La Taquería

MORENA: Unidad. No solamente derechos de antigüedad.

by Luis Carlos Torre Garza
Comparte este artículo:

Como es público, el 17 de agosto del actual, Alfonso Ramírez Cuellar en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA (CEN), presentó un escrito dirigido a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente SUP-JDC-1573/2019, solicitando:

1. Se conceda una prórroga de hasta noventa días, posteriores a que se terminen los cómputos distritales del proceso electoral federal 2020-2021, para renovar la Presidencia y Secretaría General de MORENA y;

2. Que en consecuencia, se autorizara que la integración actual del CEN siguiera en funciones hasta el cumplimiento correspondiente.

A lo anterior, recayó la sentencia incidental del 20 de agosto de 2020, que esencialmente declaró infundada la petición y concluyó que la renovación de la Presidencia y Secretaría General de MORENA se llevaría por encuesta abierta a militantes y quienes se auto adscriban como simpatizantes.

Situación, que generó esencialmente dos posturas dentro del partido, por un lado quienes celebran la resolución y por el otro, aquellos que la consideran un atentado a los estatutos y a la vida interna del partido.

Por mi parte, estimo que el fallo pronunciado por el Tribunal Electoral resulta sumamente atinado.

Lo anterior, básicamente por tres razones, a saber: 

Primero.- Por que contrario al argumento tramposo de quienes afirman que el Tribunal Electoral paso por alto los estatutos de MORENA, lo cierto es que la medida era necesaria, pues hoy, no se conoce con claridad y certeza el número de militantes del partido, porque mientras la autoridad electoral tiene registro de 278,332 militantes con corte al 31 de enero de 2020, el padrón que manifiesta el partido asciende a 3,072,000 de militantes con corte al 24 de marzo de 2020, del cual no se han conocido los mecanismos a través de los cuales se integró.

Así, pretender que la elección fuera únicamente para militantes, implicaría cerrar la participación a un conjunto de personas cuyo número no esta definido de manera cierta y confiable.

Por lo cual, considero que el Tribunal Electoral atinadamente concluyó, que únicamente con el método de encuesta abierta se garantizaría que todas las personas que militan o simpatizan con el partido puedan ejercer su derecho a elegir.

Segundo.- Por que más allá de la situación extraordinaria en la que se encontraba el partido, la decisión del Tribunal Electoral, representa un gran avance en nuestra democracia, no sólo de MORENA, sino en todo el País, pues prácticamente se abre la puerta para que la ciudadanía pueda escoger a los órganos de dirección de quienes ostentan el monopolio de las candidaturas a puestos de elección popular.

Tercero.- Por que en todo Estado de Derecho (como lo es el nuestro), el cumplimiento de las sentencias de autoridades jurisdiccionales resulta de orden público, por lo que su acatamiento no puede ser aplazado o condicionado.

Pensarlo de otra manera, sería contrario a nuestra Constitución y al derecho humano de seguridad jurídica.

Por lo anterior, es que considero atinada la resolución del Tribunal Electoral.

Finalmente, si MORENA quiere ser competitivo en los procesos electorales venideros, es imperativo atender el fallo del Tribunal y priorizar la unidad, más allá de los “derechos” que a conveniencia y arteramente reclaman quienes pierden de vista que si queremos un mejor País necesitamos servidores públicos con capacidad, no solamente antigüedad.

La carrera por el 2021

by Carlos Escamilla
Comparte este artículo:

La línea de arranque está definida. El INE anunció que el 7 de septiembre comienza de manera oficial el periodo de precampañas y los partidos ya están listos para la competencia. El botín: quince gubernaturas (con sus respectivas alcaldías y diputaciones locales) y los 500 curules de la Cámara de Diputados.

Al igual que en 2018, la pregunta no es si Morena ganará o no la elección, sino cómo y qué de lo que está en juego. Aunque es temprano para tener certezas, todo indica que los morenistas se van a servir con la cuchara grande el año que viene. Hay ya quienes se aventuran a afirmar que los de Andrés Manuel se llevarán todas las gubernaturas y que es un hecho se refrendará la mayoría en la Cámara de Diputados, pero no todo está ganado.

La cercanía con la 4T y la imagen del presidente no son necesariamente garantía de triunfo en 2021. Es verdad que los de Morena parece ser que tienen el camino ablandado gracias a AMLO, pero hay que recordar que en el terreno de lo local hay muchas otras variables que definen la opinión pública.

Uno de los casos más emblemáticos es Nuevo León. Aunque en las presidenciales la mayoría votó por Andrés Manuel, Ricardo Anaya se quedó muy cerca de pintar el estado de azul, por lo que la cercanía que la candidata (porque ya sabemos que será una mujer) tenga o no con el presidente será muy importante para el resultado.

Algo similar podría ocurrir en Baja California, pues el desgaste que sufrió la marca Morena gracias a la controvertida “Ley Bonilla” muy seguramente cobrará renta. Hay que recordar que el presidente muy hábilmente se deslindó del caso al delegar toda la responsabilidad a la directiva local y que envió a Olga Sánchez Cordero a recibir los golpes.

Las elecciones 2021, las más grandes (y posiblemente las más caras) de la historia del país, no pueden pensarse sólo en términos de aprobación o no a Andrés Manuel. Mientras la oposición siga atacando la imagen del mandatario, poco podrá hacer para frenar la avanzada morenista en el territorio nacional. Sí, desde Palacio Nacional se buscará influir en la campaña, pero finalmente la decisión será pensada en clave local, y para ello, habrá que pensar en local: gestión y candidaturas cercanas a la gente.

