El papel de los hombres el 9 de Marzo

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Debo confesar, que al momento de escribir esta columna me encuentro un poco indeciso sobre escribir o no sobre este tema por lo sensible del mismo, y antes de comenzar, quiero expresar que esta columna esta escrita con un profundo respeto a las mujeres, y que no se que tan válida sea la opinión de un hombre que ha vivido beneficiado de distintas formas por el sistema patriarcal y machista que ha imperado en este país, que nos pone en condiciones desafortunadamente muy desiguales en temas laborales, sociales, etc; pero que de igual forma, sentí una responsabilidad con mi libertad de expresión, pues estoy convencido de que los hombres debemos tener una actitud empática frente al movimiento feminista y debemos ser parte de la conversación.

Frente a mi indecisión sobre si escribir o no de este tema, quise preguntarle a mujeres feministas sobre el paro y el papel que le toca al hombre, y me he encontrado con posturas muy distintas que me han hecho reflexionar sobre el tema y quiero compartirlo muy brevemente con todos ustedes. 

Por un lado, hay mujeres feministas que me expresaron su inconformidad con que los hombres participen en las marchas del 8 de marzo, pues argumentan que son espacios 100% para mujeres y rechazan, incluso, otras más, que un hombre toque el tema aunque sea para apoyar al movimiento bajo la idea de que son parte del problema como promotores de una cultura machista. Pero por otro lado, me encontré con mujeres que aceptan por ejemplo la participación de los hombres en las marchas (aun que sea hasta el final de ellas) y que creen necesario hacer a los hombres participes de la discusión.

Ahora bien, reconozco que existen hombres con quienes si bien comparto el sexo, definitivamente no comparto sus posturas, es por eso que no acepto cuando nos intentan meter a todos en el mismo costal -por decirlo de forma coloquial- como si por el hecho  de ser hombre pensáramos todos igual, explico el por qué: 

En estos días, he escuchado a muchos hombres posicionándose respecto al paro, y he comprobado que algunos no hacen más que reflejar una profunda insensibilidad y una incomprensión terrible frente al movimiento, con frases vacías como por ejemplo: “no quieren ir a trabajar o estudiar por flojas”; o políticos que han dicho: “yo no les voy a dar el día para que anden en su arguende”. Dejando en evidencia su total ignorancia frente al tema, mismos que por lo general son quienes no entienden que el feminismo NO es un antónimo del machismo, si no que es un movimiento que busca la igualdad entre el hombre y la mujer y todo lo que esto conlleva. 

Generalmente estos hombres son adultos mayores de 40 años, que crecieron en otra época donde era mas “normal” escuchar expresiones machistas y quedarse callado, incluso, difícilmente se hablaba del tema, pero hay otros, que preocupan todavía más, pues son jóvenes, que uno pensaría son un poco más críticos y empáticos y resultan no solo no ser críticos o empáticos si no ser hipócritas, pues se manifiestan a favor del feminismo por ser socialmente bien vistos, pero por otro lado expresan comentarios como: “no hay que despenalizar el aborto ni darles el derecho a decidir sobre su propio cuerpo a las mujeres, o que se manifiesten pero nada más que no vayan a hacer destrozos en la calles”, o peor aún, argumentos torpes como “matan más hombres que mujeres“, personas jóvenes pero moralmente muy incoherentes.

Por otro lado, también he escuchado preguntas como: “¿y el paro qué va a resolver?” y es que lo importante no es ese día como tal, si no la discusión en torno al tema y como ha permeado en la sociedad, pues el que se este discutiendo qué vas a hacer este lunes 9 de marzo, nos obliga a todos a tomar una posición en torno al tema, lo cual evidencía por un lado a quién es sensible ante el tema, y por otro, a quienes se encuentran cómodos con este sistema que vulnera a la mujer y que realmente no entienden absolutamente nada sobre el fondo del tema del paro.

Todos estos comentarios que vienen de hombres, realmente no me sorprenden, lo que no solo si me sorprende, si no que también me entristece, es escuchar a mujeres que están en contra de este movimiento, y que no se si no alcanzan a comprender que si pueden votar, estudiar, trabajar, hacer deporte, casarse con quien ellas prefieran, manifestarse, etc; se lo deben justamente a este histórico movimiento feminista.

Este tema esta más que estudiado y “de cajón” sabemos que una parte de lo que nos toca a los hombres hacer es sencillo: No acosarlas, no insultarlas, no maltratarlas, y evidentemente no matarlas, etc; es decir, que la violencia no sea un recurso a utilizar contra la mujer. Es por ello que estoy convencido de que el papel que debemos tomar los hombres ante este paro es escuchar a las mujeres, ser empáticos con su lucha, acompañarlas si ellas así lo deciden y sobre todo aprender del tema.

Por último, quiero expresar que comparto totalmente el enojo que las lleva a manifestarse en contra de un Gobierno que prioriza la rifa de un avión sobre el movimiento feminista y que le molesta profundamente que le modifiquen la agenda, pues desgraciadamente, tenemos un Presidente que no entiende que esto no es contra el, si no contra un sistema patriarcal y machista que ha vulnerado a las mujeres mexicanas desde hace muchas décadas.

Por Ingrid, Fátima, Abril, y miles de mujeres violentadas en todo el país, aplaudo que se este hablando del paro en todos los rincones de México y en el contexto internacional, pues eso, ya es un gran avance, y a ti que es leyendo esto, te invito a no soltar esta inercia y a erradicar la violencia de género en cualquiera de sus múltiples expresiones.

El debate enriquece la mente, se vale discrepar. 

¡No te preocupes Peña!

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La nota del diario estadounidense “The Wall Street Journal” está sacudiendo intensamente el panorama político mexicano y puso a temblar a más de uno del circulo cercano al ex Presidente Enrique Peña Nieto. Señalan, que un funcionario federal de la actual administración y cercano al Presidente López Obrador filtró que el ex Presidente Peña Nieto está siendo investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y como parte del expediente de investigación en curso del ex director de Pemex en ese sexenio Emilio Lozoya Austin, detenido en Málaga, España, apenas la semana pasada. 

