Un presidente electo desgastado

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Al anticipar 5 meses la toma de posesión de la presidencia de la República, con el beneplácito del presidente saliente, AMLO ha debilitado considerablemente su imagen. Los primeros días del nuevo presidente serán conflictivos y estará remando a contra corriente. 

Sus declaraciones contradictorias acerca del combate a la corrupción han dejado al desnudo su falta de convicción o por lo menos su falta de herramientas para combatirla. 30 millones de electores lo eligieron para que meta los corruptos a la cárcel. En lugar de eso, Morena ratificó el nombramiento de un fiscal a su devoción. Se escribirá el evangelio y la justicia según AMLO. 

Miles de priistas y de panistas que se enriquecieron a costa de perpetuar la pobreza en el país, respiran a gusto, con la seguridad que podrán disfrutar sus fortunas ilegales sin preocupación. AMLO afirma que será honesto. Nos gustaría creerle. Pero el país seguirá siendo de los corruptos. 

Sus manifestaciones insensatas de una participación ciudadana fingida, mediante dos consultas  supuestamente populares, desfiguraron para el resto de sus sexenio cualquier llamado a la opinión pública. De antemano, sus invitaciones a opinar sobre la revocación de mandato están descalificadas desde que el proceso de consulta está en manos de Morena y no del INE y de los ciudadanos. 

¿Desde cuando los 304 votos que levantó la consulta (entre cerca de 90,000 ciudadanos electores en el padrón) de este fin de semana en San Pedro Garza García significan apoyo a diez ideas tan disparatadas y sin relación  ninguna entre ellas?  ¿Esto es su concepción de la participación ciudadana? Hasta se oyó el comentario ridículo de que “el que calla, otorga”, cuando la realidad, es que callan para no contribuir a legitimar decisiones hechas sin fundamentos legales. 

Se abre un juego nuevo en la relación entre la ciudadanía y el poder. Probablemente, será necesario salir de la apatía ciudadana prevaleciente y volver a encontrar el camino de la calle para desmentir las afirmaciones que justifican atropellos que se multiplicarán en el futuro. El ejercicio del nuevo poder revelará poco a poco que el compromiso con la democracia tendrá sus limitaciones y que serán cada día más pesadas.  Y más dolorosas. 

Desea EPN a AMLO el mayor de los éxitos en su gestión

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El Presidente Enrique Peña Nieto deseo el mayor de los éxitos e hizo votos para que la próxima administración del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, le vaya bien y cumpla con la misión que tiene por delante.

“La administración que encabezo y que está por concluir su gestión, ha hecho su contribución a este objetivo, y hago votos porque el próximo gobierno pueda cumplir también la misión que ha hecho frente a los mexicanos, que recibió una de respaldo en la mayoría de nuestra nación y que deseo el mayor de los éxitos”, dijo Peña Nieto durante su gira por el Estado de Morelos, donde entregó la autopista Siglo XXI, y de manera simbólica, mil 500 patrullas a la Policía Federal.

El mexiquense dijo que existen “enormes coincidencias” con el próximo gobierno.

Por otro lado, dijo que al hacer un balance sobre los avances en su sexenio, aseguró que esta dejando un mejor país que el que recibió hace 6 años y que los logros no son de una sola persona o de una Administración, sino de todo un país.

8 de cada 10 programas sociales fallaron durante el gobierno de EPN

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Durante los seis años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2018, solo 2 de cada 10 programas de desarrollo social cumplieron su función. La mayoría de los que debieron atender a la población más pobre y marginada, en problemas como la falta de empleo, el acceso a la vivienda digna, la educación y la salud de calidad, no sirvieron, ya sea porque no alcanzaron a un porcentaje relevante de sus grupos objetivo, porque no lograron sus metas o porque su diseño no fue el adecuado, entre otros factores.

Así lo reporta el balance que hace la Agencia para el Desarrollo AC (Gesoc), un centro de investigación del gasto social que presenta cada año, desde 2009, el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales (Indep). En la edición más reciente, la de 2018, la organización aprovecha para comparar los resultados de los últimos seis índices y concluye que 81.45 % de los programas y acciones federales de desarrollo social evaluados durante el periodo presentan problemas en términos de su desempeño.

Alfredo Elizondo, coordinador de Proyectos de Gesoc, afirma que fue un sexenio perdido en materia de política social. “De 2012 a 2018 solo 16.6 % de los programas tuvieron un desempeño destacado. Con estos números es poco probable que pueda disminuir la pobreza”.

