La semana pasada, fue aprobado por la Cámara de Diputados, con 305 votos a favor y 151 votos en contra, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021. Desgraciadamente, pese a que hubo una infinidad de reservas por parte de los opositores a la bancada de Morena y sus aliados, estas no fueron atendidas. Dando como resultado, una vez más, otro fracaso en cuanto al establecimiento del diálogo y la pluralidad de ideas dentro de la Cámara. Fue así, como se decidió que el gasto a ejercer este 2021 por parte de la Federación sería de 6 billones 295 mil 736 millones de pesos. Dentro de los aspectos más trascendentes a contemplar que surgieron de esta decisión, se encuentra una reducción presupuestal evidente a los estados y municipios y un aumento característico a los programas de carácter asistencialista que hemos venido viendo a lo largo de esta nueva gestión de la administración pública federal. 

Cómo bien se había proyectado con antelación, el recorte presupuestal a estados y municipios ronda los 182 mil millones de pesos. Cabe destacar, que esta cifra es menor al gasto federalizado que se tuvo por aprobado en términos de participaciones en el presupuesto correspondiente al año en curso. A pesar de que hubieron múltiples oportunidades de dialogar por parte de la alianza federalista hacia el gobierno federal, estas fueron rechazadas en innumerables ocasiones. Resultando así, exactamente lo previsto: una Cámara que lejos de actuar con autonomía actuó por una mayoría no representativa, este es un peligro evidente del cual muchos críticos estaban conscientes desde que la Cámara de Diputados quedó conformada prácticamente sin contrapesos. La única respuesta que se tuvo por parte de gobierno federal, fue que esta era una de las tantas estrategias de austeridad y que garantizarían una mejor distribución de recursos. Sin embargo, esta afirmación no descarta las repercusiones que se darán a manos de este recorte. Creer que la austeridad soluciona la corrupción y redistribuir los recursos de forma dudosa, a través de la centralización de los mismos, hace a muchos cuestionar su procedencia y por ende su transparencia. 

La 4T no es ajena y mucho menos inmune a la corrupción. Ya se ha tenido conocimiento de grandes escándalos en materia de corrupción, provocando incluso el desistimiento de algunos representantes de Secretarías que solían integrar el movimiento morenista. Con estas acciones tan repentinas, poco a poco se defrauda mas al pueblo mexicano y lejos de ser la 4T la representación que muchos deseaban, se está convirtiendo exactamente en lo mismo que pretendía combatir. Creyendo que la reducción en cuanto al presupuesto estatal y municipal es ahorro, esta gestión está dejando entrever que a su percepción el uso de las contribuciones para la atención del ciudadano a través de las instancias que tiene a mayor proximidad, representa un gasto cuando en realidad se trata exactamente de lo contrario: una inversión. Por otra parte, el que estos recursos se remitan a las instituciones de nueva creación y a sus programas de carácter asistencialista no garantiza necesariamente que la calidad de vida de los mexicanos haya mejorado. Si bien es cierto, desde que empezaron a funcionar estos mecanismos no ha habido como tal una rendición de cuentas respecto a los apoyos entregados y sobre todo en cuanto al impacto que han tenido los mismos en la población mexicana. 

Alejar el presupuesto de quienes lo solventan en su carácter de contribuyentes, peso por peso, día a día, es una nueva modalidad de transgredir los derechos de los mismos. Si bien no existe una figura progresista que asemeje la función del salario mínimo vigente aplicable a esta materia, sería óptimo que existiera. Ya que esta podría ubicar y hacer exigible un mínimo en cuanto a la distribución de los rubros que cubre el presupuesto de egresos de la federación. Una figura como tal debiera considerarse a efecto de la distribución que se hace año con año, fijando así metas de progreso y no de retroceso. De esta forma, se tendría un candado que evitaría que estas situaciones se produjeran en un futuro a la llegada de una nueva gestión. Es importante reflexionar que centralizar los recursos jamás será sinónimo de transparencia ni mucho menos un intento de querer ayudar al grueso poblacional, en medio de una pandemia, si no se tiene ni la confianza ni las instituciones suficientes para demostrar a la población, su uso.