Aunque la posibilidad de juzgar a un ex Presidente suena muy popular ante un ambiente social polarizado y la solo idea se “saborea” ante el escrutinio público, hay que tener paciencia, pues el proceso judicial apenas va comenzando y tiene muchas etapas. Primero, hay que esperar a que de inicio el largo y complejo proceso de extradición que ha caracterizado históricamente a España, y una vez en México, habrá que ver por cuáles delitos se le puede juzgar según lo que dictamine el Juez de aquel país europeo, pues no sería sorpresa para nadie, que ya instalado en una prisión mexicana no se arme bien el expediente en su contra y derive en su eventual liberación.

Este caso tiene múltiples derrames (Odebrecht, Anitrogenadados, despilfarro y excesos operados con las arcas de Pemex, el cobro por reuniones con el, etcétera) y en algún momento, va a derivar en lo político, y aunque el ex Presidente Peña Nieto no ha sido acusado formalmente en ninguna Corte, ni Emilio ha declarado en su contra, AMLO ya le mandó un mensaje vía su conferencia “mañanera”, mismo que podemos interpretar como el que hace unos años el ex titular del Ejecutivo le expresó en su momento a Rosario Robles: No te preocupes Peña“; pues señaló de forma muy precisa, que “no le conviene al país perseguir, juzgar y encarcelar a un ex Presidente”; sin embargo, le funciona muy bien como distractor el poner sobre la mesa la idea de someter a consulta popular -como lo hacía Poncio Pilato en la plaza pública de la antigua Roma- si los ex Presidentes, por lo menos de Salinas de Gortari a la fecha, deban ser juzgados o no (misma que por cierto, expresó que el votaría en contra en la consulta). Sí, como si la aplicación de la justicia fuera selectiva y el Presidente tuviera la facultad de decidir a quien si y a quien no se le aplica la Ley. ¿Ese es el Estado de Derecho que pregonan?. Esperemos que la fuerza de los hechos lo pueda hacer modificar la postura por el bien de nuestra incipiente democracia.

La historia que comenzó a finales de 2016 y que se materializa en mayo de 2019 cuando la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilita a Lozoya, tiene un elemento clave si en verdad existe voluntad política: la ruta del dinero, tarea que le corresponde a la UIF, es decir, a Santiago Nieto, que cabe recordar, fue el funcionario que separaron de su cargo como Fiscal Electoral en ese sexenio precisamente por indagar muy a fondo este tipo de casos de corrupción y lastimar fibras muy sensibles con el argumento de que el dinero terminaba finalmente en campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional. ¿Habrá venganza política? No lo se, pero a Santiago voluntad política le debe sobrar; habrá que esperar a ver que línea le da el Presidente, pues si la obsesión de hacer historia se impone, que mejor que por primera vez en la historia, un ex Presidente de la República enfrente cargos de corrupción ante la justicia mexicana.

El debate enriquece la mente, se vale discrepar.

Genaro García Luna; un símbolo más para la 4T

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Hace apenas unos días, fue detenido en Dallas Texas, Genaro García Luna, quien inició su carrera policial en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) en el sexenio de Ernesto Zedillo, tiempo después, desempeñó algunos otros cargos donde empezó a tener más notoriedad en la vida pública, como lo fue en la ya extinta Policía Federal Preventiva (PFP), para después pasar a ser el titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) – un intento de FBI mexicano – en tiempos de Vicente Fox y posteriormente como Secretario de Seguridad Pública con el ex Presidente Felipe Calderón.

La carrera del “súper policía” – como se le conocía internacionalmente a García Luna -, por un lado fue manchada en diversos episodios por acusaciones de actos de corrupción – hasta la fecha ninguno comprobado – y por otro lado, un tanto polémica por el estilo y la forma en que operaba, especialmente desde la Secretaría de Seguridad Pública.

Solo para ilustrar brevemente esto último: se exhibía en cadena nacional las capturas de delincuentes de alto impacto; se le acusó del montaje de la detención de la presunta secuestradora francesa Florence Cassez que culminó con su liberación; el secuestro de Miguel Omar Romano, entonces entrenador del Cruz Azul, quien había sido liberado por agentes de la AFI y no le permitieron salir hasta que llegaran las cámaras de televisión, entre otros. Evidentemente a García Luna le gustaba el reconocimiento y los reflectores.

Aquí dos puntos a resaltar alrededor del caso:

Primero, poco se sabe sobre las evidencias que se tienen, pero se presume que los elementos más firmes que existen en la carpeta de investigación en su contra son los testimonios de personajes clave en el Juicio del Chapo Guzmán, como lo es Jesús “El Rey” Zambada, el cual declaró que personalmente él le había entregado a García Luna sobornos millonarios cuando éste ocupaba la Secretaría de Seguridad Pública, todo esto a cambio de poder operar con total libertad e impunidad en territorio nacional. Otro más, es Edgar Valdés Villarreal “La Barbie”, quien lo acusó en 2012, vía una carta, de estar en la nómina de varios grupos de la delincuencia organizada, especialmente del Cartel de Sinaloa.

Es verídico que no se puede entender la transformación y el crecimiento exacerbado del narcotráfico transnacional en esa época del que gozaron algunos grupos del crimen organizado, si no fuera por la estrecha complicidad con el Gobierno Federal – no solo en 2006 – 2012, si no incluso desde el siglo pasado -, muy particularmente el Cartel de Sinaloa, a tal nivel que actualmente está presente en 81 países del mundo. En lo personal, soy escéptico de las declaraciones de un criminal bajo esas circunstancias, donde cualquier estrategia jurídica lo puede ayudar. En fin, argumentar si estos delincuentes dicen o no la verdad, sería especular, hay que esperar el juicio.

