ecuador

De ruptura y división

by Javier Scheiman Flores
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Lo que vive México hoy en día no es nuevo, ni tampoco es único en el mundo, pero es difícil y doloroso. La división que caracteriza estos tiempos modernos es producto de años, décadas, de injusticias y abusos hacia el pueblo mexicano.

Se puede notar en lo más básico como lo es una conversación con tus padres o tus amigos a la hora de la comida. Es común que conforme se vaya desenvolviendo la plática, se acabe tocando el tema de la política o de los conflictos sociales. Notas que hay división al instante: hay dos o más posturas en la mesa que parecen ser irreconciliables. El video que se viralizó esta semana de los insultos hacia el presidente en un vuelo comercial son el ejemplo perfecto de que nuestra sociedad se partió en dos. Y ambas partes pueden tener su pedazo de razón. Y así es también a gran escala.

El presidente López Obrador ha dedicado su vida a luchar en contra de lo que él llama la mafia del poder, del periodo neoliberal. Ganó en 2018 en gran parte por el voto de castigo al PRI y al PAN, y también porque supo unir a todo mexicano decepcionado. Ganó y contundentemente, pero su discurso informal de “conmigo o contra mí” no beneficia en lo absoluto a la nación, y nos aleja del pensamiento de una eventual reconciliación.

Él y su gente repiten constantemente que los partidos antiguos abusaron de México, lo saquearon y lo dejaron lastimado, roto y vulnerable. Y objetivamente, es verdad. La corrupción que caracterizaba a aquellos partidos era, y es, descarada y brutal.

Del otro lado, los opositores a la llamada “Cuarta transformación” argumentan que las medidas del nuevo gobierno son dañinas, anticuadas, poco efectivas, caras y muchas veces innecesarias. Y, objetivamente, también tienen razón.

No puedes hablar de un país en progreso sin energías limpias, sin inclusión, sin ciudades accesibles, sin impartición de justicia. Todos estos parecen temas secundarios en este gobierno. Duele ver cómo lo único seguro es que todas las mañanas se van a quejar del pasado.

La división política y social no es fenómeno exclusivo de México. De hecho es muy frecuente en el mundo. El ejemplo más notorio es Estados Unidos y su sociedad dividida. Venezuela también. Ecuador está atravesando por un proceso electoral de dos bandos opuestos. En Brasil, Jair Bolsonaro se volvió presidente como resultado de una profunda ruptura social, causada por problemas de corrupción en los altos círculos políticos. 

Cada país debe responsabilizarse y hacerle frente a la sociedad dividida. Buscar, por medio del diálogo y de puntos medios, la reconstrucción de la unidad en miras al bien común.

Aquí en México, tenemos que involucrarnos como ciudadanos en la construcción de una sociedad unida y proactiva. Involucrarnos todas y todos significa que con el paso del tiempo tendremos mejores gobiernos, mejores procesos, mejores avances, mejores comunidades y mejores oportunidades. La división se resuelve desde lo más esencial: la familia y la comunidad. Trabajemos en la reconciliación y el acuerdo, que aunque sea un camino largo, será eventualmente la solución a lo que necesita nuestro país.

Al final del día, mexicanas y mexicanos somos todos, y el bien común debe ser siempre nuestra meta.

¿Qué opinas al respecto?

Ordenan en Ecuador la detención del expresidente Correa

by Fernanda Martínez
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Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador ordenó la localización y captura del ex Presidente Rafael Correa, condenado a ocho años de prisión por cohecho en un caso conocido como “Sobornos 2012-2016“, por el cual también perdió su derecho a participar en elecciones.

El juez Iván León dispuso que este mismo miércoles se cursen los oficios respectivos a las autoridades policiales para la inmediata localización y captura de los sentenciados.

El caso investigó una red de corrupción mediante la cual se recibieron “aportes indebidos” en el Palacio presidencial de Carondelet para la financiación irregular del movimiento político oficialista Alianza País a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas, entre ellas Odebrecht.

El pasado día 7, un Tribunal de Casación de la Corte Superior de Justicia rechazó el recurso interpuesto por Correa y otros imputados, por lo que ratificó, en última instancia, la condena a ocho años de prisión.

La condena también impidió a Rafael Correa, quien vive en Bélgica desde hace tres años, contender por la Vicepresidencia el próximo año, como aspiraba.

Además de Correa, la orden pesa contra su ex Vicepresidente Jorge Glas (en prisión por otro caso de corrupción), y otros ex funcionarios y varios empresarios también envueltos en la trama de corrupción, que ellos niegan.

Entre ellos figuran Alexis Mera, María de los Angeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla, Christian Viteri Alberto Hidalgo, Víctor Fontana, Edgar Salas, Ramiro Galarza, Bolívar Sánchez, Pedro Verduga, William Phillips, Leonardo Córdova, Teodoro Calle y Aateo Choi.

El magistrado también ordenó que se remita un oficio al Consejo Nacional Electoral (CNE), ya que la condena dispone “la pérdida de los derechos de participación de todos los condenados, por un tiempo igual al de la pena”.

Asimismo, decidió enviar al Ministerio de Economía una orden para que se elimine la pensión vitalicia que recibían Correa y Glas, en calidad de ex mandatarios.

También ordena que las instituciones pertinentes tomen nota de los montos sobre la indemnización a las víctimas del delito-en este caso, el Estado-sobre el comiso de bienes para cumplir con la “reparación integral” por un monto global de 14 millones 745 mil 297.16 dólares.

