PRI formaliza renuncia a 258 millones de pesos de su financiamiento público.

Tal como lo anunciaron, este mediodía la dirigencia nacional del PRI, encabezada por Enrique Ochoa Reza, acudió al Instituto Nacional Electoral (INE), con el propósito de renunciar al 100 % de los recursos públicos que recibirían en los tres meses que le restan al 2017.

“Son recursos públicos equivalentes a 258 millones de pesos que exigimos sean destinados a los apoyos de reconstrucción, en apoyo a las familias damnificadas en todas las entidades federativas que sufrieron afectaciones por los dos sismos que ocurrieron en México en el mes de septiembre”, señaló el dirigente nacional.

Señaló que en este momento es indispensable llevar a cabo un ejercicio de solidaridad con las familias que lo han perdido todo y que reclaman con razón la mayor generosidad de parte de todas las mexicanas y los mexicanos. Nosotros estamos haciendo la parte que nos corresponde en el 2017.

Asimismo invitó a los otros partidos políticos nacionales a sumarse a esta iniciativa.

“Si cada partido político a nivel nacional renuncia ahora a los recursos públicos que recibiría durante el resto de 2017, podríamos sumar una cantidad en conjunto de cerca de mil millones de pesos que se puede destinar de manera inmediata al apoyo de las familias damnificadas en todo nuestro país”, destacó.

Dijo que es la responsabilidad de todos los partidos políticos regresar de manera legal, inmediata y sin tintes políticos el dinero del pueblo a fin de que se destine al uso en que el pueblo demanda: el apoyo a los damnificados, el apoyo a la reconstrucción.

De esa manera al PAN le correspondería regresar cerca de 190 millones de pesos; al PRD le corresponde regresar cerca de 114 millones de pesos; al Partido del Trabajo le corresponde regresar poco más de 54 millones de pesos; al Partido Verde Ecologista, quien ha hecho ya un compromiso público de regresarlo, le corresponden poco más de 84 millones de pesos; a Movimiento Ciudadano le corresponde regresar de inmediato 78 millones de pesos; al Panal le corresponde regresar poco más de 60 millones de pesos; al Partido Morena, cuyo dirigente ha expresado que va a regresar dinero, le corresponde regresar de inmediato al pueblo de México en este día de septiembre de 2017, más de 95 millones de pesos; a la dirigencia del Partido Encuentro Social le corresponde regresar algo más de 57 millones de pesos.

Si todos los partidos políticos regresan esa cantidad de dinero, lo que corresponde al 100 % del recurso público que estarían por recibir por el resto del año, tendríamos la posibilidad de apoyar de manera inmediata con mil millones de pesos de presupuesto público a las familias damnificadas.

No alcanza votos el PRI para Mesa Directiva; Logra Frente Amplio Primer Victoria

El frente conformado por el PAN, el PRD y MC en la Cámara de Diputados impidió que el PRI y sus aliados obtuvieran las dos terceras partes de los votos para instalar la Mesa Directiva.

Diputados del PRI, el PVEM, Nueva Alianza y el PES consiguieron 257 votos; el PAN, el PRD, MC y Morena -quien también votó en contra- tuvieron 209 votos; hubo dos abstenciones.

Para nombrar a la Mesa Directiva son necesarios los votos de las dos terceras partes de los legisladores presentes. Al momento de la votación estaban en el Salón de Plenos 468 legisladores, por lo que eran necesarios 312 votos para conseguir que el priista Jorge Carlos Ramírez Marín se convirtiera en presidente de la Cámara baja.

La Mesa Directiva es el órgano directivo que representa y coordina los trabajos de la Cámara de Diputados.

La todavía presidenta de la Cámara baja, Guadalupe Murguía (PAN), decretó un receso para que la Junta de Coordinación Política busque un nuevo acuerdo y se someta nuevamente a votación del pleno.

A decir del PRI, si a la medianoche de este 5 de septiembre no hubiera Mesa Directiva instalada, la Cámara de Diputados se quedaría sin órgano directivo, por lo que no habría condiciones para continuar con las actividades legislativas.

El PAN, el PRD y MC insistieron en que, sin importar las consecuencias, no cambiarán su posición hasta que se vote la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto para eliminar el pase automático del procurador general de la República, Raúl Cervantes, a la Fiscalía General de la Nación.

La votación en el pleno de San Lázaro se dio minutos después de que el frente opositor acusara al PRI de intentar “comprar” las conciencias de algunos de sus diputados.

El PRI negó las acusaciones y pidió que si tienen pruebas, las lleven ante las autoridades.

Los legisladores permanecen en el Palacio Legislativo de San Lázaro, pendientes de una nueva votación; el plazo vence a la medianoche.

