El nuevo tema de conversación

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Ha sido un año difícil y cansado. Sé que a ti, como a mí, ya te cansa escuchar del COVID-19 por todas partes. Es el único tema en los noticieros, te aparece cada dos publicaciones en redes sociales, y en la mesa con la familia todas las conversaciones terminan en lo mismo: la pandemia.

Así nos la hemos llevado ya un año completo, y es evidente que el tema seguirá presente en los meses posteriores. Sin embargo, 2021 abordará al COVID desde la esperanza y no desde el miedo, frustración y angustia.

Y es que lo que tanto esperábamos desde el inicio de esta crisis por fin llegó. Las vacunas comenzarán a ser parte fundamental de nuestras conversaciones de la vida diaria. 

Estas vacunas, tanto de Pfizer como Moderna y otros laboratorios, son enormes logros de la comunidad científica, mujeres y hombres dedicados completamente al desarrollo de una solución al gigante problema que enfrenta la humanidad. Es de admirar su incansable labor y sus efectivos resultados.

Aquí en México, el gobierno federal ya firmó contratos para adquirir 198 millones de vacunas de Pfizer, AstraZeneca y CanSino, según datos de Animal Político.

La indicación es comenzar esta misma semana con la vacunación a personal médico, inicialmente en la Ciudad de México y Coahuila. A lo largo del 2021 se inmunizará a la gran mayoría de los sectores de la población, siendo primeros los que más riesgo corren de enfermar de gravedad.

En papel todo suena ordenado y eficaz. En el campo, la situación es diferente. La logística para distribuir casi 200 millones de vacunas debe ser perfecta para cumplir con las metas establecidas. Esperemos que el gobierno realice su labor de manera correcta y se tome a esta jornada de vacunación como la más grande prioridad. No estamos para que sea tema político o sea utilizado con fines electorales. La vida de las y los mexicanos está en juego.

Países como Estados Unidos y el Reino Unido, que registran números alarmantes de contagiados, ya han iniciado con una extensa labor de inoculación a su personal médico. Comenzando con Pfizer y Moderna, las demás vacunas se irán sumando a la solución colectiva de esta pandemia.

Se ve la luz al final del túnel. Mantengamos la esperanza de que el trabajo de la comunidad médica y la comunidad científica ha valido la pena, y más temprano que tarde saldremos de esta.

¿Qué opinas?

Quiero aprovechar este espacio para agradecerte a ti, que me leíste durante el 2020, por dedicarle unos minutos de tu semana a mis columnas. Agradecimiento especial a quienes me dieron la oportunidad de colaborar en Altavoz y a quienes me dan constante retroalimentación.

A todas y todos les deseo una Felices Fiestas llenas de amor, salud, paz y alegría.

Nos leemos en 2021.

#ElNidoDelGavilán: “Para y por lo local”

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En una temporada en que los destapes están a la orden del día, las coaliciones se siguen definiendo y los partidos definen candidatos, también hay otras opciones que buscan ponerse en el radar político local.

El reto sigue siendo invitar a los jóvenes a votar y si bien, siempre han formado parte de movimientos sociales y políticos, los partidos sistemáticamente han relegado a los jóvenes en sus mítines al no ser parte del electorado meta. Asimismo, los movimientos juveniles de los partidos generan políticos jóvenes que hablan, actúan y se comportan como sus jefes de mayor edad.

Kumamoto y su movimiento en Jalisco inspiraron a muchas y muchos de que era posible combatir las maquinarias electorales de los partidos. La elección pasada se tuvo a Alejandra del Toro, candidata a diputada local por el distrito 6 de Monterrey, logrando alrededor 4000 votos, con poco o nada de presupuesto, fichas comparado a lo que operó el PAN para ganar ese distrito.

Ahora para 2021, en esta susodicha vía independiente algunas figuras empiezan a recabar a firmas, entre ellos está Futuro Florece, una A.C que continúa el proceso de cambio detonado por Alejandra, ahora buscando impulsar 4 jóvenes a diputaciones locales y una federal. Con ellos traen temas como el concepto moderno de ciudad y una sociedad de derechos. Discusiones poco abordadas frente al discurso individualista y que vale la pena introducir en el debate local.

Hay que escucharlos, analizar sus propuestas y definir si se coincide o no con ellas y ellos en su visión política y social (primero revisar que estamos en el distrito donde compiten, claro está), pero sobre todo, valorarlos como opciones viables para buscar que sean punta de lanza de incidencia política de calidad y de derechos, algo que los partidos de siempre no traen en su agenda.

Lo dicho, dicho está.

La burla hecha alianza electoral

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La narrativa que Andrés Manuel López Obrador construyó desde hace ya muchos años, esa de la existencia de la mafia del poder, del ya famoso “PRIAN” o “PRIANRD” parecía simplemente una estrategia para dividir, un ataque sin fundamentos lógicos con el cuál el Presidente ganó mucha popularidad. Parecía nada más que un apodo a sus adversarios, algo que no podía ser tangible. Pero no. Cuesta trabajo aceptarlo, pero López Obrador, en este caso, siempre tuvo la razón. 