En el caso de Correa y otros condenados como autores o coautores del delito, se impone un pago de 778 mil 224.017 dólares a cada uno, mientras que una cuantía de 368 mil 632.43 dólares a los cómplices.

 

(Con información de El Norte)

Revocación de mandato del Presidente de la República

by Samuel Ramírez Mejía
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“¿Está de acuerdo en la revocación del cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que actualmente desempeña el ciudadano Andrés Manuel López Obrador?” Esta podría ser la pregunta que se nos formule en marzo del 2022 cuando por primera ocasión se ponga en funcionamiento, si acaso, la revocación de mandato del Ejecutivo Federal según el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre del año pasado. Esta colaboración tiene por objeto presentar un breve panorama acerca de la revocación de mandato desde sus contornos normativos, teóricos y de viabilidad.

La definición de la revocación de mandato establecida en la reforma constitucional se encuentra en el artículo tercero transitorio, en el que se indica que para los efectos  de la revocación de mandato se entiende como “el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida de la confianza”. Queda claro que la finalidad de la reforma fue establecer la revocación de mandato sin que se requiera un análisis sobre el cumplimiento o no de los programas de gobierno, ya que se refiere a la “pérdida de la confianza”. El diseño toma como sustento teórico que la revocación de mandato se refiere a un derecho político basado en la soberanía popular, más que en ser un mecanismo de rendición de cuentas entre períodos electorales (Yelp 2014: 253).

La revocación de mandato se encuentra en el artículo 35 constitucional junto a los derechos políticos de votar en las elecciones, de poder ser votada para todos los cargos de elección popular, de asociación libre e individual y de iniciativa popular de leyes. En este sentido, la Constitución de nuestro país se incorpora a otras constituciones latinoamericanas: Artículo 40.4 (Colombia), 2.17 (Perú), 70 (Venezuela), 61.6 (Ecuador) y 11.II.1 (Bolivia).

La revocación de mandato es una manifestación de lo que se denomina como democracia directa. En general, la revocatoria de mandato incluye dos etapas en las que se expresa la participación política de la ciudadanía: Primero, lo que se denomina como la activación, esto es, la solicitud del procedimiento revocatorio que se moviliza con cierto número de firmas de apoyo de las y los ciudadanos electores; y, en segundo término, la consulta al electorado sobre la revocación del mandato de la persona electa hacia la que se dirige el proceso revocatorio (Kornblith 2017: 984).

Por lo que hace a la activación de la revocación del mandato de Presidente de la República, en el artículo 35, fracción IX de la CPEUM se indica que se requiere un 3 por ciento de firmas de personas inscritas en la lista nominal de electores y que, además, las firmas de apoyo estén distribuidas en al menos 17 entidades federativas. En ese sentido, para activar la revocación del mandato de AMLO se requieren aproximadamente 2 millones 700 mil firmas de apoyo, considerando que la lista nominal de electores en el país asciende a 90 millones de electores (https://www.ine.mx/credencial/estadisticas-lista-nominal-padron-electoral/).

¿Se podría alcanzar ese número de firmas entre noviembre y diciembre del 2021 para activar el proceso de revocación de mandato de AMLO? Muy seguramente sí.

Primero, considerando que respecto de la activación de las revocaciones “(…) no es la ciudadanía, sino organizaciones políticas, partidos o líderes políticos los principales promotores”. (Yelp 2014: 260). Tómese en cuenta que, de acuerdo con los resultados de las elecciones presidenciales de 2018, partidos como el PAN y el PRI, por sí solos, podrían movilizar a los 2 millones 700 mil electores que se requieren para iniciar el proceso de revocación de mandato; en efecto, el PAN obtuvo 9 millones 800 mil votos, y el PRI, 7 millones 500 mil sufragios. (https://siceen.ine.mx:3000/#/tablas-resultados). Por ende, individualmente, asociándose entre sí, o incluso atrayendo a la coalición revocatoria a partidos como el PVEM (925 mil votos) o MC (865 mil sufragios), podrían promover la participación de la ciudadanía y recopilar las firmas de apoyo necesarias para la solicitud de revocación de mandato de AMLO. También cuentan con la dispersión en los estados. Sólo por dar un ejemplo, el PAN obtuvo el primer lugar de votos presidenciales en cinco estados del país (Aguascalientes, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas y  Yucatán) y obtuvo el segundo lugar en 10 entidades más; si a ello sumamos 13 estados en donde el PRI fue segundo lugar y aquellos en los que MC (Jalisco) y PVEM (Chiapas) también fueron segundo lugar (https://siceen.ine.mx:3000/#/primeros-tres-lugares), sin duda los partidos políticos de oposición pueden movilizar a sus simpatizantes y obtener las firmas de apoyo necesarias y su dispersión en el país.

En segundo lugar, porque el porcentaje para activar la revocación en México es relativamente bajo, si se compara con el de otros países latinoamericanos que contemplan la revocatoria de mandato para autoridades nacionales. En efecto, en Venezuela se requiere al menos el 20 por ciento del electorado (art. 72 de su Constitución); en el Ecuador, el 15 por ciento (art. 105 de su Constitución); y en Bolivia, el 25 por ciento (art. 26 de su Ley de Régimen Electoral). Es decir, la movilización de 3 por ciento del electorado no parecería de mayor dificultad para los partidos de oposición.

