“Nosotros no la filtramos”, le responde el INAI a AMLO

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El comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas, señalo que no se ordenó a Presidencia de la República entregar como respuesta a la solicitud de transparencia de un particular.

El INAI también aclara que ellos no faltaron la lista al periódico Reforma, que señala a Joaquín López Dóriga, Callo de Hacha, Enrique Krauze, Adela Micha, Daniel Moreno y otros periodistas como los principales beneficiarios de mil millones de pesos de recursos públicos, que ha encendido el debate en torno al ejercicio de dinero público en publicidad oficial durante la administración de Enrique Peña Nieto, toda vez que, por ley, no puede entregar “trocitos de información”.

El pasado 18 de mayo el INAI ordenó a la Oficina de Presidencia entregar a un particular toda la información que explique contratos y remuneraciones a personas físicas o morales en el ámbito de los medios de comunicación, explicó el comisionado del INAI a Mesa para Todos de MVS Noticias. Esta información no es una lista, sino una enorme cantidad de documentos relacionados con contratos.

“El INAI no hablaba de una lista sino de una enorme cantidad de información que pueden ser contratos, pagos por conceptos diversos que engloba la publicidad oficial, es decir, campañas publicitarias, publicidad directa y asesorías”, dijo Acuña.

INAI recibió de Presidencia un correo electrónico la noche del 22 de mayo a las 21:07 horas con una “una relación muy amplia de ligas con diversa información”, subrayó el comisionado.

“Antier a las 9 de la noche recibimos de Presidencia una relación muy amplia de ligas, no listas, con diversa información. Es una relación muy grande que para estar conformes de que se trata de la información que pidió el solicitante tendremos que verificar. Nosotros no hacemos ni lo hemos hecho jamás andar dando trocitos o incompleta la información que todavía no se ha verificado”, detalló el comisionado.

Por ahora, el instituto no puede dar por buena o por mala la información entregada por Presidencia al particular ni al INAI porque se encuentra en proceso de revisión. Será hasta el miércoles 29 de mayo cuando se informe si Presidencia cumplió con lo que el solicitante demandó a través de transparencia o si el solicitante considera que no y la información deberá ampliarse. 

“Nosotros no hacemos estimaciones, pero el recurso es de una enorme información. No es de una relación que por muy larga o corta que parezca permitiera pensar a cualquiera que esa es la información completa. El INAI sí busca cuando resuelve una controversia que se entregue la información completa. Cuanto se haya pedido y cuanto haya motivado la intervención del INAI. Cuando no se ha concluido la parte de verificación, nosotros no podemos ser por buena o mala onda que se diga o parezca ser o pueda ser información que pudiera ser parte de la información en genérico que ordenamos que se entregara”.

(Con información de SDP Noticias)

Gobierno de EPN pagó mil 81 millones de pesos a periodistas y medios

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La Presidencia de la República dio a conocer una lista de 36 periodistas y sus empresas que recibieron contratos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto por un monto total de mil 81 millones 715 mil 991 pesos por publicidad y gastos de comunicación.

De acuerdo a la lista el periodista que más recursos recibió fue Joaquín López Dóriga y a través de cuatro empresas recibió 251 millones 482 mil pesos. Las empresas fueron Ankla Comunicación, Astron Publicidad, Plataforma Digital Joaquín López Dóriga y Premium Digital Group.

El siguiente en la lista es Federico Arreola, director general de SDP Noticias, y quien recibido en total 153 millones 578 mil 253 pesos, 151 millones 897 mil 653 por publicidad y 1 millón 680 mil 600 por otros servicios, a su empresa Periódico Digital Sendero.

Por otro lado, el escritor e historiador Enrique Krauze recibió a través de editorial Clío y la revista Letras Libres, 144 millones 80 mil 995 pesos; 87 millones 402 mil 316 pesos por publicidad y 56 millones 678 mil 678 por otros servicios.

Los siguientes en la lista son Oscar Mario Beteta, con 74 millones 571 mil 100 pesos; Beatriz Pagés, con 57 millones 204 mil 346 pesos; Callo de Hacha, con 47 millones 389 mil 112 pesos; Raymundo Riva Palacio con 31 millones 138 mil 703 pesos. Riva Palacio aclaró al periódico Reforma que se trata de una sociedad de 22 miembros de la que él es representante legal y que de la suma por concepto de publicidad se pagaron impuestos.

