La nueva crisis social: Linchamientos

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No son algo nuevo los casos de linchamiento en nuestro país, ya que en el pasado este tipo de actos han cobrado vidas ya sea de inocentes o culpables de robos, asesinatos y secuestros. Pero en estas semanas ha habido un resurgimiento en los casos de linchamientos o intento de los mismos lo que nos lleva a decir que es la nueva crisis social que surgirá en nuestro país, ¿a qué se debe?

No es secreto para nadie que nuestro país lleva varias décadas con un serio problema de inseguridad, pero aún más gravemente de impunidad, ya que gran parte de los casos que son denunciados de robo, homicidio, secuestro y violación sexual quedan impunes en nuestro país. Tan solo ayer leía en Sin Embargo el caso de una joven que en el 2011 fue violada en su casa por siete hombres en Puebla, ¿cuál es el estatus del caso? Resulta que sí se logró arrestar a uno de los culpables y la joven y sus familiares lo identificaron, pero la del Ministerio Público lo dejo libre por falta de pruebas. Hasta el día de hoy y a pesar de que la familia fue hostigada y violentada por los violadores, el gobierno de Puebla no ha hecho nada para darle justicia a la familia y especialmente a la joven. Casos como este, hay muchísimos a lo largo y ancho de la República Mexicana y abarcan todo tipo de delitos.

No es secreto para nadie que nuestro país lleva varias décadas con un serio problema de inseguridad, pero aún más gravemente de impunidad, ya que gran parte de los casos que son denunciados de robo, homicidio, secuestro y violación sexual quedan impunes en nuestro país.

Los recientes casos de linchamientos en México nos demuestran una sola cosa, que ya comienza a existir un hartazgo o como diría el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto “un mal humor social”, que está llevando a la gente a los límites de tolerancia e incluso superándola, ya que estamos hablando de muerte de posibles ladrones, secuestradores y violadores.

La ineficacia, ineficiencia, inactividad de fuerzas de seguridad tanto municipales, estatales y federales han llevado a que la misma población en muchos casos haga justicia por su propia mano, porque al final de todo piensan “si lo denuncio no harán nada, en cambio sí ahorita le doy sus golpes…” Tal vez encuentren una “solución” que no lo es.

La solución no está en que la población tome justicia en sus propias manos, la solución está en que las fuerzas públicas hagan realmente su trabajo. No nos equivoquemos, los linchamientos de personas sean culpables de cualquier delito, no son algo que nos debería hacer sentir bien, al contrario, nos debería de preocupar ya que demuestra el problema social que se avecina a nuestro país.

La solución no está en que la población tome justicia en sus propias manos, la solución está en que las fuerzas públicas hagan realmente su trabajo. No nos equivoquemos, los linchamientos de personas sean culpables de cualquier delito, no son algo que nos debería hacer sentir bien, al contrario, nos debería de preocupar…

Lamentablemente es probable que las autoridades municipales, estatales y federales hagan caso omiso a estos focos rojos que comienzan a surgir a nivel nacional y no dudemos que los casos de linchamientos se intensifiquen más allá de los estado del sur de México. El inconformismo social invade a México y está teniendo sus costosas consecuencias, la pregunta que queda para los gobiernos es ¿Hasta cuando reaccionaran antes de que explote la bomba? Créanme hay un punto de quiebre y no estamos lejos del mismo.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Un Estado más poderoso

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Paulette no fue asesinada, murió al pie de su cama y nadie se percató de que estuvo ahí atorada durante varios días. La muerte de Ernestina Ascencio Rosario no fue consecuencia de haber sido violada y golpeada por los militares sino de una gastritis crónica. En 2001,“El Chapo” escapó dentro de un carrito de lavandería.

Las versiones oficiales mexicanas suelen generar escepticismo.

El video de Florence Cassez siendo arrestada junto a una banda de secuestradores resultó ser un montaje filmado un día después de su captura. Osvaldo Aguilar Martínez no murió después de un enfrentamiento a balazos en la calle sino que miembros de la Policía Federal ingresaron a su domicilio y lo asesinaron.

El proceder de las autoridades mexicanas no es precisamente de fiar.

Los anteriores son, tristemente, muy pocos ejemplos del deficiente sistema de justicia de nuestro país y de la escasa credibilidad de la que goza. Algunos olvidan que ese es el mismo sistema al que hoy le exigen ser más enérgico y no perder el tiempo en los derechos de los criminales ni en “tecnicismos” como el debido proceso.