El investigador señala que no se utilizó la evidencia, ni siquiera la que genera la propia Secretaría de Hacienda para hacer modificaciones y mejoras. A los programas que fueron la excepción por su desempeño óptimo o de alto potencial, el gobierno solo les destinó 45.3 % del total del presupuesto, ni siquiera la mitad de los recursos. Mientras que programas que no cumplieron con su función tuvieron 44 %. Más aún, hubo una tendencia a aumentar los recursos de programas con un desempeño dudoso.

En términos generales, señala el estudio, es posible observar que la tendencia entre la calidad de la asignación presupuestaria y el desempeño de los programas se encuentra contrapuesta. Desde el ejercicio fiscal 2014 se han asignado cada vez una menor cantidad de recursos a los programas con un Nivel de Desempeño Optimo y Alto potencial.

Persiste una dispersión importante de recursos hacia programas y acciones federales de desarrollo que deberían, más que tener presupuesto, rediseñarse para poder funcionar.

Gesoc presentó la más reciente edición del Indep, la 2018, este martes en la Cámara de Diputados, ahí frente a un grupo de legisladores, la mayoría de Movimiento Ciudadano, Elizondo subrayó que el enfoque de asignación presupuestaria del Congreso de la Unión debe obedecer a criterios de desempeño y de transparencia de los programas sociales, de lo contrario se seguirán vulnerando los derechos de las poblaciones más pobres del país.

“Pero el gran problema que tuvimos con las dos legislaturas pasadas -afirmó- es que los legisladores, por la conformación de fuerzas políticas en la cámara, no atendieron a la evidencia y mantuvieron los presupuestos para los programas con bajo desempeño pese a sus resultados. Hay entonces una oportunidad en esta legislatura para corregir”.

En representación de los diputados presentes a quienes se les entregó el estudio, entre ellos Tonatiuh Bravo Padilla y Fabiola Loya Hernández, ambos del partido Movimiento Ciudadano, Martha Tagle (del mismo grupo parlamentario) dijo que el legislativo no debe pasar por alto este tipo de recomendaciones sobre la política del gasto social y mencionó que en efecto no se deben perder de vista los programas con mal desempeño, sobre todo los que están en la caja negra y los que reflejan la dispersión de la política social federal.

Estas son dos categorías que utiliza el Indep para señalar a los programas opacos o que solo fragmentan y desperdician recursos. En la caja negra se ubican los que no transparentan información que permita conocer su nivel de desempeño. De 970 programas que se evaluaron a lo largo del sexenio, 233 estuvieron en la caja negra, con un total de presupuesto de 458 mil 293 millones de pesos.

Si bien es cierto que a lo largo de los últimos seis años, el número de programas opacos bajó, en 2012 había 50 en esa categoría y para 2018 quedan ahí solo 5, aún tienen 6 mil 503 millones de presupuesto, el de mayores recursos es el de Investigación científica, desarrollo e innovación, cuya unidad responsable es el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, y que tuvo un presupuesto aprobado para 2018 de 5 mil 53 millones de pesos.

En la categoría de dispersión programática y presupuestal, en la que Gesoc coloca a los programas con una orientación similar a otros y que, por lo tanto, solo fragmentan esfuerzos y recursos, en 2012 había 16, para 2018, el año de cierre de Peña Nieto, hay en este rubro 39, lo que representa el 32.77% del total de los 119 programas evaluados este año por la organización.

Frente a este panorama, lo que Gesoc recomienda es una reingenieria del gasto social. Elizondo dijo que es indispensable para la reestructuración del presupuesto considerar los resultados y eliminar la inercia que permea en las asignaciones presupuestarias.

El investigador señaló que hay dos programas en la actual administración, Pensión para adultos mayores y Subsidio a programas para jóvenes de Sedesol, con un presupuesto aprobado en 2018 de 39 mil 509 millones de pesos, que podrían caer en duplicidad con los programas insignia de la nueva administración para apoyar a jóvenes y a personas de la tercera edad.

