SFP investiga patrimonio de Osorio Chong

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La Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga el patrimonio del ex secretario de Gobernación y actual senador priista, Miguel Ángel Osorio Chong, y de su esposa Laura Ibernia Vargas Carrillo.

La dependencia encabezada por Irma Eréndira Sandoval revisa propiedades, cuentas bancarias y si existe procedencia lícita de recursos del funcionario desde que éste fuera Gobernador del estado de Hidalgo.

Esto, como una verificación patrimonial.

De acuerdo con el propio Osorio Chong, arrenda junto con su familia una residencia en la Ciudad de México, en las Lomas de Chapultepec, la cual previamente reportó con interés de adquirirla.

Al respecto, refiere que en mayo de 2014, su esposa dio aviso ante el notario público número 19 de Pachuca, Gustavo Teodoro Gómez Monroy, de una operación de compraventa de la residencia ubicada en Paseo de las Palmas 1380, según consta en el folio 9434699 del Registro Público de la Propiedad (RPP) del entonces Distrito Federal.

En ese mismo folio, dio aviso de la apertura de un crédito hipotecario con Banorte, según publicó en su momento la revista Proceso.

No obstante, de acuerdo con Osorio el crédito hipotecario solicitado al banco para la eventual compra fue cancelado.

A lo anterior, el ex titular de Segob atribuye que ahora la SFP lo considere como un ingreso no justificado.

En respuesta, el ahora coordinador de la bancada del PRI en el Senado y su esposa presentaron la semana pasada demandas de amparo para impugnar las conclusiones de la investigación.

Osorio explicó que presentaron los amparos porque la SFP no aceptó sus alegatos de defensa y porque se involucró a su familia.

“La propia autoridad tiene la respuesta a esas dudas pues confronta mis declaraciones con información fiscal y bancaria en la cual se puede verificar que todo está correcto”, dijo el senador.

Al final del sexenio de Enrique Peña, Osorio declaró tener dos terrenos que adquirió en 2007 por 1 millón 120 mil 315 pesos, otro predio con valor de 53 mil 272 pesos y un palco que compró en 2001 en 30 mil pesos.

Además, reportó una cuenta de separación individualizada con un saldo de 2 millones 993 mil pesos y un cuenta bancaria con 4 millones 903 mil 424 pesos.

(Fuente: El Mañanero Diario)

El régimen de las mentiras

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Desde que existe el famoso “Proyecto de Nación” de Andrés Manuel López Obrador, mucho antes de que llegara a la silla presidencial, su movimiento y base política ya tomaban como estandarte la lucha contra la corrupción. Para él, absolutamente todo es una consecuencia de la corrupción que ha lastimado profundamente a nuestro México. Y en parte, no está equivocado.

En ese proyecto confiaron más de 30 millones de mexicanos. El sentimiento era el mismo: se debía poner fin a las prácticas corruptas para construir un país justo y libre. México merecía más que lo que había vivido antes.

Personas como Javier Duarte, Emilio Lozoya y Genaro García Luna, entre muchísimos otros, terminaron por romper la poca confianza que el mexicano tenía en las instituciones y en los políticos. Ahí es dónde entra AMLO a devolverle la esperanza a sus seguidores.

Hay un pequeño problema: López Obrador y su equipo son iguales.

Verán, hay que reconocer que durante su vida, el presidente ha sabido hacer algunas cosas bien. Por eso llegó hasta donde está. Pero algo que ha hecho mal a lo largo de toda su carrera política es elegir a sus colaboradores más cercanos. Curiosamente, siempre termina defendiendo a los personajes más corruptos de la política mexicana.

Es un insulto para sus seguidores, que creen ciegamente en la transformación “austera”, que le haya asignado a Manuel Bartlett una dependencia federal tan importante como lo es la CFE. A ese personaje se le recordará siempre por deshonesto, y esa es la verdad.

También es una burla a la inteligencia de sus seguidores el haber asignado a la Secretaría de la Función Pública a Irma Eréndira Sandoval.

