La última oportunidad: Evo Morales

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Este fin de semana el expresidente Evo Morales, actualmente con asilo político en Argentina, anunció que su partido político, el Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), finalmente cuenta ya con un binomio de cara a las elecciones del próximo mes de mayo: se trata del exministro de Economía Luis Arce (para presidente) y el exministro de asuntos exteriores, David Choquehuanca (para la vicepresidencia).

Para quienes no los conocen, Arce estuvo en su cargo desde 2006 y prácticamente hasta el la reciente salida del expresidente. Durante los primeros años, y por encargo de Morales, estuvo altamente involucrado en las empresas estatizadas desde el gobierno y a él se le atribuye el “milagro boliviano”: desde 2006 y hasta la fecha, la economía boliviana ha crecido ha ido siempre en crecimiento y tan sólo en 2015 tuvo un pequeño revés en términos de PIB per cápita. Por su parte, Choquehuanca acompañó desde 2006 y hasta 2017 y fue Secretario General de la ALBA, organismo internacional de entre cuyos miembros destacan Cuba, Nicaragua y Venezuela; países con fuerte sentimiento antiimperialista y con gobiernos de izquierda originarios de la revolución.

Otros nombres como el de Andrónico Rodríguez, considerado como el hijo político de Morales, también fueron propuestos por grupos al interior del partido. A pesar de su cercanía con el expresidente, no fue tomado en cuenta. En cambio, tanto Arce como Choquehuanca fueron de los miembros que más tiempo permanecieron dentro de los distintos gabinetes de Evo.

La clave de su designación podría tener una triple vertiente. En primer lugar, y la más sencilla, por la cercanía con Morales. Después de que el mandatario ocupó la presidencia por más de una década -y tomando en cuenta la manera en la que se produjo su salida- el designar a este binomio podría, hasta cierto punto, garantizarle condiciones para su regreso al país.

En segunda instancia, por las áreas en las que anteriormente operaban. Un país como Bolivia que es altamente dependiente de sus recursos naturales (más del 80% de las reservas mundiales de litio se encuentran en territorio boliviano) y con un gasto público “alto” (debido a la nacionalización de empresas y servicios), requiere de un buen administrador. Además, y de manera tradicional, una de las áreas que siempre es prioritaria para un gobierno es la relación que tiene con sus similares. El reconocimiento de las soberanías entre estados siempre es una prioridad. Si no, que les pregunten a los escoceses, los québecois, los catalanes o a Guaidó y Maduro.

Y, finalmente, por la necesidad de una apuesta moderada en tiempos convulsos. Si bien el objetivo de Morales es que su partido se mantenga en el poder, sabe que existe un riesgo de que no sea así. Por lo cual, y en caso de que la derecha se mantuviera en el gobierno (y da muestras de ello al Jeanine Áñez haber ampliado su mandato recientemente), la única alternativa que tendría el MAS sería negociar con el nuevo gobierno y así buscar la manera de, desde la oposición, mantenerse relativamente vigente y no perder todo su poder político, particularmente Arce, quien es conocido por ser de un ala menos radical dentro del partido.

El panorama para el más MAS es complicado de cara a la cita electoral de mayo y se enfrenta a una prueba importante. Es la última oportunidad para Morales de conservar algo de poder. “El hombre propone y Dios dispone”, o más bien “Evo propone y Jeanine dispone” porque, así como hay mecanismos en contra de Morales, ¿por qué no pensar que también podrían ser activados en contra de Arce y Choquehuanca? Habrá que esperar.

En busca de la Dictadura Perfecta

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La semana pasada hubo mucha controversia en el gremio jurista. Se planteó una posible reforma a nuestro Sistema Penal en México, misma reforma que contenía muchas leyes retrogradas a nuestro Sistema Penal actual.

Esta reforma, es una prueba más de que la cuarta transformación quiere controlar los tres poderes de gobierno, imponiéndose sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el Consejo de la Judicatura y sobre la autonomía de los Congresos Locales.