Ricardo Alemán con 25 millones 851 mil 109 pesos y Adela Micha con 24 millones 365 mil 501 pesos.

Otros periodistas cuyas empresas recibieron dinero son Luis Soto con 23 millones 631 mil 357; Pablo Hirart, con 22 millones 149 mil 942 pesos; Jorge Fernández Menéndez con 19 millones 776 mil 381 pesos; Rafael Cardona, con 15 millones 814 mil 265; Roberto Rock con 15 millones 819 mil 516 pesos y Francisco García Davish con 14 millones 369 mil 481 pesos.

Otros nombres notorios que aparecen en la lista son, Eunice Ortega por 10 millones 607 mil pesos; Maru Rojas, con 9 millones 554 mil 903 pesos; Guillermo Ochoa con 8 millones 178 mil pesos; Francisco Cárdenas con 7 millones 853 mil 293 pesos; el portal Animal Político con 7 millones 753 mil; Eduardo Ruiz Healy con 4 millones 242 mil; y Nino Canún con 1 millón 636 mil pesos.

La lista fue entregada con cifras desglosadas por año de 2013 a 2018.

(Con información de Grupo Reforma)

AMLO: “No podemos dar nombres de empresas”

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El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Instituto de Transparencia resolverá si se darán a conocer los nombres de los institutos que recibieron condonaciones fiscales.

Esa misma política, confirmó, aplicará para toda la información sobre beneficios que recibían empresas o particulares.

Organizaciones y legisladores han presionado al Jefe del Ejecutivo a informar sobre las condonaciones a grandes empresas por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Se demandó informar quiénes son los beneficiados de las cancelaciones de créditos fiscales, que entre 2007 y 2018 superan los 1.1 billones de pesos, una quinta parte del presupuesto federal de 2019.

Televisoras, farmacéuticas, empresas automotrices, mineras, tiendas departamentales, grupos financieros y hasta equipos de futbol, y empresas cuyos pagos de impuestos millonarios fueron condonados durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, luchan para que sus nombres y los montos condonados no sean dados a conocer.

 

(Con información de El Diario de Chihuahua y Reforma)

FCH y EPN condonaron 400 mmdp de impuestos

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Durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto se condonaron 400 mil 902 millones de impuestos a contribuyentes, entre 2007 y 2018.

La titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat, informó que, del total, 161 mil millones de pesos de condonaciones corresponden al sexenio de Calderón y 238 mi millonesl al de Peña Nieto.

La funcionaria federal no reveló los nombres de los beneficiarios, aunque el Mandatario adelantó que toda la información sería entregada al INAI y al Poder Judicial. La titular del SAT, detalló que entre 2007 y 2018, el 54% de lo condonado se concentró en 108 contribuyentes, de los cuales, 45 que ampararon para que no se diera a conocer la información relacionada con sus condonaciones, que ascienden a 102 mil millones de pesos, otro 43 contribuyentes se vieron beneficiados por las condonaciones en los últimos dos sexenios.

La semana pasada, López Obrador, dio a conocer que se revelaría la información sobre condonaciones de las multas tres administraciones. Sin embargo, no se dieron a conocer los números e la Administración de Vicente Fox.

En la conferencia de prensa matutina, el político tabasqueño firmó un decreto en el que renunció a su facultad de condonar impuestos, a pesar de que asnillos los establece el Código Fiscal Vigente.

El mandatario aseguro que ha ocurrido en otros sexenios con las condonaciones equivale a un “huachicol con cuello blanco”.

“Se va a eliminar, acabar con privilegios fiscales, hacer valer la ley en la letra y el espíritu. Tiene que haber una recaudación con el principio de progresividad, tienen que contribuir más quienes tienen más ingresos y, en este caso, muy al contrario, los de mero arriba, en algunos casos no pagaban impuestos o cuando pagaban se les devolvía”, comentó AMLO en su conferencia de prensa.