El sistema judicial exige una depuración desde hace décadas, profesionalización de los cuerpos de investigación para dejar atrás los “tehuacanazos” y las torpezas que finalmente son las que “dejan libres” a los presuntos criminales…

Yo reconozco que el descontento social ante las recientes determinaciones del poder judicial local es perfectamente entendible. Nuestro país ocupa el segundo lugar mundial en impunidad de acuerdo al Índice Global de Impunidad México (UDALP) mientras que Nuevo León es uno de los 13 estados de la república que más la sufre.

Sin embargo, contrario a lo expresado por algunas personas e incluso editorialistas, yo creo firmemente que la solución no está en solicitar medidas justicieras que impliquen reducir los derechos de los gobernados y aumentar el poder de las autoridades.

Y es que tanto la constitución como las leyes deben ser entendidas precisamente como un límite al poder. Idea que proviene desde la Magna Carta de 1215 firmada después de que unos barones apresaran a Juan I para exigirle el respeto de ciertos derechos , creando así el más antiguo documento que inicia en el mundo el proceso de formación de las constituciones y el más importante precedente de limitación al poder absoluto.

El poder absoluto no es deseable y mucho menos para un sistema con un historial como el nuestro. Me parece también que los medios de comunicación han sido torpes y omisos al informar a la comunidad. Por ejemplo, la semana pasada, un presunto ladrón fue vinculado a proceso sin prisión preventiva y sujeto a medidas cautelares que implican no acercarse a la casa donde fue sorprendido y presentarse cada semana al juzgado para firmar. Esto de ninguna manera implica que haya sido exonerado sino que se encuentra en espera de sentencia.

Todo esto en concordancia con el artículo 19 constitucional. Sin embrago, la información difundida es que ha quedado libre por “tecnicismos”, expresión que se ha repetido recientemente sobre todo en relación al debido proceso.

… si se malentiende la problemática y se buscan reducir los derechos de los gobernados, se colectarán aplausos en el corto plazo pero se habrá retrocedido de forman deprimente y nos aproximaremos peligrosamente a vivir bajo un Estado despótico.

Seamos claros: el debido proceso no es un simple “tecnicismo”, una laguna o un pretexto para liberar a quien no debería ser liberado. Mucho menos consiste en un mimo o una sobreprotección a los presuntos criminales.

El debido proceso, en muy resumidas cuentas, pretende otorgar tanto al indiciado como a la sociedad, la certeza de que se cuentan con suficientes elementos para procesar a alguien y, si así corresponde, condenarle.

¿Cómo habría de considerarse garantizada la seguridad de la sociedad si no se tiene certeza de que los condenados son, en efecto, los verdaderos culpables de los actos que les han sido imputados?, ¿De qué nos serviría que los presenten responsables si no se consta que lo son?, ¿Qué límites encontraría el Estado para procesar a quien se le antoje si no tuviese que circunscribirse a ciertas normas y principios?

La fundación RENACE, hace casi una década publicó un documental llamado “El Túnel” en dónde de forma muy deprimente se evidenciaban las constantes injusticias cometidas a personas que terminaron en prisión. Falta de pruebas, negativa de acceso a abogados, torturas, cárcel a personas por el simple hecho de ser indígenas con el objetivo de que los policías cobren cuotas de efectividad e incluso condenas sin juicio previo, son sólo algunos de los horrores que se denuncian.

Reducir los derechos en todo caso sólo agravaría nuestros problemas y empoderaría a un Estado que ha demostrado ser deficiente en la administración de justicia a pesar de, supuestamente, encontrarse obligado a someterse a la ley.

¿Cómo habría de considerarse garantizada la seguridad de la sociedad si no se tiene certeza de que los condenados son, en efecto, los verdaderos culpables de los actos que les han sido imputados?, ¿De qué nos serviría que los presenten responsables si no se consta que lo son?…

El sistema judicial exige una depuración desde hace décadas, profesionalización de los cuerpos de investigación para dejar atrás los “tehuacanazos” y las torpezas que finalmente son las que “dejan libres” a los presuntos criminales; transparencia en los procesos que no dé pie a que exista corrupción que permita a culpables sobornar o a inocentes terminar presos, en resumidas cuentas, un trabajo arduo que no será breve ni sencillo y ese es precisamente el mayor riesgo: si se malentiende la problemática y se buscan reducir los derechos de los gobernados, se colectarán aplausos en el corto plazo pero se habrá retrocedido de forman deprimente y nos aproximaremos peligrosamente a vivir bajo un Estado despótico.

Nunca olvidemos que el problema no son nuestros derechos sino la ineptitud e ineficacia del Estado.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”