La SFP tiene como una de sus principales obligaciones combatir la corrupción. Recientemente salió un reportaje que afirma que la Secretaria tiene un patrimonio de 60 millones de pesos, con diversas propiedades, que desarrolló mientras laboraba en la UNAM, con salario de académica. La familia de Sandoval critica la exigencia de la ciudadanía de publicar su patrimonio, cosa que al ser funcionaria pública, se vuelve obligatoria. Curioso, ¿No?

Preocupa también que Irma Sandoval tiene a varios familiares dentro de la Administración Pública Federal, incluyendo a su hermano. Justo cuando López Obrador prometió combatir el nepotismo. Y los Sandoval no son la única familia así en este gobierno.

Gran parte de los funcionarios federales (incluyendo al Dr. Hugo López-Gatell, que debería estar atendiendo temas de urgencia) salieron en defensa de Irma Sandoval y su familia. Desde diputados hasta el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (que también se supone que lucha contra la corrupción).

La Secretaria llamó “sicarios mediáticos” a los periodistas que la acusan. Algo que a simple vista parecería como un ataque a la libertad de expresión.

Ellos no son los únicos políticos corruptos con los que López Obrador se ha involucrado. De hecho, la lista es bastante larga.

Carlos Lomelí, René Bejarano, Dolores Padierna, Miguel Barbosa, Yeidckol Polevnsky, Ana Gabriela Guevara, por mencionar algunos.

Todos estos personajes fueron arropados por el Presidente, haciendo parecer que la única corrupción que hay que combatir es la que ejercen quienes no comulgan con su proyecto de nación. Evitan establecer un suelo parejo, para poder construir desde ahí, un México para todos. Estos políticos de izquierda se burlan descaradamente de sus votantes, que creen genuinamente que ellos son los indicados para transformar a México.

Y para no dejarlo afuera, ahora Morena aprobó una coalición con el Partido Verde para las elecciones de 2021. El Partido que ya estuvo con el PAN y con el PRI, ahora se une a Morena. ¿A qué huele? A corrupción.

Recuerden que mentir, ocultar cifras, regalar cargos y proteger corruptos también son actos de corrupción. Esto es una burla para todos los mexicanos, y un insulto a la inteligencia de los seguidores de la Cuarta Transformación.

Pensemos bien el rumbo que queremos darle a nuestro país.

Asegura Loret de Mola que Sandoval y Ackerman son propietarios de varios inmuebles

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El periodista Carlos Loret de Mola documentó en su programa de Youtube “Loret”, que el patrimonio inmobiliario de la familia de la secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y su esposo, el investigaro John Ackerman, es de hasta 60 millones de pesos, en valor real de mercado, cantidad veces mayor a la que aparece en su declaración patrimonial.

Loret afirma que cinco de sus casas fueron compradas al contado en tan sólo nueve años, siendo ella y su esposo investigadores de la UNAM, con salario de académicos.

De acuerdo al reportaje, la sexta propiedad se trató de una cesión de un terreno de 253 metros cuadrados en 2007 por parte del entonces gobierno del Distrito Federal. “Regalazo“, fue como lo describió Loret, que actualmente tiene un valor de 6 millones de pesos, en la calle Amatl, en Pedregal de Santo Domingo.

El predio fue cedido a Sandoval 13 años después de que el Departamento del Distrito Federal lo escriturara como propio. Actualmente tiene 300 metros cuadrados de construcción. 

La discrepancia consiste en que de acuerdo a su declaración patrimonial, entre 2004 y 2013, el matrimonio compró 5 inmuebles que suman 9 millones 255 mil pesos, sin embargo, los tabuladores de precios arrojan otros datos.

Sus departamentos y casas se encuentran en zonas de alta plusvalía de Ciudad de México y Tepoztlán, Morelos“, de acuerdo al periodista.

En 2007, la familia ya tenía una casa en la delegación Coyoacán por la que pagó 4 millones de pesos, que ahora está valuada en unos 20 millones de pesos.

