique Peña Nieto, rescatando lo que valía la pena, y modificando lo que bajo la óptica del Presidente, le hacía falta.

De esta reforma se podría hablar desde 2 ópticas distintas, la primera el tema sustancial, que sin duda, hay que reconocer cambios que en lo personal aplaudo; y la segunda, el tema político, –en el cual me centraré para efectos de este análisis– con sus 3 lados, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la oposición y el Gobierno Federal; y aquí, hay algo que preocupa y mucho, y es que el debate nuevamente vuelve a estar centrado en temas sindicales, laborales, políticos, y muy apartado de donde debería estar.

La CNTE rechazó lo aprobado por los Diputados en San Lázaro, argumentando, que no se tomaron en cuenta las propuestas planteadas por el magisterio; y abiertamente, ya lo señalaron, quieren el control del 50% de las plazas docentes, que evidentemente, al no tener respuestas favorables, han venido bloqueando los accesos a la Cámara, evitando así, que los Diputados sesionen.

Aquí se verá la capacidad del gobierno para negociar con un ente tan fuerte como lo es la CNTE; “monstruo” que, hay que decirlo, AMLO “revivió” de donde se encontraba vía alianza electoral. Si algo nos ha demostrado el Presidente, es que tiene alta capacidad para enfrentar conflictos, y es aquí, donde veo el área de oportunidad de la oposición para ser la pieza que incline la balanza, que hasta donde hemos visto, está más de acuerdo con la reforma del Presidente que con la Coordinadora. El riesgo es, que si le ceden la operación del presupuesto, premios, decisión en la carrera magisterial, etc, a la CNTE, habrá sido una gran derrota para la educación del país.

Algo que reconozco tanto de la administración pasada, como de la actual, es la voluntad de mantener la rectoría de la educación en manos del Estado Mexicano, donde siempre debió de estar. La pregunta aquí es, ¿Qué tan punitiva era la reforma de Enrique Peña Nieto? Si a mi parecer, en el tema de evaluación de permanencia a los docentes fortalecía la meritocracia y anulaba la mediocridad; con todo respeto a los docentes, quien no esté preparado para dar clases, no puede estar al frente de un aula. 

La educación de calidad es la base de cualquier sociedad de primer mundo. Tenemos que educar a las generaciones del futuro no solo apoyándolos a desarrollar conocimientos, si no habilidades, y prepararlos para competir en un mundo, que ciertamente, es cada vez mas complejo y exigente. El debate debería estar centrado ahí, en el modelo educativo.

El debate enriquece la mente, se vale discrepar. 

¿100 días? 250 días del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su estilo personal de gobernar

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El pasado lunes 11 de marzo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio un mensaje con motivo de sus primeros 100 días en el Gobierno de la República, que en realidad, de facto son ya 250 días donde él ha estado marcando la agenda pública nacional y tomando decisiones, pues desde el día 2 de julio del año pasado, una vez concluido el proceso electoral, el Presidente Enrique Peña Nieto prácticamente desapareció de la vida pública nacional.

250 días es poco tiempo para poder hacer un análisis o pronosticar lo que van a ser sus 6 años de gobierno, sin embargo, al parecer el protagonista de la 4ta Transformación se ha caracterizado por ir muy a prisa, y ha dado mucho de que hablar. Estos 250 días nos han dejado claro, cual es, lo que Daniel Cossío Villegas acuñó como: “El estilo personal de gobernar”. Análisis que se da en la época del presidencialismo exacerbado de partido hegemónico, sin embargo, vale la pena traer este análisis a la realidad actual por ciertos elementos, que nos hacen pensar sobre una añoranza a aquel sistema que creímos superado. Cito brevemente algunos puntos de coincidencia.