¿Y cómo van lograr eso? Porque se viene una intensa campaña digital. Redes sociales, medios digitales, videoconferencias, cadenas de mensajes; los candidatos tendrán que llegar a nuestras casas y el canal más directo que tienen para hacerlo es a través de nuestros teléfonos. Si el COVID no dispone otra cosa, la clave pasará por dominar el espacio digital. Atrás quedaron los grandes actos de campaña, los mítines y la típica foto del candidato subido en una tarima, hablándole a la gente y esperando los aplausos.

Sí, desde Palacio Nacional habrá influencia en la campaña, pero que no se nos olvide que la decisión final la tomamos nosotros. ¿Quiénes estarán más preparados? Muy pronto lo sabremos. Será cuestión de abrir Instagram para darnos cuenta.

Hablemos de áreas verdes para Monterrey

by José de Jesús Galindo
Comparte este artículo:

En la entrega pasada, discutimos la abierta y franca privatización del Parque Fundidora. Eso nos lleva a otra discusión, ¿Son suficiente los parques? Haciendo una investigación sobre -las escasas- fuentes de información al respecto, encontré en 2011, los municipios del área metropolitana promedian en su conjunto cinco y medio metros cuadrados de área verde por habitante.

En una investigación de la UANL para el gobierno de Monterrey presentaban 3 puntos importantes, primero; hay zonas con vegetación (inaccesibles para las personas) y áreas verdes (que cumplen un rol de pulmón urbano y de libre acceso a las personas); segundo, diferenciar que no todas las áreas verdes son de acceso para todas las personas, es decir, separar a los recintos privados y tercero, la distribución de las mismas, por ej. la zona del sur de Monterrey tiene más espacios verdes, entre otras cosas, por su nivel socioeconómico y los cerros que rodean esa zona.

En este texto, quiero hacerles notar bajo un ejemplo sencillo que ilustre de la crisis de áreas verdes públicas en el Área Metropolitana de Monterrey. Tomando Google Maps como referencia, tracé polígonos de entre 30-40 km2 en las colonias más representativas de cada zona de la ciudad y como pueden observar, hay notables diferencias.

Aproximación de polígonos poblacionales de la ZMM

Fuente: Google Maps

Sin detenernos tanto en el detalle (lo haré en otras entregas), se observa con Google Maps, la carencia de parques y áreas verde en los polígonos de Escobedo y Apodaca, en una convivencia con parques industriales y todo tipo de maquiladoras, los ciudadanos de estos municipios no tienen espacios suficientes de esparcimiento, pero sí, zonas libres con vegetación o desmontadas (grandes huecos sin trazo de calles), algunas ya listas para su potencial desarrollo. 

San Nicolás es un ejemplo de áreas verdes en descenso, la privatización de espacios a finales de los 90s y el que fue el primer municipio rodeado en 100% de su superficie por la ciudad, encareció el precio de la tierra. Lo que antes fueron terrenos baldíos, ahora son plazas comerciales, lo que reduce futuras nuevas plazas. Las Arboledas de Las Puentes son un ejemplo modelo de lo poco que hay en la ciudad y debe replicarse.

Guadalupe tiene un fenómeno interesante, es el segundo municipio más poblado y a su vez uno de los que más parques públicos tiene. Sin embargo, estos fueron creados hace más de 20 años y la explosión demográfica no ha sido contenida con nuevos espacios, especialmente hacia Juárez.

Juárez, así como otros municipios que no incluí, por tema de espacio, como Salinas Victoria o Zuazua, es el caso perfecto de la nula planeación y privatización salvaje del espacio. Con numerosos huecos de terrenos baldíos, convive con resabios de la ruralidad de hace 35 años y una urbanidad mal entendida donde se entregó el espacio a las desarrolladoras a hacer casas de interés social, pequeñas, alejadas de centros de trabajo y escuelas, y claro, sin áreas verdes. La “tierra de los tamales” solo cuenta con 1 gran parque público, “Charco Azul”, poco difundido y lejano en las faldas del Cerro de la Silla.

En mi aproximación, al municipio de Monterrey le di los 4 polígonos desde La Alianza hasta el Parque Esfera con 4 realidades distintas. En el norte, la zona del Topo Chico, sumida en la pobreza y la marginación carece de espacios públicos, enfrente tiene a la zona de clase media de Cumbres que cada día depreda más las áreas verdes. El ecocidio que se ve todos los días en Paseo de los Leones hacía García es escandaloso, una mancha urbana que no se detiene y que curiosamente no tiene un solo tipo de transporte público en la zona. El ejemplo más nefasto lo verá en las mañanas o tardes, la gente trotando sobre el asfalto en Paseo de los Leones después de Puerta de Hierro, ni banquetas hay para desplazarse, que se ven en el riesgo de invadir la vialidad. 

En el polígono de abajo, se contrasta Valle Verde versus la zona de San Jerónimo y Cumbres, curiosamente, zonas de clase media alta.

El tercer polígono cubre el Centro y alrededores. Fuera del Parque Fundidora, la Macroplaza, la Alameda y demás plazas que datan del siglo XIX, la zona vive un intenso momento de gentrificación, parques de mala calidad y mal trato en las zonas de Mitras, la colonia Moderna y las colonias marginadas antiguamente industriales de la Avenida Colón.

