Asegura “Bronco” que carreteras son seguras, inseguridad es percepción dice

Durante un evento en el Cuartel de la Octava Zona Militar, donde se destruyeron 2 mil 261 armas, los gobernadores de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca y de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco”, afirmaron que inseguridad en carreteras tamaulipecas son una cuestión de percepción y no una realidad.

“Un día vinieron los de El Norte o no se quien ¿no hay vigilancia en la carretera? Caray, yo acabo de pasar y me encontré tres patrullas del Ejército, dos de la Polícia Federal y como siete de Fuerza Civil y otras de Fuerza Tamaulipas. Solo que sea mi percepción”, aseguro el mandatario de Nuevo León.

“El Bronco” también dijo que miles de regiomontanos transitan las carreteras de Tamaulipas para llegar a Mcallen, Laredo, La Pesca y Tampico, sin que estos sufran incidentes como lo son robos o persecuciones. Aseguro que los medios de comunicación son los que magnifican los problemas y no destacan lo bueno.

“Hay un solo caso que ustedes también magnifican, pero hay miles de personas que vienen de Monterrey rumbo a McAllen y no les ha pasado nada, la carretera está llena, los hoteles están llenos, la Isla del Padre está llena”, dijo el nuevoleones.

Las declaraciones Rodríguez Calderón se dan después de que el periódico El Norte diera a conocer el caso de dos familias regiomontanos que fueron acosadas por sujetos armados en la carretera a Reynosa, donde incluso a una de ellas le dispararon.

(Con información de El Norte)

Junio rompe récord como el mes más violento en los últimos 20 años.

El nivel de violencia en el país se agudiza. Durante junio de este año se superó por primera ocasión en los últimos 20 años la barrera de los 2,200 homicidios mensuales, revelan las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica.

Durante el mes pasado se registraron 2 mil 234 homicidios dolosos en el país, con lo que junio desplazo a mayo de este año como el mes mas violento del que se tenga registro.

Al actualizar las cifras de homicidios dolosos, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que se han abierto 12,155 carpetas de investigación durante los primeros seis meses de este año, cifra que supera a las 9300 carpetas que se abrieron en el mismo periodo de 2016.

Al desglosar los datos por estado, se puede observar que Guerrero, con 1,161 casos, y el Estado de México, con 1,026, son las únicas entidades con más de mil homicidios en lo que va del año, mientras que Baja California se coloca en el tercer puesto con 922 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso abiertas en los primeros seis meses de 2017.

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública establecen que Colima, con 42.12, y Guerrero, con 32.19, se ubican en los primeros lugares en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes.

El secuestro es otro de los delitos que presenta un repunte, ya que se abrieron 108 carpetas de investigación durante junio pasado, cifra superior a todos los meses anteriores de este año.

El robo de vehículo con violencia también registra un incremento. En junio pasado, se abrieron 5,370 carpetas de investigación, la cifra más alta en lo que va de 2017.

¿DÓNDE QUEDÓ EL “MEXICAN MOMENT”?




Al inicio de la gestión del actual presidente de México, era “inminente” la llegada de una época mexicana repleta de gloria económica, mejores condiciones sociales y un paquete de reformas estructurales que transformarían al país.

Hoy, a cuatro años, el ‘mexican moment’ se ha pulverizado.

Y, como siempre, los ciudadanos- que de ciudadanos solo tienen el nombre- han decidido cargarle la totalidad de la culpa a Enrique Peña Nieto y su gabinete. Y seguramente tienen parte de razón, las reformas han entregado pocos o nulos resultados, la economía ha sufrido un fuerte golpe y la violencia no para.

Pero ¿quiénes son los otros culpables de la desaparición del mexican moment? Los más de 120 millones de mexicanos que habitamos un país necesitado de nuevos y mejores líderes sociales. No nos hemos detenido a pensar que le estamos entregando al país a los peores ciudadanos; esos que ven a sus papás darle mordida al tránsito, que se metan a la fila del banco, los que te ven comprando cerveza en depósitos clandestinos, pasarte un semáforo en rojo o quejarte todos los días de “tener que trabajar”, como si todos tuvieran ese privilegio.

