A inicios de los años 60s, el activista y premio Nobel de la Paz, Martin Luther King, dijo que “la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes”, esto me parece íntimamente ligado con uno de los grandes pendientes en nuestro país: el acceso a la justicia y la impunidad. En ese sentido y ante la relevancia del fenómeno, la organización México Evalúa publicó los hallazgos 2019 del seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México. 

Dicho estudio resulta fundamental para saber cuales son los retrocesos o avances en la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio y adversarial o llamados comúnmente como “Juicios Orales”. Ello tiene como origen una reforma constitucional en el año 2008 que tenía el objetivo de transformar profundamente los principios, procesos, operadores y prácticas del sistema penal mexicano, para establecer uno que disminuya los altos estándares de impunidad y violaciones a derechos humanos tanto de víctimas como de acusados y procesados. 

Del mencionado estudio, resalta que en 2019 afirma que existe un rezago a nivel nacional en la consolidación de este sistema de justicia penal, ya que de los datos recabados en cada entidad federativa, ninguna pudo alcanzar los estándares mínimo para el cumplimiento de dicha reforma y el objetivo o intención de este modelo judicial. Me parece fundamental que el principal indicador que este estudio utiliza son los índices de impunidad, ya que esta ausencia de actos de investigación y una incapacidad del Estado en resolver los máximos conflictos en una sociedad, que generan diversas violaciones a derechos humanos. Cabe mencionar que la media nacional del índice de impunidad en 2019 fue de un 92.4%, uno de los mayores de continente en términos comparativos, reflejando la gravedad del problema así como el fracaso rotundo de este nuevo sistema penal. 

Un dato preocupante fue la reducción del presupuesto en el sistema de procuración de justicia en 2019 asignado a las entidades federativas que de $172,036,947,408.02 pesos, el cual tuvo una disminución del 15% respecto al año pasado, lo cual generó que las instituciones no puedan contar con los recursos suficientes para alcanzar las metas, si bien, el estudio hace énfasis en que un presupuesto no garantiza el éxito, también se plasma que estos recursos deben ir orientados a obtener mejores resultados a través de un ejercicio racional. Este problema también se repite en los presupuestos de los poderes judiciales y las comisiones estatales de atención a víctimas. 

Un retroceso grave fue el sentido garantista sobre la prisión preventiva, ya que  debe ser vista como una medida extraordinaria que no debe violar la presunción de inocencia, sin embargo, en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 2019 se publicó la reforma al artículo 19 constitucional con la cual se anexaron 10 delitos graves más para la prisión preventiva, ello como una supuesta respuesta, sin embargo, aumentar el catálogo de delitos graves no está ligado al mejoramiento del sistema de justicia y sólo concibe la prisión ante la falta de una política de paz, justicia y prevención del delito. Esto genera que existan enormes cargas de trabajo, como bien plasma el estudio, por cada defensor, el promedio nacional fueron 163 asuntos, y en asesor jurídico son 95 asuntos por cada uno, lo que tiene como consecuencia tasas elevadas de carpetas de investigación saturaras con el 44.5% en promedio que no tienen respuesta. 

También hay que señalar las llamadas “señales de esperanza” mencionadas en dicho informe, ya que al momento de la detención de una persona, sólo el 27.9% fueron calificadas como ilegales, que en comparación con el año anterior, presupone una tendencia de avance en este rubro. De la misma manera, los estados han hecho mayor de uso de la justicia alternativa, como la mediación para arreglar un asunto entre las partes y no tener que llegar a un juicio. Otro dato esperanzador esta la duración promedio de un proceso penal, ya que en promedio nacional es de 291 días para una persona imputada, lo cual a diferencia del anterior sistema resulta un avance significativo. 

Sin duda estos datos invitan a tomar medidas urgentes, ya que los niveles de impunidad son más que cifras y son vidas de millones de personas en nuestro país a la espera del derecho a la verdad, a la certeza jurídica, a que se respeten sus derechos humanos, y términos generales, a una justicia efectiva y no sólo simulaciones. Más allá de reformas, necesitamos cambiar las malas prácticas de los operadores del sistema de justicia penal para que sus actos atiendan cabalmente a la ley y el reconocimiento de los derechos que se ven involucrados en este tipo de asuntos. Urgen estrategias locales y coordinación entre los estados para compartir prácticas exitosas con el ánimo de compartir con otras entidades federativas, conformando redes exitosas para mejorar y consolidar nuestro sistema de justicia penal. También los poderes legislativos deben frenar esta corriente política de engrosar los códigos penales y catálogos de delitos graves de manera innecesaria, esto sólo nos deja ver la ausencia de una política criminal real que atienda a los orígenes y prevención del delito, así como políticas públicas para reducir la impunidad y garantizar el acceso a la justicia. No podemos dejar que el tiempo siga corriendo, dejando pasar miles de crímenes en la total impunidad, porque la injusticia en México parece la regla.