Otras de las propiedades que se comentan es un departamento de 126 metros cuadrados en la delegación Benito Juárez, por el que apagaron un millón 60 mil pesos y que ahora vale 5 millones de pesos. Otra es la casa en Tepoztlán, por la que se pagó 2 millones de pesos y hoy vale 22 millones de pesos. 

Con información de El Universal

Artículo 19 denuncia ataques contra periodistas por parte de directiva de Notimex

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La organización promotora y defensora de la libertad de expresión a nivel internacional, Artículo 19, acusó a los directivos de la Agencia de Noticias del Estado (Notimex) de realizar acciones coordinadas para acosar y agredir periodistas y ex trabajadores que consideran adversarios”.

Incluso, con las evidencia que recabaron, exigieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador que condene públicamente las agresiones y que ponga orden en Notimex para que ésta no sea utilizada para violentar a la prensa.

De igual forma, pidieron a la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigar el posible uso de recursos públicos para la orquestación de ataques y demandaron la suspensión del cargo a la directiva de Notimex mientras se esclarecen los hechos denunciados.

De acuerdo con un comunicado publicado por el organismo, existen testimonios que dan cuenta de la forma en la que Sanjuana Martínez, titular de la agencia, busca intimidar y silenciar” a colaboradores y ex colaboradores.

Sé que la directora tiene personas que se dedican a hackear o meterse a cuentas de Facebook, Twitter u otras (redes sociales) de directivos para obtener imágenes y agredir la vida privada”, señaló a Artículo 19 una de las fuentes.

Todos los testimonios que recabó Artículo 19 coinciden en que Martínez ha solicitado a su personal utilizar cuentas personales y crear perfiles falsos con el fin de defender su gestión en Notimex.

A través de los directores, principalmente de Erick Muñiz, nos decían que teníamos que crear las cuentas y si no lo hacíamos nos empezaban a intimidar y hostigar. Incluso, corrieron a mucha gente de manera injusta porque si no te sumabas a apoyar a Sanjuana, inmediatamente te convertían en el enemigo del que se tenían que deshacer”, señala otro de los testimonios.

De acuerdo con las fuentes, entre los periodistas contra quienes se han ordenado ataques, están: Dolia Estévez, Lydia Cacho, Anabel Hernández, Blanche Petrich, Carmen Aristegui, Marcela Turati, Guadalupe Lizárraga, Manuel Ortiz y Alejandro Meléndez, estos dos últimos ex colaboradores de Notimex que sufrieron ataques con constantes acusaciones de agredir sexualmente a una compañera.

La periodista que fue supuestamente agredida fue contactada por Artículo 19 y afirmó que la información sobre el abuso sexual era falsa y que, por el contrario, su señalamiento público vulneraba su seguridad.

Según el análisis hecho por el organismo, las agresiones contra Manuel, Alejandro y otros ex trabajadores de Notimex provienen de distintas cuentas, principalmente de @OverflowLucio, @SandyWong21, @Manho579, @SutntxAgoniza y @lui_ovejero, las cuáles fueron analizadas por Signa_Lab a petición de Artículo 19.

Signa_Lab concluyó que las cuentas responden a la ejecución de acciones coordinadas en Twitter y que sólo publican y difunden información específica a favor de Sanjuana Martínez y su gestión al frente de Notimex además de defender a otras cuentas como @SandyWong21.

Signa_Lab también encontró que las cuentas son utilizadas para atacar al Sindicato de Notimex.

Artículo 19 encuentra preocupante que la Agencia de Noticias del Estado utilice mecanismos para emitir sistemáticamente mensajes a favor o en contra de la reputación de personas, por un lado, y por el otro que se silencian voces por medio del acoso laboral y el abuso de autoridad”, señala el texto difundido por la organización.

Notimex debería cumplir la función democrática de producir información para las y los mexicanos con independencia editorial del gobierno (…) se infiere el posible uso de recursos del Estado para imputar falsamente delitos a sus ex trabajadores, así como para administrar cuentas utilizadas para restar credibilidad a periodistas críticos de la directiva de la agencia”, añade.