Cuando escribo siempre busco la imparcialidad y dar mi punto de vista desde lo objetivo, pero esta vez me cuesta trabajo esconder la ya inmensa vergüenza que me invade como ciudadano al ver en lo que se ha convertido la política mexicana.

Hace un par de meses, en un conversatorio al que fui invitado, se me preguntó sobre la posibilidad de ver realmente una alianza PRI-PAN buscando el voto en 2021. Expresé que me parecía ilógico por ambas partes. De lado del PAN, sería traicionar sus ideales (los que les quedan) al meterse a la casa del partido rival de siempre – el PAN existe directamente como oposición dura al PRI corrupto y dictador del siglo XX. Aliarse con ellos argumentando que es con el fin de salvar a México, es simplemente abandonar una política de ideales, y arropar una política de búsqueda de poder.

Por el lado del PRI, es un poco la misma historia. De ellos ya sabíamos la ambición de poder, pero aceptar una alianza pública con Acción Nacional, su contrario de toda la vida, es dejar atrás a sus militantes y a su estructura, para únicamente fortalecer el discurso del presidente. Del PRD no es sorpresa; el que alguna vez fue referente de la izquierda mexicana está a meses de desaparecer como partido político nacional, y una alianza sólo les causará más daño y división.

Eso que expresé en aquel conversatorio, al parecer está completamente equivocado.

No se vayan con la finta de que el 17% de preferencias que tiene el PAN y el 16% de preferencias que tiene el PRI van a hacer la suma perfecta. Muchas personas que jamás apoyarían al PRI son precisamente panistas, y viceversa. Esta coalición electoral que respalda al pasado no tiene al futuro de México como finalidad y objetivo.

Si bien es verdad que Morena está siendo una decepción, fallando en la mayoría de sus promesas y únicamente obedeciendo las instrucciones del Presidente, lo único que causa esta alianza opositora es fortalecer al partido oficialista.

Una elección debe dejar de ser sobre votar por el menos peor. Sabemos que panistas y priístas ya le fallaron a México en repetidas ocasiones. Por eso mismo, se le dio la oportunidad a Morena, misma que desaprovecharon y fallaron catastróficamente. Por donde se vea, ambos bandos han traicionado la confianza de la gente. 

Juntos Haremos Historia y PRIANRD, por igual, buscan solamente la victoria efímera y el poder absoluto. En sus planes no está el progreso de la nación y el bienestar de la gente que tanto necesita a un buen gobierno. Eso lo dejaron a un lado.

Nuestro futuro va más allá de elegir al que menos daño le haga a México. Depende de todas y todos construir las alternativas viables en las que dejemos las prácticas del pasado en donde deben de estar, y miremos fijamente hacia el futuro con paso firme. 

Existe, sin duda, la alternativa para ver a un México mejor. A un México justo, incluyente, limpio, estable, en progreso y en paz. Y definitivamente esa alternativa no empieza ni por quienes ahorita nos gobiernan, ni por quienes buscan regresar bajo las siglas que ya son una burla nacional: PRI, PAN y PRD.

Tomemos cada detalle en cuenta, y votemos pensando México y en nuestra gente.

#ElNidoDelGavilán: “Se compra fierro viejo: Morena NL”

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En los últimos días se están posicionando candidatas y candidatos a lo largo y ancho de la República para los puestos en disputa en 2021. 

En el caso nuestro, en Nuevo León, los partidos ya postulan perfiles, sin embargo, el caso de Morena es muy especial. Un partido fundado en torno a la figura de Andrés Manuel, con una ideología que pretende evocar el nacionalismo revolucionario, cobijó y sigue cobijando a perfiles de todo tipo (Priistas como Bartlett y Monreal y panistas como, Germán Martínez, Manuel Espino o la propia Judith Díaz como coordinadora de programas federales en NL) y con alianzas extrañas con el Verde, el PT y el nefasto PES.

En este cobijo, ahora simula una competencia interna para la candidatura a la gubernatura, todo para legitimar a Clara Luz como candidata, lo cual significa abrirle las puertas de par en par a Abel Guerra y las bases priistas de Escobedo que es quien realmente maneja u opera políticamente a su esposa.

En estos días se ha afirmado en prensa que el partido coquetea con Colosio Jr, con Maderito y otras figuras de la política local, en un acto insultante para la militancia y simpatizantes.

Morena necesita formar figuras propias, tener una escuela formativa (como ya la tiene el PRI y el PAN), dejar el caudillismo y forjar una institucionalidad de largo plazo, algo que ningún partido de izquierda en México ha logrado, ni siquiera el PRD.

Sin embargo, al mismo tiempo, cada día Morena se aleja de esos ideales de izquierda que alguna vez avisó, girando hacia un pragmatismo extremo y mantiene, al menos en lo local, esa política de reclutar mercenarios de todo tipo con el único aval de tener cierto capital político y una actitud convenenciera respecto a Andrés Manuel.

A como están las cosas, la militancia tanto nueva como de la vieja escuela de izquierda las tienen de perder. Morena anda como ropavejero reciclando candidatos, ¿quién quiere cambiarse de partido?, ¿quién anda libre?. .Se compran colchones, lavadoras o algo de fierro viejo que vendan .

Lo dicho, dicho está.