Por otra parte, con relación a la etapa propiamente de la consulta al electorado y el porcentaje que se requiere para la revocación del mandato del Presidente de la República, la reforma constitucional fijó dos requisitos: i) que en la consulta participe al menos el 40 por ciento del electorado; en este rubro se necesitaría una participación de aproximadamente 36 millones de personas electoras; y ii) que por el “sí” se exprese una mayoría absoluta de votos, es decir, la mitad más uno de al menos esos 36 millones potenciales de votos que se requieren para que el proceso de revocación sea válido; en otras palabras, si en la revocatoria de AMLO en marzo del 2022 participara el mismo número de personas que salieron a votar en julio de 2018, 56 millones, serían necesarios más de 28 millones de votos a favor de la revocación de su cargo.

Desde luego que estas cifras son solamente hipotéticas, y se debe subrayar que los resultados electorales de 2018 no pueden trasladarse a un evento futuro de revocación de mandato en 2022, sin embargo, se utilizan solamente como un referente para argumentar la polarización que eventualmente significaría el proceso de revocación del mandato de AMLO. En este sentido, considerando los votos obtenidos por todas las candidaturas de partidos e independientes contrarios a López Obrador en ese año, estamos hablando de, hipotéticamente, 24 millones por el “sí” frente a cerca de 30 millones de votos por el “no” (según los votos obtenidos en 2018 por MORENA y sus aliados PES y PT).

Este ejercicio hipotético refuerza la idea de que los procesos de revocación de mandato, si bien son el ejercicio de derechos políticos de la ciudadanía, también implican una gran polarización que, por un lado, fomenta la confrontación y, por el otro, significa una anomalía en el desempeño de cargos electivos con mandato fijo. (International IDEA 2008: 114). Afortunadamente, la reforma constitucional no creó el incentivo de la promoción indiscriminada de revocatorias, dado que, de obtenerse una mayoría absoluta por el “sí”, esto no implicará la convocatoria a elecciones para designar al reemplazo del Ejecutivo revocado. De ganar el “sí” en una revocación de mandato, la respuesta constitucional es que, inmediatamente, asuma el cargo provisionalmente quien ostente la presidencia del Congreso, en tanto la Soberanía Legislativa nombra en treinta días a la persona que concluya el período constitucional.

No sabemos si seremos convocados por el INE para que en marzo del 2022 participemos en el proceso de revocación de mandato del Presidente López Obrador. Y de ser convocados, tampoco sabemos si ganaría el “sí” o el “no”. Lo único que podemos estar de acuerdo, por ahora, es que, sorprendentemente, el Presidente promotor de la reforma constitucional jamás tuvo en mente un escenario tan adverso como el que actualmente vivimos, y tampoco imaginó que la movilización para el proceso de revocación de mandato ya no dependa de él y su partido, sino de lo que queda de los partidos de oposición en México.

Referencias bibliográficas.

INTERNATIONAL IDEA. (2008). Directo Democracy. The International IDEA Handbook. Estocolmo: International IDEA.

KORNBLITH, Miriam. (2017). “Revocatoria de mandato”. En Diccionario Electoral. Costa Rica: IIDH, TEPJF, Serie Elecciones y Democracia, t. II, 984-94.

SEGOB. (2019). DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato. DOF viernes 20 de diciembre.

YELP, Yanina. (2014). “De venenos y fármacos. La regulación y prácticas de la revocatoria del mandato en Suiza y las Américas”. En YELP, Yanina y SERDÜLT, Uwe, La dosis hace el veneno. Análisi de la revocatoria del mandato en América Latina, Estados Unidos y Suiza. Quito: Consejo Nacional Electoral, Instituto de la Democracia, 247-66.

Pandemia económica

by Carlos Escamilla
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Alcanzados los dos millones de contagiados a nivel mundial, los servicios de salud a nivel mundial se ven rebasados por el desafío que supone contener la fuerza de la pandemia. Aquellos que se decían estar más preparados entierran a sus cuerpos en fosas comunes de la misma forma que aquellos que menos tienen.

Sin afán de ser más optimista de la cuenta, considero congruente pensar que la pandemia terminará y que llegará el día en que podremos retomar nuestras actividades, salir a las calles y continuar con nuestras vidas, lo que no significa bajo ninguna base que “volveremos a la normalidad”. Los pronósticos hechos para dentro de los próximos meses y años tendrán que ajustarse y, desafortunadamente, los primeros en hacerlo son los de materia económica.

El BID da a conocer que para América Latina, la crisis supondrá una contracción de hasta un 5.5% del PIB en 2020, algo de dimensiones históricas y perfectamente comparable con eventos como la Gran Depresión. Ecuador (dolarizado) y México son los que aumentan el promedio (contracción por encima del 6% en ambos casos), seguidos de Argentina (con su propia crisis a nivel interno desde hace años) y Brasil (economía más grande de Latinoamérica).

Llamada “la región más desigual del mundo”, América Latina debe prestar especial atención a su propio futuro económico, pues los efectos post-crisis no tendrán precedente. Si bien la Gran Recesión tuvo un impacto global, los estragos de ésta se concentraron en los países desarrollados (Estados Unidos y Europa) y en menor medida en nuestra región. Inclusive en algunos casos se vivió sin efectos tangibles. A diferencia de entonces, las consecuencias económicas de la actual pandemia sí tendrán injerencia directa en nuestros países, pues la poca infraestructura y la debilidad institucional están siendo puestas a prueba y el escenario no es el más alentador.