Por esa razón, solicita al Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador poner orden al interior de la agencia y condenar públicamente las agresiones contra periodistas; a la Secretaría de la Función Pública investigar el posible uso de recursos públicos para la orquestación de los ataques, además de suspender del cargo a la directiva de Notimex, mientras se esclarecen los hechos denunciados; al área de comunicación social de la Presidencia de la República, que genere lineamientos para prevenir que en este o cualquier medio público u oficina gubernamental federal se utilicen recursos para minar la credibilidad y legitimidad de la prensa; a la Fiscalía General de la República (FGR), que conduzca una investigación sobre la filtración de información privada; al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob) que brinde las medidas de protección necesarias para prevenir represalias en contra de las y los periodistas mencionados; y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) investigar y emitir una recomendación a Notimex para que cese los acosos y agresiones contra periodistas, la cual sea extensiva a otras instancias para impedir que los recursos públicos sean usados para inhibir el ejercicio de la libertad de expresión.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Bartlett Jr. niega conflicto de interés por venta de ventiladores

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León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), negó que exista un conflicto de interés en la venta de ventiladores respiratorios para tratar el COVID-19 al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del estado de Hidalgo.

“Niego rotundamente conflicto de interés. No somos una empresa improvisada, llegamos a esta con una trayectoria intachable”, dijo Bartlett Álvarez en entrevista con Azucena Uresti en Milenio.

El dueño de la empresa Cyber Robotics aseveró que el proceso de adjudicación directa se apega a las circunstancias de la emergencia sanitaria por el coronavirus, por lo que aseguró que no hay nada ilegal en la venta.

Cabe mencionar que la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que desde el 1 de mayo de este año investiga la adquisición de ventiladores respiratorios al IMSS.

Titular de la SFP contrae COVID-19

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La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que su titular, Irma Eréndira Sandoval, dio positivo a COVID-19 con lo que se convierte en el primer caso confirmado de un miembro del Gabinete Federal.

“La Secretaría de la Función Pública informa que la doctora Irma Eréndira Sandoval, titular de esta dependencia, se encuentra en excelente estado de salid y sin síntomas graves, a pesar de haber recibido un diagnóstico positivo por SAR-COV-2 el pasado lunes 20 de abril. En escrito acatamiento a las recomendaciones médicas, desde los primero síntomas la Secretaria Sandoval se ha mantenido en autoaislamiento y en constante monitoreo médico”, se lee en el comunicado de la dependencia.

Tres días antes de obtener el diagnóstico positivo la funcionaria difundió la imagen de una reunión que sostuvo con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y la titular de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla.

Usuarios de redes sociales criticaron en esa ocasión que os funcionarios aparecieran sin las medidas de distanciamiento social a la que están sometidos el resto de los mexicanos.

La SFP aseguró que una vez que su estado de salud lo permita, la funcionaria retomará la agenda de actividades que amerita su presencia.

Suspenden 5 días a Mireles por comentarios despectivos contra mujeres

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La Secretaría de la Función Pública informó que José Manuel Mireles Valverde, subdelegado del ISSSTE en Michoacán, fue suspendido del cargo por 5 días por comentarios despectivos en contra de las mujeres.

En un comunicado la SFP informó que en septiembre 2019 se iniciaron las investigaciones, para determinas si Mireles rompió el Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas, por haber dicho las frases “piruja” y “nalguita”, para referirse a mujeres, el 4 y 9 de septiembre de ese año en Apatzingán y Uruapán.

Durante un evento el 4 de septiembre, Mireles llamó a las mujeres “pirujas” aludiendo a las concubinas de los derechohabientes del ISSSTE, mientras que el 9 de septiembre fuer gravado asegurando que el líder sindical de la institución le pidió una plaza “para una nueva nalguita”.

Por lo tanto la SFO explicó que el Código de Ética exige un trato igualitario a mujeres y hombres, evitando comentarios soeces y discriminatorios.