También advirtió que hay más de 50 programas con un presupuesto aprobado en 2018 de 147 mil 477 millones, sobre las que se pueden hacer modificaciones para mejorar la eficiencia del gasto, entre estos están: el de Concurrencia con las Entidades Federativas y el de fomento ganadero de Sagarpa, el de Apoyo a la Vivienda y de Consolidación de Reservas Urbanas de Sedatu y el de Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

Sobre los programas insignia de la siguiente administración, como Jóvenes Construyendo el Futuro, Elizondo señaló que aunque se ha dicho que se requieren 22 mil millones de pesos para cubrir a los 2.3 millones de jóvenes (que se planea vincular con empresas), en realidad se necesitan 99 mil millones de pesos. “Habría que ver si se hará una cobertura paulatina o qué se hará porque hay una brecha de 77 mil millones”.

En el caso de la pensión para adultos mayores la brecha es de 9 mil millones de pesos, “pero acá la cuestión es que esto no toca de fondo el gran problema que se tiene en cuanto al sistema de pensiones. Hacia el futuro, no va a bastar con este subsidio sino que habría que entrarle a la discusión de cómo se va a modificar el sistema de pensiones para no depender solo de este programa”.

Respecto al programa de atención a personas con discapacidad, la brecha no es muy significativa entre lo anunciado y lo que se requiere, “pero habría que ver qué pasaría si se quisieran hacer estos programas de carácter universal y ahí la brecha se incrementa significativamente, para el de jóvenes sería de 146 mil millones, en adultos mayores 78 mil, y en el caso de personas con discapacidad (que son 7.7 millones) de 105 mil millones de pesos”.

(Con información de Animal Político)

Por un México sin miedo

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El tema de inseguridad en México nunca pierde importancia. Día con día la situación no mejora. Acorde a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre 2012 a 2018, más de 37,000 personas han desaparecido en el país. La respuesta del Estado a esta crisis ha sido pobre o a veces nula. La maquinaria estatal parece estar averiada, las demandas de la población no son escuchadas y por lo tanto no son respondidas. Un Estado en tensión es aquel que no es capaz de tomar decisiones o al hacerlo, estas resultan no ser eficaces para solucionar el conflicto.

En México se vive un estado de crisis; 171,440 personas han sido víctimas de homicidios en un periodo de 6 años. Estas no son cifras sin sentido, lo que se reporta aquí son vidas de profesionistas, de trabajadores, de padres, de madres, de mujeres y hombres, jóvenes y niños que merecían seguridad brindada por un Estado fuerte, que les asegurará el derecho a vivir en libertad, porque no se puede ser una persona libre teniendo miedo.

El 9 de octubre del 2018 a menos de 60 días de dejar el mandato, el presidente Enrique Peña Nieto creo el Sistema de Búsqueda de Desaparecidos como respuesta a la crisis de inseguridad latente en México. Esta acción llega tarde, a cuatro años de Ayotzinapa, a siete meses del caso de los estudiantes de cine en Guadalajara, después de miles de feminicidios, después de un plan de seguridad fallido y dejando muchas dudas sobre su implementación a nivel federal.

El pasado 15 de noviembre del 2018, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador presentó el Plan Nacional de Paz y Seguridad, en donde expone las medidas de pacificación que serán tomadas por la nueva administración federal a partir del 1 de diciembre. El plan consta de 8 ejes centrales para lograr un México en Paz: la erradicación de la corrupción en la administración pública, la procuración de justicia, la garantía de contar con educación, empleo y salud para los mexicanos, la promoción y respeto de los derechos humanos, la constitución moral, la legalización y combate de las drogas, la amnistía por medio de la implementación de la justicia transicional, la recuperación de las cárceles bajo un marco de derechos humanos y la creación de la Guardia Nacional. Esta última ha causado una gran polémica tanto a nivel nacional como internacional.  

128 organizaciones de la sociedad civil y 523 activistas, ciudadanos y académicos solicitaron al presidente electo no seguir con la propuesta de la Guardia Nacional. Debemos pensar lo que esto significa. El crear una Guardia Nacional, es tomar la decisión de dejar al mando militar una facultad que le corresponde a la guardia civil. 

El presidente electo, en su Plan Nacional de Paz y Seguridad, habla de la institución policiaca como materia perdida, corrompida y acabada. Se habla de una crisis tan profunda que no queda más que transitar al mando militar, claro, bajo un marco de derechos humanos, que se les será impartido por medio capacitaciones en los planteles militares, justificando las acciones antes cometidas por los mismos, con el argumento de la falta de conocimiento que estos tenían sobre qué acciones realizar para proteger a la ciudadanía. 