Participación ciudadana y supervisión civil en las instituciones policiales

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La eficacia, profesionalismo y vigilancia en el actuar de las corporaciones policiacas, son unos de los grandes pendientes en las instituciones de seguridad pública en nuestro país. Actualmente, dichas instituciones enfrentan diversos retos importantes en su desempeño; de acuerdo con datos de la ENVIPE 2019 realizada por el INEGI, el 52.8% de la población percibe a los policías municipales como poco o nada confiables, y el 67.9% de los encuestados percibe a dichas policías como corruptas. Estos datos estadísticos demuestran que dichas corporaciones sufren de amplios márgenes de desconfianza ciudadana, y ello tiene como consecuencia una falla sistemática en los esfuerzos de preservar la paz social, y resulta preocupante dada la naturaleza y relevancia de las tareas de los elementos de seguridad pública. 

En un país como el nuestro, donde el Estado de Derecho y la democracia son elementos en un estado aún de consolidación, incrementar la confianza y legitimidad de las instituciones es un imperativo social, jurídico y político, aún más, cuando hablamos del ius puniendi o poder punitivo del Estado. Cuando analizamos la actuación de los elementos de seguridad pública, lo hacemos desde dos dimensiones; la primera sería el actuar particular ante un caso concreto, ejemplo de esto es cuando una persona solicita ayuda ante la comisión de un delito. En segundo término, existe la dimensión global o colectiva, el cual se enfoca en el desempeño generalizado de una institución policiaca, ya sea desde sus estrategias internas así como las políticas públicas en materia de seguridad pública. Es en esta segunda, donde encontramos los controles externos ciudadanos o de participación civil. Por ello, impulsar una vida democrática-participativa al interior de este tipo de instituciones dedicadas a la seguridad, determinará en gran medida el éxito en sus tareas.

Dicho lo anterior, la vigilancia o control externo policial es una herramienta importante para aumentar la legitimidad social, permite que las políticas y actuaciones institucionales se adecuen a las dinámicas particulares de su eje territorial de acción,  y aumenta la rendición de cuentas en las corporaciones policiacas. Desde dicha perspectiva democrática, la supervisión civil de la seguridad pública sería un mecanismo importante para acercar a estas instituciones con la ciudadanía para generar una mayor confianza y responder a las demandas que esta tenga en relación con el desempeño de la seguridad pública. En ese orden de ideas, David H. Bayley (2006) ha mencionado que los pilares de una reforma policial democrática  son: 

  • orientación a la ciudadanía 
  • Respeto a la legalidad 
  • Respeto a los derechos humanos 
  • Transparencia y Rendición de cuentas

Cómo podemos apreciar de lo anterior, desde la orientación ciudadana hasta la transparencia y rendición de cuentas, se encuentran íntimamente relacionados con la vigilancia ciudadana externa de las corporaciones, ya que esto permite que personas interesadas o especialistas puedan involucrarse y participar en las políticas y estrategias de seguridad pública. Una institución policial debe medirse, no sólo por su efectividad en la tarea de seguridad púbica, sino también, en la supervisión y rendición de cuentas por parte de la ciudadanía. Al establecer estos mecanismos externos, las corporaciones pueden atender directamente las exigencias ciudadanas sobre su comportamiento y desenvolvimiento en la sociedad, creando un binomio importante entre participación ciudadana y derechos humanos que permiten que las organizaciones civiles o colectivos ciudadanos jueguen un papel importante. De acuerdo con la organización Causa en Común basados en la experiencia internacional, estos mecanismos tiene como beneficio: 

  • incrementar la confianza ciudadana 
  • Asegura procesos claros de quejas y denuncias 
  • Promueve investigaciones exhaustivas e independientes 
  • Incrementa la transparencia y la rendición de cuentas 
  • Disuade las conductas policiales indebidas 

En primer punto, me gustaría referirme al campo normativo, y para ello es obligado analizar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual regula a las instituciones policiales a nivel federal, local y municipal. En dicho ordenamiento se establece en su artículo 12 último párrafo, que el Consejo Nacional de Seguridad Pública podrá “invitar por la naturaleza de los asuntos a tratar, a las personas, instituciones y representantes de la sociedad civil que puedan exponer conocimientos y experiencias las para el cumplimiento de los objetivos de seguridad pública”. En ese orden de ideas, el Título Octavo de esta Ley, en sus artículos 128, 129, 130, 131, 132 y 133, regula la participación ciudadana, su objeto y materias, sin embargo, estos preceptos normativos resultan insuficientes para lograr alcances deseables, ya que no prevé instrumentos concretos para facilitar dicha participación ni la manera de su operación a nivel local, el cuál resulta el más afectado en términos de legitimidad social y corrupción. Para ilustrar lo anterior, reproduzco de manera textual el precepto normativo relativo al artículo 128:

“Artículo 128.- El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana establecerá mecanismos eficaces para que la sociedad participe en el seguimiento, evaluación y supervisión del Sistema, en los términos de esta ley y demás ordenamientos aplicables.