La crisis sanitaria está consumiendo al continente y, detrás de los esfuerzos de los gobiernos, se está creando una bola de nieve. En Panamá, donde no existe una banca central, la única salida de la crisis consiste en endeudamiento. El gobierno ha tenido que pedir préstamos al FMI, BID, Banco Mundial y otros organismos internacionales, además de utilizar en casi un 80% sus reservas de ahorros para hacer frente a la crisis y ni siquiera han alcanzado el pico de contagios. Otro importante caso es el de El Salvador donde, a pesar de que comunicativamente Bukele transmite confianza y seguridad con su firmeza y las famosas medidas sociales, es el primero del mundo que podría recibir un préstamo de $400 millones de le los $50,000 millones ofertados por el FMI como “préstamos de emergencia”.

Hay que recordar que ya hace unos meses en Ecuador y Argentina se vivieron intensas protestas por el mal manejo de las administraciones en turno para ajustar sus líneas de crédito con el FMI. En el caso argentino, los compromisos contraídos estaban calculados para ser pagaderos de aquí a los próximos cien años. Colombia recientemente anunció que renovará su línea de crédito de 11,000 millones de dólares y el gobierno de Duque, que también se enfrentó a movilizaciones en la llamada “Primavera Latinoamericana”, poco a poco cava su propia tumba.

Si las administraciones no tienen el rigor suficiente para organizarse y hacer eficientes tanto los recursos con los que cuentan como los adicionales que están solicitando, el estrés de la población por vivir en cuarentena seguramente será el peor de los males de aquí a los siguientes años.

Confirman primer muerte por COVID-19 en Nuevo León

by Redacción
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El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O, informó sobre la primera defunción en la entidad por COVID-19.

En rueda de prensa, De la O señaló que se trata de un hombre de 77 años que padecía tabaquismo crónico y sobrepeso.

El paciente tenía antecedentes de viaje a Madrid y desde l 1 de abril estaba hospitalizado en la Clínica 6 del IMSS, en San Nicolás, a donde ingresó con síntomas de coronavirus.

El funcionario también reportó el fallecimiento de otro hombre, de 66 años, procedente de Monclova, donde hubo un brote de COVID-19 en una clínica del IMSS. Detalló que el fallecimiento fue por una infección en la válvula del corazón, pero que el caso era sospechoso de coronavirus y que hasta anoche estaba pendiente el resultado de su prueba.

Por otro lado, indicó que por el protocolo funerario estipulado para pacientes que fallecen por este virus, se prohibe la relación del cuerpo y se procede a la cremación.

“Los pacientes que fallecen por esta enfermedad tienen que ser colocados en una bolsa de aislamiento, de plástico sellada. El personal de Semefo que va a recogerlo tiene que llevar equipo de protección especial”.

El titular de Saludo dijo que no se debe de bajar la guardia, que esto apenas empieza y que se debe de ver escenario que ha tenido España, que ha tenido Italia y Ecuador.

El uso indebido de los recursos públicos, un problema de la región

by Recursos Transparentes
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Campaña #RecursosTransparentes

Aquello que es considerado como un recurso público no varía demasiado de país en país y, generalmente, es entendido como todo aquel patrimonio que permite al Estado funcionar.

Al tratarse de acervo común, sería esperable que los funcionarios públicos efectuaran rendiciones de cuentas periódicas sobre el uso de dichos recursos y que esta información sea accesible a la ciudadanía.




Sin embargo, esto se da en raras ocasiones llevando a un desconocimiento total de cómo son usados los recursos públicos por los gobernantes.

De la misma manera, la ciudadanía, al encontrarse con poca información y casos recurrentes de corrupción, pierde el interés de involucrarse en la vida democrática. Este panorama es típico de las democracias latinoamericanas donde predomina un debilitamiento de la línea que separa el interés personal o partidario del interés público, tanto entre funcionarios como para la sociedad.

Estas son prácticas que afectan a toda la comunidad, vulneran derechos, debilitan a las instituciones y limitan la vida democrática. Y este debilitamiento se expresa claramente, en la extensión de diversas modalidades de uso indebido de recursos públicos.

Estos modos van, desde un funcionario que se apropia de algún recurso público para enriquecerse a sí mismo o a su partido político, pasando por la utilización de recursos públicos de manera irresponsable, irregular o sin justificación, hasta un funcionario que, si bien dirige el uso de los recursos públicos para la prosecución de fines públicos, en la comunicación de estos actos toma fuertes connotaciones partidistas. Cuando esto sucede se altera la competencia electoral, se violan las leyes, se incurre en hechos de corrupción y se atenta contra la ética pública.

Por esto, afirmamos que el uso del patrimonio del Estado para fines contrarios a los públicos debe ser desnaturalizado, denunciado y sancionado.

Para que esto sea posible, la ciudadanía debe tomar conciencia del problema, involucrarse, exigir la erradicación de estos comportamientos y demandar el funcionamiento íntegro y ético de las instituciones democráticas.

Es por este motivo que desde diversas organizaciones de la sociedad civil latinoamericana se ha decidido lanzar la campaña “Recursos Transparentes”, que tiene por objeto sensibilizar a la ciudadanía para que pueda reconocer y denunciar estos usos indebidos de recursos públicos pero, además, que pueda involucrarse cada día un poco más en el control de las instituciones democráticas. Aquí puede consultarse el video de la campaña.