Esta decisión resulta peligrosa, se traduce en un contrapeso nulo de poder en materia de seguridad pública ya que todo quedará bajo el mando de la Secretaría de la Defensa. Me pregunto, ¿Qué ha pasado con el personaje que decía que el pueblo es sabio y bueno? ¿Por qué no escuchar ahora al pueblo? ¿Por qué no invertir en una verdadera capacitación y reconfiguración de la guardia civil? ¿Dónde quedó el pensamiento de que la militarización no era la solución? 

No queda más que observar con ojo crítico los siguientes pasos a dar y esperar que ese bienestar y justicia que los mexicanos tanto necesitan y demandan sea otorgado a ellos por este Plan Nacional de Paz y Seguridad, todo con el fin de que las próximas generaciones no sepan del riesgo que es hoy, salir a la calle. 

Rosario Robles asegura que termina su trabajo con la cara en alto

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Rosario Robles dijo este miércoles que al finalizar el gobierno de Enrique Peña Nieto ella está “muy tranquila, con la cara en alto”, esto pese a los señalamientos de desvíos millonarios de recursos públicos en las dependencias que encabezó este sexenio, Sedesol y Sedatu, con el esquema de la Estafa Maestra.

“Aquí voy a seguir, aquí voy a estar, así es que, vamos a seguirnos viendo”, agregó Robles al acompañar al presidente Peña Nieto a un evento en Jalisco, de acuerdo con un reporte de Reforma.

La aún funcionaria federal insistió en que no es responsable de corrupción, y aseguró que no necesita perdón ni amnistía. Hizo ese comentario con el antecedente de que el próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, descartó iniciar una persecución contra altos funcionarios que hayan incurrido en casos de corrupción, en los gobiernos que lo antecedieron.

“No tengo absolutamente nada de qué avergonzarme”, expresó.

Robles agradeció al presidente Peña Nieto por su apoyo, incluso en los momentos en que fue criticada.

“Todos en algún momento hemos sido objeto de cuestionamientos, de señalamientos, por unas razones o por otras, y yo sólo puedo reconocer, siempre, la mano amiga, el apoyo incondicional y la confianza del presidente Enrique Peña Nieto”, dijo.

Anuncia AMLO consulta nacional para Guardia Nacional y juzgar a ex presidentes

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El Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui que hará una consulta popular de tres temas: la investigación a los ex presidentes mexicanos por temas de corrupción, tener como asesores al grupo de empresarios que anunció unos días y la creación de la Guardia Nacional.

“¿Crees que Andrés Manuel debe de promover que se juzgue para que haya justicia y no sólo se persiga a chivos expiatorios y se revisen las responsabilidades en delitos de corrupción y otros a Salinas, a Zedillo, a Fox, a Calderón y a Peña Nieto? ¿Sí o no?”, planteo López Obrador sobre la primera pregunta.

Además se comprometió a consultar sobre la creación de la Guardia Nacional.

“Vamos a hacer tres. Y de una vez en el caso de la primera: Yo estoy a favor, no voy a hacer en este asunto, porque son mis planteamientos, no voy a ser imparcial, quiero informar bien a la gente, y los opositores que también hagan lo propio”, dijo el futuro mandatario sobre su grupo asesor de empresarios.

Cabe mencionar que en la entrevista con Aristegui, el político tabasqueño se mostró renuente a investigar casos de corrupción, justificándoselo que se conspiraría en contra de la estabilidad política del país y que se desataría la confrontación.

Por su parte, el analista de negocios, Enrique Galván Ochoa, le preguntó sobre el juicio a Joaquín “el Chapo” Guzmán y las acusaciones contra Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

López Obrador, contesto que se esperaría a las pruebas para poder dar una opinión con objetividad.

#ElTalónDeAquiles: “Los Siete Pecados Capitales de Enrique Peña Nieto”

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El cambio generacional es importante porque supone innovación. El refrescante (aunque limitado) “Pacto por México”, un acuerdo inter-partidario suscrito en diciembre de 2012, que permitió reformas estructurales en educación, telecomunicaciones, y energía, encarna el potencial de Enrique Peña Nieto (EPN) para renovar la política de su país, e ilustra también su fracaso. Pocos son los avances en los ejes de acción definidos en esa iniciativa: el fortalecimiento del Estado, la ampliación de derechos económicos y sociales (democratización político-económica), y la participación ciudadana en el diseño, ejecución, y evaluación de políticas públicas. El primer pecado capital de EPN, un error usual en la política mundial contemporánea, es haber defraudado las esperanzas de cambio de sus votantes. 