La Crisis de los 18 años

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Estamos viviendo una problemática muy significativa en materia de violencia en el país, dándose una descomposición acelerada en los gobiernos locales. Se construyen ciudades, gobiernos y ciudadanos que visualizan la inseguridad como algo cotidiano. Nos despertamos con noticias sobre feminicidios en el Estado de México, las ejecuciones y las guerras por plazas del narcotráfico en León, los homicidios frente a funcionarios de gobierno en Morelos

Es un mal que se hereda del sexenio pasado, más bien son 18 años de una crisis que no ha podido parar.  La historia de la política pública en materia de seguridad en México nos dice que estamos haciendo mal las cosas, la estrategia de seguridad en 1999 se genera sobre la implementación de la policía preventiva con el PRI, después se transforma en la policía federal preventiva con el cambio de sexenio y la primera alternancia política con el PAN, luego persiste la misma corriente política y aún así cambia el nombre a policía federal, después regresa el PRI con Enrique Peña y viene la gendarmería nacional y ahora a través de la guardia nacional, pero lo que podemos observar es que sigue siendo la misma cosa pero disfrazada de otra. Sumado a esto podemos notar que cada célula criminal se fortalece con la alternancia gubernamental, porque es cuando el crimen organizado tiene la oportunidad de expandir sus negocios, ya que se desarticula una estrategia debido a que no tenemos políticas públicas transexenales por falta de una cultura política en el país.  

Para ser francos la inseguridad no es un problema de mercado, necesitamos un estado que provea seguridad porque es un bien público y si el actual gobierno resolviera el tema de seguridad, definitivamente “harían historia”, la realidad es que no vemos directrices claras que permitan observar resultados significativos a corto o mediano plazo. Y la verdad es que estos 5 meses y medio han demostrado que, para ser estadistas, administran muy mal al estado.  

Peña Nieto aumentó deuda en 46%

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La Administración del expresidente Enrique Peña Nieto subestimó sus ingresos y gastó más de lo presupuestado.

En su sexenio, la deuda pública aumentó 46 por ciento, según cifras que reveló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Al inició de su Gobierno, cada mexicano debía 37 mil 837 pesos y seis años después subió a 66 mil 020 pesos, con base en un estudio sobre la Cuenta Pública del Gobierno federal de 2013 a 2018.

El análisis señala que el sexenio del priista gastó en total un billón 823 mil millones de pesos adicionales a lo previsto inicialmente, es decir, un alza de 9.0 por ciento.

De acuerdo con las buenas prácticas internacionales, una variación aceptable en el gasto es de más/menos 5.0 por ciento.

Originalmente esperaba gastar 20.7 billones de pesos, pero terminó erogando 22.5 billones de pesos.

Afirma el estudio que “no existió un contrapeso efectivo al Poder Ejecutivo que revisara las variaciones al presupuesto y las ampliaciones al gasto”.

IMCO dijo que el Gobierno subestimó sus ingresos de manera sistemática, ya que en el periodo 2013-2018 tuvo un total de ingresos excedentes de dos billones 338 mil millones de pesos, con un promedio en el sexenio de 11 por ciento entre lo recaudado y lo estimado.

Comparó que este excedente equivale al saldo de la deuda conjunta de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Las variaciones en los montos recaudados del sexenio anterior reflejan una deficiente estimación de los ingresos y en algunos casos, el uso discrecional de los mismos, refirió.

De acuerdo al IMCO, la deuda adquirida por el Ejecutivo de 2013 a 2018 fue de dos billones 930 mil millones de pesos.

En diciembre de 2012, el saldo de la deuda del Gobierno federal era de cuatro billones 452 mil 986.5 millones de pesos y representó el 27.8 por ciento del PIB.

Y para diciembre de 2018, esta ascendía a ocho billones 315 mil 863.8 millones de pesos, un 35.3 por ciento del PIB.

A pesar del gasto excedente, el Ejecutivo dejó de ejercer 149 mil millones de pesos en inversión pública, un 25 por ciento menos.

Por su parte, los fondos destinados al Ramo 23 entre 2013 y 2018 tuvo a su disposición 757 mil millones de pesos, pero terminó ejerciendo un gasto de un billón 371 mil millones de pesos, un variación del 81 por ciento.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Con EPN aumentó 147% la deuda de Pemex

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El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, señaló este lunes que la deuda neta de la empresa creció casi 150% durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Romero Oropeza aseguró que gracias a las acciones emprendidas por la actual administración se ha podido estabilizar la deuda, que creció a una tasa promedio de 17% entre 2013 y 2018, e incluso ya se puede observar una ligera disminución en su monto.

El funcionario federal mostró una gráfica donde se aprecia que, al cierre de 2013, el saldo de la deuda neta de Pemex era de 841 mil millones de pesos, cifra que se elevó a 2 billones 082 mil millones de pesos al 31 de diciembre de 2018, es decir, 147% más en tan solo cinco años. Por otro lado, destacó que el saldo al primer trimestre de este 2019 es de 2 billones 064 mil millones de pesos, una ligera reducción de 18 mil millones de pesos.