La presente iniciativa se está llevando a cabo en Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela a través de Poder Ciudadano, Fundación Construir, Fundación Ciudadanía y Desarrollo y Transparencia Venezuela.

Para leer más sobre la iniciativa “Recursos Transparentes” puede consultarse aquí el documento de posicionamiento.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

El Standing Rock mexicano

by Laura Cantú Garza
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Hace dos semanas, los indígenas de la reserva de Standing Rock en Dakota del Norte, Estados Unidos, obtuvieron una victoria histórica. La construcción de una pipa de petróleo que atravesaría cementerios de la tribu Sioux, y que pasaría por debajo del río Missouri – su principal fuente de agua – fue detenida gracias a una gran movilización en contra.

La principal preocupación era que esta construcción presentaba un riesgo de derrame que podía comprometer el agua del río; además de que la constructora no contaba con la aprobación de las tribus, violando tratados históricos. Los miedos expuestos por los protestantes fueron avalados casi inmediatamente; el lunes pasado hubo un derrame a tan solo 150 millas de Standing Rock. Oficiales estatales estiman que más de 176,000 galones de crudo se derramaron de la pipa Belle Fourche en el arroyo de Ash Coulee, también en Dakota del Norte [1].

La protesta de Standing Rock fue apoyada por varias tribus, las cuales unieron fuerzas, bloqueando el paso de las máquinas con un campamento que resistió las nevadas y las intimidaciones por parte de fuerzas armadas. Además de contar con las voces de políticos como Jill Stein y Bernie Sanders, su situación también se dio a conocer gracias a algunas estrellas de Hollywood, como Shailene Woodley, Susan Sarandon y Mark Ruffalo. En las últimas semanas, también influyó el apoyo de los veteranos.

Lo más interesante es cómo su lucha resonó con pueblos indígenas alrededor del mundo; la experiencia de la explotación atraviesa fronteras. Se pronunciaron en solidaridad, por ejemplo, la Nación de Nishnawbe Aski, de Canadá [2]; la Nación Sápara [3] y la comunidad Siekopai [4], de Ecuador; e incluso recibieron apoyo por parte de los Maori, quienes compartieron videos haciendo el haka en su nombre, un baile de guerra tradicional [5].

En México, la explotación de los pueblos indígenas no es novedad. Es curioso cómo  los mexicanos somos los primeros en descalificar al pueblo estadounidense por Donald Trump, cuando en México jamás se ha logrado una movilización a favor de los derechos de los indígenas de la talla de Standing Rock, y que además haya logrado su cometido de una manera pacífica.

Y vaya que, hoy por hoy, tenemos razones suficientes para solidarizarnos con nuestros pueblos indígenas. Quiero mencionar dos conflictos similares al de Standing Rock que actualmente se están viviendo en nuestro país. El primero es en Loma de Bácum, Sinaloa, en donde una parte del pueblo Yaqui protesta en contra de la construcción de un gasoducto para la CFE; la oposición se debe a falta de permisos, y por temor a las consecuencias ambientales y posibles accidentes [6].

Esta semana, la abogada de la tribu Yaqui, María Anabela Carlón Flores, y su marido, fueron secuestrados. Aunque la abogada ya fue liberada, su esposo sigue privado de la libertad bajo la amenaza de que se dejen “de chingaderas.” Y esta es tan solo la más reciente en una cadena de amenazas y tácticas de intimidación que se han llevado a cabo en contra de los demandantes [7].

El segundo caso es en Valladolid, Yucatán, en donde comuneros protestan en contra de la venta de la parcelación de tierras en Punta Laguna y de la construcción de un gran desarrollo turístico, que invadiría la reserva natural de Otoch Ma’ax Yetel Kooh [8]. Área protegida que alberga especies como el jaguar, el mono araña y varios tipos de aves [9].

El grupo Indignación, que busca defender los derechos humanos en la Península de Yucatán, reportó que dos de estos opositores, Guadalupe Cahum Uc y Elías Cahum Cahum, fueron secuestrados y torturados la semana pasada por quienes apoyan la venta. Las víctimas afirman que Rafael Acosta Solís, ex subprocurador de Justicia de Yucatán, es uno de los principales interesados en este negocio [10].

La desaparición, secuestro y tortura de activistas se ha vuelto común en nuestro país. La periodista Dawn Paley afirma en su libro Drug War Capitalism (El Capitalismo Narco), que el ambiente hostil generado por la guerra contra las drogas, ha ayudado a disimular estos actos de intimidación, y hasta asesinatos, – ya sea por parte de corporaciones, funcionarios públicos u otras partes interesadas –, como producto de enfrentamientos entre cárteles. La violencia generalizada también desincentiva la movilización de las masas a favor de alguna causa [11].

Es importante poder mirar hacia Standing Rock y ver en ellos un ejemplo a seguir, sin la soberbia de quien empequeñece los logros que Estados Unidos ha tenido en materia de la lucha por la igualdad. Aunque hay mucho camino que recorrer, por algún lugar se debe empezar; y podemos hacerlo informándonos sobre los principales problemas que aquejan a nuestros pueblos indígenas.

