Bienvenidos a la nueva Doctrina del Shock

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El Coronavirus ha logrado posicionarse como el generador de paranoias número uno a nivel global. Las compras de pánico, las protestas y ataques al personal médico, no son más que el resultado del miedo a la incertidumbre que hemos respirado estos últimos meses, miedo a no saber que pasará mañana, miedo a salir a comprar comida y e infectarse, y, sobre todo, miedo a infectar a nuestros seres queridos o personas con condiciones que los hagan más vulnerables al virus. 

Mientras la atención de la mayoría está centrada en los noticieros o en la actualización del número de contagios y muertes alrededor del mundo, muchos gobiernos han aprovechado el miedo y la paranoia para tomar medidas o acciones que, en cualquier otro escenario, hubieran resultado imposibles. El término “Doctrina del Shock” fue acuñado por la periodista Naomi Klein(2008), para describir el escenario mediante el cual, los gobiernos eran capaces de implementar políticas que de otra forma serían rechazadas por la ciudadanía. Si bien Klein hacía referencia a políticas económicas en países con modelos de libre mercado, lo cierto es que podemos aplicar perfectamente su teoría al campo de la democracia; en un estado de vulnerabilidad, los sujetos aceptan cuestiones y reformas que de otra forma rechazarían de manera radical.

 Tomemos el ejemplo del gobierno de Nayib Bukele, en El Salvador. Desde el miércoles 11 de marzo, cuando el país centroamericano declaró emergencia nacional por el coronavirus, Bukele ha implementado estrictas medidas de cuarentena, como autorizar a los militares el arrestar y enviar a los “centros de cuarentena” del gobierno a cualquier persona que infrinja las nuevas medidas, decomisar vehículos, e incluso entrar las casas de gente “sospechosa” de contagio.  Aún cuando la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró que dichos arrestos eran inconstitucionales y ordenó la suspensión de estos, Bukele se negó y los soldados permanecieron en las calles. Días después, debido al alza de violencia entre pandillas en el país, Bukele publicó un tweet donde daba autorización a la policía y el ejército para responder como vieran conveniente, y poco después, fueron publicadas por el gobierno algunas fotos de un gran número de miembros de pandillas sin camisa y forzados a sentarse uno encima del otro en prisión, a pesar de los peligros de propagar aún más el virus.  Lo más interesante de todo es que, según las últimas encuestas, la aprobación de Bukele está en el 85%, lo cual corrobora que, ante el miedo y la incertidumbre, cualquier figura que inspire seguridad y algún tipo de liderazgo, será vista con buenos ojos por parte de la ciudadanía, incluso si esta seguridad viene fundamentada desde miedo y el comportamiento autoritario.

De la misma manera, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, emitió un decreto que restringe temporalmente los derechos a la libertad de expresión, apoyando su decisión en la necesidad de combatir la propagación de la desinformación relacionada con el coronavirus. Por otro lado, en Bolivia, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH pidió al gobierno interino de Jeanine Añez retirar el decreto que establece penas de prisión por “desinformar” e “incitar a los crímenes contra la salud”, que, por cierto, tienen base en cargos imprecisos y demasiado amplios.

Y para aquellos que creen que el virus sólo está afectando los gobiernos en América Latina, en Hungría, el 4 de abril, el Parlamento húngaro aprobó una ley que le permite al mandatario Viktor Orbán gobernar con poderes extraordinarios, sin límite temporal y sin control.

Bien dijo el filósofo Jacques Ellul que “la técnica es la frontera de la democracia. Lo que la técnica gana la democracia lo pierde”. Las instituciones gubernamentales deben establecer una línea que separe los cargos técnicos y los políticos, quienes tienen la obligación de rendir cuentas a los primeros. En tiempos donde la incertidumbre es mayor que nunca, las instituciones no democráticas y cuerpos no políticos, como la policía o el ejército, parecen tener más aprobación que nunca por parte de la ciudadanía. Así que, sin más preámbulos, sean todos bienvenidos a la nueva doctrina del shock, cargada de medidas restrictivas, abusos de poder, suspensión de derechos y medias anticonstitucionales. No se sorprendan si pronto pueden ver algún presidente suspendiendo elecciones o alargando mandatos, pues es todo parte del espectáculo. 

Referencias

Naomí Klein. La Doctrina del Shock: el Auge del Capitalismo. Buenos Aires, Paidós Editorial, 2011

Oppman, P. (2020) ¿Salvador o autoritario? El presidente ‘millennial’ de El Salvador desafía a las cortes y al Congreso en la respuesta al coronavirus. https://cnnespanol.cnn.com/2020/05/21/salvador-o-autoritario-el-presidente-millennial-de-el-salvador-desafia-a-las-cortes-y-al-congreso-en-la-respuesta-al-coronavirus/

Wola (2020) Tendencias antidemocráticas y abusos de derechos humanos en la era de COVID-19. https://www.wola.org/es/analisis/tendencias-antidemocraticas-abusos-derechos-humanos-covid-19/

Brabo, A. (2020) Covid-19: ¿Una amenaza también para la democracia? https://www.letraslibres.com/espana-mexico/politica/covid-19-una-amenaza-tambien-la-democracia

Revocación de mandato del Presidente de la República

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“¿Está de acuerdo en la revocación del cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que actualmente desempeña el ciudadano Andrés Manuel López Obrador?” Esta podría ser la pregunta que se nos formule en marzo del 2022 cuando por primera ocasión se ponga en funcionamiento, si acaso, la revocación de mandato del Ejecutivo Federal según el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre del año pasado. Esta colaboración tiene por objeto presentar un breve panorama acerca de la revocación de mandato desde sus contornos normativos, teóricos y de viabilidad.