Dentro de la propuesta, se busca crear un Tribunal Especializado en materia de Responsabilidades Penales, con la finalidad de que los integrantes del Poder Judicial Federal puedan ser juzgados en caso de que incurran en delitos relacionados con su responsabilidad. 

Este tribunal especializado estaría conformado por Jueces y Magistrados, que serían designados por el mismísimo Senado, de igual forma, el Senado tendría la facultad de observar, vigilar y controlar las intenciones de investigación que el Tribunal Especializado realice, sustituyendo la labor que realiza el Consejo de la Judicatura Federal.

En la misma propuesta, se busca la creación de un Código Nacional Penal, con la finalidad de que el Congreso de La Unión sustituya la facultad de establecer y tipificar delitos a los Congresos Locales.

Actualmente los Congresos Locales tienen autonomía para establecer y tipificar delitos, por ejemplo, cada Congreso Local tiene la facultad de definir como conducta delictiva o no delictiva la interrupción voluntaria del embarazo; de proceder la iniciativa, esa facultad que tienen los Congresos Locales quedaría únicamente en manos del Congreso de la Unión.

Éstas sólo son unas de las pocas propuestas de reforma que se plantean para la modificación del Sistema Penal en el año 2020. Es increíble el descaro del Gobierno Federal de querer controlar todo, así mismo es lamentable que teniendo actualmente un Sistema Penal garantista, regresemos a un Sistema Penal con muchas fallas y violaciones a los derechos humanos, sin olvidar todo el gasto que se ha hecho para implementar el Sistema Penal actual.

Una vez más, bienvenidos a la cuarta transformación. 

#ElNidoDelGavilán: “La Línea 3 que no llega”

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6 años han pasado desde que la construcción de la Línea 3 de Metrorrey empezó. 6 años de promesas de término, de cambio de gobernador, de presidente, de financiamientos que no llegaron, de trenes que siguen sin llegar y de un nuevo acuerdo, ahora con China, para la compra de vagones.

Una obra que debió inaugurarse en 2015, ahora El Bronco promete su operación para 2021, si bien nos va. Un gobierno como el de Jaime que se recordará como inconsistente, débil en el tema de la seguridad y sin obras de infraestructura importantes, asegura que en los últimos meses de su gobierno estará lista.

El Plan Maestro de 1987 proyecta a la Línea 3 con un término sobre la avenida López Mateos llegando a los límites entre San Nicolás y Apodaca. Sin embargo, la obra civil sólo llegó hasta el Hospital Metropolitano.

De acuerdo con dicho plan, para el año 2000, Monterrey debió tener 4 líneas (La cuarta hacia Santa Catarina), sin embargo, en pleno 2020 se hace una línea 3 incompleta y que es insuficiente ante la expansión de la ciudad. Es increíble que Metrorrey siga operando con un proyecto de ciudad basado en 1987 cuando la ciudad cambió en mayor medida a lo esperado… y sigue.

La Línea 3 es un proyecto que no movilizará a gran parte de la ciudad, pues va del centro hacia el Hospital Metropolitano. Esta zona se pudo atender mediante otro sistema de transporte como Ecovía, priorizando el Metro hacia las zonas realmente densas del área metropolitana como Escobedo, Juárez o García.

El área metropolitana de Monterrey cada día se va atrasando en opciones de movilidad a nivel latinoamericano frente a ciudades como Medellín, La Paz o Caracas con poblaciones semejantes.

Mientras tanto, lo único que tenemos -completo– de la Línea 3 es la réplica en Minecraft de dicha línea que se viralizó en Facebook y prensa hace un par de días.

Lo dicho, dicho está.

#Kleroterion: “¿Por qué antes no corrigieron el fraude del Seguro Popular?”

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Hoy quienes nunca se interesaron por la seguridad social de los más pobres cuestionan el esfuerzo titánico de la Cuarta Transformación por consolidar un modelo de seguridad social universal comparable a los mejores del mundo. Las críticas sobran, pero esos  mismos críticos nunca alzaron la voz ante las irregularidades detectadas en el Seguro Popular. 

De acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entre 2015 y 2016 los gobiernos estatales desviaron recursos millonarios del Seguro Popular,  las irregularidades encontradas sumaron más de 19 mil 500 millones de pesos. A esta cantidad deberían añadirse otros 13 mil millones que el Gobierno federal distrajo en esos mismos años del fideicomiso concentrador, donde el Seguro Popular guardaba sus recursos.

Eso es sólo en esos dos años y si usted busca pronunciamientos de la oposición denunciando la situación será difícil que las encuentre porque básicamente guardaron un SILENCIO COMPLICE ¿por qué?

Quizás la respuesta a esa pregunta se encuentre en los millones de pesos que cada gobierno estatal dispuso y en las muchas irregularidades documentadas. Hubo gobiernos que recibieron dinero y lo ejercieron con opacidad, que no elevaron el nivel de atención y que antes JAMÁS pusieron un peso más de su bolsa, como ahora anuncian que lo harán, para cubrir la atención en enfermedades que el Seguro Popular no cubría.

Pero incluso si les damos el beneficio de la duda, la pregunta es: ¿por qué se niegan a apoyar al INSABI? ¿por qué critican el nuevo modelo en lugar de ser pro activos y colaborar para perfeccionarlo?  ¿Por qué hoy sí “les interesa” la salud de los que menos tienen si antes volteaban la vista y dejaban todo a cargo del Seguro Popular? Otra vez quizás la respuesta se encuentre en los millones que dejarán de recibir, en los contratos de medicinas y construcción de hospitales que ya no podrán asignar, en la nómina que ya no podrán controlar a su antojo y beneficio.

Durante el fin de semana los gobernadores del PAN anunciaron la creación de una alternativa al INSABI que “garantice el servicio gratuito, cobertura y calidad en los servicios de salud para todos los mexicanos” y  que mantenga los beneficios del seguro popular.

Habría que preguntarse ¿beneficios para quien?, pero en última instancia el tema de fondo aquí es: si tanto les importaba, como hoy dicen, la salud de los más pobres, ¿por qué no le pusieron un alto a las irregularidades del Seguro Popular documentadas en las tres administraciones anteriores? ¿por qué no hicieron los ajustes de presupuesto y las leyes necesarias para que desde hace décadas México tuviera un sistema de salud universal? ¿por qué prefirieron mantener un sistema que los beneficiaba a ellos y permitieron que la calidad del sistema de salud disminuyera año con año? ¿Por qué a pesar de las pruebas documentadas y de los señalamientos de organismos internacionales nunca corrigieron EL FRAUDE DEL SEGURO POPULAR?

Tres años antes

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Comenzamos esta semana con otro de los videos de Ricardo Anaya, de alta producción, hablándole a México. Esta vez anuncia que rechazará ser diputado federal plurinominal por el Partido Acción Nacional para recorrer todo el país, empezando con mil municipios, escuchando a la gente de cara a la elección presidencial de 2024.

A poco más de tres años, ya tenemos al primer destapado.

Su plan de caminar por México, sus montañas y sus valles, recuerda un poco a la estrategia que usó Andrés Manuel López Obrador durante varios años para ganarse la simpatía de la gente. Fácilmente se puede confundir por ambición de poder, aunque el ex candidato presidencial lo anuncia como una fuerte necesidad de un verdadero cambio.

En la Cámara de Diputados, es probable que Anaya hubiera encabezado al Grupo Parlamentario del PAN o alguna comisión notable, pues es conocido que es una de las voces más fuertes en contra del actual gobierno de la 4T, incluso desde antes de las campañas de 2018. Famoso por los argumentos que presentaba en los debates presidenciales y las confrontaciones que tenía con López Obrador, Ricardo ha ido ganando terreno desde su reaparición pública hace meses después de dedicarse a su familia por dos años.