Conocer las problemáticas es el primer paso para poder exigir justicia a las autoridades; hacerles ver que éstos no son temas que se pueden esconder debajo de la alfombra – que no son irrelevantes para el resto de los mexicanos. Es nuestra responsabilidad empezar a mover al mundo en una dirección diferente, pero así como los derechos que tenemos hoy nos demuestran, estos cambios no se dan si no se alza la voz.

[1] Daniel A. Medina, “Dakota Protesters Say Belle Fourche Oil Spill ‘Validates Struggle’,” NBC News, 13 de diciembre del 2016, http://www.nbcnews.com/storyline/dakota-pipeline-protests/it-validates-our-struggle-dakota-access-protesters-nearby-oil-spill-n695191.

[2] “NAN Answers Call to Action, Supports Pipeline Protest,” Nishnawbe Aski Nation, 30 de agosto del 2016, http://www.nan.on.ca/article/-11325.asp.

[3] Christian Cangiano, “Leader of Sapara Nation brings awareness to oil drilling in Ecuador,” The Statesman, 27 de noviembre del 2016, http://www.sbstatesman.com/2016/11/27/leader-of-sapara-nation-brings-awareness-to-oil-drilling-in-ecuador/.

[4] teleSUR English, “Ecuadorian Indigenous Leader Joins Dakota Pipeline Protests,” YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=xxXhs5-Pq54.

[5] Te Hamua Nikora, “HAKA WITH STANDING ROCK!!!” Facebook, https://www.facebook.com/groups/1102073623245751/.

[6] AP, “Protesta por gasoducto en México deja un muerto,” El Economista, 22 de octubre del 2016, http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/10/22/protesta-gasoducto-mexico-deja-muerto.

[7] Sugeyry Romina Gándara, “Comando secuestra a la abogada de los yaquis y a su esposo; a ella la liberan y él está desaparecido,” Sin Embargo, 14 de diciembre del 2016, http://www.sinembargo.mx/14-12-2016/3125549.

[8] Sergio Caballero, “Protestan comuneros por venta de reserva natural en Yucatán,” Proceso, 4 de octubre del 2015, http://www.proceso.com.mx/417241/protestan-comuneros-por-parcelacion-de-reserva-natural-en-yucatan.

[9] Luis A. Boffil Gómez, “Secuestran y torturan a dos indígenas mayas en Yucatán,” La Jornada, 10 de diciembre del 2016, http://www.jornada.unam.mx/2016/12/10/estados/028n1est.

[10] Ibid.

[11] Dawn Paley, Drug War Capitalism, (AK Press, 2014).

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

El Fracaso de la Izquierda: Latinoamérica

by Roberto Molina
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Durante la década de los 90´s el mundo se encontraba dividido por dos grandes bloques que se repartían y pugnaban la hegemonía política: el Capitalismo y el Comunismo, pero la disolución de grandes potencias comunistas como lo fue la URSS arrinconó la ideología socialista-comunista, y apartada de los reflectores políticos, se mantuvo ausente, casi inexistente, creyéndose finiquitada.

Por el otro lado una vertiente del capitalismo, que data sus inicios en los 80´s, propuso una formula distinta al sistema político como solución a sociedades modernas y cambiantes que la nueva revolución tecnológica transformó a finales del siglo, logrando posicionarse en cada rincón del mundo occidental con marcada tendencia económica, social y política: el Neoliberalismo.

Y cuando el mundo convergía hacia una nueva y prospera época de bienestar el sistema económico colapso a finales del siglo XX, dejando expuesto las debilidades de esta corriente económica, forjando inconformidad social y cuestionamiento de la eficiencia del Neoliberalismo en Latinoamérica, alentando un cambio en el panorama político que enmendara las fallas que el capitalismo había dejado a su paso.

La llamada izquierda política, el Socialismo, resistió el avasallante crecimiento del Neoliberalismo Latinoamericano hasta su colapso sistémico con las crisis de sus principales exponentes –México 1994; Brasil 1999; Argentina 2001/2002– propiciando una revolución sociopolítica que intento alejarse de los efectos negativos del Neoliberalismo y cómo un efecto dominó, la izquierda se esparció por toda América Latina, con tal rapidez dentro del periodo de una década, similar a una epidemia ideológica propagándose por toda la región, la llamada Marea Roja o en palabras del periodista Larry Rohter –New York Times-, una Marea Rosa, al no verse influenciada con tendencias extremistas del Comunismo y acercarse más a un sistema Social-Demócrata, es decir, un Socialismo más light.




Un movimiento sociopolítico, nombrado por algunos expertos como el Socialismo del Siglo XXI, aunado a una serie de eventos que marcaron el inicio del período izquierdista, dieron cabida a la constitución de la Izquierda como la principal fuerza política hegemónica de toda la región, y como reacción en cadena, el fantasma del Socialismo –en palabras de Karl Marx– se propagó a lo largo del continente, Hugo Chávez en Venezuela (1999), Ricardo Lagos en Chile (2000), Lula da Silva en Brasil (2003), Néstor Kirchner en Argentina (2003), Tabaré Vázquez en Uruguay (2005), Evo Morales en Bolivia (2006), Rafael Correa en Ecuador (2007), Fernando Lugo en Paraguay (2008) y Ollanta Humala en Perú (2011).

Toda Latinoamérica se repartió entre partidos de ideas marxistas o similares. Creando un conglomerado geopolítico, sin precedentes, fortificando y estrechando las relaciones comerciales, económicas y políticas entre los países latinos.