Segundo, lo político del caso. Genaro García Luna es solo un eslabón de una red de protección policiaca, política y judicial que por años a operado en el país. El juicio del “Chapo” vuelve a alcanzar a terceros, y en este caso, si existen implicaciones políticas particularmente para el ex presidente Felipe Calderón, el cual es hoy por hoy – a falta de nuevos liderazgos – el “único” símbolo de oposición o adversario político principal e histórico del Presidente López Obrador, pues de alguna manera deslegitima su discurso en contra de la estrategia de seguridad de la 4T.

El Presidente López Obrador declaró hace apenas unos días que esta detención es “una derrota más de un régimen autoritario, una prueba de un modelo que fracasó”. Declaración que no sorprende, sabemos que el recurrir al pasado para legitimar sus decisiones ya es costumbre y a Genaro García Luna lo ha convertido en un símbolo más para la 4T – lo adicionó a la lista que encabezan Rosario y Deschamps -. Pero en el entendido jurídico de que es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, si a este personaje se le encontrara culpable, por un lado, nos queda claro que se podría llevar consigo a muchos funcionarios mexicanos de primer y segundo nivel involucrados, y por otro lado, es importante cuestionarnos lo siguiente:

¿A quién o quienes de la D.E.A o de alguna otra agencia de Estados Unidos va a “salpicar” esta investigación?. No olvidemos que fue justamente en ese sexenio, donde más colaboración existió, sobre todo en el intercambio de información confidencial, entre las agencias de seguridad de Estados Unidos y el Gobierno mexicano en el marco de la lucha contra el narcotráfico. Además, justamente al término de su encargo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública fue que se mudó a vivir al país vecino, y aquí es donde me quiero detener, pues algo se vuelve un poco complicado de entender, por ejemplo: siete años viviendo en Estados Unidos, le otorgaron su residencia permanente, (por cierto, que para otorgártela, las autoridades migratorias de Estados Unidos revisan absolutamente todo tu pasado y presente, difícil de creer que no se percataron de tanta irregularidad) entró y salió del país las veces que él quiso, tiene cuentas bancarias en ese país, propiedades, hizo negocios y tanto tiempo después el Departamento de Justicia viene a decirnos que es un delincuente? A mi entender, por ahí se rompió un pacto de complicidad poco claro.

Otra vez habrá que dejar el sentimiento nacionalista de justicia, la mano país vecino hará lo propio y nos vuelve a enseñar cómo, con voluntad política, se imparte justicia. Pasar de acusador a acusado debe ser lo más difícil, pero, de ser ciertos los cargos que se le imputan (que por cierto, a espera de la audiencia, aún se le pueden agregar mas cargos), no dejemos el caso ahí como ha ocurrido en el pasado, este es solo un paso que puede dar origen a un desmantelamiento total de una red de impunidad en las estructuras policiacas, políticas y judiciales del país, mismas que siguen estando presentes.

La renuncia de Deschamps ¿una nueva etapa para el sindicalismo mexicano?

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Un episodio más en la transición democrática del país se vivió el pasado miércoles 16 de octubre cuando el Comité Ejecutivo General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) convocó a sus afiliados a una asamblea extraordinaria. Lo anterior, con motivo de dar a conocer la dimisión voluntaria de Carlos Romero Deschamps, quien fuera líder del gremio desde 1993. En un clima de denuncias hacia su persona por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, entre otros delitos que se le acusan, decidió separarse del cargo de Secretario General que ostentaba desde hace más de 26 años, dicha decisión, se presume fue operada desde la Secretaría de Gobernación.

Los motivos reales que lo orillaron a renunciar, ciertamente aún son desconocidos, mas allá del comunicado del mismo ex líder donde señala que su decisión fue motivada porque “por razones poco claras, no observamos la cooperación que debe existir entre trabajadores y administración para impulsar los proyectos que permitan el verdadero avance de Pemex hacia su consolidación”. Para algunos, es inevitable no caer en especulaciones, pues escándalos a lo largo de su gestión le sobran; uno de los mas sonados, es el ocurrido en el año 2000, cuando Deschamps protagonizó el famoso “pemexgate” por desviar aproximadamente 500 millones de pesos del fondo del sindicato de Pemex a la campaña del entonces candidato a la Presidencia de México, Francisco Labastida.

Por esto y más, es para muchos un símbolo de corrupción en el país; pero vayamos al fondo del tema y lo que esto puede significar para el sindicalismo mexicano.

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró lo ocurrido y señaló que esto significa el inicio de una nueva etapa -palabras fuertes que no deben ser tomadas a la ligera-. Lo relevante y simbólica de esta renuncia es incuestionable, pero ¿es realmente una nueva etapa en la vida sindical del país? 

La lucha por la autonomía y libertad sindical ha sido parte esencial de nuestra transición democrática; desde el siglo XX, un rasgo característico del Estado Mexicano post revolucionario es precisamente la ausencia de un sindicalismo independiente fuerte, es decir, salvo contadas excepciones, los sindicatos más importantes del país, a lo largo de los años, han padecido de rasgos y esquemas corporativos que los han alejado de lo que en esencia son.

Por un sin fin de factores, difícil de enlistar, los sindicatos dejaron de ser lo que fueron aproximadamente a principios de 1930 – 1940, cuando su presencia en las calles era avasalladora, e incluso, eran un símbolo de apoyo, poder, e incluso legitimidad para los gobiernos en turno. Si bien es cierto, esto obedece a una lógica de que en el tiempo se ha transitado a un nuevo sistema sindical, producto de las grandes movilizaciones o las reformas laborales locales e internacionales alcanzadas -que es de reconocérseles-, también hay una realidad evidente, y es que el espíritu de la lucha, en el camino, se ha ido desvirtuando.

La nueva reforma laboral, publicada apenas el pasado mes de mayo en el Diario Oficial de la Federación, debe dar los instrumentos que garanticen una democracia sindical, con todo lo que esta conlleva, por ejemplo, el cumplimiento a lo establecido en la misma, referente a la obligatoriedad de que existan elecciones de dirigentes y que estas tendrán que ser mediante voto, directo, libre y secreto de los trabajadores. Además, de que todo lo contemplado en dicha reforma y en el nuevo TMEC, como la apertura a que existan más sindicatos, la sustitución de las juntas de conciliación por los tribunales laborales, la obligación al patrón de inscribir a sus trabajadores al IMSS, entre muchas otras cosas, acentúe y fortalezca una nueva etapa del sindicalismo mexicano.