Es de suponerse que si eligió este camino es porque el apoyo a su candidatura existe, más aún por la notable ausencia de líderes en Acción Nacional. Este partido, que en algún momento fue el más fuerte de México, sufre de una crisis interna derivada de la triste gestión de Marko Cortés, de la ruptura de antiguos líderes y de la falta de perfiles fuertes que den la cara por la oposición mexicana.

Ahora, esta estrategia de Anaya Cortés deja ver claramente que, si bien si es posible que tenga genuino interés por el bienestar de México, es un personaje muy ambicioso. 

¿Recuerdan cuando en 2018 se impuso como candidato de su partido y como consecuencia Margarita Zavala renunció y con eso el PAN se fragmentó? Eso fue por la ambición de Ricardo. Consiguió una considerable cantidad de votos y se posicionó como un importante opositor, pero también se le recuerda por dañar a un partido con tal de poner su proyecto personal por encima de todo lo demás.

Anunciar una intención presidencial con tres años de adelanto no es nuevo, pero ya conocemos bien qué características tienen aquellos personajes que lo hacen. 

Tiene mucho tiempo para ganarse la confianza de las y los mexicanos. Pero también, en un instante sus aspiraciones prematuras se pueden venir abajo. Habrá que estar pendientes de su recorrido y quienes desde ahora suenan para ocupar Palacio Nacional el siguiente sexenio.

¿Qué opinas al respecto?

Sometimiento ineludible

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Todos los mexicanos, tenemos el derecho y la obligación de votar en las elecciones populares.

A través del ejercicio del referido derecho, en nuestro País elegimos al Presidente de la República, a quien se le deposita el ejercicio del Poder Ejecutivo de la Unión.

Cada uno de los Presidentes electos tienen su propio proyecto y visión, respecto de hacia donde quieren llevar a nuestra Nación, para lo cual organizan un sistema de planeación democrática, que imprime solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y democratización política, social y cultural del País, al que se le denomina Plan Nacional de Desarrollo y al que deben sujetarse los programas de la Administración Pública Federal.

Para poder materializar su visión, es necesario proponer al Congreso de la Unión reformas a disposiciones secundarias e incluso en ocasiones a la Constitución.

Sobre el particular, durante el mandato de Vicente Fox se reformaron 31 artículos, con Felipe Calderón 110 artículos, Peña Nieto 155 artículos, mientras que durante la administración del Presidente López Obrador se han reformado 42 artículos, todos los anteriores de nuestra Constitución.

La facilidad y cantidad de reformas me parece deplorable, pues se trata de la Norma Fundamental en la que descansa la totalidad del sistema jurídico mexicano, el federalismo, la división de poderes, etc.

Máxime, que en cualquier Estado Constitucional lo conducente es que la actuación de las autoridades, incluyendo al Presidente, se subordinen a la Magna Carta y no, que ésta se subordine a su visión de la Nación.

Sobre este punto, una de las cuestiones que me parecen más alarmantes respecto a las modificaciones del texto Constitucional, es que cualquiera de sus preceptos puede ser reformado con la misma facilidad, pues su artículo 135 únicamente establece que las adiciones a nuestra Norma Fundamental requieren que el Congreso con el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes acuerden las reformas y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México, pero sin distinguir entre tipos de normas.

A efecto de ejemplificar la gravedad de la situación, hoy esta en análisis la pertinencia de reformar la Constitución para desaparecer algunos Organos Constitucionales Autónomos. De realizarse la referida reforma, debemos dimensionar que con la misma facilidad con la que pueden desaparecer dichos Organos podría llegar otro Presidente y Congreso, proponiendo y aprobando una reforma para modificar el sistema federal, subordinar al Poder Judicial, entre otras, pues insisto, el artículo 135 de nuestra Norma Fundamental no distingue entre los preceptos que pueden ser sujetos de modificación.

En atención a ésta problemática, ante sociedades y Constituciones cada vez más flageladas por sus gobernantes, considero oportuno que nuestro máximo ordenamiento reconozca algunas disposiciones como normas pétreas, esto es, disposiciones rígidas inmutables o con mayores requisitos que las demás para su modificación, a efecto de salvaguardar las instituciones prioritarias y la identidad nacional.