El cuarto polígono tiene la convivencia de la Colonia Independencia y las clases medias y medias altas del sur de Monterrey. Los contrastes son brutales, los hermosos parques de Contry, la colonia Primavera y el Tec de Monterrey frente a la marginación “pintada de colores” de la Independencia, Sierra Ventana, etc. En esta zona observamos numerosas plazas privadas y de acceso restringido.

Finalmente, los polígonos de Santa Catarina y San Pedro, el contraste está lleno de ironías que nos hablan del desarrollo urbano de Monterrey. Santa Catarina, zona de clase media y media baja, proletaria, sumamente contaminada por las pedreras, químicas, eléctricas y otras maquilas, tiene en el Cerro de las Mitras, dinamitado y mal cuidado. Frente a ellos, está San Pedro, la zona con más áreas verdes, haciendo zoom en el polígono, la Calzada del Valle, del Rosario y San Pedro se hacen notar. Si bien, en la parte norte de San Pedro, gran parte de los espacios son públicos, son de difícil acceso para el ciudadano promedio, ya sea por la lejanía y por la inaccesibilidad. Yo le invito a contrastar los parques de la Colonia del Valle o de Contry frente a cualquiera de la zona poniente, oriente o norte de la ciudad.

Los parques privados empiezan desde San Agustín hasta Chipinque, ahí, las clases altas de la ciudad tienen sus espacios, su Club Campestre, sus espacios de golf, mantenidos con sus recursos y operados por ellos.

Esta cuarentena nos recordó que tener un espacio adecuado para salir a correr o ejercitarse es un privilegio de pocos, donde municipios han entregado sus espacios a la privatización o creen que los espacios están “desaprovechados” y han olvidado la importancia de proveer áreas verdes. Por un tema de derechos y de salud, es injusto e insostenible, que nuestros ciudadanos de la ZMM tengan inaccesibilidad y mala calidad de parques y arboledas y que los mejores sólo estén reservados en zonas de alto nivel socioeconómico. Más y mejores espacios verdes para todas y todos.

Lo dicho, dicho está.

#Kleroterion: “AMLO, el presidente más atacado”

by Waldo Fernández
Comparte este artículo:

Mucha razón tiene Andrés Manuel López Obrador cuando dice que es el Presidente más atacado de la historia. 

No es sólo que hoy en día con las redes sociales cualquier persona puede expresarse y ser escuchada, incluso por el mismo Presidente, como nunca antes.

No se trata sólo de ese nuevo contexto… Hay que admitir que el Presidente está siendo atacado con particular saña por opinólogos y columnistas. 

Pero ¿sabe qué? Este ímpetu en contra de AMLO les viene desde mucho antes.

En el 2006, cuando el tabasqueño acusó que el FOBAPROA fue un negocio para unos cuantos, claro ejemplo del capitalismo de cuates, en donde bancos privados fueron rescatados con dinero público. 

Vaya, para ser más claro, que el rescate de un negocio privado quebrado se pagó con impuestos de todos los mexicanos.

Cuando López Obrador señaló eso, el resultado fue una campaña en su contra acusándolo de ser “un peligro para México”. 

Campaña que, como no podía ser de otra forma, fue suscrita y alimentada por los opinólogos y columnistas que hoy están tan enojados.

La conclusión de aquella elección fue que el verdadero peligro para México lo representó Felipe Calderón que sumió al país es un capítulo de inseguridad que costó más de 250 mil muertes y que todavía hoy no podemos cerrar.  

Luego en el 2012 cuando López Obrador que PRI y PAN eran lo mismo el resultado fue un proceso electoral desvirtuado por encuestas de todo tipo que generaron la percepción de que la elección de Peña Nieto era un trámite.

Pero ¡oh sorpresa! La conclusión en esta ocasión fue que encuestas que llegaron a dar 25 puntos de ventaja se redujeron a porcentajes cerrados y muy competitivos… En cualquier caso el golpe estaba dado.

Finalmente en el 2018 López Obrador señaló que el Pacto por México fue un Pacto contra México, que la reforma energética fue una operación concertada para vender  una empresa del estado a particulares como ya lo habían hecho PRI y PAN antes…

En esta ocasión el resultado fue un triunfo avasallador…  En palabras del mismo López Obrador “el pueblo había despertado”

Las heridas infringidas por ese triunfo del Presidente y el desmantelamiento del viejo sistema, que todavía continua, ha trastocado muchos intereses.

Quienes han sido afectados hoy tacha al Presidente de comunista e impulsan un movimiento de tinte golpista con la intención de derrocarlo. 

Son capaces de lo que sea y ahí tienen a sus opinólogos y columnistas para secundarlos.

Saca tus propias conclusiones ¿vas a permitir que te sigan lavando el cerebro los opinólogos y columnistas? ¿O vas a ver permitirte ver con objetividad y sin fobias la realidad de las cosas en el país?

Nuestro peor enemigo

by Javier Scheiman Flores
Comparte este artículo:

Muchas veces escuchamos a quienes son mayores que nosotros, decirnos la ya repetitiva frase: “Ustedes, los jóvenes, son el futuro de México.” No podrían estar más equivocados. La realidad es que somos el presente, pero no actuamos como tal. Según datos del INEGI, en México se estima que hay 30.6 millones de jóvenes, equivalente al 25.7% de la población total. A los jóvenes se les cataloga como personas de 15 a 29 años de edad, lo que quiere decir que en un rango de 14 años se agrupa una cuarta parte de la población mexicana. Suficientes para ser el presente y no el futuro, ¿no?