Sin embargo, hoy más que nunca estoy convencido de la calidad de líderes jóvenes con los que contamos y las redes sociales nos han permitido conectarlos poco a poco para trabajar en conjunto. Hoy la mujer se refleja en “lady matemáticas” y no en las actrices de telenovelas, los jóvenes apuestan por emprender e innovar y no les da miedo enfrentarse a retos. ¿Qué más podemos perder?

El mexican moment no se ha ido solo porque un grupo de analistas haya dictado que la volatilidad económica, la caída del petróleo, el bajo desempeño de la reforma fiscal o el poco impulso del gobierno a la innovación sepulten las esperanzas de un país tan grande como sus ciudadanos lo crean.




Ya no nos quejamos del empleo o de la mano de obra más barata de la OCDE, ahora emprendemos y generamos nuestros propios empleos. Las mujeres autodenominadas “chingonas” que pretendían ser la mejor versión de cenicienta y que las mantuvieran sin ningún esfuerzo han quedado atrás y en su lugar estamos rodeados de una generación de mujeres talentosas que se preparan para dirigir el rumbo de México.

Hoy más que nunca, veo la posibilidad de cambiar la conversación y encumbrar un verdadero “momento mexicano”, los Mario Molina y Alejandro Gónzalez Iñarritu nos han dejado claro que el límite no es más que una barrera mental que nosotros nos ponemos.

Estamos siendo testigos de un grupo de rebeldes y aventureros descarados que no le temen al riesgo y que disfrutan la adrenalina del todo por el nada. Que venga el momento mexicano, porque como buenos mexicanos lo queremos ahora y lo queremos a nuestra manera.

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EL TRATADO DE COMERCIO DE ARMAS CONVENCIONALES

El Tratado de Comercio de Armas (o Arms Trade Treaty, ATT) es un acuerdo internacional que entró en vigencia en diciembre de 2014, y que busca regular el comercio internacional ilegal de armas convencionales a escala planetaria. El objetivo del acuerdo es evitar el trasiego de “armas pequeñas”, es decir de revólveres, rifles, carabinas, fusiles de asalto, etc., de minas terrestres y marítimas, y de todas las armas que no son de destrucción masiva. Las bombas (y las bombas de racimo), los cohetes, y todo tipo de misil, pueden entonces ser considerados como “armas ligeras”, siempre y cuando no lleven, por supuesto, ojivas biológicas, nucleares o químicas.

Criticado por unos treinta Estados que siguen reclamando, con un anacrónico discurso antiglobalización, la primacía de su soberanía en el sistema internacional sobre la de los tratados internacionales (de seguro como excusa para proteger intereses ligados a la compra de armas) y por diversos actores sociales de derecha, que ven en él una amenaza a la libertad a la autodefensa–esto sucede sobre todo en los Estados Unidos (p.ej. la National Rifle Association) pues en América Latina los grupos sociales más bien presentan el tema como una cuestión humanitaria, el ATT merece nuestra atención. No solo los datos de la Oficina de las Naciones Unidas para el Crimen y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) señalan que al menos el 41% de los crímenes que se cometieron en el 2013 fueron perpetrados con armas pequeñas, sino que América Latina y el Caribe sigue siendo la zona más insegura del mundo. En 2015 once de los veinte países más violentos del orbe se encontraban en América Latina y el Caribe: Honduras, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Colombia, y Trinidad y Tobago son más inseguros que República Democrática del Congo (RDC); Ruanda es más seguro que Brasil, y la violencia letal en México es más alta que la de Nigeria, Guinea Ecuatorial, Botsuana, y Namibia. Debe entonces ser de nuestro interés conocer, investigar, y darle seguimiento a cualquier iniciativa que, de una forma u otra, pueda contribuir a poner freno a la inseguridad que viven los ciudadanos latinoamericanos y caribeños.

En 2015 once de los veinte países más violentos del orbe se encontraban en América Latina y el Caribe: Honduras, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Colombia, y Trinidad y Tobago son más inseguros que República Democrática del Congo (RDC); Ruanda es más seguro que Brasil, y la violencia letal en México es más alta que la de Nigeria, Guinea Ecuatorial, Botsuana, y Namibia.