Un ejemplo de las normas que estimo deberían catalogarse como pétreas, son: la progresividad de los derechos humanos (artículo 1º), la nación única e indivisible (artículo 2º) principio de legalidad (artículos 14 y 16), derecho al voto (artículo 35), soberanía nacional (artículo 39), sistema republicano y federal (artículos 40), división de poderes (artículo 49), periodo de seis años y no reelección para los presidentes (artículo 83), independencia del poder judicial (artículo 94), medios de control constitucional (artículos 103, 105 y 107), responsabilidad de servidores públicos (artículo 108), obligación de los gobernadores para cumplir leyes federales (artículo 120), separación iglesia – estado (artículo 130), Supremacía Constitucional (artículo 133) y finalmente inviolabilidad de la Constitución (artículo 136).

Esto, pues son los preceptos sobre los que sin lugar a dudas descansa la identidad nacional, que a toda costa debemos salvaguardar y que definitivamente ninguna visión particular debe vulnerar.

Finalmente, debo insistir, en cualquier Sistema Constitucional todas las autoridades deben actuar con sometimiento ineludible a la Norma Fundamental.

Ombudsman de la Salud

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El 29 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud (en adelante LGS) y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

Lo anterior, implica uno de los cambios más trascendentales en el sistema de salud mexicano impulsado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esto, pues se derogaron las disposiciones relativas al Sistema de Protección Social en Salud (en adelante Seguro Popular) y se implementaron las disposiciones sobre la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social, mismas que entraron en vigor a partir del 1º de enero de 2020.

Las nuevas disposiciones, tienen como objetivo que las personas que no cuenten con seguridad social tengan derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos al momento de requerir la atención.

Para materializar lo anterior, se crea un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal cuyo fin es promover y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud para las personas sin seguridad social denominado Instituto de la Salud para el Bienestar (INSABI) y del cual su titular es el Maestro Juan Antonio Ferrer.

Sin embargo, desde el 1º de enero y al día de hoy ha existido confusión y mal información sobre el contenido de la reforma abordada, que incluso llegó a la Bancada del PAN en el Senado.

Lo anterior, pues los Senadores Keila López Rabadán, Guadalupe Murguía, Alejandra Reynoso, Xóchitl Gálvez, Julen Rementería y Damián Zepeda del PAN anunciaron que presentarán una iniciativa de reforma a los artículos 36 y 77 de la LGS para garantizar 1) que los servicios otorgados por el INSABI sean gratuitos y 2) que se eliminen las cuotas de recuperación para sus beneficiarios.

Iniciativa, que no sería más que un acto fútil, pues los Senadores del PAN, pasan por alto primeramente que el nuevo sistema de salud para las personas que no cuentan con seguridad social garantiza el derecho de sus beneficiarios a recibir los servicios de salud de manera gratuita, pues así lo consignan expresamente los reformados artículos 77 bis 1 y 77 bis 37 de la LGS.

Máxime que incluso con el nuevo sistema, los beneficiarios ya no tendrán que realizar las aportaciones anuales que enteraban al Seguro Popular, puesto que ahora el financiamiento del INSABI será realizado únicamente por la Federación y Entidades Federativas.

También, soslayaron que el artículo 36 de la LGS que prevé las cuotas de recuperación que pueden cobrar algunos hospitales, no fue materia de la reforma de 29 de noviembre de 2019, puesto que dichas cuotas de recuperación existen desde 1987 y su última modificación se dio en 2005.

En la misma tesitura, contrario a sus manifestaciones, olvidaron que la fracción XIV, del artículo 77 bis 37 de la LGS también reformado, expresamente señala que los beneficiarios del INSABI tienen derecho a no cubrir ningún tipo de cuota de recuperación o cualquier otro costo por los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados.

Por esto, es que la iniciativa de reforma pretendida por la Bancada del PAN resulta un acto fútil, pues las “mejoras” que pretenden implementar ya se encuentran previstas expresamente en la LGS desde la reforma de 29 de noviembre de 2019.