El auge izquierdista de Latinoamérica se vio acompañado de un amplio crecimiento económico y un gran desarrollo social en todos los países que alinearon su postura a la tendencia política, pero este apogeo debe su razón de ser a dos factores: 1) la alta demanda del mercado mundial de materias primas, petróleo principalmente, y al 2) fracaso sistémico del Capitalismo.

Y así como su rápida propagación, el final de la izquierda llegó velozmente, la caída de los petroprecios y los abundantes casos de corrupción, liquidaron el desarrollo de los países y crearon en las sociedades un hartazgo social con individuos apolíticos y antisistémicos, cansados de una economía fallida y gobiernos de ideologías carentes.

Concluyendo que el crecimiento económico que los países alcanzaron durante la primera década del siglo XXI, no se debe a que los gobiernos latinoamericanos hayan adaptado una postura populista, sino que el crecimiento mismo creo las condiciones ideales para el aumento de regímenes con dicha personalidad, similar a una moda, con la finalidad de integrarse a la ola de beneficios que la tendencia produjo.

Por lo que el decremento económico de toda la zona y los fuertes golpes que ha sufrido la izquierda en los últimos años: la muerte de sus principales defensores, Chávez y Castro, la perdida de la hegemonía política de la zona, reelecciones frustradas (AMLO, México 2006/2012), crisis económicas (Hipotecaria 2008), casos de corrupción (Lula da Silva/Dilma Rousseff, Brasil; Cristina Fernandez de Kirchner, Argentina), han sido los parteaguas del desplome de la marea ideológica.




Dejando a su paso concluida una etapa de fugaz beneficio y un sinfín de interrogantes e inquietudes del futuro que le espera a esta región, de potencial mal aprovechado y esclavizado por las grandes potencias que, de algún modo, se favorecen manteniendo a Latinoamérica en limitado desarrollo.

En la actualidad, el cambio de postura, el fracaso de la izquierda, ha quedado muy claro, la mayoría de los países que hace no más de diez años poseían gobierno populistas (Imagen) han puesto en la mira distintos horizontes políticos dejando atrás posturas ideológicas de carácter populista y centrando sus políticas públicas en tendencia más conservadoras, intentando aminorar los efectos negativos que el fantasma izquierdista causó.

Y exponiendo ante el mundo entero, que una vez más, un gobierno con personalidad socialista, carece de lo necesario para posicionarse como una potencia mundial por tiempo indefinido.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Congreso CEEAD de Educación Jurídica 2016

by Samuel Ramírez Mejía
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¿Cómo dejar de tener esperanza en la consolidación del Estado de Derecho en México y en América Latina cuando hay tantas personas e instituciones interesadas por la enseñanza y el aprendizaje del derecho?

La semana pasada, el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho (CEEAD) llevó a cabo en Monterrey el Congreso de Educación Jurídica 2016. En él participaron el CIDE, la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el ITAM, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Coahuila, la UANL, la UDEM, la IBERO Ciudad de México, la Universidad Metropolitana de Monterrey y la U-ERRE.

La sola reunión de Instituciones Educativas públicas y privadas en un ambiente colaborativo es de por sí un triunfo del equipo que lidera Luis Fernando Pérez Hurtado. Un aspecto positivo más del Congreso fue la participación de profesoras y profesores de Derecho de todo el país, así como de países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos de América y Francia. La organización y los formatos para el trabajo en equipo resultaron también muy bien pensados y óptimamente ejecutados.

La semana pasada, el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho (CEEAD) llevó a cabo en Monterrey el Congreso de Educación Jurídica 2016.

No obstante, lo fundamental resultaron las temáticas expuestas y discutidas durante los cuatro días que duró el Congreso. Las áreas temáticas fueron tan importantes como modelos e innovaciones curriculares para la licenciatura, desarrollo de competencias docentes, el impacto de la tecnología en la educación jurídica, así como ética jurídica y responsabilidad profesional. Si bien todas las mesas y foros dejaron una huella esperanzadora en las personas que participamos en el Congreso, es la ética jurídica y la responsabilidad profesional el tema que mejor cristaliza, creo, la función de las escuelas de Derecho, de sus docentes y, sobre todo, de los abogados y las abogadas que se forman en ellas.

A riesgo de simplificar, intento sintetizar la teoría del profesor argentino Martin Böhmer (UBA/UDESA):

Los abogados y las abogadas cumplen una función política en el sistema de justicia de los Estados Constitucionales Democráticos de Derecho. Esto es así, porque son eslabón indispensable para llegar a los esquemas de impartición de justicia y, en ese sentido, su preparación técnica y su estructura ética hace posible que se conviertan en traductores e igualadores. Traducen para sus clientes sus derechos y posibilidades de triunfo, pero también traducen para los juzgadores las pretensiones de las partes. Para representar y defender correcta y éticamente a sus clientes, abogadas y abogados deben ser iguales entre sí. Todo lo cual permite que jueces y juezas tomen la mejor decisión posible, bajo los argumentos más razonables.

Los abogados y las abogadas cumplen una función política en el sistema de justicia de los Estados Constitucionales Democráticos de Derecho. Esto es así, porque son eslabón indispensable para llegar a los esquemas de impartición de justicia y, en ese sentido, su preparación técnica y su estructura ética hace posible que se conviertan en traductores e igualadores.

Como puede apreciarse, esta función no solamente requiere entrenamiento técnico, sino también estructura ética y responsabilidad profesional. En este sentido, las escuelas de Derecho, independientemente de su mercado y de su tamaño, deben contribuir a la formación de juristas con preparación, pero conscientes de su papel en una democracia constitucional.