Morena Denuncia al PRI ante el INE

El día de ayer el partido del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, presento una denuncia en contra de la coalición PRI, PVEM, PES y NA por el reparto de tarjetas “Salario Rosa” en el Estado de México.

Morena asegura que las tarjetas son entregadas a mujeres mexiquenses y se les promete que se les va a depositar dinero a las que tengan la tarjeta una vez que el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, gane los comicios del 4 de junio.

El representante de Morena, Horacio Duarte Olivares acudió al Instituto Nacional Electoral para denunciar el posible fraude electoral, presentando fotografías de las tarjetas. Duarte Olivares explico que las credenciales rosas y sin folio se dan a cambio de copias de las credenciales de elector. Por otro lado, al no estar foliadas, dice Horacio Duarte, se puede tratar de una simulación y de falsas promesas por parte del PRI.

El dinero que promete Del Mazo a las electoras es 5 mil 010 millones de pesos mensuales, los que serán repartidos entre 8 millones de mujeres. Morena considera que este tipo de recursos solo vienen de procedencia ilícita, probablemente de OHL.

La denuncia de Morena contra el PRI dice que este partido “”se aprovecha de la condición de vulneración económica de los electores, quienes, al recibir la tarjeta con la promesa individualizada de apoyo con programas sociales a cambio de su voto a favor del multicitado candidato, se sentirán materialmente presionados u obligados por necesidad económica y quizá hasta moralmente comprometidos a votar por dicho candidato”.

La seguridad pública en las elecciones en el Estado de México

En los procesos electorales de México las propuestas en seguridad pública de los candidatos a ocupar cargos públicos es una carta de presentación sobre lo que conocen y la forma en que podrían enfrentan los temas que contiene la agenda de seguridad pública, más aún porque es un tema central en la percepción ciudadana sobre la eficacia de los gobiernos.

En el caso del Estado de México (EDOMEX) los problemas que enfrenta en la materia obligan a los candidatos a presentar propuestas sólidas, consistentes, viables y creíbles ente el electorado.

Alfredo del Mazo candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) propone construir Centros de Mando en dos lugares específicos; el primero en Naucalpan y el segundo en el oriente del estado para mejorar la atención policiaca; y propone instalar cámaras de seguridad y botones de pánico en el transporte público.

Josefina Vázquez Mota abanderada del Partido Acción Nacional (PAN)  declaró que profesionalizaría los cuerpos policiales bajo un esquema de sueldos y capacitación. Ha enfocado parte de sus propuestas en el combate a la violencia de género y los feminicidios en particular.

Juan Zepeda, candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) propone modificar el Mando Único Policial que pasaría a ser uno coordinado o mixto, y ha afirmado que establecería una policía de proximidad con las capacidades para atender de forma más rápida los delitos que se cometiesen.

Por último, Delfina Gómez Álvarez de MORENA, propuso que para combatir la inseguridad se instalárán cámaras de videovigilancia y botones de pánico en las zonas donde existen los mayores índices de delitos en la entidad.




Respecto a sus plataformas electorales el documento que entregó el PAN denominado Plataforma Electoral Edomex 2017. Soluciones para el Estado de México” en su  Eje 1. Comunidades seguras y Estado de Derecho, señala que este tema es prioritario, esto es,  seguridad pública, procuración y administración de justicia, así como trato digno y empoderamiento de las víctimas de delito. Para ello intengra 31 estrategias, donde destaca: 1) Transitar del modelo de seguridad pública al de seguridad ciudadana, 2) Transformar de forma integral los cuerpos policiacos estatales a través de su profesionalización y 3) Fortalecer las áreas de control interno de las policías estatal y municipal.

Por su parte, la plataforma de MORENA indica en su punto tres “Seguridad pública y erradicación de la violencia” que debe crearse un nuevo concepto de orden basado en la justicia, la dignididad, el respeto a los derechos humanos y la paz, para ello propone acciones como: 1) se rechaza el uso de la fuerza pública para la solución de conflictos, prioriza el diálogo y el consenso para la toma de decisiones; 2) Establecer el Servicio Civil de Carrera para los policías peritos y Agentes del Ministerio Público, y 3) Garantizar mayores salarios para elementos de la policía estatal y municipal.




La Coalición PRI, PVEM, PANAL, y PES en el documento La plataforma electoral y programa de gobierno 2017-2023. Acción con visión por el Estado de México en su eje 3.2 Seguridad y justicia, coloca al mexiquense al centro de las políticas de seguridad atendiendo de forma prioritaria los problemas de seguridad y violencia, para ello propone: 1) Mejorar el programa de incentivos de las condiciones laborales y prestaciones sociales de los policías, 2) Atender la profesionalización de las corporaciones policiales del Estado, 3) Dignificar la vocación policial y 4) Fortalecer una cultura de prevención del delito desde la educación formal.