Así, como en otras columnas lo he mencionado lo que me parece y a la ciudadanía debe parecerle verdaderamente preocupante es la amnesia con la que se conducen nuestros legisladores, pues se olvidaron del contenido de un texto reformado que no tiene más de un mes de vigencia y que supuestamente estudiaron para ser votado.

Finalmente, lo cierto es que hoy el titular del INSABI se erige como el nuevo Ombudsman del sistema de salud nacional.

Incremento del salario mínimo: una revisión teórica de sus efectos

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El pasado miércoles 1 de enero entró en vigor el acuerdo de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) que establece un incremento del salario mínimo de 20% en términos reales – de 102.68 a 123.22 pesos diarios. 

El gobierno federal ha señalado que el alza general en el salario mínimo no tendrá repercusiones inflacionarias. Si bien es cierto que la relación puntual entre los salarios y los precios no es directa, el aumento se da en un contexto de estancamiento económico. Las consecuencias en la economía no son fáciles de predecir, dada la multiplicidad de factores.

Por ello, conviene precisar algunos postulados teóricos que simplifican el análisis de los efectos que tiene un aumento en los salarios. De esa manera, podremos dar cuenta de efectos opuestos a los que señala la teoría económica ortodoxa. 

La escuela neoclásica de economía establece que el salario real que reciben los trabajadores en una industria debe ser equivalente a la productividad marginal, es decir, a la aportación de la última unidad de trabajo utilizada en la producción. 

El problema con esta teoría es que dicha equivalencia ocurre exclusivamente en equilibrio, un estado de la economía que tiene más relevancia teórica que una existencia fáctica. La economía se encuentra constantemente en movimiento, por ello el análisis debe ser a partir de un enfoque dinámico, no estático. Ante ello, esta escuela de pensamiento toma como simultáneo lo temporalmente heterogéneo. 

Si se acepta este enfoque reduccionista y atemporal, un aumento en el salario real no implica un incremento en la productividad laboral; por el contrario, si se fija un salario mínimo por arriba del equilibrio – ahí donde las funciones de oferta y demanda se cruzan -, las empresas contratarán menos unidades de trabajo respecto al punto de equilibrio, lo que implicaría desempleo. 

Bajo este enfoque existen dos cuestiones que la teoría no toma en cuenta y es consecuencia de la rigidez simultánea que impone entre la remuneración del trabajador y su productividad. En primer lugar, la teoría no prevé que el aumento en las remuneraciones salariales puede generar un mayor esfuerzo, lo que deriva en una mayor productividad. Los trabajadores perciben un estímulo por parte del empleador y lo traducen en un mayor compromiso laboral. Esto no solo se reduce al salario, sino también al acceso a seguridad social, prestaciones, mejor ambiente de trabajo, etc. 

En segundo lugar, la escuela neoclásica define una función de oferta laboral estrictamente creciente, lo que genera un solo equilibrio de mercado. Sin embargo, si pensamos en un hogar con familia extensa que incluya a los abuelos, con salarios muy bajos, todos los integrantes del hogar buscarán trabajar, pero a medida que incrementa el salario y los padres de familia perciben una mayor remuneración, los abuelos pueden dejar de trabajar para cuidar a los nietos, lo que revierte la función de oferta y la vuelve decreciente. Por último, si el salario continúa creciendo, los abuelos tendrán nuevamente incentivos para ofrecer su fuerza laboral dada una mayor remuneración. 

Con ello, se busca señalar que pueden existir más de un equilibrio de mercado, por lo cual, fijar un salario mínimo por arriba de un equilibrio puede conducir al mercado a otro equilibrio, superando el problema de desempleo que la escuela ortodoxa dogmáticamente profesaba. 

A lo anterior, vale la pena agregar los problemas de información que existen en el mercado laboral y que conducen a equilibrios subóptimos. Si bien desde finales de la década de los setenta ya se hacía alusión a escenarios con asimetría de información –moral hazard y adverse selection-, podemos añadir otro de carácter sociológico: la asimetría de poder entre el oferente y el demandante de fuerza de trabajo. 