En efecto, como líder partidario, su figura acongoja. Su candidatura al frente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) es símbolo de una modernización fracasada. Siempre se podrá argüir que difícil es que una persona transforme sola estructuras internas que empezaron a ser erigidas noventa años atrás. Pero el sexenio 2012-18 es una suma de oportunidades perdidas para cambiar la avejentada y anacrónica cultura priista. “Casa Blanca”, el escándalo por la compra de propiedades por parte de la pareja presidencial, y que simboliza la inmortalidad de las arcaicas formas de hacer política, encarna el segundo pecado capital de EPN. Además de resucitar y perennizar un tema inscrito en el ADN del PRI corporatista -la corrupción- el caso recordó la prepotencia del PRI neoliberal. Nada malo hubo, según EPN: si el gobernante ofreció excusas… es por empañar “la credibilidad de la institución presidencial”. ¡Pues gracias!

La errática política exterior es su tercer pecado capital. Claro, desde que decidió mirar al norte, el México neoliberal de los años 1990s decidió dejar de ser uno de los países más ricos de América Latina para convertirse en el socio (requete) pobre de Norteamérica (reduciendo además a lo económico su mirada multidimensional internacional). Se acabaron las alianzas con los países andinos, la política autónoma hacia el Caribe y el rol de poder subregional en Centroamérica. Por supuesto, EPN no tiene vela en ese entierro, pero sí en cuanto a su fracaso en privilegiar, como lo prometió, el multilateralismo para disminuir la dependencia de Estados Unidos. A decir verdad, todos los presidentes de México desde Carlos Salinas son culpables de lo mismo. Lo que convierte hoy en capital este pecado, es el marco de la ascensión del presidente Trump. La repugnancia nacional y la vergüenza ajena ante el servilismo mexicano en el marco de la cuestión migratoria y de la renegociación comercial norteamericana, fue evidente. La popularidad de EPN nunca se levantará de los deslices diplomáticos cometidos entre 2016 y 2018. 

A nivel económico, un crecimiento anualizado de alrededor de 2% del Producto Interno Bruto (PIB) y el mantenimiento de la “estabilidad”, son a menudo mostrados como signos de éxito. Cierto es que el crecimiento del PIB mexicano a partir de 2014 es mayor que el de Latinoamérica, que el desempleo urbano abierto 2014-16 bajó en poco más de un punto porcentual, y que el salario medio real, aumentó. Pero los datos formales en un país en donde lo informal representa al menos 25% de la actividad económica son, en el mejor de los casos, parciales. Además, no solo México seguía siendo en 2017 uno de los países más desiguales de la región, sino que el número de pobres permaneció invariable durante el sexenio 2012-18 (43,6% de la población en 2016). Malgastar el potencial económico existente en México para implantar reformas progresistas tendientes a disminuir las desigualdades, es el cuarto pecado capital de EPN. Que alguien me explique por qué es un “éxito económico” dejar un país tan pobre como se le encontró.

La inseguridad ciudadana es sin duda una mancha indeleble de este sexenio, el cual inició con el loable objetivo de privilegiar la prevención sobre la confrontación. Se buscó así dejar de combatir al crimen organizado para esforzarse en disminuir la violencia colectiva que tanto aquejaba a la ciudadanía. Sin embargo, la realidad superó la ficción. Los 31,174 asesinatos cometidos en 2017 (la tasa fue de 25 homicidios por cada 100,000 habitantes) hacen de ese año el más mortífero de la historia del país. Peor aún, la tendencia en la violencia generada por los choques entre las autoridades policiales y militares, y los carteles de la droga, sigue siendo hoy, a la alza. El quinto pecado capital de EPN es cuantificable: los homicidios ascendieron en marzo de 2018 a 104,583, superando así los 102,859 registrados durante el sexenio de Felipe Calderón, durante el cual se desarrolló la infame “Guerra contra el Narcotráfico”.

Con la torpe gestión de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, su sexto pecado capital, EPN hizo exactamente lo contrario a lo firmado en el “Pacto por México”. En vez de reforzar el Estado, extirpó todo amago innovador. En vez de promover la democracia, repitió una hipótesis cuya veracidad fue categóricamente desmentida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): no es cierto que policías corruptos hayan entregado los estudiantes a grupos criminales, quienes los habrían incinerado en un basurero. Esta mentira perpetúa el manto de impunidad que protege a los culpables. En vez de suscitar la participación ciudadana en la formulación de políticas públicas, Ayotzinapa muestra la importancia que EPN dio a la transparencia, la imputabilidad política, y la vigencia del Estado de Derecho: ninguna.