Dicha participación se realizará en coadyuvancia y corresponsabilidad con las autoridades, a través de:

I. La comunidad, tenga o no estructura organizativa, y

II. La sociedad civil organizada”.

Como se puede apreciar, este Centro Nacional será el encargado de establecer los mecanismos de participación de ciudadana en las tareas de seguridad pública, y el mismo artículo señala que esta participación puede ser para fines de supervisión del sistema nacional de seguridad pública, esto lo podemos traducir a que la ley máxima de las corporaciones policiacas permite los mecanismos externos de evaluación y control ciudadano. Aquí vemos la primera falla de diseño, ya que esta participación no será directamente con las corporaciones policiacas sino con otra institución a fines, y esto no se circunscribe a las autoridades federales, sino como bien establece el artículo 129: 

Artículo 129.- El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana impulsará las acciones necesarias para que la Federación y las entidades federativas y los Municipios establezcan un servicio para la localización de personas y bienes, que promueva la colaboración y participación ciudadana”.

El artículo anterior, una falla en la técnica legislativa es el uso de la palabra “impulsará las acciones necesarias” omitiendo el deber u obligación para que la colaboración ciudadana sea un mecanismo obligado en todo el sistema nacional de seguridad pública. En el mismo orden de ideas, y confirmando que la ley prevé la figura de control y vigilancia externa con organizaciones o colectivos civiles, estos mecanismos pueden versar en los términos del artículo 131: 

I. Participar en la evaluación de las políticas y de las instituciones de seguridad pública.

II. Opinar sobre políticas en materia de Seguridad Pública;

III. Sugerir medidas específicas y acciones concretas para esta función;

IV. Realizar labores de seguimiento;

V. Proponer reconocimientos por méritos o estímulos para los Integrantes de las Instituciones;

VI. Realizar denuncias o quejas sobre irregularidades, y

VII. Auxiliar a las autoridades competentes en el ejercicio de sus tareas y participar en las actividades que no sean confidenciales o pongan en riesgo el buen desempeño en la función de Seguridad Pública.

Derivado de lo anterior, si bien, las fracciones I, II, III y IV del artículo 131 preven que exista una coordinación y participación por parte de organizaciones civiles o la comunidad sin estructura organizativa, la Ley no mandata a las entidades federativas para que necesariamente existe un mecanismo de vigilancia y control ciudadano, lo cual contradice la naturaleza misma de estos mecanismos de supervisión ciudadana. Este título no define lo que se entiende cómo sociedad civil o colectivo ciudadano, y tampoco enuncia las formas con las cuales puede participar, no siendo específico con las formas o incidencias locales para permitir esto. Cuando hablamos de mecanismos de supervisión o control externo ciudadano, no puede limitarse a simplemente contemplar la figura en la ley sin dotarlo de facultades que permitan su efectividad, ya que no se logran los alcances de rendición de cuentas. En términos institucionales, en México tenemos órganos de supervisión al interior de las corporaciones policiacas, el primero son las Unidades de Asuntos Internos y las ONGs especializadas en temas de seguridad pública, sin embargo, “estos organismos carecen de uno o dos factores que consideramos indispensables para la supervisión policial efectiva: 

  1. autonomía, 
  2. competencia, y
  3. exhaustividad”.

En virtud de lo anterior, la actual administración federal ha creado e impulsado el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica aprobado por elConsejo Nacional de Seguridad Pública el 8 de julio de 2019, sin embargo, también resulta insuficiente respecto a las formas o mecanismos para implementar la participación ciudadana efectiva a nivel local, si bien, dicho documento menciona que el objetivo del Modelo es el “fortalecimiento de las policías municipales y estatal ” para “mejorar la percepción de seguridad e incrementar la confianza en las instituciones policiales (SESNSP, 2019, p. 55), esta política pública no profundiza ni realiza un análisis a fondo sobre los principios y figuras para que la sociedad pudiera participar desde el ámbito colectivo en las estrategias de seguridad pública o aquellos procesos internos como la capacitación y formación policial. Esta supervisión civil no se contempla como un mecanismo clave en el actuar de la seguridad pública, ya que como bien ha señalado Antia Mendoza citando a Dash sobre las funciones principales de los sistemas de supervisión civil en las instituciones policiacas, se encuentran:

“- Supervisar los procesos de queja en contra de los cuerpos policiales

– Atender y satisfacer la queja ciudadana

– Documentar, analizar e interpretar patrones de abuso o violaciones a los

derechos humanos por parte de los servicios policiales

– Detectar necesidades de carácter técnico, estructural o de gestión en las

instituciones policiales

– Evaluar prácticas y desempeño policial

– Emitir informes y recomendaciones para fortalecer y mejorar la práctica

policial

– Participar en la construcción de políticas públicas que contribuyan a la

modernización y democratización de la policía”

Tanto el Modelo Nacional de Policía y justicia cívica como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública no concretan mecanismos, alcances y consecuencias de la participación de la sociedad civil en las funciones de la seguridad pública, esta falla en el diseño jurídico-institucional tiene cómo consecuencia que todo la vigilancia o control externo policiaco quede completamente a la potestad de la voluntad política, y aquí tenemos un punto débil que debe ser tomado en cuenta ante los altos índices de violencia y desconfianza ciudadana a las instituciones. Cuando se permite que exista una participación ciudadana en aras establecer un control externo, las policías pueden aprovechar la información que las organizaciones y/o colectivos pueden aportar a su laborar, abonando a una mejor capacitación así como entender la perspectiva de la ciudadanía, convirtiéndose en aliado de las exigencias ciudadanas. Es importante que estos mecanismos puedan contemplar medidas coercitivas o instrumentos de sanción cuando derivado de los ejercicios de control ciudadano, se perciban actos u omisiones contrarios a la ley y el desempeño de sus laborales, y como resultado tendremos instituciones legitimadas y profesionalizadas. Contemplar y fomentar los controles externos policiales permitirá transitar a un modelo de seguridad pública cerrado y opaco a uno abierto que permita una vigilancia constante de su actuar, democratizando el ejercicio de la seguridad pública en nuestro país. 