De la institucionalización del régimen de regulación del comercio de armas

Desde los años 1990s, sectores sociales en diversas partes del mundo se movilizaron para denunciar la existencia de un comercio internacional no regulado de armas. El tema saltó a las prioridades en la agenda internacional porque el fin de la guerra fría marcó el término del “equilibrio del terror”, aquella “estabilidad” resultante de la amenaza de un cataclismo mayor (en caso de que alguna de las superpotencias accionara el gatillo nuclear). La prioridad en términos de seguridad pasó entonces a cuestiones de desarme y de control nuclear. Algunos expertos podrán indicar, no sin razón, que la popularización del paradigma de la “seguritización”, según el cual la seguridad debe ser entendida como una construcción social y una disputa política (ver, por ejemplo, Carla Álvarez Velazco, 2016), explica el aumento de interés en el control de armas convencionales.

Pero lo cierto es que objetivamente se registró a partir de los años 1990 un aumento en las muertes por homicidio en la mayoría de países en vías de desarrollo.

En 1997, premios Nobel de la paz como Oscar Arias, Elie Wiesel, Jody Williams, el Dalai Lama, y José Ramos-Horta, apoyados por organizaciones como Amnistía Internacional, presentaron la idea de establecer estándares éticos para el comercio de armas. En 2001 se adoptó una iniciativa (voluntaria), por parte de la United Nations Conference on the Illicit Trade in Small Arms, llamada “Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects” (PoA) y en 2007 se creó un grupo de expertos para elaborar un reporte de factibilidad que llevó a la aprobación, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 2 de abril de 2013, del ATT. Al respecto, hay que señalar que este instrumento legal debe apenas ser considerado un primer paso en la larga reglamentación del comercio de armas, pues claramente no interfiere en el comercio de armas a lo interno de los Estados, y no reglamenta nada en torno al derecho ciudadano a portar armas. Tampoco prohíbe la exportación de tipos específicos de armas ni cuestiona regulaciones nacionales existentes. El tratado solo obliga a sus signatarios a monitorear el movimiento del comercio de armas, para asegurarse que se respeten los embargos existentes y que las armas comerciadas no terminen en manos equivocadas.

Tres retos de la cooperación interamericana en la materia

Es claro que cualquier intento por regular el comercio de armas convencionales se enfrentará a poderosos intereses económicos de las industrias de los países exportadores más importantes, que son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, y Rusia). Pero más allá de lo obvio, desearía resaltar que en la actualidad, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Haití, Honduras, Surinam, todos países firmantes, no han ratificado el tratado. Dos países, Nicaragua y Venezuela, ni siquiera aparecen como signatarios. Un primer reto para América Latina y el Caribe consiste entonces en asegurarse que el conjunto de países firmen y ratifiquen el tratado, a pesar de las presiones económicas nacionales e internacionales que pueden existir para debilitar su implementación.

Un primer reto para América Latina y el Caribe consiste entonces en asegurarse que el conjunto de países firmen y ratifiquen el tratado, a pesar de las presiones económicas nacionales e internacionales que pueden existir para debilitar su implementación.

En segundo lugar, se deben fortalecer los diferentes escenarios de cooperación regional y sub-regional, desde la ONU hasta la Organización de los Estados Americanos (OEA), pasando por la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el Sistema de Integración Centroamericano (SICA), y la Comunicad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Así como en otras épocas se denunció la “condicionalidad cruzada” al referir a los requisitos bancarios exigidos por diversos organismos internacionales para otorgar préstamos a los países aquejados por la crisis económica de los años 1980s, ojalá podamos pronto referir a la “cooperación cruzada” para señalar redes horizontales de cooperación transnacional. Y para evitar escaramuzas políticas, tal vez lo mejor sea privilegiar la cooperación técnica. Al fin y al cabo, deben existir estrategias consistentes, objetivas, y no-discriminatorias que aseguren la vigencia del tratado. Las partes deben establecer y mantener sistemas nacionales de control para generar datos comparables con otros Estados, no solo por transparencia–las listas nacionales son remitidas y compartidas con las otras partes–sino también para permitir evaluar el avance en su cumplimiento. Deben también designar un punto nacional de contacto para compartir información, y considerar medidas de reforzamiento de la confianza para reducir los riesgos a la paz y a la seguridad internacionales y, finalmente, tomar medidas para que las armas comerciadas no sean desviadas. Los escenarios multilaterales antes mencionados pueden, en su conjunto, ayudar a establecer y a implementar criterios técnicos que permitirán alcanzar grados de eficacia de la cooperación en la materia.