Sin duda alguna, el Presidente López Obrador ha tenido la capacidad de concentrar todo el poder, y que toda la operación del gobierno gire en torno a su persona, para mí, con aires de un presidencialismo exacerbado. Goza de un nivel de aprobación tan alto y un acompañamiento ciudadano como hace mucho no veíamos, un bono democrático que le ha permitido tomar en estos primeros meses de gobierno decisiones fuertes que tocan fibras sensibles y ha abierto muchos frentes. Si algo le podemos reconocer a nuestro Presidente, es el manejo político de la Presidencia misma y por otro lado su narrativa, en especifico lo que académicos llaman: Los símbolos del poder; por ejemplo: Abrir “Los Pinos” a la ciudadanía, no utilizar al Estado Mayor Presidencial (EMP), trasladarse en un vehículo austero, cancelar el uso del avión presidencial, que si bien son prácticas de forma y no de fondo, a la gente agradan.

Otro punto a resaltar, es la eficaz operación política del Presidente con el Poder Legislativo, al grado de que ha logrado sacar reformas que él ha señalado, como claves para el ejercicio eficaz de su gobierno; una de las mas sonadas: La Guardia Nacional, la cual fue aprobada por unanimidad. Aunque, sin afán de demeritar, hay que reconocer que “enfrente” no tiene a Partidos Políticos que tomen la responsabilidad de ser oposición; últimamente, hemos visto mas contra peso al Presidente por parte de algunos grupos de la Sociedad Civil y de liderazgos dentro del mismo MORENA, que de los Partidos Políticos tradicionales que, por naturaleza, deberían jugar ese papel.

Algo que también ha marcado su estilo personal de gobernar, son las llamadas conferencias “mañaneras” las cuales han dejado claro que, aunque no haya mucho que anunciar, el presidente asiste diariamente a las 7 de la mañana, se expone, y esa exposición exagerada puede ir desgastando al Presidente de la República. 

Por otro lado, hay que poner especial atención en lo que ha venido sucediendo ya en 15 entidades, me refiero a los abucheos a los Gobernadores en las plazas públicas con motivo de las visitas del Presidente a los estados; donde, si bien no necesariamente esto se opera con el visto bueno del Presidente, si se presume que es planeado por liderazgos locales de Morena, en donde, como si estuviésemos en la antigua Roma, el Presidente exhibe y humilla a los gobernadores preguntando a los asistentes si quieren que los mandatarios den su discurso o no, levantando la mano. Lamentable.

Otro tema es la moderación en sus declaraciones, que, como titular del Poder Ejecutivo debería tener; el lenguaje que a veces utiliza suele ser brusco y la palabra del Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene mucho peso y un señalamiento de el permea fuerte. Escuché muchas veces a analistas decir que: “una cosa era el candidato y otra el Presidente, que iba a moderarse mas”; pero, por otro lado, ¿por qué pensar que como Presidente iba a ser distinto, si ser así lo llevó a ocupar la silla presidencial? En fin, son tantos los temas como la cancelación del aeropuerto, las previsiones sobre la baja de crecimiento que expertos han señalado, entre otros, que serían temas para otra columna.

Los primeros meses siempre son de luna de miel, recordemos los niveles de aprobación de Enrique Peña Nieto. Por ejemplo, con el encarcelamiento de Elba Esther Gordillo, la captura del Chapo Guzmán, la alta capacidad de cabildeo con la oposición para formar el Pacto por México. Si bien sus niveles de popularidad nunca estuvieron ni cerca de lo que AMLO tiene ahora, si inició como un Presidente muy fuerte.

Este gobierno empezará con números rojos, que si bien, son herencia del gobierno anterior y de un lastre que se viene arrastrando de sexenios anteriores, si no hay un cambio sustancial y medible, se le va a ir agotando el discurso. Los dos temas fundamentales a mi parecer, la Economía familiar y la Seguridad Pública, es decir, cuando los habitantes de Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y Guerrero se sientan seguros, y cuando el ingreso de las familias mexicanas se incremente.

Las expectativas son muy altas, sobra con ver las encuestas; y si bien celebro la idea de un cambio de un régimen ya muy desgastado, un cambio radical como el promete, no es posible materializarlo en 6 años; al final, los números hablaran por si solos.

El debate enriquece la mente, se vale discrepar.