La definición de la revocación de mandato establecida en la reforma constitucional se encuentra en el artículo tercero transitorio, en el que se indica que para los efectos  de la revocación de mandato se entiende como “el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida de la confianza”. Queda claro que la finalidad de la reforma fue establecer la revocación de mandato sin que se requiera un análisis sobre el cumplimiento o no de los programas de gobierno, ya que se refiere a la “pérdida de la confianza”. El diseño toma como sustento teórico que la revocación de mandato se refiere a un derecho político basado en la soberanía popular, más que en ser un mecanismo de rendición de cuentas entre períodos electorales (Yelp 2014: 253).

La revocación de mandato se encuentra en el artículo 35 constitucional junto a los derechos políticos de votar en las elecciones, de poder ser votada para todos los cargos de elección popular, de asociación libre e individual y de iniciativa popular de leyes. En este sentido, la Constitución de nuestro país se incorpora a otras constituciones latinoamericanas: Artículo 40.4 (Colombia), 2.17 (Perú), 70 (Venezuela), 61.6 (Ecuador) y 11.II.1 (Bolivia).

La revocación de mandato es una manifestación de lo que se denomina como democracia directa. En general, la revocatoria de mandato incluye dos etapas en las que se expresa la participación política de la ciudadanía: Primero, lo que se denomina como la activación, esto es, la solicitud del procedimiento revocatorio que se moviliza con cierto número de firmas de apoyo de las y los ciudadanos electores; y, en segundo término, la consulta al electorado sobre la revocación del mandato de la persona electa hacia la que se dirige el proceso revocatorio (Kornblith 2017: 984).

Por lo que hace a la activación de la revocación del mandato de Presidente de la República, en el artículo 35, fracción IX de la CPEUM se indica que se requiere un 3 por ciento de firmas de personas inscritas en la lista nominal de electores y que, además, las firmas de apoyo estén distribuidas en al menos 17 entidades federativas. En ese sentido, para activar la revocación del mandato de AMLO se requieren aproximadamente 2 millones 700 mil firmas de apoyo, considerando que la lista nominal de electores en el país asciende a 90 millones de electores (https://www.ine.mx/credencial/estadisticas-lista-nominal-padron-electoral/).

¿Se podría alcanzar ese número de firmas entre noviembre y diciembre del 2021 para activar el proceso de revocación de mandato de AMLO? Muy seguramente sí.

Primero, considerando que respecto de la activación de las revocaciones “(…) no es la ciudadanía, sino organizaciones políticas, partidos o líderes políticos los principales promotores”. (Yelp 2014: 260). Tómese en cuenta que, de acuerdo con los resultados de las elecciones presidenciales de 2018, partidos como el PAN y el PRI, por sí solos, podrían movilizar a los 2 millones 700 mil electores que se requieren para iniciar el proceso de revocación de mandato; en efecto, el PAN obtuvo 9 millones 800 mil votos, y el PRI, 7 millones 500 mil sufragios. (https://siceen.ine.mx:3000/#/tablas-resultados). Por ende, individualmente, asociándose entre sí, o incluso atrayendo a la coalición revocatoria a partidos como el PVEM (925 mil votos) o MC (865 mil sufragios), podrían promover la participación de la ciudadanía y recopilar las firmas de apoyo necesarias para la solicitud de revocación de mandato de AMLO. También cuentan con la dispersión en los estados. Sólo por dar un ejemplo, el PAN obtuvo el primer lugar de votos presidenciales en cinco estados del país (Aguascalientes, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas y  Yucatán) y obtuvo el segundo lugar en 10 entidades más; si a ello sumamos 13 estados en donde el PRI fue segundo lugar y aquellos en los que MC (Jalisco) y PVEM (Chiapas) también fueron segundo lugar (https://siceen.ine.mx:3000/#/primeros-tres-lugares), sin duda los partidos políticos de oposición pueden movilizar a sus simpatizantes y obtener las firmas de apoyo necesarias y su dispersión en el país.

En segundo lugar, porque el porcentaje para activar la revocación en México es relativamente bajo, si se compara con el de otros países latinoamericanos que contemplan la revocatoria de mandato para autoridades nacionales. En efecto, en Venezuela se requiere al menos el 20 por ciento del electorado (art. 72 de su Constitución); en el Ecuador, el 15 por ciento (art. 105 de su Constitución); y en Bolivia, el 25 por ciento (art. 26 de su Ley de Régimen Electoral). Es decir, la movilización de 3 por ciento del electorado no parecería de mayor dificultad para los partidos de oposición.

Por otra parte, con relación a la etapa propiamente de la consulta al electorado y el porcentaje que se requiere para la revocación del mandato del Presidente de la República, la reforma constitucional fijó dos requisitos: i) que en la consulta participe al menos el 40 por ciento del electorado; en este rubro se necesitaría una participación de aproximadamente 36 millones de personas electoras; y ii) que por el “sí” se exprese una mayoría absoluta de votos, es decir, la mitad más uno de al menos esos 36 millones potenciales de votos que se requieren para que el proceso de revocación sea válido; en otras palabras, si en la revocatoria de AMLO en marzo del 2022 participara el mismo número de personas que salieron a votar en julio de 2018, 56 millones, serían necesarios más de 28 millones de votos a favor de la revocación de su cargo.