En tercer lugar–y esto puede ser más complicado–se trata también de darle contenido a la declaración de la Segunda cumbre de la CELAC (2014), según la cual América Latina y el Caribe son una “zona de paz”. Ello puede toparse con dos obstáculos mayores. Por un lado, los Estados no tienen la capacidad institucional para hacer valer el imperio de la ley en todo su territorio. La ausencia estatal es más fuerte en las zonas fronterizas, alejadas de los centros urbanos y políticos. Mientras esta siga siendo la regla, seguirá el comercio ilegal floreciendo sin dificultad, no por intención de las autoridades, sino por omisión en el control de las actividades ilícitas. Este problema no será resuelto mañana, pero su complejidad no es excusa para no avanzar en una solución. Por el otro, algunos de los gobiernos actuales en la región tienen concepciones diferentes sobre cómo reforzar su seguridad. Sin buscar discutir las mutaciones recientes y el significado actual de la noción de “seguridad”, debo señalar que en abril de 2016 se anunció la adquisición a Rusia, por parte de Nicaragua, de 50 tanques de guerra T-72B, 12 sistemas de defensa antiaérea ZU-23-2, dos helicópteros Mi-17V-5, un lote de vehículos blindados, lanchas patrulleras y coheteras, y otros. El gobierno de Ortega, que maneja un discurso de paz, de lucha contra el narcotráfico y de reforzamiento de las capacidades del Ejército para la atención de desastres naturales, no ha explicado las razones y objetivos de dicha compra. Lo mismo puede ser argüido en el caso de Venezuela, que, según el Instituto de Investigaciones de Paz, ocupa el 18 lugar a nivel mundial en cuanto a países compradores de armamentos, y que habría gastado en 2015 USD 162 millones en compras de armas a China (147 millones), Estados Unidos (6 millones), Austria (5 millones) y Holanda (4 millones).

Deben también designar un punto nacional de contacto para compartir información, y considerar medidas de reforzamiento de la confianza para reducir los riesgos a la paz y a la seguridad internacionales y, finalmente, tomar medidas para que las armas comerciadas no sean desviadas.

Conclusión: lo importante no es inventar la rueda, sino hacerla rodar

El comercio internacional de armas abarca tanto transferencias legales (generalmente en el marco de acuerdos gubernamentales), ilegales (si autorización gubernamental), y las que se encuentran en “zonas grises” (cuya legalidad es incierta pero su ilegalidad es dudosa). El ATT busca reglamentar un fenómeno mundial que se concentra en donde existen conflictos armados, violencia, y crimen organizado. Por ello es que América Latina y el Caribe son regiones especialmente interesadas en darle seguimiento a la implementación de este nuevo instrumento de cooperación multilateral. Hasta ahora, 85 Estados han ratificado el ATT, y 47 más están en proceso de hacerlo. Desde su entrada en vigencia, se organizó la primera conferencia de los Estados parte, que tuvo lugar en Cancún (México) del 24 al 27 de agosto de 2015. En esa reunión, se logró tomar decisiones básicas como escoger una sede para la Secretaría del tratado (Ginebra), pero no logró adoptar las plantillas de documentos necesarias para que los Estados completaran su reporte inicial de implementación en diciembre de ese año. Es decir, a los obstáculos políticos y propios a la región latinoamericana, se añaden los obstáculos técnicos propios a la implementación de nuevos regímenes de cooperación internacional. La segunda conferencia de Estados parte del tratado tendrá lugar durante el segundo semestre de 2016, y sus resultados deberán ser analizados con detalle.

