México ocupa el cuarto lugar entre los países con mayor impunidad.

México es el cuarto país del mundo con mayor impunidad, y primero de América, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad (IGI) 2017, presentado por la Universidad de Las Américas de Puebla (UDLAP).

El análisis ubica a México en el cuarto sitio entre países más impunes, con 69.21 puntos, sólo por debajo de Filipinas (75.6), India (70.94) y Camerún (69.39).

Otros países de América Latina ocupan la mayoría del top 10 de la lista, con Perú, Venezuela, Brasil, Colombia y Nicaragua, que van en fila detrás de México.

En los temas que el estudio detecta como urgentes de atender para México se encuentra la funcionalidad de su sistema de seguridad y la estructura de su sistema de justicia. Respecto a la primera dimensión, el Índice permite evidenciar la necesidad de optimizar y ejercer una adecuada ejecución de los procesos de averiguación de la mayor parte de las personas que tienen algún contacto formal con los cuerpos de seguridad.

El estudio destaca el incremento del número de policías en México, 359 por cada 100 mil habitantes, no obstante, asegura que eso no representa que los uniformados tengan la preparación adecuada para cumplir con su deber.

Para contrarrestar las estadísticas, el Índice recomienda que México debe tomar medidas urgentes para reducir los niveles de impunidad, como dotar de más presupuesto a los sistemas de seguridad, justicia y penitenciario, siempre y cuando se refleje en la capacitación, mejora de infraestructura y profesionalización de los sistemas mencionados.

Internet, baja los trinches y las antorchas

No cabe duda que las redes sociales son una excelente herramienta para compartir información, y debatir y criticar temas que muchas veces no se hablan en medios de comunicación tradicionales; pero tampoco podemos negar sus desventajas. Ya se ha hablado mucho sobre lo reprobables que son los comentarios intencionalmente destructivos que vienen desde la protección del anonimato, pero me refiero al acoso proveniente de un hambre justiciera desinformada.

Esta gente tiene buenas intenciones, y en sus linchamientos virtuales se refleja la impotencia que inspira la mediocridad del sistema de justicia mexicano. Cuando prevalece la impunidad ante evidencias claras, la respuesta del público es justificable ¿Qué es el ostracismo al lado del castigo que realmente se merecen? El problema es cuando se lincha gente antes de tener evidencias, y que al final resulta ser inocente.

Esto se presentó muy claramente en el caso de Andrea Noel. Las redes sociales alzaron sus trinches y antorchas contra el conductor Andoni Echave. Las autoridades construyeron el caso alrededor de esta sospecha, y fue el mismo Echave quien tuvo que evidenciar su inocencia ante la falta de recursos de la Procuraduría. [1] Hay que admitir que hay un razonamiento lógico detrás de la sospecha, Echave conducía un programa de televisión donde había comportamientos similares (que se reveló eran planeados previamente).

Cuando prevalece la impunidad ante evidencias claras, la respuesta del público es justificable ¿Qué es el ostracismo al lado del castigo que realmente se merecen? El problema es cuando se lincha gente antes de tener evidencias, y que al final resulta ser inocente.

En otros casos las bases de los atacantes son más inestables, como sucedió con el pederasta de Tabasco. Hace poco más de un mes se viralizó un video de un hombre sin identificar tocando a una menor en un restaurante, y esto comenzó una cacería. Anonymous México respondió a la falta de respuesta de las autoridades revelando la información del presunto culpable: Mandy A. García Maza. Difundieron sus fotografías e información personal [2] y la horda enardecida que es el Internet se fue contra él. ¿El detalle? Resulta que no era… Días después se dio a conocer que el hombre del video era Juan Vicente Hernández León, el padre de la niña. [3]

Anonymous ha orquestado este tipo de acciones con anterioridad, y con resultados que -debo confesar- he festejado. Por ejemplo, en el caso de los Porkys de Costa de Oro, publicaron la información personal de los culpables y de sus familiares (hay que preguntarnos hasta dónde se deben meter con los familiares), pero la gran diferencia es que Daphne Fernández y su padre ya habían señalado sus identidades y aportado evidencias públicamente.