Desde luego que estas cifras son solamente hipotéticas, y se debe subrayar que los resultados electorales de 2018 no pueden trasladarse a un evento futuro de revocación de mandato en 2022, sin embargo, se utilizan solamente como un referente para argumentar la polarización que eventualmente significaría el proceso de revocación del mandato de AMLO. En este sentido, considerando los votos obtenidos por todas las candidaturas de partidos e independientes contrarios a López Obrador en ese año, estamos hablando de, hipotéticamente, 24 millones por el “sí” frente a cerca de 30 millones de votos por el “no” (según los votos obtenidos en 2018 por MORENA y sus aliados PES y PT).

Este ejercicio hipotético refuerza la idea de que los procesos de revocación de mandato, si bien son el ejercicio de derechos políticos de la ciudadanía, también implican una gran polarización que, por un lado, fomenta la confrontación y, por el otro, significa una anomalía en el desempeño de cargos electivos con mandato fijo. (International IDEA 2008: 114). Afortunadamente, la reforma constitucional no creó el incentivo de la promoción indiscriminada de revocatorias, dado que, de obtenerse una mayoría absoluta por el “sí”, esto no implicará la convocatoria a elecciones para designar al reemplazo del Ejecutivo revocado. De ganar el “sí” en una revocación de mandato, la respuesta constitucional es que, inmediatamente, asuma el cargo provisionalmente quien ostente la presidencia del Congreso, en tanto la Soberanía Legislativa nombra en treinta días a la persona que concluya el período constitucional.

No sabemos si seremos convocados por el INE para que en marzo del 2022 participemos en el proceso de revocación de mandato del Presidente López Obrador. Y de ser convocados, tampoco sabemos si ganaría el “sí” o el “no”. Lo único que podemos estar de acuerdo, por ahora, es que, sorprendentemente, el Presidente promotor de la reforma constitucional jamás tuvo en mente un escenario tan adverso como el que actualmente vivimos, y tampoco imaginó que la movilización para el proceso de revocación de mandato ya no dependa de él y su partido, sino de lo que queda de los partidos de oposición en México.

Referencias bibliográficas.

INTERNATIONAL IDEA. (2008). Directo Democracy. The International IDEA Handbook. Estocolmo: International IDEA.

KORNBLITH, Miriam. (2017). “Revocatoria de mandato”. En Diccionario Electoral. Costa Rica: IIDH, TEPJF, Serie Elecciones y Democracia, t. II, 984-94.

SEGOB. (2019). DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato. DOF viernes 20 de diciembre.

YELP, Yanina. (2014). “De venenos y fármacos. La regulación y prácticas de la revocatoria del mandato en Suiza y las Américas”. En YELP, Yanina y SERDÜLT, Uwe, La dosis hace el veneno. Análisi de la revocatoria del mandato en América Latina, Estados Unidos y Suiza. Quito: Consejo Nacional Electoral, Instituto de la Democracia, 247-66.

Detienen a ministro de Salud de Bolivia por compra a sobre precio de respiradores para COVID-19

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El ministro de Salud de Bolivia fue detenido este miércoles por la compra sobrevalorada de respiradores de fabricación española para pacientes con coronavirus, y luego fue destituido por la presidenta Jeanine Áñez, quien enfrenta el mayor escándalo de corrupción de sus seis meses de gobierno.

Marcelo Navajas, el ministro destituido, “se encuentra en calidad de aprehendido en dependencias de la FELCC [Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen] de la ciudad de La Paz”, dijo el comandante de la unidad, coronel Iván Rojas.

El funcionario fue detenido y removido de su cargo un día después de que Áñez ordenara investigar la compra de respiradores en España por “posible corrupción” en medio de una ola de críticas hacia su gobierno.

Otros dos funcionarios sanitarios también fueron detenidos por la policía.

Además, fueron convocados a declarar ante los investigadores bolivianos dos empleados del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financió los casi cinco millones de dólares para la compra de 179 respiradores.

El organismo internacional señaló en un comunicado público que “ve con preocupación las informaciones sobre posibles irregularidades en la adquisición de respiradores realizada por el Ministerio de Salud de Bolivia con recursos de financiamiento del Banco” y anunció que abrió una investigación interna.

El escándalo se destapó el pasado fin de semana con el reclamo de los médicos de cuidados intensivos, que denunciaron que las máquinas no eran adecuadas para las unidades de terapia intensiva de los hospitales bolivianos. Luego surgieron los informes de que se había pagado sobreprecio.

La prensa local indicó que Bolivia había adquirido los equipos de manufactura española a un precio unitario de 27.683 dólares, pero luego se conoció que la empresa los ofrece por entre 9.500 euros y 11.000 euros (10.312 dólares a 11.941 dólares). Otra empresa ibérica ofició de intermediaria.

Áñez precisó este miércoles en su cuenta de la red Twitter que “el contrato investigado por sobreprecio por los respiradores era de 4.773.600 US [dólares]” y que el país alcanzó a desembolsar 2.028.780 dólares, por lo que ordenó que “no se pague un centavo más” por los equipos.