El empleador, en muchos casos, conoce la situación de necesidad que tiene la persona de ser contratada, por lo cual éste está dispuesto a aceptar el trabajo por una remuneración posiblemente inferior a su productividad. El demandante obtiene una ventaja de la posición de precariedad que tiene el oferente. Por ello, la política pública del candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, de establecer un ingreso universal no era una locura; si bien financieramente poco viable, el ingreso le otorgaría al oferente un respaldo económico que evitaría vender su fuerza de trabajo a cualquier precio.

Con esto no buscamos argumentar que el aumento de los salarios debe ser por mandato gubernamental; por el contrario, estamos de acuerdo en que el aumento sostenido de los ingresos laborales solo es posible con un incremento sostenido de la productividad. Si bien no de forma puntual, el salario y la productividad poseen un relación estrecha y positiva, por lo cual más allá de un aumento por mandato del salario mínimo, el gobierno debe de solucionar el mayor problema para la economía mexicana y que ha provocado el estancamiento del salario y una caída de la productividad: la informalidad. 

#HojaDeRuta: “Chamín ha tenido que partir”

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Algo más se va con Chamín que sus manos. 90 años después, deja una estela de sonidos inolvidables. Hubo una época en que los apodos elegantes de la farándula se quedaban en la memoria popular: “El Príncipe de la canción”, “El lujo de México”, “El charro cantor”. Chamín era “El requinto de México”.

Hace un año -quizá en su última entrevista larga- dijo a La Jornada que ya no veía a nadie llorar con una canción. Puso “Amor Eterno” de ejemplo, contando la anécdota de que Juanga no se la habría compuesto su mamá, sino a un lanchero de Acapulco que se ahogó después de una parranda. Quizá. Pero el público la volvió parte de su patrimonio sentimental para siempre, convirtiéndose en la elegía más bella de la música en español junto con la musicalización de Serrat del poema “Elegía a Ramón Sijé” de Miguel Hernández.

Aunque no soy partidario de considerar la calidad con base a las épocas (quizá por mi resistencia al conservadurismo de pensar que todo pasado fue mejor), tampoco puede negarse que una época musical, un pedazo significativo de nuestra historia cultural y emocional, se ha venido desvaneciendo durante los últimos años con las partidas de figuras como Juan Gabriel, José José y ahora, Chamín Correa.

Chamín nunca tuvo las dimensiones de José José o Juan Gabriel, pero él siempre se asumió como una pieza de algo más grande: “Cada quien tenía su misión. Como yo, nadie tocaba la guitarra, pero yo no cantaba tan bonito como la primera voz y, no hacía canciones como Cantoral. En mi caso era el arreglista y Roberto, el autor”.

Sin Roberto Cantoral, jamás hubiese existido “La Barca”, un tema cumbre de la canción romántica mexicana, pero sin Chamín, no hubiese tenido ese requinto de apertura que está tatuado en todo bohemio y ha sobrevivido a décadas de versiones, desde la de los propios Tres Caballeros hasta la de Luis Miguel en “Romance” (donde, por supuesto, Chamín grabó el requinto).

El mayor beneficio que alguna vez obtuve de la privatización de Teléfonos de México fue que a alguna persona de alma bohemia se le ocurrió editar dos grandes obras: el libro “Recogiendo Poemas” de Jaime Sabines (con un maravilloso ensayito de Monsiváis titulado “Sabines al Poder” en el que relata el carácter popular del único poeta que la gente reconocía en la calle) y la otra fue el CD “Cuerdas, amor y guitarra” de Chamín correa, que en la portada y de su puño y letra, estampó “Juntos…con LADA”, el eslogan de llamadas de larga distancia que Telmex tenía allá por la mitad de los noventa.

El Disco Compacto (en ese entonces, el formato imponía con sus reflejos multicolor) estaba en casa de mi abuela y entre eso y que jamás le cambiaron a la AW (El lujo del gran radio) quedé atrapado por el bolero.