Referencias 

INGEI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019. 

INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019. 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

González Reyes, Pablo Jesús. (2003). Participación ciudadana en la evaluación de la política de seguridad pública: el caso de Baja California. Estudios fronterizos, 4(8), 57-72. Recuperado en 24 de octubre de 2020, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-69612003000200003&lng=es&tlng=es

SESNSP. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 

Mendoza Atia, (2008), Supervisión de la policía por sociedad civil ¿transición hacia la reforma policial democrática?, Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. (Insyde). México: junio de 2018.

Bayley, D. (2006). Changing the Guard. Developing Democratic Police Abroad.Oxford, Press, USA. 

Una consulta más

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Nuevamente les vengo a escribir del mecanismo de consulta en México. Un mecanismo que emocionó al legislarse pero que ha perdido credibilidad por la manera en la que se aplica en nuestro país; una manera que simplemente no se apega a lo que establecen las leyes para su debida formulación. 

He escrito antes sobre la consulta popular de las elecciones de 2018 y la “consulta” que hubo del NAICM, pero ahora nos enfrentamos a otro escenario: una consulta ciudadana en Nuevo León sobre el tema fiscal. Primero, es importante destacar que sí hay una diferencia entre consulta popular y ciudadana: Según la Ley de Participación Ciudadana para el estado de Nuevo León, la popular se realiza únicamente en jornadas electorales federales y en conjunto con la Comisión Electoral Estatal, la cual valora que la pregunta en cuestión no sea tendenciosa o contenga juicios de valor y que no sea referente a temas tributarios, administración pública interna y regulación del Congreso del Estado o el Poder Judicial. Por otro lado, la consulta ciudadana la realiza independientemente el poder ejecutivo estatal o municipal y no existen restricciones en cuanto a los temas. 

Entonces el Congreso del Estado no fue nada ingenuo en plantear esta consulta como ciudadana y no como popular, porque eso les permite realizarla antes de la jornada electoral y también que fuera sobre el tema fiscal que tanto ha causado división entre los ciudadanos y gobernadores. Técnicamente, sí se está cumpliendo con todos los requisitos de forma para utilizar este mecanismo de participación ciudadana. 

Pero hay algo más, que es lo que me llevó a escribir este artículo, y es sobre el tema y la pregunta en sí. El Poder Ejecutivo y Legislativo de Nuevo León ya se pusieron de acuerdo y determinaron que la pregunta para la consulta será la siguiente: “Hoy por cada peso que Nuevo León aporta al gobierno federal solamente se le devuelven 29 centavos. ¿Estás de acuerdo en que se modifique el mecanismo de distribución para que Nuevo León reciba más recursos a favor de sus habitantes?”. 

Sinceramente, ¿quién en su sano juicio diría que no a esa pregunta? ¿Me estás preguntando que si quiero más dinero para que nos vaya mejor? ¡Pues claro que sí! Aquí se puede ver otra buena decisión del Congreso para hacer esta consulta una consulta ciudadana, porque es una pregunta totalmente tendenciosa y con juicios de valor. Es impactante que mencionen la cifra sobre como Nuevo León solo recibe 29 centavos por cada peso que contribuye (y es la única cifra que usan para respaldar su postura para recibir más dinero), pero lo que los impulsores de esta consulta no te cuentan es que aún con esto, Nuevo León es el quinto mayor estado en recibir participaciones federales (lo pueden revisar en el cuadro 7 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5603570&fecha=27/10/2020). Los impulsores también dicen que como Nuevo León es el tercer estado en aportar al PIB nacional (que sí es), por eso se nos debería de regresar más, pero tampoco te cuentan que el cálculo para las participaciones y aportaciones federales para los estados no solo se basa en el PIB sino también en la cantidad de población que se tiene, la cantidad de impuestos locales que recaudan y otros factores como carencias sociales para algunos fondos del ramo 33. Recapitulando: en Nuevo León, sí somos la tercera entidad con mayor aportación al PIB y sí se nos regresa 29 centavos por cada peso, pero aún así somos el quinto mayor estado con participaciones federales y hay más factores sobre el PIB para recibir este dinero. 

Ahora, otra cuestión sobre esta consulta ciudadana es que se va a llevar a cabo electrónicamente entre el 6 de diciembre y 28 de febrero. Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2018 del INEGI, en Nuevo León, solo 66.5% de la población cuenta con acceso a internet desde sus casas. Entonces hace falta que el gobierno defina cómo es que toda la ciudadanía del estado va a poder participar en esta consulta.