La presidenta derechista dijo además que asumía el “compromiso” de “recuperar el dinero de los bolivianos”.

Áñez “decidió apartar al ministro de Salud” para “evitar cualquier interferencia en el trabajo de la justicia”, señaló la jefa de la cartera de Comunicación, Isabel Fernández, y nombró a la viceministra del sector, Eidy Roca, como interina.

El escándalo se produce en medio de una expansión de la covid-19 que hasta la fecha ha contagiado a cerca de 4.500 personas y provocado unos 190 decesos en Bolivia. La nación sudamericana permanece bajo cuarentena y con sus fronteras cerradas desde el pasado 17 de marzo y hasta fin de este mes.

– Áñez, blanco de críticas –

La mandataria, quien asumió el poder el pasado 12 de noviembre, un día después de la renuncia forazada de Evo Morales (2006-2019) tras una fuerte convulsión social y política por unas polémicas elecciones, se convirtió en blanco de las críticas y enfrenta su mayor crisis política por la compra de los ventiladores.

“Urge explicación seria del gobierno”, señaló el exmandatario centrista y candidato presidencial Carlos Mesa, mientras que el delfín de Morales, el economista Luis Arce, señaló que el gobierno de Bolivia “sigue actuando de manera tardía y negligente”.

Luis Fernando Camacho, candidato de derecha, fue más duro: “El dolor del pueblo no puede ser usado para hacer negociados”.

Áñez también soporta la presión de sindicatos de obreros y campesinos, cercanos a Morales, que exigen aliviar la cuarentena sanitaria, la renuncia de la mandataria y que se fije la fecha de las nuevas elecciones, como máximo para el 2 de agosto.

Previstas inicialmente para el 3 de mayo, las elecciones para reemplazar el gobierno de Áñez han quedado en suspenso por la pandemia.

Desde la semana pasada se registran algunos bloqueos de caminos en las regiones de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Potosí.

Entre tanto, el municipio de Cochabamba abrió una mesa de diálogo con vecinos que impiden el ingreso de basura al botadero local.

El viceministro de Interior, Wilson Santamaría, responsabilizó por las protestas al partido izquierdista de Morales, “para convulsionar el país”, pero la agrupación lo niega.

 

Tunde el Financial Times a López Obrador por respuesta ante el COVID-19

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Una vez más, la prensa internacional criticó fuertemente al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. En esta ocasión, por la manera en que ha enfrentado la crisis sanitaria causada por el coronavirus Covid-19.

A través de su editorial, el prestigioso diario británico Financial Times, comenzó por reconocer que, aunque López Obrador es un mandatario emanado de la izquierda, no ha actuado como otros presidentes populistas de izquierda en América Latina, quienes ” tienen una reputación bien ganada como grandes gastadores” y recordó los casos de Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Dilma Rousseff en Brasil, quienes, dijo, agotaron las arcas del gobierno para perseguir sus sueños políticos y todo terminó en ruina económica o política.

El presidente de México ha sido la excepción a la regla, resaltó la publicación. “Andrés Manuel López Obrador puede haber alarmado a empresas e inversores con sus diatribas contra el neoliberalismo, una búsqueda de grandes proyectos cuestionables y las promesas de una transformación revolucionaria”, destacó.

Pero al menos, señaló, podían asegurarse que es reacio a pedir préstamos y gastar en juergas.

“El consenso de los inversores fue que las políticas de López Obrador significaron una decadencia institucional gradual y un estancamiento económico creciente: una oportunidad perdida, pero no un desastre”, apuntó el editorial.

Sin embargo, destacó el Financial Times, la crisis del coronavirus ahora ha expuesto nuevas y peligrosas debilidades del mandatario mexicano.

“Las respuestas confusas y el comportamiento errático de López Obrador en las primeras semanas de la pandemia sugieren que el país se encamina hacia una crisis mucho peor en el resto de su mandato de seis años, a menos que haya un cambio dramático de rumbo”, alertó la publicación británica especializada en economía y finanzas.

Recordó que durante el mes pasado, el presidente mexicano mostró un trébol de seis hojas que, según él, lo protegerá contra el coronavirus y ha violado reiteradamente los consejos de su propio gobierno (de las autoridades sanitarias) sobre el distanciamiento social.

Además, destacó cuando López Obrador le estrechó la mano a la madre del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien se encuentra preso de por vida en una cárcel de los Estados Unidos.

Pero también, recordó el diario británico, López Obrador instó a los mexicanos a que frecuentaran restaurantes y se abrazaran mucho después de que el resto del mundo se bloqueara, incluso, sugiriendo que el coronavirus “encaja perfectamente” con sus planes para transformar México.

Parte de este comportamiento, particularmente la negación del coronavirus y el debilitamiento de los expertos médicos, se hace eco de sus compañeros populistas en las Américas, Donald Trump y Jair Bolsonaro, aseguró el Financial Times.

Sin embargo, dijo, “López Obrador es único en su clase al negar la necesidad de implementar un gran estímulo fiscal y monetario para rescatar a la economía de la recesión”.

Y es justo por eso que el consenso entre los especialistas es que México estará entre los países más afectados por la pandemia debido a su dependencia de la manufactura, el turismo, las remesas y el petróleo de los Estados Unidos, destacó.