El ATT busca reglamentar un fenómeno mundial que se concentra en donde existen conflictos armados, violencia, y crimen organizado. Por ello es que América Latina y el Caribe son regiones especialmente interesadas en darle seguimiento a la implementación de este nuevo instrumento de cooperación multilateral.

Las compras de armas de Nicaragua y Venezuela son transacciones legales. Y aunque no lo fueran, estos países no aparecen como signatarios del tratado, por lo que no están sujetos a sus disposiciones. El ATT representa, sin duda, un paso en la dirección correcta, pero se trata también de un muy tímido progreso, pues la problemática relacionada a las armas de fuego no tiene que ver únicamente con las armas que son comerciadas ilegalmente–es cierto que el trasiego ilegal es un problema–sino también con aquellas que son comercializadas legalmente. Es aquí, me parece, en donde se encuentra el meollo del asunto. La lucha será entonces intensa, no solo contra las cúpulas de poder locales que pueden usar la compra de armas como un botín político, sino también contra la industria manufacturera, que gana billones anualmente. Y si se habla de construir una cultura de paz, entonces habrá también que trabajar a nivel local en cada uno de los países signatarios para forjar usos y costumbres que vayan más acorde con el espíritu de este esfuerzo de reglamentación.

Fernando A. Chinchilla
New York City (Junio 2016)

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La nueva crisis social: Linchamientos

No son algo nuevo los casos de linchamiento en nuestro país, ya que en el pasado este tipo de actos han cobrado vidas ya sea de inocentes o culpables de robos, asesinatos y secuestros. Pero en estas semanas ha habido un resurgimiento en los casos de linchamientos o intento de los mismos lo que nos lleva a decir que es la nueva crisis social que surgirá en nuestro país, ¿a qué se debe?

No es secreto para nadie que nuestro país lleva varias décadas con un serio problema de inseguridad, pero aún más gravemente de impunidad, ya que gran parte de los casos que son denunciados de robo, homicidio, secuestro y violación sexual quedan impunes en nuestro país. Tan solo ayer leía en Sin Embargo el caso de una joven que en el 2011 fue violada en su casa por siete hombres en Puebla, ¿cuál es el estatus del caso? Resulta que sí se logró arrestar a uno de los culpables y la joven y sus familiares lo identificaron, pero la del Ministerio Público lo dejo libre por falta de pruebas. Hasta el día de hoy y a pesar de que la familia fue hostigada y violentada por los violadores, el gobierno de Puebla no ha hecho nada para darle justicia a la familia y especialmente a la joven. Casos como este, hay muchísimos a lo largo y ancho de la República Mexicana y abarcan todo tipo de delitos.

No es secreto para nadie que nuestro país lleva varias décadas con un serio problema de inseguridad, pero aún más gravemente de impunidad, ya que gran parte de los casos que son denunciados de robo, homicidio, secuestro y violación sexual quedan impunes en nuestro país.

Los recientes casos de linchamientos en México nos demuestran una sola cosa, que ya comienza a existir un hartazgo o como diría el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto “un mal humor social”, que está llevando a la gente a los límites de tolerancia e incluso superándola, ya que estamos hablando de muerte de posibles ladrones, secuestradores y violadores.

La ineficacia, ineficiencia, inactividad de fuerzas de seguridad tanto municipales, estatales y federales han llevado a que la misma población en muchos casos haga justicia por su propia mano, porque al final de todo piensan “si lo denuncio no harán nada, en cambio sí ahorita le doy sus golpes…” Tal vez encuentren una “solución” que no lo es.

La solución no está en que la población tome justicia en sus propias manos, la solución está en que las fuerzas públicas hagan realmente su trabajo. No nos equivoquemos, los linchamientos de personas sean culpables de cualquier delito, no son algo que nos debería hacer sentir bien, al contrario, nos debería de preocupar ya que demuestra el problema social que se avecina a nuestro país.