“En contrate con lo anterior, el actual gobierno federal posee plena conciencia de la responsabilidad que debemos tener en el manejo financiero de la empresa. Es por ello que desde el primer día de la administración hemos diseñado y aplicado una responsabilidad absoluta en el manejo de la deuda pública, en el marco de una estricta disciplina financiera”, dijo Romero Oropeza.

El gobierno de AMLO ha triplicado deportaciones de migrantes centroamericanos

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Con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el número de deportaciones de migrantes centroamericanos se ha disparado, a tal grado que casi se ha triplicado comparado con el 2018, donde se registraron 5 mil 717 expulsados en diciembre y 14 mil 970 en el mes de abril.

De tal forma que en lo que va de la actual administración se han deportado 45 mil 370 personas, la mayoría centroamericanos.

En abril fueron deportados casi 15 mil migrantes, la cifra más alta en los últimos tres años. El aumento llega después de que el Gobierno mexicano declarara la necesidad de “ordenar” la migración, un cambio respecto a principios de año, cuando permitió la entrada masiva de miles de migrantes, agrupados en caravanas que pretendían llegar a Estados Unidos.

En los primeros dos meses del gobierno morenista, antes del cambio de política migratoria, el número de deportaciones se situó por debajo de los 6 mil, un descenso importante si se compara con las 10 mil personas que sacó del país la Administración de Peña Nieto en noviembre pasado.

A pesar de las cifras, el Gobierno mexicano insiste en que no ha habido cambio de política respecto al inicio de sexenio.

A decir del Instituto Nacional de Migración (INM), el incremento se debe al aumento del flujo migratorio, sin embargo, los datos muestran que las entradas de extranjeros al estado de Chiapas, principal punto de ingreso de los migrantes centroamericanos, han descendido ligeramente en los primeros meses del año.

Jorge Andrade, investigador del Instituto para la Seguridad y la Democracia, considera que el enfoque mas humanitario para enfrentar la migración de este gobierno solo fue un discurso, del cual “ha reculado, posiblemente por las presiones de Estados Unidos”.

Alexandra Délano, experta en migración de The New School de Nueva York, cree que existe una posible discrecionalidad, donde “no hay protocolos muy claros; el Gobierno ha ido cambiando sus prioridades sobre cómo, cuándo y a quién deporta”.

Este incremento de detenciones ha desbordado la capacidad de las estaciones migratorias. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha criticado las condiciones de hacinamiento y varias ONG han denunciado falta de alimentos y servicios médicos.

En ese escenario, cientos de migrantes han escapado en los últimos meses de los centros donde permanecían detenidos.

Hace dos semanas, López Obrador argumentó que los operativos policiacos contra los migrantes, eran por seguridad y para combatir al crimen organizado.

Por su parte, Ramón Verdugo, miembro de la ONG, Todo por Ellos afirma que “arrestar a los líderes es una estrategia para debilitar las caravanas”, pues se está criminalizando a los activistas como si pertenecieran al crimen organizado.

Cabe recordar que a principios de año, el Gobierno otorgaba “visas humanitarias”, un permiso renovable de un año que permitía a los migrantes trabajar y vivir legalmente es México, pero en febrero el acceso a tal documento se volvió más estricto, y descendió de las 11 mil otorgadas en enero, a unas 1 mil 500 en marzo.

A cambio, se está promoviendo las “tarjetas de visitante regional” que limita la movilidad a cuatro estados del sureste del país, buscando que no lleguen a la frontera norte, y al mismo tiempo apoyar con mano de obra la construcción de proyectos como el Tren Maya, pues a finales de abril, el presidente aseguró que “estamos otorgando posibilidades para que (los migrantes) trabajen en el sur del país”.

La meritocracia y la reforma educativa

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La educación va más allá de la acumulación de conocimientos; incluye la formación de una cosmovisión. Es decir, moldea la estructura mental a partir de la cual vivenciamos nuestra realidad circundante. 

La reforma educativa de Peña Nieto se presentaba como una reforma necesaria para corregir aquellas prácticas que mermaban la educación pública del país. Su discurso se centró, principalmente, en el concepto de meritocracia. 