Ahora bien, si desde la óptica política y para la alimentación de la opinión pública le sirve al gobierno que Deschamps sea para Andrés Manuel lo que fue la maestra Elba Ester para Enrique Peña Nieto, o lo que fue “la Quina”, en su momento, para Carlos Salinas de Gortari, es otro tema, aquí lo relevante, es que la oportunidad para la 4ta Transformación está en la mesa. 

Si la renuncia es positiva o no, depende de con qué venga; ojalá no sea solo un cambio de dirigentes, -donde por cierto, el nuevo líder del STPRM es quien hasta hace una semana fuera el Tesorero de Deschamps-,  si no que signifique realmente un cambio de estructura completa, reglas al interior y no se elija a alguien afín al nuevo gobierno; que estos cambios se traduzcan en una nueva dinámica en la relación Estado – Sindicatos, una evolución en la vida sindical del país, se termine con el control laboral y se represente la esencia misma de un sindicato: la representatividad de los derechos e intereses de los trabajadores.

El sindicato debe apoyar la reconstrucción de Pemex con el único fin de hacerlo mas competitivo, se escucha sencillo, pero no lo es, al interior hay muchísimas variables que hay que cambiar. El reto de gobernabilidad es enorme, pues no se están enfrentando solo a Romero Deschamps, si no a toda una red que se ha beneficiado por 26 años de manera transexenal a costa de Pemex. 

El debate enriquece la mente, se vale discrepar. 

Cierra operaciones penal del Topo Chico: Historia de autogobierno, privilegios y corrupción.

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El día de ayer, 30 de septiembre, en punto de las 10:30 horas se dieron cita autoridades estatales para presenciar el cierre oficial de operaciones del Centro Preventivo y de Reinserción Social “Topo Chico”. Penal, que fue inaugurado en 1943 y que por décadas los reclusos vivieron, algunos llenos de privilegios y otros en condiciones infrahumanas.

Según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018 (DNSP) de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en escala del 1 al 10, Nuevo León y sus 4 penales en promedio alcanzan una calificación de 6.03, siendo el mejor evaluado el Centro de Reinserción Social Femenil de Escobedo con 7.08, seguido del Centro de Reinserción Social de Apodaca con 6.18, ambos en el semáforo marcados en amarillo; y en rojo, con calificación reprobatoria, está tanto el Centro Preventivo de Reinserción Social de Topo Chico con 5.51 y el Centro de Reinserción Social de Cadereyta con 5.32 de calificación. 

Lo bajo que está evaluado Nuevo León en materia penitenciaria no debe resultarnos extraño, pues sus dos penales peor evaluados, han sido protagonistas nacionales de motines realmente bochornosos y testigo de historias de violencia que han dejado un sin fin de muertos y heridos.

Dichas calificaciones, la CNDH las establece de acuerdo a cinco rubros importantes que considera de acuerdo a estándares internacionales para el funcionamiento adecuado de una prisión, los cuales son: 1.- Aspectos que garantizan la integridad personal del interno; 2.- Aspectos que garantizan una estancia digna; 3.- Condiciones de gobernabilidad; 4.- Reinserción social del interno; y 5.- Atención a internos con requerimientos específicos. 

Las deficiencias del penal del Topo Chico eran evidentes, la CNDH apenas el año pasado marcó en color rojo, es decir, reprobatorio, a dicho penal en 4 de los 5 rubros antes mencionados, señalando que en esa prisión existían deficiencias en los servicios de salud, insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos, deficiencia en la atención a personas internas en condiciones de aislamiento, inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del centro, inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica, así como del área de cocina y/o comedores, además de deficiencias en la alimentación, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias; y lo más preocupante, que existían condiciones de autogobierno/cogobierno y presencia de actividades ilícitas como cobros (extorsión y sobornos).

En pocas palabras, el Topo Chico era prácticamente inoperante, incumplía con una muy amplia parte de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mándela) -llamadas así en homenaje a Nelson Mandela que pasó 27 años encarcelado con motivo de su lucha por los Derechos Humanos-. A lo cual asociaciones civiles locales como RENACE ya se habían pronunciado en varias ocasiones pidiendo especial atención a este penal.

Esperemos que el traslado de los 2,782 internos del Topo Chico al penal de Apodaca II, no muden consigo el autogobierno, si no que realmente sea este la extinción de privilegios y corrupción que por años imperó, y que finalmente, ésta estrategia de reingeniería penitenciaria y las certificaciones internacionales que vendrán, garanticen el estricto respeto a los Derechos Humanos al interior y se sienta la rectoría del Estado. 

Cabe resaltar que estas condiciones no son exclusivas del “Topo” -como coloquialmente se le conoce-, 77 de 183 penales del país tienen una baja calificación, todos con un común denominador: el autogobierno en las prisiones. 

Como bien lo dijo el asesor penitenciario Eduardo Guerrero: “Si no gobiernas las cuatro paredes que tiene una prisión, no puedes salir a gobernar la calle”.

El debate enriquece la mente, se vale discrepar. 

El Contra-Informe: Los ciudadanos tenemos otros datos Presidente

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El pasado domingo 1 de septiembre el Presidente Andrés Manuel López Obrador realizó en Palacio Nacional su Primer Informe de Gobierno; el tercero para su cuenta personal, es decir: el primero, el informe que dio con motivo de los primeros 100 días de gobierno; el segundo, realizado el 1 de julio del 2019 para de celebrar un año de la elección que le dio el triunfo y tercero, el que por mandato Constitucional obliga al Presidente de la República a enviar al Poder Legislativo el estado actual que guarda la Administración Pública Federal.

