La seguridad pública en las elecciones en el Estado de México

En los procesos electorales de México las propuestas en seguridad pública de los candidatos a ocupar cargos públicos es una carta de presentación sobre lo que conocen y la forma en que podrían enfrentan los temas que contiene la agenda de seguridad pública, más aún porque es un tema central en la percepción ciudadana sobre la eficacia de los gobiernos.

En el caso del Estado de México (EDOMEX) los problemas que enfrenta en la materia obligan a los candidatos a presentar propuestas sólidas, consistentes, viables y creíbles ente el electorado.

Alfredo del Mazo candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) propone construir Centros de Mando en dos lugares específicos; el primero en Naucalpan y el segundo en el oriente del estado para mejorar la atención policiaca; y propone instalar cámaras de seguridad y botones de pánico en el transporte público.

Josefina Vázquez Mota abanderada del Partido Acción Nacional (PAN)  declaró que profesionalizaría los cuerpos policiales bajo un esquema de sueldos y capacitación. Ha enfocado parte de sus propuestas en el combate a la violencia de género y los feminicidios en particular.

Juan Zepeda, candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) propone modificar el Mando Único Policial que pasaría a ser uno coordinado o mixto, y ha afirmado que establecería una policía de proximidad con las capacidades para atender de forma más rápida los delitos que se cometiesen.

Por último, Delfina Gómez Álvarez de MORENA, propuso que para combatir la inseguridad se instalárán cámaras de videovigilancia y botones de pánico en las zonas donde existen los mayores índices de delitos en la entidad.




Respecto a sus plataformas electorales el documento que entregó el PAN denominado Plataforma Electoral Edomex 2017. Soluciones para el Estado de México” en su  Eje 1. Comunidades seguras y Estado de Derecho, señala que este tema es prioritario, esto es,  seguridad pública, procuración y administración de justicia, así como trato digno y empoderamiento de las víctimas de delito. Para ello intengra 31 estrategias, donde destaca: 1) Transitar del modelo de seguridad pública al de seguridad ciudadana, 2) Transformar de forma integral los cuerpos policiacos estatales a través de su profesionalización y 3) Fortalecer las áreas de control interno de las policías estatal y municipal.

Por su parte, la plataforma de MORENA indica en su punto tres “Seguridad pública y erradicación de la violencia” que debe crearse un nuevo concepto de orden basado en la justicia, la dignididad, el respeto a los derechos humanos y la paz, para ello propone acciones como: 1) se rechaza el uso de la fuerza pública para la solución de conflictos, prioriza el diálogo y el consenso para la toma de decisiones; 2) Establecer el Servicio Civil de Carrera para los policías peritos y Agentes del Ministerio Público, y 3) Garantizar mayores salarios para elementos de la policía estatal y municipal.




La Coalición PRI, PVEM, PANAL, y PES en el documento La plataforma electoral y programa de gobierno 2017-2023. Acción con visión por el Estado de México en su eje 3.2 Seguridad y justicia, coloca al mexiquense al centro de las políticas de seguridad atendiendo de forma prioritaria los problemas de seguridad y violencia, para ello propone: 1) Mejorar el programa de incentivos de las condiciones laborales y prestaciones sociales de los policías, 2) Atender la profesionalización de las corporaciones policiales del Estado, 3) Dignificar la vocación policial y 4) Fortalecer una cultura de prevención del delito desde la educación formal.

Por último la plataforma del PRD títulada Por el Bienestar, la Paz y la Felicidad asienta en su primer política para la Transformación del Estado de México que, la seguridad debe garantizar la vida de las personas, y propone 1) Reformar los órganos relacionados con la seguridad y justicia con ello se podrá garantizar que la seguridad y justicia sean profesionales, 2) La seguridad Pública será ciudadana y humana, y 3) Se establecerá el Mando Coordinado de todas las fuerzas de seguridad en el Estado.