La solución no está en que la población tome justicia en sus propias manos, la solución está en que las fuerzas públicas hagan realmente su trabajo. No nos equivoquemos, los linchamientos de personas sean culpables de cualquier delito, no son algo que nos debería hacer sentir bien, al contrario, nos debería de preocupar…

Lamentablemente es probable que las autoridades municipales, estatales y federales hagan caso omiso a estos focos rojos que comienzan a surgir a nivel nacional y no dudemos que los casos de linchamientos se intensifiquen más allá de los estado del sur de México. El inconformismo social invade a México y está teniendo sus costosas consecuencias, la pregunta que queda para los gobiernos es ¿Hasta cuando reaccionaran antes de que explote la bomba? Créanme hay un punto de quiebre y no estamos lejos del mismo.

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FUNDENL: Madres al pie de lucha

“En efecto, la sociedad no es más que una familia más grande”
Mahatma Gandhi

Para muchos, el 10 de mayo representa una fecha para celebrar y reconocer a aquellas mujeres que les dieron la vida; para otros, esta fecha simboliza un día más de resistencia y lucha por encontrar a aquellos que estarían festejando a estas mismas: a las madres de las personas desaparecidas. Sea en el norte o sur del país, las desapariciones forzadas han constituido un calvario para los ciudadanos, tanto para los que viven sumergidos en el temor de pensar como sus seres queridos podrían ser los próximos en tener la calidad de desaparecido, como para los mexicanos que lo viven en carne propia y repentinamente no encuentran y desconocen el paradero de algún familiar o conocido.

Estos mismos, al observar la respuesta ineficiente (si no es que nula) de las autoridades, han optado por organizarse y buscar por ellos mismos a su gente (que, por cierto, también es nuestra gente). Tal es el caso de FUNDENL (Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos “as” en Nuevo León) colectivo compuesto por madres de hijos, los cuales actualmente tienen calidad de desaparecidos.

Sea en el norte o sur del país, las desapariciones forzadas han constituido un calvario para los ciudadanos, tanto para los que viven sumergidos en el temor de pensar como sus seres queridos podrían ser los próximos en tener la calidad de desaparecido, como para los mexicanos que lo viven en carne propia…

Ha sido por medio de marchas, conferencias, así como mediatización, que las madres y padres pertenecientes a FUNDENL, han dado a conocer la realidad que vive una parte considerable de la población. Con ello, también han puesto en alto la bandera de todos los ciudadanos de Nuevo León que se encuentran encarando estas situaciones, las cuales son el resultado de una guerra “contra las drogas” que no tenía razón de ser, y a su vez, de la corrupción y el autoritarismo de las mismas autoridades de las que es bien sabido, han contribuido directamente a la perpetración de tales crímenes contra el pueblo mexicano (Ayotzinapa, por ejemplo).

Ha sido por medio de marchas, conferencias, así como mediatización, que las madres y padres pertenecientes a FUNDENL, han dado a conocer la realidad que vive una parte considerable de la población. Con ello, también han puesto en alto la bandera de todos los ciudadanos de Nuevo León que se encuentran encarando estas situaciones…

Asimismo, ha sido gracias a estos esfuerzos llevados a cabo por los colectivos, y los ciudadanos que se han unido en las movilizaciones sociales, lo que nos ha abierto, no solo los ojos, sino nuestro corazón, y con ello hemos vislumbrado lo siguiente: Nuestra gente desaparecida, ES MÁS QUE UNA CIFRA que irá a archivarse en un conjunto de estadísticas las cuales tratarán de ser atenuadas con el fin de tranquilizar a sociedad; nuestra gente que seguimos buscando trasciende a los fríos números que pretenden encuadran toda vida, la esperanza, el amor y los sueños que se esconden tras esa historia irrepetible que nuestros mexicanos aún por encontrar guarda dentro de su ser.

Por otra parte, tales esfuerzos conjuntos demuestran el poder que surge de la unidad entre los ciudadanos y hacen ver que, gracias a esta misma, es posible plantar cara frente a las situaciones de adversidad, pero más que eso, que es posible encarar el olvido y el miedo, provocado por grupos delincuenciales y servidores públicos que solo se sirven a ellos mismos.