La realidad es que no importa el número del informe sino el contenido del mismo, pues realmente, si de informes hablamos, el Presidente informa diariamente vía su conferencia “mañanera”. En fin, esta columna esta lejos de ser un resumen del informe, que por cierto, en forma y fondo no hubo nada nuevo; sin embargo, es importante apuntar brevemente algunos datos que citó durante el mismo y que no son precisamente los mismos datos que “la oposición moralmente derrotada” -como los llamó en el informe-, la sociedad civil y muchos ciudadanos tenemos.

Es cierto que hay rasgos que presumen la construcción de un nuevo régimen, el problema es que aún no alcanzamos a ver hacía donde nos está llevando como país el nuevo gobierno. Tomando en cuenta que el Presidente ha sido caracterizado por llevar una política de simbolismos, una gran oportunidad para ilustrar esta “cuarta transformación” hubiese sido el cambio de formato que le dio a su informe. Hay que recordar, que desde el ex Presidente Vicente Fox, ningún Presidente ha rendido su informe en el Palacio Legislativo de San Lázaro (Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora AMLO), abriéndolo a discusión con los líderes de las distintas bancadas. 

Lo anterior es de lamentar, pues un Presidente que promueve en su discurso la libertad de expresión, el debate y la rendición de cuentas, y que incluso, la izquierda y Andrés Manuel criticaron en varias ocasiones el que los Presidentes no rindieran su informe frente a Diputados y Senadores, no acudiera al Congreso de la Unión, dejó un sabor antidemocrático de mucha opacidad.

En fin, entrando a los datos duros de dos temas fundamentales para el desarrollo del país como lo son la economía y la seguridad:

En el tema económico, vamos de mal en peor, en el primer año del gobierno antecesor, la economía creció 0.8%, comparándolo con el mismo periodo del actual gobierno, la economía estuvo a punto de entrar en una recesión, pues crecimos 0.0%. es decir, absolutamente nada. 

Los logros económicos en cuanto a la inversión extranjera directa (IED) fue algo que el Presidente no dejó de presumir, incluso argumentando que era la más alta en la historia del país para un primer trimestre, lo cual es totalmente falso; según datos de la Secretaría de Economía en 2013 la IED alcanzó su más alto histórico con 31,300 millones de dólares, comparada la cifra con la de este 2019 que es de 18,102 millones de dólares. Dato muy engañoso.

En cuanto a la generación de empleo, falso que vamos bien, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) este año se crearon 306,014 empleos, sin embargo lo que no dijeron, fue que si lo comparamos con los primeros 6 meses del año pasado se crearon 530,789 empleos, es decir, 42% más que este año en el mismo periodo.

En materia de Seguridad -sin duda el flagelo más grande que tiene este país- estamos peor que nunca, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) con más de 17,000 asesinatos, el primer semestre de 2019 fue el más violento en la historia de México; Siendo Colima, Baja California, Chihuahua, Guanajuato y Morelos los estados con el nivel más alto de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.

Además, durante el primer semestre de este año, según el Semáforo Delictivo, delitos como la extorsión, violación, robo a negocio, feminicidios, violencia familiar, secuestros y evidentemente homicidios, registraron un aumento considerable. Por ejemplo, se incrementó un 35% el delito de extorsión y 9% los feminicidios. Siendo este último un tema de especial atención, pues no podemos permitir de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia que se siga asesinando a mujeres en el país por el simple hecho de ser mujer. 

Si bien es cierto que la violencia y descomposición institucional es heredada por gobiernos anteriores, ese argumento deja de ser válido a partir de ahora, pues a un año de tomar protesta, no se ve clara cual es la estrategia integral de seguridad del nuevo gobierno. Ojo, si se está pensando que la Guardia Nacional va a contener la inseguridad del país están cometiendo un grave error. 

Sin embargo, en el país que el Presidente observa: en México por fin se logró la separación del poder político y el poder económico, ya vivimos en un auténtico Estado de Derecho, el poder Ejecutivo ya no interviene en los otros poderes ni se entromete en las decisiones de órganos autónomos y se desterró la corrupción y la impunidad. Si es así Presidente, efectivamente, los ciudadanos tenemos otros datos.

En fin, este fue un informe de mucho discurso y pocos datos, y muchos de ellos, falsos, engañosos o inexactos; pero nada de qué sorprendernos, pues los informes de gobierno hace mucho que dejaron de ser lo que deberían ser: un autentico acto de rendición de cuentas.

La despedida del “Capo del siglo”. ¿Qué lecciones deja?

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La mañana del miércoles un Juez Federal de Estados Unidos le dictó sentencia de cadena perpetua y 30 años de prisión a Joaquín “el Chapo” Guzmán, líder del Cartel de Sinaloa y acusado de por lo menos 10 cargos de los cuales fue declarado culpable (Narcotráfico, crimen organizado, posesión de armas, lavado de dinero, entre otros.)

Así culminaron 2 años y medio de este proceso desde que fue extraditado a Estados Unidos aquel 19 de enero de 2017, fecha desde la cual, se podía predecir que el desenlace de esta historia fuera el resultado que vimos el día de ayer. El “Chapo” será trasladado a la prisión de máxima seguridad ADX Florence, ubicada en Colorado, mejor conocido como “Alcatraz de las Rocosas” donde pasará los últimos días de su vida – por lo menos hasta que las condiciones de vida a las que será sometido afecten a su ya delicada salud y naturalmente fallezca -.

Sus nuevos compañeros, de los más peligrosos del mundo: Ted Kaczynski, alias “Unabomber”, Zacarias Moussaoui, conspirador de los atentados del 11 de septiembre, Terry Nichols, que perpetró el atentado con bomba de 1995 en Oklahoma, Dzhokhar Tsarnaev, que puso una bomba en el maratón de Boston y Ramzi Yousef, uno de los participantes en el atentado de 1993 contra el World Trade Center de Nueva York, entre otros asesinos seriales. Además, habrá de reecontrarse con dos mexicanos y ex rivales de su organización criminal: Osiel Cárdenas Guillen (del cártel del golfo) y Francisco Javier Arellano Félix (cártel de Tijuana).