No se pueden andar diciendo verdades a medias para obtener más dinero. El gobierno primeramente debería de tener una planeación estratégica sobre sus recursos y transparentar qué es lo que hace con el dinero que ya recibe antes de andar pidiendo más. Y si van a realizar la consulta tienen que asegurar que todas y todos puedan participar, sino solo va a ser una consulta más para que las clases sociales medias y altas que cuentan con internet en sus hogares y dispositivos electrónicos puedan ejercer su participación ciudadana. 

Nuestra participación en donde merecemos estar

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Siempre he pensado que el dicho “hagan política, porque si no la hacen, alguien más la hará y probablemente en contra de ustedes” es algo que todas y todos debemos de llevar muy presente. Aunque ya he hablado de esto en anteriores ocasiones, me parece que la conversación sobre “hacer política” ha recuperado fuerzas por la cercanía del proceso electoral que se avecina.

Seré claro: ya es hora de las y los jóvenes. Y no, no es pelea generacional y no buscamos acaparar todos los reflectores para nosotros. Buscamos ser escuchados: tener los espacios que nos corresponden para tener voz y tener voto en las decisiones de la vida pública de nuestras ciudades y nuestros estados.

Y esto es porque la juventud trae agenda distinta a las viejas generaciones, misma que es fundamental para el progreso de México y para la preservación de nuestro medio ambiente. El debate entre ciudadanas y ciudadanos jóvenes sería sumamente enriquecedor para la sociedad, y de esos mismos debates estoy convencido que saldrían muchas respuestas para nuestros problemas. 

Una cuarta parte de la población de México es joven, pero nuestra representación en donde se toman las decisiones es mínima. Buscamos, en estados como Quintana Roo, que la juventud tenga al menos el 25% de los espacios en los cabildos, acercándose a la realidad en cuanto a la cantidad de población joven. Básicamente una representación justa.

A lo largo de este camino buscando que escuchen nuestras voces, me he encontrado con que algunos institutos políticos se niegan rotundamente a este tipo de propuestas. Es una lástima porque esto no es tema partidista ni de quién gana con la iniciativa. Se trata de hacer lo correcto y poder conformar mejores ayuntamientos y mejores legislaturas.

Estos mismos institutos políticos tienen incluso grandes organizaciones juveniles, mismas que son traicionadas por sus dirigencias. ¿De qué sirve que formes cuadros y les destines recursos si a la hora de darles voz, en lugar de eso les das la espalda?

Yo desde acá te pido que si me lees y militas o simpatizas con algún instituto político, te asegures de que van a darte la voz que mereces, y que no se escudarán en excusas viejas y desgastadas para mantener sus influencias con los mismos de siempre, dándole la espalda a nuestra generación.

Y si me lees y no militas o no sabes por dónde empezar a participar, mantén presente el entrarle a un lugar donde te den voz y no te usen de relleno o te inviten únicamente a repartir folletos y ondear banderas. Mereces, y merecemos, que nos den las herramientas para construir una mejor sociedad. Merecemos formar parte de la toma de decisiones y merecemos ser tomados en cuenta.

Recordemos que la política es la manera más efectiva de mejorar nuestras comunidades. Si bien la política se hace en el día a día y desde las calles, tenemos que participar y hacernos notar en los ayuntamientos y los congresos. Estoy convencido que la juventud puede ser esa chispa para una verdadera evolución en México.

#Kleroterion: “Reforma al Infonavit, un nuevo impulso a la hipotecaria nacional”

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El presidente López Obrador presentó las bases de su reforma al infonavit. Entre ellos el acceso a créditos para que los trabajadores compren los terrenos y construyan su vivienda, además de que los recursos se entregarán de forma directa y sin intermediarios que gestionen o asignen una vivienda determinada a los trabajadores.

Otros de los ajustes que se contemplan en esta reforma son:  Que los trabajadores soliciten un crédito cuantas veces lo necesiten; La posibilidad de refinanciamiento del crédito; Ejercicio de un crédito para la reparación, ampliación y remodelación de una vivienda; así como la liberación de recursos sin relación laboral activa, lo que quiere decir que los trabajadores pueden acceder al crédito sin contar con un empleo al momento de solicitarlo.

Esta es sin duda una de las reformas más necesarias en nuestro país y no me queda duda que fortalecerá la capacidad de crédito para vivienda de los trabajadores mexicanos, pero debe servirnos también para reflexionar sobre la labor del infonavit, una institución que junto al IMSS, representan sin duda uno de los activos más importantes que tenemos los mexicanos.

Piénsalo de esta forma. La mayoría de quienes desean tener una casa, no digo en México, sino en el mundo, tienen que hacer uso de un crédito hipotecario. La opción más común es que acudan a la banca comercial con los costos y condiciones que eso representa. Esos créditos finalmente tiene por objetivo producir ganancias para quienes los otorgan, partiendo de eso entenderás que no sólo llegan a ser créditos caros, sino que además se rigen por la dictadura del mercado y quienes tienen un crédito de ese tipo no pueden fallar.

La visión del infonavit es otra. De entrada su vocación es social, lo que significa que el objetivo que persigue es que la gente pueda hacerse de un patrimonio digno. Contrario a los créditos de la banca comercial en el infonavit se le presta dinero a los trabajadores de un fondo al cual todos aportamos. 