El riesgo de no asumir individual y colectivamente estas responsabilidades es la deslegitimación de la justicia, la desconfianza y, en el extremo, la “justicia” por propia mano. En México sabemos de esto. En efecto, en nivel de confianza, los jueces mexicanos están reprobados (ENCUP 2012); además, entre 1988 y 2014 ha habido en nuestro país 366 linchamientos (http://www.elcotidianoenlinea.com.mx/pdf/18706.pdf).

En resumen, la abogacía no es una profesión liberal. Tiene una función esencial en las Democracias Constitucionales. Por tanto, las escuelas de Derecho cuentan también con una responsabilidad mayúscula: Hacer posible un entrenamiento técnico igual para todo estudiante de Derecho, independientemente del poder económico o político, y corresponsabilizarse del comportamiento ético y profesional de sus egresados, a fin de que puedan ser fieles traductores e igualadores de sus clientes, es decir, para que en verdad sean agentes democráticos de pacificación social.

Esto, y muchos temás más, discutimos y aprendimos en el Congreso CEEAD de Educación Jurídica 2016.

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¿Qué pasa con nuestros medios?

by Carlos Escamilla
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Leyendo las portadas de algunos diarios y procurando buscar objetividad en algunos de los comentarios que se publican en las páginas de Internet de los portales noticiosos, no es posible evitar sentirse contrariado sobre lo que realmente los medios hoy en día nos quieren comunicar. Claramente no todas las noticias están diseñadas para todo el público (aunque debería), pero lo que sí es digno de darse cuenta es que cada vez más la ficción y la realidad poco a poco se comienzan a sumar.

Sin desprestigiar la calidad de los noticieros locales –que creo que no es la primera vez que la gente se da cuenta de que es paupérrima–, me parece realmente válido establecer que en nuestro país no hay una forma adecuada de informar a los ciudadanos, pues la constante mezcla entre los contenidos de ficción y las notas importantes provoca que aquello que debería de tener importancia, desafortunadamente ya no la tiene.

A juicio de un servidor, lo que sucede es que no existe un legítimo interés por la información y las cadenas lo saben. Hoy, e insisto, la idea de capitalismo salvaje –donde lo único que importa es ‘vender la nota’– se ha convertido en el modus operandi de las agencias de noticias.

Retomando un poco el argumento de la película de Birdman, una de las ideas más poderosas que encuentro en el filme es justo en la escena cuando el protagonista sale por las calles en ropa interior y de inmediato todo mundo le reconoce, le piden fotos y hasta videos aparecen en las redes sociales. Además de esta escena, la conversación de nuestro protagonista con su hija acerca de la importancia del Twitter le da todavía más un toque de significancia al argumento: hoy, la diferencia entre lo que es importante y no está dividido por una línea muy delgada. Y lo mismo sucede con las noticias y los artículos periodísticos.

Por ejemplo, y sin afán de demeritar, me parece poco congruente que en el portal web del periódico El Norte aparezca mucho más arriba una nota sobre un desfile literario en el municipio de San Pedro que la nota donde se habla acerca del costo que tendrán los daños ocasionados por el reciente terremoto en Ecuador de 7.8 grados en escala de Richter. O que el diario ‘El País’ anteponga informar sobre que Trump dijo “7-Eleven” en lugar de “9-11” sobre las inundaciones que están costando mucho dinero y han generado tanto caos en Texas.

¿Qué es lo que pasa? A juicio de un servidor, lo que sucede es que no existe un legítimo interés por la información y las cadenas lo saben. Hoy, e insisto, la idea de capitalismo salvaje –donde lo único que importa es ‘vender la nota’– se ha convertido en el modus operandi de las agencias de noticias. Hoy, el chicharroneo, el amarillismo, el sensacionalismo, y la polémica barata son formas en las que los medios buscan llamar nuestra atención y desafortunadamente lo logran.

…me parece realmente válido establecer que en nuestro país no hay una forma adecuada de informar a los ciudadanos, pues la constante mezcla entre los contenidos de ficción y las notas importantes provoca que aquello que debería de tener importancia, desafortunadamente ya no la tiene.

¿Por qué, por ejemplo, no nos enteramos de las actividades que estuvo realizando la presidenta surcoreana en nuestro país y nos rasgamos las vestiduras cuando oímos acerca del caso de KIA Motors en nuestra ciudad? La respuesta: porque no es vendido como sensación. ¿Y por qué no es así? Porque no existe un análisis pertinente de las problemáticas y no se despierta el interés ni ante lo evidente.

Me gustaría saber, por ejemplo, qué es lo que ha sucedido con los apoyos que se habían proyectado para que TVNL se convirtiera en una cadena competitiva para la televisión local; o me encantaría saber cuáles son los planes que se tienen para que poco a poco vaya desapareciendo la telebasura en los televisores regiomontanos. Ojo, no estoy en contra del entretenimiento ni mucho menos, pero sí es importante hacer la distinción entre lo que debe llevar seriedad y lo que puede ser menos rígido.

Si tan sólo El Deforma publicara más notas de ‘Increíble pero Cierto’, estoy seguro de que coexistir con tantas problemáticas que tiene el mundo sería mucho más llevadero. Como diría Galileo: ‘…y sin embargo, se mueve”.

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