Por último la plataforma del PRD títulada Por el Bienestar, la Paz y la Felicidad asienta en su primer política para la Transformación del Estado de México que, la seguridad debe garantizar la vida de las personas, y propone 1) Reformar los órganos relacionados con la seguridad y justicia con ello se podrá garantizar que la seguridad y justicia sean profesionales, 2) La seguridad Pública será ciudadana y humana, y 3) Se establecerá el Mando Coordinado de todas las fuerzas de seguridad en el Estado.

Como puede apreciarse, partidos políticos, equipos de campaña y candidatos de las principales fuerzas políticas en el Edomex establecieron objetivos, estrategias y acciones puntuales sobre cómo transformar y perfeccionar la seguridad pública, corresponde las personas analizar la viabilidad de cada propuesta y ponderar su posible eficacia para, entre otros elementos, analizar el sentido del que será su voto.

Las ciudadanías sí son sustanciales para encauzar la acción de los gobiernos desde las campañas y su participación es fundamental.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

 

 

El costo de hacer trampa

Hacer trampa tiene costos. Recientemente, fuimos testigos de dos elecciones en las cuales se hizo trampa para ganar y se debe pagar por ello. Me refiero a la elección de la Gubernatura en Colima y la de Ayuntamiento en Juárez, N.L.

Fuimos testigos de dos elecciones en las cuales se hizo trampa para ganar y se debe pagar por ello. Me refiero a la elección de la Gubernatura en Colima y la de Ayuntamiento en Juárez, N.L.

No me refiero únicamente a los costos económicos de organizar una nueva elección en Colima y al costo político derivado del cambio en el resultado de la planilla ganadora en Juárez. Me refiero, además, a las consecuencias institucionales y sociales de que se normalicen prácticas contrarias al derecho que ponen en riesgo la libertad del sufragio. Me explico.

Para 2015, el presupuesto del Instituto Electoral del Estado de Colima ascendió aproximadamente a 90 millones de pesos, lo que implicaría un costo por voto de 180 pesos, de haber votado el cien por ciento del casi medio millón de electores de ese estado. Ahora se espera por el INE que la elección extraordinaria en 2016 ascienda a 35 millones. Ya esto es un costo inadmisible para la ciudadanía, derivado de la trampa de servidores públicos del gobierno estatal a favor de una candidatura.

Pero este no es el único costo de la anulación. Uno más tiene que ver con el diseño de competencias entre el INE y el Instituto Electoral de Colima. En resumidas cuentas, el Tribunal Electoral determinó que la intervención del poder Ejecutivo en las elecciones hacía inviable la organización de éstas por parte del referido Instituto Electoral local, por lo que el INE debía hacerse cargo de la elección extraordinaria. El costo de la trampa impacta en lo poco que queda del federalismo electoral en México. Ahora tendremos un Organismo Público Local desacreditado e inoperante. Un buen pretexto para que los legisladores terminen su labor de recentralización de la organización de las elecciones.

El caso de Juárez en Nuevo León tiene un primer costo en la dimensión política. En efecto, sin la trampa acreditada en el expediente, tal vez la planilla postulada por el Partido Encuentro Social estaría ahora gobernando el municipio. Gracias a la presión en los electores que se probó en las 7 casillas de la sección 841 de dicha población, el PES y su candidato a la Alcaldía intercambiaron la mayoría por solamente dos regidurías de representación proporcional. Mal negocio para dicho partido.

Un costo adicional en el caso de Juárez es la insatisfacción social derivada de la sentencia del Tribunal Electoral. Es prácticamente imposible imaginar que los cientos de electores que votaron por el PES y sus candidatos estén contentos con el resultado de la sentencia. Ahora, con los resultados tan cercanos entre primer y segundo lugar, es decir, con la polarización que implican éstos, hace previsible que una buena parte de la sociedad juarense esté inconforme con el resultado derivado del fallo.

Podemos repetir la elección, podemos cambiar al ganador, pero eso no repara la enfermedad.

Finalmente, tanto en el caso de Colima como en el de Juárez, creo que el mayor costo de hacer trampa es el efecto anti-pedagógico que tienen dichas conductas (intervención del Ejecutivo y presión sobre los electores) en el conjunto de la sociedad. Cuando podíamos empezar a creer en la erradicación de ciertas prácticas corruptoras, nos damos cuenta que aún pueden resultar algo “común”, “normal” de la vida política electoral en nuestro país. Podemos repetir la elección, podemos cambiar al ganador, pero eso no repara la enfermedad.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”