La lucha sigue, y FUNDENL pone el ejemplo al encontrarse en resistencia permanente, movilizándose el día de las madres con motivo de la marcha de la dignidad nacional, y defendiendo el pilar de la memoria colectiva frente a un estado que no cumple con su función más básica: proteger a la población y defender los derechos humanos. Este conjunto de acciones habrían de recordarnos lo que siempre hemos sabido: no hay amor más grande, que el de una madre hacia su hijo.

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Peña Nieto, y la trascendencia de su imagen

Cuando nuestro actual presidente, Enrique Peña Nieto, asumió la presidencia de México, causó grandes expectativas, no solo en el país sino también hacia el exterior. Se veía como un factor renovado capaz de lograr acuerdos los cuales estaban estancados de la presidencia anterior, y así impulsar al país en todos los ámbitos.

Al presentar las reformas estructurales que impactarían en el ámbito económico del país, así como la disminución de la violencia, a nivel internacional fueron bien vistas. Donde incluso la revista Time, dedicó su portada internacional a nuestro presidente, teniendo en portada la frase “Salvando México”, representando una figura internacional en la que junto con Miguel Ángel Osorio Chong, actual Secretario de Gobierno y Luis Videgaray, Secretario de Hacienda, serían quienes conformarían el comité para salvar al país.

En mi opinión, una estabilidad política se basa en la calidad de las instituciones, en el buen manejo de la administración pública, el mantener las normas sin cambios y en la capacidad de poder responder a las necesidades de la sociedad.

Enrique Peña Nieto fue ganando popularidad, buena imagen, y también legitimidad a nivel internacional, comparado con el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Peña Nieto cambió el lenguaje de sus discursos dándoles un enfoque al progreso y modernidad del país, y creando un fuerte común para manejar la información. Poco a poco fue maximizando esa imagen de un México fuerte y estable, donde la sostenía con actos que legitimaban su gobierno.

Sin embargo, su legitimidad al interior y exterior de la República se ha estado degenerando, debido a los distintos problemas internos, el cuál se resalta aquel que impacto más a este nivel: la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa.

A raíz de este suceso, tanto el presidente y el país, fueron perdiendo esa legitimidad, cayendo toda la responsabilidad sobre el Ejecutivo y una sociedad catalogándolo como un “crimen de Estado”. Por otro lado, en materia económica, México no ha estado creciendo como se esperaba debido a la crisis petrolera la cual esta perjudicando el valor de nuestra moneda.

…es necesario considerar que el desarrollo de problemáticas en el ámbito político, económico y social del país, ha provocado que el estilo personal de gobernar del presidente se vea plenamente reflejado no solo en la política interior sino en la imagen que proyecta México en todo el mundo…

A partir de esto, el Presidente empieza de nuevo a generar esa buena imagen del país, ahora en los últimos viajes que ha realizado, mencionó una frase que me causó un poco de controversia: “México lleva 80 años de estabilidad política” —dijo. Peña Nieto dice esta frase en un contexto donde plantea que en México no ha habido golpes de estado, donde se lleva una continuidad política y a raíz de esto se crea una democracia. En mi opinión, una estabilidad política se basa en la calidad de las instituciones, en el buen manejo de la administración pública, el mantener las normas sin cambios y en la capacidad de poder responder a las necesidades de la sociedad. Aquella estabilidad que impulsa al país en todos los ámbitos, no en el que dice que tiene “democracia”, donde en varios sectores del país no se vive.

Concluyendo con lo anterior, es necesario considerar que el desarrollo de problemáticas en el ámbito político, económico y social del país, ha provocado que el estilo personal de gobernar del presidente se vea plenamente reflejado no solo en la política interior sino en la imagen que proyecta México en todo el mundo, trayendo consigo una perspectiva de lo que representa el México que vivimos. Por el cual hay que considerar que la manera en la que se gobierna dentro del país impacta a nivel internacional y además repercuta dentro de este, actuando de manera recíproca.

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¿Rumbo a un “sexenio perdido”?