Cada que alguien obtiene un crédito infonavit tiene que ser consciente que ese dinero que recibe es gracias a las aportaciones que hacemos todos los trabajadores al instituto, eso debe de comprometernos a todos a ser cumplidos en el pago del crédito pues de que cumplamos depende que el instituto pueda otorgarle un crédito hipotecario a alguien más en el futuro.

El modelo de esta “hipotecaria nacional” es tan atractivo para el desarrollo de oportunidades de viviendo que en su momento incluso China, el gigante asiático, envió una delegación al país con la intención de aprender el modelo en poder replicarlo allá.

Pero también tenemos que ser conscientes que durante los últimos sexenios el instituto perdió mucha de su vocación social.  Muy seguido recibo mensajes en mis redes sociales sobre casos de personas cuyo crédito se fue a las nubes o que están a punto de desalojar.

Para colmo las condiciones de las viviendas que les entregaban a los trabajadores fueron empeorando año con año. Si comparamos las viviendas que el instituto entregó en las décadas de los setentas y ochentas con las que se entregaron principalmente a partir del 2000, la ubicación, el tamaño de los lotes, los metros de construcción y la calidad de las mismas deja MUCHO, pero MUCHO que desear. 

En su momento hice un recorrido por un fraccionamiento de casas infonavit abandonadas que transmití en mis redes sociales y lo que encontré fue lamentable. Casas abandonadas y destruidas. Ubicadas en una zona tan alejadas que aún en coche es una odisea llegar a donde están.

Lo peor es que ese tipo de escenas se repitieron en todos los estados del país durante los últimos 3 sexenios. Por eso esta reforma que es tan importante, porque le da un nuevo impulso al instituto y sienta las bases para que las condiciones de crédito y calidad de las viviendas empiecen a mejorar.

Queda claro que falta mucho, pero mucho por hacer. Sigue quedando pendiente, por ejemplo, darle solución a muchos créditos que se fueron a las nubes por las condiciones en que en su momento se otorgaron, pero de que esta reforma es benéfica para los trabajadores mexicanos nadie lo puede negar. 

El presupuesto que no es presupuesto

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La semana pasada, fue aprobado por la Cámara de Diputados, con 305 votos a favor y 151 votos en contra, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021. Desgraciadamente, pese a que hubo una infinidad de reservas por parte de los opositores a la bancada de Morena y sus aliados, estas no fueron atendidas. Dando como resultado, una vez más, otro fracaso en cuanto al establecimiento del diálogo y la pluralidad de ideas dentro de la Cámara. Fue así, como se decidió que el gasto a ejercer este 2021 por parte de la Federación sería de 6 billones 295 mil 736 millones de pesos. Dentro de los aspectos más trascendentes a contemplar que surgieron de esta decisión, se encuentra una reducción presupuestal evidente a los estados y municipios y un aumento característico a los programas de carácter asistencialista que hemos venido viendo a lo largo de esta nueva gestión de la administración pública federal. 

Cómo bien se había proyectado con antelación, el recorte presupuestal a estados y municipios ronda los 182 mil millones de pesos. Cabe destacar, que esta cifra es menor al gasto federalizado que se tuvo por aprobado en términos de participaciones en el presupuesto correspondiente al año en curso. A pesar de que hubieron múltiples oportunidades de dialogar por parte de la alianza federalista hacia el gobierno federal, estas fueron rechazadas en innumerables ocasiones. Resultando así, exactamente lo previsto: una Cámara que lejos de actuar con autonomía actuó por una mayoría no representativa, este es un peligro evidente del cual muchos críticos estaban conscientes desde que la Cámara de Diputados quedó conformada prácticamente sin contrapesos. La única respuesta que se tuvo por parte de gobierno federal, fue que esta era una de las tantas estrategias de austeridad y que garantizarían una mejor distribución de recursos. Sin embargo, esta afirmación no descarta las repercusiones que se darán a manos de este recorte. Creer que la austeridad soluciona la corrupción y redistribuir los recursos de forma dudosa, a través de la centralización de los mismos, hace a muchos cuestionar su procedencia y por ende su transparencia. 

La 4T no es ajena y mucho menos inmune a la corrupción. Ya se ha tenido conocimiento de grandes escándalos en materia de corrupción, provocando incluso el desistimiento de algunos representantes de Secretarías que solían integrar el movimiento morenista. Con estas acciones tan repentinas, poco a poco se defrauda mas al pueblo mexicano y lejos de ser la 4T la representación que muchos deseaban, se está convirtiendo exactamente en lo mismo que pretendía combatir. Creyendo que la reducción en cuanto al presupuesto estatal y municipal es ahorro, esta gestión está dejando entrever que a su percepción el uso de las contribuciones para la atención del ciudadano a través de las instancias que tiene a mayor proximidad, representa un gasto cuando en realidad se trata exactamente de lo contrario: una inversión. Por otra parte, el que estos recursos se remitan a las instituciones de nueva creación y a sus programas de carácter asistencialista no garantiza necesariamente que la calidad de vida de los mexicanos haya mejorado. Si bien es cierto, desde que empezaron a funcionar estos mecanismos no ha habido como tal una rendición de cuentas respecto a los apoyos entregados y sobre todo en cuanto al impacto que han tenido los mismos en la población mexicana. 