“Las personas servidoras públicas deberán eliminar cualquier uso de lenguaje discriminatorio basado en estereotipos de género y fomentar una cultura igualitaria”, se lee en el comunicado.

Los comentarios d eMireles le valieron sendas críticas en redes sociales, porque aluden a la violencia de género que miles de mujeres combaten desde hace años en diferentes movilizaciones.

CNDH propone a John Ackerman en Comité para INE

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) propuso a John Ackerman, esposo de Irma Sandoval, Secretaria de la Función Pública (SFP), como integrante del Comité Técnico Evaluador que calificará a los candidatos a formar parte del Instituto Nacional Electoral (INE).

A través de Twitter, el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro y presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, Mario Delgado, informó que recibió las propuestas de la CNDH para confirmar el Comité Técnico Evaluador.

“Me permito informar que hemos recibido en JUCOPO de @Mx_Diputados las propuestas de la @CNDH para integrar el Comité Técnico de Evaluación para seleccionar a los consejeros del @INEMexico: la C. Carla Astrid Humphrey Jordan y el C. John Mill Ackerman Rose”, dice el tweet de Delgado.

Carla Humphrey Jordan fue consejera electoral en la Ciudad de México y es Directora General Adjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Mientras que Ackerman es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ha sido consejero del Instituto de Formación Política de Morena.

Esta tarde se reúne la Junta de Coordinación Política para definir los tres nombres que la Cámara de Diputados propondrá para integrar el Comité.

La JUCOPO y los coordinadores parlamentarios han recibido propuestas de instituciones académicas y organizaciones sociales, pero no se ha precisado cómo se tomará la decisión, puesto que Delgado ha mantenido en la opacidad la forma en que se seleccionarán a los tres miembros.

 

¡No te preocupes Peña!

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La nota del diario estadounidense “The Wall Street Journal” está sacudiendo intensamente el panorama político mexicano y puso a temblar a más de uno del circulo cercano al ex Presidente Enrique Peña Nieto. Señalan, que un funcionario federal de la actual administración y cercano al Presidente López Obrador filtró que el ex Presidente Peña Nieto está siendo investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y como parte del expediente de investigación en curso del ex director de Pemex en ese sexenio Emilio Lozoya Austin, detenido en Málaga, España, apenas la semana pasada. 

Aunque la posibilidad de juzgar a un ex Presidente suena muy popular ante un ambiente social polarizado y la solo idea se “saborea” ante el escrutinio público, hay que tener paciencia, pues el proceso judicial apenas va comenzando y tiene muchas etapas. Primero, hay que esperar a que de inicio el largo y complejo proceso de extradición que ha caracterizado históricamente a España, y una vez en México, habrá que ver por cuáles delitos se le puede juzgar según lo que dictamine el Juez de aquel país europeo, pues no sería sorpresa para nadie, que ya instalado en una prisión mexicana no se arme bien el expediente en su contra y derive en su eventual liberación.

Este caso tiene múltiples derrames (Odebrecht, Anitrogenadados, despilfarro y excesos operados con las arcas de Pemex, el cobro por reuniones con el, etcétera) y en algún momento, va a derivar en lo político, y aunque el ex Presidente Peña Nieto no ha sido acusado formalmente en ninguna Corte, ni Emilio ha declarado en su contra, AMLO ya le mandó un mensaje vía su conferencia “mañanera”, mismo que podemos interpretar como el que hace unos años el ex titular del Ejecutivo le expresó en su momento a Rosario Robles: No te preocupes Peña“; pues señaló de forma muy precisa, que “no le conviene al país perseguir, juzgar y encarcelar a un ex Presidente”; sin embargo, le funciona muy bien como distractor el poner sobre la mesa la idea de someter a consulta popular -como lo hacía Poncio Pilato en la plaza pública de la antigua Roma- si los ex Presidentes, por lo menos de Salinas de Gortari a la fecha, deban ser juzgados o no (misma que por cierto, expresó que el votaría en contra en la consulta). Sí, como si la aplicación de la justicia fuera selectiva y el Presidente tuviera la facultad de decidir a quien si y a quien no se le aplica la Ley. ¿Ese es el Estado de Derecho que pregonan?. Esperemos que la fuerza de los hechos lo pueda hacer modificar la postura por el bien de nuestra incipiente democracia.