Como generación nos enfrentamos a problemas muy serios, incluyendo a nuestro gran enemigo, la apatía.

El primer problema al que nos enfrentamos es la poca representación en la toma de decisiones. En los gobiernos, en los altos mandos de las compañías, a los jóvenes nos hacen a un lado o nos asignan posiciones de relleno, sin oportunidad de ser quienes decidamos el rumbo de nuestras sociedades. 

En el caso particular de México, me parece terrible que nuestros Recursos Naturales estén administrados por un señor de 75 años. El Fiscal General de la República tiene 80 años. La Secretaria de Gobernación tiene 73 años. No estoy diciendo que en esos cargos a nivel federal deben estar personas de 22 años, pero sí digo que se necesita juventud, acompañada de ideas frescas, para transformar nuestro presente y moldear nuestro futuro. Urge que deje de gobernar la generación de nuestros abuelos. Ellos no se preocuparán por el México que viviremos en 2030. 

Los jóvenes y los adultos jóvenes podemos ser los agentes que modifiquen el rumbo que lleva este país. La edad es el factor importante. 

La izquierda de los jóvenes no piensa igual que la izquierda de los adultos mayores, así como la derecha de los jóvenes piensa diferente a los adultos mayores de derecha. En nuestra democracia hay espacio para todas las expresiones e ideologías, pero sí tenemos que buscar que estas ideologías vengan frescas, renovadas, y no mantengan los métodos o modelos de los setentas y ochentas. Somos nosotros los que entendemos al mundo actual y trabajamos para moldear el mundo futuro.

Ahora, a este problema ya expuesto se anexa otro aún más grande: la apatía. Nuestro peor enemigo. Dentro de los espacios de toma de decisiones, faltan jóvenes en parte también porque los jóvenes no se interesan. Todas y todos nos hemos encontrado con gente que no muestra motivación alguna por trascender o transformar a su comunidad. Piensan que es imposible, o que todos los que se involucran son gente que se vuelve mala. 

La apatía es ese enemigo silencioso que hay que combatir con resultados, con ímpetu, con hambre de cambio. Que las ganas de mejorar sean contagiosas, y se pueda llegar a todas y todos. Lo más importante es dar el primer paso, y decidir contribuir en vez de sentarse con los brazos cruzados. Cada joven no está obligada/o a abanderar y defender todas las causas, pero si cada joven lucha por una causa, como generación estaremos luchando por todas. 

Seamos ese grupo que se preocupa por lo que nadie se preocupó antes. Seamos ese grupo que levanta la voz por quien se quedó callado por años. Seamos ese grupo que decida tomar en sus manos las riendas de nuestros caminos, antes de que sea demasiado tarde para nosotros y los que vengan después. Aún estamos a tiempo, sólo tenemos que contagiar esa motivación.

Son las redes, no los individuos: Caso Lozoya y el combate a la corrupción

by Rene Ramírez
Comparte este artículo:

En el 2008 con la llamada “Guerra Contra el Narco”, la cual es un ejemplo obligado de la falta absoluta de evidencia científica en una estrategia pública, y simplemente estuvo centrada en capturar (o intentar) a grandes capos del crimen organizado, sin embargo, esto tuvo como resultado una fragmentación de las células criminales, lo que generó mayor violencia debido a la confrontación por el control de plazas entre diversos grupos del crimen organizado, diversificación de delitos violentos y nuevas formas para evitar ser controlados. ¿Cuál fue una de las grandes lecciones de esa tragedia? En primer término, que un fenómeno tan complejo como es la violencia (y la corrupción) no puede ser combatido con estrategias reactivas que reducen el problemas a simples afirmaciones, sino que toda política púbica debe atender las causas y aristas que perpetúan su crecimiento o proliferación. En segundo término, una estrategia contra el crimen organizado y la violencia tiene que ser integral. 

Las organizaciones criminales sobreviven y crecen gracias a los flujos de recursos financieros, políticos y empresariales que generan, mismos que crean grandes redes, tanto nacionales como internacionales, en los cuales convergen diversos tipos de delitos. A lo anterior se le denomina “redes de macrocriminalidad”,  y estas tienen diversos elementos como “la cantidad de sujetos que cometen el delito, cantidad de víctimas, diversidad de móviles, multiplicidad de conductas punibles que generan una cadena de delitos y extensión territorial de los delitos cometidos, que pueden traspasar dos o más entidades federativas en un Estado, o dos más Estados” (Vázquez V. Luis Daniel, 2019, p. 56). Y en esto radica un punto central: no se puede pensar que eliminando a las cabezas se termina este tipo de problemas, y todos los esfuerzos deben estar centrados en la eliminación de las redes de macrocriminalidad que son el principal andamiaje, tanto de la violencia por el crimen organizado cómo de la corrupción. El caso Lozoya nos deja ver una alta probabilidad de cometer el mismo error que en el 2008. 

La corrupción ha sido, y aún es, uno de los grandes problemas de nuestro país. Esto no es nada nuevo, y han pasado diversas administraciones y promesas y reformas y detenciones, pero la corrupción continúa en índices alarmantes, escándalos públicos y ciudadanía secuestrada bajo un fenómeno complejo y sumamente arraigado en las instituciones de nuestro país. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción, México se encuentra en la posición 138 de 180 países evaluados y el Índice de Capacidad de Combate a la Corrupción 2019, nos sitúa en el lugar 6 de 8 países evaluados en America Latina. Esto nos deja ver, a grandes rasgos, la dimensión de este fenómeno que tiene diversos factores de origen. La organización Transparencia Internacional define corrupción como “el abuso del poder público para beneficio privado”, y esto es importante porque las estrategias y políticas públicas deben atender sus orígenes y fines. 