Alejar el presupuesto de quienes lo solventan en su carácter de contribuyentes, peso por peso, día a día, es una nueva modalidad de transgredir los derechos de los mismos. Si bien no existe una figura progresista que asemeje la función del salario mínimo vigente aplicable a esta materia, sería óptimo que existiera. Ya que esta podría ubicar y hacer exigible un mínimo en cuanto a la distribución de los rubros que cubre el presupuesto de egresos de la federación. Una figura como tal debiera considerarse a efecto de la distribución que se hace año con año, fijando así metas de progreso y no de retroceso. De esta forma, se tendría un candado que evitaría que estas situaciones se produjeran en un futuro a la llegada de una nueva gestión. Es importante reflexionar que centralizar los recursos jamás será sinónimo de transparencia ni mucho menos un intento de querer ayudar al grueso poblacional, en medio de una pandemia, si no se tiene ni la confianza ni las instituciones suficientes para demostrar a la población, su uso. 

Repensar el sistema laboral mexicano

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Uno de los pendientes más importantes en el desarrollo de México tiene que ver con el sistema laboral. Este ha sido un sistema injusto e ineficiente que, en lugar de contribuir en la movilidad social de las y los mexicanos, ha acrecentado las desigualdades socioeconómicas de la sociedad. 

Este es un debate que cobra relevancia en el marco de la reciente propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la regulación del outsourcing. Esta es una propuesta que surge a partir de las preocupaciones del gobierno federal sobre los efectos perversos que ha provocado la subcontratación en el mercado laboral mexicano, como por ejemplo las reducciones en los beneficios de seguridad social de las y los trabajadores (afectando las pensiones, los fondos de vivienda y las licencias de maternidad e incapacidad, así como reduciendo las liquidaciones e indemnizaciones frente a despidos) [1]. 

El problema de la subcontratación se inserta dentro de otro más grande y grave, que es el de la precarización laboral. Este es un fenómeno que se puede entender a partir del esfuerzo que hacen muchas empresas por reducir sus costos salariales. Sin embargo, este esfuerzo empresarial se vuelve problemático cuando termina afectando el bienestar de las y los trabajadores, pues no se les registra formalmente en la seguridad social, o simplemente les reducen los salarios para, así, pagar las cuotas, lo cual significa que estos terminan pagando indirectamente su seguridad social [2] [3].  

Este escenario de precarización laboral, empleos informales, subcontratación, etc., nos coloca en una situación crítica que se materializa en menores oportunidades de condiciones socioeconómicas mínimas, que garanticen vidas dignas de las y los trabajadores y sus familias. Asimismo, esta precarización laboral tiene efectos devastadores para el desarrollo de nuestro país debido a que representa un factor determinante de la pobreza [4]. 

Es por eso por lo que se debe repensar el actual sistema laboral mexicano. Quitar el outsourcing tal vez ayude a reducir las practicas de flexibilización laboral que tanto han vulnerado y desprotegido a muchas y muchos trabajadores. No obstante, lo que se necesita es un cambio más estructural y profundo que haga de la seguridad social un derecho universal y accesible al cual no se le saque la vuelta para reducir costos salariales, así como uno donde se priorice a las y los trabajadores y no solamente, como se ha hecho hasta ahora, la “competitividad empresarial”. 

Si la 4T realmente busca lograr una transformación significativa que haga de México un país justo y equitativo, socioeconómicamente hablando, se debe pensar en una reforma laboral integral que modifique los actuales mecanismos que hacen que la seguridad social no sea accesible para todas y todos los mexicanos, económicamente activos, y promueva una dignificación del empleo y la fuerza laboral, lo cual incluya, tal vez, regulaciones en la subcontratación, como lo que actualmente se está proponiendo. 

El pasado 18 de noviembre se lanzó la primera etapa de implementación de la Reforma Laboral, promovida por el gobierno federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en 8 estados de la república mexicana. Hay que estar al pendiente de esta reforma y analizar su contenido para saber si va en la dirección correcta. Estamos en tiempos de cambio y no hay mejores cambios, que le harían tanto bien a México, que aquellos que tengan que ver con el sistema laboral mexicano. 

Instagram/Twitter @toniuniversal 

[1] Animal Político (2020). AMLO presenta iniciativa para regular outsourcing; pide sancionar subcontratación con cárcel. Recuperado de https://www.animalpolitico.com/2020/11/amlo-iniciativa-outsourcing-prohibe-subcontratacion/ 

[2] Ramírez López, B.P. (2019) El binomio formalidad/informalidad en el mercado de trabajo mexicano. Equidad y Desarrollo, (33), pp.89-103. https://doi.org/10.19052/eq.voll.iss33.5

[3] Ríos, V. (2020). Más dañino que el “outsourcing“. Expansión Política. Recuperado de https://politica.expansion.mx/voces/2020/11/16/viri-rios-mas-danino-que-el-outsourcing 

[4] Martínez-Licerio, K.A., Marroquín-Arreola, J. y Ríos-Bolívar, H. (2019). Precarización laboral y pobreza en México. Análisis Económico, 34, (86), pp. 113-131, ISSN:0185-3937.