Este concepto es en realidad una quimera, un estado inexistente en la realidad mexicana. Esta implica que el esfuerzo es premiado, y aquel que consiga el objetivo planteado es porque necesariamente es el mejor de todos. 

La tradición liberal ha elevado al individuo por encima de la sociedad. Es el individuo, a través de su libertad, el único responsable de su situación. Con ello, dota al individuo de grandes facultades, capaz de transformar su realidad a partir de su volición.

El reduccionismo individualista pasa por alto las estructuras sociales que permiten o inhiben el pleno desarrollo de las personas. Ya Durkheim a finales del siglo XIX había precisado que algunos fenómenos, tomados como enteramente psicológicos, son en verdad sociales. En su obra El suicidio, Durkheim postuló la tesis de que el suicidio es un hecho social, en tanto que es general, coercitivo y externo a los individuos; es decir, el suicidio, como la criminalidad y las adicciones, no recae solamente en las personas, sino que es consecuencia de formas sociales que inhiben la integración de las personas dentro de la sociedad.

Lo mismo ocurre con la educación. Se ha justificado la imposición de exámenes de admisión a estudiantes a partir de la meritocracia. Para que exista eso, necesariamente los aspirantes deben comenzar en un mismo nivel y adquirir las mismas herramientas para poder hablar de una competencia justa. Sin embargo, ello resulta imposible en un país tan diverso culturalmente como México. No es lo mismo las herramientas adquiridas a lo largo de la vida de un niño en la Ciudad de México que un niño criado en las costas de Guerrero o en la sierra Tarahumara.

Y es aquí cuando el concepto de educación debe de construirse de forma más integral. La educación, en general, no es simplemente la absorción de conocimiento, sino una forma de percibir nuestro entorno. Es saber ser con y en el mundo, saber de qué manera actuar. Es una vivencia continua a través de múltiples formas de conocimiento, que no se reducen a las técnico-científicas. 

Por ello, es fundamental tener docentes que reconozcan la situación histórico-cultural de cada niño en México, y no caer en el absurdo de promover maestros en función exclusivamente de su nivel de conocimientos propios de cada materia. Eso es lo que significa fomentar una educación integral, no sólo que el alumno aprenda matemáticas e historia de México, sino que pueda reconocerse como parte de la sociedad y capaz de fortalecer el tejido social, el cual hoy en día se encuentra desgarrado. 

La educación debe ser el primer mecanismo del Estado para generar cohesión social, necesaria para el pleno desarrollo de los individuos. 

El proyecto educativo durante el sexenio de Cárdenas, periodo en el cual se impuso una educación socialista, era que los docentes fueran los conductores del alumnado en búsqueda de mejores condiciones de vida. El maestro se convertía así en un mentor y protector de la situación económica, social y cultural de los alumnos.

Esta es la razón por la cual la reforma educativa de Peña Nieto fue llamada neoliberal, en tanto fomentaba un sistema meritocrático engañoso e inoperable para la situación de México. Dicha reforma reducía a los docentes a meros distribuidores de información, lejos de lo que el país necesita actualmente. 

Sin embargo, ello no implica que la reforma educativa propuesta por Morena vaya en un mejor camino. Ni la reforma de Peña Nieto ni la de López Obrador parecen haber entendido la importancia de la educación y la generación de una regulación innovadora. 

El primero olvidó la importancia de la educación integral y el papel que juegan los docentes en la constitución de una forma de ver el mundo para los alumnos. El segundo, por su parte, ni siquiera le preocupa el tema educativo en sí, sino que busca una nueva victoria política con el apoyo del magisterio. 

Nadie niega la apropiación de plazas por parte de los docentes y su ambición por mantenerlas, sin siquiera preocuparse por el alumnado. El Congreso debe necesariamente acabar con los dos grandes males respectivos de cada proyecto educativo: el reduccionismo de la educación y su justificación meritocrática y la negación de sustraerle el poder político a un magisterio ambicioso.   

Sofía Castro le lanza indirecta a Peña Nieto por Instagram

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La hija de la actriz Angélica Rivera, Sofía Castro, le lanzó una indirecta al ex presidente Enrique Peña Nieto por Instagram, horas después de que este oficializará su divorcio de “la Gaviota”.

“Y la disculpa…? Yo nomas digo…”, dice el mensaje publicado por Castro.

Este jueves, Peña Nieto, manifestó en la misma red social su agradecimiento a Rivera.