La corrupción en México persiste debido a que no sólo se trata de funcionarios corruptos sino de redes complejas que han permitido y protegen a este tipo de funcionarios. El caso de Emilio Lozoya puede ser una oportunidad para desmantelar este tipo de redes, ya que desde el inicio de esta administración, todo indicaba con la detención de Rosario Robles, por la triangulación de recursos públicos en universidades para la contratación de empresas inexistentes (fantasmas), que López Obrador estaba cometiendo el mismo error de no entender lo que sus antecesores nunca entendieron (o no quisieron entender). 

Lozoya puede ser una herramienta importante para establecer nuevas formas de investigación y litigación de casos de corrupción; como bien escribió Edgardo Buscaglia en su libro Vacíos del Poder en México que un “catalizador para que un tsunami de causas ligadas a la corrupción político-administrativa empiece a fluir a través de procesamientos judiciales en México es una ley o programa especializado de protección de testigos y denunciantes para casos de corrupción (2015, p. 119). Esto sería ideal para aquellos que están dentro de estas redes que debido a la influencia de estos poderes fácticos puedan denunciar y ayudar a construir casos que las autoridades pueden llevar ante la justicia. Sin embargo, esto no es todo. 

Es imperativo combatir estes redes proceder a desmantelarlas, pero es igual de fundamental que una vez detectadas las formas de operación ilícita, se proceda a reformas o reformulaciones institucionales para evitar que vuelvan a suceder. Si bien ahora contamos con una política nacional anticorrupción, esta debe estar orientada en esta evidencia. Así como es importante perseguir los delitos en materia de corrupción que se comenten, desmandarlas las redes y generar mecanismos para la prevención, es muy importante incluir en la discusión a la impunidad, la cual genera un ciclo de repetición de conductas ilegales. Es equívoco combatir la corrupción sin combatir de igual manera la impunidad. Tenemos que reconocer la existencia de “redes macrocriminales que usualmente operar desde el interior de instituciones públicas y privadas de varios Estados” (Salcedo-Albarán y Garay-Salamnaca, 2016, p. 175) y este caso en cuestión puede convertirse en el punto de inflexión para tener una verdadera estrategia de combate a la corrupción. Ahora la carga se encuentra en la Fiscalía General de la República y es una prueba de la cual estaremos atentos. Ahora o nunca entendemos que estamos ante una oportunidad o el mismo error de siempre. 

The Great Lockdown

by Luis Cisneros Nuñez
Comparte este artículo:

The Great Lockdown también conocido como la “crisis del coronavirus”. Atender esta crisis no ha sido fácil para todo el mundo, cada día somos testigos del  aumento en el número de casos, contagios, defunciones y desempleados. 

Estamos a punto de enfrentar la mayor de las crisis económicas incluso peor que la crisis de 1929. A lo largo de los años se ha hablado sobre el posible fin del capitalismo, dicha teoría ha sido publicada por Marx y Schumpeter. Dentro de estos cinco meses de cuarentena hemos sido testigos de cómo las empresas menos eficientes han sido forzosamente a cerrar o declararse en bancarrota. Crisis tras crisis tras crisis ayudan a la generación de nuevas tecnologías no solo para la producción sino que también para vivir en una nueva normalidad. Esta etapa dentro de la  economía llamada “crisis” es una destrucción creativa. La innovación es clave y mucho más dentro de nuestra economía,  las empresas que invierten en innovación durante una crisis ofrecen mejores rendimientos empresariales. 

Nuestros dirigentes deben de tomar un plan de austeridad dentro de la política económica lo cual sería reducir el gasto público, también conocido como “recortes al presupuesto”. El gobierno de Andres Manuel López Obrador ha promovido fuertemente  una austeridad económica, sin embargo nunca hemos visto una reducción si no que solo reasignaciones. Dentro de nuestro gobierno debe de existir un endeudamiento bajo control lo cual generaría una confianza dentro de la inversión privada y de cierta forma nos daría una tasa de interés mucho más baja para el momento que se tome la decisión de endeudarnos. Otra ventaja sobre tener controlado el endeudamiento sería que no existiría un aumento en los impuestos dentro del corto plazo (menos de un año) lo cual ayudaría al gobierno a tener un mayor ingreso tributario. 

Al día de hoy se han perdido más de 1.1 millones de empleos en México según datos del IMSS. El #SemáforoEconómico está en rojo el cual apunta una cifra de -925,490 empleos formales. La pérdida que más nos debería de doler como mexicanos no es la de empleos si no que la del grado de inversión, cuesta pensar que el inversionista optara por otro país antes que nosotros. Sin inversión extranjera o nacional no habrá crecimiento. La economía del vecino no se ha visto muy beneficiada lo cual afectaría a las predicciones de nuestro presidente sobre el T-MEC y una recuperación acelerada. Como lo comentó Isaac Katz (@econoclasta) “No hay duda: el presidente está peleado con el crecimiento.”

Si a Estados Unidos le da gripa a nosotros nos da pulmonía. 