“Si bien Estados Unidos y Brasil han anunciado grandes paquetes de estímulo anticíclico, el líder de México ha descartado préstamos adicionales, exenciones de impuestos o rescates. En cambio, la receta de López Obrador para la economía en crisis de su país es más austeridad, incluida una segunda ronda de recortes salariales para los funcionarios del gobierno”, resaltó el diario europeo.

Pero (el presupuesto) “se ha duplicado en sus costosos proyectos favoritos, incluido el aumento de la producción de crudo y la construcción de una refinería de petróleo de 8,000 millones (de dólares) justo cuando la demanda se está evaporando” y en contraste “se ha relajado sobre la grave escasez de camas de hospital en el país y una tasa de pruebas de coronavirus que se encuentra entre las más bajas de cualquier nación importante”, alertó.

Por otra parte, “el presidente mexicano se resistió al acuerdo de suministro de petróleo de este fin de semana destinado a estabilizar los precios”.

Es por eso que dice el Financial Times “cada vez más voces en la élite de México hablan de una inminente tragedia”. Los líderes empresariales han propuesto un plan alternativo de respuesta a virus.

Y aunque “a veces se puede escuchar la extraña voz disidente dentro de la alianza de gobierno de López Obrador (..) México tiene una presidencia imperial y un presidente imperioso. El tiempo es peligrosamente corto”, enfatizó el rotativo británico.

“Los políticos de todos los partidos, gobernadores estatales y líderes empresariales deben unirse para acordar un programa económico y de salud integral para tratar el coronavirus y presionarlo sobre su presidente. Deben lanzarse desafíos legales contra algunas de sus políticas más cuestionables. La terrible catástrofe humanitaria de Venezuela es una clara advertencia de lo que otros cuatro años y medio de López Obrador podrían hacerle a México”, finalizó el reconocido diario.

(Fuente: InfoBae)

¡Venezuela dice SÍ SÍ y SÍ!

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Miles de venezolanos acudieron el domingo al llamado de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en una consulta popular que buscaba el rechazo del pueblo a la llamada Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que intenta llevar a cabo el presidente estrella, Nicolás Maduro. Dentro de la consulta, se respondían tres preguntas: el rechazo de la constituyente, el cumplimiento de la Fuerza Armada a la Constitución actual y la aprobación de un gobierno de unidad nacional.

Pero, ¿de qué se trata la ANC? Dentro del marco general, se trata de un nuevo Congreso integrado por 500 diputados (de 200 a 250 son elegidos “por la clase obrera”, mientras que el resto se dividirían por un sistema territorial con voto directo y secreto) cuyas funciones será redactar una nueva Carta Magna que reemplazaría a la elaborada por el difunto Hugo Chávez en el año 1999. Cabe recalcar que este método no es nada nuevo para Venezuela; con la llegada de Chávez en el 99 se convocó a una votación (que por supuesto ganó) para redactar una nueva Constitución.

Hasta las 11:00 de la noche del domingo con el 95% de los votos contados, se recababa un aproximado de 7.186.170 votos, de los cuales 6.492.381 fueron dentro del territorio nacional y 693.789 en diversos países del mundo donde la comunidad venezolana es bastante considerable. En México, fueron 33 las ciudades que se prestaron para la consulta popular.

Muchos pensarán que se trata de una cifra mínima en comparación con el descontento que parece tener dentro y fuera del país el mandato Nicolás Maduro, pero hay que tomar en cuenta que en una votación normal organizada con meses de anticipación por el Consejo Nacional Electoral (CNE) se cuenta con más de 14.000 centros de votación en todo el país; mientras que para esta consulta que tomó solo 2 semanas de planeación habrían 2.300 puntos, es decir 7 veces menos mesas de votación.

Es evidente que la violencia no se mantuvo alejada: colectivos armados dispararon contra una sede de consulta en el oeste de Caracas, asesinando a una mujer de 61 años e hiriendo a 4 personas más. La Fiscalía General condenó los hechos y recalcó que se hará una “investigación objetiva” al respecto.

La consulta albergó la necesidad de que observadores internacionales supervisaran los centros de votación e incluso hasta el conteo final de votos; diversas organizaciones internacionales llegaron al país para el acto, pero adicional se recibieron a 5 expresidentes latinoamericanos: Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Andrés Pastrana de Colombia, Jorge Quiroga de Bolivia y Vicente Fox de México. Cabe recalcar que, a la entrada de los exmandatarios al país, se les cobró una “multa” de 1 millón de bolívares a cada uno por llevar “equipo electrónico que no se permitía dentro de las normas aduanales de Venezuela”. Asimismo, el expresidente Fox se vio obligado a salir del país el domingo en la tarde por ser declarado como persona non-grata por el gobierno venezolano por referirse a Maduro como un “dictador”.

Es importante resaltar que toda esta crisis institucional se lleva a cabo bajo un marco de más de 100 días de protesta, desde que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) eliminara de facto las competencia de la Asamblea Nacional (de mayoría opositora); a pesar de que la medida fue retirada por el propio Maduro, las calles siguen llenas de gente descontenta no solo con la perpetuación del presidente estrella en el poder, sino también por la gran inflación, la increíble escasez y la creciente inseguridad que acecha día a día a los venezolanos. Hasta el momento, se cuentan más de 100 muertos en los días de protesta, la mayoría asesinados por armas de fuego, bombas lacrimógenas y objetos contundentes provenientes de las propias Fuerzas Armadas.