Como puede apreciarse, partidos políticos, equipos de campaña y candidatos de las principales fuerzas políticas en el Edomex establecieron objetivos, estrategias y acciones puntuales sobre cómo transformar y perfeccionar la seguridad pública, corresponde las personas analizar la viabilidad de cada propuesta y ponderar su posible eficacia para, entre otros elementos, analizar el sentido del que será su voto.

Las ciudadanías sí son sustanciales para encauzar la acción de los gobiernos desde las campañas y su participación es fundamental.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

 

 

El costo de hacer trampa

Hacer trampa tiene costos. Recientemente, fuimos testigos de dos elecciones en las cuales se hizo trampa para ganar y se debe pagar por ello. Me refiero a la elección de la Gubernatura en Colima y la de Ayuntamiento en Juárez, N.L.

Fuimos testigos de dos elecciones en las cuales se hizo trampa para ganar y se debe pagar por ello. Me refiero a la elección de la Gubernatura en Colima y la de Ayuntamiento en Juárez, N.L.

No me refiero únicamente a los costos económicos de organizar una nueva elección en Colima y al costo político derivado del cambio en el resultado de la planilla ganadora en Juárez. Me refiero, además, a las consecuencias institucionales y sociales de que se normalicen prácticas contrarias al derecho que ponen en riesgo la libertad del sufragio. Me explico.

Para 2015, el presupuesto del Instituto Electoral del Estado de Colima ascendió aproximadamente a 90 millones de pesos, lo que implicaría un costo por voto de 180 pesos, de haber votado el cien por ciento del casi medio millón de electores de ese estado. Ahora se espera por el INE que la elección extraordinaria en 2016 ascienda a 35 millones. Ya esto es un costo inadmisible para la ciudadanía, derivado de la trampa de servidores públicos del gobierno estatal a favor de una candidatura.

Pero este no es el único costo de la anulación. Uno más tiene que ver con el diseño de competencias entre el INE y el Instituto Electoral de Colima. En resumidas cuentas, el Tribunal Electoral determinó que la intervención del poder Ejecutivo en las elecciones hacía inviable la organización de éstas por parte del referido Instituto Electoral local, por lo que el INE debía hacerse cargo de la elección extraordinaria. El costo de la trampa impacta en lo poco que queda del federalismo electoral en México. Ahora tendremos un Organismo Público Local desacreditado e inoperante. Un buen pretexto para que los legisladores terminen su labor de recentralización de la organización de las elecciones.

El caso de Juárez en Nuevo León tiene un primer costo en la dimensión política. En efecto, sin la trampa acreditada en el expediente, tal vez la planilla postulada por el Partido Encuentro Social estaría ahora gobernando el municipio. Gracias a la presión en los electores que se probó en las 7 casillas de la sección 841 de dicha población, el PES y su candidato a la Alcaldía intercambiaron la mayoría por solamente dos regidurías de representación proporcional. Mal negocio para dicho partido.

Un costo adicional en el caso de Juárez es la insatisfacción social derivada de la sentencia del Tribunal Electoral. Es prácticamente imposible imaginar que los cientos de electores que votaron por el PES y sus candidatos estén contentos con el resultado de la sentencia. Ahora, con los resultados tan cercanos entre primer y segundo lugar, es decir, con la polarización que implican éstos, hace previsible que una buena parte de la sociedad juarense esté inconforme con el resultado derivado del fallo.

Podemos repetir la elección, podemos cambiar al ganador, pero eso no repara la enfermedad.

Finalmente, tanto en el caso de Colima como en el de Juárez, creo que el mayor costo de hacer trampa es el efecto anti-pedagógico que tienen dichas conductas (intervención del Ejecutivo y presión sobre los electores) en el conjunto de la sociedad. Cuando podíamos empezar a creer en la erradicación de ciertas prácticas corruptoras, nos damos cuenta que aún pueden resultar algo “común”, “normal” de la vida política electoral en nuestro país. Podemos repetir la elección, podemos cambiar al ganador, pero eso no repara la enfermedad.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”