“JUNTOS HAREMOS HISTORIA” 

El Estado que no responde y la sociedad que no ve

by Mariana Paipilla
Comparte este artículo:

Juan Manuel Montaño, 15 años. Jair Andrés Cortez, 14 años. Jean Paul Perlaza, 15 años. Leyder Cárdenas, 15 años. Álvaro José Caicedo, 14 años; sus cuerpos, llenos de golpes, con rayones en los brazos, heridas de arma blanca en el cuello y tiros de gracia en la cabeza, fueron encontrados en un cañaduzal a las 6:34 p.m. del martes 11 de agosto, en el sur de Cali. Cuatro días después, nueve jóvenes son asesinados a tiros en Nariño, al sur del país. 

Ser colombiano significa estar acostumbrado a oír este tipo de noticias, y si bien estos crímenes lograron sacudir a todo el país, lo cierto es que sólo son la punta de un iceberg que ha venido creciendo estos últimos años y que ha logrado solidificarse a causa de la crisis derivada del coronavirus. Departamentos como Cauca y Nariño se han convertido en algunas de las zonas más golpeadas por grupos paramilitares y disidencias de las FARC, los cuales se disputan las rutas de narcotráfico e incluso han logrado imponer normas estrictas a la población. Al mismo tiempo, estos departamentos cuentan con los niveles más altos en cuanto a presencia del ejército colombiano se refiere, lo cual nos hace preguntarnos; ¿dónde estaba el ejército y la policía cuando mataron a los cinco de Cali y los nueve de Nariño?, ¿dónde están las autoridades cuando los grupos paramilitares se han hecho con el control de las poblaciones del Cauca y Nariño? La firma de los acuerdos en 2016 prometía no sólo ponerle fin al conflicto armado más largo de la historia, sino también mejorar la vida de todos los colombianos, y, sin embargo, según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Colombia, el año 2019 volvió a presentar la cifra más alta de masacres desde 2014.

Lo cierto es que en Colombia no hay paz, y me atrevería a decir que nunca la hubo. Y no estoy diciendo que las negociaciones no hayan servido de nada, o que este en desacuerdo con el proceso, todo lo contrario, siempre fui partidaria de este, pero lo cierto es que es muy difícil hablar de paz en un país donde noticias como esta se han vuelto temas de conversación diaria, hasta llegar al punto de causar indignación (temporal), más no sorpresa. El gobierno colombiano le ha fallado al pueblo en implementar los acuerdos de paz, y no apunto sólo al Ejecutivo, si no a las autoridades de cada departamento y ciudad en donde la violencia no ha hecho sino crecer en los últimos años, azotando más que nada a las comunidades afro e indígenas, en donde se amanece todos los días con una noticia como la de Llano Verde. 

Seamos honestos, lo más probable es que ni a usted ni a mi nos haya tocado vivir el conflicto armado y la violencia de manera directa, o al menos no tan directa como en Llano Verde o en muchas otras comunidades del país. Nosotros no tuvimos que huir de nuestras casas por la amenaza de grupos paramilitares o al margen de la ley, a nosotros nunca nos pusieron una pistola en la cabeza para que sembráramos coca o cualquier otro cultivo ilícito; nosotros nos indignamos leyendo este tipo de noticias en los periódicos o viéndolas en los noticieros, pero no las hemos vivido en carne propia, y, sin embargo, somos quienes tomamos las decisiones por aquellos que sí las han vivido, y las siguen viviendo todos los días.

Lo que tenemos aquí, en primera instancia, es un problema en las instituciones del país; dejemos de hablar de una manzana podrida, cuando todos sabemos que el campo esta contaminado. ¿Cómo es posible que la principal teoría del asesinato de los cinco de Llano Verde sea que fue la policía quién cometió el asesinato? El otro problema, y no menos grave que el de instituciones, es nuestra indiferencia ante la violencia y la muerte de jóvenes, de líderes sociales, de mujeres, de colombianos. Así como nos duele una orden de detención preventiva de un expresidente, así como salimos en caravanas a mostrar nuestro desacuerdo con la decisión de la Corte Suprema de Justicia contra una persona que tiene todas los recursos a su merced para defenderse, salgamos pues, a mostrarnos inconformes por aquellos que no pueden tener un proceso justo, que ni pueden alzar la voz, o peor, que la alzan y son ignorados, o silenciados a la fuerza. 

Y si, tal vez a nuestros padres sí les tocó vivir mucho más de frente el conflicto, y tal vez nos hemos sentido inseguros en nuestras propias ciudades, y tal vez sentimos miedo cuando vamos en un carro y pasa una moto al lado, o cuando salimos en la noche, eso no lo niego, aquí no se trata de menospreciar las tragedias de nadie, si no de protestar por todas, de verlas a todas por igual, porque todas nos deberían doler por igual. Dueles, Colombia. Dueles por tus muertos, por tus instituciones podridas, por tu justicia ciega y autoridades sin autoridad. Pero dueles más por tu indiferencia.

Ya cantó el testigo favorito de la 4T

by Eugenio Roux Suárez
Comparte este artículo:

Este martes, el Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero, dio a conocer a la opinión pública que el ex Director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, presentó una denuncia de hechos, donde explícitamente señala al ex Presidente Enrique Peña Nieto y a quien fuera su Secretario de Hacienda Luis Videgaray, como quienes -presuntamente- le ordenaron entregar más de 100 millones de pesos provenientes de la empresa Odebrecht a varios asesores electorales extranjeros durante la campaña presidencial de 2012; además de entregar sobornos por 120 millones de pesos a un Diputado y cinco Senadores para aprobar las reformas estructurales del sexenio pasado, con mayor énfasis: la Reforma Energética.