Lo cierto es que Venezuela entra en una etapa más de incertidumbre, quedando en expectativa cuál será la respuesta del gobierno ante los resultados, si la ANC se llevará a cabo el 30 de julio como estaba programada y si por primera vez en los 4 años que tiene Maduro en el poder, la opinión del pueblo venezolano será escuchada.

“Vicente Fox es una persona no grata y perversa”; aseguró el gobierno de Nicolás Maduro

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Monterrey (17 de julio de 2017).- Declaran a Vicente Fox expresidente de México como “persona non grata” en Venezuela.

Después de llamar “dicatador” al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, durante su presentación como observador de un plebiscito de la oposición el pasado domingo en Caracas.

“El señor Vicente Fox, ha sido declarado persona no grata en nuestra República”, mencionó el canciller de Venezuela, Samuel Moncada, durante un programa de televisión.

Moncada dijo que la orden fue dada por Nicolas Maduro, con esto se le niega la entrada a Vicente Fox al país Venezolano.

Tras finalizar su trabajo en aquel país Vicente Vox salio de Venezuela acompañado de los ex-presidentes Andres Pastrana de Colombia, Jorge Quiroga de Bolivia, Laura Chinchilla y Miguel Angel Rodríguez de Costa Rica.

“Ahora le toca al pueblo de Venezuela dirigir a este gran país, recuperar la economía, recuperar los empleos, recuperar los alimentos y las medicinas. México está con ustedes”, dijo Vicente Fox durante su visita en Venezuela.

El canciller de Venezuela califico a los observadores como “sicarios políticos”, “payasos” y que “se venden al mejor postor para ir a distintos lugares a decir lo que les pidan”.

Los aseguradores académicos designados por la oposición dieron el anuncio de que al menos 7.18 millones de venezolano votaron en la consulta popular.

 

 

 

Venezuela: Semana Santa en la calle

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En días pasados, el presidente estrella Nicolás Maduro tomó la decisión de despojar de sus competencias a la Asamblea Nacional, con mayoría de oposición, por estar en “desacato”, según determinó el máximo líder. El organismo encargado de asumir las competencias de la Asamblea sería el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pero no en su totalidad, pues la mayor parte de las decisiones serían tomadas por el mismo presidente bajo un poder habilitante con facultades penales, militares, económicas, sociales, políticas y civiles. No soy especialista en el tema, pero ante la vista de cualquier ser pensante, esto es un Golpe de Estado indirecto.

Ante tal medida, la oposición venezolana convocó a días enteros de manifestaciones pronunciándose en contra de ésta y el resto de las medidas impuestas por Maduro a lo largo de los años. Y es que la escasez de alimentos y la inseguridad han impactado en toda clase social y a todo habitante de Venezuela. Si se interesan un poco más en el tema, existe un infinito número de vídeos que muestran a la gente haciendo colas de más de 8 horas para comprar un kilo de arroz o buscando comida en las bolsas de basura porque la situación no les permite más.

Como respuesta, brillante como el gobierno, el ejército y la policía bolivariana salió a la calle a “controlar” las protestas y mantener el orden; respuesta que terminó en una fuerte represión con bombas lacrimógenas (incluso lanzadas desde helicópteros), chorros de agua e incluso la muerte de dos jóvenes menores de 25 años por impactos de bala salidas de las pistolas de nuestros “protectores”.

          Foto: @donaldobarros

Lo cierto es que, ante cada nuevo abuso, cada nueva medida dictatorial, cada nueva noticia de represión brutal, los venezolanos llegamos a pensar que ahora sí hay una salida y ahora sí se espera un cambio; la inhabilitación por 15 años de Henrique Capriles y el encarcelamiento de Leopoldo López es sólo una señal más de que el gobierno está encerrado entre el miedo y la desesperación. Y su único consuelo es ir corriendo a pedir ayuda al grupo de países vendidos que llaman ALBA.

No dejen de ver a Venezuela como un ejemplo donde las democracias pueden enfermarse gravemente de corrupción y malos gobiernos y donde puede que la manifestación y represión del pueblo sea el único medio para demostrar la inestabilidad que sufre un país.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

 

 

 

El uso indebido de los recursos públicos, un problema de la región

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Campaña #RecursosTransparentes

Aquello que es considerado como un recurso público no varía demasiado de país en país y, generalmente, es entendido como todo aquel patrimonio que permite al Estado funcionar.

Al tratarse de acervo común, sería esperable que los funcionarios públicos efectuaran rendiciones de cuentas periódicas sobre el uso de dichos recursos y que esta información sea accesible a la ciudadanía.




Sin embargo, esto se da en raras ocasiones llevando a un desconocimiento total de cómo son usados los recursos públicos por los gobernantes.

De la misma manera, la ciudadanía, al encontrarse con poca información y casos recurrentes de corrupción, pierde el interés de involucrarse en la vida democrática. Este panorama es típico de las democracias latinoamericanas donde predomina un debilitamiento de la línea que separa el interés personal o partidario del interés público, tanto entre funcionarios como para la sociedad.

Estas son prácticas que afectan a toda la comunidad, vulneran derechos, debilitan a las instituciones y limitan la vida democrática. Y este debilitamiento se expresa claramente, en la extensión de diversas modalidades de uso indebido de recursos públicos.