Anonymous ha orquestado este tipo de acciones con anterioridad… en el caso de los Porkys de Costa de Oro, publicaron la información personal de los culpables y de sus familiares … pero la gran diferencia es que Daphne Fernández y su padre ya habían señalado sus identidades y aportado evidencias públicamente.

Estos ataques se han dado también sin la intervención de Anonymous. Un ejemplo local es el de la peluquería de Frank Hörrmann. Empezó con un video en el que el dueño insulta a sus trabajadores en una rabieta. [4] Meses después, otra denuncia exhibió el uso indebido de su esposa del estacionamiento para discapacitados. [5] El castigo por parte de la sociedad está en los reviews de su página oficial: de 448 calificaciones, 435 son de una estrella. La baja calificación viene acompañada de comentarios que reprueban su comportamiento. [6]

Qué bueno que haya una reacción ante estas situaciones. Si a la gente no le nace comportarse correcta y legalmente, por lo menos pueden ser intimidadas para que lo piensen dos veces y se eviten la exhibición pública, el hashtag y el título nobiliario del que disfrutan tan distinguidos personajes como #Lady100Pesos, #LordFerrari, #LadyPROFECO, y otros.

La conclusión no es que guardemos nuestros trinches y antorchas para siempre, simplemente que debemos detenernos a analizar la información disponible antes de levantarlos y lanzarnos contra el objetivo. Si muchos han tomado el rol de justicieros, es precisamente por el hartazgo que despiertan las autoridades oficiales. Si empezamos a señalar a los sospechosos sin pruebas, ¿entonces qué es lo que nos diferencia de ellos? Evitemos cometer sus mismos errores.

[1] Radio Fórmula, “Agresor de Andrea nos agravió a los dos; hay que dar con él: Andoni. Con Ciro Gómez Leyva,” 05 de mayo, 2016, http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=591259&idFC=2016.

[2] Fabiola Xicoténcatl, “Anonymous revela que pederasta de Tabasco es el abuelo de la niña,” Excélsior, 07 de abril, 2016, http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/04/07/1085238.

[3] Redacción, “VIDEO: Así fue detenido el presunto pederasta de Tabasco,” Excélsior, 12 de abril, 2016, http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/04/12/1086024.

[4] Periódico ABC de Monterrey, “Periódico ABC/Changos africanos: locatario de Tanarah a trabajadores,” YouTube, 21 de mayo, 2015, https://www.youtube.com/watch?v=F11iO0tvf3A.

[5] Imelda Gzz, https://www.facebook.com/imegzz/posts/10156497624915099.

[6] Frank Hörrmann – The must for hair, https://www.facebook.com/frankhorrmann.mty/reviews/.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Un Estado más poderoso

Paulette no fue asesinada, murió al pie de su cama y nadie se percató de que estuvo ahí atorada durante varios días. La muerte de Ernestina Ascencio Rosario no fue consecuencia de haber sido violada y golpeada por los militares sino de una gastritis crónica. En 2001,“El Chapo” escapó dentro de un carrito de lavandería.

Las versiones oficiales mexicanas suelen generar escepticismo.

El video de Florence Cassez siendo arrestada junto a una banda de secuestradores resultó ser un montaje filmado un día después de su captura. Osvaldo Aguilar Martínez no murió después de un enfrentamiento a balazos en la calle sino que miembros de la Policía Federal ingresaron a su domicilio y lo asesinaron.

El proceder de las autoridades mexicanas no es precisamente de fiar.

Los anteriores son, tristemente, muy pocos ejemplos del deficiente sistema de justicia de nuestro país y de la escasa credibilidad de la que goza. Algunos olvidan que ese es el mismo sistema al que hoy le exigen ser más enérgico y no perder el tiempo en los derechos de los criminales ni en “tecnicismos” como el debido proceso.

El sistema judicial exige una depuración desde hace décadas, profesionalización de los cuerpos de investigación para dejar atrás los “tehuacanazos” y las torpezas que finalmente son las que “dejan libres” a los presuntos criminales…

Yo reconozco que el descontento social ante las recientes determinaciones del poder judicial local es perfectamente entendible. Nuestro país ocupa el segundo lugar mundial en impunidad de acuerdo al Índice Global de Impunidad México (UDALP) mientras que Nuevo León es uno de los 13 estados de la república que más la sufre.