Dos acusaciones más que tiene Lozoya en su contra son la compra de la empresa de fertilizantes Agro Nitrogenados, por un sobre precio altísimo para una planta que llevaba 14 años sin operar, y la triangulación de recursos que culminó en la compra de una casa en la Ciudad de México, donde se presume, se cerraron muchos de estos acuerdos entre políticos y empresarios de alto nivel. Ambos hechos también habrían sido ejecutados por Emilio bajo las órdenes directas del ex Presidente y su Secretario de Hacienda.

Sin duda este es un caso que da para analizarlo por lo menos desde 2 ópticas: la judicial y la político-electoral, siendo este último el que el Lopezobradorismo más disfruta; además de que el primero inevitablemente desembocará en el segundo, por lo que propongo centrarnos en este.

En el terreno de la especulación, analistas han puesto sobre la mesa una tesis interesante y la cual comparto: A Luis Videgaray, Pedro Joaquín Coldwell, o algún otro ex Secretario involucrado va a “caer” cuando el Presidente así lo disponga, así funcionan las cosas en el Presidencialismo exacerbado mexicano. Y por otra parte, no me cabe la menor duda de que a Peña Nieto no se le tocará, no solo porque Andrés Manuel ha dicho que al país no le conviene juzgar a un ex Presidente, sino porque, aún sin prueba alguna, hay síntomas que nos hacen suponer que existe un pacto de impunidad entre ambos; pacto que por supuesto no es vitalicio, y se puede romper muy pronto si el Gobierno sigue escaso de resultados y con la premura de dar un golpe sobre la mesa a vísperas de las elecciones intermedias.

Los voceros de la autoproclamada “4ta Transformación” llevan más de 20 meses asegurando que son diferentes y que el país ha cambiado, pero vemos recurrentemente como la justicia se politiza en los casos más emblemáticos de corrupción y sigue siendo selectiva y discrecional su impartición. Dos ejemplos breves:

A raíz de la declaración del Fiscal Gertz, se ha manejando la versión de que el testigo favorito de la 4T ha entregado únicamente un video (no las 18 horas de videos como se había especulado) y recibos que incriminan a legisladores de esa época -hoy varios de ellos Gobernadores-, algunos otros liderazgos del PRI y hasta al Calderonísmo alcanzó por el caso de Etileno XXI. Sin embargo, llama la atención que en estas especulaciones y hechos aún sin comprobar, brille la ausencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la repartición de esos supuestos moches, lo cual abre la puerta al sospechosismo, pues cualquiera que sepa un mínimo de historia sabe de los escándalos en los que el Partido Verde ha participado. Preocupa el hecho de que el Presidente este utilizando este caso como intimidación a sus adversarios, y que por otro lado a quienes hoy son sus aliados electorales para 2021 los proteja, no solo a los de ese Partido sino también a quienes formaron parte del PRD y participaron en el Pacto por México, y hoy muchos de ellos, son funcionarios públicos y militantes de MORENA. 

Y segundo, en esta impartición discrecional de la justicia mexicana, observamos que mientras Rosario Robles esta en la cárcel, aún sin sentencia, Emilio está en la comodidad de su cama, que por cierto, para solo padecer anemia permaneció mucho tiempo en el hospital. ¿Y la prisión preventiva?, ¿Por qué Rosario sí y él no?, el huyó, ella no. ¿Le habrán ofrecido a Rosario acogerse también al criterio de oportunidad y ser “testigo colaborador”?, yo lo dudo, pero sería muy interesante escucharla señalar a sus cómplices de la llamada “estafa maestra”, aunque el discurso de que fueron utilizados y sistemáticamente instrumentados para cometer los delitos de los que hoy se les acusa, no es suficiente para salir exonerados.

Es difícil no ver este caso como un show mediático y un enorme distractor que le viene como anillo al dedo al Presidente López Obrador. Con este proceso que parece ser, será larguísimo, le alcanza para evitar que se hable -por lo menos en las próximas semanas- de los temas que notoriamente le incomodan: La caída histórica del PIB en el segundo trimestre del año en 18%, el pésimo manejo de la pandemia superando ya los 50,000 fallecidos, la inseguridad en sus máximos índices, más de 53,000 muertos según cifras oficiales, etc. 

El gran desafío esta en la cancha de la Fiscalía General, por una parte, cuidar el debido proceso y alejar todo “lo político” lo más posible de todos casos que se logren judicializar, y por otro lado, hacer valer el Estado de Derecho y demostrar su independencia y autonomía respecto de quien hoy despacha y vive en Palacio Nacional. El valor que tiene este caso para el Estado Mexicano es enorme, y de ese tamaño puede ser la decepción. Dijeron ser distintos, es momento de demostrarlo.

El debate enriquece la mente, se vale discrepar.

¿Qué pasa con las designaciones en el Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León?

by Samuel Ramírez Mejía
Comparte este artículo:

Cuando una persona es designada como servidora pública en cualquier cargo público este acto implica el ejercicio del derecho de acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país (art. 23.1.c] Convención Americana sobre Derechos Humanos y 35, fr. VI Constitución Mexicana); y, para el órgano o persona que designa, el acto de designación se refiere a la obligación jurídica de seleccionar a la persona con los mejores méritos y las mayores capacidades para el cargo (Tesis P./J. 124/2005). Esto es, el acceso a los cargos públicos implica, por un lado, las condiciones generales de igualdad que deben garantizarse para todas las personas aspirantes y, por el otro, la obligación de designar a la mejor persona para el cargo. Las designaciones en el Sistema Estatal Anticorrupción en Nuevo León (Sistema) no han cumplido con estos dos principios.