Ya han pasado 4 años desde aquel día en el que, luego de dos sexenios donde el Partido Acción Nacional se mantuvo en el poder ejecutivo, el Partido Revolucionario Institucional volvió a los pinos; para algunos, esto significó el regreso del autoritarismo y del estado de censura apreciable en décadas anteriores, para otros tal retorno simbolizó, la llegada de un PRI “renovado”, el cual podría brindar mejores resultados y contribuiría a “limpiar” la imagen que dicha agrupación había construido a lo largo del tiempo. Ahora bien, encontrándonos a dos años de cumplirse el sexenio del ejecutivo Enrique Peña Nieto, uno no puede evitar preguntarse: ¿Qué se ha ganado y que se ha perdido durante estos casi seis años de gobierno?

…pareciera ser que actualmente contamos con un gobierno que elude las propias leyes que dice defender, y en su lugar, da paso a una serie de acciones arbitrarias basadas en el beneficio individual y no en el bien común, mucho menos en los principios que posee la sociedad en su conjunto.

Entre lo que pudiera considerarse como aspectos de carácter positivo del casi sexenio de EPN, pudiera destacarse la captura de figuras prominentes que desde tiempo atrás los gobiernos previos habían intentado procesar, tanto de la esfera política como del crimen organizado. Entre ellos se pueden mencionar la líder sindical Elba Esther Gordillo, así como la lograda detención “doble” (hasta la fecha) de Joaquín Guzmán, alias “El Chapo”.

Ahora bien, en cuanto a los aspectos negativos que se han apreciado a lo largo de esta administración, se encuentra la clara y abierta complicidad entre ciertos sectores empresariales y el mandatario, Peña Nieto. Para ahondar en tal tópico, basta con ver la estrecha relación entre la empresa Grupo HIGA y el gobierno federal: desde el escabroso asunto de la casa blanca, así como el asunto del excesivamente caro avión presidencial hasta la actualidad con la situación en la comunidad de Xochicuautla, en la cual, policías federales junto con empleados de la empresa previamente mencionada, desalojaron a los habitantes de dicha comunidad con el fin de proceder a la demolición de tales hogares para iniciar la construcción de una carretera; a lo anterior se suma el hecho de que, además de atropellarse totalmente el respeto hacia los asentamientos de las agrupaciones de pueblos originarios, se atropella el derecho constitucional de amparo que cada mexicano posee: los habitantes de Xochicuautla habían obtenido la suspensión definitiva de la construcción de la mencionada carretera, el cual aseguraba la interrupción de la obra hasta haber finalizado el juicio de amparo.

Sumando la poca, si no es que nula, eficiencia de las “reformas estructurales” tan difundidas en su momento, e igualmente, el aumento de la violencia a lo largo del país y los abusos de autoridad, el gobierno de EPN pareciera encaminar al país a lo que podría denominarse, un sexenio perdido.

Por esto mismo, pareciera ser que actualmente contamos con un gobierno que elude las propias leyes que dice defender, y en su lugar, da paso a una serie de acciones arbitrarias basadas en el beneficio individual y no en el bien común, mucho menos en los principios que posee la sociedad en su conjunto. Sumando la poca, si no es que nula, eficiencia de las “reformas estructurales” tan difundidas en su momento, e igualmente, el aumento de la violencia a lo largo del país y los abusos de autoridad, el gobierno de EPN pareciera encaminar al país a lo que podría denominarse, un sexenio perdido. Se entiende como sexenio perdido a aquellas administraciones públicas, no solo ineficientes en los resultados y rendición de cuentas, sino también regresivas en lo que se refiere al avance de los derechos humanos y vinculación con la sociedad.

Considero que, a lo largo de estos cuatro años de gobierno, no solo no se ha avanzado, sino que se ha retrocedido en la mayoría de los ámbitos fundamentales: derechos, transparencia, desigualdad, unidad. Si no exigimos y dejamos claro que, en una democracia el pueblo decide su destino y el gobierno contribuye a la realización del mismo, (y no al revés) en unos años, además de contar a las nuevas generaciones como la nación pasó seis años de retrocesos y nulos avances, vamos a presenciar cómo pasa lo mismo con el gobierno de ese momento.

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