Sin embargo, contrario a lo expresado por algunas personas e incluso editorialistas, yo creo firmemente que la solución no está en solicitar medidas justicieras que impliquen reducir los derechos de los gobernados y aumentar el poder de las autoridades.

Y es que tanto la constitución como las leyes deben ser entendidas precisamente como un límite al poder. Idea que proviene desde la Magna Carta de 1215 firmada después de que unos barones apresaran a Juan I para exigirle el respeto de ciertos derechos , creando así el más antiguo documento que inicia en el mundo el proceso de formación de las constituciones y el más importante precedente de limitación al poder absoluto.

El poder absoluto no es deseable y mucho menos para un sistema con un historial como el nuestro. Me parece también que los medios de comunicación han sido torpes y omisos al informar a la comunidad. Por ejemplo, la semana pasada, un presunto ladrón fue vinculado a proceso sin prisión preventiva y sujeto a medidas cautelares que implican no acercarse a la casa donde fue sorprendido y presentarse cada semana al juzgado para firmar. Esto de ninguna manera implica que haya sido exonerado sino que se encuentra en espera de sentencia.

Todo esto en concordancia con el artículo 19 constitucional. Sin embrago, la información difundida es que ha quedado libre por “tecnicismos”, expresión que se ha repetido recientemente sobre todo en relación al debido proceso.

… si se malentiende la problemática y se buscan reducir los derechos de los gobernados, se colectarán aplausos en el corto plazo pero se habrá retrocedido de forman deprimente y nos aproximaremos peligrosamente a vivir bajo un Estado despótico.

Seamos claros: el debido proceso no es un simple “tecnicismo”, una laguna o un pretexto para liberar a quien no debería ser liberado. Mucho menos consiste en un mimo o una sobreprotección a los presuntos criminales.

El debido proceso, en muy resumidas cuentas, pretende otorgar tanto al indiciado como a la sociedad, la certeza de que se cuentan con suficientes elementos para procesar a alguien y, si así corresponde, condenarle.

¿Cómo habría de considerarse garantizada la seguridad de la sociedad si no se tiene certeza de que los condenados son, en efecto, los verdaderos culpables de los actos que les han sido imputados?, ¿De qué nos serviría que los presenten responsables si no se consta que lo son?, ¿Qué límites encontraría el Estado para procesar a quien se le antoje si no tuviese que circunscribirse a ciertas normas y principios?

La fundación RENACE, hace casi una década publicó un documental llamado “El Túnel” en dónde de forma muy deprimente se evidenciaban las constantes injusticias cometidas a personas que terminaron en prisión. Falta de pruebas, negativa de acceso a abogados, torturas, cárcel a personas por el simple hecho de ser indígenas con el objetivo de que los policías cobren cuotas de efectividad e incluso condenas sin juicio previo, son sólo algunos de los horrores que se denuncian.

Reducir los derechos en todo caso sólo agravaría nuestros problemas y empoderaría a un Estado que ha demostrado ser deficiente en la administración de justicia a pesar de, supuestamente, encontrarse obligado a someterse a la ley.

¿Cómo habría de considerarse garantizada la seguridad de la sociedad si no se tiene certeza de que los condenados son, en efecto, los verdaderos culpables de los actos que les han sido imputados?, ¿De qué nos serviría que los presenten responsables si no se consta que lo son?…

El sistema judicial exige una depuración desde hace décadas, profesionalización de los cuerpos de investigación para dejar atrás los “tehuacanazos” y las torpezas que finalmente son las que “dejan libres” a los presuntos criminales; transparencia en los procesos que no dé pie a que exista corrupción que permita a culpables sobornar o a inocentes terminar presos, en resumidas cuentas, un trabajo arduo que no será breve ni sencillo y ese es precisamente el mayor riesgo: si se malentiende la problemática y se buscan reducir los derechos de los gobernados, se colectarán aplausos en el corto plazo pero se habrá retrocedido de forman deprimente y nos aproximaremos peligrosamente a vivir bajo un Estado despótico.

Nunca olvidemos que el problema no son nuestros derechos sino la ineptitud e ineficacia del Estado.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”