Romance, de Luis Miguel, vino a sellar para siempre mi fascinación por el bolero. Y ahí estaba Chamín. Y seguirá estando entre quienes hagamos vibrar una y otra vez sus arreglos, entre quienes creemos que hay pocas cosas tan lindas como llorar por una canción.

Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir.

Cienfuegos

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La impunidad es un agravio directo al pueblo y aniquila toda esperanza de un Estado de Derecho. Ello aumenta la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones y erosiona la legitimidad de los gobiernos. Sin duda alguna, la impunidad es síntoma de un Estado ausente. El jueves, la Fiscalía General de la República, a través de un comunicado en redes sociales, dio a conocer que después de “analizar los elementos probatorios enviados por las autoridades norteamericanas y los aportados por el General Salvador Cienfuegos, concluyó que él no sostuvo encuentro ni comunicación con grupo delictivo alguno. Por lo que se determinó ejercer el no ejercicio de la acción penal”. Esto, ante la detención del ex Secretario de la Defensa Nacional en octubre del año pasado en Los Ángeles, California, debido a acusaciones de la DEA por tráfico de drogas, lavado de dinero y favorecer al Cártel H-2 del hermano de Beltrán Leyva, cuando fungió como Secretario, posteriormente el Departamento de Justicia de dicho país removió los cargos y el llamado “Padrino” fue trasladado a México. 

La decisión de la FGR por supuesto tendrá repercusiones políticas, pero lamentablemente, en un país como el nuestro donde la impunidad supera el 90%, dolorosamente no es ninguna sorpresa. Este era el momento indicado para que el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, diera un golpe de timón a una institución tan cuestionada y deslegitimada. Esta decisión indigna en muchos sentidos, no sólo desde un punto de vista político, sino que de una manera tan simple y sin llevarlo ante un juicio para abiertamente perseguir y litigar e intentar que llegue a sus últimas consecuencias, la Fiscalía General sencillamente no hizo nada. Por supuesto que Cienfuegos tiene y debe respetarse su derecho a la presunción de inocencia, pero Gertz Manero pudo exponer el caso ante el poder judicial de manera abierta, argumentando y haciendo su trabajo. 

Y el hecho de que no suceda nada en país con violaciones sistemáticas a los derechos humanos, en país donde las víctimas de delitos viven infiernos para que se haga justicia, en un país donde ser pobre muchas veces se traduce cómo el único elemento para ser encarcelado, el hecho de que un militar de tan alto nivel tuviera tanto privilegio sólo confirma que en México la justicia es selectiva. 

Duele, porque las víctimas del crimen organizado continuarán esperando a que algún día muy lejano se haga justicia. Enoja, porque esta administración ha dicho hasta  el cansancio que “Al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie” pero los hechos suenan más fuertes. Si  bien, la FGR es autónoma, la decisión de traer a nuestro país a “El Padrino” fue de la Presidencia de la República y ahí tendrán que rendir cuentas. 

Ante un debate sobre la importancia y eficacia de los organismos autónomos, la decisión del Fiscal sólo aumenta la necesidad de consolidar autonomías verdaderas y no simuladas que se someten a las exigencias de los intereses y poderosos, nuevamente somos testigos de cómo la autonomía de papel no funciona y es una obligación moral, constitucional y política, el proponer o abonar para que podamos gozar de instituciones alejadas del poder político para que puedan funcionar. Y mientras somos testigos de una militarización del país, el caso Cienfuegos sienta un precedente y nos demuestra los alcances que tiene este poder. 

El no ejercicio de la acción penal en el caso del ex Secretario de la Defensa Nacional marca un momento crítico y triste para la procuración de justicia en México, elimina las pocas esperanzas que tenemos de un sistema de justicia que funcione, y también nos debe motivar aún más para seguir luchando por las víctimas y sus familias y el sueño de ver y vivir y alcanzar la tierra prometida de la justicia.