El séptimo pecado capital de EPN, que lo sintetiza todo, es el haberse constituido en el reproductor de los vicios del pasado en vez de convertirse en el arquitecto de las aspiraciones de futuro. En una encuesta publicada en agosto de 2018, el 66,8% de la población desaprobó su gestión, mientras que tan solo 21,2% la aprobó. ¿Qué esperar dados los antecedentes aquí expuestos? México llega al desenlace de un interminable sexenio que la mayoría desea olvidar. Que la guerra contra Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se detenga. Es tiempo de suspirar y respirar, aunque sea por unos cuantos minutos. 

Fernando A. Chinchilla

Nuakchot (Mauritania), noviembre de 2018

PRI plantea gobierno de coalición en NL

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Para que el Ejecutivo tengo la opción de impulsar agendas en conjunto como uno o varios partidos en el Congreso, el PRI propondrá crear la figura de Gobierno de Coalición en el Estado.

Al no haber una mayoría absoluta en el Legislativo y con un Gobernador independiente, este régimen le permitirá hacer equipos con diputados de diversas bancadas para aprobar temas e incluso nombrar en conjunto a los integrantes del Gabinete, previa consulta ciudadana.

La propuesta del diputado Álvaro Ibarra plantea modificaciones a la Constitución local para homologarla con Federal y dar al Legislativo la tarea al elaborar y aprobar el convenio de trabajo.

“Es una disposición que cambiará la forma de gobernar y legislar en el Estado“, señalo el legislador tricolor.

Nuevo León por primera vez es g0bernado por alguien postulado por la vía independiente, tenemos por primera vez un Congreso con ocho fuerzas políticas, donde nadie tiene una mayoría absoluta, lo que resulta de manera natural que los consensos entre el propio Congreso y con el Poder Ejecutivo no sean los mejores o mas rápidos”.

La figura de Gobierno de Coalición en México surgió con la reformas a la Constitución federal en 2014, con el que el Presidente Enrique Peña Nieto formalizo una coalición parlamentaria con PRI, PAN, PRD y otros partidos menores para negociar un agenda de temas, conocido como “Pacto por México” para sacar adelante las reformas Educativa, Energética, Telecomunicaciones, entre otras.

 

 

Gasta SFP 80 mil pesos en… ¡Retrato de Virgilio Andrade!

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Virgilio Andrade fue inmortalizado en un óleo por haber sido titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), trabajo por el que la dependencia pagó 80 mil pesos.

La operación, según la Dirección General de Programación y Presupuesto de la entidad se efectuó el 08 de octubre de 2018.

El proveedor fue Mario Vázquez y Márquez “por un monto de $80,000.00 (ochenta mil pesos 00100 M.N.)”, especificó la SFP.

Andrade Martínez se desempeñó como secretario de la Función Pública del 03 de febrero de 2015 al 18 de julio de 2016.

Cabe recordar que la dependencia cuenta con un salón de juntas que es utilizado por el titular en turno, y ahí están expuestos los retratos de todos los exsecretarios.

Durante la gestión de Virgilio, a su escritorio le tocó investigar la adquisición de la Casa Blanca por parte de la primera dama, Angélica Rivera a Grupo Higa, un proveedor consentido del Gobierno federal y del Estado de México cuando Enrique Peña fue gobernador de la entidad.

Tras seis meses de investigación, Andrade informó que no encontró ningún conflicto de interés en la adquisición de la propiedad.

Idéntica fue su conclusión cuando indagó la compra de la casa del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray en Malinalco, por coincidencia, al mismo grupo constructor.

Otro asunto relevante fue la utilización de un helicóptero de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por parte de David Korenfeld, para trasladarse al aeropuerto e irse de vacaciones.

Aunque en ese caso aplicó todo el peso de la ley e impuso una multa de tres veces el daño estimado por utilizar la aeronave, es decir que por ir de Huixquilucan, Estado de México al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pagó 638 mil 653 pesos.

(Con información de Grupo Reforma y el Mañanero Diario)

La violencia y el estado de excepción permanente

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En su obra de cuatro volúmenes Homo Sacer, Giorgio Agamben plantea la gran paradoja a la que llegaron las democracias constitucionales en el siglo XX: el sacrificio de la vida individual en aras de la continuidad política. 