Estos modos van, desde un funcionario que se apropia de algún recurso público para enriquecerse a sí mismo o a su partido político, pasando por la utilización de recursos públicos de manera irresponsable, irregular o sin justificación, hasta un funcionario que, si bien dirige el uso de los recursos públicos para la prosecución de fines públicos, en la comunicación de estos actos toma fuertes connotaciones partidistas. Cuando esto sucede se altera la competencia electoral, se violan las leyes, se incurre en hechos de corrupción y se atenta contra la ética pública.

Por esto, afirmamos que el uso del patrimonio del Estado para fines contrarios a los públicos debe ser desnaturalizado, denunciado y sancionado.

Para que esto sea posible, la ciudadanía debe tomar conciencia del problema, involucrarse, exigir la erradicación de estos comportamientos y demandar el funcionamiento íntegro y ético de las instituciones democráticas.

Es por este motivo que desde diversas organizaciones de la sociedad civil latinoamericana se ha decidido lanzar la campaña “Recursos Transparentes”, que tiene por objeto sensibilizar a la ciudadanía para que pueda reconocer y denunciar estos usos indebidos de recursos públicos pero, además, que pueda involucrarse cada día un poco más en el control de las instituciones democráticas. Aquí puede consultarse el video de la campaña.




La presente iniciativa se está llevando a cabo en Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela a través de Poder Ciudadano, Fundación Construir, Fundación Ciudadanía y Desarrollo y Transparencia Venezuela.

Para leer más sobre la iniciativa “Recursos Transparentes” puede consultarse aquí el documento de posicionamiento.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

El Fracaso de la Izquierda: Latinoamérica

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Durante la década de los 90´s el mundo se encontraba dividido por dos grandes bloques que se repartían y pugnaban la hegemonía política: el Capitalismo y el Comunismo, pero la disolución de grandes potencias comunistas como lo fue la URSS arrinconó la ideología socialista-comunista, y apartada de los reflectores políticos, se mantuvo ausente, casi inexistente, creyéndose finiquitada.

Por el otro lado una vertiente del capitalismo, que data sus inicios en los 80´s, propuso una formula distinta al sistema político como solución a sociedades modernas y cambiantes que la nueva revolución tecnológica transformó a finales del siglo, logrando posicionarse en cada rincón del mundo occidental con marcada tendencia económica, social y política: el Neoliberalismo.

Y cuando el mundo convergía hacia una nueva y prospera época de bienestar el sistema económico colapso a finales del siglo XX, dejando expuesto las debilidades de esta corriente económica, forjando inconformidad social y cuestionamiento de la eficiencia del Neoliberalismo en Latinoamérica, alentando un cambio en el panorama político que enmendara las fallas que el capitalismo había dejado a su paso.

La llamada izquierda política, el Socialismo, resistió el avasallante crecimiento del Neoliberalismo Latinoamericano hasta su colapso sistémico con las crisis de sus principales exponentes –México 1994; Brasil 1999; Argentina 2001/2002– propiciando una revolución sociopolítica que intento alejarse de los efectos negativos del Neoliberalismo y cómo un efecto dominó, la izquierda se esparció por toda América Latina, con tal rapidez dentro del periodo de una década, similar a una epidemia ideológica propagándose por toda la región, la llamada Marea Roja o en palabras del periodista Larry RohterNew York Times-, una Marea Rosa, al no verse influenciada con tendencias extremistas del Comunismo y acercarse más a un sistema Social-Demócrata, es decir, un Socialismo más light.




Un movimiento sociopolítico, nombrado por algunos expertos como el Socialismo del Siglo XXI, aunado a una serie de eventos que marcaron el inicio del período izquierdista, dieron cabida a la constitución de la Izquierda como la principal fuerza política hegemónica de toda la región, y como reacción en cadena, el fantasma del Socialismo –en palabras de Karl Marx– se propagó a lo largo del continente, Hugo Chávez en Venezuela (1999), Ricardo Lagos en Chile (2000), Lula da Silva en Brasil (2003), Néstor Kirchner en Argentina (2003), Tabaré Vázquez en Uruguay (2005), Evo Morales en Bolivia (2006), Rafael Correa en Ecuador (2007), Fernando Lugo en Paraguay (2008) y Ollanta Humala en Perú (2011).

Toda Latinoamérica se repartió entre partidos de ideas marxistas o similares. Creando un conglomerado geopolítico, sin precedentes, fortificando y estrechando las relaciones comerciales, económicas y políticas entre los países latinos.

El auge izquierdista de Latinoamérica se vio acompañado de un amplio crecimiento económico y un gran desarrollo social en todos los países que alinearon su postura a la tendencia política, pero este apogeo debe su razón de ser a dos factores: 1) la alta demanda del mercado mundial de materias primas, petróleo principalmente, y al 2) fracaso sistémico del Capitalismo.

Y así como su rápida propagación, el final de la izquierda llegó velozmente, la caída de los petroprecios y los abundantes casos de corrupción, liquidaron el desarrollo de los países y crearon en las sociedades un hartazgo social con individuos apolíticos y antisistémicos, cansados de una economía fallida y gobiernos de ideologías carentes.

Concluyendo que el crecimiento económico que los países alcanzaron durante la primera década del siglo XXI, no se debe a que los gobiernos latinoamericanos hayan adaptado una postura populista, sino que el crecimiento mismo creo las condiciones ideales para el aumento de regímenes con dicha personalidad, similar a una moda, con la finalidad de integrarse a la ola de beneficios que la tendencia produjo.