En efecto, ya antes en este mismo espacio me referí a la inconstitucional designación de quien ocupa la Secretaría Técnica del Sistema En esta ocasión me centraré en lo que recientemente ha resuelto el Poder Judicial de la Federación sobre la designación por parte del Comité de Selección del Sistema Anticorrupción, en agosto de 2018, de las personas integrantes del Comité de Participación Ciudadana.

El Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Nuevo León ha resuelto recientemente que el acto por el cual se realizó la designación de las y los integrantes del Comité de Participación del Sistema Anticorrupción fue contrario a la Constitución, en razón de que no se expusieron los motivos y las razones particulares por las cuales “(…) el Comité de Selección consideró que los candidatos propuestos en el dictamen, y a quienes se les otorgó nombramiento eran los idóneos para cumplir con el cargo de integrantes del Comité de Participación Ciudadana, cuando la ley de la materia establece que los mismos deben cumplir con experiencia verificable en  materias de transparencia, fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción…” (Amparo en Revisión 356/2019-III).

En una palabra, el Tribunal Colegiado concluye que el Comité de Selección del Sistema: (i) No cumplió con la Constitución, (ii) porque no expresó las razones concretas que permitieran verificar los méritos y capacidades de las personas designadas. Esto, desde luego, no significa que las personas designadas no contaran con las capacidades profesionales para el desempeño de la función, sin embargo, sí quiere decir que no fue posible conocer públicamente las razones por las cuales las cinco personas designadas eran las idóneas, tomando en cuenta que había seis personas más que llegaron a la fase final del proceso de designación, entre ellas las personas quejosas en el juicio de amparo.

Esto es particularmente grave porque quiere decir que un órgano del Sistema Local Anticorrupción, esto es, el Comité de Selección, incumpliendo un deber básico de motivación de un acto de autoridad (art. 16 CPEUM), dejó en tela de duda que haya seguido su obligación de designar a las mejores personas para el cargo. La gravedad de esta actuación inconstitucional se evidencia aún más si se tiene en mente que cuando el acceso a las funciones públicas del país no se basa en los méritos y en la igualdad de oportunidades, no se garantiza que las y los servidores públicos actúen libremente frente a las injerencias o presiones políticas. (Comité de Derechos Humanos 1996: párr. 23). 

Es debido a la importancia de esta obligación que existen en el país iniciativas como el Observatorio ciudadano de los procesos de designación de los servidores públicos , en donde han creado un “Decálogo de las designaciones”. En este sentido, el propio Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción cuenta también con un “Decálogo designaciones públicas”, en el cual señalan como principios esenciales de las designaciones la idoneidad y la igualdad de oportunidades. Justamente lo que señala el Poder Judicial que el Comité de Selección incumplió: por un lado, que no se expresaron ni se verificaron de forma pública en el acto de designación los méritos y capacidades de las personas nombradas en 2018 para integrar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema. 

Y, por el otro lado, infiero que se violentó el acceso a las funciones públicas de su país en condiciones de igualdad de oportunidades de las personas quejosas; en este segundo sentido, el acceso a los cargos públicos en condiciones generales de igualdad se cumple cuando “los criterios y procedimientos para el nombramiento (…) [sean] razonables y objetivos” y siempre que “las personas no sean objeto de discriminación”. (Corte Interamericana de Derechos Humanos 2008: párr.. 206).

La importancia de la sentencia, gracias al esfuerzo de las personas quejosas que idearon la estrategia jurídica y mantuvieron la paciencia de agotar todos los recursos judiciales posibles, radica en que permite construir un estándar de actuación objetivo para las designaciones en el Sistema Local Anticorrupción. Por un lado, debe cumplirse la Constitución en todo tiempo y, por el otro, deben expresarse claramente las razones y motivos concretos que justifiquen los méritos de las personas designadas y que éstas son las mejores para el cargo o función.

Lo que la sentencias debe dejar como efecto de política pública para las designaciones en los órganos que conforman el Sistema Anticorrupción es que “[l]as instituciones que garantizan un sistema de contratación basado en el mérito y no en las consideraciones políticas suponen (…) un importante recurso para un gobierno de alta calidad”. (Dalströhm y Lapuente 2017: 12). Esto es lo que debe pasar con las designaciones en el Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León: Designaciones transparentes y basadas en méritos que promuevan instituciones anticorrupción de alta calidad.

Referencias bibliográficas

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2008). Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto. Serie C No. 182.

Dalströhm, Carl y Lapuente, Víctor. (2017). Organizando el Leviatán. Por qué el equilibrio entre politicos y burócratas mejora los gobiernos. Barcelona: Ediciones Deusto.

Comité de Derechos Humanos ONU. (1996). Observación General No. 25, Artículo 25: La Participación en los Asuntos Públicos y el Derecho de Voto, CCPR/C/21/Rev. 1/Add. 7, 12 de julio.

Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en el estado de Nuevo León. Sentencia dictada en el Juicio de Amparo en Revisión 356/2019-III (versión pública). 14 de mayo de 2020.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis: P./J. 124/2005. Acceso a empleo o comisión pública en condiciones de igualdad. La fracción IV del artículo 271 del Código Hacendario para el municipio de Veracruz contraviene ese derecho. Registro: 177103.