A mi juicio, son varias las lecciones que este caso nos deja, mas allá de lo mediático que este pueda ser; las enlisto a continuación.

La primera, que cuando la Agencia Antidrogas – por sus siglas en inglés “DEA” (Drug Enforcement Administration) – y el Departamento de Justicia de Estados Unidos arman un expediente, difícilmente fallan; lo cual, no podemos decir lo mismo del sistema justicia mexicano y sus amplias deficiencias – sobra citar casos – por lo cual, nos apunta los retos institucionales que tenemos para poder juzgar en nuestro suelo a los mexicanos que delinquen y romper las redes de corrupción que impiden que existan las condiciones para ello, sin necesidad de extraditarlos para poder garantizar la impartición de justicia.

La segunda, que el desmantelamiento de los carteles de la droga sigue intacto, y el cártel de Sinaloa sigue operando a pesar de que su líder fue encarcelado y a las disputas internas provocadas por ese suceso; sigue siendo negocio, y la violencia y las drogas siguen en la ruta de ascenso. Por lo cual cabe resaltar lo que Alejandro Hope – analista experto en Seguridad – el día de ayer apuntaba en su columna del Universal: “La pacificación del país no pasa, o no pasa solo por la captura y encarcelamiento de uno o mil capos”.

El crimen organizado está ya tan institucionalizado y con intereses internacionales que difícilmente alteras ese negocio con la captura de un líder, así se llame Joaquín “el Chapo” Guzmán.

La tercera, que la dureza de las penas y las prisiones de Estados Unidos son – en muchos casos – inhumanas y con un profundo irrespeto a los Derechos Humanos. Estoy de acuerdo en el sentir de muchos de que “el Chapo” Guzmán fue responsable directa o indirectamente por acciones u omisiones del sufrimiento de muchas familias, y que el peso de la ley debe caer sobre el responsable del cártel. Sin embargo, existen condiciones humanas básicas para vivir una vida con el mínimo de respeto y dignidad; que a mi parecer, va mas allá del delito que hayas cometido o no. Me queda claro que el argumento de la reinserción a la sociedad de un personaje como el, no cabe aquí, pero el garantizar el estricto respeto a los derechos humanos debe ser indispensable en las prisiones no solo de Estados Unidos, si no también de México, lo cual por cierto, es una asignatura pendiente.

Y hago mucho hincapié en este tercer punto, pues es de todos conocido que la prisión de máxima seguridad de Colorado, la “ADX Florence”, tiene a los presos aislados evitando así la interacción entre ellos; no escuchan absolutamente nada al exterior de su espacio de 4 metros cuadrados, es decir, una extrema limitación de sus sentidos (no escuchar, no ver y no sentir lo suficiente); no existe un comedor, únicamente les entregan la comida por una rendija; estás 23 horas del día en tu celda y solamente 1 hora en un patio al exterior sin compañía alguna. Todo lo anterior bajo una estrategia de castigo muy poderosa: la soledad; que para efectos prácticos, es una tortura por el resto de su vida, donde quienes ya tenían algún tipo de trastorno mental, empeoran, y quienes llegan sin alguno, lo adquieren.

Falta ver qué información pueda este personaje todavía otorgar – en el supuesto de que quiera hablar, o en su caso, que lo dejen hablar – que permita el desmantelamiento de redes de complicidad, narcotráfico y lavado de dinero, incluso dentro del Gobierno de Estados Unidos, pues es de llamar la atención que no se mencione a ningún cómplice del país vecino, pero si exhiban a gobiernos mexicano.

¿Transporte público o privado? El debate de UBER

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El pasado martes 2 de julio, cerca de la media noche, el Gobierno del Estado, vía la Agencia Estatal de Transporte (AET) y Fuerza Civil implementaron un operativo para decomisar las unidades, y en caso de ser necesario, detener a los choferes de las aplicaciones de Uber, Didi y Cabify bajo el principal argumento de que están prestando un servicio de transporte público con placas particulares.

Lo anterior, ha provocado una gran molestia, no solo en los choferes, quienes muchos de ellos, cabe resaltar, su único ingreso económico es generado por prestar este servicio, si no también en los usuarios, quienes el día de ayer, ambos se manifestaron en las instalaciones del Congreso del Estado de Nuevo León para pedir el apoyo de sus legisladores locales, ante lo que ellos consideran, una injusticia por parte del Gobierno estatal.

Pero, ¿Cuál es el conflicto?, y ¿Qué argumentan las partes involucradas?, básicamente los taxistas argumentan que no existe un “piso parejo” de competencia y exigen que se regule la tarifa de las aplicaciones y se les impongan los mismos requisitos que a los autos públicos (permisos, placas, etc). En contra parte, los socios conductores de las plataformas digitales, señalan principalmente que ellos no son transporte público, si no transporte privado y que están violando sus derechos fundamentales al retirarles sus vehículos y negarles una fuente legal de trabajo.

La realidad aquí es que efectivamente Uber o sus equivalentes, no deben ser considerados como “transporte público”, si no como “transporte privado”, pues el servicio que estos ofrecen no es el mismo que el de un taxi tradicional por muchas razones; por poner solo un ejemplo que lo distingue: ellos no recogen pasaje de las calles, únicamente a quien pide el servicio por medio de la aplicación móvil.

Ahora bien, -ojo aquí- eso no los exenta de que sean regulados, el transporte privado también debe ser legislado en la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León -próxima a reformarse en el Congreso estatal-. Lo anterior, avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que apenas el año pasado resolvió que los servicios privados de transporte son completamente distintos a los servicios tradicionales de transporte público (reconociendo la naturaleza privada/civil de los primeros, contra la naturaleza pública/administrativa de los segundos) y por ende, no se les puede comparar, exigir o limitar tomando en consideración la realidad regulatoria de los taxis en tanto es un servicio completamente distinto a aquél. 