Por lo que el decremento económico de toda la zona y los fuertes golpes que ha sufrido la izquierda en los últimos años: la muerte de sus principales defensores, Chávez y Castro, la perdida de la hegemonía política de la zona, reelecciones frustradas (AMLO, México 2006/2012), crisis económicas (Hipotecaria 2008), casos de corrupción (Lula da Silva/Dilma Rousseff, Brasil; Cristina Fernandez de Kirchner, Argentina), han sido los parteaguas del desplome de la marea ideológica.




Dejando a su paso concluida una etapa de fugaz beneficio y un sinfín de interrogantes e inquietudes del futuro que le espera a esta región, de potencial mal aprovechado y esclavizado por las grandes potencias que, de algún modo, se favorecen manteniendo a Latinoamérica en limitado desarrollo.

En la actualidad, el cambio de postura, el fracaso de la izquierda, ha quedado muy claro, la mayoría de los países que hace no más de diez años poseían gobierno populistas (Imagen) han puesto en la mira distintos horizontes políticos dejando atrás posturas ideológicas de carácter populista y centrando sus políticas públicas en tendencia más conservadoras, intentando aminorar los efectos negativos que el fantasma izquierdista causó.

Y exponiendo ante el mundo entero, que una vez más, un gobierno con personalidad socialista, carece de lo necesario para posicionarse como una potencia mundial por tiempo indefinido.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Fidel. Primera Parte

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América Latina ha recibido una noticia que cambiará el panorama político e histórico de la región. Murió Fidel Castro.

Después de una extensa discusión con conocedores del tema y cubanos dentro y fuera de Cuba, me remito a hacer un análisis en tres partes del hecho. Asimismo, ofrezco una explicación del texto que se escribió en esta columna hace meses en el cumpleaños 90 de Fidel que me han pedido gente cercana.

Primero que nada, lo que representa Fidel Castro para la región es el último gran liderazgo del siglo XX, un liderazgo que trasciende desde la Guerra Fría y que sin duda alguna ha influenciado a otros países de América Latina en tomar una agenda de izquierda.

En esta primera parte, hay que centrarnos en la persona. La primera pregunta es: ¿Fue o no fue un dictador y creador de un sistema totalitario?

Desde cualquier punto de vista, la Revolución trajo un sistema totalitario y controlador. Sin embargo, cuando leo comentarios de escritores de derecha e izquierda parten de un supuesto progresista de que todos los gobiernos tienen exigencias similares y aunque esto en parte es cierto comúnmente se olvida que Cuba tenía un régimen comunista basado en los ideales Marxista-Leninistas de la Unión Soviética.

Los gobiernos comunistas son totalitarios. Eso es una realidad innegable. Otro tema sería discutir la efectividad o no del sistema, pero la Revolución Cubana a diferencia de todas las revoluciones sociales del siglo XX impuso otro modelo económico y político. No fue un canto de “No reelección” como Madero, no fue un movimiento reivindicador como el Sandinismo en Nicaragua. Y aunque no fue como la Revolución Rusa que derrocó a un rey, sí cambió el modelo de país totalmente.

 




Por eso, cuando me comparan como “dictadores” a Gaddafi o a Hussein, me parece que cada uno tiene un contexto diferente. Zoe Williams de “The Guardian” sostiene que en el terreno de los dictadores no se pueden jerarquizar uno a otro. Yo difiero porque no todos tienen los mismos objetivos, los mismos ideales ni los mismos apoyos tanto internos como externos.

Segunda pregunta: ¿Fue un líder justo o no? Justo, es un término tan ambigúo y tan difícil de definir que yo preguntaría más por la congruencia y en efecto Fidel fue congruente. Hay que analizar a Fidel en su obra, sin caer en sesgos políticos ni en revisionismos falaces.

Querer juzgar a la Revolución Cubana con una mirada de 2016 es tanto como la otra falacia de que todos los inmigrantes ingleses que llegaron a colonizar la América del Norte son ciudadanos ilegales cuando el país ni siquiera existía.

 




La Revolución Cubana trajo al poder a Fidel y los ciudadanos cubanos fueron parte de este movimiento. De la funcionalidad del modelo y de las críticas voy a hablar más adelante, pero indudablemente, Fidel Castro cumplió en su gran mayoría las promesas de la Revolución Cubana y aunque en efecto, manejó un régimen totalitario no constituye en consecuencia a una dictadura como tal, por el esquema político y por la coyuntura histórica del país.

La muerte de Fidel es un golpe moral a la izquierda latinoamericana que pierde un líder de opinión y referente. Un líder que me parece muy incomprendido porque acusar a Fidel de la creación de Chávez, de Evo en Bolivia u Ortega en Nicaragua es perderse en una nube oscura de malentendidos y tropicalizaciones mal ejecutadas.

Castro, como persona, fue congruente con sus ideales que obviamente chocaron con cientos de miles a nivel mundial pero que la historia juzgará poco a poco cada uno de sus logros y errores a lo largo de su gestión. Negar la relevancia de Castro a nivel mundial, es negar la historia, es negar la realidad y negar a la Revolución Cubana en su contexto dice poco de su entendimiento para explicar eventos y alcances de su detonación.

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