La historia que comenzó a finales de 2016 y que se materializa en mayo de 2019 cuando la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilita a Lozoya, tiene un elemento clave si en verdad existe voluntad política: la ruta del dinero, tarea que le corresponde a la UIF, es decir, a Santiago Nieto, que cabe recordar, fue el funcionario que separaron de su cargo como Fiscal Electoral en ese sexenio precisamente por indagar muy a fondo este tipo de casos de corrupción y lastimar fibras muy sensibles con el argumento de que el dinero terminaba finalmente en campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional. ¿Habrá venganza política? No lo se, pero a Santiago voluntad política le debe sobrar; habrá que esperar a ver que línea le da el Presidente, pues si la obsesión de hacer historia se impone, que mejor que por primera vez en la historia, un ex Presidente de la República enfrente cargos de corrupción ante la justicia mexicana.

El debate enriquece la mente, se vale discrepar.

Ya lo juzgó la sociedad

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Como es público, después de una persecución que duró poco más de un año, en la ciudad de Málaga, España, el 12 de febrero del actual fue detenido Emilio Lozoya Austin, quien fue Director general de PEMEX durante el periodo 2012 a 2016.

Detención, que fue celebrada por algunos Servidores Públicos como por ejemplo Irma Eréndira Sandoval (Secretaria de la Función Pública), varios medios de comunicación, ciertos columnistas y parte de la sociedad que le atribuye responsabilidad y no dudan sobre su “lógica” culpabilidad.

Lo anterior, por la publicidad y el contexto que las autoridades y “comunicadores” han realizado sobre las acusaciones que se le han imputado a Emilio Lozoya Austin.

Sin embargo, independientemente de su probable responsabilidad, lo anterior podría involucrar una indeseada violación a un derecho fundamental, a saber, la presunción de inocencia.

Esto, pues el principio de trato esencialmente consiste en que todo inculpado de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.

No obstante, debe decirse que la naturaleza y alcance de la presunción de inocencia no es limitativo al desarrollo del procedimiento, sino que esta regla también debe ser aplicada de manera extraprocesal.

Me explico, la presunción de inocencia implica también el derecho fundamental a recibir la consideración y el trato de no partícipe en hechos de carácter delictivo y en consecuencia, que no se apliquen consecuencias anudadas a hechos de esta naturaleza. En pocas palabras, la Constitución no permite condenas anticipadas.

Lo anterior, pues tal y como en reiteradas ocasiones lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dada la trascendencia de una acusación en materia penal, la Constitución otorga al imputado una serie de derechos fundamentales a fin de garantizar que se efectúe un juicio justo en su contra, sin embargo, de nada sirven estos derechos cuando las autoridades encargadas de investigar el delito realizan diversas acciones que tienen como finalidad exponer públicamente a alguien como responsable del hecho delictivo, pues frente a estas acciones, se corre el enorme riesgo de condenar al denunciado antes de tiempo, ya que el centro de gravedad que corresponde al proceso como tal, se desplaza a la acusación pública realizada por la autoridad.

En esa tesitura, es que en el caso de Emilio Lozoya Austin puede existir una violación a su derecho fundamental de presunción de inocencia, pues se insiste, los señalamientos públicos influyeron tanto en la sociedad que pocos dudan sobre su culpabilidad.

Ante este escenario, lo cierto es que el verdadero juicio fue celebrado antes de la aparición de un juzgador e incluso antes de su extradición, pues hoy la realidad es que a Lozoya Austin y a su familia ya los juzgó la sociedad.

Finalmente, todo linchamiento mediático que no tiene más que la perversa intención de difamar resulta contraproducente a la sociedad mexicana.