En el mismo sentido, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), emitió opinión para los Gobernadores y las Legislaturas estatales en 2015, donde recomienda precisamente que se reconozca una nueva categoría para la prestación de un servicio de transporte, limitando el marco normativo de estas empresas a tutelar objetivos públicos elementales en materia de seguridad y protección del usuario, evitando restricciones como crear la obligación de autorizar o registrar vehículos para prestar el servicio o limitar su número imponiendo requisitos adicionales como de placas especiales y/o cromáticas.

Precedentes existen, el problema de fondo aquí, es que quienes exigen que se regularicen estas aplicaciones, tienen muy poca autocrítica o no se han dado cuenta de que si el usuario prefirió migrar a utilizar otra alternativa de movilidad, es precisamente porque el servicio que ellos estuvieron prestando por décadas no es de calidad: taxímetros alterados, unidades antiguas y en mal estado, en algunas ocasiones con olores desagradables, algunos sin clima, el peligro del pago obligatorio en efectivo, y sin duda lo más importante, que el usuario no se siente completamente seguro de que llegará a su destino, pues no hay algo que respalde, cuide y garantice la integridad física del usuario como si existe en la aplicación móvil, al poder seguir en todo momento el trayecto del vehículo e incluso poder compartir con algún familiar/amigo la ruta.

En fin, las empresas de redes de transporte como Uber, NO deben ser legisladas como transporte público, y el derecho de los ciudadanos de Nuevo León a elegir la alternativa de movilidad que más se adapte a sus necesidades, debe ser garantizado.

El debate enriquece la mente, se vale discrepar. 

El Cuatrimestre más violento del País y el reto de la Seguridad desde lo Local

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En días pasados el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP) publicó los datos sobre el estado actual que guarda la seguridad pública en nuestro país, los cuales arrojaron datos preocupantes, que obliga al Estado mexicano a reforzar la estrategia de seguridad, pues claramente ésta no ha venido reflejando los resultados esperados. 

Según el semáforo delictivo, los primeros cuatro meses de lo que va del 2019 han sido los más violentos en la historia desde que se mide la violencia en México. Comparándolo únicamente con el año inmediato anterior, en el rubro de los homicidios dolosos, en 2018, de enero a abril se registraron 8,983 casos; este año 2019, de igual forma de enero a abril, se registraron 9,549 casos; es decir, se incrementó la violencia un 6.3%. De seguir esta tendencia 2019 va a ser el año mas violento en la historia de nuestro país. 

Si bien es cierto que se heredó al nuevo gobierno una descomposición fuerte de las instituciones encargadas de impartir justicia, una nueva estrategia tarda en permear, mas aún si se pretende que el centro de esta estrategia sea la Guardia Nacional, pues una institución – y mas si de seguridad pública se trata – le toma mucho tiempo madurar, y la realidad los esta alcanzando, pues en lo que va de este sexenio (Diciembre 2018 a Abril 2019) se han registrado 12,024 homicidios dolosos; lamentable.

Entiendo que un punto importante para este gobierno será – además de la regulación de las drogas – el tema de la inteligencia financiera desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), es decir, seguir la ruta del dinero para desde ese frente descomponer a las células delictivas que operan a lo largo y ancho del país al margen de la ley, pero existen otros problemas estructurales que el gobierno actual no entiende, o no quiere entender, que esto va escalando a la alza; militarizar el país debió ser temporal – llevamos mas de 15 años con ese problema – en lo que se limpian las policías estatales y municipales, lo cual fue muy necesario en su momento, pero nunca permanente, y ciertamente, el Presidente tiene un oído mas atento al diagnóstico que le dan los Generales que al que pudieran darle sus asesores civiles.

Si me preguntan a mí, soy fiel convencido de que la seguridad se ataca de abajo hacia arriba, de lo local hacia lo nacional, empezando por limpiar la corrupción, sustentado en que hay ejemplos locales que en algún momento sus estrategias han funcionado muy bien,  – Mérida, Puebla, San Pedro Garza García, Cd Juárez – las estadísticas hablan por si solas; ejemplos que nos mandan un mensaje muy claro:

La Seguridad Pública señor Presidente, no se debe generalizar, no se ataca de igual forma en Guerrero, Chiapas ó Michoacán, que en Nuevo León, Coahuila ó Tamaulipas, se necesitan estrategias focalizadas, claras, con objetivos contundentes y una estrecha colaboración con los gobiernos subnacionales, pero esto a raíz de un amplio análisis de las condiciones y particularidades sociales, políticas, económicas y criminales de cada estado – ¿cuál es la situación económica de ese estado en particular?, ¿Cuánta gente vive en pobreza?, ¿Qué grupos delictivos operan?, ¿Cuáles son los delitos mas recurrentes?, ¿La ubicación geográfica del estado es tentativa para delinquir?, ¿Quién gobierna y cómo es su relación con la Federación?, ¿Cuánto se le invierte a la Seguridad?, ¿Cuál es la situación actual de las instituciones locales que imparten justicia?, etc -. Ojo aquí, no significa que se debe hacer un análisis por cada uno de los 2500 municipios, si no que se deben identificar regiones – esto lo vienen haciendo bien, el país fue dividido en 270 regiones -, tendencias, mapeo de delitos, etc, que conforme a la marcha la estrategia se vaya moldeando, con eso, podremos evitar los derroches de presupuesto que claramente, no van de acuerdo con los resultados. Un gobernante que se llena de soberbia al decir que conoce perfectamente al país, debería saber esto.

Actualmente no veo algún incentivo que desde el gobierno federal se le este dando a los estados y municipios para el desarrollo de sus policías, no le están apostando a mediano y largo plazo, mientras tanto siguen optando entre lo malo y lo peor.. operativos militares (Guardia Nacional) y/o pactar con grupos delictivos. En fin, al término de su primer año de gobierno podremos evaluar si su estrategia de seguridad va por la dirección correcta, o es una suma de ocurrencias.