Retomando el argumento del jurista Carl Schmitt -al estado de normalidad le subyace, en todo momento, el estado de excepción en potencia-, Agamben señala la sujeción de la vida humana por parte del poder. Asimismo, alude al término foucaultiano de biopolítica como el control de la vida biológica por parte de la vida política. 

Para Schmitt, existe una diferencia entre el poder constituyente y el poder constituido. El primero es limitado y creado por el derecho, mientras que el segundo es ilimitado y extralegal, puesto que precede al derecho (Constitución). 

La formación del Estado es un acto político, es decir, nace a partir de la decisión originaria de un soberano para agrupar a un pueblo bajo un mismo orden normativo. Acto político que no se extingue una vez edificado el Estado, sino que se encuentra “aletargado y oculto” a lo largo de la vigencia de la Constitución. 

Por ello, una vez que la Constitución desaparece el poder político resurge y la voluntad de decisión se encuentra nuevamente activa. Por lo tanto, en periodos de excepcionalidad el poder político se impone nuevamente al derecho. 

El estado de excepción es un mecanismo jurídico integrado en muchas constituciones democráticas que busca la supervivencia del derecho a partir de la eliminación momentánea del derecho mismo. 

El estado de excepción se activa con el objetivo de preservar la vida política aunque ello implique el sacrificio de la vida individual. Ese fue el caso de Hitler, quien a partir del artículo 48 de la Constitución de la República de Weimar legitimó el Holocausto. 

En el caso mexicano, el artículo 29º constitucional especifica que la suspensión de garantías implica el retiro momentáneo de ciertos derechos individuales por el surgimiento de algún fenómeno que atente contra la supervivencia del Estado. 

Empero, cabe resaltar que la decisión de Calderón, continuada por Peña Nieto, de enfrentar militarmente al crimen organizado no implica un estado de excepción en términos jurídicos. Ello porque no se cumplieron con los requisitos estipulados en el artículo 29º constitucional.

De esa manera, el estado de excepción no proviene de un dispositivo jurídico, sino de la voluntad política del Ejecutivo. Por lo cual, desde que Calderón dio comienzo a la guerra en el 2006, México ha vivido en un estado de excepción informal y permanente.

Con la militarización del país la violencia se ha disparado, así como el número de denuncias de violaciones a derechos humanos por parte de los cuerpos castrenses. El artículo 29º establece que no podrá violarse el derecho a la vida; sin embargo, como señalamos, la suspensión de garantías no se encuentra activa.

El combate contra el crimen organizado se gesta en un espectro extrajurídico en el cual reina la voluntad política del soberano, es decir, del Presidente, en tanto jefe máximo de las fuerzas armadas. 

Ahora, judicializar dicho combate no implica la solución del problema. Lo único que genera la Ley de Seguridad Interior es la legalidad del estado de excepción permanente. Si ya contábamos desde Calderón con el arraigo (dispositivo aberrante de nuestro sistema jurídico), ahora los cuerpos militares podrán hacer uso, en su facultad de vigilancia, de “cualquier método de recolección de información”, por ejemplo.

Por ello, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es reconfortante. En un nuevo acto de protagonismo, lo que Soussa Dos Santos llama el fenómeno de la judicialización de la política, la Corte no sólo encontró inconstitucional la Ley, sino que la declaró invalida. 

La militarización del país ha empeorado la situación de violencia en México. Los gobiernos de Calderón y Peña Nieto subestimaron la compleja estructura criminal y su imbricación en la sociedad. El combate frontal resultó ser un fracaso.

La próxima propuesta debe ser integral, construida sobre la base de la legalización de la mariguana, el fortalecimiento de las autoridades civiles y el robustecimiento de la procuración de justicia. 

Lamentablemente, el gobierno entrante no parece prever eso. El octavo punto del Plan Nacional de Paz y Seguridad de López Obrador establece la creación de un cuerpo militarizado encargado de la seguridad pública: la Guardia Nacional. No parece que los militares vayan a regresar a sus cuarteles.

Es alrededor de este tema, el de mayor trascendencia para nuestro país, que la sociedad civil debe agruparse y presionar al nuevo gobierno. No existe otro problema más importante y urgente que el de la violencia. Se deben sumar esfuerzos para acabar con la guerra. Frente a este problema, el aeropuerto y la reacción de los mercados son nimiedades.