Fuerza Civil: La debacle de una institución

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Luego de que una persona cayera del 14vo piso del edificio de departamentos “El semillero” en el centro de Monterrey, la Secretaría de Seguridad Pública estatal anunció que 3 elementos de Fuerza Civil  – aunque versiones extra oficiales dicen que son tres elementos de Fuerza Civil y dos de la Dirección General de Investigaciones (DGI) – fueron detenidos por estar directamente involucrados en el atentado y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia. Aunque ha habido varias contradicciones entre el Secretario de Seguridad Pública, Aldo Fasci Zuazua, y los primeros reportes que se arrojaron a la opinión pública, tratando de deslindar a Fuerza Civil del suceso, y culpando a un policía rural y cinco elementos de la DGI, este no es el primer caso donde elementos de dicha institución se ven inmersos en delitos de esta naturaleza en los últimos años.

Vale la pena recordar brevemente la historia de dicha institución – y el contexto de inseguridad que vivía Nuevo León –  y cómo paulatinamente Fuerza Civil fue perdiendo el reconocimiento y los resultados que tuvo en un inicio, debido a la soberbia y desconocimiento sobre el tema de unos cuantos. Durante los sexenios de los ex gobernadores Natividad González Parás (2003-2009) y con mayor despunte en el de Rodrigo Medina de la Cruz (2009-2015), Nuevo León vivió un contexto de violencia sin precedentes. La debilidad institucional y la incapacidad de los gobiernos estatal y municipales de garantizar a sus gobernados un clima de seguridad y paz social, fomentó el inició de una nueva etapa en la relación entre la Iniciativa Privada (IP) y el Ejecutivo estatal. 

A partir de esta colaboración – junto con Universidades de la entidad y algunos grupos de la Sociedad Civil – surgió el ambicioso programa denominado “Alianza por la Seguridad”, donde se lograron acuerdos hasta ese momento impensables. Entre ellos, destaca el diseño de un nuevo modelo policial estatal llamado Fuerza Civil, siendo este resultado de una suma de esfuerzos sociales.

En mi tesis de licenciatura – donde analizo la relación entre la Iniciativa Privada y el Gobierno del estado, a la luz del diseño de esta política pública – pude constatar en base a entrevistas a actores involucrados en el diseño y a la investigación y análisis de indicadores, dos puntos importantes: El primero, Fuerza Civil tuvo un éxito parcial de acuerdo a diferentes indicadores, pues tres delitos principales que habían aumentado de manera muy acelerada, disminuyeron considerablemente en la entidad (homicidio, secuestro y extorsión) los años posteriores a la implementación de esta política pública, cuando en el resto del país, la situación era distinta – de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) – y el segundo, que con sus resultados inmediatos lograron captar un alto nivel de aceptación entre la sociedad neoleonés, incluso, fue un modelo policial ejemplo a nivel nacional. 

¿Qué hacía distinta a esta corporación policial a la de las otras 31 entidades? 5 puntos importantes: El primero, el número de efectivos – debía alcanzar a 15mil al final del sexenio -; el segundo, los sueldos de los efectivos, donde alcanzaba (con prestaciones) hasta los 20,000 pesos; el tercero, la formación, seis meses de academia de policía complementados por el programa SINERGIA de formación continua; el cuarto, la participación activa de la iniciativa privada, pues buena parte del gasto de lanzamiento y del primer año de sueldos fue asumido por algunos empresarios de Nuevo León; y el quinto, que el reclutamiento de los policías se hizo en diversos estados, únicamente a personas que nunca antes hayan estado en alguna corporación policial, ni fuerzas armadas, es decir, sin experiencia – algo que sin duda tiene sus pros y contras -. 

Entonces, ¿Que pasó con tan innovadora y prestigiada institución? ¿Quién es, el o los responsables de la ruina de Fuerza Civil?

En el entendido de que una institución no se construye en tan poco tiempo y mucho menos si de seguridad pública se trata – pues requiere tiempo para madurar – y que las políticas de seguridad deben ser integrales, el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” al tomar protesta y no entender esto – o no querer entenderlo – modificó en el transcurso dicha política pública; el primer cambio: apenas tomando el cargo, corrió a los mandos civiles y puso militares, rompiendo con la esencia de la política, a lo que yo todavía no entiendo qué parte de “Civil” no entendió de “Fuerza CIVIL” el gobernador.. y por otro lado, prácticamente se olvidó a la iniciativa privada, pues se limitó su participación en buena medida, lo que generó el actual descontento del sector empresarial de Nuevo León, pues consideran que no se ha dado seguimiento al proyecto que ellos crearon.

Para obtener resultados, hay que tener continuidad en la construcción de instituciones, si seguimos con la mentalidad de que cada 6 años significa un “borrón y cuenta nueva” no se va a poder progresar en un tema tan sensible y con tantas aristas como lo es la seguridad pública, la realidad, – les guste a algunos o no – es que algunas cosas si se venían haciendo bien, debido precisamente a que, se fortaleció la relación entre muchos actores generando una gobernanza democrática real.

En perspectiva comparada, se puede ver una similitud con lo que recientemente ha venido sucediendo a nivel federal en el tema de seguridad y en lo cual, se debe poner especial atención por parte de la sociedad civil, oposición y ciudadanos en general, pues es que no se trata de desmantelar todo lo que había, si no de conservar lo que funciona y mejorar lo que no. La Seguridad pública no se trata de si la ponemos en la Secretaría de Gobernación o en la Secretaría de Seguridad Pública, no se trata de si la llamamos Policía Federal Preventiva, Policía Federal, Gendarmería Nacional o la Guardia Nacional, no importa como le llames, si los procesos al interior, programas de prevención, protocolos, reformas institucionales, colaboración entre los tres niveles de gobierno, el marco legal, etc, no los modificamos todo va a seguir igual; el problema es de fondo, mientras sigamos cambiando únicamente la forma, el problema perdurará; como diría Albert Einstein “locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”, pero a algunos gobernantes, los ciega la soberbia.

El debate enriquece la mente, se vale discrepar.